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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.22 Valparaíso  2000

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552000002200012 

LA CULTURA JURÍDICA EN LA ÉPOCA DE LA
CONFEDERACIÓN PERÚ-BOLIVIANA

Carlos Ramos Nuñez
Universidad de Lima
Pontificia Universidad Católica del Perú

INTRODUCCIÓN

En la década de los años treinta del siglo XIX, el afrancesado general Andrés de Santa Cruz, emulando a su admirado Napoleón Bonaparte, dictaba para su país, Bolivia, los códigos básicos que serían un modelo inmediato para toda la temprana codificación latinoamericana1. Afírmase que, merced a su habilidad como estadista, Andrés Santa Cruz Calaumana (La Paz, 1792 - Versalles, 1865) logró crear "un estado ficticio en el corazón de América". En efecto, desde mediados de 1836, la Confederación Perú-boliviana, congregaría a tres entidades políticas distintas: el Estado Sud-Peruano, el Estado Nor-Peruano y la República de Bolivia2. Los códigos bolivianos fueron el antecedente directo de los cuerpos legislativos con que contaron los territorios confederados durante su breve existencia. A la sombra de esos códigos surgieron cambios significativos en la cultura de abogados, magistrados y juristas, que desde sus propias esferas de actividad acusarían el impacto de los nuevos continentes legislativos. Un elemento importante para el estudio de la cultura jurídica del período reposa en el acentuado perfil ilustrado que exhibió el gobierno de Santa Cruz. Ello se puede apreciar, por ejemplo, en la cercanía ostensible del estadista paceño hacia ciertos exponentes de la intelectualidad de la época. En este artículo queremos abordar algunos aspectos de esa cultura jurídica nacida bajo el abrigo de la codificación, escudriñando en primer lugar la producción de algunos juristas coetáneos, como el cuzqueño José Palacios, el abogado arequipeño Lucas Huerta Martínez; y por otra parte, revisando la obra del educador español José Joaquín de Mora, figura emblemática del pensamiento jurídico confederado. A través de los trabajos que labraron estos autores, se intenta acceder a la nueva imagen que del derecho va surgiendo de la mano de los cambios políticos y sociales que tenían lugar, estudiando además la aclimatación del nuevo paradigma del Derecho codificado en la especulación y en la práctica forenses. Nos detendremos así en los niveles de acogida y rechazo de los códigos por los jueces nacionales, para finalmente bosquejar las reverberaciones de esos textos una vez producida su derogatoria formal.

1. LOS COMENTARIOS DE LOS CÓDIGOS SANTACRUCINOS

Uno de los aspectos que ofrece mayor interés es el problema de la vigencia efectiva de los códigos santacrucinos: ¿los códigos de la confederación tuvieron aplicación real en los tribunales del país, o su existencia fue puramente legislativa? El hallazgo de literatura jurídica de contenido práctico hacen pensar que, aun cuando con fugacidad, los códigos sí rigieron realmente. Así, hacia 1836, el abogado y profesor Lucas Huerta Mercado publicaba en Arequipa un Prontuario de los juicios de inventario y particiones que se observa en el Perú y Bolivia para el uso de los jóvenes dedicados a la práctica del foro, de los procuradores y demás litigantes que deseen tener las ideas más precisas sobre sus derechos hereditarios. Este sería el primer texto de una larga serie de manuales empíricos, preparados por el propio Huerta. En 1837, en la ciudad del Cuzco, Huerta Mercado editaría dos manuales sintéticos de irrecusable afán pragmático: el Formulario de los juicios criminales, ordinario y sumario3 y un Método de sustanciar los juicios de capellanías4. No obstante que la temática de Lucas Huerta rebasa el derecho práctico del foro -Huerta publicaría también unas Lecciones de Religión y de Moral5-, la vocación divulgativa de todos sus trabajos salta a la vista. Huerta no se ocupa de cuestiones teóricas de derecho civil o procesal civil. El derecho procesal como área de reflexión científica por entonces no existía. En realidad, las inquietudes del profesor del Colegio Independencia giran sobre los nuevos procedimientos que afligían a los hombres del foro, sorprendidos por esa innovación procesal instalada de pronto en la magistratura peruana. La propensión pragmática que recorre la producción de Lucas Huerta salta a la vista en su contribución a la folletería forense nacional. Así, saldrán de su pluma un Informe que se presenta a los S. S. Ministros de la Primera Sala por D. J. S. Basadre y doña María Chocano, en la causa que siguen con D. Luis Estevinson [sic]6, así como una Sentencia pronunciada por el Juez de Letras de Tacna en la causa que siguen D. José Santiago Basadre y Da. María Chocano con D. Luis Estevinson sobre el pago de 2401 pesos y réditos que deve D. Joaquín Ramírez7.

Lucas Huerta estaba interesado principalmente en difundir los mecanismos procesales de una manera metódica y sencilla, como exigía la exposición de un código. Sus textos, a la manera de los modernos formularios, estaban pensados para el uso cotidiano de los litigantes, como lo evidencia incluso el material perecible y poco costoso con que eran confeccionados los ejemplares. Ello sin duda ha concurrido a la dificultad de encontrar obras de Huerta en las bibliotecas peruanas. En esa misma época aparece en escena el abogado, periodista y literato José Palacios, nacido en Cuzco, en una fecha indeterminada que roza los inicios del siglo XIX8. Palacios, quien en su temprana juventud ganara una beca de Bolívar para estudiar en Europa, entre 1826 y 1828, viajó probablemente por Inglaterra y Francia, donde se impregnará de las nuevas tendencias filosóficas, jurídicas y literarias9. Vuelto a su ciudad natal en 1829, Palacios iniciaría su vida como periodista y abogado. Instalado en el Cuzco, José Palacios aparece como colaborador y luego como editor de varios periódicos de orientación liberal, como Verdades Desnudas, El Duende, o La Brújula. En 1833, Palacios se traslada a Puno, ciudad en que ejerce la docencia en el Colegio Nacional de Ciencias y Artes. Retorna al Cuzco, hacia 1837, donde lo vemos dirigiendo un notable periódico cultural, el Museo Erudito, publicado con intervalos entre 1837 y 183910. Significativamente, las entregas aparecen siempre adornadas con citas de Rousseau, Montesquieu y otros ideólogos ilustrados. Así mismo, el periódico proclamaba como cometido principal "la difusión general de las luces". En sus artículos y en sus libros, Palacios abordará con igual interés las cuestiones literarias, las ideas políticas o los problemas del derecho civil y de los procedimientos judiciales. Así, hacia 1830, Palacios prepara dos trabajos en torno a la temática jurídica: Discursos jurídicos. Obra útil para los estudiantes y practicantes de jurisprudencia (Cuzco, 1830), y un valioso Discurso sobre los abusos en la práctica de los procedimientos del foro (Cuzco, 1831), texto en que abre un ataque frontal contra la oscuridad y demora de los trámites judiciales entonces imperantes11.

Los Discursos jurídicos de 1830 acusan, como anunciaba el subtítulo, un interés pragmático y utilitario muy concreto. En líneas generales, el contenido del trabajo estaba constituido por una compilación de los informes pronunciados por Palacios en su actividad forense. Por el contrario, el Discurso sobre los abusos en la práctica de los procedimientos del foro, cuya segunda edición de 1836 estaba dedicada a Santa Cruz, revela una mayor elaboración teórica. Constituye un cálido elogio de la codificación confederada y, tanto por el estilo cuanto por el título, se sitúa en la línea del pensamiento ilustrado. Los tópicos fundamentales del Discurso eran los trámites judiciales intrincados, una legislación desmesurada, las opiniones contrarias y el formalismo de los jueces, o la lentitud en los trámites, que asoman como vicios que la implantación de nuevos códigos debía de traer abajo. El mismo entusiasmo por Beccaria, Filangieri, Montesquieu, Lardizábal y otros es compartido por este curioso ilustrado, instalado en el corazón mismo de los Andes, cuando se trata de hablar de la claridad de las leyes, la brevedad de los procedimientos y la feliz codificación. Los epígrafes de Rousseau en los Discursos y en sus artículos periodísticos son infaltables, como imprescindibles las citas de Voltaire, de quien incluso llegaría a traducir una de sus obras teatrales12. En el plano jurídico, la vocación ilustrada de Palacios se advierte sobre todo en el afán de cambiar la mentalidad y el criterio de los hombres de derecho. En un texto posterior, acerca del papel que juega el abogado dentro del proceso y la formación intelectual del jurisperito, Palacios insistía en la preparación humanística del abogado litigante y en su conducta dentro del procedimiento: "Si el abogado -decía- tiene una idea justa de los deberes que requiere su profesión, es necesario que se considere como ministro de la equidad entre los hombres y que conozca que su obligación es la de mantener y proteger los derechos de las personas que le han confiado sus negocios, sean derechos de persona o de propiedad; públicos o privados; civiles o criminales. [...]"Para conocer la ley son suficientes las nociones generales en el gabinete; para aplicarlas a los casos particulares, bastan un raciocinio correcto y un juicio sólido. Pero cuando deba mostrarse al juez un aso intrincado [...], el saber y los conocimientos son de ninguna utilidad al cliente y su abogado, sin la asistencia de una voz elocuente para hacerlos conocer. Aquí es donde se pone en acción todo el arte del orador; aquí donde todas las partes de un discurso retórico encuentran su lugar para el buen éxito de la causa [...]. [El abogado] no podrá elevarse a ese sublime fin por otro conducto que el de la persuasión"13.

Es probable que incluso la redacción de los artículos que anteceden al Código Civil Santa Cruz del Estado Sud-Peruano le hubiera sido confiada a José Palacios. Abona esta tesis la estancia del jurista en el Cuzco, después de su regreso de la ciudad de Puno, en cuyo Colegio Nacional de Ciencias y Artes enseñaba. El retorno al Cuzco se produce precisamente cuando "el cóndor indio" promulgaba su código en la capital del Estado Sud-Peruano; la proximidad política al estadista boliviano, fenecido su entusiasmo por Agustín Gamarra, coterráneo suyo14; sus abiertas simpatías por la Confederación, la virtual ausencia en la antigua capital de los Incas de otros exponentes del Iluminismo de similar talento y, por último, la coincidencia llamativa entre las ideas de su Discurso sobre los abusos en la práctica de los procedimientos del foro con las admoniciones de Santa Cruz contra la legislación colonial. Debe tomarse en consideración que tan pronto se promulgaron los códigos confederados, en su tribuna cuzqueña del Museo Erudito, José Palacios declaraba: "por fortuna [...] ha llegado la época en que el sistema que combato se ha desmoronado por sí mismo, porque se han abandonado los artificios y sofismas mañosos que eran su campo de batalla favorito. La ciencia ilusoria y tenebrosa de las sutilezas, de los embrollos, de los pelillos, de la jerigonza técnica ha cedido su puesto a la verdad; ya no se da el nombre de ciencia, sino a los hechos, en que no tienen entrada las palabras huecas. El giro que ha tomado el entendimiento desde el restablecimiento de las luces lo conduce al descubrimiento de la verdad [...]; ya no se da el nombre de ciencia, sino a la que tiene objetos reales y da resultados positivos"15.

Es evidente que Palacios impugna al derecho colonial del ius Commune y se congratula con los nuevos códigos -que no pueden ser otros que los de la Confederación Perú-boliviana-, atendiendo al lugar y a la época de su discurso. No se encuentra una impugnación a la obra codificadora de Santa Cruz, a pesar de los sucesivos virajes políticos que experimenta el jurista cuzqueño, quien pasa de partidario de Gamarra a sostenedor del Protector boliviano, y de partidario de éste a colaborador del gobierno de la restauración, tanto así que editará en el Cuzco, hacia 1840, una nueva revista que sustituye al Museo Erudito, bajo el elocuente nombre de La Libertad restaurada, en la que evita los temas políticos, limitándose a los asuntos culturales y geográficos16.

La existencia de una literatura jurídica planteada en términos pragmáticos por Lucas Huerta, quien pretende divulgar los alcances procesales de la legislación santacrucina, lleva a pensar que se presentaba una acuciante demanda entre la gente del foro y la magistratura por conocer las reformas procesales introducidas por Santa Cruz. El hecho que se publicaran, en el breve lapso de dos años, un Prontuario de los juicios de inventario y particiones, un Formulario de los juicios criminales, ordinario y sumario y un Método de sustanciar los juicios de capellanías, no hace sino confirmar la necesidad de estudiantes de derecho, jueces y abogados de adaptarse a una nueva práctica procesal. Pero, no podría decir se lo mismo del derecho civil sustantivo. En toda la vasta folletería examinada no se encuentra la misma preocupación que acusa la dinámica procesal17.

Podría plantearse la hipótesis de una mayor resistencia de los letrados a acatar el derecho sustantivo. Sin embargo, se observa también un mayor interés del Estado en difundir los alcances de la reforma procesal, frente a los cambios, ciertamente importantes, que se operaban en la legislación civil. Así, por ejemplo, una nota cursada por el Ministerio de Estado en la Secretaría de Justicia, remitida el 15 de febrero de 1837 a la Corte Suprema, adjunta los siguientes libros: Leyes de la Partida, la Novísima Recopilación, las Ordenanzas de Intendentes, las Ordenanzas del Perú y las Ordenanzas del Consulado, Aduana, Minería, Monedas, Militares y de Marina18. No figuran en la lista los códigos vigentes de Santa Cruz. Sí se observa, en cambio, una cierta preocupación por la sustitución de ciertas formalidades. Una nota del Ministerio del Interior dirigida a la Corte Suprema el 19 de enero de 1837 alude "a la túnica que deberán llevar los asesinos y parricidas cuando sean condenados al suplicio". Se promovía la sustitución de las mangas encarnadas por túnicas blancas, en virtud a los artículos 121, 921 y 922 del Código de Procedimientos de Santa Cruz sobre ejecución de asesinos y traidores19. Al margen de estas consideraciones más bien adjetivas, la ausencia de notas, verificada en los archivos, que insistieran en torno a la aplicabilidad de los códigos civiles contrasta vivamente con las directivas que atañen al juzgamiento penal. En una consulta del 28 de enero de 1837, absuelta ante las dudas de los prefectos, se dispuso expresamente que los Consejos de Guerra aplicasen las penas del Código Penal. Se dijo también que los prefectos "en la ejecución de las sentencias se sujetarán a lo que ordena el Código de Procedimientos, con la sola excepción del decreto del 17 de enero de 1837", previsto para casos especiales.

¿Qué razones condujeron a la administración santacrucina a persistir en la aplicación de normas penales y de procedimientos, a la vez que guardaba silencio en torno a los alcances de las normas civiles de derecho sustantivo? Una respuesta puede hallarse en el contexto político y militar de la época. En medio de un clima de inseguridad, en el que estaba cercano el recuerdo de la resistencia de Salaverry y Gamarra, y la posterior invasión de las tropas chileno-peruanas aliadas con Gamarra y Castilla, el derecho civil no parecía tan importante como el derecho penal y los procedimientos, objetivación misma de la soberanía. En tales circunstancias poco espacio quedaba a las instituciones del derecho civil, que exigen un paisaje social y político más bien apaciguado para desarrollarse. A las consideraciones de carácter político pueden agregarse las motivaciones de orden cultural. Sucede, en torno a este punto, que los operadores técnicos simplemente no estaban preparados para un cambio súbito del ordenamiento jurídico. En buena cuenta, allanarse a ciertas variaciones en los procedimientos resultaba un paso obligatorio para el ejercicio de su profesión. La abundante literatura de corte práctico atestigua este interés, que podría calificarse de inevitable, más allá de los reparos nacionalistas que estaban en juego. Por el contrario, la adecuación a las normas sustantivas del derecho civil demandaba un estudio previo y hasta cierto punto prolijo del nuevo ordenamiento. Recuérdese además que la vacatio legis, vale decir, el tiempo que media entre la publicación de una norma y su entrada en vigor, no fue muy dilatada en el caso de los códigos civiles santacrucinos. Así, el Código Civil del Estado Sud-Peruano se publicó el 13 de agosto de 1836 y comenzó a regir el 14 de octubre del mismo año, tan sólo dos meses después; mientras que el Código Civil Nor-Peruano se publicó el 15 de noviembre de 1836 y entró en vigencia el 1 de enero de 1837, esto es, luego de una vacatio legis de sólo 45 días. ¿Cómo podrían jueces y abogados, habituados a las reglas del derecho colonial, compenetrarse con las disposiciones de un código moderno en lapsos temporales tan breves? La rutina, la carencia de utensilios teóricos del derecho moderno, la ausencia absoluta de manuales de doctrina -siquiera exegéticos- que facilitasen una comprensión adecuada de los nuevos códigos, y la falta de instituciones educativas y profesores que fomentaran la divulgación de los dispositivos recién promulgados, amén de la reacción nacionalista frente a los códigos bolivianos, concurrían con creces a su inaplicabilidad.

2. LAS COORDENADAS DE LA ENSEÑANZA LEGAL

La situación de la enseñanza legal y de los estudiantes de derecho durante el período merece un comentario aparte. No existía una ley de instrucción pública, ni un reglamento general que normase de manera uniforme la enseñanza en el país. Suspendida la actividad docente en la Universidad de San Marcos por efecto del proceso de la Independencia, la enseñanza del derecho se seguía brindando en las ciudades a través de colegios, academias o por particulares. En Lima, el Convictorio de San Carlos se erigía como el principal centro de estudios del derecho "en todas sus divisiones". Sucesivos dispositivos fueron dictados para regular su funcionamiento, en 1826, en 1829, en 1835 y 1836. El decreto del 26 de octubre de 1826 había colocado al colegio carolino -con la efímera denominación de Convictorio de Bolívar- bajo la protección directa del gobierno20. Según ese decreto, los cursos que se impartían eran: derecho natural y de gentes, derecho público y constitucional, derecho canónico, derecho romano, derecho patrio civil y criminal, y práctica forense21. La edad mínima para ingresar fue fijada en los catorce años, y los postulantes debían ser "hijos de familias honradas". El régimen educativo establecido en el decreto de octubre de 1826 no logró ser del todo aplicable, por lo que el dispositivo fue derogado por el Congreso en 1829, para que rigiese el ordenamiento anterior, es decir, el colonial22. Normas aisladas fueron dictadas posteriormente, como una resolución del 11 de agosto de 1835, en que se señalaba como texto de enseñanza el libro sobre derecho de gentes de Andrés Bello, quedando precisado que "no queda por esto escluída la obra respetable de Heignecio [sic]", que será "consultada pero no seguida"23. Mediante un decreto del 9 de diciembre de 1836, Santa Cruz disponía una nueva reforma del plan de estudios en San Carlos24. El decreto contenía disposiciones precisas en lo concerniente a la organización y la administración de esa casa de estudios, e incluía preceptos en torno a las pensiones, el régimen de becas, la indumentaria de los alumnos y hasta la distribución de las horas del día. En el capítulo 10° se señalaban las cátedras que habrían de impartirse en el Convictorio. Fueron establecidas las cátedras de derecho natural y de gentes, derecho romano y patrio, y de procedimientos, y derecho canónico e historia eclesiástica25. Curiosamente no consideraba el estudio específico de los códigos en cursos independientes. Por el contrario, según el decreto protectoral antes citado, se determinaba implícitamente que la enseñanza de los códigos se adscribía a la cátedra de "derecho romano y patrio, y de procedimientos". No existía, pues, por parte del propio Andrés de Santa Cruz un interés real y manifiesto para que sus códigos fueran difundidos en las aulas de instrucción superior. En esto ciertamente no siguió a Napoleón, quien dispuso una inmediata reforma de la educación universitaria, instalando en el centro de la enseñanza legal a sus códigos positivos.

Vista la quietud de Santa Cruz frente a la vigencia de sus códigos, cabría preguntarse ahora por las razones que determinaron la derogatoria formal de la legislación confederada. El principal móvil fue de carácter político: los códigos habían sido promulgados por extranjeros invasores. Es probable que no todos compartiesen tal postura, pero el vencedor, Gamarra y sus colaboradores, se adherían a esta concepción. El rechazo a los códigos santacrucinos ya había sido advertido por Manuel Lorenzo de Vidaurre, un conspicuo aliado del régimen, que, en tanto patrocinaba sus propios proyectos, podría considerarse un adversario de los códigos bolivianos. En una carta remitida a Santa Cruz en febrero de 1837, a poco de entrados en vigor los códigos confederados, Vidaurre sostenía con absoluta sinceridad: "A nadie le ha agradado la nueva legislación. Gritan que usted no sólo ha venido a trastornar la forma de nuestro gobierno sino a apropiarse del poder legislativo y hacer al noble Perú una colonia de la naciente Bolivia [...]. Estas leyes -agregaba Vidaurre- son adornos muy bellos después de firme el sistema: para todo llegará su tiempo. Los jesuitas, grandes políticos, no daban la sotana a los que brincaban las escaleras de dos en dos [...]. No todo lo que está escrito es aplicable a los pueblos. Mi hijo -invoca paternal-, ¿qué diríamos de un piloto que pensara en adornar la cámara con una tempestad violenta y vientos contrarios? Cuando estemos en el puerto tendremos lugar para lo bello"26.

Por otro lado, como ha anotado Basadre, "dar simultáneamente un Código Civil, otro Penal y otro de Procedimientos judiciales fue una reforma en el mundo de la magistratura y el foro"27. Amainadas las pasiones políticas que suscitaba la Confederación, un observador imparcial, Francisco García Calderón Landa, diría hacia 1860: "Con los códigos de Santa Cruz sucedió lo mismo que con todos los actos en que se interesan la política y el espíritu de partido. Los partidarios del Protector los defendían; y los que no le eran adictos los impugnaban. El carácter de usurpador que se dio a Santa Cruz, y la circunstancia de que los códigos fueron formados para Bolivia, influyeron poderosamente en que se suspendiese su observancia. Sin aventurar nuestro fallo acerca de esos códigos, nos parece que tuvieron por lo menos el mérito de la oportunidad; y que reemplazando en gran parte a las leyes españolas, hicieron desaparecer muchas de las dificultades que se presentaban antes de su promulgación. Es cierto, sin embargo -agrega García Calderón-, que lo mismo habría sucedido con cualquier otro código"28.

Con perspicacia, García Calderón añade: "Desnudos de autoridad en el día, los códigos de Santa Cruz tienen siempre interés para el jurisconsulto. Además de que muchos negocios se arreglaron conforme a lo prescrito en ellos, dan mérito para la comparación y para el estudio de la ciencia del Derecho. La comparación de las leyes de unos pueblos con las de otros y también de unos tiempos con otros en un mismo pueblo, arroja siempre un rayo de luz que afirma al jurisconsulto en sus ideas, o le manifiesta algunas minuciosidades que se le habían escapado"29.

Otro elemento que habría concurrido para la no observancia de los Códigos civiles santacrucinos, posiblemente esté vinculado a la filiación gala de aquéllos, muy a tono con el afrancesamiento del político alto-peruano. Se ha dicho ya que Santa Cruz actuó bajo el embrujo de Napoleón Bonaparte: firmó tratados de amistad, navegación y comercio con Francia; designó mariscales en su ejército a la manera napoleónica; creó la Legión de Honor en Bolivia; asumió el título de Protector de la Confederación Perú-boliviana -como Napoleón lo había sido de la del Rin-. En un hermoso paralelo entre Santa Cruz y Napoleón, Jorge Basadre Ayulo ha dicho que "tuvo la enemistad de Chile como Napoleón la había tenido de Inglaterra. El régimen que le siguió fue el de la Restauración, como el de la vuelta de los borbones después de Napoleón"30. Por lo demás, Santa Cruz imitaría el modelo constitucional napoleónico31, y seguiría de cerca la estructura y contenido de su codificación civil. Esa adhesión, hasta cierto punto exótica, no debió haber sido vista con buenos ojos por los letrados peruanos, adheridos a la tradición hispana y poco proclives a innovaciones repentinas. Las acerbas letrillas de un hispanista nostálgico como Felipe Pardo no constituyeron solamente una expresión de sorna literaria contra el afrancesamiento pintoresco del presidente altiplánico, sino que, en realidad, fueron una coherente toma de posición frente a las pretensiones extranjerizantes y, tal vez, demasiado innovadoras, del caudillo paceño.

3. UN PERSONAJE EMBLEMÁTICO: JOSÉ JOAQUÍN MORA

En el plano de la cultura jurídica durante la época de Santa Cruz resulta relevante el caso del pedagogo y literato gaditano José Joaquín de Mora (1783 - 1864). Junto con el colombiano Juan García del Río y el guatemalteco Antonio José de Irisarri, Mora perteneció al entorno de letrados más cercano al régimen de Santa Cruz32. En su país natal, Mora se desempeñaba principalmente como profesor de Lógica, en la universidad de Granada, aunque había obtenido también el grado de abogado. Al sobrevenir la invasión francesa en 1808 se alistó como voluntario de la resistencia, pero cayó prisionero y fue deportado a Francia. Destierro hasta cierto punto feliz, puesto que permaneció en París durante seis años dedicado al estudio, donde abrazó algunas ideas -tanto que llegó a convertirse en un notable exponente de la Ilustración española-, y desposó también a una mujer culta, Francisca Delauneux, quien compartía su vocación pedagógica. Mora retornó a España en 1815, radicándose en Madrid, donde funda un periódico bisemanal, la Crónica Científica y Literaria, desde cuyas páginas libra lucha sin cuartel contra el teatro clásico de Calderón de la Barca, y asume posturas literarias filo-francesas. En el mismo periódico publica una traducción del opúsculo histórico de Chateubriand, Bonaparte y los borbones. Como anota el infatigable Estuardo Núñez33, las ideas liberales de Mora no debieron ser entonces muy radicales, pues sus relaciones con Fernando VII, quien ya había abolido la constitución libertaria de 1812, se mantenían cordiales. Prueba de ello es el hecho de que fuera nombrado por el rey en calidad de comisionado regio para estudiar en Liorna la libertad de comercio en los puertos34. Años después defendería en América esta tesis, con la que coincidía Santa Cruz, y que rechazaba Diego Portales, interesado en preservar la hegemonía en el Pacífico del puerto de Valparaíso. La creciente radicalización ideológica de José Joaquín de Mora hacía insostenible su estancia en España, más aún cuando Fernando VII afianzaba el absolutismo. Todavía en la península, sustituye la Crónica Científica y Literaria por otro órgano aún más radical, El Constitucional. Colabora también en las revistas Minerva Nacional y Minerva Española y se da tiempo para traducir nuevas obras del francés, como Las Jóvenes de Bouilly y el Ensayo sobre las preocupaciones del barón de Holbach, librepensador galo, amigo de los enciclopedistas. En 1823, Mora emigra a Inglaterra y se suma al grupo hispano de José Blanco White, colaborando activamente en el periódico de lengua española El Mensajero, editado para el público ilustrado de España y América, y en el que se difundía las ideas iluministas de Locke, Hume y Bentham. El propio Mora funda allí las revistas El Museo Universal de Ciencias y Artes, que dirige hasta 1826, y Crónica literaria y política de Londres. Inicia también traducciones del inglés como Persia, o descripción abreviada de este país, de Schoebel; Memorias de la Revolución Mexicana y Cartas sobre la educación del bello sexo, de William Davis Robinson, y vierte al castellano dos novelas de Walter Scott, El Talismán y Ivanhoe. Traduce también del italiano la obra del jesuita Francisco Clavijero, Historia Antigua de México35.

Al parecer por insinuación del presidente argentino Bernardino Rivadavia, Mora viaja a la capital bonaerense. Allí asume la redacción del periódico oficial, Crónica Política y Literaria de Buenos Aires. Funda en Buenos Aires, junto a su esposa, un plantel educativo superior para señoritas y emprende la crítica literaria de las obras de José Joaquín Olmedo y Manuel Lorenzo de Vidaurre, cuyas Cartas americanas elogiará. Mora había conocido al poeta ecuatoriano Olmedo en Inglaterra, donde lo introdujo en la lectura de Alexander Pope y Lord Byron, mientras que a Vidaurre recién lo trataría personalmente en Lima, en 183136. El nombre del educador, no obstante, era ya conocido en el Perú: al menos una de sus obras del período londinense, el Catecismo de geografía, era reeditado en Cuzco hacia 182637. La estancia de Mora en Buenos Aires no habrá de prolongarse mucho, pues al asumir el gobierno el presidente Vicente Fidel López, el gaditano pierde el apoyo político que necesitaba. Hacia 1827, vemos a Mora instalado en Santiago de Chile, donde se convirtió en director del Liceo de esa ciudad, al que hubo de imprimir una orientación liberal, insistiendo en el estudio del derecho natural y de Gentes, el derecho patrio y el derecho romano38. En torno a esas materias publicó un libro afortunado, el Curso de Derechos del Liceo de Chile39. El arribo a Chile, en 1829, del polígrafo venezolano Andrés Bello y su designación, en reemplazo del presbítero Juan Francisco Meneses, como director del Colegio Santiago -creado para contrarrestar la influencia liberal que imprimía Mora en el Liceo de Chile40-, marcaría el establecimiento de dos opciones ideológicas y políticas: los liberales o "pipiolos", de un lado; y los conservadores o "pelucones", del otro. Esta diferencia recuerda el enfrentamiento que, a mediados del siglo XIX, surgió en Lima entre el conservador Convictorio de San Carlos y el liberal Colegio de Guadalupe. La lucha en Chile se vivió, sin embargo, de manera más dramática: su desenlace fue la guerra civil. A diferencia del Perú, donde las categorías de "liberal" y "conservador" no dejan de ser circunstanciales y arbitrarias, en Chile había una conciencia clara del significado y alcances de estos términos.

Mientras los "pelucones" y su líder Diego Portales triunfaban en la batalla de Lircay, José Joaquín de Mora, que había participado en la formación de la constitución chilena de corte liberal de 182841, era desterrado al Perú. Fija entonces su residencia en Lima, bajo los auspicios del presidente Agustín Gamarra, y pronto reinicia sus actividades docentes, al lado de su esposa42. De Ávila Martel sostiene que los cursos que Mora dictaba en el Liceo de Chile al parecer los habría continuado en el convento limeño de Santo Domingo43. Con más certeza se sabe, sin embargo, que poco después de llegar al Perú, en octubre de 1831, José Joaquín de Mora intentaba reactivar el Ateneo del Perú, creado por el Bolívar hacia junio de 1826, como un centro de enseñanza superior de carácter externo, es decir, no estatal ni incorporado al seno de la Iglesia44. Dado que el local donde funcionaría el Ateneo era uno de los locales del Santo Oficio, un aviso del Ministerio del Interior, aparecido en El Peruano en junio de 1826 indicaba: "Es digno de notarse este contraste. Donde vivían los hombres, que por instituto, y como secuaces del despotismo español, proscribían las luces y la libertad del pensamiento, se va a instaurar un establecimiento patriótico, destinado a fomentar los útiles conocimientos en todos los ramos, y a desterrar la apática ignorancia en que hemos estado por tantos años sumerjidos"45.

Los cursos que anunciaba el Ateneo del Perú y las personas que los iban a dictar eran los siguientes: derecho natural y público, por J. J. de Mora; economía política, por J. M. de Pardo; historia, por el Dr. H. Unanue; geografía, por J. J. Larriva; literatura, por Felipe Pardo; matemáticas puras, por Geinget, y lengua francesa, por Mr. Laurent46. El proyectado Ateneo del Perú se distinguía de Liceo de Chile, dirigido antes por el propio Mora, en que este último era un "colegio" en el sentido cabal del término, al que los alumnos residían y hacían vida común en él. En tanto, el Ateneo peruano había de ser una "escuela", a la que los estudiantes asistirían sólo durante las horas de clases47. Dada la naturaleza de Ateneo, requería del apoyo de una asociación privada, pero Mora no logró el número necesario de suscripciones para lograr la subsistencia del establecimiento48.

Ahora bien, si en Chile Mora auspiciaba la tendencia liberal de los "pipiolos", en el Perú se adhirió al grupo de intelectuales proclives al pensamiento autoritario, como José María Pando, que secundaba a Gamarra. Estos eran conocidos como "los persas" (absolutistas), y tenían por opositores a liberales radicales como Francisco Javier Mariátegui y Francisco de Paula Gonzales Vigil. El brusco cambio de postura política e ideológica de Mora quizá obedeció a motivaciones de orden práctico (la proximidad de "los persas" con Gamarra), antes que a razones de principio. Mora había escarmentado en carne propia estos giros de la política latinoamericana, que afectaban su trabajo intelectual, tanto en Argentina como en Chile. La actuación de Mora produjo en Lima algunas polémicas. Además de los prejuicios xenófobos y de algunas rencillas locales, se produjo una virtual reacción contra aquellas doctrinas que defendían en el Perú la autonomía del derecho natural, fundando su existencia como cátedra independiente en las necesidades del estado de asociación del hombre con sus semejantes. En concepto del pedagogo gaditano, el derecho natural "queda reducido a una ciencia de observación como lo es la química", distinguiendo a la vez entre los órdenes normativos que corresponde al derecho y a la moral49. Según anota su acucioso biógrafo Luis Monguió, entre 1831 y 1834, es decir, durante tres años y medio, Mora ofreció en Lima sólo en tres ocasiones y en forma privada, el curso de derecho natural y de gentes, y una vez el de derecho romano, a un escogido grupo de estudiantes del Convictorio de San Carlos, después de abortado el Ateneo del Perú. Al concluir los cursos, los estudiantes rindieron examen público en el salón del Convento de Santo Domingo, bajo la presidencia de don José Braulio de Camporredondo, vicepresidente del Senado, encargado esos días del Poder Ejecutivo por ausencia de Gamarra y de Tellería50. Ni siquiera la corta militancia en las filas conservadoras salvaría a Mora de las críticas y de la obstrucción. Así, no se le permitió que enseñase en el Convictorio de San Carlos, al que el letrado español calificará de "gótico", por lo tradicional y anacrónico de sus métodos de enseñanza51. ¿Qué razones existían para que el encono de algunos peruanos se dirigiese contra el pedagogo español? Puede que la respuesta la haya ofrecido el propio Mora. Según su principal biógrafo, cabe la sospecha de que la tenaz oposición a los cursos de Mora (aparte de las consideraciones teológicas o de principios) haya sido incitada por los profesionales del derecho, que percibían en ellos tendencias contrarias a sus intereses. En efecto, como dice Monguió, "el Colegio de Abogados y las escuelas de Leyes debieron estimar disolventes los sarcasmos de don José Joaquín, en el `Discurso Preliminar' de su curso de Derechos", donde el gaditano arremete contra el "gigantesco embotismo" de la "colosal y monstruosa legislación española compuesta de tantos y tan recónditas ordenanzas, de tantos y tan ignoradas pragmáticas, cédulas, decretos, reglamentos y fueros"52.

El tono de sus reconvenciones crece cuando juzga al derecho vigente como "madre de disputas legales, hervidero de pleitos, proveedor de honorarios para la gente de toga"53. Los principios de reforma, de simplificación y de clarificación de las leyes, expuestas por Mora debieron parecer a muchos abogados poco menos que un atentado personal. Hacia fines de 1832, Mora daba a la imprenta un libro con sus cursos de lógica y ética54. Curiosamente, el hecho no produjo en los diarios limeños que lo atacaban cotidianamente -a saber, Miscelánea, El Telégrafo de Lima y El Penitente- una polémica parecida a la provocada por sus clases de derecho natural y de gentes y de derecho romano. Ello sorprende, pues aquella obra, por su tema, pudiera haber parecido más peligrosa a sus contrincantes tradicionalistas55. Así, en noviembre de 1832, un tal J. Arom, en El Telégrafo de Lima, dirigía una carta abierta en que continuaban los denuestos contra los cursos de Mora: "Ahora digan cuanto quieran. Yo quiero que Lima se ilustre con las lecciones de este sabio. Ya tenemos doce apóstoles [los doce jóvenes que se graduaron con Mora]. Se abre un nuevo curso según los periódicos. Dentro de poco serán veinticuatro. Veinticuatro por seis pesos al mes son ciento cuarenticuatro; multiplicados por los doce apóstoles al año (los doce meses) son mil setecientos veintiocho, ración con que pueda sostenerse cualquier familia. Corred, pues, jóvenes, corred, apresurados, antes que se complete el número, no será te toque ser el Judas de este nuevo apostolado"56.

Los ataques y las defensas del Curso de Derechos de Mora continuaron en los periódicos limeños aludidos, a lo largo de la segunda mitad del año 1832, por lo general más interesados en referencias personales, por su proximidad al grupo conservador de Pando, que por verdaderas diferencias en el razonamiento jurídico57. En La Miscelánea, a la vez que se congratula a los alumnos de Mora por sus brillantes exámenes, también se publica una carta en la que el polígrafo gaditano es acusado de "ateísta", y que no enseña sino "los degradantes y destructores principios del materialismo"58. Mora saldrá a defenderse de las diatribas desde las páginas más serenas de El Mercurio Peruano59. Así mismo, a principios del año 1833 se publicaba en Lima un folleto titulado Reimpresión del artículo impreso en la Miscelánea denunciando el Curso de Derechos que enseña el señor Mora; y de las cartas con que se ha refutado la defensa practicada por éste en los Mercurios del 16, 17 y 19 de noviembre del año pasado60.

La creciente simpatía de José Joaquín de Mora por Santa Cruz se aprecia en la correspondencia que mantiene el educador gaditano con el futuro Protector del Perú. En una carta del 3 de abril de 1832, luego de saludar la gestión pública del paceño, Mora opina sobre la codificación boliviana y sus instituciones. "No perdono ocasión de informarme el estado de ese país [Bolivia], y veo con sumo placer que se ha consolidado y prospera bajo una administración ilustrada. A la hora ésta, es U. conocido en Europa como el primer legislador de la América del Sur. Este paso ha sido gigantesco, y será la piedra fundamental del edificio que U. ha trazado. No sé cómo las repúblicas vecinas no imitan tan loable ejemplo. El Código Santa Cruz debería ser el de todos estos países; pero, aun tiene profundas raíces el espíritu del foro antiguo, y yo lo acabo de experimentar a costa mía, pues no sólo no han querido incorporarme en este Colegio de Abogados [el de Lima], habiendo presentado papeles inatacables, sino es que me han hecho cerrar un aula de Derecho, que abrí a instancias de muchos respetables padres de familia"61.

En esa correspondencia, Mora se refiere también a la política legislativa emprendida por el estadista boliviano en su país. En la misiva del 28 de agosto de 1833, advierte que hubiera deseado una "reforma algo más liberal" en ellos, y agrega: "He leído y examinado el Código de Procedimientos, y como U. me exige una opinión franca, le diré: que parece estar cimentado sobre el modo de enjuiciar a la Española como lo mejor que se podía apetecer y encierra grandes correctivos para los defectos inherentes al que le ha servido de modelo; pero yo hubiera deseado una reforma algo más liberal, y ya que no se han atrevido al gran paso del Juicio por Jurados, a lo menos hubieran debido establecer Tribunales Colegiados para juicios de primera instancia y criminales, renunciando para siempre al abuso español de los Tribunales unipersonales, verdaderos gérmenes de despotismo y arbitrariedad. Veo que se da al careo más latitud que en los Procedimientos españoles, sin embargo, en un país libre, toda declaración en plenario de juicio criminal debe hacerse en presencia del reo y de su abogado, dando a estos la facultad de examen, que es lo que los ingleses llaman cross-examination y que constituye la más fuerte garantía del acusado. También hubiera debido adoptarse la saludable precaución de dividir el sumario del plenario, de modo que no fuera nunca el mismo juez el que presidiese en uno y otro para lo cual hay razones irrebatibles, y que yo he comentado por extenso en el Mercurio chileno. Bien veo que estas reformas suenan muy mal en los oídos de nuestros letrados, pero la preocupación profesional debe ceder al convencimiento, y a la práctica de las naciones libres e ilustradas. Yo he sido diez años abogado en Madrid, y tenía una espesa banda delante de los ojos. Fui a Inglaterra, seguí aquellos tribunales por espacio de tres años, y vi un mundo nuevo, y me desengañé de muchos errores, y me convencí de que el enjuiciamiento español es un tejido de tinieblas y acechanzas. Como quiera que sea, U. ha tenido la gloria de dar un paso gigantesco y de adquirir un derecho eterno a la gratitud de los bolivianos"62.

Pero, a pesar de sus quejas, Mora sí ejerció en Lima la abogacía, al menos esporádicamente, como consultor remunerado y representante en trámites. En una carta de marzo de 1833 a Santa Cruz, le confía haber dirigido "una vasta y complicada testamentaría" de la cual esperaba recibir una suma de dinero. Por ese tiempo, Mora es víctima del desaliento: "Soy pobre, las revoluciones no me han dejado otro recurso que mi trabajo; mas este puede faltar de un día a otro, y entonces ¿cuál sería la suerte de mi familia?"63. En realidad, Mora poseía relativamente poca experiencia en la práctica de la abogacía. Su labor predilecta, en la que brindaba lo mejor de sí, era la docencia, que precisamente se le negaba en Lima.

Concluido el gobierno de Gamarra, en 1834 Mora se dirige a Bolivia donde actúa como partidario y consejero principal de Santa Cruz, quien solicitó sus servicios64. En La Paz fue nombrado catedrático de Literatura en la Universidad Mayor de San Andrés y le fue confiada la dirección del Colegio Normal Superior, retomando la enseñanza en lenguas, filosofía y derecho natural y de gentes y derecho romano. Precisamente en Bolivia aparecería, bajo los auspicios de la Universidad paceña, su Curso de Literatura65, y una reedición del libro de Curso de Derechos del Liceo de Chile66 que, como otras de sus obras de carácter didáctico, sirvió de texto de enseñanza en el país altiplánico durante todo el siglo XIX67. Durante los enfrentamientos bélicos de 1835 Mora estará plenamente alineado con Santa Cruz, y cantará las victorias militares bolivianas en la famosa Batalla de Yanacocha. El gaditano regresó al Perú acompañando al Protector durante los días de la Confederación, para actuar como consejero personal de Santa Cruz, Aquí, tendría a su cargo El Eco del Protectorado, órgano oficial del gobierno, donde se publicaban los actos legislativos del régimen68. La proximidad de este personaje al entorno de Santa Cruz alimenta la hipótesis de que la redacción de los mensajes que anteceden al articulado de los códigos confederados, puede haber sido obra del grupo de ilustrados que acompañaba al Protector. Además de Mora, el centroamericano Irisarri, y el colombiano García del Río, se hallaban los peruanos José Palacios y José Luis Gómez Sánchez69. No podemos saber si actuaron colectivamente, en un trabajo conjunto, o si su colaboración fue más bien individual. De Palacios se sabe que permaneció en el Cuzco, por lo que su contribución intelectual a la Confederación debió circunscribirse al ámbito del Estado Sud-Peruano. Distinto es el caso de Mora, quien acompañó a Santa Cruz durante su larga travesía desde La Paz hasta Lima, de manera que pudo haber tomado parte en la elaboración de los mensajes introductorios de los cuerpos legales dictados para los Estados Sud-Peruano y Nor-Peruano. El pedagogo español fue enviado a Europa por el Protector en misión diplomática, pero, derrotada la Confederación y frustrados sus intentos reformistas en Chile, Perú y Bolivia, no retornó jamás a tierras americanas70.

El estudioso gaditano precedió a don Andrés Bello en rescatar del olvido oficial al derecho romano -poco estimado por la Ilustración española mientras no estuviera atado al derecho patrio-, que adquirió en su magisterio un lugar de honor mientras ejercía como director y maestro del Liceo de Chile, entre 1827 y 183171. Había, sin embargo, entre ambos una curiosa diferencia. Mientras Mora seguía al alemán Heinecio, Bello se inclinaba por el jurista holandés Vinnio. Un alumno chileno que escuchó las lecciones de ambos maestros, José Victorino Lastarria, reproduciendo presumiblemente las expresiones de Mora, afirmaba: "La preferencia dada a Vinnio en las Universidades españolas prueba el perverso gusto que dirigía en ellas los estudios jurídicos. Vinnio es un disputador eterno, un compilador de mal gusto. Heinecio es un compositor claro y luminoso, profundamente sabio, pero templado en el uso de la erudición. Mora enseñaba, en el curso de Derecho Romano hablando históricamente como habla Heinecio, decía él, no como otros juristas, transportando lo que fue entonces a lo que es hoy día; en tanto que Bello nos implantó el curso de dos años de Instituta, en latín y de memoria, y por los comentarios de Vinnio [...] en sus fórmulas escolásticas y amoldando nuestra edad moderna a la civilización de la era latina"72.

Esas discrepancias a las que alude Lastarria entre el elegante dogmático Arnold Vinnius o Vinnio (1588 - 1657)73, primer expositor moderno del derecho romano, y el historicista alemán Johann Gottlieb Heinecke o Juan Teófilo Heinecio (Eisenberg 1681 - Halle 1741)74, ¿fueron acaso tan radicales? En realidad, no. Podría decirse más bien que se trataba de perspectivas complementarias. El propio Heinecio, en sus Recitationes in elementa juris civilis (Recitaciones del Derecho Civil según el orden de la Instituta), de 1725, consideraba necesario que quien aspirase a una doctrina más sólida, y que profundice en el derecho romano, debía de revisar "en primer lugar mis Antigüedades romanas, en las cuales he esplicado brevemente lo que debe saberse del estado de la república de Roma, las Prelecciones de B. Hubero, llenas de buena sustancia e instrucción, o los Comentarios de Arnoldo Vinnio, porque no quisiera abrumar a los principiantes con la lectura de muchos libros" 75. Por otro lado, dada la sucesión temporal entre ambos estudiosos europeos, la obra de Vinnio, Justiniani Institutionum libri quator (Los cuatro libros de las Instituciones de Justiniano o Las Instituciones de Justiniano en cuatro libros), publicado por primera vez por el profesor de Leiden en 1664, debía servir inexorablemente de base a los trabajos posteriores del alemán Heinecio, sobre todo en el mundo hispano donde desde el siglo XVIII, surgían los llamados Vinnius castigatus, es decir, versiones del texto de Vinnio con las anotaciones del derecho español. Vinnio es un comentarista exegético de la Instituta, que procura explicar el texto de la ley de modo exhaustivo y no siempre claro; Heinecio, en cambio, al eliminar casos y problemas menudos presenta una exposición más clara y didáctica. Procura, por otro lado, establecer una historia externa del derecho romano que distinga entre las épocas pre-clásica, clásica y post-clásica. Así, las ediciones en lengua española incluyen un Compendio Histórico del Derecho Romano desde Rómulo hasta nuestros días. El tratamiento de cada figura jurídica trae también precisiones históricas que permiten situarla cronológicamente. La traducción al español de la obra de Heinecio, en 1791, contribuiría también a que su uso se multiplicara. La diferencia entre Vinnio y Heinecio no debió haber sido tan grande que Mora, otrora simpatizante de Heinecio, rechazaba en el Perú a este autor, "cuya reputación para sus trabajos jurídicos servía de apoyo -en sus propias palabras- a un mezquino curso de filosofía como texto de enseñanza"76. Debe aclararse, sin embargo, que Mora distingue entre la calidad de Heinecio como romanista, en contraste con su faceta como estudioso del derecho natural. Posición esta última que resulta impugnada, dejando no obstante intacta la primera.

José Joaquín de Mora, más allá de sus dotes artísticas -que le valieron ejercer, en palabras de Luis Alberto Sánchez, "una innegable tutoría literaria en el Perú"77-, y sus conocimientos teóricos en los campos del derecho romano y del derecho natural y de gentes, era esencialmente de un filósofo y un lógico78. Así, en 1832, habían aparecido en Lima los Cursos de lógica y ética, que constituyen manuales de divulgación de la llamada Escuela de Edimburgo o Escuela Escocesa de Tomás Reid y Dugaldo Stewart. Esos Cursos conocerían sucesivas reediciones en Bogotá (1840); Madrid (1845, 1853); La Paz (1846), y fueron utilizados en el Colegio Militar de Lima y en los Colegios de Huánuco, Trujillo e Ica. El texto de Mora llevaba como epígrafe una cita de Locke: "Rara vez la facultad intelectual engaña al que de buena fe la consulta". Posteriormente, en 1846, publicó desde España una traducción del Tratado de la Evidencia escrito por George Campbell (1719 - 1796), exponente de aquella tendencia79. Mora calificaba a la teoría de la evidencia como "la parte vital de la lógica", y se manifiesta adverso no sólo a la filosofía escolástica dialéctica sino también al sensualismo intuicionista y al racionalismo puramente especulativo sin base empírica80, abrazando tempranamente así un racionalismo positivista. Combatido por las posturas tradicionales que se resistían a acoger la enseñanza del derecho natural y la plenitud del racionalismo iluminista, Mora parece haber buscado en la escuela escocesa del sentido común una suerte de transacción entre la filosofía de la Ilustración y la fe cristiana.

4. LOS CÓDIGOS Y LA JUDICATURA

Modelos de progreso, los Códigos fueron también una poderosa arma política, que el régimen santacrucino no dudó en emplear contra sus adversarios internos. Hacia 1842, Mariano Santos de Quirós, compilador de las leyes republicanas, traduciendo el repudio frente a los códigos santacrucinos, espetaba: "[Los Códigos] permanecen, no sólo en suspenso, sino en desprecio, pues los peruanos jamás admitirán leyes de un estranjero, que holló su constitución y trató al Perú como su patrimonio"81. Tan enérgico fue el rechazo a los códigos santacrucinos que en las postrimerías de su régimen el mismo Protector, mediante un decreto del 16 de noviembre de 1838, optaba por dejar los códigos civil, penal y de procedimientos, "en suspenso hasta que el cuerpo legislativo, a cuyo examen serán sometidos, sancione lo que juzgue conveniente"82. La fragilidad política y militar de la Confederación, posiblemente motivó a Santa Cruz a adoptar esa medida, bajo la esperanza de suscitar alguna simpatía entre aquellos peruanos que le eran hostiles. En Bolivia, después de la derrota de Yungay, el descrédito no fue menor. Así, un periódico de La Paz, llamado El Duende, hacía escarnio de la labor codificadora santacrucina con estas palabras: "Los Códigos de Santa Cruz no son códigos de la República Boliviana, sino de aquel déspota que los hizo traducir del Código Napoleón, con el solo objeto de eternizar su nombre en ellos y por lo mismo merecen ser quemados"83. La suspensión de la vigencia de los códigos en el Perú dejó como corolario, tal como lo precisa el decreto del 16 de noviembre de 1838, que mantenían "toda su fuerza y vigor las leyes y decretos que subsistían antes de aquella época"84.

El rechazo de los jueces a la codificación santacrucina no puede explicarse tan sólo por las convicciones nacionalistas, entonces en ciernes, pues, en la conciencia colectiva el Perú y el Alto Perú representaban a una sola nación. ¿Cómo abrazar entonces una postura nacionalista, si en la conciencia colectiva de los peruanos quedaba claro que Bolivia había sido una creación política del Libertador, que artificialmente cortaba la unidad histórica? De manera que el nacionalismo pudo haber sido un pretexto que escondía las verdaderas razones de la ojeriza contra los Códigos de Santa Cruz. Hubo, en realidad, normas y decisiones concretas que afectaban a la magistratura. La responsabilidad de los funcionarios públicos, institución francesa que reemplazaba al juicio de residencia colonial, constituyó un arma de presión política en manos del gobierno y objeto de resistencia por parte de la judicatura. El Código de Procedimientos dedica al tema de la responsabilidad el título tercero del libro cuarto. En su interior, el artículo 1270 definía la responsabilidad como "el reato [delito] que la lei sujeta a los funcionarios públicos, que no cumplen sus deberes"; precisándose además que ella podía exigirse de oficio o a instancia de parte85. Se establecía con minuciosidad el procedimiento para juzgar a los magistrados de la Corte Suprema, tema al que se consagra el capítulo segundo del título en mención. Los jueces supremos tenían derecho al antejuicio constitucional: la Cámara de Representantes formalizaba la acusación, en tanto que el Senado declaraba si hay lugar a la formación de causa (artículos 1.277 - 1.285). Si el Senado declarase que hay lugar a la formación de causa por delito que mereciera pena corporal, el Código establecía que "será preso inmediatamente el acusado en el edificio de la Corte Suprema, y [quedará] suspenso de su empleo" (art. 1.287), constituyéndose el presidente del Senado en las funciones de juez instructor, y aplicándose el procedimiento de los juicios criminales ordinarios (art. 1.289). Otro aspecto interesante es que los bienes de los magistrados supremos, y la tercera parte de su sueldo, serían gravados con hipoteca legal, a fin de garantizar los daños y perjuicios a que hubiere lugar (art. 1.314). Asombra que el tratamiento legal de la responsabilidad sea tan detallista, lo que revela un propósito de vigilancia sobre la conducta de los magistrados. Las disposiciones procesales concuerdan con lo estipulado en el Código Penal en cuanto regula el delito de prevaricato de un modo draconiano. En efecto, el artículo 344 del Código Penal estaba previsto que: "Comete prevaricación todo funcionario público que en el ejercicio de sus funciones procede contra las leyes, ya sea haciendo lo que ellas prohiben expresa y terminantemente o dejando de hacer lo que ordenan del mismo modo, por interés personal o por soborno, o por afecto o desafecto a alguna persona o corporación, o en perjuicio de la causa pública o de tercero interesado. Los prevaricadores perderán sus empleos, sueldos y honor, y no podrán obtener cargo alguno, sin perjuicio de sufrir otras penas que merezcan por otros delitos que cometan en la prevaricación".

Cabe señalar que el artículo 1.329 del Código de Procedimientos negaba a los procesados en las causas penales de prevaricato la utilización de recursos impugnatorios, privándoles, en consecuencia, de modo automático de sus empleos, honores y sueldos. A su vez el Código Penal, en el artículo 345, traía sanciones infamantes, tenebrosas y desproporcionadas86. La magistratura no se cruzó de brazos. Ante la dureza de esas medidas, la Corte Superior de Lima cursó un oficio a la Corte Suprema mediante el que se solicitaba que intercediera ante el Supremo Gobierno a favor de "la reforma o suspensión de los artículos 1.329 del Código de Procedimientos, y del artículo 344 del Código Penal, reducidos a negar toda apelación o reclamo de la responsabilidad a los jueces incursos"87. Recién ahora se comprende la odiosidad de los jueces peruanos frente a los códigos confederados, no por mero nacionalismo, sino también por la drasticidad de las sanciones a que se hallaban sometidos, cualquiera fuera su rango, ya se tratase de vocales superiores, jueces de letras o funcionarios públicos. La dureza de los apremios y el rigor del procedimiento criminal ordinario se presentaban tan vejatorios de la majestad de la judicatura que inclusive a los encausados se les impedía "estar en el lugar en que se practique la instrucción, ni a seis leguas en contorno" (art. 1.322). Por añadidura, para facilitar la investigación, se les prohibe a los jueces o funcionarios procesados por prevaricato salir hasta por quince días (artículos 1.321 y 1.322), rasgo éste que son semejantes al juicio de residencia. Por otro lado, desde la notificación del auto, se estipula que el magistrado o funcionario quedará suspenso del ejercicio de sus funciones, sin más derecho que a medio sueldo del que percibía (art. 1.323). Los tribunales competentes para los casos de responsabilidad eran la Cámara de Senadores; la Corte Suprema; las Cortes Superiores; los Jueces de Letras (art. 1.271), según el rango del juez o funcionario público.

Las Cortes no permanecieron impasibles ante la actividad legislativa del régimen. Así, Justo Figuerola, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Nor-Peruano, con fecha 27 de octubre de 1836, remite al Ministro de Justicia una lista de observaciones a varios artículos del Reglamento Orgánico de Tribunales y Juzgados del Estado Sud-Peruano88. Además de Figuerola, firman el informe Manuel Lorenzo de Vidaurre, Mariano Álvarez, Evaristo Gómez Sánchez, Nicolás Araníbar, Santiago Corbalán y Felipe Santiago Estenós. En un estilo respetuoso pero firme, se lee en el documento: "El reglamento citado, es obra, fruto del estudio de las leyes, y de la práctica de la jurisprudencia. A pesar de esto; y de que en la legislación debe haber unidad, que es la que produce y mantiene el orden, y convenir a los pueblos que viven bajo de un mismo gobierno, tengan una ley, unas mismas costumbres y administración tan bello sistema de unidad, debe variar en punto a organización de tribunales, según la extensión del territorio, población y otras circunstancias que concurran. Guiándose de estos principios se propone la reforma de los artículos siguientes"89.

Desfilan luego varias observaciones, entre las que sobresale el reparo formulado al artículo 3º, que especificaba la organización de los juzgados y tribunales de la República. Los vocales supremos exigen que en el organigrama se incluya también a los juzgados de aguas, cofradías y a la institución del Protomedicato. "Las ventajas que ofrece el Juzgado de Aguas a la agricultura -afirman- son notorias; las cofradías presentan abusos, que deberá reformar el juez; el público las recibe bien, y cuentan con este recurso los miserables en sus angustias y estrecheces. El Protomedicato debe restablecerse para remediar los abusos perniciosos, que a la sombra de la libertad de industrias se observan en una profesión científica"90. Siguen a continuación otras observaciones de carácter procesal: el número de magistrados para pronunciarse cuando no haya mayoría; la conformación de salas independientes en la Corte Suprema con miembros que únicamente pertenezcan a una sala y no a más de una; la necesidad de que existan más jueces en Lima; la inconveniencia para que los vocales de la Suprema trabajen los días feriados para el despacho de causas criminales muy urgentes a juicio de la Sala; la pertinencia que los abogados hablen después que los fiscales en los juicios penales, "porque en la realidad es un privilegio hablar después que antes, puesto que quien habla después rebate al que habló antes, y así siendo por derecho, más privilegiada la causa del reo, éste es quien habla después". Plantean, así mismo que no se estipule que los procuradores se retiren a los sesenta años91.

Otra fuente de malestar judicial -más elocuente aún que el nacionalismo peruano y que la represión penal- era la falta de pago de los haberes de los magistrados y del personal administrativo a su servicio. Los problemas fiscales del régimen santacrucino debieron ser tan graves que durante meses los servidores públicos se hallaban impagos. Evidencia muy bien el estado de ánimo una carta dirigida a Santa Cruz por Manuel Lorenzo de Vidaurre, entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia. En su estilo tan característico, Vidaurre señalaba que: "si faltando los pagos respectivos a los meses de abril, mayo y junio guardase esta Corte Suprema silencio sobre el estado de angustia, desaliento y cuasi desesperación en que nos constituyen las miserias; el público creería que nuestras indigencias eran aparentes, y que para cubrir necesidades diarias, ocurríamos a medios criminales e infames. El mismo Supremo Gobierno formaríase ese concepto. Un marido que suspendiese a su mujer alimentos y que sin solicitarle ésta la única mano que debía contribuirle continuase quieta, sin exigirle los socorros a que estaba obligado por la naturaleza y por la ley; no sospecharía, sino creerlo que ella era infiel a los sagrados votos del matrimonio. No hay duda: sustentarse es indispensable. O esto ha de hacerse por caminos rectos y legales, o por los viles y prohibidos [...]. Si no se pagan las tropas no hay ejércitos; si no se pagan a los tribunales no hay seguridad interior"92.

Ante la derogatoria de los códigos santacrucinos, el Perú habría de aguardar quince años más para contar con cuerpos civiles, penales y de procedimientos. Los operadores del Derecho veían en estos códigos un agregado artificial a la organización social de la época, por lo mismo que no constituían un producto cabal del proceso político y constitucional y porque se apartaban, aunque no totalmente, de la tradición jurídica hispánica. La codificación santacrucina, que representaba un avance sin igual en técnica legislativa y certeza jurídica frente a la intrincada legislación española, hizo patente la necesidad de premunirse de un código, acelerando la dación de un texto que fuera esta vez el resultado, siquiera parcial, de las condiciones sociales e institucionales del Perú de entonces. Luego de ocurrida la derogatoria de los códigos parece haberse instalado efectivamente la desazón entre jueces y magistrados. Una comunicación del Prefecto de Arequipa, Pedro José de Gamio, a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de dicha ciudad, fechada el 3 de marzo de 183993, con rúbrica y autoría de Andrés Martínez, secretario del prefecto y futuro codificador, se refiere a "las dudas y tropiezos" en la administración de justicia que ha ocasionado la derogación de los textos de la Confederación. Para evitar que los jueces "obren según sus opiniones y juicio privado", el prefecto Gamio recomendaba "ocurrir a los principios generales de la legislación universal y común", y sugería dos comunicaciones, que equivaldrían a una suerte de disposiciones transitorias: "1°. Que todos los juicios o pleytos pendientes, que se hayan iniciado con arreglo al Código de Procedimientos, y que se halle contestada la demanda sean substanciados y fenecidos en la instancia pendiente con arreglo a él; y que en las instancias o recursos subsiguientes se arreglen los jueces y tribunales a la legislación anterior a su publicación. 2°. Que los contratos públicos o privados y todos los demás actos civiles que fueron celebrados con arreglo a lo mandado o dispuesto en el Código Civil, sean examinados y juzgados estrictamente con arreglo a las leyes que los motivaron y a que tuvieran que sujetarse por necesidad los contratantes"94. Concluía Gamio: "Proceder de otro modo sería alterar los principios inmutables de justicia". Además de la escasa familiaridad de los actores del foro con los nuevas herramientas que se les había brindado, concurrieron al desprestigio de los códigos santacrucinos una serie de decisiones gubernativas poco felices, como el haber llevado a cabo una guerra sangrienta contra los adversarios, cuando lo más inteligente hubiera sido mostrar benevolencia con los vencidos. Las ejecuciones sumarias -de las que Salaverry, fusilado en Arequipa, fue una víctima emblemática, no obstante sus propios arrestos violentistas, que proclamaban la "guerra a muerte" contra el invasor- despertaron una conciencia nacional hasta entonces no muy definida. La ausencia de una voluntad política, tardíamente manifestada, que pusiera la discusión de los códigos en manos del Congreso peruano y de los tribunales de la República, en lugar de restañar las heridas dejadas por la guerra las ahondaban. A esos eventos, ya de por sí graves, se sumaban curiosas y hasta cómicas contradicciones. Así, el Código de Procedimientos, que había sancionado -bajo una obvia animadversión popular- la prisión por deudas, fue modificado por decreto del 16 de enero de 1836, bajo el siguiente tenor: "Con el objeto de evitar dudas y demoras en la administración de justicia, ofíciese por el Ministerio del Interior a la Corte Suprema, para que prevenga al Tribunal y juzgados de su dependencia, que la prisión por deudas dispuesta en el Código de Procedimientos, sólo tendrá lugar en las que se contrajeron y causaren después del primero de enero, en que empezaron a regir los Códigos; y que en cuanto a las contraídas anteriormente, procedan según las leyes que regían a la fecha en que se otorgaron los instrumentos o pagarés, cuyo pago se demande"95.

Otro caso curioso tuvo lugar cuando un decreto del 4 de febrero de 1837 dispuso que "en consideración a las dificultades que presenta a los doctores en medicina extranjeros la observancia del artículo del Código Civil, por el cual se les prescribe la obligación de recetar en latín, se resuelve: que pueden usar de dos recetas, una en latín, y otra en castellano; absteniéndose en todo caso de cualquiera clase de abreviaturas"96. Ocurre que la supuesta disposición no estaba contenida en el Código Civil, sino en el Código Penal. Más aún, el artículo 267 de este último cuerpo legislativo en realidad prescribía: "El médico o cirujano que despache receta en otro idioma que no sea el castellano, y sin los demás requisitos que previenen los reglamentos de policía, pagará una multa de diez a cincuenta pesos"97. En consecuencia, el uso del latín para las prescripciones médicas, practicado por costumbre inmemorial, no estaba incluido ni en el Código Penal y mucho menos en el Código Civil. El ministro José María Galdiano (Lima, 1780 - 1863), antiguo oidor, vocal supremo y miembro del Consejo de Estado constituido por Salaverry, mas luego ministro del Estado Nor-Peruano, evidentemente no estaba al tanto de lo que legislaba.

5. EL PRECOZ CREPÚSCULO DE LOS CÓDIGOS SANTACRUCINOS

La existencia legislativa de los Códigos confederados fue, pese a los mejores auspicios, efímera. Puestos en vigencia el primer día del año de 1837, el propio Santa Cruz recortaría progresivamente sus áreas de incidencia. Hay evidencias de que los códigos de Santa Cruz no fueron recibidos con beneplácito por los hombres del foro y de la magistratura en el Perú. Así, cuando cesó la intervención y las fuerzas de la Confederación se batían en retirada, el presidente provisorio y aliado de la víspera, Luis José Orbegoso, por decreto del 31 de julio de 1838, se apresuraba a declararlos "insubsistentes e inobservables", restableciendo inmediatamente la legislación colonial. De acuerdo con la parte considerativa de dicho decreto: "la opinión pública se ha pronunciado abiertamente contra los códigos promulgados en noviembre de 1836, no menos que los embarazos que ha tocado en su observancia la administración de justicia". Agregaba a renglón seguido que "sólo a la representación nacional compete el sacrosanto derecho de dar leyes a los pueblos"98. Al parecer, contra la vigencia de los códigos "bolivianos" se desató la odiosidad de magistrados y abogados, pues consideraban su concesión forzosa no sólo como ultraje a la dignidad nacional y a las atribuciones soberanas del Parlamento, sino como un efectivo instrumento de venganza política.

La codificación civil santacrucina, no obstante su corta vigencia legislativa y su relativa eficacia real, estaba dotada de una rica fuerza teórica. Los códigos básicos constituían el feliz desenlace del movimiento jurídico ilustrado. Tarde o temprano asomaban como la mejor opción legislativa. En ese sentido, la derogatoria de los códigos confederados desde el punto de vista técnico constituía un paso atrás, que dejaba traslucir dramáticamente la urgencia de los códigos básicos. Los mismos códigos de Santa Cruz, despreciados como obra legislativa de un dictador extranjero, no tardarían de ser una que otra vez invocados por abogados y jueces, cuando determinadas situaciones legales ofrecían una gran incertidumbre. Este era el caso, por ejemplo, de la herencia legal ab intestato de los parientes colaterales, cuya determinación recién sería determinada con claridad por los códigos civiles del Protector boliviano, que fijaba el orden sucesorio hasta el cuarto grado de consanguinidad. Antes de la dación de dichos códigos, campeaba en la práctica de los tribunales un absoluto caos, puesto que se sostenían hasta cuatro posiciones. Para la primera postura, que seguía la tradición hispana de las Siete Partidas, la herencia legal de los parientes colaterales tenía por límite el décimo grado (ley 6, título 13, partida 6ª). La segunda postura consideraba que, conforme al real decreto de 1785, recogido en la Novísima Recopilación (párrafo 7, ley 6, título 22, libro 10º), la sucesión legal de los colaterales no pasaba del cuarto grado de los primos hermanos. Varios autores españoles, entre ellos Florencio García Goyena, se adhirieron a este punto de vista99. La tercera postura estimaba que el cuarto grado consignado en la Novísima Recopilación debía entenderse como cuarto grado, no del derecho civil, sino del derecho canónico, con cual se incrementaba un grado más para abarcar a los llamados "tíos y sobrinos segundos". Sólo después heredaría el Estado. Por ultimo, la cuarta postura, auspiciada por los comentaristas nacionales del Manual del abogado americano, de Juan Eugenio de Ochoa, opinaba que los bienes debían pasar al fisco "cuando se halle totalmente estinguida la familia del difunto"100. Al plegarse los códigos santacrucinos a la segunda posición (artículos 517 y 623), más acordes con el espíritu de la Novísima Recopilación culminaba, siquiera transitoriamente un grave problema interpretativo en sede doctrinaria y práctica. Suspendidos y abrogados los códigos, la incertidumbre renacía. No era raro entonces que los códigos derogados fuesen invocados, por lo menos cuando se trataba de llamar en auxilio de esta postura, que, interesaba directamente al fisco y a herederos que no estaban dispuestos a compartir la masa hereditaria con los parientes más lejanos.

La autoridad científica y la relativa fuerza obligatoria de los códigos de Santa Cruz, producida su formal derogación, está ampliamente documentada. En la folletería forense y en los expedientes judiciales de la época abundan citas en torno a los dispositivos de aquellos códigos. Sucede que más allá del rechazo político que inspiraban, era evidente que su progreso técnico frente a la intrincada legislación colonial, suscitase si no simpatía, por lo menos una inevitable coincidencia. De allí que sean más usuales las referencias a los Códigos de la Confederación Perú-boliviana, curiosamente, cuando ya no estaban vigentes en términos legislativos. Esta rara forma de vigencia ultra temporis resultaba más acusada tratándose de la legislación procesal. La reforma en el terreno adjetivo debió haber sido tan grande y descalabrante, que sus trazas subsistían abolidos como estaban los códigos confederados. Las alusiones a los Códigos civiles de 1836, aunque sustancialmente menores, también se daban con cierta frecuencia. Así, en un expediente judicial tramitado el año de 1849, en el que se discutía el grado de sucesión ab intestato en línea colateral, no se dudó en recurrir al artículo 623 del Código Civil del Estado Nor-peruano para asegurarse un fallo favorable. Por lo demás, la labor codificadora santacrucina conocería epígonos fuera de su área de vigencia. Así, según las indagaciones de Alejandro Guzmán Brito, el Código Civil Santa Cruz del Estado Nor-peruano inspirará al Código General del Estado en Materia Civil costarricense de 1841101.

Más allá de la efectiva vigencia de los Códigos santacrucinos, de los que, en resumen, podría decirse que rigieron más cuando se derogaron que cuando estaban formalmente promulgados, su revalorización histórica marchó de la mano con la de la Confederación. La historiografía peruana del siglo XIX, como sin duda la chilena, mostró hostilidad hacia el proyecto político de Santa Cruz, y exhibió naturalmente la misma aversión frente a su obra legislativa. En buena cuenta, se redujo el fenómeno confederado a considerarlo como una invasión y como una tiranía. Tal fue la posición, viciada de inquina, que se asumió en la Historia del Perú independiente de Mariano Felipe Paz Soldán102. Un poco menos beligerante hacia Bolivia era la posición defendida en la literatura regional del sur del país. Recién a comienzos del siglo XX, con el surgimiento de un oficio historiográfico más bien interpretativo e integrador, la figura de Santa Cruz y su proyecto político terminaron siendo rescatados. Un papel central en esa misión fue el de José de la Riva-Agüero y Osma, quien en su trabajo La Historia en el Perú de 1910103 emprende la solitaria defensa del personaje y de su obra política y legislativa. Esta revalidación histórica no estaba exenta, sin embargo, de cierto tinte nostálgico y familiar: un ascendiente directo del historiador, José Mariano de la Riva-Agüero y Sánchez Boquete, había participado directamente como colaborador activo de la Confederación. Pero, más allá de los elementos subjetivos, sería injusto atribuir al fundador de la moderna historiografía peruana como único móvil de su postura los vínculos familiares. En realidad, durante el siglo XX, en forma casi unánime, con excepción de Jorge Basadre, la historiografía peruana alzó su voz a favor del proyecto político confederado. Así, las tesis de Mariano Paz Soldán en contra de la Confederación fueron desbaratadas, sobre todo por su marcado carácter pasional104. Un papel crucial en esta nueva comprensión del proceso confederado correspondería a ideólogos de las primeras décadas del siglo XX, como José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre o Víctor Andrés Belaúnde. Luis Alberto Sánchez, sugestionado sin duda por el perfil poético de Salaverry, participa muy discretamente de los ideales integracionistas de Santa Cruz. Sin embargo, un historiador sagaz, como Rubén Vargas Ugarte, no dudó en consagrar a Santa Cruz como "uno de los mejores mandatarios que tuvo el Perú"105.

1 El autor ha dedicado varios trabajos al proceso codificador en América Latina. Véase, en particular, El Código napoleónico y su recepción en América Latina (Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997);         [ Links ] y más recientemente, la Historia del Derecho civil peruano, tomo I: El orbe jurídico ilustrado y Manuel Lorenzo de Vidaurre (Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000).         [ Links ] El tomo II, en torno a la codificación decimonónica en el Perú, está en curso de publicación.

2 Sobre la vida y actividad política de Santa Cruz, véase los clásicos textos de Alfonso Crespo, Santa Cruz, el cóndor indio (Fondo de Cultura Económica, México, 1944);         [ Links ] y de Oscar de Santa Cruz, El general Andrés de Santa-Cruz. Gran Mariscal de Zepita y el Gran Perú. Documentos históricos recopilados (La Paz, Escuela Tipográfica Salesiana, 1924).         [ Links ] Entre la producción historiográfica boliviana en torno a la Confederación puede consultarse el trabajo compilatorio preparado por iniciativa del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de La Paz, La vida y obra del Mariscal Andrés de Santa Cruz (La Paz, Biblioteca Paceña, 1976), 3 volúmenes;         [ Links ] el texto de Philip T. Parkerson, Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú-Boliviana (1835 - 1839) (La Paz: Lib. Ed. Juventud, 1984);         [ Links ] y, más recientemente, el libro de Roberto Querejazu Calvo, Andrés de Santa Cruz: su vida y obra (La Paz, Lib. Ed. Juventud, 1992).         [ Links ]

3 Lucas Huerta Mercado, Formulario de los juicios criminales, ordinario y sumario, escrito con arreglo a las formas prescritas en el Código de Procedimientos Santa Cruz (Cuzco, 1837).         [ Links ]

4 Lucas Huerta Mercado, Método de sustanciar los juicios de capellanías con arreglo á las formas establecidas por el Código de Procedimientos Santa-Cruz, con una brevísima esposición del supremo decreto de veinte y nueve de agosto de ochocientos treinta y seis, compuesto por el D.D. [...], para sub-prefectos, administradores de beneficencia, ajentes fiscales, abogados, escribanos y procuradores (Cuzco, Imprenta Literaria, por J. Bautista Santa Cruz, 1837), Folleto en 4° de 26 páginas.         [ Links ]

5 Lucas Huerta Mercado, Lecciones de Religión y de Moral extractadas de autores clásicos (Arequipa, 1840).         [ Links ]

6 Folleto de 15 páginas publicado en Arequipa, en la Imprenta del Gobierno, por Pedro Benavides, 1839.

7 Folleto publicado en Arequipa en la Imprenta de Anselmo Valdés, en 1839.

8 Un breve trazo biográfico sobre este raro personaje ha sido trazado por Estuardo Núñez, Semblanza de José Palacios, abogado, jurista y hombre de letras, en Revista del Foro, Año LIX, N.os. 1, 2 y 3 (enero - diciembre de 1972), pp. 17 - 37.         [ Links ]

9 Ib., p. 23.

10 Museo Erudito, o periódico histórico, literario y moral (Cuzco, Imprenta Literaria, por Juan Bautista Santa Cruz, 1837 - 1839),         [ Links ] Biblioteca Nacional del Perú, Sala Alberto Tauro, signatura XP / 985.052 / M9. El programa ilustrado que se plantea El Museo Erudito consistía en evitar que "el error y la ignorancia se enseñoreen sobre la verdad", despejando "la tiranía mental en que ha nacido y vivido el Cuzco". Vid. Jurisprudencia. Discurso pronunciado por el abogado José Palacios en la Corte de Justicia, en contestación a la Manifestación en derecho dada por el arcediano D. D. J. M. Becerra sobre derecho posesorio a las tierras y aguas de Dale-Fuego, en Museo Erudito, Nº 8, 1° de julio de 1837,         [ Links ] Discurso Preliminar. En torno a esa causa se conserva un folleto, Manifestación que hace el procurador D. Pedro José Caller de la justicia que asiste a su cliente el S. Arcediano D. D. Juan Becerra, en la causa que sigue con D. Mariano Galdo sobre el derecho de posesión á las tierras y aguas nombradas Dale-Fuego y Checcollounu pertenecientes á la hacienda de Puquin. Contestación al libelo infamatorio que con el título de Informe en Derecho ha dado á la prensa el abogado del segundo, Bachiller José Palacios (Cuzco, Imprenta Libre, por Pedro Evaristo González, s. f.).

11 José Palacios, Discurso sobre los abusos en la práctica de los procedimientos del foro, por el abogado [...]. Dedicado al Exmo. Señor Protector Supremo del Estado Sud-Peruano, Capitán Jeneral, Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz (Cuzco, Imprenta Libre, por Pedro Evaristo González, 1836), Folleto en 4° de 22 páginas.         [ Links ]

12 El Museo Erudito en sus N.os. 10, 11 y 12, de 1837; y el número 21, de 1839, da a luz un largo artículo de José Palacios titulado precisamente Noticia sobre la vida y los escritos de Voltaire.         [ Links ] La fruición intelectual por los ilustrados acusa la filiación cultural e ideológica del autor. Esa misma inclinación se advertirá en sus Discursos sobre la Literatura en general, y la Poesía, la Epopeya y la Tragedia en particular (Cuzco, Imprenta de la Beneficencia, por Pedro Evaristo González, 1839);         [ Links ] y sobre todo en la traducción de una pieza de Voltaire, Mahoma, o el fanatismo, [...] , traducida al castellano por J. P. (Cuzco, Imprenta de la Libertad, por Juan Bautista Santa Cruz, 1840).         [ Links ]

13 Museo Erudito, tomo I, Nº 1, pp. 5 y 6, 15 de marzo de 1837: Abogados: necesidad que tienen de cultivar la retórica y oratoria.         [ Links ]

14 Estuardo Núñez minimiza las simpatías políticas de Palacios por Santa Cruz y la Confederación, cuando en realidad esta cercanía constituye un aspecto crucial de su Discurso. Incluso Núñez sostiene que Palacios repudia la implantación de los códigos santacrucinos, pero, atendiendo a las fuentes, resulta que de la adopción de éstos proviene precisamente su entusiasmo. Vid. Estuardo Núñez, Semblanza de José Palacios, jurista y hombre de letras, op. cit. (n. 8), p. 32.         [ Links ]

15 Museo Erudito, Cuzco, 1° de julio de 1837. tomo I, p. 12, Jurisprudencia. Discurso pronunciado por J. P.         [ Links ]

16 Entre setiembre y diciembre de 1840, en La Libertad Restaurada fueron publicados artículos suyos sobre Literatura antigua, La Libertad, El Siglo de las Luces y Los Viajes de los Misioneros en el Apurímac.

17 Véase sobre el particular las indicaciones -más bibliográficas que documentales- de Jorge Basadre G., en su Introducción a las bases documentales para la Historia de la República del Perú con algunas reflexiones (Lima, Ediciones P.L.V., 1971), tomo I, pp. 242 - 271.         [ Links ] También se revisaron los elencos de folletería judicial de la Biblioteca de Félix Denegri Luna, de la Sala Alberto Tauro de la Biblioteca Nacional del Perú y la colección particular del autor. Las referencias a los códigos civiles de Santa Cruz como legislación positiva es nula.

18 Pieza suelta de la sección P.J. del Archivo General de la Nación (sin clasificar y sin nomenclatura).

19 Ib.

20 Decreto del 26 de octubre de 1826, en Mariano Santos de Quirós, Colección de leyes, decretos y órdenes (Lima, Imprenta de José Masías, 1841), tomo II, pp. 331 - 333.         [ Links ]

21 Ib., artículo 7.

22 Ley del 13 de noviembre de 1829.

23 Decreto del 11 de agosto de 1835, en Juan Oviedo, Colección de leyes, decretos y órdenes publicadas en el Perú desde el año de 1821 hasta 31 de diciembre de 1859 (Lima, Felipe Bailly, editor, 1862), tomo IX, p. 120.         [ Links ]

24 Decreto del Protector del 9 de diciembre de 1836, en Mariano Santos de Quirós, Colección de leyes, decretos y órdenes, op. cit. (n. 20), tomo V, pp. 449 - 453.         [ Links ]

25 Ib., artículo 34.

26 Carta de Manuel Lorenzo de Vidaurre a Andrés Santa Cruz, del 3 de febrero de 1837. Reproducida en Rubén Vargas Ugarte, Historia general del Perú (Lima, Carlos Milla Batres, 1971), tomo VIII, pp. 295 - 297, Documento Nº 1.         [ Links ]

27 Jorge Basadre Grohmann, Historia del Derecho peruano (Lima, Edigraf, s. f. [1937]).

28 Francisco García Calderón Landa, Diccionario de Legislación peruana (2ª edición, París, Librería de Laroque Jeune, 1879), tomo I, p. 414.         [ Links ]

29 Ib.

30 Jorge Basadre Ayulo, Historia del Derecho (Lima, Fundación M. J. Bustamante de la Fuente, 1994), p. 393.         [ Links ]

31 Vid. Fernán Altuve-Febres Lores, Las Constituciones de Santa Cruz, en Ius et Praxis, Nº 28 (Lima, 1998).         [ Links ]

32 Luis Monguió, Don José Joaquín de Mora y el Perú del Ochocientos (Biblioteca de Erudición y Crítica, dirigida por don Antonio Rodríguez Moñino, Madrid, Editorial Castalia, 1967).         [ Links ] El trabajo destaca sobre todo la contribución literaria de Mora como versificador eximio y hábil conocedor de la métrica, pero trae también rica información sobre su estancia en Lima. Sobre el personaje y su contexto intelectual véase también el libro de Vicente Llorens Castillo, Liberales y románticos. (México: El Colegio de México, 1954).         [ Links ]

33 Estuardo Núñez, José Joaquín de Mora, en Biblioteca Hombres del Perú (4ª serie, tomo XXXVI, Lima, Editorial Universitaria, 1966), pp. 5 - 6.         [ Links ]

34 Ib., p. 7.

35 Ib., pp. 9 - 11.

36 Ib., pp. 12 - 13.

37 Vid. José Joaquín de Mora. Catecismo de geografía, o Introducción al conocimiento del mundo y de sus habitantes. La publica R. Ackermann (Cuzco, 1826).         [ Links ]

38 Sobre la estancia de Mora en Chile, véase el libro de Miguel Luis Amunátegui, Don José Joaquín de Mora. Apuntes biográficos (Santiago de Chile: Imprenta Nacional, 1888).         [ Links ]

39 José Joaquín de Mora, Curso de Derechos del Liceo de Chile, por [...], Director de aquel establecimiento, tomo I: Derecho Natural y Derecho de Jentes (Santiago de Chile: Imprenta Republicana, 1830). Solamente fue editado el tomo I, mas no la continuación, dedicada sin duda al derecho romano. El Curso de Derechos de 1830 contará con una versión paceña, por la Imprenta del Pueblo, 1849. Años después, en Cochabamba, aparecerá bajo el nombre de Mora un Curso de Derecho Romano, estractado de la famosa obra de Heinecio [...]. Texto adoptado por las tres Universidades de la República para la enseñanza del derecho romano (Cochabamba, Tipografía de Gutiérrez, 1865).

40 Vid. Alamiro de Ávila Martel, Bello y el derecho romano, en VV. AA., Estudios sobre la vida y obra de don Andrés Bello (Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1973),         [ Links ] p. 85. El profesor De Ávila no precisa la fuente de esta información.

41 Ricardo Donoso, J. J. de Mora y la Constitución chilena de 1828, en Cuadernos Americanos, México, julio - agosto, 1958.         [ Links ]

42 Jorge Basadre G., Historia de la República del Perú (1822 - 1933) (7ª edición, Lima, Editorial Universitaria, 1983), tomo II, p. 311.         [ Links ]

43 Alamiro de Ávila Martel, Bello y el derecho romano, op. cit. (n. 40), p. 84.         [ Links ]

44 Bolívar dispuso que en una de las casas que fueron de la Inquisición funcionase el Ateneo del Perú. En una nota de pie de página, el compilador Quirós señala que esta norma "no ha tenido efecto". Vid. Mariano Santos de Quirós, Colección de leyes, decretos y órdenes, op. cit. (n. 20), tomo II, p. 244.         [ Links ] También reproducido en Juan Oviedo, Colección de leyes, decretos y órdenes, op. cit. (n. 23), tomo IX, p. 85.         [ Links ]

45 Ib.

46 Luis Monguió, Don José Joaquín de Mora y el Perú del Ochocientos, op. cit. (n. 32), p. 123.         [ Links ]

47 Ib., p. 122.

48 Estuardo Núñez, Don José Joaquín de Mora en el Perú, Separata del Boletín Bibliográfico Nº XXXIII (Lima: Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1961).         [ Links ]

49 Jorge Basadre G., Historia de la República del Perú, op. cit. (n. 42), tomo II, p. 311.         [ Links ]

50 Luis Monguió, Don José Joaquín de Mora y el Perú del Ochocientos, op. cit. (n. 32), pp. 134 - 135.         [ Links ]

51 Cfr. las cartas a Santa Cruz del 3 de abril de 1832 y del 3 de noviembre de 1833, insertas en el trabajo de Estuardo Núñez, Don José Joaquín de Mora en el Perú, op. cit. (n. 48).         [ Links ]

52 Luis Monguió, Don José Joaquín de Mora y el Perú del Ochocientos, op. cit. (n. 32), p. 135.         [ Links ]

53 Ib.

54 José Joaquín de Mora, Cursos de lójica y ética, según la escuela de Edimburgo (Lima, Imprenta de José Masías, 1832), 70 pp.         [ Links ] Se conocen varias reediciones posteriores: Elementos de lógica, escritos por [...], según la escuela de Edimburgo. Sucre: Imprenta del Congreso, 1840; Curso de lójica (La Paz: Imprenta Paceña, 1846);         [ Links ] y Curso de Etica, según la escuela de Edimburgo (La Paz: Imprenta Paceña, 1846).         [ Links ]

55 Luis Monguió, Don José Joaquín de Mora y el Perú del Ochocientos, op. cit. (n. 32), pp. 135 - 136.         [ Links ]

56 El Telégrafo de Lima, N° 141, del 23 de noviembre de 1832.         [ Links ]

57 Los redactores de esos diarios se escondían en el anonimato, pero es probable que detrás de las críticas se confundieran tradicionalistas, adversarios ocasionales de Gamarra, y hasta liberales recalcitrantes como Gonzales Vigil. Véase al respecto las colecciones hemerográficas de la Biblioteca Nacional del Perú.

58 La Miscelánea, N° 716, 27 de noviembre de 1832.         [ Links ] Ataques semejantes se reproducen en el número 935, del 6 de setiembre de 1833.

59 Véase El Mercurio Peruano del 17 y 26 de octubre de 1832, y 16, 17 y 19 de noviembre del mismo año.         [ Links ]

60 Anónimo publicado en Lima, en la Imprenta Accesoria a la Casa de Ejercicios de Santa Rosa, 1833, 42 pp.

61 Carta a Santa Cruz, fechada en Lima, el 3 de abril de 1832. Vid. Estuardo Núñez, José Joaquín de Mora, op. cit. (n. 33), pp. 16 - 17.         [ Links ]

62 Carta a Santa Cruz, fechada en Lima, el 28 de agosto de 1833. Vid. Estuardo Núñez, José Joaquín de Mora, op. cit. (n. 33), pp. 19 - 20.         [ Links ]

63 Carta a Santa Cruz, fechada en Lima, el 20 de marzo de 1833. Vid. Estuardo Núñez, José Joaquín de Mora, op. cit. (n. 33), pp. 20 - 21.         [ Links ]

64 Sobre la presencia de Mora en el país altiplánico, véase Domingo Amunátegui Solar, Mora en Bolivia (Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1897),         [ Links ] y José de Mesa y Teresa Gisbert, José Joaquín de Mora (La Paz: Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, 1965).         [ Links ]

65 José Joaquín de Mora, Curso de Literatura, por [...], catedrático de Literatura en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz de Ayacucho, y Director del Colegio Normal de dicha Ciudad. Tomo I: Gramática (La Paz: Imprenta del Colegio de Artes, 1835).         [ Links ]

66 La Biblioteca Nacional del Perú custodia un ejemplar de la edición boliviana, del año de 1849, por la Imprenta del Pueblo de La Paz.

67 Cfr. José Joaquín de Mora, Compendio de Gramática Castellana, estractada de la Gramática Jeneral, compuesta por [...], para el uso de la juventud estudiosa, por un profesor de colejio de externos de esta ciudad (La Paz: Imprenta Paceña, por el C. Manuel Hurtado, 1850);         [ Links ] Colección de sinónimos de la Lengua Castellana, por D. [...], Individuo de la Real Academia Española. Publicado por acuerdo de la misma Academia (Tacna, Imprenta de El Progreso, 1871).         [ Links ]

68 Valdivia, en sus Memorias, refiere que en Arequipa, poco después de la derrota de Salaverry, encontró a Mora junto a Santa Cruz, discutiendo en torno a un mapa del Perú sobre el alcance que tendría la intervención boliviana en el país. Santa Cruz prefería limitarse a los departamentos del Sur, por su cercanía geográfica y cultural. Señalando en el mapa el río Apurímac, dijo: "presagio que si paso de este punto me pierdo", y luego, volviéndose a Mora, le preguntó: "¿Qué opina Usted definitivamente?". El consejero responde: "Que todo o nada". Entonces Santa Cruz, reflexiona un momento y decide: "Pues vaya Usted a poner las notas acordadas, y mándelas para que las firme". Vid. Juan Gualberto Valdivia, Memorias sobre las revoluciones de Arequipa, cap. VI.         [ Links ]

69 Estuardo Núñez, José Joaquín de Mora, op. cit. (n. 33), p. 24.         [ Links ]

70 El Eco del Protectorado, en su edición número 50, del miércoles 8 de febrero de 1837, publicaba este aviso: "José Joaquín de Mora se despide de sus amigos y esperará sus órdenes en cualquier parte que se encuentre"         [ Links ]. Años después, en España, Mora sería designado como Cónsul General ante el gobierno británico, viajando a Londres a mediados de 1850. Vid. El Comercio, del 10 de agosto de 1850.         [ Links ]

71 Vid. Hugo Hanisch Espíndola, El Derecho romano en el pensamiento y en la docencia de don Andrés Bello, en Diritto Romano, codificazioni e unità del sistema giuridico latinoamericano, en Studi Sassaresi 5 (Milán: Giuffrè, 1981), pp. 21 - 116.         [ Links ] Publicado también en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Valparaíso, Nº 8 (1983), pp. 149 - 231.         [ Links ]

72 J. V. Lastarria, Recuerdos literarios, citado por Hugo Hanisch Espíndola, op. cit. (n. 71).

73 Sobre Arnold Vinnius, véase Michael Stolleis, Juristen. Ein Biographisches Lexikon (Munich: C.H. Beck, 1995), pp. 638 - 639.

74 Sobre Johann Gottlieb Heinecke, Heineccius o Heinecio, véase Gerd Kleinheyer y Jan Schröder, Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten. Eine biographische Einführung in die Geschichte der Rechtswissenschaft (3ª edición. Heidelberg: C.F. Müller Juristischer Verlag, 1989), pp. 342 - 343;         [ Links ] Gerhard Köbler, Lexikon der europäischen Rechts-geschichte (Munich: C. H. Beck, 1997), pp. 227 - 228;         [ Links ] Michael Stolleis, Juristen. Ein Biographisches Lexikon, op. cit. (n. 73), pp. 279 - 280.         [ Links ] Más específicamente, Klaus Luig, Die Anfänge der Wissenschaft vom deutschen Privatrecht, en Ius Commune, Vol. I (Francfort del Meno: Vittorio Klostermann, 1967), pp. 195 y ss.         [ Links ]

75 I. G. Heineccius, Recitationes in Elementa Juris Civilis secundum ordinem Institutionum, juxta editionem Vratislau, anni 1765. Operam tomus V. Genevae, Sumptibus Fratrum de Tournes, MDCCLXVIII, [1768], Proemium, pp. 5 - 6. Véase también la traducción castellana de las Recitaciones por Luis de Collantes y Bustamante (Valencia: Imprenta de Cabrerizo, 1833);         [ Links ] así como la versión parisina de don Vicente Salvá (París, Librería de los SS. Don Vicente Salvá é Hijos, Calle de Lille, Nº 4, 1837).

76 Jorge Basadre G., Historia de la República del Perú, op. cit. (n. 42), tomo II, p. 275.         [ Links ]

77 Luis Alberto Sánchez, La literatura peruana. Derrotero para una historia cultural del Perú (Lima, Ediciones Ediventes, 1965), tomo III, p. 851.         [ Links ]

78 Cfr. Augusto Salazar Bondy, La Filosofía en el Perú (Lima, Editorial Universo S. A., 1967), pp. 52 - 53, 73.         [ Links ]

79 George Campbell, Tratado de la evidencia, escrito en inglés por Jorje Campbell [...]. Traducido al castellano con notas por J.J. de Mora y publicado por el Dr. José Chipoco Rivero (Lima, Imprenta del Comercio, 1846).         [ Links ]

80 Jorge Basadre G., Historia de la República del Perú, op. cit. (n. 42), tomo II, p. 311.         [ Links ]

81 Ib., p. 100, nota. 2.

82 Ib., p. 173.

83 Citado en Valentín Abecia Baldivieso, La obra legislativa del mariscal Santa Cruz, ahora en Bernardino Bravo Lira y Sergio Concha (editores), Codificación y descodificación en Hispanoamérica (Santiago de Chile, Universidad Santo Tomás, s. f. [1998]), tomo I., p. 76.         [ Links ]

84 Quirós, a raíz del decreto del 16 de noviembre de 1838, anota: "Quedaron en suspenso esos decretos el 20 de enero de 1839, en que fue derrotado Santa Cruz en Ancash, y desde ese día volvieron a regir. Todos los actos de Santa Cruz, se dicen declarados nulos en decreto de 26 de setiembre de 1840: los códigos permanecen en suspenso, y permanecerán para siempre en desprecio, como leyes dictadas por un conquistador que holló la constitución y el honor del Perú". Vid. Mariano Santos de Quirós, Colección de leyes, decretos y órdenes, op. cit. (n. 20), tomo V, p. 173, nota 1.         [ Links ]

85 La morosidad era un mal endémico en los tribunales. Según el Vargas Ugarte, la Corte Superior de Lima en los primeros tres meses de gobierno confederado, tramitó sólo 75 expedientes. Buscando remediar la situación, Santa Cruz instalaría al magistrado limeño Julián Piñeiro (Lima, 1792 - 1866), quien adoptaría medidas tan ingratas como controlar la asistencia y puntualidad de los vocales. Según Vargas, el despacho se quintuplicó. "A las once -escribe el historiador jesuita- se pasaba lista y al inasistente se le imponía un descuento en su sueldo. Un vocal de la corte de Arequipa hubo de trasladarse a Lima, pidió sueldo, leguaje y escolta y, una vez pagado, se fingió enfermo. Inmediatamente se declaró vacante la vocalía. Cfr., Rubén Vargas Ugarte, Historia general del Perú, op. cit. (n. 26), tomo VIII, p. 130.         [ Links ]

86 El artículo 345 del Código Penal estipulaba que "Los jueces de Derecho o árbitros prevaricadores, serán condenados además, a oir públicamente la sentencia si hubiesen cometido la prevaricación en causa civil, y si hubiersen prevaricado en causa criminal a igual tiempo de prisión, o la misma pena que injustamente hubiesen hecho sufrir alguna persona".

87 AGN. RJ. Archivo del Ministerio de Justicia. Corte Suprema, Paquete Nº 79, 1837-1841, legajo 79, Nº 39, 1837.

88 Ib., legajo 77, Nº 54, 1836.

89 Ib.

90 Ib. Cabe señalar que el protomédico, en la práctica administrativa colonial y republicana temprana, era el individuo que examinaba y aprobaba a los que se habrían de dedicarse a la carrera de la medicina y de la cirujía. Este cargo se ejerció primero por un solo individuo, después por una junta médica y, posteriormente, por la Facultad de Medicina de la Universidad de Lima. Véase, la voz Protomédico, en el Diccionario de Legislación peruana, de Francisco García Calderón (2ª. Edición. París, Librería de Laroque jeune, 1879), tomo II, p. 1.600.         [ Links ]

91 AGN. RJ. Archivo del Ministerio de Justicia. Corte Suprema. Paquete Nº 79, 1837-1841, legajo 77, Nº 54, 1836.

92 AGN. RJ. Archivo del Ministerio de Justicia. Corte Suprema, Paquete Nº 78, legajo 100, Nº 33. Oficio del 6 de julio de 1838. Vidaurre en otras ocasiones ya había pronunciado contra el recorte de las remuneraciones de los magistrados. Así, en una carta fechada en Lima el 11 de abril de 1836 ataca con dureza a Salaverry, "amente Jefe Supremo", por haber dispuesto la suspensión de los sueldos de los empleados públicos. "Esa fue una lucha -afirma con aspereza, tras la derrota y ejecución de Salaverry- que felizmente concluyó en las cercanías de Arequipa". AGN. RJ, Paquete Nº 78.

93 El Republicano Extraordinario, tomo XIV, N° 6. Arequipa, martes 5 de marzo de 1839: Artículos de oficio.         [ Links ]

94 Ib.

95 Mariano Santos de Quirós, Colección de leyes, decretos y órdenes, op. cit. (n. 20), tomo V, p. 495.         [ Links ]

96 Ib., pp. 508 - 509.

97 Código Penal Santa-Cruz del Estado Nor-Peruano, p. 66.

98 Ib., tomo VI, p. 100.

99 Florencio García Goyena, Febrero, ó Librería de jueces, abogados y escribanos (Madrid, Boix, 1844)., tomo II, pp. 193 - 194.         [ Links ]

100 D. J. E. de O., Manual del abogado americano (Arequipa, Imprenta del Gobierno 1830), tomo I, pp. 216 - 218.         [ Links ]

101 Vid. Alejandro Guzmán Brito, La codificación civil en Iberoamérica (Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2000), pp. 317 - 324.         [ Links ]

102 Mariano Felipe Paz Soldán, Historia del Perú independiente (Lima - El Havre, Imprenta y Estereotipia del autor, por Carlos Paz Soldán - Imprenta de Alfonso Lemale, 1868 - 1874), 3 tomos.         [ Links ] La obra de Paz Soldán fue muy criticada. Francisco Javier Mariátegui escribió en torno a ella unas Anotaciones a la Historia del Perú independiente (Lima, Imprenta de El Nacional, 1869).         [ Links ] El bibliógrafo boliviano Gabriel René Moreno, además de las inexactitudes históricas, le encuentra "prosa neta ninguna, vulgar, aspirante, dañina y comilona" (Biblioteca peruana, tomo I, p. 499).

103 José de la Riva-Agüero y Osma, La Historia en el Perú (2ª edición. Madrid, Maestre, 1956).         [ Links ]

104 Un balance bibliográfico exhaustivo y todavía vigente se encontrará en el trabajo de Raúl Zamalloa, La historiografía peruana ante la Confederación, en Humanidades. Revista de la Facultad de Letras de la Universidad Católica del Perú, N° 2 (Lima, 1968).         [ Links ] Una reconsideración reciente de la Confederación puede verse en Percy Cayo Córdova, Homenaje a don Andrés de Santa Cruz, en Revista Histórica, tomo. XXXVII (1990 - 1992), pp. 233 - 240.         [ Links ]

105 Vid., Rubén Vargas Ugarte, Historia general del Perú, op. cit. (n. 26), p. 134.         [ Links ]

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