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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.26 Valparaíso  2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552004002600001 

Estudios Histórico-Jurídicos 26, 25-39

DERECHO ROMANO

Coexistencia o enfrentamiento entre el Derecho Romano y los Derechos locales de las provincias

 

Alejandro Bancalari Molina

Universidad de Concepción

Universidad del Bío Bío

 


RESUMEN

El artículo tiene como propósitos discutir, sobre todo a partir de la generalización de la ciudadanía romana en el 212 d. C., el problema de si hubo coexistencia entre el derecho romano y los derechos locales de las provincias, o si aquél llegó a ser único, obligatorio e integrador en todo el Imperio, en desmedro de los locales.

Palabras clave: ciudadanía romana, romanización, derechos locales, Constitutio Antoniniana.


ABSTRACT

This article attempts to discuss, especially from the generalization of Roman citizenship in 212 A. D., the issue of whether there was coexistence between the Roman law and the local laws of the provinces or whether the Roman law was the only, mandatory and integrating law throughout the Empire to the detriment of local laws.

Keywords: roman citizenship, romanization, local laws, Constitutio Antoniniana.


 

I. LA PAULATINA EXTENSIÓN DE LA CIUDADANÍA ROMANA Y EL PROBLEMA DE LA SOBREVIVENCIA DE LOS DERECHOS LOCALES

Una de las constantes de la política exterior de la Roma republicana e imperial fue la gradual concesión de la civitas Romana. Plinio Fraccaro, en una conferencia en 1931, afirmó que "la extensión de la ciudadanía romana a toda Italia es el más importante hecho en la historia de la Antigüedad, pues hizo posible el Imperio y la pax Romana"1. Esta aseveración _quizá algo exagerada_ representa, con todo, una de las proyecciones evolutivas de la historia romana.

Desde mediados del siglo II a. C., los socii Populi Romani o aliados latinos e itálicos comienzan a manifestar un interés creciente por la civitas Romana. Para ellos, formar parte del cuerpo jurídico de los cives romanos representaba una igualdad de tratamiento, oportunidad y participación, especialmente en la vida política, económica y social de la República y del Imperio. En ese ambiente fue germinando la denominada "cuestión itálica"2, problema concreto y de largo alcance que llegará a su punto culminante en los convulsionados meses que se extienden entre la primavera y el otoño de 91 a. C.; año decisivo en la historia tardo-republicana de Roma, correspondiente al tribunado de Marco Livio Druso3. Este, con su propuesta legislativa _la rogatio de sociis_, fracasó, puesto que fue asesinado y con ello se dio lugar a la guerra social (91 - 88 a. C.). La solución definitiva fue conseguida con la emisión de la lex Iulia (90 a. C.), que concedió la ciudadanía a todos aquellos latinos e itálicos que no participaron en el conflicto y que depusieron sus armas. Otras dos leyes sucesivas, la lex Plautia Papiria y la lex Calpurnia (89 a. C.), completaron el proceso de concesión generalizada de la civitas Romana a los socii. El resultado fue que todos los habitantes libres de Italia (con la excepción de los de la Galia Cisalpina) se convirtieron en ciudadanos romanos, y la península se unificó jurídicamente en torno al ius Romanum4.

Con el advenimiento de Julio César y Octavio Augusto _los creadores del régimen imperial_, empezó a formalizarse el proceso ya originado en las décadas anteriores, en orden a la concesión de la ciudadanía a las elites locales y a ciertos grupos de provinciales. El emperador Claudio, en el 48 d. C., pronunció un realista discurso5 en el Senado, en el que declaraba que los notables de Autum (Galia) cumplían los requisitos para ser considerados senadores romanos, y con ello impuso en forma radical su punto de vista innovador y, por cierto, progresista y práctico. La oratio principis defendía el derecho de los eduos de formar parte del Senado, y proyectaba una línea política de promoción de los provinciales no sólo a la ciudadanía romana, sino también a los órganos de gobierno6. Más adelante, los emperadores Flavios y, sobre todo, los Antoninos, consecuentes con esta política progresiva de extensión de la civitas Romana, persistieron en tal mecanismo integrador. Hacia mediados del siglo II d. C., más de la mitad de la composición social y jurídica de los senadores era de origen provincial. Por lo mismo, la difusión de la ciudadanía en las provincias significó el ingreso de insignes representantes de las aristocracias locales en los órdenes equestre y senatorial. Con el tiempo, este fenómeno se desarrolló mayoritariamente en las zonas más urbanizadas del Imperio, tanto en occidente como en oriente, y contribuyó de manera relevante a la integración y romanización por los vínculos que esta elite conservaba con sus ciudadanos de origen7.

Por otro lado, fue una tendencia del régimen imperial extender el ordenamiento municipal fuera de Italia, y aplicarlo a muchas comunidades provinciales, como un medio de unión, que fomentaba además la romanización. Gradualmente, los emperadores, en ciertos territorios, concedían colectivamente la ciudadanía a ciudades completas, convirtiéndolas así en municipios. Al mismo tiempo, en el ejército, se otorgaba, de manera individual y automática, la civitas Romana a los legionarios y a los auxiliares no romanos en el momento de licenciarse.

El instante culminante de esta política de ampliación de la ciudadanía se produjo con la constitutio Antoniniana de civitate, del emperador Antonio Caracalla en el 212 d. C.8. Con ella se consiguió la igualdad jurídica de los miembros libres del imperio, con la excepción de los dediticii9, y se produjo la transformación del organismo político ciudadano en otro unitario y universal, con lo que desaparecieron las diferencias entre cives y peregrini. De acuerdo con una de las interpretaciones dadas modernamente al edicto de Caracalla, con él se habría perseguido precisamente la unificación política de todos los habitantes del imperio10.

En tales circunstancias, menester es abordar el tema de una supuesta homogenización jurídica del orbis Romanus entre la época de los Antoninos y Severos. En forma especial, debemos examinar las posturas contrapuestas de los juristas e historiadores acerca de un antes y después de la disposición imperial de Caracalla.

El debate presenta dos tesis antagónicas que comenzaron a exponerse en forma sistemática con los trabajos del gran romanista Theodor Mommsen11 y, particularmente, con Ludwig Mitteis12. Una tesis plantea la persistencia de los derechos locales paralelos al ius Romanum, a partir de la constitución de Caracalla, de modo de darse un fenómeno de coexistencia que puede expresarse bajo la fórmula de un "pluralismo jurídico". La otra tesis defiende que el derecho romano se impuso como único, y válido, obligatorio y oficial para todos los cives del imperio, a pesar de notable resistencia que le opusieron los derechos y tradiciones locales. La naturaleza del problema y la dicotomía entre derecho local y romano, son difíciles de enfrentar en forma uniforme y en absoluto, debido a la gran variedad de ordenamientos jurídicos13 en los inmensos territorios del imperio. Además, estas dos posturas divergentes son demasiado esquemáticas y exclusivistas en sus posiciones.

II. CONVERGENCIA DUAL: DERECHOS LOCALES Y ROMANO

El derecho local, que no es necesariamente derecho indígena14, producto de los procesos colonizadores, de mestizajes y de los constantes desplazamientos de los pueblos, adopta elementos de otras culturas y sobrevive paralelo al derecho romano. La dualidad de los dos derechos aparece en un pasaje de Cicerón15, en el cual muestra, por una parte, la patria natural, o sea, por nacimiento propio y, por otra, la del derecho, por vía de la concesión de la ciudadanía romana, destacando que esta última es considerada la única gran patria; de ahí la teoría de la communis patria Roma16. Se presenta entonces el problema y conflicto entre derecho de origen y el romano.

Uno de los aspectos claves es aclarar si los nomoi locales o provinciales habrían opuesto resistencia al romano, único derecho oficial y obligatorio para todos los cives del imperio con posterioridad al edicto de Caracalla, por cuanto algunos sostienen que persisten los derechos locales después de la constitutio Antoniniana, a través de un complejo de costumbres locales, admitidas de hecho por la autoridad romana. De esta forma, la aparente contradicción entre la fuerza obligatoria del derecho romano y el mantenimiento de los derechos locales se justificaría con la pertenencia a dos colectividades: la ciudad de Roma, es decir, al imperio o al orbis Romanus, y a la ciudad de origen o local. Esto implica e hizo suponer a algunos investigadores que el edicto estipulaba una cláusula que habría permitido a los novi cives conservar inalterados los derechos locales originarios; lo que se traduciría en el principio de la doble ciudadanía para los nuevos ciudadanos. Uno de los estudiosos más representativos de esta postura es Francesco de Martino, quien sostiene que las dos ciudadanías: la romana y la local coexisten a partir de la época de Augusto e incluso con la disposición imperial de 212 d. C.17. Ahora bien, como hemos dicho, la promoción a la civitas era ya un fenómeno gradual, constante y permanente en el período de los Antoninos, por lo mismo, los cives Romani por nacimiento o por naturalización se encontraban en todos los sectores del imperio con antelación al edicto de Caracalla.

Un importante descubrimiento epigráfico de 1957 en las cercanías del foro de Banasa, un pequeño centro de la actual Marruecos, nos trasmite de un expediente, único en su género, compuesto por documentos oficiales18. La Tabula Banasitana que es de bronce, contiene una copia de 3 disposiciones imperiales emanadas entre los años 168 y 177 d. C. de los emperadores Marco Aurelio con Lucio Vero y con Cómodo, en la cual se concedía la ciudadanía a un tal Juliano, jefe de la tribu africana de los Zegrenses, y a algunos miembros de su familia: su mujer, hijos y otros. De algunos de los textos de la Tabula, se puede colegir que se otorga la civitas Romana "sin que ellos (los miembros de la gens Zegrensium) deban renunciar al derecho local"; también se dice en ellos que "concedemos la ciudadanía romana, salvaguardándose el derecho local"19. En el fondo, la relevancia de las inscripciones de Banasa es triple: por un lado reconfirma la política constante de apertura y concesión de la ciudadanía romana; por otro, es un excelente arquetipo como medida integradora y pacificadora en la Mauritania Tingitana; y, en fin, esclarece el espinudo problema, con la cláusula estipulatoria20 "salvo iuris gentis" de la relación y coexistencia entre el ius Romanum y el derecho peregrino de una comunidad local.

La Tabula Banasitana es un óptimo cuadro en la cual se refleja la pluralidad jurídica y un rico ejemplo en la historia de la romanización del alto imperio. La concesión del derecho de ciudadanía no modifica los vínculos del beneficiario con su comunidad de origen. De esta forma, el derecho local privado no era abolido y permanecía con vitalidad y utilidad en la medida en que los nuevos cives lo deseasen21.

Otra famosa inscripción _la lex Irnitana_ encontrada fortuitamente en 1981 en el municipium flavium Irnitanum, ciudad desconocida hasta entonces, en un cerro ubicado a 5 kilómetros de la pequeña localidad de El Saucejo, cercano a Osuna (la antigua Urso en la Bética), publicada en 198622, nos muestra cómo eran los estatutos municipales de aquella provincia organizada por Domiciano, después que su padre Vespasiano, entre el 73 y 74 d. C., otorgara el ius latii23 a la comunidad de Hispania. La datación de la lex es discutida; sin embargo, la mayor parte de los estudiosos la declara posterior al 91 d. C. y anterior al 96, a la muerte de Domiciano. De esta ley municipal, lo que nos interesa por ahora es el capítulo 93, "sobre el derecho de los habitantes"24 y, particularmente, en lo que establece en torno a la validez y sobrevivencia del derecho local, que en caso de conflicto se resuelve por la superioridad del derecho romano. En el fondo, la lex Irnitana coincide en gran medida con los textos de las constituciones anteriores: la Tabula Salpensa (81 d. C.) y de Malaca (84 d. C.)25.

Hispania ha sido considerada el más antiguo laboratorio de romanización desde el 218 a. C. hasta la concesión en masa del ius latii por Vespasiano. Territorio urbanizado con integración de la elite local y romanización progresiva hacen pensar que hacia fines de la primera centuria d. C. el derecho latino era prácticamente equivalente al derecho romano.

Otro expediente de inscripciones (25 documentos) surge de la ciudad-santuario de Afrodisia en Caria (Asia menor). Jurídicamente, Afrodisia poseía un estatuto excepcional a partir de un senatusconsultum del 39 ó 35 a. C., que sancionaba su categoría de ciudad libre. Esta fórmula se mantuvo en el período imperial, y fue ratificada por Adriano, a pesar de la gradual extensión de la civitas Romana y de una cierta integración y homogenización del Imperio.

Entre las inscripciones de Afrodisia26, datadas en torno al 243 d. C., resalta una de un procónsul que manifiesta el temor por su presencia en el lugar, ya que ésta puede contrastar con alguna "ley de vuestra ciudad", o con la decisión del Senado o del príncipe, colocando significativamente las normas locales sobre el mismo plano de las romanas. Por su parte, otra disposición del gobierno de Gordiano, un decreto emanado por el Koinon de Asia, manifestaba que los habitantes de la ciudad de Afrodisia debían obedecer sus propias leyes, pues "nadie podía dar órdenes a quienes gozan de un grado alto de libertad". En el rescripto con que Gordiano responde a Aurelius Epaphras, el mismo príncipe rinde homenaje a la autonomía de Afrodisia: "tu patria", respecto a Roma, "mi patria" y, confirma que sus ciudadanos son libres de usar las propias leyes y los propios tribunales. Así, en calidad de ciudad libre, Afrodisia en sus inscripciones reafirma la tesis de la coexistencia de los derechos locales paralelos al romano. Por cierto, los ciudadanos romanos residentes, ocasionalmente, en las ciudades libres como Afrodisia u otras, debían, en principio, adecuarse y someterse a las leyes locales en sus vínculos administrativos, de acuerdo con su estatuto privilegiado de libertad27.

III. EL DERECHO ROMAMNO COMO ÚNICO

Es opinión generalizada que a la vigilia del edicto de Caracalla la convivencia y aplicación de los dos derechos (romano y local) era una realidad normal dentro del imperio. Sin embargo, con la concesión de la civitas Romana a partir de la constitutio Antoniniana, múltiples estudiosos sostienen que el derecho triunfante como único oficialmente obligatorio para todos los ciudadanos del orbis fue el ius Romanum28. Entre las fuentes y testimonios donde se expresa en forma implícita y, sobre todo, explícita, la superioridad, universalidad y aplicabilidad del derecho romano encontramos los siguientes.

El obispo de Neocesarea en la región del Ponto (centro-norte de Turquía), Gregorio el Taumaturgo, en torno al 238 - 239 d. C., pronunció un discurso en homenaje a su maestro Orígenes, en el cual elogiaba las leyes romanas. Enfatiza las "admirables leyes que actualmente dirigen los asuntos de todos los hombres, bajo el dominio de los romanos; leyes precisas, cautas y maravillosas"29. Ahora bien, el testimonio de Gregorio es categórico; no obstante, no posee la intención de otorgar indicaciones jurídicas precisas sobre el plano técnico. Afirmar que "todo el mundo está sometido a las leyes romanas" puede significar, simplemente, que los romanos gobiernan el mundo y que gracias a ellos existen paz, justicia y bienestar. El autor, además, no explica ni menos afirma que en todo el Imperio, el ius Romanum haya sustituido a los derechos locales. Tampoco Gregorio sostiene que la generalización de la ciudadanía romana ha condenado a la ilegalidad las tradiciones peregrinas y los nomoi locales30.

A su vez, el rétor Menandro de Laodicea (Asia Menor) en el 275 d. C. escribió sobre las leyes romanas en sus discursos epidícticos; elogió a las ciudades de su tiempo que por estar regidas por leyes comunes a todos, leyes romanas; y no haber diversas leyes ni constituciones para las distintas ciudades, pues están todas gobernadas por una sola constitución: la romana31.

Si tomamos la afirmación de Menandro con el mismo criterio interpretativo que la de Gregorio, es decir, en sentido jerárquico y no absoluto, podemos suponer que las leyes locales no son abolidas o exterminadas, sino más bien, subordinadas a aquellas romanas que constituyen el marco general. De esta forma, el derecho local puede permanecer, funcionar y aplicarse, siempre y cuando no esté en contraposición o viole el cuadro superior y general establecido por el ius Romanum. Tanto Gregorio como Menandro, intelectuales de origen y pensamiento griego, en sus discursos elogian el papel rector y la obra civilizadora de Roma, exaltando la superioridad de sus instituciones, de su derecho y, en el fondo, de su exitoso sistema de vida. Estos autores, en caso alguno, proclaman el "monopolio del derecho romano"32 sino más bien, admiran la superioridad de la civilización romana.

Las afirmaciones de Gregorio y Menandro siguen perfectamente el hilo conductor del sofista originario de la Misia oriental, Elio Aristides33. Instalado en la capital, el joven orador pronuncia un discurso que su obra más conocida y significativa: el Elogio a Roma34. Exalta con admiración el rol que le ha tocado desarrollar a la ciudad de Roma: unir e integrar a todos los miembros del imperio, y diseminar la pax Romana;, en fin, canta la gloria de una Roma aeterna. Aristides se siente orgulloso de vivir en "un mundo moderno", donde se ensalza la ciudadanía como privilegio y Roma es la patria común, que domina en el mundo civilizado35.

Por su parte, el escritor africano y cristiano Tertuliano, hacia fines del siglo II d. C., destaca al orbis Romanus como "feliz y civilizado"36 . Utiliza el concepto de cives como sinónimo de Romani, concibiendo el Imperio como unitario e integrado gracias a la concesión de la ciudadanía romana37. Por ello, no es de extrañar que a la vigilia de la constitutio de Caracalla exista la convicción, entre los miembros del orbis, de una amalgamación y común pertenencia entre romanos y provinciales.

Los 4 testimonios seleccionados en un sentido amplio admiran la obra civilizadora de Roma y su consecuente Imperio. Estaban convencidos de la política integradora entre el centro y la periferia, de la relevancia de la generalización de la ciudadanía romana y del valor incuestionable del derecho romano. En sus escritos no aparecen aseveraciones denostando las leyes y los ordenamientos locales.

IV CONCLUSION: PLURALIDAD Y HOMOGEINIZACIÓN JURÍDICA

El fenómeno de la progresiva afirmación del derecho no local respecto de los locales es una realidad incuestionable en el período del alto Imperio romano. Paralelamente, las leyes y nomoi locales se mantienen y se asocian, en forma gradual, con el ius Romanum. Es opinión común entre los estudiosos que este fenómeno tuvo lugar mayormente en la pars occidentis donde el proceso civilizador de la romanización estaba logrado de manera plena y, prácticamente, todas las regiones conformaban un sector aunado con la civitas Romana y con la lengua latina. Distinto es el caso de la pars orientis, en donde la asimilación fue más lenta y superficial y el derecho y la tradición helenísticos tuvieron mayor presencia; por ello, los derechos locales originarios se mantuvieron por un período más prolongado; en algunas zonas inclusive convivieron con el ius Romanum, sobre todo en Egipto38, donde la ciudadanía fue indudablemente menos difundida que en otros lugares39. En el fondo, en aquellas provincias orientales donde se mantenía en rigor el derecho greco-helenístico se observa una mezcla de leyes romanas, de leyes romanas helenizadas y de leyes helenísticas40.

Ahora bien, la preeminencia normativa de Roma no significa "uniformidad"41. Con Trajano y Adriano, se aprecia un pluralismo jurídico, y además, las normas de las ciudades continúan interesando a los juristas después de Caracalla. Es, por ello, relevante reiterar que en ciertos sectores del Imperio los derechos locales o indígenas mantuvieron su valor, siempre y cuando no violasen las normas no derogables del derecho romano, técnicamente más elaborado y superior; todo ello de igual forma a como la fuerza expansiva y conquistadora de la urbe no significó una anulación radical de las tradiciones y de la cultura de los pueblos sometidos. Roma fue tolerante con aquellos pueblos que con mayor fuerza comenzaban a identificarse con la urbe, por lo que fue surgiendo un proceso natural y gradual de aemulatio o imitatio de los provinciales con Roma. En el occidente, la cultura jurídica se desarrolló bajo la directa influencia romana; a su vez, la extensa concesión del ius latii, en los siglos precedentes, había permitido una naturalización y homogenización de la elite local, más amplia y regular que en la pars orientis. Así, para ciertos estudiosos, el derecho adoptado en las provincias occidentales de lengua latina después de la constitutio Antoniniana fue abiertamente el derecho romano42.

El edicto del emperador Caracalla, al sancionar la generalización de la ciudadanía romana a los peregrinos, produjo un proceso lineal y globalizador en los novi cives, que M. Talamanca ha denominado "romanización jurídica"43. Proceso de integración y asimilación en el cual la unidad romana se intensifica y se cohesiona por una igualdad jurídica.

A lo largo del siglo II y en las primeras décadas del III d. C., a través del proceso romanizador y homogenizador, el orbis Romanus va constituyéndose y conformándose en un todo coherente, aunado e íntegro, y el derecho romano se universaliza. La extensión de la civitas Romana significó una especie de "nacionalización del imperio"44, y Roma se constituyó en la urbe ideal para todos, como el símbolo de la unificación. El proceso de integración y romanización que realizó el Imperio, traducido en una verdadera comunidad, con una especie de "pasaporte común" _la civitas Romana_, ha sido la gran aspiración que los actuales europeos han conseguido sólo a partir de 1992 con el tratado de Maastricht y la creación de la Unión Europea _actualmente en el 2004 integrada por 25 países_, con el pasaporte europeo o comunitario45. Roma y su imperio inauguraron este primer pasaporte en el año 212 d. C. originando la primera constitución europea _hoy en proceso de gestación y consolidación_, y, en consecuencia, haciendo iguales y partícipes a aquellos que hoy llamamos: italianos, griegos, franceses, españoles, portugueses, alemanes, austríacos, holandeses, belgas y otros46. La Europa actual, a través del ius Romanum, posee un importantísimo elemento unificador y un antecedente esencial de cómo Roma sentó las bases culturales, políticas, jurídicas y espirituales del continente europeo.

Los juristas Calistrato y Modestino, ambos de la época de los Severos, repiten en sus escritos una fórmula ya consolidada, que viene de los discursos de Elio Aristides: "Roma communis nostra patria est", reflejando la nueva realidad jurídica sancionada por la constitutio Antoniniana. Ella refleja un ambiente integrador y civilizador, y de proyección universal del ius Romanum a todos los miembros del imperio47, extendido inclusive hasta el siglo V d.C.48. Por otra parte, el edicto de Caracalla no modificó las relaciones administrativas y sociales de los ciudadanos, al mantenerse vigente el derecho local privado y consolidar por tres siglos una política integradora49.

La clave del problema no consiste en saber, como explica Mélèze- Modrzejewski, si los derechos locales fueron eclipsados por el monopolio del derecho romano o pudieron resistir paralelamente en un sistema de "coexistencia igualitaria"; sino en saber cómo tales derechos fueron incorporados en el orden jurídico del imperio a partir del siglo III d. C.50. La dicotomía derecho romano y ordenamientos locales puede, a su vez, diferenciarse en dos fases de evolución histórica. Un primer momento, entre los siglos I y II d. C., donde las tradiciones, leyes y derechos locales sobrevivieron, en la práctica, en cuanto a costumbres peregrinas, paralelo con el derecho romano. En una segunda etapa, a partir del 212, con la generalización de la civitas, se modifica tal situación, por conformar Roma y el imperio una "patria común" con un espíritu aunador e integrador. No obstante, la existencia y aplicación de un derecho romano general y superior, no impedía en diversas zonas del imperio, especialmente en el oriente, la sobrevivencia de los derechos locales y, en consecuencia, una cierta pluralidad jurídica controlada51, a través de una vigencia coetánea de las dos disposiciones jurídicas.

En el orbis Romanus se permitió el principio de la doble ciudadanía romana y local; ello implicó la posibilidad del ejercicio de actividades administrativas y civiles en la ciudad de origen y el goce de las prerrogativas y beneficios de la civitas Romana52. No hubo entonces un "monismo jurídico", que habría regido en el Imperio a comienzos del siglo III, idea que solo es fruto de un entusiasmo panegirístico. Hubo, en cambio, una cierta "autonomía jurídica", que garantizó continuidad con las tradiciones indígenas y peregrinas. Contra la opinión difundida, la varietas iuris se conservó por algunos siglos en todo el Imperium Romanum, tanto en el oriente como en el occidente53.

No obstante, la polémica y las diversas interpretaciones entre el ius Romanum y los nomoi locales, que persiste en la actualidad, continuará, sin duda, por largo tiempo entre historiadores y juristas. Pero lo que realmente importa es resaltar la sobrevivencia de los derechos locales y su amalgamación con el romano, que fue la forma como se desenvolvió el proceso de provincialización, vulgarización y, en fin, germanización de este último.

 

NOTAS

1 P. Fraccaro, Arcana Imperi, en Opuscula 1 (Pavia, 1956),         [ Links ] esp. p. 80. Cfr., además, G. Luraschi, La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della repubblica, en F. Milazzo (a cura di) Res publica e princeps, Atti del convegno internazionale di diritto romano (Copanello 25 - 27 Maggio 1994), pp. 35 - 99.         [ Links ]

2 Apiano, De bell. civ., I, 34, 152, subraya explícitamente la ambición de los aliados a la ciudadanía romana para su integración completa como partícipes del Imperio en vez de simples súbditos. Así, aparece en forma notoria un clima de rivalidades y de tensiones existentes entre itálicos y romanos. Cfr. E. Gabba, Le origini della guerra sociale e la vita politica romana dopo l'89ª. C., en Athenaeum 32 (1954), pp. 41 - 114 y 295 - 345         [ Links ][= en Esercito e Società nella tarda repubblica romana (Firenze, La Nuova Italia, 1973), pp. 193 - 345].

3 Una síntesis del problema de la ciudadanía romana en época republicana, véase A. Bancalari, Los aliados y la ciudadanía romana, en Revista de Historia Universal 9 (Pontificia Universidad Católica de Chile, 1988), pp. 7 - 22;         [ Links ] El mismo, El juramento de la fidelidad de los itálicos a Livio Druso: problemática en torno a su autenticidad, en Limes 1 (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 1988), pp. 115 - 128.

4 Es aquí donde el bellum sociale al otorgar la civitas a los socii populi romani representa el término de la llamada confederación romano-latino-itálica y significa, al mismo tiempo, el nacimiento del nuevo estado romano, fundado sobre los municipios. Cfr. A. N. Sherwin-White, The Roman citizenship (Oxford, Clarendon Press, 1973), esp. pp. 150 - 155.         [ Links ]

5 Tácito, Ann., XI, 23 - 25. Gran parte de este discurso se conserva en la célebre inscripción (CIL, XIII, 1668) de bronce de Lyon (lugar de nacimiento del emperador), descubierta en 1528. Cfr. G. Salmeri, Dalle provincie a Roma: il rinnovamento del Senato, en A. Schiavone (dir.), Storia di Roma, 2: L'impero mediterraneo, II: I principi e il mondo (Torino, Einaudi, 1991), pp. 553 - 575.         [ Links ]

6 En general, sobre la oratio principis cfr. A. Giardina, L'Italia romana. Storie di un' identità incompiuta (Roma - Bari, Laterza, 1997), esp. pp. 3 - 21.         [ Links ]

7 T. Spagnuolo-Vigorita, Cittadini e sudditi tra II e III secolo, en A. Schiavone (dir.) Storia di Roma, 3: L' età tardoantica, I. Crisi e trasformazioni (Torino, Einaudi, 1993), pp. 5 - 50, esp. p. 13.         [ Links ]

8 Sobre la constitución de Caracalla, son múltiples los estudios, sólo citamos los que hemos trabajado mayormente en A. Bancalari, La constitutio antoniniana: aproximaciones, significado y características, en Semanas de Estudios Romanos 9 (Valparaíso, 1998), pp. 57 - 67;         [ Links ] El mismo, Relación entre la constitutio Antoniniana y la imitatio Alexandri de Caracalla, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 22 (2000), pp. 17 - 29.

9 Los dediticii o rendidos fueron bárbaros en las zonas limítrofes recién derrotados e incorporados al mundo romano. Cfr. G. De Sensi, Problemi della constitutio Antoniniana, en Helikon 9 - 10 (1969 - 1970), pp. 243 - 264.         [ Links ] Según M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano (Milano, Giuffrè, 1990), esp. pp. 110 - 117,         [ Links ] explica que con anterioridad a la publicación del papiro Giessen 40 I, la autoridad de T. Mommsen había hecho prevalecer la opinión, que en la concesión de la civitas Romana, estaban excluidos los peregrini nullius civitatis, como equivalentes a los dediticii. No obstante, actualmente el problema está resuelto y ha sido superado en el sentido que los peregrini nullius civitatis también, obtuvieron la ciudadanía romana. Por otra parte, además de los dediticios, fueron excluidos los Latini Iuniani. En general, J. Oliver, Greek constitutions of a early roman Emperors from Incriptions and papyri (Mem. An. Philos. Soc. 178, Philadelphia 1989), esp. pp. 495 - 505.         [ Links ]

10 Ulpiano, Dig., 1, 5, 17, expresa: "In orbe romano qui sunt, ex constitutione Imperators Antonini, cives romani effecti sunt".

11 Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, (Leipzig 18873, trad. fr. Le droit public romain, Paris, 1984).         [ Links ]

12 L. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des Römischen Kaiserreiches (Leipzig 1891).         [ Links ] Este estudio contrapone el "Reichsrechto sea el derecho romano único y diseminado por todo el imperio contra el "Volksrechtlos derechos locales de los pueblos naturales u originarios al momento de la conquista romana. Una óptima y actualizada síntesis de la problemática en J. Mélèze-Modrzejewski, Diritto romano e diritti locali, en A. Schiavone (dir.), Storia di Roma, 3: L'età tardoantica, II: I luoghi e le culture (Torino, Einaudi, 1993), pp. 985 - 1009.        [ Links ]

13 F. De Martino, Storia della costituzione romana (Napoli, Jovene, 1975), II, esp. p. 773.

14 G. Lanata, Diritti locali - non locali (400 a. C. - 600 d. C.), en J. GUILAINE - S. SETIS (a cura di), Storia d'Europa, II: Preistoria y Antichità (Torino, Einaudi, 1994), pp. 1037 - 1068.

15 Cicerón, De leg, II, 2, 5; Cfr. De leg. agrar. 2, 32, 86.

16 Cicerón, Pro Balbo, 11, 28 afirma que "por derecho civil, nadie puede ser ciudadano nuestro de dos ciudades" ("Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest"). Véase M. Talamanca (dir), Lineamenti di storia del diritto romano (Milano, Giuffrè, 19892), esp. p. 517; El mismo, Istituzioni (n. 9), pp. 113 - 116.

17 De Martino, Storia Costituzione (n. 13), pp. 774 - 777         [ Links ]presenta como ejemplos al apóstol Pablo quien posee la ciudadanía romana y la de Tarso o como Herodes Atico que tiene la romana y la griega. Plinio, Ep. X, 5 - 7, es elocuente al solicitar a Trajano que se le conceda al médico Harpokras, la civitas Romana y la alejandrina. Entre los estudiosos que postulan el principio de la doble ciudadanía y de la coexistencia entre derecho local y romano, encontramos a: A. Segre; La costituzione Antoniniana, en Rivista Italiana di Filologia (1926), pp. 471 - 484;         [ Links ] El mismo, Note sull' editto di Caracalla, en Rend. Pont. Acc. Arch. 16 (1940), pp. 181 - 214; El mismo, La costituzione Antoniniana e il diritto dei "novi cives, en Ivra 17 (1966), pp. 1 - 26; E. Schönbauer, Wortlaut und sinn der constitutio Antoniniana, en Atti del Congresso di Verona (1951), pp. 103 - 138;         [ Links ] W. Seston - M. Euzennat, La Citoyenneté romaine au temps de Marc-Aurèle et de Commode d'après la tabula Banasitana, en CRAI. (1961), pp. 317 - 323;         [ Links ] Lanata, Diritti locali (n. 14), pp. 1037 - 1068; T. Spagnuolo-Vigorita, Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell' impero romano (Napoli, Jovene, 1996), esp. pp. 97 - 146.         [ Links ] En contra, de la doble ciudadanía a partir de la constitución de Caracalla, entre otros, véase V. Arangio-Ruiz, Sul problema della doppia cittadinanza nella repubblica e nell'impero romano, en Scritti Carnelutti (1950), IV, pp. 53 - 72;         [ Links ] G. Luzzatto, La cittadinanza dei provinciali dopo la "constitutio antoniniana, en Riv. It. Sc. Giur. (1953), pp. 233 - 257.         [ Links ]

18 Sobre las inscripciones de Banasa y el texto cfr. J. Euzennat y J. Marion, Inscriptions antiques du Maroc (Paris 1982), II, pp. 69 - 157;         [ Links ] también, M. Le Glay, L'épigrafhie juridique d' Afrique romaine, en C. Castillo y otros (dir.), Novedades de epigrafía jurídica romana en el último decenio (Pamplona 1989), pp. 179 - 208.         [ Links ]

19 Una buena síntesis de los textos e inscripciones en G. Poma, Le istituzioni politiche del mondo romano (Bologna, Il Mulino, 2002), esp. pp. 167 - 169.         [ Links ]

20 La cláusula que establece la permanencia de los vínculos jurídicos de Juliano y de su familia con la tribu de origen puede haber sido formulada con una atención específica a la situación local. Cfr. A. N. Sherwin-White, The Tabula of Banasa and the constitutio antoniniana, en JRS. 63 (1973), pp. 86 - 98;         [ Links ] Spagnuolo-Vigorita, Cittadini (n. 7), p. 9 y 17; Lanata, Diritti locali (n. 14) p. 1055.

21 F. Jacques - J. Scheid, Roma e il suo impero. Istituzioni, economia, religione(Roma - Bari, Laterza, 1999), esp. pp. 363 - 365.         [ Links ]

22 J. Gonzalez, The lex Irnitana: a new copy of the Flavian municipal law, en JRS. 76 (1986) pp. 147 - 243; El mismo, El ius latii y la lex Irnitana, en Athenaeum 75 (1987), pp. 317 - 333.

23 Plinio, Nat. hist., III, 3, 30. Cfr. J. Richardson, Hispania y los Romanos (Barcelona, Crítica, 1998), esp. pp. 161 - 205.         [ Links ]

24 En general, F. Lamberti, "Tabulae Irnitanae": municipalità e "ius Romanorum (Napoli, 1993).         [ Links ]

25 Las tablas de bronce de Malaca (Málaga) descubiertas en 1851 demuestran los privilegios concedidos a los municipios de derecho latino, al igual que la lex Salpensa (zona inferior del valle del Betis). Estas dos disposiciones jurídicas se encuentran expuestas en el Museo Arqueológico de Madrid; la lex Irnitana se halla en el Museo Arqueológico de Sevilla.

26 Sobre el particular, cfr. J. Reynolds, Aphrodisias and Rome. The society for the promotion of roman studies (London, 1982), esp. pp. 26 - 32 y pp. 131 - 139.;         [ Links ] Spagnuolo-Vigorita, Cittadini (n. 7) , pp. 48 - 49.

27 Lanata, Diritti locali (n. 14), pp. 1051 - 1052.

28 Uno de los grandes sostenedores de esta tesis es V. Arangio-Ruiz, L'application du droit romain en Egipte après la constitution antoninienne, en Bull. de L'Inst. d'. Égypte 29 (1946 - 1947), pp. 83 - 130;         [ Links ] El mismo, Problema (n. 17), pp. 53 - 72; El mismo, Historia del derecho romano (trad. cast., Madrid, Reus, 1963), esp. pp. 407 - 415, afirma que con posterioridad al edicto de Caracalla, el ius Romanum es considerado, en forma gradual, el único derecho oficialmente adoptado y universal en todas las regiones del orbis Romanus.

29 Gregorio, Paneg. ad Orig., 1, 7.

30 Mélèze-Modrzejewski, J., Grégoire le Thaumaturge et le droit romain. A propos d' une édition récente, en RHD. 49 (1971), pp. 312 - 324 [=         [ Links ]Droit Impérial et traditions locales dans Egypte Romaine, XI, (Aldershot, 1990)].

31 Menandro, Tratado, III, 360, 12; 363, 12; 364, 14 y 365, 12. Sobre el particular, cfr. M. Talamanca, Su alcuni passi di Menandro di laodicea relativi agli effetti della "constitutio Antoniniana, en Studi in onore di E. Volterra (Milano 1971), V, pp. 433 - 560.        [ Links ]

32 Mélèze-Modrzejewski, J., Diritto romano (n. 12), pp. 1001 - 1002.

33 Por ejemplo, Menandro cita frecuentemente a Aristides, considerándolo un modelo a imitar y un autor digno de ser estudiado. Cfr. J. M. Cortes, Elio Aristides. Un sofista griego en el imperio romano (Madrid, Clásicas, 1995), esp. p. 42.         [ Links ]

34 Aristides, A Roma, XXVI

35 P. D. Giacomini - G. Poma, Cittadini e non cittadini nel mondo romano. Guida ai testi e ai documenti, en Studi di Storia Antica 14 (Collana dir. da G. Susini, Bologna, Clueb, 1996), esp. pp. 160 - 161.         [ Links ]

36 Tertuliano, De Anima, 30.

37 Sherwin-White, Citizenship (n. 4), pp. 433 - 437.

38 Según Arangio-Ruiz, Application (n. 28), pp. 83 - 130; El mismo, Problema (n. 17), pp. 53 - 72, los derechos indígenas resistieron paralelos al romano, en determinadas zonas del imperio, como en Egipto, en condiciones ilegales. J. Mélèze Modrzejewski, La règle de droit dans l' Égypte romain. Etat des questions et perspectives de Recherches, en Proc. XII Intern. Congress Papyrology (Ann Arbor, Mich., agosto 1968, Toronto 1970), pp. 317 - 378;         [ Links ] El mismo, Diritto romano, (n. 12), p. 994, afirma la permanencia de normas locales, es decir, un complejo de costumbres locales admitidas de hecho por autoridades romanas.

39 Jacques-Scheid, Roma (n. 21), p. 363.

40 Así, es factible hablar de un proceso de romanización del derecho griego, iniciado con antelación a la constitutio de Caracalla e intensificado bajo los Severos; el cual debía ser gradual, paulatino y coherente. En consecuencia, es erróneo sostener una sustitución radical e inmediata de los derechos locales por el derecho romano. Cfr. De Sensi, Problemi (n. 9), pp. 261 - 262.

41 Spagnuolo-Vigorita, Cittadini (n. 7), pp. 33 - 34.

42 En general, para la problemática, véase A. Bancalari, Derecho romano o derecho local. Controversia a partir de la constitutio Antoniniana de civitate de Caracalla, en Stylos 9 (Universidad Católica Argentina, 2000), pp. 385 - 401.         [ Links ]

43 Talamanca, Lineamenti (n. 16), pp. 520 - 528; El mismo, Istituzioni (n. 9), pp. 110 - 117. Esta idea surge originalmente por los estudios de F. De Visscher, Le statut juridique des nouveaux citoyens romains et l'incription de Rhosos, en AC. (1994), pp. 11 - 35;         [ Links ] (1945), pp. 29 - 59; El mismo, La constitution Antonine et le dynastie africaine des Severes, en Revue internationale des droits de l'antiquité (1961), pp. 226, quien postula un proceso de romanización espontanea y voluntaria debido a la superioridad técnica del derecho romano. Cfr., además, Mélezè-Modrzejewski, Joseph, Diritto romano (n. 12), esp. p. 997.

44 P. Petit, La Paz Romana (Barcelona, Labor, 1976), esp. pp. 167 - 169.         [ Links ] Por su parte, E. Barker, El concepto de Imperio en C. Bailey (ed.), El legado de Roma (trad. cast., Madrid, Pegaso, 1956), pp. 61 - 123, esp. pp. 91 - 92         [ Links ]afirma que el mayor efecto de la constitutio Antoniniana consiste en la conformación de una "nacionalidad mediterránea". Asimismo, el edicto, no significó solamente la fusión de todas las nacionalidades en una nacionalidad; significó, a su vez, la fusión de todas las diferencias legales en una igualdad común. Creemos que es necesario reiterar en este punto que la diferencia principal entre el imperio romano con los otros imperios del mundo antiguo o con los imperios de la edad del imperialismo (siglo XIX), consiste en la disponibilidad romana de transformar los súbditos en ciudadanos, otorgando gradualmente a todos o casi todos la posibilidad de sentirse copartícipes del funcionamiento de la estructura del imperio romano. O sea, la idea constante de convertir los enemigos - vencidos en ciudadanos del mundo romano, rasgo prácticamente desconocido de todos los demás imperialismos. Cfr. P. Desideri, La romanizzazione dell' Impero, en Storia di Roma, cit., 2, II, pp. 577 - 626.         [ Links ]

45 H. Wagner, Réminiscences du droit romain dans le droit de la communauté européene, en Revue internationale des droits de l'antiquité 41 (1994: Droit romain et identité européene), pp. 225 - 253, esp. p. 233.         [ Links ] Además, R. Bellamy - A. Warleigh, Un cemento per l'Unione: il ruolo della cittadinanza europea, en F. Cerutti - E. Rudolph (a cura di), Un' anima per l'Europa". Lessico di un'identità política (Pisa, Ets, 2002), pp. 85 - 106.         [ Links ]

46 A. Giardina, Gli antichi a confronto. La Europa rapita, en Archeo 15 (1999), pp. 36 - 41.         [ Links ]

47 Calistrato, Dig. 48, 22, 18; Modestino, Dig. 50, 1, 33. Sobre estas ideas, cfr. A. d'Ors, Estudios sobre la Constitutio Antoniniana, I, en Emerita 1 (1943), pp. 297 - 337;         [ Links ] El mismo., Estudios sobre la Constitutio Antoniniana, V: Caracalla y la unificación del Imperio, en Emerita 24 (1956), pp. 1 - 26, esp. p. 13 n. 53. También en J. Oliver, Greek constitutions of a early roman Emperors from Incriptions and papyri (Mem. An. Philos. Soc. 178, Philadelphia, 1989), esp. pp. 495 - 505;         [ Links ] F. Casavola, Urbs Roma, pp. 20 - 29; L. Prosdocimi, Roma communis patria nella tradizione giuridica della cristianità medievale, en La nozione di romano (cit.), pp. 43 - 48. esp. p. 46. Aún más, con anterioridad a la caída del imperio romano de occidente, el poeta galo - romano Rutilio Namaciano en las primeras décadas del siglo V exclamaba y elogiaba la transformación del mundo romano en una única ciudad, gracias al vínculo de un solo derecho: el romano: "dumque offers uictis proprii consortia iuris,/ urbem fecisti, quod prius orbis erat (I, 65, 66). Rutilio resaltó, además, en sus versos la obra perdurable de Roma: fecisti patriam diversis gentibus unam/ urben fecisti quae prius orbis erat (V, 63 - 64); con ello reafirmó la misión histórica de Roma, o sea, la unificación política de las gentes en una única ciudad. Cfr. L. Salerno, Roma communis patria (Bologna, Cappelli, 1968), esp. pp. 9 - 11;         [ Links ] P. Catalano - P. Siniscalco (a cura di), Da Roma alla terza Roma. Idea giuridica e politica di Roma e personalità storiche (Roma, Herder, 1990), I, pp. 41 - 55.         [ Links ] Una óptima síntesis en G. Zecchini, La constitutio Antoniniana e l'universalismo politico di Roma, en L. Foresti y otros (a cura di), L'Ecumenismo politico nella coscienza dell' occidente". Alle radici della casa comune europea (Bergamo 18 - 21 settembre 1985) (Roma , L'Erma di Bretschneider, 1995), II, esp. p. 355.         [ Links ]

48 Con antelación a la caída del imperio romano de occidente, en las primeras décadas del siglo V, el poeta galo - romano Rutilio Namaciano, De reditu, I, 65 - 66; V, 63 - 64, exclamaba y elogiaba la transformación del mundo romano en una única ciudad, gracias al vínculo de un solo derecho: el romano: "dumque offers uictis proprii consortia iuris,/ urbem fecisti, quod prius orbis erat. El escritor resaltó, además, en sus versos la obra perdurable de Roma: fecisti patriam diversis gentibus unam/ urben fecisti quae prius orbis erat; con ello reafirmó la misión histórica de Roma, o sea, la unificación política de las gentes en una única ciudad. Cfr. L. Salerno, Roma communis patria (Bologna, Cappelli, 1968), esp. pp. 9 - 11; F. P. Casavola, Il concetto di urbs Roma: giuristi e imperatori romani, en P. Catalano - P. Siniscalco (a cura di), Da Roma alla terza Roma. Idea giuridica e politica di Roma e personalità storiche (Roma, Herder, 1990), I, pp. 41 - 55.         [ Links ] Una óptima síntesis en G. Zecchini, La constitutio Antoniniana e l'universalismo politico di Roma, en L. Foresti y otros (a cura di), L'Ecumenismo politico nella coscienza dell' occidente. Alle radici della casa comune europea (Bergamo 18 - 21 settembre 1985) (Roma, L'Erma di Bretschneider, 1995), II, esp. p. 355.         [ Links ]

49 Jacques - Scheid, Roma (n. 21), p. 368.

50 Mélèze-Modrzejewski, Diritto Romano (n. 12), pp. 999 - 1000, afirma que la imagen surgida en el imperio después de Caracalla, hace aparecer un esfuerzo de conciliación entre el derecho romano oficial y las tradiciones locales de origen peregrina.

51 T. Spagnuolo-Vigorita, Diritto locale e modello romano nel principato, en Roma y las provincias. Realidad administrativa e ideología imperial (Madrid, Clásica, 1994), pp. 209 - 224;         [ Links ] El mismo, Città Impero (n. 17), pp. 97 - 146; es categórico al sostener la noción de un "pluralismo normativo y jurisdiccional" que permanece con el tiempo, incluso con posterioridad al edicto de Caracalla. Asimismo, Y. Thomas, Origine et commune Patrie". Ètude de droit public romain (89 av. J. C. 212 ap. J. C.) (Rome, Ècole FranVaise de Rome, 1996), esp. pp. 97 - 102 y 181 - 193.         [ Links ]

52 S. Roda, Profilo di storia romana. Dalle origini alla caduta dell' impero d' occidente (Roma, Carocci, 2002), esp. pp. 128 - 129.         [ Links ]

53 Lanata, Diritti locali (n. 14), pp. 1060 - 1063.

 

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