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Psykhe (Santiago)

versión On-line ISSN 0718-2228

Psykhe vol.22 no.2 Santiago nov. 2013

http://dx.doi.org/10.7764/psykhe.22.2.676 

PSYKHE 2013, Vol. 22, 2, 5-18

 

Algunas Reflexiones a Propósito de los 40 Años del Golpe Militar en Chile y las Condiciones de la Reconciliación Política

 

Some Reflections on the 40th Anniversary of the Military Coup in Chile and the Conditions of Political Reconciliation

 

Elizabeth Lira

Universidad Alberto Hurtado


El artículo describe algunos elementos de la crisis política que derivó en la dictadura (19731990) y en las violaciones de derechos humanos en Chile. Se hace referencia a la defensa legal y a la atención clínica y psicosocial de las víctimas y sus familias como expresiones de resistencia moral, profesional y ciudadana. Se resumen las políticas de verdad y reparación de los gobiernos de la transición a la democracia después de 1990, así como los procesos de justicia y memoria social. Finalmente, se destacan algunas de las conclusiones de los artículos incluidos en este número especial, recogiendo los esfuerzos académicos de reflexión y análisis sobre la memoria individual y social de las violaciones de derechos humanos, la reparación y la reconciliación política desde las percepciones de los distintos grupos sociales investigados.

Palabras clave: dictadura, derechos humanos, políticas de verdad y reparación, justicia, memoria


The paper describes some elements of the political crisis that led to the dictatorship (19731990) and to human rights violations in Chile. It refers to the legal defense and the clinical and psychosocial care for victims and their families as expressions of moral, professional, and citizen resistance. It summarizes the policies of the post-1990 transition governments regarding truth and reparation for victims, and considers the issues of justice and social memory. Finally, the text highlights some of the conclusions of the articles included in this special issue, collecting the academic efforts to reflect and analyze the problems of the social and individual memory of human rights violations, reparation, and political reconciliation from the perceptions of different social groups.

Keywords: dictatorship, human rights, truth and reparation policies, justice, memory


 

Los artículos que componen este número especial dan cuenta de la respuesta a la invitación que se hiciera desde esta revista para contribuir a “una suerte de balance de la producción académica del área de la psicología social en torno de las memorias y recuerdos” sobre procesos sociopolíticos ligados al pasado reciente, “así como también del análisis de la eficacia de las medidas de reparación y mitigación de los dramáticos efectos de la dictadura, así como de los avances en materia de reconciliación nacional”. Los estudios y reflexiones aquí reunidos iluminan dimensiones de las consecuencias de la dictadura sobre las vidas de las personas precisamente debido al paso del tiempo y a las acciones emprendidas por el Estado en relación con la verdad y la reparación. Los análisis en cada caso contribuyen a ilustrar la complejidad de los procesos que han incidido e inciden sobre la convivencia política durante el largo proceso de construcción democrática iniciado en Chile al fin de la dictadura.

 

La conmemoración de los 40 años del golpe militar abrió una conversación pública que ha interpelado a distintos sectores de la sociedad chilena. Ha permitido escuchar las voces de las víctimas y de los victimarios; ha diferenciado posiciones y ha dejado numerosas interrogantes sobre las interpretaciones del pasado, reduciendo el espacio cultural y político para “dar vuelta la página” en nombre de la reconciliación política. Las preguntas de hoy han cuestionado las justificaciones históricas habituales acerca de la inevitabilidad del golpe de Estado bajo los dilemas y las tensiones de la guerra fría. Ha quedado claro que el golpe y las violaciones a los derechos humanos fueron el resultado de decisiones políticas de diversos actores. Más de 1.000 recintos de detención y tortura funcionaron simultáneamente en todo el territorio desde el 11 de Septiembre en adelante (Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, 2004). Se torturó de tal modo a los detenidos que muchos encontraron la muerte durante los interrogatorios (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991). El conocimiento de estos hechos ha tomado años. Sigue pendiente, sin embargo, conocer el paradero y el destino final de la mayoría de los detenidos desaparecidos (Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, 1978; Díaz, Sierra & Becerra, 1997; Muñoz, Rojas & Uribe, 2005; Pacheco, 1983; Rojas, 2009; Verdugo & Orrego, 1983). El Poder Judicial ha podido establecer en algunos casos el paradero de los restos de algunos de ellos, identificando a los responsables de esas operaciones, los que han sido condenados. Pero la mayoría de los desaparecidos continúa desaparecido. La información proporcionada para esclarecer los hechos por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden ha sido insuficiente, dejando el peso de la búsqueda a los familiares de las víctimas y a las actuaciones del Poder Judicial.

Es preciso recordar que desde los inicios de la República la reconciliación política ha implicado cerrar las cuentas con el pasado, es decir, asegurar jurídicamente la supresión de la memoria y del reproche moral sobre los atropellos a los derechos de las personas. Algunas voces han insistido en el perdón y en la reconciliación, especialmente en relación con quienes han sido condenados por sus responsabilidades en las violaciones de derechos humanos. Pero no parece haber acuerdo ni entre las autoridades ni en la ciudadanía para indultar ni amnistiar a quienes cometieron delitos contra la humanidad. Las condiciones de la reconciliación política en el presente se fundamentan en procesos de verdad, justicia, reparación y memoria que se han instalado en la sociedad y que hacen casi imposible “el borrón y cuenta nueva” de otros tiempos. Estas observaciones conducen a imaginar la reconciliación política como el resultado, en el largo plazo, de un estado de derecho estable y permanente, en el que el reconocimiento de la dignidad y los derechos de todos sea el fundamento de la convivencia democrática.

Notas Sobre la Historia Reciente

Salvador Allende obtuvo la primera mayoría nacional en 1970 con el 36% de los votos.

De acuerdo a las disposiciones de la Constitución de 1925, fue confirmado por el Congreso Nacional como Presidente de la República el 24 de Octubre de 1970. Dos días antes el comandante en jefe del Ejército, René Schneider, había sufrido un atentado que le costó la vida (Ejército de Chile, 1970). El asesinato de Schneider fue el primer eslabón de una conspiración contra el gobierno de Allende, en la que participó activamente el Gobierno de los Estados Unidos (Kornbluh, 2004).

El programa de gobierno de la Unidad Popular, musicalizado por Inti Illimani, decía en el estribillo de una de sus canciones: “Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente” (Rojas & Advis, 1970). Este énfasis en un Chile bien diferente aludía al conjunto de cambios orientados a construir la transición al socialismo en el marco de la legalidad vigente. Para unos despertaba temores y expectativas catastróficas que se asociaban directamente a las condiciones políticas del socialismo real en diferentes países. Para otros expresaba esperanzas de cambios en las relaciones sociales y laborales, de bienestar y justicia social. Hubo miles de dirigentes políticos, sindicalistas, pobladores, campesinos, mujeres y hombres que creyeron sinceramente en la posibilidad de un socialismo democrático. Sus sueños y sus vidas se jugaron en el proceso político de la Unidad Popular, en la ruptura de 1973 y en sus consecuencias.

Entre 1972 y 1973 la economía experimentaría crisis graves, tasas de inflación sin precedentes, un déficit fiscal en ascenso, desequilibro en la balanza de pagos, escasez de productos, caos en el sector agrícola, con la necesidad de importar cantidades crecientes de productos alimenticios e insumos, colas de consumidores para adquirir alimentos y bienes básicos y un Estado que “controlaba” las mayores empresas del país. Muchos factores contribuyeron a este resultado, desde políticas mal concebidas y mal implementadas por el gobierno hasta la ofensiva internacional de Estados Unidos y su apoyo a la oposición interna para sabotear las políticas de la Unidad Popular (Soto & Villegas, 1999; United States Senate, 1975). Cualquiera que fueran las causas de los reveses sufridos por el gobierno, el resultado político del fracaso económico fue catastrófico. El país estaba en el centro de los dilemas políticos de la guerra fría. La conspiración nacional e internacional y los obstáculos insuperables en la implementación de su política llevaron al gobierno a una situación de ingobernabilidad que no se pudo superar. Tensiones internas y diferencias insolubles sobre esa vía política dentro de la coalición y de la izquierda contribuyeron al fracaso y la derrota de la vía chilena al socialismo. Como dijera Sergio Bitar, ex-Ministro de Allende: “el golpe de Estado no estaba predeterminado y, por eso, el colapso no era inevitable. (...) No queda duda que el proceso fue viable al comienzo.” (Bitar, 1986, p. xii).

El conflicto fue exacerbado desde distintos ángulos (Dooner, 1989; Mattelart & Piccini, 1973). La campaña en la prensa y en los medios de comunicación desarrollada por la oposición política a Salvador Allende había vinculado los problemas cotidianos a contextos catastróficos —desabastecimiento y caos total, ingobernabilidad y guerra civil— y había activado las angustias, frustraciones, miedos e incertidumbres de la gente, especialmente, la escasez real de bienes indispensables y el fantasma de una guerra civil como desenlace inevitable (Filippi & Millas, 1973). Esa campaña no habría tenido éxito si no se hubiera referido a problemas reales que existían en el país y que afectaban a la vida cotidiana y a la convivencia social.

Hasta hoy es una historia cruzada de visiones contradictorias. Tan conflictiva, eufórica y esperanzadora, tan amenazante y odiosa sería la experiencia del gobierno de la Unidad Popular y tan traumatizante en su desenlace que casi no se puede hacer una cronología del período en palabras que no resuciten los antagonismos de la época. La reivindicación histórica de la Unidad Popular, desde sus partidarios, y la reafirmación de su demonización, por sus detractores, corresponderían en el futuro inmediato a las coyunturas políticas y a las reconfiguraciones partidarias del momento. A largo plazo, sin embargo, daban cuenta de la batalla para moldear y asegurar una memoria política que incidiera en la definición del futuro del país (Loveman & Lira, 2000). Tomás Moulián escribió: “fue una época alimentada por una pasión romántica y retórica, con esperanzas desmedidas e inflación discursiva. Esto último era más profundo que la simple palabrería. Se trataba de creencias desorbitadas, surgidas de la esperanza prometeica de construir un paraíso terrenal” (Moulián, 1993, Septiembre 5, p. 16). Para unos era un paraíso terrenal; para otros, un facsímil demasiado cercano al infierno, pero toda la sociedad se había polarizado y en todos los bandos las utopías antagónicas se cruzarían el 11 de Septiembre de 1973. La fractura de aquellos sueños, mediante la muerte y la tortura durante 17 años de dictadura, dejarían un país traumatizado. Había muy pocas posibilidades de predecir y advertir cómo la fuerza de las emociones y las pasiones impulsarían un modo de hacer política que polarizaría y rigidizaría las relaciones sociales hasta el punto que muchos llegarían a creer que la existencia de unos dependería de la neutralización o eliminación de los otros.

Escribiendo en 1998, el ex-Presidente de la República Patricio Aylwin señalaba, siendo ya Presidente de la República, que “cada vez que representé al General Pinochet los excesos de brutalidad y barbarie en que incurrió la represión de la dictadura, me contestó siempre con las mismas palabras: ‘Estábamos en guerra, Presidente; había 10.000 hombres armados y nos iban a matar a todos’. (…) Yo no creo en la tan repetida consigna de que ‘el golpe militar nos salvó del comunismo’. Pero esto, que hoy me parece claro, no lo era en esos días. En mayor o menor medida, los sectores democráticos de nuestro país sentíamos a Chile bajo la inminente amenaza de un gran peligro de destrucción y anarquía proveniente del extremismo de izquierda” (Aylwin, 1998, pp. 29-30).

Según la Memoria de gobierno de Augusto Pinochet “Chile se salvó de un desastre inminente, evitándose el agravamiento de una situación que pudo llevarnos a la guerra civil y a la destrucción de todas las libertades. El 11 de Septiembre de 1973, los Institutos Armados, con el respaldo de la población, ejercieron el legítimo derecho de rebelión. Ahí se encuentra su legitimidad de origen. (...) Su legitimidad de ejercicio se encuentra en el proyecto restaurador y fundacional que el Gobierno Militar se propuso desde el inicio” (Gobierno de Chile, Presidencia, 1990, p. 24). Según fuentes militares y reportajes en el periódico El Mercurio en las semanas después del golpe, las Fuerzas Armadas habían intervenido en el momento preciso a fin de evitar la imposición de la dictadura del proletariado: “Los documentos confidenciales descubiertos con posterioridad al 11 de Septiembre demuestran que el 17 de Septiembre la UP [Unidad Popular] planeaba iniciar la guerra civil en Chile. Para tal efecto, en todas las provincias del país, las organizaciones regionales de la Unidad Popular, especialmente comunistas, socialistas y MIR [Movimiento de Izquierda Revolucionaria], habían elaborado las listas de los oficiales militares, dirigentes políticos de oposición, periodistas y profesionales que debían ser eliminados” (Chile, Secretaría General de Gobierno, 1973, pp. 54-57). El llamado plan Z fue utilizado como justificación psicológica y política para una represión despiadada. Fue uno de los elementos principales de las operaciones de guerra psicológica implementadas para llevar a cabo el golpe de Estado y obtener el apoyo de todos los que se creyeron amenazados, incluidas las propias Fuerzas Armadas. Acusados de formar parte del plan Z, miles de personas fueron detenidas y recluidas en recintos deportivos y lugares que no eran cárceles. Muchos fueron torturados y ejecutados buscando “las armas” con las que se asesinarían a esos miles de opositores mencionados. Según Ascanio Cavallo, la Comisión de Verdad y Reconciliación había explicado que “…el clima subjetivo creado en el país antes del golpe militar —una prensa exaltada, unos dirigentes políticos excitados, una economía en caos, un sistema institucional quebrantado por los enfrentamientos, una violencia subversiva— determinó el comportamiento de los militares y especialmente el despliegue de fuerza que emplearon para controlar la situación. (...) Este peligro subjetivamente percibido, pero objetivamente no corroborado (el informe Rettig descartó la existencia real del plan Z) es el fundamento para las acciones de violencia que permitieron el control del país. El sentido de restauración institucional confiere legitimidad a esa misma violencia. Es lo que los generales llaman situaciones extremas (Cavallo, 1991, Mayo 17).

El país estuvo en estado de sitio como estado de guerra hasta 1974 según el Decreto Ley N° 5 de 12 de Septiembre de 1973. El estado de sitio se prolongó hasta Marzo de 1978. La represión política se justificaba en nombre de la “salvación de la patria”, en un contexto saturado de discursos que deshumanizaban a las víctimas y las transformaban en terroristas, subversivos y seres despreciables sin derechos. La ejecución de prisioneros que cumplían las sentencias de los consejos de guerra en diversas ciudades del país aterrorizó a miles de personas: fue la “caravana de la muerte” (Verdugo, 1989, 2000). La tortura fue una práctica de rutina en los recintos de detención. Fue ejercida por chilenos, muchas veces miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden. Un ejemplo indesmentible de esa práctica fue el Estadio Nacional de Santiago (principal campo deportivo de Chile), en el que fueron detenidas al menos 8.000 personas entre Septiembre y Noviembre de 1973, siendo la mayor parte de ellas y ellos torturados (Bonnefoy Miralles, 2005). Pero la tortura continuó hasta el fin de la dictadura (Vidal, 1986). Hasta 1975 la búsqueda de subversivos justificó los allanamientos masivos de poblaciones en todo el país, deteniendo a las personas en sus casas con gran violencia. Al inicio de las protestas ciudadanas en 1983, estos procedimientos se repitieron ampliamente. De muchas maneras y por muchos años, la vida cotidiana estalló para millones de personas, transformando las relaciones sociales en espacios de sospecha y miedo (Lira & Castillo, 1991).

Hasta 2013 han sido reconocidas 3.216 personas que encontraron la muerte en ejecuciones sumarias después de consejos de guerra, falsos enfrentamientos, torturas y aplicación de ley de fuga. Entre ellos, cerca de 1.200 fueron detenidos, torturados y hechos desaparecer (Universidad Diego Portales, 2013). Se estima en 12.000 los asilados en embajadas y cerca de 200.000 los que debieron partir al exilio durante todo el régimen (Lira & Loveman, 2005). Más de 100.000 fueron expulsados de sus empleos por motivos políticos, aunque las cifras sobre los exonerados reconocidos por el Estado no son definitivas, dado que hay casos objetados que se encuentran bajo investigación judicial. Más de 5.000 campesinos fueron expulsados de la tierra por haber sido dirigentes sindicales o dirigentes en el proceso de reforma agraria. Miles de personas fueron detenidas y torturadas; las comisiones Rettig y Valech hasta 2011 calificaron 38.459 víctimas (Lira, 2011).

Resistencia Moral y Profesional a la Dictadura

La resistencia moral y política a las violaciones de derechos humanos se inició en Octubre de 1973 con la creación del Comité de Cooperación Para la Paz, una instancia ecuménica creada con el fin de proporcionar asistencia social y defensa legal a los perseguidos ante los consejos de guerra y los tribunales de justicia La junta militar presionó a las iglesias para cerrar el Comité, lo que ocurrió a fines de 1975 (La Iglesia y la junta militar, 1975). Los obispos acordaron enviar una carta para agradecer públicamente “la amplia labor humanitaria y cristiana realizada en todo el país y proteger la fama y la seguridad de sus colaboradores” (Secretaría General de la Conferencia Episcopal de Chile, 1975, p. 135). Varios de sus abogados y otros trabajadores del Comité fueron detenidos.

El cardenal Raúl Silva Henríquez creó la Vicaría de la Solidaridad, instalada en el Arzobispado de Santiago en Enero de 1976 para continuar con las tareas del Comité. En 1975 se creó la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), organización ecuménica —existe en el presente— cuya acción principal al inicio fue facilitar la salida del país de los presos políticos condenados, solicitando la conmutación de la pena por extrañamiento (Orellana & Hutchison, 1991). En 1977 se formó en FASIC un programa médico psiquiátrico para la atención médica, social y terapéutica de las víctimas y sus familiares (Garcés & Nicholls, 2005). Hubo también programas de defensa legal y asistencia social creados por la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas en regiones; fue especialmente importante la creación del Departamento Pastoral de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción (Arzobispado de la Santísima Concepción, 1989). Se crearon también programas en Temuco y Punta Arenas, ligados a la Iglesia Metodista. Posteriormente se fundaron otras organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos (1978) y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) en 1980. En esta institución se creó en 1982 un programa especial de atención a torturados (CODEPU, 1990).

El Comité de Cooperación Para la Paz y después la Vicaría de la Solidaridad (19761992) proporcionaron servicios legales a las familias, presentando miles de recursos de amparo por las personas detenidas, con muy escasos resultados (Lowden, 1996; Precht, 1998). Al mismo tiempo, desde el inicio esas instituciones se preocuparon de la atención social y psicológica de los familiares que acudían desesperados después de haber sufrido, durante la noche, el allanamiento de su hogar y la detención de miembros de su familia de manera violenta y arbitraria. Se formaron redes de apoyo de profesionales y equipos de psicólogos y médicos que proporcionaron atención de emergencia en condiciones extremadamente riesgosas. Algunos de ellos debieron partir al exilio en esos primeros años, perseguidos precisamente por sus actuaciones solidarias. Los registros de esas intervenciones se encuentran en documentos internos de las instituciones, pero también en las primeras publicaciones sobre este trabajo (Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, 1982a; B. B. J. & S. L. C., 1983).

Las intervenciones eran inicialmente acciones destinadas a aliviar la angustia de los familiares de los detenidos, dar orientación y apoyo y proporcionar una respuesta inmediata ante la urgencia, pero sin posibilidades de proyectar una atención permanente ni menos de responder eficazmente a la gravedad del padecimiento de esas personas, sus familias y especialmente sus niños. La situación de los presos y ex-presos políticos, las consecuencias de la tortura, el impacto de la desaparición del padre, del esposo, de un hijo o un hermano en la familia fueron temas de estudio y reflexión en los equipos de salud mental de los organismos de derechos humanos, dando origen a textos, documentos de trabajo y publicaciones (Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, 1982b). Algunos de ellos aparecieron publicados bajo seudónimos antes de 1984.

Los escritos dieron cuenta de los temas principales que surgieron de los motivos de consulta (Lira, 1986). Se refirieron a los efectos de la tortura (Arcos, Cienfuegos & Monelli, 1982; Cienfuegos & Ramírez, 1982; Lira, Castillo & Becker, 1990; Lira & Weinstein, 1987, 1990; Rodríguez, 1978, 1979/1982). También se realizaron varios estudios para investigar las consecuencias del exilio y las dificultades del retorno (Castillo, 1986; Domínguez & Salamovich, 1986; FASIC, 1982; FASIC et al., 1986; Kovalskys & Lira, 1983/1986; Lira & Kovalskys, 1986; Pollarolo & Rojas, 1986; Weinstein, 1986). También se investigaron los efectos del miedo desde 1980, haciendo circular documentos de trabajo en distintas ONGs y organizaciones sociales. Desde 1986 se hicieron algunas publicaciones sobre el tema (Lira & Castillo, 1991; Lira, Weinstein & Salamovich, 1986; Weinstein & Becker, 1986).

La mayoría de los escritos vinculaba el contexto político y el padecimiento causado a raíz de la represión política, proponiendo diagnósticos que caracterizaban el padecimiento psíquico en relación a la situación represiva que lo había originado. De esta manera, se hacía referencia al duelo imposible de los familiares de detenidos desaparecidos, a la situación de duelo de los familiares de ejecutados políticos y a la condición de traumatización extrema de los torturados (Lira, Becker, Castillo, Gómez & Kovalskys, 1988). Se produjeron discusiones teóricas y prácticas acerca de si era aplicable el diagnóstico de estrés post traumático a las situaciones descritas, práctica común en países que recibían refugiados, pero se criticaba el peso otorgado a los síntomas y la desconsideración del significado psicológico y existencial de la experiencia represiva en ese diagnóstico. En función de estas aproximaciones diagnósticas, se difundieron algunos textos que proponían modalidades de intervenciones terapéuticas individuales y familiares (Cienfuegos & Monelli, 1983; Lira & Castillo, 1986; Lira & Weinstein, 1984; Lira, Weinstein & Kovalskys, 1987; Weinstein, Lira & Rojas, 1987). Estas referencias no son exhaustivas, pero dan cuenta de una reflexión teórica destinada a esclarecer los elementos en juego en las intervenciones terapéuticas.

Hacia el fin de la dictadura y en los primeros años de la transición a la democracia se desarrollaron estudios y análisis en los equipos de salud mental que existían en Santiago y en regiones sobre los padecimientos de las familias e individuos consultantes. Entre esos grupos, el equipo del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) desarrolló diversas investigaciones; entre ellas, sobre el impacto de la dictadura en los jóvenes (Becker, Aguilar & Morales, 1994; Castillo & Piper, 1996; ILAS, 1989). En algunos de sus escritos se describía y evaluaba la eficacia de distintas intervenciones en función de aliviar los síntomas y contribuir a la resolución de situaciones conflictivas de personas y familias en contextos muy críticos y amenazantes. También se identificaban los efectos en las familias y en los jóvenes en contextos sociales que se caracterizaban no solo por la detención, la tortura, la cárcel, el exilio o el retorno, sino también por el desempleo prolongado, por la pérdida de inserción social, así como por el padecimiento de enfermedades físicas y mentales principalmente asociadas a las consecuencias de las situaciones traumáticas, en muchos casos acumulativas.

La producción teórica así como los enfoques e intervenciones terapéuticas de los equipos de salud mental de los organismos de derechos humanos del país fueron estudiados entre 1988 y 1992 (Agger & Jensen, 1996), sistematizando el trabajo de los equipos de salud mental, dando cuenta especialmente de las aproximaciones diagnósticas y de los enfoques terapéuticos. Esos escritos permitieron dejar registro de los efectos de la represión política en cientos de personas que habían sido atendidas por los equipos de los organismos de derechos humanos. También constataron las dificultades del trabajo profesional en la tarea de dar respuesta a los requerimientos de los pacientes y sus familias bajo las condiciones de la dictadura. Señalaron las coincidencias de enfoque de los distintos equipos de salud mental, aunque en sus intervenciones clínicas se observaban diferencias significativas en cuanto a los abordajes específicos. Esta tarea —la atención de víctimas de violaciones de derechos humanos y la reflexión sobre sus padecimientos— continuaría después del fin de la dictadura, trasladándose a otras instancias institucionales, especialmente contribuyendo a la creación del programa PRAIS (programa de reparación y atención integral de salud para las víctimas de violaciones de derechos humanos), cuya instalación fue resultado de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Domínguez, Poffald, Valdivia & Gómez, 1994).

Es preciso recordar que la importancia de la defensa legal de los perseguidos y la reivindicación de los derechos humanos como un principio fundante de la convivencia política llegó a unificar a sectores que antes se encontraban en posiciones contrarias y fue un elemento central en la resistencia política y en el fin de la dictadura militar. La documentación de las acciones legales emprendidas en la defensa de las personas en los tribunales de justicia posibilitó la batalla judicial por la búsqueda de justicia, que se ha prolongado hasta el presente.

Condiciones de la Reconciliación Política: Verdad, Justicia, Reparación y Memoria

En muchos países, al término de las dictaduras, guerras civiles y gobiernos de facto, se han establecido iniciativas de verdad, reparación, justicia y memoria, en el marco de las transiciones políticas, buscando asumir las consecuencias de las violaciones de derechos humanos sobre las víctimas, sus familiares y construir condiciones de reconciliación política en la sociedad. En Chile, mucho antes del fin de la dictadura, en nombre de la reconciliación nacional se dictó el Decreto Ley 2191 de amnistía de Abril de 1978, que señalaba en su considerando 2°: “El imperativo ético que ordena llevar a cabo todos los esfuerzos conducentes a fortalecer los vínculos que unen a la nación chilena, dejando atrás odiosidades hoy carentes de sentido, y fomentando todas las iniciativas que consoliden la reunificación de los chilenos” (Chile, Ministerio del Interior, Diario Oficial, 1978, Abril, p. 1). La amnistía cubría a autores, cómplices o encubridores de hechos delictuosos durante la vigencia del estado de sitio entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1978. Este decreto respondía a una tradición histórica. Desde los inicios de la República leyes de amnistía muy inclusivas cerraban políticamente los litigios y cancelaban la memoria del conflicto (Loveman & Lira, 1999, 2000). La impunidad compartida era el fundamento de la paz social.

Después de 1990 hubo controversias permanentes acerca de la necesidad de hacer justicia o cerrar el pasado aplicando el decreto ley de amnistía de 1978. Diferentes voces explicitaban el temor y la incertidumbre sobre la violencia que podría desencadenarse si se exigían cuentas judiciales a las autoridades que gobernaron durante la dictadura. Al mismo tiempo surgían demandas por justicia y verdad por parte de las organizaciones de las víctimas. Vale la pena señalar que desde el siglo XIX el restablecimiento de la paz social y la gobernabilidad en Chile dependía del olvido jurídico y político. La habitualidad de estos procedimientos se puede observar en las numerosas leyes de amnistía dictadas para cerrar conflictos mayores y menores en la historia del país. Las memorias de las guerras civiles del siglo XIX fueron casi suprimidas por las exigencias de reconciliación política en cada época. Se trataba de hacer desaparecer “hasta el recuerdo de las pasadas convulsiones” (Encina, 1950, p. 199). No obstante el esfuerzo por suprimir la memoria de los conflictos y las acciones políticas para cobrar sus consecuencias, estas no garantizaban el olvido efectivo. Los recuerdos personales evocaban y describían la división de las familias y la polarización política que había cruzado a las instituciones y al país. Esa polarización y odiosidad, de la que se había preferido no hablar por décadas, aparecía como una amenaza de repetición imprecisa cargada de incertidumbres asociada al período de la Unidad Popular y, posteriormente, a la dictadura.

Las políticas de la transición desde 1990 en relación con las violaciones de derechos humanos tuvieron como eje principal el establecimiento de la verdad de lo sucedido. Para ello se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Su mandato fue claro: “contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años (…) sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que puedan dar lugar tales hechos” (Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996, p. 28). Precisó que la comisión debía investigar “las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos” (Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996, p. 28). La Comisión hizo recomendaciones sobre las medidas de reparación para los familiares de las víctimas y fueron establecidas por la ley 19123 e implementadas por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación entre 1992 y 1996 (Lira & Loveman, 2005). En 2003 se creó la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, concluyendo con un informe que recomendó medidas de reparación administrativas y simbólicas para las víctimas reconocidas en esa instancia. El informe caracterizó la práctica sistemática de torturas en todo el país, lugar por lugar y recinto por recinto, de acuerdo a los miles de testimonios recibidos. Entre 2010 y 2011 se abrió un nuevo período para recibir solicitudes de reconocimiento de víctimas de prisión política y tortura y de casos con resultado de muerte; 30 nuevos casos de detenidos desaparecidos fueron reconocidos y 9.875 de detenidos por motivos políticos. Se estableció una pensión vitalicia como medida de reparación, así como becas de estudio y derecho a la salud en el programa PRAIS (Lira, 2011).

Es importante señalar, sin embargo, que las políticas de verdad y reparación del Estado desarrolladas desde 1990 en adelante no pueden superar la dimensión irreparable que se hace visible precisamente por el paso del tiempo. Las demandas de las víctimas han sostenido las exigencias de justicia incluso a costa de sus propias vidas. Pero la posibilidad colectiva y personal de asumir ese pasado entretejido de experiencias personales y políticas penosas implica reconocerlo como un asunto que no es únicamente privado y propio de las biografías e historias individuales, sino que es un asunto que concierne también al ámbito social y público y que puede ser resignificado en los rituales de reconocimiento social, en los procesos judiciales y en las medidas de reparación, convergiendo el reconocimiento de los agravios y padecimientos, condenando públicamente su práctica y sancionando a los culpables.

Los procesos judiciales sobre casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y torturados se activaron a raíz de las 299 querellas presentadas en contra de Augusto Pinochet entre 1998 y 2002 y por los casos derivados del informe de las Fuerzas Armadas en virtud del acuerdo de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos en 2001. A ello se sumaron los procesos abiertos que llevan los abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, los de otras instituciones y abogados particulares (Universidad Diego Portales, 2013).

La verdad alcanzada por las comisiones a través del testimonio de las víctimas y sus familiares se complementa con la verdad obtenida en los procesos judiciales y la que emerge de numerosas investigaciones realizadas por historiadores, periodistas, cientistas políticos, abogados y también por las víctimas y sus familiares. La verdad —el esclarecimiento de los hechos— se constituye en uno de los pilares de la memoria. La distinción entre verdad, memoria e historia casi siempre es imprecisa en este ámbito. La memoria suele ser definida como memoria histórica, memoria colectiva o memoria política en relación con sucesos políticos caracterizados por la violencia contra las personas por motivos políticos. Las aproximaciones son diversas y han constituido progresivamente un campo común. Steve Stern ha utilizado el concepto de memoria emblemática, indicando que no es una sola memoria, una “cosa” concreta y sustantiva, de un solo contenido. Más bien es una especie de marco, una forma de organizar las memorias concretas y sus sentidos, y hasta organizar los debates entre la memoria emblemática y su contra-memoria (Stern, 2002, 2013). Es precisamente esta asociación entre memoria y política la que ha permitido recuperar el significado de las experiencias y los acontecimientos y ha dado lugar a numerosas narrativas que dan cuenta de los hechos efectivamente sucedidos y también de su significado para sus protagonistas y contemporáneos. Es un proceso abierto.

Psicología y Procesos de Memoria: Estudios Recientes

De mismo modo que muchos procesos judiciales se encuentran abiertos y en proceso, los artículos que conforman este número especial permiten mostrar una diversidad de temas investigados que se encuentran en desarrollo, pues forman parte de ese proceso abierto que busca comprender la configuración de las memorias políticas y de la memoria histórica de los últimos 40 años, desde diferentes disciplinas. Entre ellos, en “Psicología Social de la Memoria: Espacios y Políticas del Recuerdo” Isabel Piper-Shafir, Roberto Fernández-Droguett y Lupicinio Íñiguez-Rueda, en sus conclusiones anticipan que, con ocasión de las conmemoraciones de los 40 años del golpe de Estado, se puede producir un desplazamiento del foco desde el recuerdo sobre las víctimas a los proyectos históricos y a las luchas políticas de las que esas víctimas fueron protagonistas.

Una de sus conclusiones principales del estudio sobre “Consenso y Disenso en la Memoria Histórica y en las Actitudes Hacia la Reparación en Tres Generaciones de Chilenos”, de Héctor Carvacho, Jorge Manzi, Andrés Haye, Roberto González y Marcela Cornejo, apunta a señalar “la existencia de una cultura política transgeneracional, en la que el pasado histórico traumático del golpe de Estado y la dictadura sigue constituyendo un campo de diferenciación ideológica fundamental”.

En “Historias de la Dictadura Militar Desde Voces Generacionales” Marcela Cornejo, María José Reyes, María Angélica Cruz, Nicolás Villarroel, Anastassia Vivanco, Enzo Cáceres y Carolina Rocha señalan en las conclusiones que el estudio es una mirada al diálogo de distintas voces generacionales con “sus particulares modos de hacer memoria respecto del pasado y de configurar el orden social actual” en la disputa de las memorias sobre el pasado en función del presente.

Las “Teorías Infantiles del Golpe de Estado en Chile 25 Años Después”, de Andrés Haye, Jorge Manzi, Roberto González y Héctor Carvacho, dan cuenta de un estudio realizado en 1997, el primero sobre memoria histórica en muestras infantiles, que se realizó antes de que hubiese un proceso formal de enseñanza sobre esos temas en los programas escolares. Concluyeron que el conocimiento sobre el golpe de Estado provenía principalmente de la información familiar.

En “Transgeneracionalidad del Trauma Psicosocial: Imágenes de la Detención de Presos Políticos de la Dictadura Militar Chilena Reconstruidas por los Nietos” Ximena Faúndez, Jean-Luc Brackelaire y Marcela Cornejo observan que, independientemente de las especificidades del estudio, puede decirse que a través de la reconstrucción de la historia familiar los nietos “han sido y siguen siendo confrontados con un pasado de sufrimientos e injusticias padecidos por sus abuelos y familias” y que, ante el discurso público que niega ese pasado, “los nietos responden posicionándose como herederos de un legado familiar traumático, del cual se apropian y definen identitariamente”.

En “El Rol Institucional en la Experiencia de Escucha de la Tortura de Profesionales de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura”, de Germán Morales y Rodrigo C. Rojas, una de las conclusiones más sugerentes del estudio destaca “cómo la posición de ‘escucha del Estado’ sitúa a los profesionales metafóricamente en las ambivalencias de la sociedad chilena respecto de la escucha de la tortura”.

El tema del perdón es un asunto importante en varios artículos. Surge como tema principal en el artículo “Percepción de Clima Socioemocional y la Confianza Institucional en Víctimas de Violencia Política: Valoración del Impacto de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación” de Manuel Cárdenas, Darío Páez, Maitane Arnoso y Bernard Rimé. Los autores son críticos con los resultados de su estudio y recomiendan interpretarlos con cautela, además de las dificultades metodológicas consignadas por ellos mismos. En sus observaciones finales se cuestionan la relación entre perdón y reconciliación.

Roberto González, Jorge Manzi y Masi Noor son los autores del texto “Identidad Social y Emociones Intergrupales: Antecedentes de las Actitudes de Perdón y Reparación Política en Chile”. Señalan que uno de los resultados del estudio es haber revelado las complejidades con que se entrelazan identidades, emociones y actitudes intergrupales en sociedades que han experimentado conflicto, enfatizando en la importancia de reconocer el sufrimiento experimentado por todas las partes involucradas, lo que, de acuerdo a sus observaciones, facilitaría la posibilidad de reconciliación.

“Golpe de Estado y Dictadura Militar: Estudio de un Caso Único de la Enseñanza de un Tema Controversial en un Sexto Año Básico de un Colegio Privado de la Región Metropolitana — Santiago, Chile”, de María Isabel Toledo y Abraham Madgenzo, da cuenta de la observación realizada en 2009 sobre la enseñanza de la historia del golpe en un colegio privado y las reacciones y aprendizajes de los alumnos, concluyendo con algunas sugerencias sobre la manera de abordar la enseñanza de estos temas.

Finalmente, “Políticas de Memoria Desde los Discursos Cotidianos: La Despolitización del Pasado Reciente en el Chile Actual” es un estudio realizado en 2004 por María José Reyes, Juan Muñoz y Félix Vázquez. Los autores observaron, en el año del estudio, la despolitización de las memorias como estrategia de convivencia, constatando la imposibilidad de la reconciliación nacional, tal como fue definida en el estudio.

Los estudios realizados en distintos momentos abren numerosos interrogantes acerca de los temas, especialmente en aquellas líneas de investigación que se siguen a lo largo del tiempo y que permiten observar los cambios producidos en las percepciones de las personas y de los propios investigadores sobre los problemas referidos al legado político de las violaciones de derechos humanos, la fuerza ética de la memoria y su relación con los cambios que se observan en la sociedad, no solamente en relación con las víctimas, sino en el lugar social de los victimarios.

Reflexiones Finales

La memoria del pasado reciente es diversa, cambiante y, por lo mismo, en cierta forma imprecisa. Al mismo tiempo, se ha construido sobre la base de emociones y lealtades que forman parte de la identidad de cada persona y se hace casi inamovible. Para miles de chilenos la memoria es un dramático relato familiar sobre lo sucedido a sus padres y abuelos que se carga de indignación moral y rabia. Para otros son los miedos y las incertidumbres sobre sus vidas y sus familias por los cambios políticos y económicos proyectados por el gobierno de la Unidad Popular que se constituyen en una narrativa que explica las adhesiones políticas, la ideología y las conductas posteriores. Sea cual sea el contenido de la memoria de ese pasado, su evocación aparece cargada de una conflictividad persistente. Pero no son las ideas y proyectos políticos que dividían a la sociedad chilena en 1973 las que definen esa conflictividad, sino más bien las memorias personales y políticas de las violaciones a los derechos humanos y el miedo generado en la sociedad por la amenaza de muerte y represión, a la luz de los cuales se reinterpretan las ideas políticas y las lealtades que ellas suscitan en los individuos y sus familias a través de generaciones. Son las memorias de violencias y agravios padecidos por motivos políticos, que en muchos casos se han constituido como memorias traumáticas que subyacen como capas geológicas en las vidas de miles de personas y que irrumpen cada cierto tiempo reivindicando reconocimiento, reparación y principalmente justicia.

Tal vez por ello la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado no solamente ha sido estremecedora; también ha socavado las explicaciones sobre las violaciones de derechos humanos. No hay todavía un diálogo público sobre ese pasado que atañe vitalmente a la sociedad chilena, pero ciertamente hay muchas conversaciones que abren nuevas preguntas.

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Fecha de recepción: Septiembre de 2013. Fecha de aceptación: Octubre de 2013.

Elizabeth Lira Kornfeld, Centro de Ética, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile.

La correspondencia relativa a este artículo debe ser dirigida a Elizabeth Lira Kornfeld, Centro de Ética, Universidad Alberto Hurtado, Almirante Barroso 10, Santiago, Chile. E-mail: elira@uahurtado.cl

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