I. INTRODUCCIÓN

Luego de un año convulso, el 2019 se anticipaba como un potencial punto de inflexión para la segunda administración del presidente Juan Orlando Hernández -y tercera consecutiva del Partido Nacional de Honduras (PNH), que desde la crisis política de 2009 se afianzó en el poder-. No hay que olvidar que desde que Hernández logró postularse como candidato para competir por un segundo periodo y ganar las elecciones a finales de 2017, a través de una controvertida interpretación de la Corte Suprema de Justicia, pues hasta antes de eso la Constitución prohibía la reelección (^{Rodríguez y González 2020}), dio inicio otra crisis política marcada por la falta de legitimidad hacia el mandatario, por lo que miles de personas decidieron tomar las calles para manifestarse mientras el gobierno, en respuesta, reprendió haciendo uso de la fuerza pública. La reelección de Hernández abrió nuevos frentes de conflicto entre el gobierno, por un lado, y la oposición y sociedad civil, por otro. Esto no sólo ha traído como corolario que el mandatario reaccione con mayor arbitrariedad frente a la inconformidad, sino que persistan o se agudicen algunos problemas de larga data.

En el plano económico el escenario en 2019 se presentaba estable, aunque sin triunfalismos porque los pocos avances en la materia no han mejorado la calidad de vida del grueso de la población. El crecimiento económico continuó por encima de la media regional, pero cayó con relación a años anteriores; los niveles de pobreza y pobreza extrema se redujeron tímidamente, aunque no en todo el país de manera homogénea; y la desigualdad se mantuvo igual que en años previos, para ubicarse como una de las más altas de América Latina.

En el terreno social la violencia proveniente de las pandillas no cesó a pesar de la reducción en el número de asesinatos; mientras que la migración continuó en sus múltiples modalidades, incluso con el endurecimiento de medidas por parte de EE.UU. En temas políticos la inestabilidad institucional ha estado presente desde el inicio del segundo mandato de Hernández: se abandonó el combate a la corrupción, aun cuando Honduras aparece como uno de los países más corruptos del continente,¹ y se abrieron nuevos conflictos para el gobierno, sobre todo en el frente interno. Entre ellos, destaca la detención de Juan Antonio “Tony” Hernández, exdiputado nacional y hermano del presidente, quien fue acusado de narcotráfico en EE.UU., lo que reactivó la ola de inconformidad.

Bajo ese contexto nos proponemos analizar los eventos más relevantes en Honduras durante 2019 en los escenarios arriba mencionados. Para ello el artículo está organizado en tres apartados. Como punto de partida, el primero de estos se dedica a repasar el desempeño de la economía hondureña. El segundo apartado aborda la coyuntura social, poniendo especial atención a dos problemas pendientes de gran preocupación internacional: violencia y migración. El tercero se aboca al análisis del panorama político, los estrechos vínculos con el narcotráfico y el malestar social que se ha visto duramente reprimido. El artículo finaliza con unas breves conclusiones.

II. ESCENARIO ECONÓMICO

En materia económica 2019 fue un año de escasos resultados para Honduras. A pesar de un incremento en su economía por encima de la media regional, gran parte de la población sufre las malas condiciones en que se encuentra el país centroamericano (carencia de servicios públicos, pobreza, falta de empleo y marginación). El bajo desempeño está asociado, entre otros motivos de índole político-social, con un crecimiento económico desigual concentrado en ciertos sectores, como el sistema financiero o de telecomunicaciones que no generan empleos de productividad (^{Forbes 2020}), y con la vulnerabilidad de la estructura productiva, ya que las principales exportaciones hondureñas son productos primarios y manufactura de bajo valor agregado (^{Marques et al. 2019}).

De manera que 2019 cerró con un 2.7% de crecimiento, registrando una disminución de 1.1% con respecto a 2018, año en que se ubicó como el segundo país con mayor crecimiento sostenido en Centroamérica, sólo después de Panamá. Dejando atrás también el promedio anual de 4% entre 2015 y 2018 (Gráfico 1). En esos años la economía se desarrolló sobre la base de: 1) un proceso de modernización de la administración tributaria, lo que garantizó al Estado mayor recaudación de impuestos (^{Marques et al. 2019}), 2) altos ingresos por remesas y 3) un contexto externo favorable para las exportaciones. Pero en 2019 algunas áreas estratégicas como la agricultura, pesca y ganadería mostraron menor dinamismo. En concreto, cayeron los precios internacionales del café, el principal producto de exportación, y tuvieron un mal desempeño los cultivos de banano, la producción de azúcar y la crianza de camarón y peces (^{FOSDEH 2019}).

Fuente: ^{Banco Mundial para 2015-2018 (2020)} y ^{Banco Central de Honduras para 2019 (2020a)}.

Gráfico 1 Crecimiento económico en Honduras 2015-2019 (%) 

La política monetaria continuó siendo restrictiva para controlar la inflación. El año cerró con una inflación de 4.08%, muy cercana al 4.22% del año previo, para converger dentro del punto medio del rango de tolerancia establecido por el Banco Central de Honduras (BCH). Los productos y servicios que más contribuyeron al incremento de la inflación fueron algunos alimentos de origen agropecuario -huevo, frijol, hortalizas y tubérculos-, bebidas no alcohólicas, transporte y salud. El índice de precios al consumidor mostró incrementos prácticamente en todas las regiones a nivel nacional (^{BCH 2020b}).

En relación con la pobreza, según cifras oficiales obtenidas a través de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (^{EPHPM 2020}), en 2019 el 59.3% de los hogares en Honduras se encontró en condición de pobreza, ya que sus ingresos se situaron por debajo del costo de una canasta básica de consumo. Esta cifra representa una disminución del 2.6% frente a 2018, registrándose los mejores resultados en zonas urbanas en donde la reducción en tres años fue de 8.2 puntos porcentuales, para ubicarse en 52.5% en 2019. El problema se agudiza en las zonas rurales, en donde la pobreza alcanza al 68.2% de los hogares. Como puede apreciarse en el Gráfico 2, de 2016 a 2017 la pobreza rural se dispara 6 puntos llegando a su punto más alto luego de la crisis política y social de 2017, acelerada por la reelección de Juan Orlando Hernández.

Fuente: ^{EPHPM (2020)}.

Gráfico 2 Evolución de la pobreza en Honduras 2015-2019 (%) 

Si del gráfico anterior se desprende que alrededor de dos de cada tres hogares hondureños ha vivido en condición de pobreza, el siguiente gráfico (3) destaca que uno de cada tres sobrevive con menos de 1.90 dólares al día,² esto es, en pobreza extrema. Al desagregar los datos se observa la desigualdad que divide los centros urbanos de las periferias. Del 36.7% de los hogares en condición de pobreza extrema durante 2019, el 57.2% habitaba en zonas rurales, en contraste con el 21% de las áreas urbanas. Los niveles más bajos de pobreza y pobreza extrema se encuentran en el Distrito Central (43.8% y 13.6%, respectivamente) y en San Pedro Sula (43.8% y 14.7%, respectivamente). En el resto de los centros urbanos el 56.7% de los hogares se encuentra en pobreza y el 24.5% en pobreza extrema (^{EPHPM 2020}).

Fuente: ^{EPHPM (2020)}.

Gráfico 3 Evolución de la pobreza extrema en Honduras 2015-2019 (%) 

Es notorio que el desarrollo económico se ha concentrado en determinados centros poblacionales y en ciertos sectores productivos, mientras que el mayor rezago se encuentra en la población que habita las zonas rurales del país, en donde no sólo aumenta la incidencia sino también la brecha social. De ello da muestra la estructura de los trabajos. En áreas urbanas, en 2019 el número de personas ocupadas de la población económicamente activa alcanzó el 54.7%, mientras que en las rurales el 45.3%. Las ciudades concentraron 73% de los trabajos en el sector público y 63.4% del privado, frente a las zonas rurales que ocuparon el 27% del mercado laboral en el sector público y 36.6% del privado (^{EPHPM 2020}). Esto sugiere que las ciudades concentran mayor cantidad de trabajadores, aunque no necesariamente se traduzca en mayores oportunidades, pues el desempleo en la ciudad fue mayor (7.8%) al de las zonas rurales (3.0%).

Continuando con el mercado laboral, la división genérica del trabajo es manifiesta. Del 57.3% de la población económicamente activa en 2019, el 63% de los ocupados eran hombres y sólo el 37% mujeres. El desempleo también fue mayor en el sector femenino el cual alcanzó una tasa de 8.1%, lo que representaba casi el doble del masculino (4.2%). Otra brecha es el salario, en promedio nacional las mujeres percibían un 6% menos que los hombres a pesar de tener mayor grado de escolaridad (^{EPHPM 2020}). Esto denota que la desigualdad obedece a la falta de oportunidades y espacios de desarrollo más que a la falta de capacidades.

Por otro lado, la desigualdad en la distribución de la riqueza continúa como uno de los grandes pendientes del PNH durante los tres mandatos que ha permanecido al frente de la Presidencia de la República. Un análisis de la evolución de la desigualdad, medida a través del Índice de Gini, revela que ésta se mantiene constante a lo largo de la última década con valores muy altos. El promedio para el periodo 2009-2018 fue de 0.53, cerrando el año 2019 con un coeficiente de 0.52 (Tabla 1). Esto ubica a Honduras como uno de los países más desiguales en Latinoamérica.

El Gráfico 4 ilustra mejor lo anterior. Los ingresos per cápita del quintil más alto han aumentado más de un diez por ciento en los últimos cinco años, al pasar de 7965 Lempiras mensuales en 2015 a 9917 en 2019, un equivalente a US$400 (al tipo de cambio que estableció el BCH en diciembre de 2019). Mientras que los ingresos del quintil más bajo sufrieron una pérdida de 5% en cinco años. Esto sin considerar la inflación, por lo que el impacto real sobre el poder adquisitivo es mayor. El ingreso promedio mensual entre 2015 y 2019 para este sector fue de 450 Lempiras, aproximadamente US$18 (^{EPHPM 2020}).

Fuente: ^{EPHPM (2020)}.

Gráfico 4 Evolución de la desigualdad en el ingreso de los hogares más ricos y los más pobres (en Lempiras) 

En lo que concierne a la deuda externa pública, el año 2019 no presentó variaciones con respecto a años previos. Esto como resultado de una política fiscal más eficiente en la recaudación de ingresos y controles de gasto. Así, la deuda pública externa en 2019 ascendió a US$7690 millones, 4.4% superior a 2018 (Gráfico 5). En términos porcentuales la deuda equivale al 30.8% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, apenas 0.1% más que el año anterior. Este porcentaje permanece por debajo del límite prudencial recomendado por el Banco Mundial que establece una cifra inferior a 36%.

El nuevo endeudamiento externo contratado para 2019 fue de US$733.1 millones. Según el Gobierno Central, los recursos serían destinados para apoyo presupuestario (US$419.5 millones) y para proyectos y programas (US$313.6 millones). Si bien este último monto se encuentra dentro de la política de endeudamiento público para el periodo 2019-2024, la cual establece un total de US$450.0 millones para la ejecución de proyectos y programas, cabe destacar que el préstamo solicitado en un año representa el 70% de lo estipulado para un periodo de cuatro años.

Fuente: ^{Banco Central de Honduras (2020c}).

Gráfico 5 Deuda externa pública de Honduras 2016-2019* 

Para concluir esta sección es importante considerar que, a pesar del desempeño macroeconómico -crecimiento por encima de la media regional, ligera disminución de la pobreza total y extrema, control de la inflación y manejo de la deuda externa-, los resultados deben tomarse con cautela por las dificultades y debilidades de la propia economía hondureña. Dentro de éstas destaca la concentración de bienes primarios de poco valor agregado en sus exportaciones, los cuales son fácilmente afectados por variaciones en los precios internacionales (^{Marques et al. 2019}).

Asimismo, que el país se encuentra en una zona susceptible a los efectos del cambio climático, cuyo impacto ya se ha sentido en la reducción de playas, aumento de temperaturas, sequías y erosión de suelos (^{El Heraldo 2019}). Por último, el impacto de la desaceleración del crecimiento de remesas, debido, principalmente, a las medidas migratorias en EE.UU. A las debilidades económicas ya expuestas, se suman los problemas político-sociales que azotan al país. De hecho, como se verá más adelante, los resultados económicos favorables no han impactado positivamente en la imagen del presidente, quien ha visto perder sostenidamente su aprobación sobre el rumbo del país desde su reelección en 2018 (Gráfico 10).

III. ESCENARIO SOCIAL

El año 2019 avizoraba la persistencia de dos problemáticas sociales que han acompañado a la democracia hondureña durante décadas, pero en los últimos años con distintos matices. Una de ellas es la elevada tasa de violencia y criminalidad, que ubica a Honduras como uno de los países más peligrosos del mundo. La violencia que ahora azota al país, a diferencia de la década de 1980, proviene principalmente de las pandillas que se dedican a diversas actividades delictivas. La otra problemática es la migración de miles de hondureños, quienes se ven obligados a abandonar el país huyendo de la inseguridad y la falta de oportunidades, más allá de buscar el sueño americano.

Los delitos violentos son un problema generalizado en Honduras. El país sigue presentando una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. El año 2019 registró un repunte en la tasa de muertes por homicidios, al pasar de 41.4 homicidios cada 100,000 habitantes en el 2018 a 42.8 en el 2019 (Gráfico 6). Esta cifra ubica a Honduras como el país más inseguro de Centroamérica³ y entre los más peligrosos de la región, sólo le superan Venezuela y Jamaica, con una tasa de 60.3 y 47.4 respectivamente (^{Asmann y O'Reilly 2020}).

Fuente: ^{Observatorio de la Violencia, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2020)}.

Gráfico 6 Muertes por homicidios. Comparativo 2004-2019 (tasas x 100,000 hab.). 

La presencia continua de los elevados niveles de violencia en el país ha motivado un endurecimiento de las políticas de seguridad en las últimas administraciones del Partido Nacional. Tanto la gestión de Porfirio Lobo (2010-2014) como los años de administración de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018–actualmente) han implementado políticas de “mano dura”, centradas en el control de la seguridad por parte de los militares.⁴ Estas políticas de “mano dura” están dirigidas principalmente a mitigar el amplio poder ejercido por las pandillas, como Barrio 18 y la MS13,⁵ que concentran principalmente sus actividades criminales en las zonas urbanas más pobladas del país, incluyendo la capital Tegucigalpa, el polo económico de San Pedro Sula y la ciudad costera de La Ceiba, sobre el Caribe.

Si bien los arrestos de líderes pandilleros fueron una muestra del éxito de las fuerzas de seguridad, las consecuencias imprevistas de estas acciones acarrearon dos grandes inconvenientes: en primer lugar, fomentaron el crecimiento de las pandillas mediante la concentración de muchos miembros en la cárcel, lo cual les permitió reorganizarse y reagruparse. En segundo lugar, provocaron una expansión de las “clicas”, como se les denomina a las células de las pandillas, en algunas zonas del país que tradicionalmente no manifestaban ese problema.⁶

Durante años, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha dado seguimiento a los altos niveles de inseguridad ciudadana en Honduras y sus efectos en el goce efectivo de los derechos humanos. En este sentido, destacan que las políticas implementadas por el Estado hondureño para depurar y reformar a la Policía Nacional, han contribuido en la reducción de homicidios en el país. No obstante, esta reducción en los niveles de violencia no incluye a sectores muy vulnerables de la población, que se ven cada vez más afectados. Los sectores a los que hace referencia son: periodistas, ambientalistas, defensores de los derechos humanos, mujeres y miembros de la comunidad LGTB (lesbianas, gais, personas transgénero y bisexuales).

El 2019 registró el asesinato de 3 periodistas -Edgar Joel Aguilar, Santiago Carvajal y Leonardo Gabriel Hernández-(^{La Vanguardia 2019}). Estos sucesos ponen en evidencia la dificultad de trabajar en favor de la libertad de prensa y de ejercer el periodismo de investigación en el país, siendo ésta una de las profesiones que sufre amenazas y actos de violencia de manera continua.⁷ La violencia contra periodistas y la impunidad de esos crímenes afecta seriamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Honduras.

Asimismo, la CIDH considera que Honduras es uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores de derechos humanos, al registrar numerosos asesinatos de activistas. Entre ellos, generaron gran repercusión el asesinato de Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute en febrero de ese año, ambos miembros de la comunidad indígena Tolupan que pertenecían a la tribu de San Francisco Locomapa y miembros de la ONG “Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia” (MADJ) (^{La Prensa 2019a}). El asesinato de Salomón Matute se produjo a pesar de ser beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 19 de diciembre de 2013, tras analizar la situación de riesgo que enfrentaba junto a otros integrantes del MADJ producto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco de su labor como defensores del medio ambiente y pueblos indígenas.

De igual manera, generó repudio el asesinato de María Digna Montero, miembro de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y defensora de la tierra y la cultura de la comunidad indígena Garífuna. El asesinato de esta activista en octubre de 2019, se suma a una larga lista de homicidios, cometidos a lo largo de los últimos años, a defensores del territorio y la cultura garífuna.⁸ El año 2019 también representó un aumento de los reportes de asesinatos de personas hondureñas LGBT (Gráfico 7). La violencia basada en la identidad de género o la orientación sexual es un problema extendido en Honduras, siendo la comunidad LGTB uno de los sectores más vulnerables. Los datos proporcionados por el Observatorio de Muertes Violentas de LGTB de Honduras, posicionan a Honduras como el país con el mayor número de crímenes de odio hacia la comunidad LGTB en Centroamérica, quedando la mayoría de ellos en la impunidad (^{Rosales y Salazar 2019}).

Fuente: Observatorio de Muertes Violentas de LGTBI de Honduras.

Gráfico 7 Número de muertes violentas de miembros de la comunidad LGTB por año 

La segunda problemática social que enfrentó Honduras durante 2019 deriva en gran medida de las cuestiones previamente abordadas. Y es que la migración no cesa a pesar de que las dificultades son cada vez mayores. Ante los peligros e inconvenientes del viaje por tierra -extorsiones, secuestros, trata, abusos sexuales, asaltos, detenciones y deportaciones-, el 12 octubre de 2018 inició una nueva modalidad migratoria con la primera caravana que partió de San Pedro Sula. El viaje en caravana garantizaba mayor protección a los emigrantes. Al grupo de cerca de 2.000 hondureños que abandonó el país se fueron adhiriendo personas de distintas partes del continente americano, pero en su mayoría salvadoreños y guatemaltecos. Se estima que al llegar a México el número ascendía a más de 4.000 individuos. A lo largo de todo el mes continuaron los llamados para reunirse y migrar a través de esta modalidad hasta que el 31 de octubre partió la cuarta caravana desde San Salvador con cerca de 800 personas (^{Observatorio de Legislación y Política Migratoria 2018}).

Pero esta nueva modalidad ha tenido que sortear nuevos obstáculos. Tras el arribo de la primera caravana a territorio mexicano, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó detenerla en la frontera con Guatemala. Ante las acciones emprendidas por Peña Nieto, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prometió que cuando tomara posesión -en diciembre de 2018- otorgaría visas de trabajo a los inmigrantes (^{Rodríguez 2019}). La llegada de AMLO y su discurso en contra de la opresión y a favor del respeto a los derechos humanos, auguraba un futuro alentador para el grupo de centroamericanos que intentaba cruzar el territorio con dirección a los EE.UU. En efecto, en enero de 2019 se permitió el ingreso y libre circulación a la primera caravana del año, pero la buena voluntad del mandatario duró sólo tres meses. La política migratoria de AMLO cambió luego de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera aranceles a las importaciones de algunos productos mexicanos. En abril de ese año una nueva caravana procedente de Honduras fue detenida en la frontera con Guatemala (^{Martínez 2019}).

Las medidas de Trump fueron más allá de los aranceles punitivos y del retiro de apoyo económico a los países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica (TNC). El gobierno estadounidense presionó primero a México y luego a Guatemala, El Salvador y Honduras para que firmaran Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA). Estos acuerdos estipulan que EE.UU. puede deportar a México, Guatemala, El Salvador u Honduras a quienes hayan solicitado asilo atravesando alguno de estos países en su camino hacia el primero. De modo que un hondureño que se haya desplazado por tierra desde Tegucigalpa puede ser deportado a Guatemala o México mientras espera que su situación de asilo sea resuelta. Esto puede durar días, meses o años (^{Hines 2019}).

El compromiso firmado por Trump y Hernández el 25 de septiembre de 2019, denominado Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Honduras para la Cooperación en el Examen de las Reclamaciones de Protección, establece compromisos que atentan contra la vida de los inmigrantes, exceden la capacidad logística-operativa de los Estados receptores y, ante todo, favorece los intereses políticos del gobierno de Trump. Entre los puntos más controvertidos del acuerdo se encuentran los siguientes: 1) ambos países deben proporcionar protección a los refugiados elegibles que están físicamente presentes en su territorio; 2) Honduras no podrá devolver ni deportar a los inmigrantes que envíe EE.UU. y que se encuentren en proceso de asilo; 3) Honduras deberá garantizar acceso a la petición de asilo a los emigrantes que crucen por su territorio y otorgarles un proceso completo y justo; 4) los ciudadanos hondureños que pidan asilo a EE.UU. no serán devueltos a Honduras; 5) Honduras no podrá transferir ningún inmigrante enviado por EE.UU. hasta que este país tome una determinación final y; 6) Honduras no podrá disputar ninguna decisión tomada por EE.UU (^{Cansino 2019}).

En opinión de expertos (^{Hines 2019}: 68), lo que EE. UU buscó a través de estos mecanismos es “obstaculizar la llegada” de inmigrantes y el “acceso al sistema de asilo” de ese país. De otra forma sería difícil entender cómo El Salvador o Guatemala podrían servir como países seguros para los solicitantes, cuando el primero es uno de los países con mayor número de homicidios en la región y el segundo se ubica como uno de los más pobres (^{Hines 2019}). Por ello la imposibilidad de los Estados latinoamericanos para cumplir con el contenido de los acuerdos no tardó en quedar en evidencia.⁹ El caso de México, que se convirtió en el principal receptor de solicitantes de asilo, refleja claramente la situación. A finales de 2019 habían sido devueltos a México por esta modalidad 62,144 inmigrantes, la mayoría del TNC (44,703), de los cuales 22,930 eran hondureños (^{Tourliere 2020}). Muchas de las personas que aguardan en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, se han visto obligadas a vivir en campamentos improvisados y son objeto de extorsiones perpetradas por oficiales locales y el crimen organizado (^{Hines 2019}).

Pese al endurecimiento de las políticas migratorias y el riesgo que representa el viaje rumbo a EE.UU., es poco probable que la migración hondureña disminuya. Las cifras de detenciones en EE.UU. y México -y las condiciones estructurales y de inseguridad en Honduras- así lo sugieren. 2019 se convirtió en el año con mayor número de detenciones de hondureños tanto en EE.UU. como en México. El primero detuvo en sus fronteras a 254,561 personas, mientras el segundo a 66,377 en distintas partes del territorio (Gráfico 8). Las detenciones en 2019 constituyeron un aumento del 330% en EE.UU. y del 11.2% en México con respecto a 2018.

Fuente: Para Estados Unidos: U.S Border Patrol; para México: Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación.

Gráfico 8 Detenciones de hondureños en EE.UU. y México 

Un último factor para tener en cuenta en relación con la migración es la contribución de las remesas en el sostenimiento de miles de familias y su aporte a la economía nacional, ya que el dinero que envían los hondureños radicados en el exterior va en aumento y, a su vez, cada año constituye un mayor porcentaje del PIB (Gráfico 9). En 2019 la cifra ascendió a US$5,650.2 millones, lo que representó un alza de 13.1% en comparación a lo reportado en 2018. Este incremento no es exclusivo de 2019 sino que se ha sostenido por encima de 10% en los últimos cuatro años. De tal manera que las remesas son la principal fuente de divisas del país por encima de la maquila o la exportación del café; este recurso además ha servido para reducir el déficit de la balanza de cuenta corriente y aportar a la estabilidad de la Lempira (^{BCH 2020d}).

Fuente: ^{Banco Central de Honduras (2020d)}.

Gráfico 9 Remesas familiares hacia Honduras (millones de dólares) 

IV. ESCENARIO POLÍTICO

En el ámbito político, 2019 fue un año de inestabilidad en Honduras. La segunda administración de Hernández contó desde el inicio -27 de enero de 2018- con desconfianza social, secuela de la crisis poselectoral de 2017.¹⁰ La controvertida decisión de la Corte Suprema de Justicia, en 2015, al declarar inconstitucionales los artículos que prohibían la reelección presidencial, puso en duda la credibilidad de las instituciones del Estado, generando una ola de protestas que continuaron tras la celebración de las elecciones de 2017.

Hernández inició su segundo mandato con debilidad en el legislativo muy fragmentado. No obstante, ha logrado fortalecer sus alianzas y asegurarse una mayoría necesaria para sacar adelante su agenda legislativa. El partido del presidente (PNH) cuenta con 61 representantes de los 128 que componen la Cámara Legislativa. A su vez, cuenta con el apoyo de siete diputados de otras agrupaciones políticas y la oposición la componen 60 legisladores provenientes del Partido Libre, el Partido Liberal y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU). Esta mayoría ha permitido reforzar la injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, debilitando la institucionalidad del sistema.

Con respecto al Poder Judicial, el fallo de la Corte Suprema a favor de la reelección del Presidente planteó dudas sobre su independencia. Las fuerzas opositoras informaron de abuso de poder y manipulación del Poder Judicial. Esta denuncia confirmó la ya delicada situación de la magistratura. Pese a que la Constitución garantiza la separación de poderes, existen injerencias por parte del Poder Ejecutivo que obstaculizan la imparcialidad del proceso judicial.

En el escenario político, la complejidad del entorno doméstico acentuada en el 2019, aunado a conflictos externos robustecieron la crisis política e institucional del país. En el plano doméstico, numerosas protestas sociales fueron cuestionando -cada vez más- las medidas adoptadas por Hernández en su gestión. A su vez, un incidente a nivel internacional dejó al descubierto estrechos lazos entre las estructuras del narcotráfico con miembros de la élite política nacional.

La crisis político-social estalló en abril, tras la promulgación de dos decretos orientados a reorganizar el área de educación y salud. Desde entonces, una avalancha de protestas fue arrinconando cada vez más al presidente. Los movilizados, bajo la consigna “Fuera JOH”-las iniciales del presidente-, solicitaron la derogación definitiva de estas medidas, al considerar que suponían despidos masivos de personal y la privatización de la salud y la educación (^{DW 2019}). Aunque las regulaciones fueron derogadas en abril, las protestas continuaron.

En este conflicto dos actores de gran relevancia se posicionaron de manera distinta, por un lado, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación con la gestión de Hernández¹¹, y los actos de represión cometidos durante las protestas realizadas. Por el otro lado, los militares dejaron en evidencia su total apoyo al presidente, quienes se desplegaron para contrarrestar las protestas (^{Salinas 2019}). Durante este período las fuerzas de seguridad utilizaron armas de fuego, gases lacrimógenos y balas de goma, provocando muertes y heridos entre los manifestantes.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos denunciaron que, en la represión que tuvo lugar entre abril y julio, al menos seis personas perdieron la vida, 80 resultaron heridas y se produjeron 48 detenciones arbitrarias. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresaron su preocupación por los señalamientos de que las fuerzas de seguridad habían disparado con armas de fuego a los manifestantes e indicaron que, a partir del golpe de Estado de 2009, las violaciones a los derechos humanos son una constante en el país. Tal como informa Amnistía Internacional, las políticas represivas del gobierno de Hernández para responder a protestas han sido condenadas anteriormente.¹²

Otro caso documentado por Amnistía Internacional sobre uso excesivo de la fuerza, y que provocó un fuerte rechazo, fue la incursión a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el día 24 de junio, cuando miembros de la Policía Militar entraron al recinto y dispararon contra decenas de personas que se estaban manifestando. En un comunicado de prensa, el gobierno justificó este actuar por la necesidad de rescatar a un oficial privado ilegalmente de la libertad por parte de algunos estudiantes, así como por el empleo de bombas molotov y otros artefactos lanzados en contra de las fuerzas del orden, y la necesidad de “persuadir” y “repeler el ataque”, algo que fue desmentido por los manifestantes (^{Amnistía Internacional 2020}).

Tal como puede apreciarse en el gráfico 10, los datos correspondientes al año 2019 ponen en evidencia la fuerte crisis socio-política que atraviesa el país (^{La Prensa 2019b}). Así, en el marco de un rechazo creciente hacia su gestión y su imagen, un incidente internacional minó aún más la popularidad de Hernández, al conocerse el Fallo de la Fiscalía Federal de Estados Unidos que condenó a “Tony” Hernández –hermano del presidente y ex congresista por el PNH- como narcotraficante.¹³ La Fiscalía Federal de Estados Unidos aseguró que Tony Hernández operaba con total impunidad y que pertenecía a una organización auspiciada por el Estado que distribuyó cocaína durante años. Asimismo, el documento judicial de Estados Unidos denunció que la campaña presidencial de Hernández de 2013 fue financiada en parte por narcotraficantes. Dicha declaración provocó la indignación ciudadana, que no dudó en salir a manifestarse reclamando la renuncia de Juan Orlando Hernández.

Fuente: CID-GALLUP/^{La Prensa (2019b)}

Gráfico 10 Valoración de la gestión del presidente Juan Orlando Hernández 

Un último punto para tener en cuenta en este apartado, son los elevados niveles de corrupción que demuestran, una vez más, la fragilidad institucional de Honduras. El último informe de Transparencia Internacional que presenta los resultados del Índice de Percepción de Corrupción (IPC¹⁴) del año 2019, otorga a Honduras una puntuación de 26 puntos sobre un total de 100, ubicándose muy por debajo de la media regional (43)¹⁵. En el año 2019, Honduras bajó significativamente su calificación con una reducción de 5 puntos desde 2015 (Tabla 2). Esto ubica a Honduras como uno de los países más corruptos de la región.

Con respecto a la lucha contra la corrupción, a finales de año, se tomó una decisión que representó un paso hacia atrás, y fue cancelar, a partir de enero de 2020, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Esta medida, emanada desde la Presidencia de la República de Honduras, llegó tras continuos bloqueos legales y extra-legales a las acciones de la MACCIH por la élite gobernante,¹⁶ generando indignación nacional e internacional. La MACCIH fue creada en el año 2016 como respuesta a la fuerte presión social, tras el escándalo que representó el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en 2015. Este suceso provocó el inicio de un vigoroso movimiento de indignación ciudadana que reclamó la instalación de una comisión internacional contra la corrupción. El escándalo suscitó una reacción a nivel internacional de tal envergadura que el gobierno se vio forzado a acordar con la OEA la formación de la MACCIH–OEA (2016),¹⁷ con el objeto de combatir la corrupción y la impunidad en el país (^{Rodríguez y González 2020})

Si bien la duración de esta Misión fue muy breve, durante su gestión impulsó investigaciones de corrupción en los que estaban implicados altos funcionarios. Así, logró instalar una nueva institucionalidad en el país, conocida como circuito anticorrupción, sustentada en la creación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y en la constitución de los tribunales especiales en materia de corrupción. Con este diseño, el binomio MACCIH-UFECIC logró judicializar 12 casos de corrupción, que involucraron a más de cien personas, entre funcionarios públicos y particulares.¹⁸

Sin duda, las numerosas protestas sociales acaecidas a lo largo del año, el Fallo Judicial que condena al hermano del presidente como narcotraficante, con la consecuente confirmación de la existencia de vínculos del narcotráfico con la política, y la cancelación de la MACCIH en Honduras, dibujan un escenario político convulso. Tras cumplirse 10 años del golpe de Estado que supuso la salida de “Mel” Zelaya del poder, Honduras presenta, nuevamente, niveles de inestabilidad muy preocupantes.

V. CONSIDERACIONES FINALES

El transcurrir del año 2019 en Honduras se reveló más problemático para el gobierno de lo que se anticipaba. Se observó la persistencia de una serie de problemas que acompañan al país desde hace décadas. En materia económica, mejoraron ligeramente algunos indicadores: crecimiento por encima de la media regional, ligera disminución de la pobreza total y extrema, control de la inflación y manejo de la deuda externa. Sin embargo, hubo signos de fragilidad y dependencia por la falta de desarrollo interno y la poca diversificación de la economía, la cual depende en gran medida de exportaciones agropecuarias de bajo valor agregado y de las remesas. Esto ha contribuido al mantenimiento de niveles altos de pobreza y de desigualdad en el ingreso.

Otros de los problemas manifiestos en 2019 son el acelerado deterioro de las instituciones, corrupción, violencia e impunidad que socavan la estabilidad general del país. Todos estos factores han sido determinantes para que miles de hondureños huyan en busca de seguridad a pesar de las dificultades por las nuevas políticas antiinmigrantes de EE.UU. La permanente situación de inseguridad y criminalidad también viene afectando a periodistas, activistas políticos y sociales, y mujeres y miembros de la comunidad LGTB, cuyos agresores materiales e intelectuales rara vez son llevados ante la justicia.

Como quedó de manifiesto, el 2019 fue un año de gran movilización y conflictividad social, especialmente, entre abril y julio, teniendo como punto de partida las protestas antigubernamentales que se llevaron a cabo en todo el país, impulsadas por el anuncio del presidente Juan Orlando Hernández de reformas impopulares en materia de salud y educación en abril. Las protestas continuaron a pesar de la suspensión de las reformas, y se caracterizaron por un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de brindar seguridad.

De igual manera, la coyuntura política en estos meses estuvo marcada por los escándalos. Tal vez los más relevantes son aquellos que pusieron de manifiesto dos grandes debilidades de este país centroamericano. Por un lado, el Fallo Judicial en EE.UU. que condena al hermano del presidente como narcotraficante y saca a la luz pruebas que garantizan los vínculos estrechos del narcotráfico con la élite política. Este hecho nuevamente provocó manifestaciones multitudinarias solicitando la renuncia de un presidente muy cuestionado desde su candidatura y posterior reelección.

El segundo aspecto que marca el deterioro institucional es la cancelación de la MACCIH en el país. Los esfuerzos realizados por la institución durante cuatro años fueron escasos debido a los escollos interpuestos por la clase política. El desmantelamiento de la Misión, que tuvo como finalidad construir un nuevo sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad y fortalecimiento del Estado de derecho, dejó un sentimiento de orfandad en la ciudadanía, que sigue luchando por superar un problema endémico que azota al país, y afectó la imagen internacional del mandatario, quien evidenció su rechazo a combatir la corrupción.