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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.28 Valparaíso  2006

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552006000100057 

 

Revista de Estudios Histórico–Jurídicos 2006, XXVIII, 758 – 760

RECENSIONES Y RESEÑAS

 

Serrano Daura, Josep, Lliçons d’Història del Dret II (Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, 2005), 131 págs.


La lección primera está dedicada a las instituciones políticas y administrativas de Cataluña en la Edad Media y en la Alta Edad Moderna (pp. 11-38). Efectivamente, Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca formaron una confederación que recibió la denominación general de corona de Aragón; si bien había que hablar de unos reinos separados e independientes entre sí, y cada uno contaba con sus propias instituciones políticas, legislativas y judiciales, también existieron instituciones comunes a todos los reinos hasta fines de la Edad Moderna: el monarca; la casa real y corte, la cancillería real y el consell de Aragón y los consells de la monarquía; la gobernación general; la lugartenencia general de la corona de Aragón; y las cortes generales. El rey gozaba, por otro lado, de las potestades conocidas como dispositiva, judicial, graciosa, así como política y económica (p. 13). La corona de Aragón contó con una casa y corte estructurada en una serie de cargos y funcionarios públicos. La cancillería real era el órgano de gobierno de carácter técnico; sin embargo, en 1494 Fernando II decidió reestructurar la cancillería y crear el nuevo consejo de Aragón; de esta forma, la cancillería quedó reducida prácticamente a la administración de justicia, y el consejo de Aragón asumió las funciones de la antigua cancillería, pero ya como un órgano común de gobierno de toda la corona de Aragón. El nuevo consejo estaba integrado por varios oficiales: el vicecanciller, que asumía las funciones de tesorero de la Corona; los regentes de la cancillería que eran los magistrados superiores de las audiencias; cuatro secretarios y un abogado fiscal (p. 17). La gobernación general surgió ante la necesidad de que se asumieran las funciones reales mientras el monarca estaba desplazándose; es más, la ausencia reiterada de Carlos I no solamente de sus dominios de la corona de Aragón, sino también de los demás reinos hispánicos, hizo necesario el nombramiento de representantes y sustitutos generales en aquellos reinos: los lugartenientes generales (p. 18). Por supuesto, Serrano no deja de mencionar las cortes generales de la corona de Aragón ni las instituciones estamentales de Cataluña: el eclesiástico, el nobiliario y el general, así como el de los marginados (pp. 19-22). Dentro de las instituciones regias de Cataluña había que señalar al lugarteniente general, como máxima autoridad del país que tenía atribuida la administración virreinal y la función de velar por el orden público; la administración virreinal; la organización militar cuya función de proteger a sus súbditos estaba delegada habitualmente en el lugarteniente general; y, finalmente, la administración financiera como el maestre racional, la bailía general o la real tesorería. Por otra parte, el municipio (universitas) contaba con una serie de oficiales con diversas funciones; entre los más importantes destacaban el mostassaf, el corredor, el clavario y el escribano (pp. 34-35).

A las instituciones judiciales y legislativas de Cataluña Josep Serrano dedica la segunda de las lecciones (pp. 39-57). La administración de justicia ordinaria constituía una potestad pública que inicialmente correspondía al rey como consecuencia de una regalía propia, sin perjuicio de que las cediera a los barones de su reino: la real audiencia se presentaba como un órgano judicial instituida en el año 1365, integrada por un canciller que la presidía, tres vicecancilleres y cuatro juristas por reino más otros dos para Mallorca. Dentro de este órgano encontrábamos, entre otros, al fiscal y al personal auxiliar. En el ámbito de la justicia local o municipal, el oficial responsable de la administración judicial era el batlle, representante del rey en el municipio; el veguer que se constituía como el representante real en la veguería y del que ya se tenían noticias en el siglo XII; y el juez de apelaciones que se presentaba como la segunda instancia judicial en causas civiles en territorios reales y correspondía normalmente a la real audiencia (pp. 43-46). La corte general de Cataluña apareció y se consolidó en el siglo XIII fruto de la evolución de órganos asamblearios anteriores. Aunque su periodicidad inicialmente no estaba prevista, en 1299 se acordó que se celebraran una vez al año, de forma alterna en las ciudades de Barcelona y Lérida (p. 48).

Al referirse a la monarquía borbónica, objeto de la lección tercera (pp. 59-67), Serrano Daura hace referencia a la Guerra de sucesión, los decretos de Nueva Planta y el Derecho regio en los territorios de la Corona de Aragón. Felipe de Anjou -V de Castilla y IV de Aragón- entró en 1702 en la península por Barcelona y celebró, después de siglos, Cortes catalanas, donde prestó juramento real de respetar las instituciones y el Derecho catalán. Tras la guerra de sucesión y la victoria borbónica sobre las fuerzas aragonesas y valencianas, los reinos de Aragón y de Valencia quedaban bajo control de Felipe V. En 1711 el monarca abolió el Derecho público aragonés y valenciano, si bien mantuvo vigente el Derecho civil y el mercantil; sin embargo, el Derecho catalán no fue modificado hasta el 9 de octubre de 1715, publicado el 16 de enero de 1716, que establecía una nueva organización política para el Principado similar a la de Aragón.

El cuarto de los capítulos, dedicado al poder real y la administración del Estado en el siglo XVIII (pp. 69-83), se refiere en primer lugar a la monarquía borbónica y al profundo proceso de renovación ideológica que comenzó con la ilustración. De esta forma, los antiguos virreinatos de los Austrias se convirtieron en provincias de la monarquía, con un total de doce. Con los decretos de Nueva Planta se generalizó en toda la monarquía hispánica el régimen municipal castellano, con el corregidor, el bayle y los regidores. Asimismo, la administración judicial borbónica estaba integrada por los bayles, los corregidores y la Real Audiencia.

La llegada del Estado constitucional en 1808 (pp. 85-105; lección quinta) se inició con la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII. De esta forma comenzó un siglo plagado de acontecimientos tan relevantes como la guerra de la independencia (1808-1814), el reinado de Fernando VII (1814-1833), las regencias de María Cristina y de Espartero (1833-1843), el reinado de Isabel II (1843-1868), la revolución Gloriosa (1868) y el breve reinado de Amadeo de Saboya, la primera república española (1873-1874) y la restauración de la monarquía borbónica de Alfonso XII (1875-1885). Pero el siglo XIX también se conoce como el de las constituciones españolas: el Estatuto de Bayona de 1808, la Constitución gaditana de 1812 y el Estatuto real elaborado bajo la regencia de María Cristina. Le sucederían las de 1837, que sustituyó a la de 1812; la de 1845 y más tarde las de 1869 -consecuencia esta última de la revolución de 1868- y 1876. Un siglo más tarde, con la llegada de la II República española en 1931 y la aprobación de la Constitución de 9 de diciembre de 1931 (Serrano Daura la califica como "popular y democrática", en p. 97), se produjo un giro radical que acabaría con el inicio en la guerra civil española en 1936. Con el levantamiento militar se abolieron los Estatutos de autonomía que estaban vigentes en aquel momento, el de Cataluña y el del País Vasco. El de Galicia lo aprobaron las Cortes republicanas españolas del exilio reunidas en México en 1945.

Una cuestión tan controvertida como la codificación se plantea en la lección sexta (pp. 107-116). Josep Serrano califica este fenómeno como "la consecuencia última y principal del racionalismo jurídico" (p. 108). Por otro lado, los primeros códigos que aparecieron en Europa no fueron precisamente en los regímenes políticos constitucionales, sino que correspondían a monarquías ilustradas pero absolutistas como Prusia, Austria y Baviera (pp. 109-110). En España el proceso codificador se inició tímidamente a partir de la Constitución de Cádiz, aunque la tarea codificadora no se materializó hasta el trienio liberal de 1820 a 1823. Primero los codificadores se ocuparon del Derecho penal, después del mercantil y finalmente, a finales del siglo XIX, del procesal y civil (p. 111).

La última de las lecciones magistrales está dedicada a las instituciones administrativas españolas (pp. 117-129). La organización ministerial fue cambiando: a comienzos del siglo XIX el Estado español estaba organizado en los secretarios de despacho de Estado, Guerra, Marina, Justicia y Hacienda. Pero con la última reforma de 1900 se establecieron ocho departamentos: Estado, Guerra, Justicia, Marina, Hacienda, Gobernación, Instrucción pública y Fomento (p. 118). A finales del siglo XIX no existía, por otro lado, propiamente una división territorial estatal, ya que aunque la Constitución gaditana efectuó la división de los territorios no fue hasta finales de 1820 cuando se recuperó aquella Constitución. Más tarde, con la Restauración, por ley de 1882 se definió la provincia como una agrupación de partidos judiciales, y el gobernador presidiría la Diputación y el Consejo Provincial.

Esta obra responde al programa de las enseñanzas de la asignatura de Historia del Derecho II que se imparte en la licenciatura de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Internacional de Cataluña. En 2003 Josep Serrano había publicado el manual de Historia del Derecho I. Falta el de Historia del Derecho III. Josep Serrano es un reconocidísimo historiador del derecho catalán, que en lo que se refiere a los territorios de la desembocadura del Ebro, está considerado como el mejor iushistoriador que ha habido hasta ahora en los siglos XIX y XX.

Guillermo Hierrezuelo Conde

 

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