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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.21 Valparaíso  1999

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54551999002100043 

MONTAGUT, Tomàs et alii, Història del pensament jurídic, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 1999, 346 pp.

Una primera edición de un curso dedicado a la Historia del Pensamiento jurídico fue organizada, durante el periodo académico 1994-1995, por la Universidad Pompeu Fabra a través del área de conocimiento de Historia del Derecho y de las Instituciones quedando, ya entonces, configurado como una asignatura obligatoria en la licenciatura de Derecho de dicha Universidad barcelonesa. Sin duda, si hay algo por lo que deba destacarse esta iniciativa es por su magnífica organización y orientación —realizada por el profesor Tomàs de Montagut i Estragués en colaboración con los tutores del curso Josep Serrano Daura, Montserrat Bajet i Royo, Jordi Günzberg i Moll, Víctor Ferro i Pomà, Xavier Milla i Estévez, Isabel Sánchez de Movellán, Albert Estrada i Rius, Josep Capdeferro i Pla y David Serra i Làzaro— y por el elenco de profesores, de gran relevancia, que han participado a lo largo de dicho curso y de la segunda edición del mismo —desarrollada en el año académico 1996-1997—, a través de conferencias celebradas quincenalmente. Los intervinientes fueron Javier Alvarado Planas, André Gouron, Antonio Pérez Martín, Josep Maria Font i Rius, Jesús Lalinde Abadía, Sixto Sánchez-Lauro, Robert Feenstra, Santos Coronas González, José Antonio Escudero, Adela Mora Cañada, Enrico dell'Aquila, Manuel Aranda Mendíaz, Ricardo Gómez-Rivero, Mariano Peset, Yolanda Blasco, M. Hedi Ben Said, Tomàs de Montagut y el fallecido Tomás y Valiente —que participó en la primera edición, el 18 de mayo de 1995, disertando sobre a la cultura jurídico-política del primer liberalismo español—. Precisamente fue a la memoria de este último, asesinado por la banda terrorista ETA, a quien se dedicó el curso 96-97 y sobre el cual Tomàs de Montagut redactaría una líneas en las que se recogían algunos aspectos de su vida, de su labor académica y de su faceta como historiador del derecho así como un análisis de su disertación de 1995. En mayo de 1999, la Universidad Pompeu Fabra realizó la presentación del libro en Barcelona con la exposición de dos conferencias sobre la figura y pensamiento de Tomás y Valiente —que no se incluyen en este volumen—, una de las cuales fue realizada por Benjamín González Alonso, discípulo de Tomás y Valiente, y la otra por el que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional, José Gabaldón.

En 1999 todos los trabajos objeto de conferencias a lo largo de la segunda edición han sido recogidos en un más que logrado libro. A ellos se han unido los presentados en los seminarios que, específicamente, se dedicaron mensualmente a la Historia del Derecho contemporáneo.

La conferencia inaugural corrió a cuenta del Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, Tomàs de Montagut, que centró su disertación en el estudio de la historicidad del Derecho y en la apología de la jurisprudencia a través del análisis de la consciencia historicista de los juristas romanos tomando, como punto de partida, la teoría de Orestano y, a partir de ella, centrando su análisis en textos de Cicerón (De Republica) o Gayo (Las XII Tablas) para demostrar que los mismos consideraban su derecho y estructura política consecuencia directa de su pasado jurídico-social, de su historia. Destacó Montagut el papel de la jurisprudencia romana, la cual se ve amedrentada en el desarrollo de su labor una vez que es el emperador el que asume la creación del derecho y se configura éste, tal como dijera Justiniano y recoge Montagut, «ley viva enviada por Dios». Es, a partir de ese momento, cuando el derecho ya no queda mediatizado por la historia y la experiencia humana anterior, sino únicamente por Dios. Sin embargo, para Montagut, incluso en este periodo podemos encontrar una consciencia historicista plasmada en la elaboración de las leyes y, como muestra de ello, cita la Constitución Tanta.

Para el estudio de la etapa medieval, Montagut analiza la labor de los glosadores en relación al Digesto llegando a la conclusión de que la mentalidad historicista de los mismos respecto al Derecho quedaba totalmente anulada al considerar la obra compiladora de Justiniano como fuente de origen divino y no intentar explicar los aspectos sociales, políticos o económicos que predeterminaron dicha normativa. En este sentido, aun cuando podríamos afirmar que —en cierta manera— sí que demuestran una leve consciencia historicista al tomar la normativa justinianea para regular la realidad en la Edad Media y, por lo tanto, tener en cuenta su pasado histórico-jurídico y social en las normas a las que quedaban sometidos, las conclusiones a las que llega Tomàs de Montagut son las adecuadas puesto que no existe una adaptación de principios jurídicos pasados a la reglamentación medieval sino una aceptación, sin modificaciones, del Digesto y, no porque fuese considerado un antecedente jurídico de relevancia, sino por entenderse norma impuesta directamente por la autoridad divina a la que debían quedar sometidos. Para Montagut, esta situación comenzó a modificarse cuando los juristas de los siglos XIV y XV, aun cuando todavía manifestaban su sometimiento a la compilación justinianea, generaron doctrina menos influenciada por dicha compilación romana.

Serían los juristas humanistas los encargados de desmitificar la normativa justinianea al encontrar numerosos errores en las versiones utilizadas por los estudiosos del Derecho durante la Edad Media. De esta manera, para Montagut, los juristas de los siglos XV y XVI lograron canalizar el estudio del Derecho mediante un mayor distanciamiento con respecto a la citada norma.

Para el autor, la etapa codificadora y constitucionalista supone la supremacía de la ley y la interpretación de la misma mediante la «aplicación del rigor lógico y dogmático en el tratamiento de las diversas materias positivas» (p. 32).

Javier Alvarado Planas —profesor titular de Historia del Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia— consagró su disertación —pronunciada el 4 de noviembre de 1996— al pensamiento jurídico primitivo (materia a la que dedicó su tesis doctoral) y al análisis de la racionalidad del mismo y su carácter mediatizado por lo divino y sagrado a través del trabajo de Ernst Cassirer. Según Alvarado Planas, para la mentalidad primitiva la perfección de una ley venía impuesta por la «participación» que la misma tenía en el orden sagrado a través de la «imitación» de la ley divina.

De esta forma, la norma originaria de la que derivarían todos los actos humanos y normas posteriores sería el denominado «rito cosmogónico» y sólo sería válida la regulación que se erigiese réplica del modelo predeterminado por Dios. Partiendo de estas premisas, el autor considera a la costumbre y a la jurisprudencia una consecuencia directa de una determinada conducta individual ejemplar que es imitada a lo largo de los tiempos de manera arquetípica. La imitatio se presenta como base del triángulo hombre—héroe—Dios y mantiene características constantes a lo largo de la historia. A través del estudio del mito de Gárgoris y Habis llega a la conclusión de que todos los relatos mitológicos tienden a fundamentar que los orígenes de las leyes se encuentran en actuaciones realizadas por seres sobrehumanos siguiendo un mismo modelo predeterminado. En este sentido, para el hombre primitivo, la elaboración de las leyes ha de basarse necesariamente en la reiteración de una «cosmogonía» (p. 48). Para llegar a la consecución de tales teorías, Alvarado Planas basa su trabajo en una importante bibliografía que queda reflejada en el libro que analizamos —tras su comunicación—, en la que hay que destacar autores de la talla de C. Levi-Strauss, E. Benveniste, A. S. Diamond, G. Durand, M. Eliade, M. Gluckman, C. G. Jung, B. Malinowski o A. R. Radcliffe-Brown.

La Historia del derecho consuetudinario en la Europa occidental es analizada por André Gouron tomando como referente el derecho consuetudinario catalán, que surgió a partir del siglo XII —teniendo como norma originaria las Costumbres de Barcelona del año 1149—, el cual logró salir invicto en todas las tentativas centralizadores posteriores al Decreto de Nueva Planta. Para ello, tiene en cuenta el derecho romano —y muy especialmente el Corpus iuris civilis—, y obras tales como la Lectura Vindobonensis (que el autor considera una interpretación francesa del pensamiento del profesor boloñés Martino del Cassero da Fano). En su análisis de la costumbre europea el autor se detiene en la relación de la misma y la jurisprudencia y la incidencia de este binomio en la elaboración de las leyes, así como en la necesaria relevancia de la zona geográfica donde la costumbre es aplicada y la evolución histórica de la misma para lograr una adecuada interpretación.

El interés que, por plasmar por escrito la norma consuetudinaria, se desarrolla en la Europa occidental hasta que —salvo excepciones, como fue el caso del Fuero de Baylío de 1778 o las Costumbres holgazanas de Córdoba de 1801-1802— la aparición del absolutismo acaba con dicha iniciativa, es otro de los aspectos tratados por Gouron en su trabajo.

Antonio Pérez Martín, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Murcia, dedicó su conferencia al estudio del Derecho Común, enriqueciendo —si cabe aún más— su trabajo para la edición del mismo con interesantes aportaciones bibliográficas recientes. Para el autor, cuando hablamos de ius commune nos estamos refiriendo a las enseñanzas sobre textos legales y literatura jurídica que fueron impartidas en las Facultades de Derecho de Europa desde el siglo XII al siglo XIX y que sirvieron de precedente a los ordenamientos jurídicos actuales del viejo continente. Para Pérez Martín se trata de un concepto dinámico y de influencia supranacional que sería creado por los glosadores, alcanzando su perfección en el usus modernus Pandectarum y cuyos elementos integradores son el Derecho romano —pilar básico pero no elemento exclusivo—, Derecho Canónico —que incide directamente en todo lo que el ius commune dedica al matrimonio, la evolución del derecho de propiedad, teoría de la persona, el derecho de obligaciones, etc.—, el Derecho Feudal, algunas instituciones del Derecho medieval y otras de los iura propria. Frente al mismo, Pérez Martín se detiene también en las corrientes minoritarias que se ofrecían como una alternativa a la implantación generalizada del ius commune en Europa destacándose entre ellas la Escolástica española, el Humanismo, el Iusnaturalismo, la Ilustración y la Pandectística alemana del siglo XIX.

La progresiva relación del Derecho Común con los diferentes derechos particulares y viceversa (ius commune/iura propria) (muestra clara de la cual es, según el autor, la pragmática de Pedro III de 23 de febrero de 1380), las áreas de conocimiento que pueden incluirse dentro del concepto ius commune —Derecho Privado, Procesal, Internacional, Penal y Público—, los centros donde el mismo es generado —Universidades, Consejos, Chancillerías y Audiencias—, las obras que son recopiladas por el Derecho Común, el sistema de glosa y comentario así como las reglas seguidas por los juristas para la elaboración de la ciencia jurídica —especialmente la Lógica, la Dialéctica y la Tópica— son algunas de las cuestiones a las que dedicó el autor su trabajo.

El que fuera catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Barcelona y decano honorario de la misma, Josep Maria Font i Rius planteó en su estudio la recepción del Derecho Común en la Península Ibérica (materia en la que contaba con un magnífico artículo publicado en Francia hace más de treinta años), considerando que la decadencia de las monarquías absolutas, el desarrollo del tráfico mercantil en el continente y la necesaria creación de un derecho superior basado en el principio de equidad fueron las principales causas de la expansión del Derecho Común en Europa y en los reinos de España. La corriente defensora del ius commune se introdujo en el territorio hispánico —inicialmente en Cataluña, debido a su proximidad geográfica a Italia y Francia y posteriormente en Castilla y Portugal— como consecuencia directa del aumento del número de estudiantes originarios del mismo que acudieron a las escuelas italianas o francesas y de la recepción de textos jurídicos que influyeron en la redacción de la normativa peninsular. Pero, tal como manifiesta Josep Maria Font i Rius, la aceptación del Derecho Común no fue inmediata sino que, por el contrario, tuvo que imponerse sobre el derecho consuetudinario —cuyo mantenimiento exigían las clases populares— y los privilegios aristocráticos. Tras la recepción del ius commune en la Península, se suceden las manifestaciones de tal aceptación desde tres puntos de vista: la creación de normativa, la aplicación práctica del citado derecho —a través de los tribunales y las curias reales y señoriales— y la interpretación doctrinal del mismo. Asimismo, Josep Maria Font i Rius se detiene en el análisis de la «dimensión científica de la introducción del derecho común» (p. 102), mediante el estudio de la labor teórica y doctrinal desarrollada por los juristas en Castilla, Aragón y Cataluña.

El pensamiento de Jaume Callís, uno de los más ilustres representantes de la literatura jurídica catalana clásica, fue el tema central de la disertación de Jesús Lalinde Abadía que tomó, como punto de referencia, una propia monografía sobre el jurista que había sido publicada en 1980 por el Colegio de Abogados de Vic —La persona y la obra del jurisconsulto vicense «Jaume Callís»—. En esta ocasión, Lalinde Abadía refleja aspectos relacionados con la procedencia de su apellido, su formación religiosa, su personalidad o su obra de comentario legislativo y doctrinal. La defensa de un derecho propio de Cataluña que justificase, para lograr su mantenimiento, la romanización de los Usatges, la adhesión al denominado pactismo jurídico frente al pactismo histórico aragonés o el pactismo filosófico castellano, la defensa de la división estamental de la sociedad —fruto de su propia experiencia personal— o el carácter retributivo y objetivo del sistema penal argumentado por Jaume Callís son algunas de los aspectos en los que se detiene Lalinde Abadía a lo largo de su comunicación.

El papel de los teólogos juristas como legitimadores de la monarquía hispánica a lo largo del siglo XVI fue el tema central de la conferencia que Sixto Sánchez-Lauro pronunció el 25 de febrero de 1997. Ahora la vemos recogida en el libro que nos ocupa.

Para el autor, la unión de los Reyes Católicos supuso la consolidación de los territorios conquistados y la supremacía del poder regio frente a los privilegios reclamados por la nobleza. Esta estabilidad fue favorecida por el papel ejercido por los teólogos-juristas de la época —especialmente por Francisco de Vitoria— pertenecientes a la Escuela de Salamanca que tenía su precedente en los planteamientos formulados por Alfonso Fernández de Madrigal en base a los modelos clásicos antiguos de índole democrática.

Las repetitiones propias de la Universidad salmantina y las lecciones ordinarias dieron la oportunidad de defender y de legitimar el poder monárquico de la época a Francisco de Vitoria. Esta práctica sería asumida posteriormente por algunos de sus discípulos tales como Domingo de Soto. Para ambos, así como para Francisco Suárez, la razón última del poder político ostentado por el monarca se hallaba en Dios.

Robert Feenstra, presidente de la Sociedad Internacional de Historia del Derecho y de las Instituciones, realiza un interesante estudio de las fuentes españolas en el pensamiento jurídico de Hugo de Groot. Tal como recoge Feenstra, el autor holandés, siguiendo la corriente que en el siglo XVII se desarrolló en toda Europa, tuvo en cuenta, a la hora de elaborar algunas de sus grandes obras, la doctrina de numerosos juristas españoles. Así, en De iure belli ac pacis Francisco de Vitoria es citado 56 veces y 68 sería nombrado en De iure praedae. La relevancia del pensamiento jurídico español de la época se hace presente en la influencia que en las teorías de Hugo de Groot tendrían también Tomás de Aquino, Diego de Covarruvias, Luis de Molina o Domingo Soto y muy especialmente Francisco Suárez pues, en opinión de Feenstra, son muchos los autores que vislumbran en De iure belli ac pacis claras influencias del jurista español, a pesar de que Hugo de Groot sólo vio conveniente citarlo cuatro veces, ya que la obra de Suárez Defensio fidei catholicae et apostolicae adversus anglicanae sectae errores (1613) fue muy mal acogida por el rey de Francia. Según el autor, los postulados jurídicos de Hugo de Groot en relación al sistema de fuentes que establece en De iure belli ac pacis, la teoría de la responsabilidad civil, el homicidio, las lesiones corporales o la propiedad —entre otras cuestiones— estuvieron mediatizados por los pensadores españoles de la época.

El catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Oviedo, Santos Manuel Coronas González, reflexiona acerca del pensamiento jurídico de la Ilustración en España de una manera loable, acompañando el texto con numerosa bibliografía que, sin duda, dota de un mayor rigor científico-técnico la conferencia con la que el 7 de mayo de 1997 deleitaba a los asistentes del curso en la Universidad Pompeu Fabra.

En este sentido destaca la lucha que, a finales de la Edad Media, se desata entre el Derecho común y el Derecho castellano —identificado con el derecho real— cuyo máximo defensor sería Melchor de Macanaz. Su iniciativa lograría el nacimiento de la materia de Instituta de Derecho Público en las Universidades y, ya en el reinado de Carlos III, la reforma de los planes de estudio en las sedes universitarias. De esta manera, el espíritu de la Ilustración lograría la creación de un nuevo Derecho Público, la reforma del Derecho Penal y el nacimiento de la Economía Política.

José Antonio Escudero, que ya en su día realizó un logrado estudio introductorio a la edición que la Colección de Clásicos Asturianos del Pensamiento Político publicó en 1996 de la Teoría de las Cortes, centra su trabajo —por lo interesante de sus ideas y como recuerdo a Tomás y Valiente por haber éste dedicado al jurista asturiano el discurso de su ingreso en la Academia de la Historia— en la relación que Francisco Martínez Marina mantuvo con el liberalismo español del siglo XIX a través del estudio de la citada obra —Teoría de las Cortes— y la carta que la acompañaba cuando fue editada en 1814 —Carta sobre la antigua costumbre de convocar las Cortes de Castilla para resolver los negocios graves del reino—, donde se demostraba que los postulados liberales que se reflejaron en la Constitución de Cádiz no eran fruto del movimiento revolucionario sino de la tradición derivada de las Cortes en la Edad Media.

Escudero recoge la interpretación de carácter periodicista que Martínez Marina realizó sobre la historia, así como una acertada clasificación de las soluciones aportadas por el jurista ovetense para dar remedio a los problemas de la España del momento. Igualmente se detiene en la tesis regalista y el papel que, según Martínez Marina, jugarían las Cortes en la organización del Estado y en la concepción que el canónigo asturiano tenía de la soberanía —«perpetua, inalienable e ilimitada»—.

El pensamiento del mayor historiador del Derecho de todos los tiempos (según Carl Schmitt), Savigny, y su relación con el nacimiento de la Escuela Histórica del Derecho como respuesta al pensamiento dogmático fue el tema central del trabajo con el que Adela Mora Cañada participó en el año académico 96-97. Para la catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid no puede hablarse de la existencia de dos posiciones ideológicas absolutamente enfrentadas en relación a la necesidad de desarrollar una labor codificadora en el ámbito civil en Alemania en el siglo XIX.

Según Adela Mora, Federico Carlos de Savigny pretendía lograr la defensa de la figura del jurista como creador del Derecho frente a la defensa del imperio de la ley que, a su entender, no podía reflejar la tradición popular y la costumbre, seno originario del Derecho. Por lo tanto, aun cuando reconocía los beneficios que reportaría la creación de un código general, entendía que éste debería ser complementado a través de «principios rectores» y adaptado a la realidad del momento por los juristas. De esta manera, la doctrina y la jurisprudencia —a la que la autora llega a llamar «el cuarto poder» (p. 185)— han desempeñado a lo largo de la historia una importante labor jurídica.

Enrico dell'Aquila, docente en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Sassari y profesor invitado de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, participó con tres interesantes trabajos, el primero de ellos dedicado al estudio del Derecho Comparado y el segundo y tercero al Derecho inglés y al Derecho tradicional chino respectivamente.

Las funciones concretas del Derecho Comparado, el método utilizado para realizar las comparación de los diferentes ordenamientos jurídicos, la configuración del Derecho Comparado como método de estudio y ciencia jurídica, las técnicas utilizadas por los especialistas de la disciplina —comparación vertical, horizontal, macrocomparación y microcomparación—, así como la clasificación de los distintos derechos para lograr su estudio son algunos de los aspectos en los que se detiene Enrico dell'Aquila. Para el profesor italiano, el sistema jurídico inglés adquiere gran relevancia con la expansión de esa lengua nacional por todo el mundo. Parte de la confrontación del Derecho inglés con los principios imperantes en el Derecho Romano, la influencia de la invasión de los normandos en el Derecho anglosajón, la administración de la justicia por parte del Rey y el análisis de las fuentes en que se basa el Derecho inglés —case-law, la equity, la costumbre y la actividad legislativa del Parlamento—. Igualmente se detiene en el estudio comparativo del derecho anglosajón en relación al Derecho español.

Sin duda, su aportación más interesante la encontramos en el análisis que realiza de un ordenamiento jurídico totalmente ajeno a la tradición europea, el derecho tradicional chino, pues es en su vertiente más antigua donde se conserva alejado de toda influencia occidental. En el sistema jurídico que nos ocupa, lo realmente importante no es el análisis del Derecho sino el establecimiento de métodos que impidan la necesaria aplicación de éste. Tal como afirma Enrico dell'Aquila «todo el sistema... tiene, como objeto fundamental, el hecho de que la gente debe vivir en paz y no debe pelearse de ninguna manera» (p. 235). Es por ello que la labor de juzgar y ejecutar lo juzgado sea ejercida no por especialistas en la materia sino por personas de reconocida cultura, prudencia y equidad.

Para el autor, el derecho tradicional chino es un ordenamiento caracterizado por la influencia de la moral en la aplicación práctica del mismo, por su carácter flexible y por sus mínimas y genéricas reglas que lo integran: los li —normas morales tradicionales— y los fa —la ley como conjunto de normas —. Ello nos hace llegar a la conclusión de que, al contrario de lo que sucede en el mundo occidental, en China la Moral y el Derecho van necesariamente unidos a la hora de aplicar Justicia.

Junto a las conferencias quincenalmente celebradas a lo largo del curso, se incluyen en el libro que nos ocupa los trabajos que fueron presentados en los seminarios de Historia del Derecho Contemporáneo. El primero de ellos corrió a cargo del titular de Historia del Derecho de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Aranda Mendíaz, en relación a la metodología y la praxis como fuentes para el estudio de la Historia del Derecho en el siglo XIX. Éste centró su investigación en los discursos de apertura emitidos por el Tribunal Supremo durante el citado siglo, en las Exposiciones de motivos de la legislación aprobada durante la etapa liberal y en las actas del Gabinete literario de Gran Canaria desde un punto de vista semántico, sociológico e histórico-jurídico —tal como expresamente el autor indicaría (p. 254)—.

Por su parte, Ricardo Gómez-Rivero, catedrático entonces de Historia del Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente de la Miguel Hernández de Elche, analizó la institución del jurado en el ámbito geográfico de Albacete y durante el periodo 1888-1889. Para ello, realiza un breve recorrido por la historia constitucional española con el ánimo de determinar el reconocimiento que la institución jurídica que nos ocupa tuvo en cada uno de los textos fundamentales. Quizás hubiera sido interesante remontarse aún más en el tiempo para comparar el jurado con la institución del escabinato para así determinar sus divergencias o coincidencias formales y competenciales. Asimismo, Gómez-Rivero también presta atención a la implantación del jurado en Europa y al inexistente papel de la mujer en relación a los primeros años de desarrollo de dicha institución.

Ya centrándose en el marco territorial de Albacete, Gómez-Rivero realiza un detenido estudio de los informes que fueron emitidos por el presidente y el fiscal en la audiencia de dicha provincia en relación al funcionamiento del jurado en ella y muy especialmente del formulario exigido por el Ministerio de Justicia a partir de 1891 donde se recogían los trámites a seguir para la reunión del jurado, los incidentes relacionados con la constitución del mismo, la celebración del juicio, la deliberación, el veredicto y la sentencia. Asimismo, analizó algunos de los juicios celebrados bajo la institución del jurado en Albacete durante los años 1889 y 1890.

Mariano Peset basó su intervención en la Pompeu Fabra en la descripción de la evolución organizativa de las Universidades en España a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX a partir del análisis de las dos reformas liberales que se desarrollaron. La primera sería influenciada por el espíritu revolucionario francés y se produciría como consecuencia del proyecto de 1814, el plan de estudios de 1818 y el reglamento general de instrucción pública de 1821, que perdió su vigencia en 1823, con la restauración del absolutismo. A partir de la subida de los moderados al poder, la reforma universitaria sería desarrollada mediante diferentes decretos, y gracias a la labor de Pedro José Pidal, Nicomedes Pastor Díaz, Seijas Lozano o Claudio Moyano.

Durante el periodo de la Restauración fueron muchos y muy importantes los profesores de Derecho que pasaron por la Universidad de Valencia. Yolanda Blasco, docente en la citada Universidad, dedicó su investigación al estudio de la carrera universitaria, de los traslados y vacantes, de los cargos políticos, de las publicaciones y la docencia de casi todos ellos —Barrio Mier, Benito Endara, Bernabé Herrero, Bonilla San Martín, Cabrera Warletta, Calabuig y Carrá, Espinós Rubio, Gadea Alera, José María Gadea Orozco, Vicente Gadea Orozco, Gavilá García, Gestoso Acosta, Girón Arcas, González de Echevarri, De la Guardia Corencia, Guillem Tomás, Jiménez y Pérez de Vargas, León Olarrieta, Llopis Domínguez, Michelena, Mirasol, Olóriz Martínez, Olózaga, Pérez Pujol, Perigallo Amargós, A. Rodríguez de Cepeda, R. Rodríguez de Cepeda, Ros Andrés, Ros Gómez, Ruiz Caruana, Salom Antequera, Salom y Puig, Salvá Hormaechea, Santamaría, Sela y Sampil, Soler Pérez, Tarrasa, Testor y Pascual y Zumalacárregui—.

M. Hedi Ben Said, docente en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Túnez, fue el encargado del estudio de la formación y evolución del Derecho musulmán. El autor describió sintéticamente las diversas teorías existentes en relación al origen del fiqh —nombre con el que se conoce al ordenamiento jurídico que nos ocupa— y algunas de las más importantes escuelas jurídicas de Derecho musulmán tales como la que surge a partir de los postulados de Abu Hanifa —la llamada escuela o Madhhib Hanafita— o la integrada por los discípulos de Dawud Ibn Khalaf —Madhhib Zahirita—. Asimismo se detuvo en las diferentes fuentes del Derecho musulmán —las llamadas Usul al fiqh— como el Corán, la Sunna, el Hadith (la tradición), los Sahih (que son las obras reconocidas por todas las escuelas de Derecho) o el Qiyas (que consiste en el razonamiento analógico o por deducción que trata de resolver cuestiones no solucionadas por los textos legales).

Hemos de agradecer a la Universidad Pompeu Fabra y muy especialmente a la Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones y a quien está al frente de la misma, Tomàs de Montagut, la dedicación que han demostrado profesar a la Historia del Derecho al organizar estos instructivos cursos de Historia del Pensamiento Jurídico. Se trata de una iniciativa que bien debiera ser asumida por otras Facultades, pues repercuten en la mejor formación del alumnado, en el desarrollo de la investigación sobre la materia y en el acercamiento a algunos aspectos olvidados o no tan conocidos de la asignatura. La labor desarrollada ha alcanzado la perfección con la edición de este libro en el que no sólo los investigadores sino también los alumnos tienen un magnífico instrumento de trabajo, de consulta y complemento. En ella se detecta la dirección del profesor Montagut y del equipo integrado dentro del conocido Proyecto de Investigación del Ministerio de Educación y Cultura Español (PB96-0284).

Elena Martínez Barrios

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