Scielo RSS <![CDATA[Revista de derecho (Concepción)]]> https://scielo.conicyt.cl/rss.php?pid=0718-591X20200001&lang=es vol. 88 num. 247 lang. es <![CDATA[SciELO Logo]]> https://scielo.conicyt.cl/img/en/fbpelogp.gif https://scielo.conicyt.cl <![CDATA[CONSTITUCIONALISMO CALIFICADO: LA REGLA DE LA MAYORÍA CALIFICADA DEL ART. 133 INC. 3º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE]]> https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-591X2020000100013&lng=es&nrm=iso&tlng=es Resumen:El art. 133 inc. 3º de la Constitución, introducida en la reciente reforma constitucional que consagra un procedimiento para elaborar una nueva constitución política para Chile, contempla una regla de la mayoría calificada simétrica de 2/3 para los acuerdos y las normas aprobadas por la convención constitucional. Este trabajo contrasta la regla del art. 133 inc. 3º de la Constitución con la regla de reforma constitucional del art. 127 inc. 2º de la Constitución, muestra sus propiedades estructurales específicas y aborda el problema de su justificación.<hr/>Abstract:Article 133 of the Chilean Constitution, introduced in the recent constitutional reform that establishes a procedure to elaborate a new political constitution for Chile, contemplates a symmetrical qualified majority of 2/3 for the agreements and norms emanated from the constitutional convention. This paper compares art. 133 of the Constitution with the qualified majority established in Article 127 for the constitutional amendment, shows its specific structural properties and addresses the problem of its justification. <![CDATA[EL EJERCICIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN CHILE: DERECHO INTERNACIONAL, ENFOQUES TEÓRICOS Y CASOS DE ESTUDIO.]]> https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-591X2020000100045&lng=es&nrm=iso&tlng=es Resumen:El presente trabajo aborda la necesidad de adecuar de la legislación nacional en lo que dice relación con la capacidad para ejercer derechos por parte de las personas con discapacidad mental, a la luz de las obligaciones establecidas en el art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se sostiene que dicha tarea se beneficiaría al identificar un marco conceptual y teórico apto para resolver problemas de ejercicio de derechos de las personas con discapacidad mental; prestar atención a los desarrollos en el derecho comparado en relación con la implementación de la Convención respecto a los regímenes de capacidad jurídica para dichas personas; y proponer estándares y determinar normas adecuadas para el ejercicio de sus derechos en las distintas áreas de sus vidas.<hr/>Abstract:This paper addresses the need to adapt domestic legislation regarding the exercise of rights by people with disabilities, especially mental disabilities, considering the obligations set forth in Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. It is argued that this task would benefit from identifying a conceptual and theoretical framework capable of solving problems of exercising rights; from paying attention to the developments of the implementation of the Convention in relation to legal capacity regimes in comparative law; and from proposing standards and determine adequate norms for the exercise of rights of people with mental disability in different areas of their lives. <![CDATA[LEX SPECIALIS: SOBRE EL ARTÍCULO 2º BIS DE LA LEY 19.496]]> https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-591X2020000100083&lng=es&nrm=iso&tlng=es Resumen:La existencia de un numeroso grupo de leyes especiales que, eventualmente, entran en conflicto con la Ley de Protección al Consumidor, ha determinado un significativo número de sentencias en las que se plantea la cuestión de su compatibilidad con otros cuerpos normativos aplicables al caso en particular. El objetivo de este artículo consiste en mostrar que, al abrigo de su artículo 2º bis, la aplicación de la Ley Nº 19.496 dependerá de la extensión de la regulación específica (sustantiva o procedimental) en las normas en conflicto, debiendo preferirse la regulación de protección al consumidor en todo aquello que no se encuentre suficientemente disciplinado.<hr/>Abstract:The existence of a large group of special laws that, eventually, conflict with the Consumer Protection Law, has led to a significant number of judgments that raise the question of its compatibility with other regulations applicable to the particular case. The objective of this article is to show that, considering its article 2 bis, the application of Law 19.496 will depend on the extent of the specific regulation (substantive or procedural) in the conflicting norms, preferring the protection of consumer regulation in everything that is not disciplined enough. <![CDATA[DERECHO PENITENCIARIO: DELIMITACIÓN DE SU CONCEPTO, FUNCIÓN Y CONTENIDO DESDE UN MODELO TELEOLÓGICO-FUNCIONAL DEL FIN DE LA PENA.]]> https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-591X2020000100117&lng=es&nrm=iso&tlng=es Resumen:El objetivo del presente trabajo es delimitar el concepto, la función y el contenido del conjunto de normas, principios y disposiciones conocidos como Derecho penitenciario. Para ello, establecido el contexto y marco metodológico del que se parte, se abordará su evolución terminológica, resaltando su vinculación con al Derecho administrativo, con la discusión sobre el fin de la pena y con la recepción de la legislación internacional de post guerra. El tema de su función se desarrollará a partir de la problemática relativa a la determinación de su ubicación en el sistema jurídico, tanto general como jurídico-penal, resaltando lo esencial del reconocimiento de derechos y garantías materiales al condenado y el establecimiento de fines al momento de la ejecución penal. Delimitado lo anterior, se expondrá su moderno concepto, contenido y función. Finalmente, se presentarán algunas conclusiones generales.<hr/>Abstract:The objective of this work is to delimit the concept, function and content of the set of rules, principles and provisions known as Prison law. To do this, once the context and methodological framework have been established, its terminological evolution will be addressed, highlighting its connection with Administrative law, with the discussion of the purpose of the penalty and with the reception of international post-war legislation. The theme of its function will be developed from the problem related to the determination of its location in the legal system, both at a general level and in criminal law, highlighting how essential the recognition of rights and material guarantees are to the convicted person and the establishment of purposes at the time of criminal execution. Delimited the above, its modern concept, content and function will be presented. Finally, some general conclusions will be provided. <![CDATA[LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 21.076 SOBRE MEDIDORES ELÉCTRICOS. EFECTOS JURÍDICO-ECONÓMICOS EN EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA]]> https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-591X2020000100157&lng=es&nrm=iso&tlng=es Resumen:La Ley Nº 21.076 introdujo el art. 139 bis a la Ley General de Servicios Eléctricos, el cual amplió la red de distribución eléctrica hasta incluir el medidor de consumo, y radicó en las distribuidoras la titularidad del dominio sobre dicho equipo. Este artículo de investigación sostiene la inconstitucionalidad de fondo de la Ley N° 21.076; y la existencia de un trade-off económico favorable a los intereses de empresas distribuidoras en desmedro de los usuarios regulados. Cuestiona también -en hipótesis determinadas- incluir en tarifas el financiamiento de instalaciones de reemplazo y servicios asociados. La metodología de la investigación comprende el análisis de la Ley N° 21.076 frente al de las normas constitucionales, administrativas y regulatorias del sector y mercado relevante, conjuntamente con el análisis económico de su interacción. El estudio concluye que el art. 139 bis es inconstitucional y -como tal- pasible de variadas acciones constitucionales, administrativas y jurisdiccionales. Concluye también y en todo caso, la derogación tácita de una función pública de arbitraje, la lesión a la autonomía de un grupo intermedio y la desaparición de contrapesos de los usuarios regulados al poder de mercado de las concesionarias de distribución en cuanto monopolistas naturales.<hr/>Abstract:Act Nr. 21.076 introduced section 139 bis to the Electric Services General Act, that expanded the power distribution network to include consumption meters and placed equipment ownership on distributors. This paper advances the substantial unconstitutionality of Act Nr. 21.076 as well as the existence of an economic trade-off favorable to the interests of distribution companies, to the detriment of regulated users. It also questions -in certain hypotheses- to include in tariffs the financing of replacement equipments and associated services. The methodology of the enquiry is based on the analysis of Act Nr. 21.076 against the constitutional, administrative and regulatory framework of the industry sector and relevant market, together with the economic analysis of their interaction. The study concludes that section 139 bis suffers from unconstitutionality and, therefore, is subject to an array of constitutional, administrative and jurisdictional actions. It also concludes, at any rate, on a tacit derogation of a public adjudicatory function, the damage to the autonomy of an intermediate group, and the loss of counterweights to the market power of distribution concessionaires as natural monopolists, to the detriment of regulated users. <![CDATA[EL FAVORECIMIENTO PERSONAL HABITUAL COMO FORMA DE ENCUBRIMIENTO PUNIBLE]]> https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-591X2020000100195&lng=es&nrm=iso&tlng=es Resumen:El artículo presenta una caracterización general de las variantes de encubrimiento previstas en el Código Penal chileno, que se sustenta en su comprensión como una forma de intervención post-ejecutiva, de naturaleza dependiente, pero no accesoria, en un hecho punible. Sobre esta base se analiza la especificidad del así llamado “favorecimiento personal habitual”, definido en el Nº 4 de su art. 17, cuyas particularidades no logran revertir su categorización como una forma dependiente de intervención post-ejecutiva. Especial atención es prestada a la conexión interna que se da entre la exigencia de habitualidad que ha de satisfacer el comportamiento favorecedor y la modificación que experimenta el requisito general de imputación subjetiva. El trabajo se cierra con una indagación en las consecuencias que de ello se siguen para el régimen de prescripción de la acción penal.<hr/>Abstract:The paper presents a general characterization of the different sorts of so called “after-the-fact” liability recognized by the Chilean Penal Code, grounded upon its understanding as a form of dependent, yet non-accessory, intervention in a criminal offense. Upon this basis, the specificity of so called “habitual personal favoring”, defined in its Art. 17 No. 4, is analyzed, the particulars of which are insufficient for reversing its categorization as an “after-the-fact” dependent mode of intervention. Special attention is paid to the internal connection that holds between the requirement of “habitualness” that needs to be satisfied by the favoring-behavior and the modification operated on the general requirement of mens rea. The paper closes with an inquiry into the consequences the thus presented account has for the application of the statute of limitations. <![CDATA[EL DOLO AJENO: LA ACCIÓN POR PROVECHO, NATURALEZA, ALCANCE DEL ART. 1458 INC. 2° DEL CÓDIGO CIVIL Y LA NULIDAD DEL CONTRATO]]> https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-591X2020000100221&lng=es&nrm=iso&tlng=es Resumen:Este artículo tiene por objeto analizar el dolo ajeno regulado en el inciso 2° del artículo 1458 del Código Civil. Se estructura como sigue: en primer lugar, se estudia la naturaleza jurídica de la acción por provecho del dolo obra de un tercero (indemnizatoria o restitutoria) concluyendo, en base a los argumentos que se desarrollan, que se trata de una acción reparatoria; luego, el alcance de dicha norma en cuanto a si se refiere sólo a los que obtienen provecho a raíz del contrato en que se actuó con dolo, o comprende también a los que de buena fe obtienen beneficios de ese dolo por un contrato posterior; a continuación, la relación entre el artículo 1458 y lo que se conoce como compensación de culpas (art. 2330); y finalmente, se argumenta por qué frente al dolo determinante obra de un tercero, la sanción debiese ser la nulidad del acto o contrato, como sucede con la fuerza, en que es indiferente de quién emane.<hr/>Abstract:The purpose of this paper is to analyze third-party’s fraud regulated in subsection 2 of article 1458 of the Chilean Civil Code. It is structured as follows: first, the legal nature of the action is studied for the benefit of the deceitful act of a third party (compensatory or restitutionary), concluding, based on the arguments developed, that is a reparative action; then, the relationship between said norm and as to whether it refers only to those who obtain profit as a result of the contract in which they acted with fraud, or also includes those who in good faith obtain benefits from that fraud through a subsequent contract; next, the relationship between article 1458 and what is known as fault compensation (art. 2330); and finally it is argued why faced with the decisive fraud committed by a third party, the sanction should be the nullity of the act or contract, as it happens with force, in that it is indifferent of who emanates. <![CDATA[INICIO DE LA PRESCRIPCIÓN EN CASO DE CUASIDELITO CIVIL]]> https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-591X2020000100247&lng=es&nrm=iso&tlng=es Resumen:El autor describe y analiza jurisprudencia reciente de la Corte Suprema que aborda el problema del cómputo del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual establecida en el Código Civil chileno, exponiendo las tendencias en la materia y la doctrina nacional y comparada sobre el particular, comentando y reconociendo como acertada doctrina aquella que entiende que el plazo debe contarse desde que todos los elementos de la acción de responsabilidad se encuentran reunidos en el actor, y no sólo desde la perpetración del acto ilícito.<hr/>Abstract:The author describes and analyzes a recent case of the Supreme Court of Justice that addresses the problem of the limitation period of the non-contractual liability action established in the Chilean Civil Code, exposing the trends of national and comparative doctrine on the matter, recognizing as the right opinion in this matter the one that understand that the term must be counted from when all the liability action elements are gathered in the plaintiff, and not only since the occurrence of the illegal act. <![CDATA[EL TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. NECESIDADES EDUCATIVAS A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA, DE 6 DE DICIEMBRE DE 2018.]]> https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-591X2020000100257&lng=es&nrm=iso&tlng=es Resumen:En el presente trabajo se analiza la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, del 6 de diciembre de 2018, que resuelve un recurso de protección interpuesto por la madre de un niño con trastorno del espectro autista, en contra de su establecimiento educacional, que decidió no renovar la matrícula de su hijo por causa de su condición.Lo anterior, sobre la base de las exigencias planteadas por el principio del interés superior del niño, considerando las necesidades educativas particulares derivadas del trastorno del espectro autista. Se resalta el deber de no discriminar a los niños, niñas y adolescentes que necesitan una educación apropiada a sus condiciones especiales.<hr/>Abstract:The present paper analyzes the ruling passed on December 6th of 2018 by the Court of Appeals of Antofagasta, wich resolves a protection action brought by the mother of a child with autism spectrum disorder, against his educational establishment, who decided not to renew the registration of his son because of his condition. The above, on the basis of the requirements imposed by the principle of the best interest of the child, considering the particular educational needs derived from the autism spectrum disorder. The duty of non-discrimination of children and adolescents in need of adequate education in accordance with their special conditions is highlighted. <![CDATA[FISCALIZACIÓN DE LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS. UN ANÁLISIS REGULATORIO A PROPÓSITO DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO, Nº 13.088, DEL 30 DE ABRIL DE 2019]]> https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-591X2020000100279&lng=es&nrm=iso&tlng=es Resumen:Con respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la Ley N° 20.393 presume el cumplimiento de sus deberes de prevención y supervisión cuando ellas cuentan con un modelo de prevención de delitos que satisfaga los requisitos que la misma ley establece. La observancia de esos requisitos puede ser certificada por un tercero, el cual se encuentra relativamente sometido al control de la Comisión para el Mercado Financiero. Sin embargo, observando lo señalado tanto en el dictamen Nº 13.088, objeto de este análisis, así como en otros pronunciamientos del regulador, podemos afirmar que dicho control es solo formal por lo que la validez de la certificación puede ser controvertida por el ministerio público, facilitando así la destrucción del valor probatorio de la presunción ya aludida.<hr/>Abstract:Regarding to the criminal responsibility of legal entities, Law No. 20,393 presumes the fulfillment of its duties of prevention and supervision when they satisfy a crime prevention model whose conditions are regulated in the same law. Compliance with these requirements may be certified by a third party, which is relatively subject to the control of the Financial Market Commission. However, observing what has been stated in Opinion No. 13,088, the object of this analysis, as well as in other pronouncements by the regulator, we can affirm that such control is only formal and therefore the validity of the certification may be contested by the Public Prosecutor's Office, thus facilitating the destruction of the evidential value of the said presumption.