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Estudios constitucionales

versión On-line ISSN 0718-5200

Estudios constitucionales vol.11 no.1 Santiago  2013

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002013000100004 

Estudios Constitucionales, Año 11, N° 1, 2013, pp. 89 -142

 

Artículos de doctrina

ESTADOS, FEDERACIÓN Y SOBERANÍA EN LA JURISPRUDENCIA TEMPRANA DE LA CORTE SUPREMA AMERICANA*

 

STATES, FEDERATION AND SOVEREINGTY IN THE EARLY JURISPRUDENCE OF THE U.S. SUPREME COURT

 

Rodrigo González Quintero**

** Profesor- Investigador de la Escuela de Derecho -Universidad Sergio Arboleda, Bogotá - Colombia. Doctor (J.S.D.) y Magíster (LL.M.) en Derecho por Washington University in St. Louis, USA. Magíster (M.A.) en Historia por Illinois State University, USA. Abogado de la Universidad de Navarra, España. rodrigo.gonzalez@usa.edu.co.


Resumen:

Dentro de los elementos característicos y distintivos del constitucionalismo estadounidense, destaca particularmente el federalismo. Sin embargo, la proposición y luego el establecimiento de un Estado Federal, cuya esfera de autoridad era superior a aquella desempeñada por los poderes públicos estatales, envolvieron un proceso bastante controvertido. Aunque razones de orden práctico impulsaban la creación de una estructura nacional, la idea de soberanía popular —arraigada profundamente en la tradición constitucional presente en cada una de las antiguas Trece Colonias— se interponía al dicho impulso. Las dos posiciones al respecto, la nacionalista y la de los Derechos de los Estados, eventualmente llevaron su causa ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por ello, la jurisprudencia emanada del alto tribunal durante sus primeras cinco décadas será capital al definir la naturaleza vinculante de la Constitución y del federalismo por ella creado, así como determinará los límites válidos impuestos sobre la soberanía de los Estados.

Palabras clave: Federalismo, Soberanía, Derechos de los Estados, Corte Suprema de los Estados Unidos.


Abstract:

Among the distinctive elements of American constitutionalism, federalism should be remarked. Yet, both the proposal and establishment of a federal state —whereby its authority was superior to that performed by the state governments— involved a deep controversial process. Although practical reasons supported the creation of a national structure, the notion of popular sovereignty —so deeply attached to the constitutional tradition of the Colonies— comprised an obstacle to said impulse. The two opinions on the issue, both nationalists and those supporting States' Rights, eventually took their cause before the U.S. Supreme Court. Therefore, the jurisprudence of said high tribunal during its first five decades will be pivotal in defining the Constitution's binding character, as well as that of the federalism within it, as it will determine the valid limits imposed upon State sovereignty.

Key words: Federalism, Sovereignty, States' Rights, U.S. Supreme Court.


 

1. Introducción

Los aspectos históricos, jurídicos y políticos que posibilitaron la independencia y posterior establecimiento de lo que hoy son los Estados Unidos, son referencia permanente dentro del estudio del derecho constitucional actual. Los principios consagrados en los textos aparecidos como fruto de dichos atribulados tiempos, se reputan como indispensables para la evolución posterior del constitucionalismo occidental -primero- y luego mundial. Así, la Declaración de Independencia proclama verdades evidentes como la existencia de derechos individuales y el origen popular de todo gobierno, conceptos consignados y reafirmados también en las primeras constituciones estatales de las excolonias que fueron aprobadas entre los años de 1776 y 1780. La Constitución Federal de 1787 establecerá principios como la separación de poderes, el control mutuo entre los diferentes poderes públicos y el federalismo como modelo de organización jurídico-política.

Este último aspecto del constitucionalismo norteamericano, es decir, la proposición -y posterior instauración- del federalismo, fue un proceso bastante controvertido, entre otras razones, porque la idea de una Unión de estados consolidados chocaba abiertamente con la proclamación de la soberanía popular en cada una de las trece excolonias. Y aún hoy, tras más de doscientos años de federalismo, y pese a que el modelo sobrevivió la Guerra Civil, sigue abierta la controversia Estados-Federación. Como ejemplo de esto último se evidencian las posiciones encontradas respecto a leyes estales que tocan asuntos migratorios, como la ley No 1.070 aprobada en Arizona en abril de 2010, o las iniciativas similares que cursan actualmente en las legislaturas de Florida, Utah y Georgia.

En los inicios republicanos de los Estados Unidos la intervención oportuna de líderes y personajes como Washington, Adams, Jefferson, Madison o Hamilton, lograba -bien desde el ejecutivo o en los salones del Congreso- encontrar el punto de equilibrio en dicha querella. Sin embargo, no en pocas ocasiones el asunto llegó a las manos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, para allí ser debatido y, eventualmente resuelto. Por ello, el presente artículo aborda el concepto de soberanía en la cultura jurídico-política norteamericana, su manifestación tanto a nivel estatal como federal, y la jurisprudencia relevante más importante emanada de la Corte Suprema al respecto, durante las primeras cinco décadas de existencia de los Estados Unidos.

El presente escrito se estructura a partir de una exposición de la idea de soberanía en la tradición jurídico-política anglosajona, así como del adjetivo popular abrazado por los norteamericanos. Ya alcanzada la independencia, el concepto de soberanía -cuya fuente suprema era el pueblo- no estaba en discusión. Sin embargo, alrededor de la adopción de la Constitución Federal se suscitaron arduas controversias sobre el alcance de la delegación de dicha soberanía a los Estados y a la federación y, por tanto, a las atribuciones legítimas de cada una de estas estructuras de poder. Y puesto que la naturaleza de estas controversias era eminentemente constitucional, su resolución última estaría -eventualmente- en manos de la Corte Suprema. Así, una vez expuesto el concepto de soberanía y su debate alrededor de la Constitución Federal, el escrito explicará la solución dada a las controversias con ella relacionadas en decisiones proferidas por el alto tribunal. Y más que una línea jurisprudencial, las sentencias escogidas demuestran la existencia de posiciones contrapuestas respecto a la delegación de la soberanía, así como también prueban la vigencia -entonces- del bagaje ideológico del cual se nutrían las mismas. La conexión palpable entre dichas sentencias, radica en la naturaleza constitucional del conflicto entre Estados y Federación que en ellas se intentaba resolver.

2. El Concepto de Soberanía en el mundo Anglo-Americano

Es menester resaltar que en sus inicios el constitucionalismo americano -a partir de la declaración formal de independencia en 1776 y hasta la redacción de la Constitución Federal en 1787- se desarrolló como un fenómeno eminentemente local. Es decir que, más allá del texto de la Declaración de Independencia o de las actuaciones del Congreso Continental, el impulso y la dinámica del movimiento constitucional norteamericano se originaban en cada una de las trece comunidades que otrora fueran colonias, y ahora se reputaban como estados. Dicho impulso se plasmó en las constituciones adoptadas en once de los nuevos estados,1 máxime cuando algunas de ellas fueron promulgadas con anterioridad a la común declaración de independencia.2 Así, a partir de la lucha por independizarse y al establecer constituciones, los americanos defenderán un principio limitador del poder público que se consagra como elemento capital del constitucionalismo posterior; dicho principio reza que la autoridad última y suprema dentro del sistema político es el pueblo. Como lo señala Corwin, "el pueblo es la fuente más alta de la que provienen la autoridad y el orden, ya que es la encarnación más alta de la voluntad humana"3.

La idea de soberanía puede identificarse en el mundo romano. Desde los tiempos antiguos de la monarquía se entendía que la autoridad política última descansaba en el pueblo, y que, por tanto, el imperium del rey se originaba en una ley especial -la lex curiata de imperio- aprobada por la asamblea de curias para tal efecto4. Después, tanto en el Digesto como en las Instituciones, se afirmará que "lo que place al príncipe tiene fuerza de ley, pues el pueblo le ha concedido su poder y su autoridad"5. Así, aunque la lex regia entregó las facultades legislativas al emperador, en la cultura romana se mantenía una ficción en la que el pueblo no sólo seguía siendo la fuente de la legislación, sino que además éste era también aquél que legalizaba y legitimaba los poderes ejercidos por el emperador6. Por tanto, era de aceptación común la idea de una autoridad fundacional del pueblo romano, ya que la ley provenía de la voluntad y también se nutría de las costumbres de los ciudadanos7.

2.1. Soberanía Popular y Soberanía Parlamentaria

La concepción acerca de la soberanía vigente en el mundo anglosajón del siglo XVII provenía de esa tradición romana, al asumirse que, por influencia de Bodino, aquella implicaba un poder final, único e indivisible expresado en la suprema autoridad legal8. Supremacía que, debido a la dinámica que rodeaba la aparición del estado-nación europeo, se atribuía al rey, puesto que el monarca era titular de la autoridad última, única y unitaria9. Además, con el respaldo intelectual de autores como Hobbes y Filmer, la idea de soberanía servirá para que el poder estatal se sitúe fuera del alcance de la costumbre y del Derecho, y que por ello sea prácticamente ilimitado10. Ahora bien, en Inglaterra aún durante el siglo XVIII algunas voces se escuchaban para defender la noción de soberanía popular; pero el ejercicio diario del poder estatal, en el que la esencia de la soberanía se expresaba en la facultad de hacer leyes, hizo imposible que ese poder descansara o se atribuyera al pueblo inglés como un todo11.

El surgimiento de la teoría de la soberanía parlamentaria se da a partir de las disputas entre la Corona y el Parlamento, acaecidas en el siglo XVII, y en el que este último se erige como triunfador. La arbitrariedad y peligrosidad características del poder absoluto ejercido por el monarca, no viciaban al Parlamento. Por el contrario, la composición proporcional e igualitaria de este último hacían que su ejercicio de poder absoluto no fuese temido, a la vez que innecesaria cualquier clase de restricción sobre el mismo. Con la Revolución Gloriosa la teoría se consolidó y el Parlamento británico asumió soberanía absoluta, como órgano del que emanaban las leyes y a las cuales no se sujetaba, siendo así superior a todo poder y derecho dentro del estado12.

Y es que la asunción plena de la soberanía se da cuando, en la llamada Revolución Gloriosa, a través de un mandato legislativo el Parlamento desplazó del trono al rey Jacobo II y en su lugar instaló a Guillermo de Orange. De manera que, con este rito constitucional de traspaso de la soberanía, el Parlamento se convirtió en órgano soberano a expensas tanto del rey, como de la constitución tradicional británica13. El traspaso de la soberanía del rey al Parlamento no chocaba, sin embargo, con el rasgo de su indivisibilidad, puesto que el legislativo estaba compuesto de tres estamentos -la Corona, los Comunes, y los Lores-14. Soberanía indivisible que, según Blackstone, reside en el Parlamento tripartita, cuyas acciones no pueden ser deshechas por ningún otro poder o autoridad en el mundo15. Puesto que legislar es la expresión suprema de la autoridad, entonces -concluye Blackstone- soberanía y legislatura son términos equivalentes, ya que el uno no subsiste sin el otro16.

Aunque la Revolución Gloriosa apeló al carácter único inglés en cuanto a libertades, instituciones consensuadas -como el Parlamento y el jurado-, y la tradición de subordinación del rey al Derecho, esta (revolución) nunca extendió al grueso de la población derechos de participación política, y durante el periodo postrevolucionario el Estado británico continuó bajo el dominio de la clase propietaria-independiente. Por esta razón, la revolución inglesa no facilitó el desarrollo de una idea inclusiva de nación, como depositaria de la soberanía y fundamento de un estado unitario17.

Ahora bien, de alguna manera la noción y percepción acerca de la soberanía en las Trece Colonias atlánticas difería de aquellas aceptadas en la Gran Bretaña. En teoría, existía un principio general según el cual la totalidad del mundo británico estaba representado en el Parlamento y, por tanto, toda la sociedad estaba sujeta a obedecer las leyes emanadas del mismo18. Como parte de la sociedad británica, los habitantes de las Trece Colonias entonces debían obediencia al Parlamento. No obstante, en dichas colonias la práctica desplazó a la teoría. Según Baylin, la regulación de asuntos básicos y rutinarios en tierras norteamericanas emanaba de las autoridades de las colonias mismas, y escapaba del brazo del Parlamento. Asambleas coloniales, juntas locales y municipales disponían sobre producción y distribución de productos, conductas de los ciudadanos, y hasta sobre la creación y recolección de tributos. En la práctica, este nivel de autonomía político-administrativa complicaba cualquier intento de control parlamentario pleno, como se intentó a través de la Ley de Declaración, la cual rezaba que el Parlamento "tiene, tuvo y por derecho tendrá todo el poder y la autoridad para establecer leyes y estatutos, con fuerza y validez total, para obligar a las colonias y al pueblo americano bajo cualquier circunstancia"19.

Combinadas con la escasez de medios fiscales o coercitivos, así como la renuencia de la metrópoli para gastar dinero en propósitos imperiales, las expectativas de los colonos inevitablemente descansaban en que la autoridad del imperio no estaría concentrada en un centro -sino que por el contrario- distribuida entre el centro y las periferias. Entonces, la autoridad británica en las colonias sería consensuada y dependiente en la opinión de las provincias, y el poder efectivo allí firmemente situado en gobiernos provinciales y locales, estos últimos amplios y participativos. Así, era éste un imperio consensual, compuesto por una asociación débil de entidades políticas que se autogobernaban, y en donde autoridad y poder efectivo se distribuían entre la metrópoli y la periferia. Por ello, lo que se reputaba como legal y como constitucional no era determinado por imposición, sino por negociación20. Sin embargo, a partir del año 1750 las autoridades metropolitanas se embarcaron en políticas de consolidación, diseñadas para convertir el imperio en una entidad unitaria, utilizando medidas que desafiaban directamente la autonomía de las colonias. Al someter a sus habitantes a normas no consentidas, éstas fueron cuestionadas apelando a los derechos tradicionales de los británicos, y después la invocación de estos últimos lo que llevó al desencadenamiento de la rebelión, la represión y la guerra21.

El desacuerdo sobre la soberanía aparecía como irreconciliable: mientras que en la metrópoli la soberanía -entendida como el poder supremo, indivisible y final para hacer leyes- la poseía el Parlamento, en las colonias ese poder se enlazaba con el pueblo, mantenido por y dentro de este último22. Entonces, en la práctica la idea de soberanía popular se gesta en la era colonial americana, no obstante -como lo afirma Tocqueville- la imposibilidad de "mostrarse en las leyes de las colonias, obligadas todavía a obedecer a la metrópoli; por tanto, se extendió en secreto y ganó terreno en las asambleas provinciales y en las pequeñas ciudades"23. Ya durante la Revolución Americana, los rebeldes defendieron la idea del pueblo como titular legítimo de la soberanía, en lugar de autoridades que se encontraban situadas en una Inglaterra muy distante. Esta idea se mantendría con la fundación de nuevos gobiernos y con el establecimiento de constituciones escritas en los nuevos Estados, en nombre de, y bajo la autoridad proveniente del pueblo24. En conclusión, mientras que la noción de soberanía popular en la modernidad británica no pasó de ser una idea aislada y además contraria a la ortodoxia de la supremacía parlamentaria vigente, en los primeros años de lo que será los Estados Unidos es una noción capital, una conditio sine qua non el estado podría existir y, por tanto, se convertirá en un principio fundacional consagrado en las nuevas constituciones escritas.

Sumado a la desavenencia respecto del titular de la soberanía, la naturaleza unitaria o divisible de esta última era un tema que separaba también a británicos y norteamericanos. En Gran Bretaña, a partir de la Revolución Gloriosa, la soberanía reside en el Parlamento y es un poder indivisible. En las Trece Colonias, como se ha reseñado arriba, operaba un sistema de soberanía dividida de facto, en el que sus propias autoridades disponían sobre sus asuntos internos y el Parlamento hacía lo propio respecto de temas que ocupaban la atención del imperio británico como un todo. Entre otros, el desacuerdo respecto a la titularidad -Parlamento o pueblo- y a la naturaleza -indivisible o divisible- de la soberanía será el elemento que facilitará el rompimiento definitivo entre la metrópoli y las Trece Colonias25. Casi sesenta años después, Tocqueville describía cómo la idea de soberanía se había proyectado a partir del susodicho rompimiento así: "al comenzar la revolución americana, la doctrina de soberanía popular cultivada en las ciudades se incrustó en el Estado; todos adhirieron a su causa, batallas se pelearon y victorias se ganaron en su nombre, hasta que se convirtió en ley de leyes"26.

2.2. La concreción de la Soberanía Popular: las primeras Constituciones Estatales en Norteamérica

Durante la Revolución Americana, el nuevo Estado -como hecho diferencial- descansaba en dos premisas: de un lado, el estatus inmediatamente antecedente de "colonia", en el sentido que los nuevos gobiernos estatales aparecían como sucesores lógicos de sus pares coloniales, situados en comunidades políticas o estados que mucho más antiguos que la Revolución. De otro, la nueva comunidad aparece a partir de la redacción de una constitución estatal, pues el pueblo soberano crea un nuevo estado. Entonces, el Estado a manera de comunidad territorial proviene del periodo colonial, mientras que como estructura institucional es creado por los revolucionarios27 a través de la Constitución.

Como se ha anotado arriba, once de las trece excolonias adoptaron constituciones escritas, entre 1776 y 1780. De ellas, nueve enuncian cláusulas en las que se alude concretamente a la noción de soberanía popular. Sin embargo, la adherencia a esta idea era general e indudable en el mundo atlántico norteamericano, como lo demuestra las firmas estampadas de representantes de todas y cada una de las Trece Colonias al final de la Declaración de Independencia, que en suma se concibió, según diría Jefferson cincuenta años después, como "la expresión de la mentalidad americana"28. Y es que la Declaración afirma que los gobiernos se instituyen para salvaguardar los derechos individuales, que el poder público deriva del consentimiento de los gobernados, y que el pueblo puede alterar, e incluso abolir, todo gobierno que falle a sus intereses.

Tocqueville anotaba que en la Revolución cada una de las Colonias se convirtió en una república independiente, asumiendo la soberanía absoluta,29 realidad que se refleja en la noción de soberanía popular presente en nueve de las primeras constituciones estales. La de Carolina del Sur afirma que el pueblo "es origen y fin de todos los gobiernos"30; la de Virginia dice que "todo poder deriva de, y recae en el pueblo",31 y de manera similar lo hacen las de Nueva Jersey y Nueva York; la de Georgia prescribe que es en el pueblo "donde se origina todo poder, y por cuyo beneficio se establece todo gobierno"32; en la de Carolina del Norte se lee que "todo el poder político pertenece al y deriva del pueblo únicamente"33, mientras que la de Maryland reza que "todo gobierno se origina en el pueblo"34. De acuerdo al texto constitucional de Pennsylvania, "todo poder en su origen es inherente al, y derivado del pueblo"35, y según el de Massachusetts el pueblo es "libre, soberano e independiente"36.

El proceso de aprobación de las primeras constituciones estatales en las otrora Trece Colonias, además sirvió para reafirmar nociones como la supremacía de la Constitución, y establecer distinciones claras entre poder constituyente y poderes constituidos -en especial el legislativo-. A partir de 1776 el pueblosoberano creó nuevas estructuras estatales, encarnado como poder constituyente en convenciones constitucionales. Por medio de estas últimas se acometieron dos requerimientos: cómo constituir nuevos estados, y encontrar el poder constituyente. Así la convención constituyente, al encarnar la soberanía del pueblo, creaba un nuevo Estado y luego se autodisolvía37.

Durante la Revolución, a medida que las legislaturas revolucionarias en cada excolonia empezaron a edificar sus Estados, los líderes entendieron que la formación de nuevas estructuras institucionales requerían una sanción popular especial. Por ello, estas legislaturas -en lugar de redactar las constituciones- convocaron a elecciones para designar convenciones especiales que lo hicieran. Estos comicios extraordinarios marcaron claras diferencias entre normas fundamentales y legislación ordinaria, pues significaban que las legislaturas no otorgarían constituciones o derechos al pueblo -como en el pasado lo había hecho el Rey mediante cartas y privilegios a los habitantes de las colonias-, sino que por el contrario se reconocía como hecho cierto el que la soberanía se situaba en el pueblo, y el pueblo instruía a un cuerpo político -la convención- para que en su nombre fundara al Estado38. Al reconocer al pueblo como la fuerza vitalizadora detrás de las constituciones estatales, la redacción -y posterior adopción- de estas últimas correspondía a convenciones especiales, y no a legislaturas ordinarias. Convenciones que parecían como asambleas ideales para redactar constituciones, pues al ser temporales no representaban un interés político hacia la construcción institucional39.

De acuerdo a lo hasta aquí expuesto, la noción del pueblo como titular de la soberanía goza de aceptación general en los nuevos trece estados -antes colonias británicas-, como lo demuestran tanto el texto de la Declaración de Independencia como las cláusulas citadas pertenecientes a los textos constitucionales de algunos de aquellos estados. Ahora bien, las circunstancias y factores jurídico-políticos del periodo transcurrido entre 1776 y 1786, afectarán el ejercicio efectivo de la soberanía y determinarán entonces la creación de un modelo político que agrupará a dichos estados -y sus pueblos soberanos- en la federación que desde entonces se conoce como los Estados Unidos de América. Es decir, el surgimiento de Estados Unidos, como estado federal, no fue un resultado o un paso inmediatamente a seguir dentro de la superposición de acontecimientos que confluyen en el movimiento constitucional norteamericano. Si ese hubiese sido el caso, entonces nunca hubiesen existido las controversias respecto de la conveniencia de crear una estructura federal y de sus atribuciones. Por el contrario, la idea de crear un estado federal, y su efectiva realización a partir de la Constitución de 1787, resultan de una serie de circunstancias que tienen lugar en la década inmediatamente siguiente a la Declaración de Independencia.

3. La Constitución Federal de 1787

Dentro del movimiento constitucional norteamericano pueden distinguirse dos momentos fundacionales. El primero correspondería al comienzo de la Revolución y al establecimiento de la independencia de la Gran Bretaña; el segundo se da a partir de la Constitución Federal de 1787, con lo que empieza una primera fase de los estadounidenses organizados como nación40. La organización de las antiguas colonias bajo los Artículos de la Confederación -a partir de 1781- presentaba serias deficiencias, tales como la debilidad evidente del Congreso. Este último, siendo el organismo capital de la Confederación, carecía de atribuciones fiscales y de autoridad directa para hacer válidas sus decisiones. Dichas fallas estructurales, sumadas a la existencia potencial de problemas entre los estados, planteaban un panorama incierto. Tan incierto que, según lo explica el profesor Murphy, hasta líderes opuestos a la unión reconocían la existencia de situaciones que requerían de soluciones nacionales y de un gobierno central más poderoso41.

3.1. El camino hacia la Constitución Federal de 1787: factores determinantes

Como se ha anotado en otros apartes del presente escrito, la creación del modelo estatal consagrado en la Constitución de 1787 no se dio como un hecho automático dentro del constitucionalismo norteamericano. La llegada a dicha instancia, como lo anota Ellis, "más que gradual, ocurrió repentinamente, de una manera más revolucionaria que fruto de la evolución"42. En cualquier caso crecía la opinión respecto a la necesidad de cambios constitucionales que pudiesen fortalecer y asegurar los derechos individuales -en especial los de propiedad-, mejorar la seguridad nacional y estabilizar la economía,43 así como también evitar agresiones potenciales de los estados entre sí. A continuación se explican algunos factores que señalaron el camino para la adopción de la Constitución Federal.

3.1.1. Ausencia de unidad nacional

Un primer factor radica en la ausencia de un sentimiento nacional. El movimiento constitucional norteamericano fue desde sus inicios netamente local, pues fue en las localidades donde brotan las discusiones sobre libertad y revolución, para luego éstas ser retomadas a nivel general en cada colonia, y después constituirse cada una de ellas en una entidad estatal diferenciada de sus vecinas similares. Según Riker, desde 1774 los rebeldes en cada colonia se reunían en comités que usurparon la autoridad ejercida hasta ese momento por oficiales de la metrópoli, que luego enviaron sus representantes al Congreso Continental44. Y es que era claro que para 1776 no existía entre las colonias sentimiento alguno de unidad o nación. Como lo señala Wood, los americanos eran poco más de dos millones de individuos blancos que vivían en una colección de colonias dispares situadas en una línea costera del Atlántico, reputadas como económicamente subdesarrolladas y lejanas a la civilización45.

En ese sentido, las diferencias entre los distintos estados, otrora colonias, eran evidentes. Los estados del sur -Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia- gozaban de amplias y fértiles tierras, con temporadas de cosecha largas que les permitía la producción de tabaco y arroz; por lo mismo, dependían de una economía basada en plantaciones y esclavos. Los estados del Atlántico medio -Pennsylvania, Maryland, Nueva Jersey, Delaware y Nueva York- basaban su economía en granjas pequeñas y manufacturas. Los estados de Nueva Inglaterra, debido a sus suelos pobres y la dureza climática, más que agricultura operaban con base a la pesca, el comercio y la construcción naviera46. Por ello no sorprenden apreciaciones tales como las de James Madison, nativo de Virginia, cuando afirmaba que "de los asuntos de Georgia conozco tan poco como de los de Kamskatska"47.

Y es que para mediados del siglo XVIII cada una de las trece colonias funcionaba como entidad política independiente de sus vecinas. En ese sentido, Tocqueville afirma que "cada una de ellas ha disfrutado de una existencia separada y de un gobierno propio"48, mientras que Ellis señala que antes de 1776, éstas "no tenían historia común como nación, ni experiencia de comportamiento colectivo coherente entre ellas"49. Así, el mero hecho de encontrarse en común bajo una situación de rebelión, no implicaba la segura unión a futuro de dichas entidades políticas. Un eventual sentimiento nacionalista era débil, según lo demostrado por las circunstancias: si la lealtad a la Gran Bretaña, heredada de varias generaciones, había sucumbido ante los desacuerdos de mitad de siglo, era poco probable la aparición súbita de lealtad a la unión de los nuevos estados. El resquemor y la desconfianza contra el gobierno central británico, se transmitía a cualquier otro tipo de estructura centralizadora50.

Durante la revolución la autoridad política se mantuvo en la esferas locales de poder, pues la existencia de un poder central -el Congreso Continental- era bastante débil, ya que fue sólo una consecuencia indeseada de la unión de Colonias para resistir conjuntamente la agresión británica. Así, el poder efectivo se mantuvo en los Estados, incluso por varias décadas, pese a la adopción de la Constitución Federal. En ese sentido la Revolución Americana fue una respuesta al esfuerzo centralizador de la metrópoli, y produjo un régimen político descentralizado y además caracterizado por la dispersión de autoridad, en el que, a pesar de la aparición de la idea de soberanía popular como fundamento del Estado, desarrolló sólo un concepto bastante rudimentario del pueblo como "nación"51.

No obstante, como bien lo señala Ranney, la ausencia de un sentimiento nacional al momento de la independencia, no elimina per se el altísimo grado de similitud social, cultural y político existente entre las antiguas Trece Colonias, similitud que favorecerá la eventual creación de un estado federal. Así, aparece, en primer lugar, una mayoría de población y clase gobernante de origen inglés y protestante, cuyas costumbres, lengua y tradiciones eran similares. En segundo lugar está la existencia de una clase media extensa, que tras la Revolución mantuvo su adherencia al common law y apoyó la creación de modelos republicanos de gobierno52.

3.1.2. La confrontación militar con la Gran Bretaña

A pesar del carácter marcadamente local -o si mucho, regional- del constitucionalismo norteamericano, y de la ausencia de una cultura nacional, lo cierto es que en las Trece Colonias se encontraron en un estado de rebelión y más tarde en guerra contra la Gran Bretaña. Por eso el segundo factor determinante radica en la guerra. Así, el Congreso Continental -cuya función original, como la asociación de las Colonias, era la de supervisar los acuerdos de no importación adoptados en cada una de ellas, como medida de presión sobre el gobierno británico53- se halló compelido a dirigir la guerra de independencia y a tratar con gobiernos extranjeros. Aunque, en principio, el Congreso actuaba como agente de cada uno de los trece Estados, los cuales por separado encarnaban la soberanía de sus respectivos pueblos, las vicisitudes y necesidades inmediatas de la guerra pospusieron cualquier discusión adicional acerca de la soberanía54. Incluso, el envolverse en una guerra contra la potencia mundial del momento operó como elemento de disuasión que evitaría luchas intestinas entre los mismos estados independientes55.

Por ello, años después Tocqueville se refería a dicho fenómeno diciendo que dado el marcado carácter local, "entre los americanos aparecieron dos tendencias opuestas: una que los llevaba a la unión, y otra que les dividía en su fuerza. Y mientras la guerra con la metrópoli duró, el principio de unión se mantuvo vivo por necesidad"56.

3.1.3. La adopción de los Artículos de la Confederación

La asociación o cooperación inicial entre los Estados, determinada como se dijo antes por los requerimientos de la confrontación militar con la Gran Bretaña, conllevó a la redacción en 1777 de los Artículos de la Confederación, y a su adopción definitiva en 178157. En general, la idea de un gobierno unitario encontraba resistencia, puesto que la rebelión se había dado precisamente contra las acciones centralizadoras de una estructura institucional unitaria. Por ello, la única alternativa disponible, con base a los ejemplos de Holanda y Suiza, era la Confederación58. El tercer factor entonces radica en el establecimiento de dicha confederación a través de los mencionados Artículos, cuyo preámbulo consagra la "unión perpetua" entre los trece estados que en virtud del artículo primero habrán de llamarse los Estados Unidos de América. Varios elementos hacían de la Confederación una estructura gubernamental débil: la ausencia de un poder ejecutivo y de una judicatura, el quórum decisorio de dos tercios requerido para la aprobación de medidas importantes, la necesaria colaboración de los gobiernos estatales para ejecutar las decisiones de la confederación, y la concentración de todas las funciones en un Congreso compuesto por representantes escogidos y pagados por cada uno de los Estados. Por ello la Confederación, más que una estructura de gobierno, era una liga de amistad suscrita entre estados soberanos59.

La Confederación viene a materializar la idea de un esquema centralizado que tenía sus raíces profundas en la historia de las colonias. Varios planes de centralización fueron propuestos en las colonias desde principios del siglo dieciocho, dirigidos principalmente a la defensa de fronteras y comercio, así como al establecimiento de una autoridad central con control sobre asuntos militares y civiles, atribuida a un ejecutivo y a un cuerpo legislativo, denominándose este último como Asamblea Nacional60.

El tema de la soberanía es de particular interés respecto de los Artículos de la Confederación. En primer lugar, y así reza el artículo segundo, "cada estado retiene su soberanía, su libertad y su independencia, así como también todo poder, jurisdicción y derecho que no haya sido delegado expresamente por esta confederación a los Estados Unidos, reunidos en el Congreso"61. En segundo lugar, y de acuerdo con el artículo trece, los firmantes de dicho texto declaran ser representantes delegados por las legislaturas estatales respectivas, como también dicen ser titulares de un poder y una autoridad ejercidos en nombre de sus respectivos conciudadanos. Entonces, los Artículos de la Confederación reafirman la soberanía popular en cada uno de los Estados firmantes, pero a la vez abren una nueva dimensión respecto de la misma: la soberanía, aunque poder supremo, puede dividirse, cederse y compartirse, y en este caso concreto el beneficiario de dicha cesión es el Congreso de la Confederación62.

3.1.4. Desbordamiento de las legislaturas estatales

Otro factor resulta de los excesos cometidos por las legislaturas estatales a partir de 1776. Como lo sostiene Wood, así como las autoridades británicas habían pervertido su poder, ahora el pueblo americano pervertía su libertad63. Las leyes aprobadas por las legislaturas -que eran elegidas por, y decían representar los intereses del pueblo- violaban los principios elementales de igualdad, propiedad y libertad que habían inspirado la revuelta en contra y la posterior separación de la Gran Bretaña. Leyes que entonces autorizaban la confiscación de propiedades, la persecución de antiguos súbditos leales a la Corona, el bloqueo de recuperación de deudas, o la restricción del derecho a un juicio con jurado, eran evidencia clara de que la voluntad del pueblo, expresada en sus legislaturas, podía ser caprichosa, arbitraria y tiránica. Paradójicamente, los vicios en los nacientes estados derivaban no de la ausencia de leyes, sino de las mismas leyes que emanaban de la soberanía popular64.

Las debilidades -y problemas- de los Estados eran tan prominentes como las que afligían al Congreso; a partir de 1776 se enfrentaban a dos desafíos importantes para su autonomía. El primero provenía de las funciones legislativas y representativas que hacían de los Estados entidades más efectivas que el Congreso. Y es que, dado que los Estados asumieron las cargas financieras y problemas económicos surgidos de la Revolución, asímismo constituían como el objeto evidente para el desencanto popular. Los gobiernos estatales eran acusados constantemente de fracaso por ciudadanos resentidos. El segundo obedecía a disputas territoriales entre los Estados, así como a potenciales movimientos separatistas al interior de los mismos. Así, la creación de una estructura federal aparecía como solución lógica contra la debilidad estatal, con capacidad para frenar separatismos, garantizar fronteras y definir disputas territoriales65.

En conclusión, para la mediados de la década de 1780 existía la opinión generalizada que reputaba a los Estados como una masa de poderes divididos en lucha por territorio y comercio, y a la Confederación como incapaz de afrontar las circunstancias amenazantes tanto externas como internas, tales como las políticas turbulentas de los Estados y las pretensiones exageradas de sus gobiernos66. Los antagonismos de Estados soberanos hacía de los americanos "extranjeros" entre ellos mismos; el inminente colapso de la Unión representaba una invitación a las potencias europeas para intervenir en los asuntos estadounidenses; la incapacidad del Congreso para formular una política comercial nacional efectiva, exponía a los Estados a un situación comercial de depredación. Mientras, condiciones inciertas en las fronteras hacían que sus moradores buscaran alianzas con sus vecinos españoles o británicos; en suma, las circunstancias antes descritas desembocaban en sospechas acerca del mal uso del poder estatal, por lo que la conclusión -bastante controversial- de los padres fundadores era que la amplitud de poderes de la que gozaban los Estados bajo los Artículos de la Confederación se erigía como la principal amenaza contra el modelo republicano en Norteamérica67.

Además, otro problema protuberante radicaba en que bajo los Artículos de la Confederación, el Congreso era incapaz de proteger bien la integridad territorial de Estados Unidos, o bien sus intereses comerciales. De hecho, la necesidad de un Estado nacional fuerte estadounidense emanaba de la ambición de estados poderosos europeos poseedores de ejércitos profesionales, armadas y enormes sistemas fiscales. Entonces, aquel Estado no poseedor de dicha estructura institucional se exponía a aquellos que sí la tenían, y en ese sentido los norteamericanos habrían de escoger entre arriesgar su independencia al permanecer débiles, o aceptar la necesidad de un Estado nacional fuerte. Bajo la Confederación, la imposibilidad de coordinar las acciones de trece Estados soberanos afectaba la movilización efectiva de recursos -por parte del Congreso-, problemática que no se evidenciaba en las potencias europeas68.

3.2. La Convención Constitucionaly la adopción de la Constitución Federal

Los factores antes explicados, con sus elementos positivos y negativos, propendían hacia la revisión de la estructura política existente, es decir, de los Artículos de la Confederación. Presiones para la citada revisión pululaban -entre ellas sobresalen las provenientes de James Madison y Alexander Hamilton- y finalmente el Congreso de la Confederación recomendó la reunión en Philadelphia, de una convención cuyo objetivo era la revisión de los citados Artículos. Dicha recomendación establecía que toda reforma o nueva disposición aprobada por la convención, habría de ser autorizada luego por el Congreso y después ratificada por los estados, de forma unánime.69 Muchos años más tarde Tocqueville se referirá agudamente a este momento histórico, escribiendo que al borde de su destrucción la Confederación "proclamó oficialmente su incapacidad para dirigir al gobierno y entonces apeló a la autoridad constituyente de la nación"70.

La Convención Constitucional sesionó entre el 25 de mayo y el 17 de septiembre de 1787; este último fue el día en que treinta y nueve delegados -de los cincuenta y cinco presentes en los debates- en nombre de doce estados71 firmaron la Constitución. La Convención reunía la experiencia de antiguos miembros del Congreso Continental, firmantes de la Declaración de Independencia, militares de la guerra de independencia, y miembros del Congreso de la Confederación; asimismo, entre sus miembros estaban varios redactores de constituciones estatales y gobernadores. Y de entre los delegados dos serían presidentes, más de veinte serían congresistas federales, y cinco habrían de fungir como magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos72. Según lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución, la ratificación de la misma por nueve estados -en sus respectivas convenciones- marcaría el comienzo de su vigencia y su obligatoriedad para dichos estados. El primer estado en que se ratificó fue Delaware (diciembre de 1787), y el noveno fue New Hampshire (junio de 1788).

La ratificación mediante convenciones dotaba a la nueva Constitución de legitimidad. En ese sentido, la ausencia de un aparato nacional fuerte previo a 1787 -y, por tanto, la presencia de su correlativa debilidad administrativa- hacía necesario el apoyo popular, para que cualquier medida gubernamental fuera efectiva. Así, la tarea radicaba en convencer a los ciudadanos -acostumbrados al ejercicio de poder local en sus pueblos y provincias- de que apoyaran la idea de un Estado nacional. Por eso, la legitimidad política derivaba del consentimiento de los gobernados, mas no de la autoridad del gobernante. Así, la decisión -por parte de los redactores de la Constitución Federal -de saltarse a los Estados para depositar la legitimad de la norma fundamental en un acto soberano de aprobación popular, demuestra que el asentimiento general era un elemento imprescindible para el funcionamiento del nuevo Estado Federal73.

La experiencia vivida al respecto a nivel estatal a partir del año 1776 -reseñada ya en este escrito-, en donde se eligieron convenciones para redactar las constituciones de cada Estado, hizo que se estableciera una distinción aguda entre el pueblo soberano -el cual detenta el poder único de hacer la constitución- y la legislatura elegida bajo dicha constitución. En 1787 la Convención Constitucional de Philadelphia extendió dicho proceso a la nación emergente americana, al insistir que la Constitución Federal fuese ratificada por convenciones estatales convocadas únicamente para tal propósito. Desde entonces, la idea de soberanía popular se plantó como el mito que subyace y estructura la vida política estadounidense74.

3.3. El esquema Estados-Federación establecido en la Constitución

Varios de los elementos contenidos en la Constitución de 1787 son destacables75. Sin embargo, de éstos el más novedoso radica en el "federalismo", es decir, en la distribución de funciones entre el estado federal y los estados que lo componen76. Para 1787 existían experiencias previas fallidas de confederaciones -incluida la norteamericana de los artículos de la Confederación- y los delegados en Philadelphia eran conscientes de ello77. Pero en la búsqueda de superar las falencias de la Confederación, los padres fundadores dieron con un sistema federal nuevo. En palabras del magistrado Kennedy, "el federalismo fue un descubrimiento propio de nuestra Nación"78.

Locke había utilizado el término "poder federativo" para describir aquella rama de poder encaminada a la relación entre Estados, y tanto en sentido etimológico como substantivo, la teoría y la práctica del federalismo americano provenían de una necesidad manifiesta para establecer acuerdos duraderos que organizaran las relaciones entre los trece Estados79. Poder federativo descrito textualmente por Locke, como aquél de "la guerra y la paz, ligas y alianzas, y de toda transacción con personas y comunidades fuera de la propia"80. Por ello es que hasta el año 1787 los términos "federal" y "federación" eran equivalentes a "confederación", y se referían a una liga de Estados autónomos cuyo objeto se reducía a común defensa y comercio. No obstante, a partir de la adopción de la Constitución de los Estados Unidos, "federal" adquiere otra connotación, la de una nueva estructura política sin precedentes81.

Así, la teoría moderna del federalismo surge de los compromisos logrados en el curso de las labores constitucionales que tuvieron lugar en Philadelphia, los cuales no fueron resultado de especulaciones teóricas, sino de preocupaciones ciertas relacionadas con exigencias prácticas. Los redactores de la Constitución buscaban una Unión federal con fuerza suficiente para proveer un esquema institucional efectivo, a la vez que bajo límites reales que dieran amplitud a los Estados para tener una vida política propia82. Y es que no puede olvidarse que la existencia de los Estados era un hecho cumplido -y una realidad ineludible- dentro de la vida política americana, que se atravesaba a los padres fundadores en todo momento durante sus deliberaciones. La reconstrucción de una Unión federal llevó a los redactores a conciliar sus reservas hacia la capacidad de los gobiernos estatales para con la cruda realidad jurídica, política e histórica que propendía a preservar la autoridad residual de los Estados, así como las ambigüedades del federalismo con las que futuras generaciones habrían de seguir lidiando83.

La distribución de funciones entre los dos niveles considerados en la Constitución -es decir, estado federal y estados que lo componen- se establece en los artículos uno, tres, cuatro y seis. Así, de acuerdo a la sección octava del artículo segundo el Congreso federal tiene amplios poderes fiscales y tributarios, poder para acuñar moneda y regular el comercio internacional e interestatal, para establecer fuerzas armadas y declarar la guerra, entre otros. Dicha sección finaliza con una cláusula residual que otorga al Congreso federal facultad para "hacer todas las leyes que sean apropiadas y necesarias para llevar a cabo sus demás funciones". La sección 2 del artículo tercero enumera las competencias de los tribunales federales, cuya jurisdicción recae sobre asuntos constitucionales, tratados internacionales, diplomáticos, derecho marítimo, diversidad de jurisdicción84 y aquellos casos en los que el estado federal sea parte.

Igualmente recae dentro del ámbito federal su obligación de garantizar en cada uno de los estados la forma republicana de gobierno, además de proteger potenciales invasiones entre los mismos, como lo predica la sección 4 del artículo cuarto. Finalmente, el artículo sexto consagra la denominada "cláusula de supremacía". En ella se afirma que la Constitución Federal, las leyes federales y los tratados internacionales se erigen como "el derecho supremo del país", por lo que los jueces de todos los estados están obligados por el mismo, sin importar cualquier disposición contraria -bien constitucional, o bien legal- a nivel estatal.

En cuanto a lo que concierne a los estados, la sección 10 del artículo primero establece una serie de prohibiciones. Así, los estados no pueden hacer acuerdos o tratados internacionales, acuñar moneda, entorpecer las obligaciones contractuales o establecer tasas sobre exportaciones e importaciones. Las secciones primera y segunda del artículo cuarto mandan, respectivamente, la reciprocidad en el reconocimiento del derecho entre estados, y la extradición de fugitivos. A manera de enunciación positiva de facultades, la décima enmienda -adoptada en 1791- consagra que "los poderes no delegados a los Estados Unidos por esta Constitución, o prohibidos por ella a los estados, se reservan a los estados o al pueblo respectivamente". En resumen, de acuerdo al profesor Greve, la constitución estadounidense establece un estado federal, en el que participan los Estados para su normal formación y operación; ella atribuye funciones específicas al primero, y limita los poderes de estos últimos. No obstante, garantiza a los Estados su integridad territorial, su existencia política y -en últimas- su intervención dentro del proceso de reforma constitucional85.

El esquema institucional trazado por la Constitución de los Estados Unidos presenta además otro elemento capital, a saber la separación de poderes. Con una base teórica sólida en autores como Montesquieu y Locke, en el último cuarto del siglo XVIII -tras la Declaración de Independencia- el desafío consistía en adaptar las instituciones existentes a la doctrina de soberanía popular. En ese sentido, el problema no era ya la separación de distintos poderes, sino más bien la separación de poder emanado de una sola fuente, el pueblo. Al ser la separación de poderes condición necesaria de la libertad, la tarea era pues reconciliar dicho principio con la idea de soberanía popular; esta última invocada explícita y dramáticamente en las nuevas constituciones estatales, y entendida como la expresión última y plena de tal libertad. Dado el intempestivo cambio institucional, la tarea de dividir el poder era formidable. En ese sentido, de la noche a la mañana la concepción moderna de poder público reemplazó a las ideas arcaicas de gobierno monárquico, dando paso a la idea de poder popular supremo, y a la reflexión acerca de cómo proteger al pueblo -como ciudadanos- del pueblo -como gobernante-86.

Esa protección radica en establecer al poder para contrarrestar -o chequear, si se prefiere- al poder, que a la postre resulta en un principio autolimitador.87 Contrario a la incompatibilidad manifiesta entre la constitución mixta -compuesta por la corona, la nobleza y el pueblo llano- y la soberanía popular, la Constitución Federal americana rechaza abiertamente a la primera en nombre de la última. Y esa autoridad suprema que emana del pueblo, establece -mediante la susodicha Constitución- un sistema institucional complejo, que divide al poder tanto a nivel horizontal -es decir, dentro del estado Federal- como vertical -es decir, entre el estado Federal y los Estados-88.

4. La cuestión de la Soberanía en la Constitución Federal

La Constitución de los Estados Unidos proveyó una respuesta innovadora al problema de la soberanía en un sistema federal. Sus redactores lo hicieron aplicando, a escala continental, los principios del constitucionalismo revolucionario explorados y desarrollados en los Estados a partir de 1776. Así, para ser completamente legítima la Constitución tenía que ser redactada por una convención especial y ratificada después por el pueblo. Así, al institucionalizar la premisa en la que sólo el pueblo es soberano -mas no ninguna estructura estatal- los americanos posibilitaron que la ciudadanía soberana delegara algunos poderes en los Estados, y algunos otros en un Estado Central89.

Una vez aprobada la Constitución, de inmediato aparecieron dos concepciones enfrentadas radicalmente respecto al carácter del sistema político federal, de lo que era y debería de ser. Para una de ellas la Constitución era un pacto entre estados soberanos y éstos conservaban su soberanía, salvo en aquellos asuntos en que ésta había sido cedida expresamente; además, dentro de esta visión los poderes del estado federal debían de interpretarse estricta y estrechamente. Para la otra concepción, la Constitución había sido creada por un mandato del pueblo de los Estados Unidos, y no por los estados como entes políticos; dicho mandato establecía un gobierno central supremo, cuyos poderes debían interpretarse liberal y ampliamente, de manera que los objetivos y propósitos trazados en la Constitución pudiesen lograrse90. Esta última concepción es la que se conoce como la posición nacionalista o federalista, mientras que la primera se conoce como la doctrina de los Derechos de los Estados. Tocqueville reseña la existencia de las dos facciones, al escribir que "cuando la Constitución Federal fue adoptada, el interés hacia la independencia de Estados separados y el interés hacia la unión de todo el pueblo, eran los dos únicos intereses en conflicto que existían entre los Americanos, y por ello, necesariamente fue alcanzado entre ellos un compromiso"91.

Como se puede observar, el elemento capital en que se cimentan cada una de estas posiciones es la noción de soberanía. Pero es importante señalar dos precisiones. La primera, que ambas doctrinas coinciden en y defienden la idea de soberanía popular. Es decir, no hay controversia sobre la titularidad y la fuente de la soberanía. La segunda, que el problema entre las dos posiciones surge alrededor de la cesión y manifestación de la soberanía; en otras palabras, reconociendo al pueblo como titular de la soberanía, se discute respecto a en qué aparato gubernamental aquél depositó -o entregó- dicho poder.

4.1. Soberanía Popular y Dividida

Gouverneur Morris, quien fuera uno de los firmantes de la Constitución Federal, afirmaba que en los Estados Unidos "el pueblo era el rey92". Es decir, para los padres fundadores "el pueblo era el soberano"93. Aunque dentro de su texto existen pocas referencias explícitas o implícitas al pueblo, sin embargo, es claro que, como se anotó en el epígrafe inmediatamente anterior, respecto de la titularidad de la soberanía en la Constitución Federal hubo consenso en que su fuente y titular era el pueblo94.

De manera contundente el preámbulo reza que "Nosotros el pueblo de los Estados Unidos [...] mandamos y establecemos esta Constitución". Luego, la sección 2 del artículo primero establece que los representantes a la Cámara serán escogidos por "el pueblo de los estados". El artículo quinto hace referencia a convenciones estatales -que se entienden escogidas por el pueblo en cada estado- como mecanismo de ratificación de enmiendas constitucionales. Por último, el artículo séptimo manda que la aprobación definitiva de la Constitución sea popular, a través de "la ratificación de convenciones" estatales.

Recapitulando, la soberanía, como elemento fundacional del estado y del poder público, era un principio incontestable asumido por los norteamericanos desde 1776, como bien lo demuestran las cláusulas constitucionales de algunos estados, antes expuestas; bien lo apreciará Tocqueville décadas después95. Pero, además de situar a la soberanía en las manos del pueblo, ellos entendieron que el pueblo soberano podía no sólo recobrar la soberanía cedida al estado, sino además entregar ésta a distintos niveles. Esta idea de "soberanía dividida" permitió que el pueblo estadounidense entregara unos poderes a la federación y otros los dejara bajo la competencia de los estados.

La noción de soberanía como disponible y controlable por su titular, es decir, por el pueblo, subyace a aquella noción de la soberanía dividida. Disponibilidad y control que se encuentran consignadas en los escritos de John Locke, cuya influencia sobre los padres fundadores estadounidenses está más que probada96. Así, como muy bien lo apunta Doernberg, Locke trasciende lo teorizado por Bodino, Hobbes, y Filmer -para quienes la soberanía era inmutable e indivisible- y sostiene que la cesión de la soberanía ni es total ni es irreversible97. Para Locke, dentro del estado el legislativo es el poder superior, aunque siempre fiduciario del pueblo. Textualmente afirma que "siendo el legislativo solo un poder fiduciario para actuar de acuerdo a ciertos objetivos, siempre se mantendrá un poder supremo en el pueblo para remover o cambiar al legislativo, cuando este último ha actuado en contra de la confianza depositada en él"98. La ruptura de la fiducia hace que el poder retorne al pueblo, ya que éste tiene "el derecho a retomar su libertad original, y en virtud de esta, establecer un nuevo gobierno"99. En conclusión, según Locke el poder supremo pertenece al pueblo, y su delegación siempre puede ser cancelada, y entonces dicho poder supremo revierte en el pueblo, el cual puede cederlo nuevamente.

Ese concepto de disponibilidad sobre la soberanía permitió a los estadounidenses hacer algo hasta ese momento impensable: dividir la soberanía. En ese sentido, los padres fundadores concibieron a la soberanía no como un único poder, sino como la suma de varios poderes que el pueblo puede distribuir entre distintos niveles del Estado100. Así, cada uno de estos distintos niveles tiene ciertas responsabilidades, las cuales derivan del poder soberano del pueblo. Entonces, la Federación tiene determinados poderes, los Estados otros, y el pueblo se ha reservado cierta autoridad soberana que puede ejercitar en cualquier momento101. En resumen -y como muy bien lo apunta Tocqueville-, el pueblo es fuente única de poder, en determinados supuestos los Estados están sometidos a la autoridad de la Unión, y a esta última sólo se le ha concedido una soberanía parcial102.

4.2. La doctrina de los Derechos de los Estados

El 4 de marzo de 1861, en su discurso de posesión, el Presidente Abraham Lincoln reconocía como un principio cierto del derecho constitucional estadounidense, aquél según el cual "al gobierno federal le estaba vedado entrometerse en las instituciones domésticas de cada Estado"103. Prosiguió afirmando que cada Estado tenía el derecho para "ordenar y controlar sus propias instituciones domésticas", y que éste era un rasgo "esencial para el equilibrio de poderes, y sobre el que la perfección y durabilidad de nuestra fibra política depende"104. Sin adscribirse a ella,105 estas frases parecerían estar de acuerdo con la doctrina de los Derechos de los Estados, y su actitud es entendible, pues en ese momento Lincoln buscaba evitar la secesión de los Estados del sur.

Así, en la doctrina de los Derechos de los Estados se asume que éstos siguen en posesión de soberanía, para todos aquellos temas no cedidos expresamente a la Federación. Por lo mismo, la doctrina exige una interpretación estrictísima de las funciones encargadas por la Constitución a esta última. El pueblo, titular de la soberanía, dividió ésta y la entregó en unas partes los Estados y en otras a la Federación. Según el profesor McDonald, la citada doctrina puede resumirse en la expresión latina Imperium in Imperio, es decir, "poder supremo dentro del poder supremo" o "soberanía dentro de la soberanía"106.

Además basta recordar que la lealtad primaria de los americanos durante la segunda mitad del siglo XVIII, era netamente provincial, a su colonia y luego Estado; su apego a entidades políticas más extendidas e inclusivas -como la Unión- era, en correspondencia, bastante débil. Así se da entonces la particularmente problemática conexión entre formación del Estado (nacional) e identidad colectiva: bien fuera su sentido provincial débil o fuerte, o su sentido nacional fuerte o débil, la crisis revolucionaria forzó a los americanos a pensar colectivamente, y a decidir la estructura institucional que llegarían a establecer. En ese sentido, soberanía popular es la premisa, y la formación del Estado su corolario107.

Ahora bien, la preocupación acerca de la soberanía estatal era relevante dado el grado de autonomía disfrutado por los ahora Estados, otrora colonias, en las décadas anteriores. Autonomía reflejada en la regulación de conductas individuales, establecimiento y recaudo de impuestos, y producción de alimentos. Como muy bien lo señala Higginbotham, dicha autonomía colonial se acentuó durante las guerras franco-británicas -de mitad del siglo XVIII-, ya que los menesteres del conflicto habilitaron a las asambleas para decidir sobre tributos de guerra, formación de milicias y nombramiento de comandantes108. El peso de esta tradición, y el sentimiento adjunto a ella eran muy fuertes, y lo seguirían siendo en las décadas venideras. Por ello, no obstante la adopción del sistema federal, la devoción profunda hacia el autogobierno local propugnaba preservar una esfera de acción estatal inviolable e independiente, fuera del alcance de la federación. Dentro de esa lógica, carecía de sentido haberse independizado de un gobierno británico distante y opresor, para que el Estado asintiera someterse a una estructura centralista -y, por lo mismo, potencialmente opresiva- como la federación109.

4.2.1. La Constitución Federal entendida como contrato

Antes de la Constitución Federal, patriotas de todas las corrientes -es decir, aquellos que apoyaban la creación de un aparato federal más fuerte, y aquellos que propugnaban la salvaguarda de la soberanía y los privilegios estatales- aceptaban la primacía de los Estados como un hecho consumado de la vida política norte-americana.110 Y esto debido a que, como ya se ha expuesto en varios apartes del presente escrito, los estados y las comunidades políticas por ellos comprendidas, habían disfrutado por muchísimos años de autonomía política y administrativa, y además habían sido estas comunidades los focos que nutrían el constitucionalismo norteamericano.

Para entonces, había consenso acerca de la soberanía popular y sobre su correlativa proyección -o manifestación- en el Estado. Es decir, se entendía al Estado como depositario de la soberanía. A nivel jurídico, la soberanía independiente de cada uno de los trece Estados aparece reconocida en tres documentos notabilísimos. El primero de ellos es el Tratado Franco-Americano, firmado en 1778, cuyo texto empieza así: "El muy cristiano Rey y los Estados Unidos de América, a saber: New Hampshire, Massachusetts Bay, Rhodes Island, ... [...]"111. El segundo consiste en el tratado que puso fin a la Guerra de Independencia, firmado en 1783, cuyo artículo primero dice: "Su Majestad Británica reconoce que dichos Estados Unidos, es decir, New Hampshire, Massachusetts Bay, ... [...] son Estados libres, independientes, y soberanos". Luego, al artículo quinto consagra que los británicos eran libres de ir "a cualquiera de los trece Estados Unidos"112. El tercer documento se refiere a los artículos de la Confederación, cuyo artículo segundo -citado arriba en el epígrafe 3.1.3- reconoce la soberanía de cada uno de los trece Estados.

Para 1787 era claro que cada uno de los trece Estados era depositario de la soberanía, y así debía de entenderse en la Constitución. Y en varios ensayos de El Federalista113 se reconoce -y se asegura- dicha posición jurídica. Hamilton, en el ensayo número 9 se refiere a los Estados como "partes constitutivas de la soberanía nacional", aclarando que la Constitución "deja en los mismos la posesión de ciertas e importantísimas porciones de soberanía"114. El mismo Hamilton avanza sobre esta idea en el número 32, cuando declara que en el nuevo sistema federal "los Estados retendrán claramente todos aquellos derechos de soberanía que tenían antes, y que no fueron delegados como exclusivos a los Estados Unidos"115.

Madison hace lo propio en el ensayo número 39, cuando escribe que "cada Estado, al ratificar la Constitución, es considerado un ente soberano e independiente de todos los demás", y añade que la esfera federal "se extiende sólo a ciertos asuntos enumerados, dejando en los Estados una soberanía residual e inviolable que se extiende a todos los demás temas"116. Esta idea la repite en el número 40, afirmando que los poderes de la federación "son limitados, mientras que los Estados -en todos aquellos casos no enumerados- disfrutan de jurisdicción independiente y soberana", pues la Constitución los considera "soberanos distintos e independientes"117. Y Madison puntualiza al respecto en el ensayo 45, señalando que las atribuciones de los Estados en el esquema federal son numerosas e indefinidas, y relativas a "la vida, libertad y prosperidad del pueblo, así como al orden interno, el progreso y la prosperidad del Estado"118. Además, el proceso de ratificación de la Constitución aunque popular, reconoce también la soberanía de los Estados. En dicho proceso, afirma Madison en el ensayo 39, el pueblo actuó "no como individuos que comprendían una nación entera, sino como miembros que componían cada Estado distinto e independiente al que pertenecían". Por ende, la ratificación y el consentimiento constitucional derivan "de cada uno de los Estados, y de la suprema autoridad en cada Estado, es decir del pueblo mismo"119.

Aunque ratificada por convenciones populares, la adhesión a la Constitución se realizó en cada Estado por separado, es decir, por el pueblo de cada Estado y no por el pueblo de los Estados Unidos como un todo. Y la ratificación en cada Estado por separado tiene sentido puesto que, como lo expone el profesor McDonald, para 1787 ya existían trece constituciones estatales, y la Constitución Federal chocaba con ciertos apartes de éstas. La Constitución Federal no hubiese podido ser ratificada por el pueblo estadounidense como un todo, pues implicaría que el pueblo de un Estado reformaría la constitución de otro, y así sucesivamente. La constitución estatal únicamente podía ser cambiada por el pueblo soberano de dicho Estado, y por lo mismo la adopción de la Constitución Federal se sometió a ese soberano en cada Estado120.

Entonces, según lo expuesto, tanto la costumbre como la tradición, así como también los hechos acaecidos durante la Revolución Americana, los tratados firmados después de 1776 y los Artículos de la Confederación, apoyaban la proyección de la soberanía popular sobre los trece Estados. Soberanía que fue luego reconocida dentro del articulado de la Constitución Federal, y contemplada además en el procedimiento de ratificación. Soberanía señalada y destacada por los más ardientes defensores del texto constitucional en El Federalista. Por tanto, dicha constitución puede entenderse como un contrato. Pero como lo aclara McDonald, no un contrato entre gobernantes y gobernados, ni entre todo el pueblo estadounidense. Por el contrario, y como lo evidencia la ratificación de la Constitución, sería un contrato entre pueblos de diferentes sociedades políticas, que actuaban como autoridad suprema en cada uno de los Estados.121 Así, aparece la noción de la Constitución Federal como pacto entre Estados soberanos, la cual será capital en la doctrina -y para la causa- de los Derechos de los Estados122.

En consecuencia, para dicha doctrina -y en relación con la Constitución Federal entendida como contrato- los Estados y sus pueblos respectivos son las unidades fundamentales dentro del sistema federal. En cada uno de los Estados es donde se desarrolla la vida política de forma amplia; por el contrario, a nivel nacional la dinámica política se da en un ámbito estrecho y circunscrito. La posibilidad de un pueblo estadounidense, a manera de concepto unificador, era dentro de la óptica de los Derechos de los Estados, sólo una mera quimera123.

Sin embargo, como se observará en el epígrafe que sigue, desde muy temprano la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a la dinámica Estados-Federación, se ubicará en la orilla contraria. Para el alto tribunal la adopción de la Constitución Federal partió en dos el régimen de soberanía estatal, pues en ella se entregó a la Federación determinados poderes supremos, y se restringieron aquellos antes disfrutados por los Estados.

5. Decisiones Judiciales acerca del Federalismo y Derechos de los Estados (1787-1825)

En su aclaración de voto de la sentencia U.S. Term Limits, Inc. v. Thornton, del año 1995, el Magistrado Kennedy escribía, respecto del federalismo como invención norteamericana, que los padres fundadores "habían dividido el átomo de la soberanía. Fue su idea genial el que nuestros ciudadanos tuviesen dos capacidades políticas, a saber, una estatal y una federal, protegidas de incursiones mutuas. La Constitución resultante [...] estableció dos órdenes diferentes de gobierno, en donde cada uno de los cuales tiene para con los ciudadanos su propia relación directa, además de su esquema propio de obligaciones y derechos"124. Lo que el citado pasaje expone es la descripción somera de una estructura federal. Ahora bien, el problema -o la controversia, si se prefiere- radica en la definición exacta de funciones entre uno y otro nivel de autoridad, es decir, en la línea divisoria que impide las intromisiones mutuas -potenciales y reales- entre la Federación y los Estados. En suma, es una estructura institucional bastante compleja, complejidad descrita también por Tocqueville125.

Así, la naturaleza de la unión federal, junto con la diferenciación de los poderes atribuidos al Estado Federal y a los Estados miembros, será el tema jurídico-político central en la nueva nación a partir de 1787. En algunos momentos, el asunto permanecerá silencioso y calmado bajo la superficie de la vida pública; en otros, explotará. No obstante, siempre la controversia que encierra el balance de poder entre la Federación y los Estados parecería resolverse en una dirección o en otra, para luego aparecer de nuevo y generar escozor126. Por ello, en las páginas que siguen se explicará como se resolvió dicha controversia en la arena judicial durante las primeras cinco décadas transcurridas a partir del establecimiento de los Estados Unidos.

Los motivos por los que me concentraré en ciertas decisiones de la Corte Suprema estadounidense expedidas dentro del marco temporal planteado al inicio del presente epígrafe -es decir, 1787 a 1833- son esencialmente dos. Primero, que son decisiones judiciales contemporáneas a, y, por lo tanto, reflejan las ideas sobre Constitución y soberanía que definieron el desarrollo del constitucionalismo norteamericano por venir. Segundo, porque la jurisprudencia a exponer refleja una postura marcadamente nacionalista -federalista, también podría decirse-que sirvió a la Corte para controlar la acción de los Estados y, por ende, erigirse como protagonista principal de la vida jurídica norteamericana. Ese impulso nacionalista de la Corte Suprema se observa con particular fuerza durante el marco temporal propuesto127. Ahora bien, por razones de espacio se expondrán sólo algunas sentencias de la Corte, aquellas que, discutiendo conceptos como soberanía popular, constitución, poderes de los Estados y poderes de la Federación, definieron para su momento la línea constitucionalmente legítima de actuación en cada nivel de gobierno -a saber, los Estados y la Federación- dentro de los Estados Unidos. Identificó acertadamente Tocqueville la importancia de la Corte Suprema de Justicia a éste respecto, pues afirmó que en sus manos descansan "la paz, la prosperidad y la existencia misma de la Unión; [...] [pues ella] defiende a la Unión de la desobediencia de los Estados, así como protege a los Estados de los excesos de la Unión"128.

5.1. Caso Chisholm v. Georgia (1793)

Este caso envuelve la reclamación de una deuda, incoada por un ciudadano de Carolina del Sur, contra el Estado de Georgia, a raíz de bienes vendidos y suministrados por el primero durante la Revolución, y no pagados por el último. No obstante, los apoderados del Estado de Georgia se negaron a participar en el proceso seguido ante la Corte Suprema de los Estados Unidos,129 alegando que a Georgia le asistía inmunidad contra demandas debido a su estatus como Estado soberano. Sin embargo, la Corte entendió que a partir del lenguaje del artículo 3° en la Constitución Federal,130 un ciudadano podía entablar demandas contra un Estado, y declaró que de no comparecer el Estado de Georgia, la Corte fallaría en su contra, lo que efectivamente sucedió en febrero de 1793131.

Siguiendo la práctica judicial inglesa, la Corte decidía seriatim, es decir, cada uno de los magistrados escribía una opinión separada132. Así, dentro del caso Chisholm, el magistrado Wilson se preguntaba por qué si un hombre libre "como soberano originario" se sometía a la jurisdicción de los tribunales, no habría de hacerlo también un Estado, en cuanto "agregado de hombres libres y suma de soberanías originarias"133. En ese sentido, "para efectos de la Unión, Georgia no es un Estado soberano"134. Según Wilson, la Constitución Federal fue creada por el pueblo de cada uno de los Estados -Georgia entre ellos-, mas no por los Estados. Y, en conclusión, "el pueblo de los Estados Unidos entregó a la Corte Suprema jurisdicción sobre el Estado de Georgia"135. De manera similar el magistrado Cushing, con base a la sección segunda del artículo tercero de la Constitución, enfatizaba que en ella se "garantiza al ciudadano de un Estado, la posibilidad de emprender acciones judiciales contra otro Estado"136. Para el magistrado Blair, el citado artículo del texto constitucional es clarísimo, y "obligatorio para cualquier miembro de la Unión, puesto que ningún Estado hubiese podido ser miembro sino es por la adopción de la Constitución"137. Por tanto, concluye que al adoptar la Constitución Federal, Georgia acordó someterse a la jurisdicción federal, y "en ese respecto sacrificó sus derechos de soberanía"138.

De acuerdo al entonces presidente de la Corte Suprema, magistrado John Jay, la Constitución Federal fue establecida por el pueblo de los Estados Unidos, como soberano y en su capacidad colectiva - nacional. Al concebirse ésta como "un pacto hecho por el pueblo de los Estados Unidos", se deduce que "en ésta tierra lo soberanía descansa en el pueblo, [...] los gobernantes son agentes del pueblo, y estos y aquellos están al mismo nivel"139. Jay define a la soberanía como "el derecho de gobernar", y la sitúa, a nivel nacional en el pueblo de la nación, y a nivel estatal, como soberanía "residual", en el pueblo del estado140. Luego, Jay se enfoca en la cuestión jurisdiccional, declarando que según la letra del artículo tercero del texto constitucional, "es claro que un Estado puede ser demandado por ciudadanos de otro Estado"141; razones de justicia elemental apoyan la citada disposición, ya que la posibilidad de que esos litigios sean tratados en un tribunal federal, en lugar tratarse en un tribunal del Estado demandado, evita cierto "peligro de irritación y aprehensión, así como el temor de parcialidad," garantizando además "una justicia libre, igual y justa a los ciudadanos"142.

La decisión en su contra motivó fuertes reacciones en Georgia, así como también en Massachusetts y Virginia, bajo la forma de resoluciones legislativas que clamaban por una enmienda constitucional que protegiese a los Estados contra demandas. En diciembre de 1792 -cuando el caso no había sido resuelto aún- la legislatura estatal de Georgia declaró que "el Estado no se consideraría obligado por una decisión en su contra, y que la consideraría como inconstitucional".143 Luego en abril del año siguiente, el Gran Jurado del distrito de Georgia presentó una queja formal contra "la decisión de la Corte Suprema sobre requerir [.] al Estado de Georgia para responder en juicio respecto a una acción entablada por un individuo de otro Estado, [.] [por entender] que existe incompatibilidad entre soberanía y sujeción a demandas judiciales".144 La gravedad del asunto se evidencia en el proyecto de ley aprobado por la cámara de representantes del Estado de Georgia -proyecto rechazado luego en el senado estatal-, en el que se castigaba con pena capital a quien intentara forzar a Georgia a pagar, de la siguiente manera:

todo aquél que "intente [...] en virtud de la autoridad de la Corte Suprema de los Estados Unidos [.] el pago o recolección de deudas contra el Estado de Georgia, [.] será declarado culpable de crimen y sufrirá pena de muerte"145.

En septiembre de 1793 la legislatura de Massachusetts emitió una resolución calificando "la doctrina sentada por la Corte como innecesaria, además de peligrosa para la paz, la seguridad y la independencia de los Estados, así como contraria a los primeros principios de un Estado Federal".146 Por su parte, la Asamblea General de Virginia declaró en noviembre del mismo año que la decisión de la Corte era "incompatible con, y peligrosa para la soberanía e independencia de los Estados, y tendiente a la consolidación general de estas repúblicas confederadas".147 En febrero de 1795 fue aprobada la Onceava Enmienda, la cual efectivamente elimina la jurisdicción federal sobre litigios entre un Estado y ciudadanos de otro Estado148.

5.2. Caso Ware v. Hylton (1796)

El Tratado de París, que puso fin a la guerra de independencia estadounidense, estipulaba que no habrían impedimentos legales para el cobro de créditos adeudados a comerciantes británicos, y que hubiesen sido contraídos antes de la Revolución. No obstante lo anterior, algunas disposiciones legales en el Estado de Virginia impedían a los británicos la recuperación de las citadas deudas. El presente caso surge a partir de una de aquellas deudas; en su decisión la Corte Suprema sostuvo la precedencia de un tratado sobre una ley estatal y, por tanto, eliminó las barreras que impedían las reclamaciones británicas149.

En marzo de 1796, la Corte Suprema de los Estados Unidos se pronunció al respecto de manera seriatim. De acuerdo a la opinión del magistrado Chase, desde 1776 -año de la independencia- "Virginia, como Estado soberano e independiente, podría confiscar cualquier propiedad británica dentro de su territorio, salvo que hubiese delegado dicha atribución previamente en el Congreso Continental"150. Durante la guerra de independencia, continúa Chase, el Congreso tuvo la autoridad para hacer la guerra contra Gran Bretaña, y dicho poder implica necesariamente el poder para hacer la paz. Por ello, y a pesar de las leyes aprobadas en cada uno de los trece Estados soberanos, los tratados adoptados por el Congreso eran superiores respecto a las leyes de los Estados151. A partir del artículo sexto de la Constitución Federal,152 continúa Chase, el pueblo estadounidense ha declarado que cualquier ley estatal contraria a un tratado será descartada y, por tanto, es deber de los jueces pronunciar ducha ley como nula. Es más, la fuerza de un tratado es tal, que en virtud del artículo sexto "puede aniquilar totalmente cualquier aparte de una constitución estatal que le sea contraria"153.

Siguiendo el argumento de Chase, Paterson afirma que el tratado derogó efectivamente leyes contrarias de Virginia154. Según el magistrado Wilson, dentro del marco constitucional federal "Virginia retiene su soberanía e independencia, salvo en asuntos expresamente delegados al estado federal", como lo es un tratado internacional. Así, este tratado basta para remover cualquier obstáculo basado en leyes de Virginia155. En ese mismo sentido, Cushing escribe que "un Estado puede hacer las reglas que le plazca; [...] pero si existe un tratado, que es derecho supremo, éste prima sobre cualquier ley estatal"156.

5.3. Caso Martin v. Hunter's Lessee (1816)

A raíz de una controversia referente a confiscación de tierras llevadas a cabo por el Estado de Virginia, en 1813 la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó el fallo emitido al respecto por la Corte de Apelaciones de Virginia. Sin embargo, esta última se negó a reconocer -y a someterse- a la jurisdicción federal y, por lo tanto, no obedeció el fallo de la Corte Suprema. Dicha renuencia llevó el caso en apelación de nuevo ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuya decisión anuló la sentencia virginiana en marzo de 1816 y además reafirmó la posibilidad de revisión federal -en apelación- de sentencias emitidas por tribunales estatales.

Empieza la Corte su sentencia clarificando determinadas ideas sobre la soberanía y el esquema federal: "la Constitución [federal] fue establecida por el pueblo de los Estados Unidos, y no por los Estados en su capacidad soberana", y al pueblo asistía "un derecho para prohibir a los Estados, el ejercicio de aquellos poderes tenidos como incompatibles con el objeto del pacto general". Sin embargo, para la Corte es claro que "los poderes soberanos depositados en los Estados, en virtud de sus constituciones, se mantienen intactos salvo aquellos delegados" en la federación157.

Prosigue el alto tribunal afirmando que la Constitución fue concebida para operar directamente sobre los Estados, como lo confirma el hecho de que la misma "está llena de disposiciones que restringen o anulan la soberanía de los Estados en algunas de sus más altas prerrogativas". Así, dado que los tribunales federales pueden controlar las actividades de los ejecutivos y legislaturas estatales, y llegado el caso declararlas inconstitucionales, "pueden igualmente controlar las actividades de las judicaturas estatales"158. Para efectos de la autoridad atribuida a la federación, "los jueces estatales no son independientes, sino que por el contrario, están obligados a obedecer la letra de la Constitución". Además de la supremacía constitucional, una razón de orden práctico apoya la revisión federal de sentencias estatales: "la necesidad de unificar decisiones expedidas en todos los Estados Unidos, que se refieran a asuntos referentes al ámbito de la Constitución"159.

La reacción contundente a los argumentos de la Corte Suprema mantenidos en la sentencia Martin, está precisamente en la decisión judicial que ésta pretendía corregir y que fue emitida por la Corte Suprema de Virginia en diciembre de 1815.160 Siguiendo la costumbre judicial inglesa, entonces cada juez escribía una opinión separada. Para el juez Cabell, el sistema de gobierno americano es sui generis, en el que la federación "tiene ciertos poderes enumerados y [...] limitados; [...] en el que el ejercicio libre de los poderes reservados a los Estados está tan protegidos por la Constitución, como el ejercicio de los poderes delegados a la federación [...] Ambas estructuras poseen una porción de soberanía dividida [...] [y están] separados e independientes del otro".161 Cabell hace énfasis precisamente en las distintas fuentes de autoridad que informan ambas estructuras: los tribunales federales derivan su poder del pueblo de los Estados Unidos, mientras que los estatales lo derivan del pueblo de sus Estados respectivos, siendo estos poderes "emanados de fuentes distintas y sin conexión común [...] [Puesto que las dos estructuras obedecen a soberanías distintas] los mandatos o instrucciones [provenientes de tribunales federales] no imponen obligación" a los jueces estatales162.

El juez Brooke califica a la soberanía residual de los Estados como inviolable, dentro de un sistema en el que "los Estados y la federación son completamente independientes unos de otros, [.] [sin que la Constitución autorice] que las autoridades estatales puedan ser controladas por la federación".163 Para el juez Roane en el sistema estadounidense los poderes de los Estados siguen teniendo fuerza completa, excepto en las cesiones hechas a la federación. Por ello es natural que "la jurisdicción otorgada a un sistema [federal] esté confinada a sus propios tribunales, [...] [más no puede] afectar a los tribunales de otro sistema diferente [el estatal]".164 Afirma que la supremacía de la Constitución Federal no puede interpretarse como "desconfianza hacia los jueces estatales", y recuerda que la federación es "resultado de un pacto en el que los Estados son las partes".165 El último párrafo de la sentencia comprende una declaración unánime del tribunal virginiano, declarando que "la función de apelación de la Corte Suprema de los Estados Unidos no se extiende sobre este tribunal [.], por lo que la obediencia a su mandato es declinada"166.

5.4. Caso MacCulloch v. Maryland (1819)

En esta sentencia, emitida en marzo de 1819, la Corte Suprema de los Estados Unidos examina la validez de una ley del Estado de Maryland, bajo la cual el Banco Federal -creado o incorporado en virtud de una ley federal- pagaría impuestos estatales. La Corte declaró la inconstitucionalidad de dicha ley estatal, sosteniendo entonces tanto la supremacía de la Constitución Federal, así como también la de toda ley que implique medidas requeridas para el correcto funcionamiento de los órganos federales.

Entonces, la Corte empezó afirmando que la autoridad de la Constitución Federal deriva y procede directamente del pueblo, y en consecuencia "es obligatoria y vinculante para con la soberanía de los Estados"167. Continúa diciendo que, a pesar de reconocerse a la federación como un sistema de poderes enumerados y limitados, la cuestión relativa la envergadura de éstos siempre existirá. Pero "las controversias relativas a los poderes de la federación y de los Estados, [.] y a la supremacía de sus leyes respectivas cuando chocan entre ellas, han de ser resueltas"168.

Ahora bien, en la línea de la proposición anterior, y de acuerdo al artículo sexto de la Constitución, el alto tribunal concluye que "el gobierno de los Estados Unidos, aunque limitado en sus poderes, es supremo", y los poderes depositados incluyen los medios requeridos para su ejecución. Luego, su diagnóstico respecto al ejercicio de los poderes federales es contundente, presumiéndolo a priori como legítimos y constitucionales: "siendo el fin legítimo y dentro del ámbito de la Constitución, y los medios apropiados y adaptados para dicho fin, mientras no estén prohibidos [...] son constitucionales"169. Concluye la Corte que "los Estados no cuentan con el poder [.] para retardar, impedir o controlar en manera alguna, aquellas leyes constitucionales aprobadas por el Congreso federal", principio que es una consecuencia inevitable "de la supremacía [federal] declarada en la Constitución"170.

La sentencia causó un debate extraordinario entre dos defensores acérrimos de los derechos de los Estados -el juez Brockenbrough y el juez Roane, firmando bajo los seudónimos Amphictyon y Hampden respectivamente- de un lado, y el presidente de la Corte Suprema americana -John Marshall, firmando bajo los seudónimos Amigo de la Unión y Amigo de la Constitución- del otro171. En marzo 30 de 1819 Amphictyon publicaba su primer ensayo en el Richmond Enquirer, precedido por una nota editorial que alertaba sobre "los errores alarmantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos en su última interpretación de la Constitución". Ya el autor veía en la sentencia una cuestión crucial que "afecta los derechos de los Estados que componen nuestra confederación, [.] y que les arranca muchos de los atributos importantes de su soberanía".172 Postura inadmisible la de la Corte, pues "los Estados delegaron a la federación sus poderes, y son éstos partes del pacto [constitucional]. [...] Los Estados dieron no sólo origen a la Constitución, sino que además la vida de ésta depende de la existencia de los Estados"173.

En abril 2 del mismo año, Amphictyon publicaba su segundo escrito en el Enquirer, en el cual hace predicciones nefastas. Señala que la falta de claridad en la división de funciones legislativas entre el Congreso y los Estados, llevará a que "la acumulación de dichos poderes en las manos de la federación sea muy fuerte para la libertad del pueblo, e inevitablemente erigirá un trono sobre las ruinas de la república. [...] [Este poder acrecentado] es alarmante para el pueblo y para los Estados".174 El Amigo de la Unión respondía en el periódico Union de Philadelphia -en abril 28- que, de mantenerse los argumentos de los derechos de los Estados "entonces se cambiaría la Constitución en su esencia, dejaría a la federación incompetente respecto a los objetivos para los que fue creada, y pondría todas sus atribuciones bajo el control de las legislaturas estatales. Sería la reinstauración de la vieja confederación"175.

El 11 de junio -en el Richmond Enquirer- Hampden escribía que ningún ciudadano "estaba preparado para otorgar carta blanca a nuestros gobernantes federales, ni para eliminar a los Estados de nuestro sistema político por siempre. [...] [Por ello y pese] a la guerra declarada por el órgano judicial, [...] es evidente que la Corte Suprema no tiene atribución para despojar de sus derechos reservados a un miembro soberano de la confederación, y depositarlos [los derechos] en el Estado Federal".176 Y añade en tono retador, la sentencia McCulloch es "alfa y omega, el principio y el final, la primera y la última de las usurpaciones federales".177 Prosigue su argumento el día 22 del mismo mes, afirmando que la Constitución, lejos de ser producto del pueblo americano como un todo, fue adoptada por los Estados en su naturaleza soberana más alta, es decir, por el pueblo de cada uno de ellos; en consecuencia, "los poderes federales son producto de un pacto, en el cual los Estados son partes". Es por eso que sólo los Estados, como partes fundantes del pacto constitucional, "son los jueces competentes para determinar si el pacto ha sido violado, sin que exista autoridad alguna por encima de su autoridad"178.

Para Hampden, la Corte "ha establecido una doctrina abstracta de manera extrajudicial [...] que otorga al Congreso autoridad desbordada, [...] [y que] destruirá en su totalidad a las autoridades estatales".179 El Amigo de la Constitución, en su defensa de las posiciones de la Corte Suprema, escribía en el Alexandria Gazette el 15 de julio de 1819 que las diatribas de Hampden "buscan la subversión de la Constitución, [...][que de prosperar] el gobierno de todos se postrará a los pies de sus miembros, y entonces el gran esfuerzo de sabiduría, virtud y patriotismo que lo produjo será derrotado totalmente"180.

5.5. Caso Cohens v. Virginia (1821)

La controversia del caso surge a partir de la venta de billetes de lotería nacional -autorizada mediante ley federal para la ciudad de Washington- en el Estado de Virginia. Puesto que la venta o compra de lotería en este último estaban prohibidas en virtud de ley estatal, dos sujetos que vendían lotería nacional fueron acusados y multados por un tribunal virginiano. Los acusados optaron entonces por apelar directamente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema, dadas las airadas protestas provenientes de las autoridades de Virginia,181 optó por dividir su decisión en dos partes: una referente a su competencia jurisdiccional sobre el asunto, y otra respecto al fondo del asunto como tal. En cuanto a las objeciones de Virginia sobre la competencia de la Corte -en cuanto su falta de competencia para revisar fallos emitidos por tribunales de los Estados— ésta reafirma su jurisdicción a partir de un análisis detallado acerca de el origen de la Constitución Federal, del alcance de las atribuciones federales, así como también del rol de los Estados dentro del nuevo sistema federal.

Empieza la Corte por comentar el origen del Estado Federal, así como la legitimidad popular de la Constitución, diciendo que "los Estados americanos, así como el pueblo estadounidense, han creído en una Unión firme y cerrada como esencial para su libertad y felicidad".182 Unión que sólo puede existir mediante un gobierno para todos, investido de todos aquellos "atributos de soberanía pertenecientes a Estados independientes".183 Es por eso que, determinado por la experiencia, "el pueblo americano, en convenciones de sus respectivos Estados, adoptó la presente Constitución".184 Esta última crea un Estado General (federal), que "aunque limitado en sus objetos, es supremo con respecto a los mismos, [...] y sus poderes están relacionados con muchas limitantes expresas e importantes a la soberanía de los Estados".185 Uno de los deberes de la federación es velar por el cumplimiento de estos principios, y "uno de los instrumentos por el que este deber se materializa es el poder judicial"186.

Pasa luego el alto tribunal a explicar su función judicial respecto a los Estados, y lo hace de manera general -y contundente a la vez- cuando dice que "la mera circunstancia de que un Estado sea parte, otorga jurisdicción a esta Corte".187 Y de no poder la Corte corregir las sentencias emanadas de los tribunales estatales, significaría que el "gobierno federal estaría -en cualquier momento- a merced de la voluntad de uno de sus miembros, [resultando] en que cada miembro tendría poder de veto sobre la voluntad del todo".188 Prosigue afirmando que nada en la historia constitucional norteamericana apoya la idea de dejar "en los Estados o sus tribunales poder alguno para resistirse o contradecir las medidas legítimas de la Unión."189 Por el contrario, la poca atención que los Estados prestaban a las requisiciones del Congreso durante la Confederación, hizo que "una convención [constitucional] se reuniera para cambiar el sistema"190.

Y es a partir de esa convención constitucional que "en muchos aspectos y fines los estadounidenses han decidido ser una Nación, [...] [cuyo] gobierno es completo, [...] competente y [...] supremo. Y en cuanto a sus objetos, controla legítimamente a todos los individuos y Estados dentro el territorio norteamericano".191 La superioridad de esa unidad nacional -federal- conlleva que "toda constitución o ley de los Estados que sea contraria a una ley o a la Constitución de los Estados Unidos, sea nula, [.] [puesto que] los Estados son partes constitutivas [.] y miembros de un gran imperio, para algunos asuntos soberano y para otros subordinado".192 En ese orden de ideas, para la Corte es claro que si la judicatura federal ejerce control constitucional respecto a constituciones y leyes estatales, pues tiene poder también para hacerlo respecto a decisiones judiciales. Y lo confirma al declarar que "si el Estado Federal es supremo en relación a objetos de interés vital para la Nación, [...] [entonces] la revisión de sentencias emanadas de tribunales estatales [.] es esencial para alcanzar dichos objetos vitales"193.

Una vez establecida su competencia, la Corte pasa a resolver el fondo del asunto, y lo hace analizando el propósito de la ley federal en el sentido de si ésta admitía la venta de lotería en aquellos Estados donde se prohibía. Así, el tribunal no encuentra palabras en la susodicha ley que busquen trascender los límites de la ciudad de Washington, pues la lotería creada era para "la ciudad, y no para operación extraterritorial alguna, [.][sin que se evidencie] intención de ejercitar atribuciones que controlen o limiten las leyes penales de un Estado".194 Por ello, el Congreso Federal no puede de forma ligera "interferir con las leyes penales de un Estado, máxime cuando éstas no se levantan contra poderes legítimos de la Unión sino que por objeto tienen solamente la regulación interna de dicha tierra"195.

Aunque la Corte reconoce que la oferta de lotería fuera de la ciudad facilitaría su venta, de esa realidad no se desprende que "el Congreso buscaba derogar las leyes penales de los Estados"196. En definitiva, las ganancias de esta lotería ayudarán a los ingresos de la ciudad, concebidas bajo "leyes cuya operación es enteramente local, y cuyo objeto es también local; [...] [por ello se entiende que] la idea del Congreso no se dirigía a la autorización de vender lotería más allá de los límites de la ciudad"197. Por lo tanto, en su decisión, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la sentencia emitida por el tribunal virginiano. A pesar de que en Cohens la Corte Suprema confirmó la decisión estatal, la genialidad de asumir el poder de revisión sobre sentencias emanadas de los Estados -mediante la confirmación precisamente de una decisión estatal- no pasó inadvertida para los partidarios de los derechos de los Estados. Así, el juez Roane, bajo el nombre de Sidney, escribía en el Richmond Enquirer a lo largo de mayo de 1821 que Cohens era producto de "aquel amor hacia el poder, que la historia nos dice infecta y corrompe a todo el que lo posee, y del que incluso jueces altos y encumbrados no están exentos. [...] [La sentencia] refleja las visiones ultrafederalistas del líder de la Corte [Marshall], [.] [el cual] ha de estar deleitado y sorprendido con que todos sus colegas lo hayan respaldado"198.

En el periódico neoyorquino American le respondieron a Roane, en un artículo publicado bajo el seudónimo Federalista de 1789 en julio de 1821, en el cual se defiende a la Corte diciendo que "es imposible leer los ensayos de Sidney, sin sentir la convicción profunda de que existe un plan para pervertir al Estado Federal a favor de los Estados."199 La polémica suscitada por la sentencia de la Corte Suprema llegó incluso al Congreso, en donde por iniciativa senatorial de Kentucky se propuso una enmienda constitucional -en diciembre de 1821, aunque finalmente no prosperó- que hiciera del Senado el foro para revisar las decisiones judiciales de los Estados200.

5.6. Caso Gibbons v. Ogden (1824)

En el presente caso, decidido en marzo de 1824, la controversia radica en la reglamentación sobre navegación, la cual estaba determinada, de un lado, por una ley del Estado de New York y, de otro, por una ley federal. Ante la situación de conflicto entre dos disposiciones legales -siendo una federal y la otra estatal-que regulaban una misma materia, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la última. Comienza la Corte por reconocer que antes de 1787 los Estados "eran soberanos y completamente independientes", situación que cambió a partir de la adopción de la Constitución201. Bajo esta última, el Congreso federal tiene atribuidos ciertos poderes, los cuales sólo están limitados por lo prescrito en el texto constitucional. Poderes que, reconoce el tribunal, "previamente fueron ejercitados por los Estados y luego transferidos a la Unión"202. Entonces, el ejercicio de estos poderes lleva de repente a que el modelo estadounidense sea complicado: "en nuestro sistema complejo, que representa un esquema raro y difícil, consistente [de un lado] en un gobierno general [.] con ciertos poderes enumerados, y [de otro] en numerosos gobiernos estatales que retienen numerosos poderes no delegados en la Unión, disputas respecto a los poderes [y a interferencias] han de surgir"203.

Estas disputas, surgidas incluso a partir de leyes en que los Estados buscan ordenar sus asuntos internos, de acuerdo a la Corte acarrean una solución nítida: su validez depende de que no interfieran con leyes constitucionalmente aprobadas por el Congreso federal, evento en el que "las leyes de [un Estado], tendrán que ceder ante la ley del Congreso". La proposición que sostiene este principio descansa en al artículo sexto, según el cual la Constitución es ley suprema, y su fuerza es tal que "incluso una ley estatal aprobada bajo el amparo de poderes no controvertidos, tiene que ceder ante ella"204.

Las reacciones a la sentencia no se hicieron esperar. En marzo 8 de 1824 el New York Spectator la citaba como "el documento más fuerte en defensa de los poderes federales", mientras que el New York Evening Post declaraba en marzo 5 que "varios de sus apartes indican profundidad y predicciones sobre el destino de nuestra confederación"205. La United States Gazette en Philadelphia entendía al respecto -el 9 del mismo mes- que "los privilegios de los Estados y las atribuciones del Estado Federal son claramente resaltados". Al día siguiente la Charleston City Gazette destacaba que aparentemente "la soberanía de los Estados no era ilimitada, y un principio de esta magnitud es al fin resuelto en los Estados Unidos"206. En el otro extremo ideológico el Richmond Enquirer predecía -en marzo 16- que "los Estados serían reducidos a ruinas, sobre las que se edificaría un edificio gigante, poderoso y amenazador". En ese sentido el Connecticut Courant lanzaba una advertencia, pues "si alguna vez los Estados tuvieran sentimientos de celos u hostilidad hacia los órganos nacionales, entonces deberá temerse que los lazos que nos unen serán disueltos"207.

5.7. Caso Barron v. Baltimore (1833)

La controversia que dio lugar al caso, se da a partir de la demanda instaurada por el propietario de un muelle en la ciudad de Baltimore, cuya operatividad y rentabilidad se vieron afectadas a partir de obras civiles emprendidas por la ciudad. Tras perder en segunda instancia, Barron apeló a la Corte Suprema de los Estados Unidos, alegando que sus derechos garantizados por la quinta enmienda208 habían sido transgredidos por las acciones de la ciudad.

En su decisión, empieza la Corte por afirmar que "la Constitución fue ordenada y establecida por el pueblo de los Estados Unidos, para su propio gobierno y no para el gobierno de los Estados. [...] Los poderes [...] y restricciones [...] aplican necesariamente a la federación creada en dicho instrumento. [...] [Por lo tanto] la quinta enmienda ha de ser entendida como restricción al poder general de la federación, y sin aplicación a los Estados"209. Para el alto tribunal, las restricciones constitucionales impuestas sobre el accionar de los Estados, se refieren a límites legislativos sobre asuntos confiados a la federación o sobre aquellos en que los pueblos de todos los Estados tienen interés. Mas para la Corte es claro que, en cuanto a las restricciones, "la cuestión de su aplicabilidad a los Estados no se deja a interpretación, sino que se establece en palabras"210 ciertas.

En ese sentido, tal como lo hace en al apartado décimo del artículo 1°211, la Constitución utiliza palabras inequívocas que expresan inhibición sobre el poder de los Estados; por ello, no existe razón para que en las enmiendas se haya optado por otra manera de expresar las citadas inhibiciones. La idea anterior es reforzada por la Corte, cuando declara que "la gran revolución que estableció la Constitución, no se logró sin que hubiese oposición inmensa, [.] [y en las convenciones] que la ratificaron, fueron recomendadas enmiendas que evitaran el abuso de poder; [...] enmiendas que exigían seguridad contra abusos del poder federal y no contra el poder local"212. Al no contener expresiones que busquen su aplicación sobre los Estados, la Corte concluye que la quinta enmienda opera sólo como límite sobre los poderes del Estado Federal y no sobre los Estados. Por tanto, decidió desestimar la petición del demandante.

6. Recapitulación y Conclusiones

Durante los años de la Revolución, y al establecer constituciones, los norteamericanos defenderán un principio limitador del poder público que luego será elemento principal del constitucionalismo. Dicho principio es la soberanía popular, y a su singularidad en el mundo norteamericano se refirió Tocqueville en los siguientes términos: "fueron los americanos los primeros que, expuestos a esta formidable alternativa, han sido suficientemente felices para escapar del poder absoluto. Sus circunstancias, su origen, su inteligencia y sentimiento moral, les han permitido establecer y sostener la soberanía del pueblo"213. Este concepto, que rompía con la idea británica de soberanía parlamentaria, se entenderá como conditio sine qua non el estado podría existir, por lo que será principio fundamental y fundacional consagrado en las nuevas constituciones de las ex colonias. Pero algunos acontecimientos del periodo transcurrido entre los años 1776 a 1786, afectarán la idea de soberanía popular estatal y propiciarán la creación de un modelo federal.

Estos acontecimientos en esencia son cuatro. Primero, aunque no existía dentro de los rebeldes norteamericanos un sentimiento de unidad nacional, sí existía un grado importante de similitud jurídica, social, cultural y política. Segundo, pese al carácter marcadamente local del constitucionalismo norteamericano y las diferencias económicas y productivas entre las Trece Colonias, los norteamericanos estaban inmersos en una guerra contra la Gran Bretaña y, por tanto, compelidos a lucharla conjuntamente. Así, el Congreso Continental actuará como instancia de dirección militar durante la contienda, siendo la experiencia prima de unión entre las ex colonias. Tercero, el desbordamiento de las legislaturas de los nuevos Estados, las cuales adoptaron leyes caprichosas y arbitrarias contrarias a principios anglosajones tradicionales como la responsabilidad sobre deudas, el juicio ante jurado, y la propiedad individual; problemática que implicaba y potenciaba un riesgo adicional ante la amenaza de potencias extranjeras. Por último, la adopción de los Artículos de la Confederación que, más allá de sus deficiencias, evidenció que la soberanía era un atributo que podía dividirse entre distintos niveles de autoridad.

Así, once años después de expedida la Declaración de Independencia y a seis de terminada la guerra contra la Gran Bretaña, la Constitución Federal de 1787 fue redactada. Y el sistema federal consagrado en dicho instrumento destaca como uno de los elementos característicos y a la vez distintivos del constitucionalismo estadounidense. Pero no bien adoptado el texto constitucional, surgieron dos concepciones opuestas acerca de la naturaleza del sistema federal. Una, luego denominada como la doctrina de los Derechos de los Estados, entendía que la Constitución era un pacto entre los Estados cuya soberanía permanecía incólume, salvo para aquellos temas en que ésta había sido cedida expresamente. La otra, denominada federalista o nacionalista, sostenía que la Constitución debía su existencia al pueblo de los Estados Unidos y no a los Estados, y que en ella se establecía un poder central superior a los Estados.

Como se puede observar, los poderes y competencias atribuidos por la Constitución a cada una de las esferas -los Estados y la federación-, así como la cuestión de la soberanía, son temas controversiales entre las dos posturas citadas. Desde 1787 -y aún hoy, como lo demuestran los debates sobre competencias migratorias ocurridos en algunos de los Estados de la Unión- la definición exacta de funciones entre las dos esferas ha sido motivo de serias desavenencias. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos ha jugado un papel capital en resolverlas.

Las decisiones del alto tribunal reseñadas en el presente escrito, y que corresponden a las primeras cinco décadas de existencia de los Estados Unidos, reflejan una postura pro-federalista. En ellas la Corte explora elementos sobre la constitución, la soberanía, los poderes de los Estados y de la federación, para así definir el umbral constitucionalmente legítimo de actuación en cada nivel de gobierno dentro del sistema estadounidense. Por ejemplo, en Chisholm la Corte realizó una interpretación literal del texto constitucional, declarando que la soberanía de un Estado no lo eximía de estar sujeto a la jurisdicción federal. Luego en Ware decidió que un tratado internacional era superior a cualquier ley estatal, e incluso a la constitución de un Estado -la cual hasta el momento se concebía como expresión máxima de la soberanía popular-. En Martin la Corte afirma sin ambages que la Constitución Federal puede anular la soberanía de los Estados, y que ende las decisiones judiciales de órganos estatales pueden ser revisadas por jueces federales.

En la decisión McCulloch, el alto tribunal reconoce la naturaleza limitada de los poderes federales, aunque los define como supremos en su ámbito. Por ello, tanto las leyes federales como los medios requeridos para su correcta ejecución, destruyen cualquier norma estatal que se les oponga. Retomando la idea defendida en McColloch -en cuanto a la legitimidad netamente popular de la Constitución Federal- la Corte hará énfasis en Cohens respecto a la Constitución como conjunto de restricciones expresas impuestas sobre la soberanía de los Estados; restricciones que implican control hacia ciudadanos y Estados, y que además habilitan al poder judicial federal para revisar decisiones judiciales emanadas de los Estados. En Gibbons, aunque consciente de la amplitud de atribuciones existentes todavía en los Estados, declara la Corte que la superioridad de la Constitución y leyes federales es tal, que se impone incluso sobre leyes estatales habilitantes de actuaciones hasta el momento no controvertidas.

Entonces, se puede concluir que frente a los Derechos de los Estados la respuesta jurídica de la Corte Suprema de los Estados Unidos, durante el periodo de tiempo referido, fue contundente: los instrumentos habilitantes del federalismo -a saber, la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales- tiene carácter vinculante y obligatorio, y como tales, se erigen como límites legítimos y efectivos sobre la calidad soberana de los Estados. A lo largo del presente escrito se ha explicado la existencia del bagaje ideológico subyacente a las posturas enfrentadas respecto al papel de los Estados y la naturaleza de la Federación, así como también los elementos distintivos en ambas corrientes, y aunque las sentencias expuestas tienden a favorecer la supremacía del Estado Federal -como bien lo anota Haskins- este fenómeno obedece más a la toma de conciencia de parte de la Corte Suprema sobre la importancia de establecer principios fijos, reconocidos y obligatorios para todo el país, que a una orientación ideológica nacionalista adjudicada a los miembros del alto tribunal214.

Notas

* El presente artículo es producto de investigación adscrita al Grupo CREAR -Departamento de Derecho Público, Escuela de Derecho - Universidad Sergio Arboleda, Bogotá - Colombia.

1 De los trece nuevos estados sólo once adoptaron constituciones, puesto que los líderes de Connecticut y Rhode Island optaron por revalidar sus cartas coloniales a manera de constitución. Al respecto, ver Adams (2001) pp. 64-66.

2 En efecto, los revolucionarios en Nueva Hampshire, Carolina del Sur, Virginia y Nueva Jersey adoptaron sus primeras constituciones antes del 4 de julio de 1776, fecha de la Declaración de Independencia.

3 Corwin (1929) p. 151.

4 Mousourakis (2007) p. 7.

5 Citado por Corwin. Corwin (1929) pp. 151-152. La cita en latín aparece en las Instituciones I, 2, 6: Quodprincipi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia quae de ejus imperio lata est, populus ei et in eum, omne imperium suum etpotestaem concessit.

6 Corwin (1929) p. 152; Mousourakis (2007) p. 103.

7 Conkin (1974) p. 3.

8 Bailyn (1967) p. 198.

9 Wood (1998) p. 346.

10 Reíd (1993) p. 64.

11 Wood (1998) p. 346.

12 Bailyn (1967) pp. 200-201.

13 Reíd (1993) p. 69.

14 Reíd (1993) pp. 66-67. Wood (1998) pp. 346-347.

15 Citado por Baylin. Bailyn (1967) pp. 201-202.

16 Citado por Reid. Reíd (1993) p. 66.

17 Greene (2004) p. 15.

18 Wood (1998) p. 347.

19 Bailyn (1967) pp. 202-204.

20 Greene (2004) p. 16.

21 Greene (2004) p. 17.

22 Wood (2008) p. 73.

23 Tocqueville (2007) p. 50.

24 Frilz (2005) p. 267-268.

25 McDonald (2000) pp. 2-4.

26 Tocqueville (2007) p. 50.

27 Qnuf (1981) p. 799.

28 Citado por Zuckert. Zuckerl (1996) p. 1.

29 Tocqueville (2007) p. 92.

30 Thorpe (1909) p. 3243.

31 Thorpe (1909) p. 3813.

32 Thorpe (1909) p. 778.

33 Thorpe (1909) p. 2787.

34 Thorpe (1909) p. 1686.

35 Thorpe (1909) p. 3083.

36 Thorpe (1909) p. 1890.

37 Kruman (1997) pp. 15-16.

38 Kruman (1997) p. 20.

39 Kruman (1997) pp. 21-22.

40 Ellis (2000), p. 9.

41 Murphy (1967) p. 49.

42 Ellis (2000), p. 5.

43 Roberlson (2012) p. 21.

44 Riker (1987) p. 20.

45 Wood (1993) p. 6.

46 Roberlson (2012) p. 20.

47 Van Doren (1948) p. 15.

48 Tocqueville (2007) p. 91.

49 Ellis (2000), p. 11.

50 Hulchinson (1959) pp. 6-7.

51 Greene (2004) pp. 19-21.

52 Ranney (1946) pp. 2-6

53 Ellis (2007) p. 25.

54 McDonald (2000) p. 4.

55 Higginbolham (2005) p. 54.

56 Tocqueville (2007) p. 91.

57 La Confederación se establece jurídicamente en marzo de 1781, tras la adhesión del Estado de Maryland.

58 Zimmerman (2011) p. 2.

59 Prilchell (1963) p. 4.

60 Jensen (1987) p. 65.

61 Thorpe (1909) p. 10.

62 Así, el artículo noveno enuncia competencias exclusivas de la Confederación, tales como la declaración de guerra y la firma de la paz, la firma de tratados y alianzas internacionales, las relaciones con otros países y con tribus indígenas situadas fuera de sus fronteras. Thorpe (1909) pp. 12-15.

63 Wood (1998) p. 403.

64 Wood (1998) pp. 404-406.

65 Rakove (1996) p. 165

66 Malson & Onuf (1990) p. 1.

67 Malson & Onuf (1990) p. 51.

68 Edling (2003) p. 220.

69 Murphy (1967) p. 51.

70 Tocqueville (2007) p. 92.

71 Rhode Island no tuvo representantes; finalmente ratificó la Constitución Federal en mayo de 1790.

72 Murphy (1967) pp. 55-149.

73 Edling (2003) p. 16.

74 Murrin (2004) p. 81.

75 Entre otros, su duración y vigencia en el tiempo, su articulado corto, el sistema de gobierno presidencial, el principio de separación de poderes y lo que se conoce como el sistema de pesos y contrapesos.

76 En ese sentido, Berger decía que "la aproximación del segundo centenario de la Constitución, invita a renovar el interés en un elemento central, el federalismo". Ver Berger (1987) p. 3. En la misma línea, el profesor McDonald afirma que "un elemento central del nuevo orden creado en Philadelphia en 1787 -y tal vez es su elemento central- fue el federalismo". Ver McDonald (1988) p. 195.

77 De hecho, James Madison dedica los ensayos 18, 19 y 20 de El Federalista a la exposición de las confederaciones existentes desde la Grecia antigua hasta los Países Bajos modernos. En su Democracia en América Tocqueville también se referirá a las confederaciones de Suiza y los Países Bajos, como "destacables por su debilidad e ineficiencia, mientras que la Unión [federal estadounidense] destaca por su espíritu emprendedor y vigoroso". Tocqueville (2007) p. 128.

78 Ver Aclaración de Voto Kennedy, Corte Suprema de los Estados Unidos, Sentencia U.S. Limits, Inc. vs. Thornton, 514 U.S. 779, p. 838 (1995).

79 Rakove (1996) p. 167.

80 Locke (1988), Sec. 145-146, p. 365.

81 McDonald (1985) pp. 262-284.

82 Friedrich & Mccloskey (1954) p. XXIII.

83 Rakove (1996) p. 162. Esa tensión temprana entre Estados y Federación, será descrita por Tocqueville como intrincada y difícil de resolver, así como impredecibles todos los incidentes relacionados con la misma. Tocqueville (2007) p. 93.

84 Se refiere a controversias entre dos o más estados, litigios entre ciudadanos de distintos estados, y entre ciudadanos de un estado y otro estado. Este último caso contemplado, fue derogado por la enmienda número 11, por lo que un ciudadano de un estado no puede demandar a otro estado.

85 Greve (2012) p. 20.

86 Casper (1997) pp. 11-12.

87 Clark (2011) p. 1.

88 Levinson (2012) pp. 229-230.

89 Murrin (1987) p. 333.

90 Murphy (1967) p. 11.

91 Tocqueville (2007) p. 97.

92 Citado por Morris. Morris (1977) p. 1. De manera similar Tocqueville decía que en Estados Unidos "el pueblo es el amo, cuyas demandas exigen obediencia hasta el límite de la posibilidad". Tocqueville (2007) p. 54.

93 Berger (1987) p. 44.

94 Así Hamilton en el ensayo número 22 de El Federalista escribe que la fibra de los Estados Unidos "debe descansar en la base sólida del consentimiento del pueblo". En el número 46 Madison afirma que, tanto la Federación como los Estados "dependen sustancialmente del gran cuerpo de ciudadanos de los Estados Unidos". Ver Hamillon et al. (2009) pp. 141-142, y p. 308.

95 Escribirá entonces que en Estados Unidos "la soberanía popular, como principio, no está prohibido ni escondido [...] pues es reconocido en las costumbres y proclamado por las leyes. Se esparce libremente y llega hasta sus últimas consecuencias sin impedimento alguno. Si existe un país del mundo en el que la doctrina de la soberanía popular puede ser apreciada, donde puede estudiarse en su aplicación a los asuntos de la sociedad, y donde pueden predecirse sus peligros y ventajas, ese país es Estados Unidos". Tocqueville (2007) p. 49.

96 Respecto de la influencia de Locke en los revolucionarios y fundadores norteamericanos, ver Padula (2001) pp. 15-16, y ZucKERL (1996) p. 16.

97 Doernberg (2005) p. 64.

98 Locke (1988) pp. 366-367 (Sección 149).

99 Locke (1988) p. 412 (Sección 222).

100 McDonald (1988) p. 201.

101 McDonald (2000) p. 4.

102 Tocqueville (2007) pp. 54-91.

103 Citado por Berger. Berger (1987) p. 76.

104 Citado por Berger. Berger (1987) p. 158.

105 El mismo Lincoln, el 4 de julio siguiente, declaraba ante el Congreso que "la Unión es más antigua que cualquiera de los Estados, y, de hecho, ella los creó como Estados". Citado por McDonald. McDonald (2000) p. 9.

106 McDonald (2000) p. VIII.

107 Onuf (2004) p. 181.

108 Higginbolham (2005) p. 56.

109 Berger (1987) pp. 56-58.

110 McDonald (2000) p. 11.

111 Malloy (1968) pp. 479-480.

112 Citado por Berger. Berger (1987) p. 29.

113 Cabe reseñar que El Federalista es una compilación de ensayos publicados entre octubre de 1787 y agosto de 1788, en varios periódicos neoyorquinos, cuyo objetivo era vencer las objeciones existentes contra la aprobación de la Constitución Federal. La idea original se atribuye a Hamilton, quien reclutó a Jay y Madison en la tarea.

114 Hamilton et al (2009) p. 51.

115 Hamilton et al (2009) p. 196.

116 Hamilton et al (2009) pp. 249-251.

117 Hamilton et al (2009) pp. 256-257.

118 Hamilton et al (2009) p. 306.

119 Hamilton et al (2009) p. 248.

120 McDonald (2000) p. 21.

121 McDonald (2000) p. 9.

122 Tocqueville hará referencia también a este concepto pactista. Para él, es un principio fundante de la Constitución Federal el que "la Unión se formó a partir de un acuerdo voluntario de los Estados, [...] [en virtud del cual] no renunciaron a su nacionalidad ni fueron reducidos a la condición de un y único pueblo. Por ello, si uno de los Estados decide retirarse del pacto, será difícil desaprobar su derecho a hacerlo, y el gobierno Federal no tendrá medios para mantener su reclamo directamente, bien por fuerza o por derecho". Tocqueville (2007) p. 312.

123 Beer (1993) p. 317.

124 Ver Aclaración de Voto Kennedy, Corte Suprema de los Estados Unidos, Sentencia U.S. Limits, Inc. vs. Thornton, 514 U.S. 779, pp. 838-839 (1995).

125 En su Democracia en América habla de la naturaleza compleja de la Constitución americana, pues "se compone de dos estructuras sociales distintas, pero conectadas y encerradas entre sí; son dos gobiernos completamente separados y casi independientes, uno [estatal] que cumple tareas ordinarias y responde a los asuntos diarios de la comunidad, mientras que el otro [federal] circunscrito dentro de límites ciertos, ejerce una autoridad excepcional sobre los intereses generales del país". Tocqueville (2007) p. 51.

126 McDonald (2000) p. VII.

127 Sobre la ascendencia de la Corte sobre los Estados, y su protagonismo durante los primeros cuarenta años de su existencia, ver Hashns (1981) pp. 312-315.

128 Tocqueville (2007) p. 124.

129 Caslo (1995) p. 184; Hoffer et al. (2007) p. 42.

130 La sección dos en dicho artículo consagra que el poder judicial de los Estados Unidos se extiende, entre otros, sobre "controversias entre un Estado y los ciudadanos de otro Estado".

131 Caso Chisholm v. Georgia, 2 U.S. (2 Dall.) 419 (1793), p. 480.

132 Urófsky y Finkelman (2002) p. 157. La "decisión de la Corte" u "opinión de la Corte", como representativa de la mayoría de los magistrados, que en la práctica eliminó las opiniones seriatim, fue introducida por el magistrado John Marshall en 1801. Ver Johnson (1997) p. 100.

133 Caso Chisholm v. Georgia, 2 U.S. (2 Dall.) 419 (1793), p. 456.

134 Caso Chisholm v. Georgia, 2 U.S. (2 Dall.) 419 (1793), p. 457.

135 Caso Chisholm v. Georgia, 2 U.S. (2 Dall.) 419 (1793), pp. 463-465.

136 Caso Chisholm v. Georgia, 2 U.S. (2 Dall.) 419 (1793), p. 469.

137 Caso Chisholm v. Georgia, 2 U.S. (2 Dall.) 419 (1793), p. 450.

138 Caso Chisholm v. Georgia, 2 U.S. (2 Dall.) 419 (1793), p. 452.

139 Caso Chisholm v. Georgia, 2 U.S. (2 Dall.) 419 (1793), pp. 470-472.

140 Caso Chisholm v. Georgia, 2 U.S. (2 Dall.) 419 (1793), pp. 471-472.

141 Caso Chisholm v. Georgia, 2 U.S. (2 Dall.) 419 (1793), p. 479.

142 Caso Chisholm v. Georgia, 2 U.S. (2 Dall.) 419 (1793), p. 476.

143 Citado por Goebel. G0ebel (1971) p. 734.

144 Citado por Goebel. Goebel (1971) pp. 734-735.

145 Citado por Orth. Orlh (1987) pp. 17-18.

146 Citado por Goebel. Goebel (1971) p. 735.

147 Citado por Goebel. Goebel (1971) p. 735.

148 Caslo (1995) pp. 197-202; McDonald (2000) p. 35.

149 Urofsky y Finkelman (2002) pp. 159-160.

150 Caso Ware v. Hylton, 3 U.S. 199 (1796), p. 231.

151 Caso Ware v. Hylton, 3 U.S. 199 (1796), pp. 232-236.

152 El artículo de la Constitución Federal es la denominada "cláusula de supremacía", y reza así: "esta Constitución, las leyes federales aprobadas de acuerdo a ella, y todos los tratados hechos bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán el derecho supremo del país, y los jueces en cada Estado habrán de acatarlo, a pesar de disposiciones en contrario contenidas en leyes o constituciones estatales".

153 Caso Ware v. Hylton, 3 U.S. 199 (1796), pp. 232-243.

154 Caso Ware v. Hylton, 3 U.S. 199 (1796), p. 256.

155 Caso Ware v. Hylton, 3 U.S. 199 (1796), p. 281.

156 Caso Ware v. Hylton, 3 U.S. 199 (1796), p. 282.

157 Caso Martin v. Hunter's Lessee, 14 U.S. (1 Wheat.) 304 (1816), pp. 324-325.

158 Caso Martin v. Hunter's Lessee, 14 U.S. (1 Wheat.) 304 (1816), p. 344.

159 Caso Martin v. Hunter's Lessee, 14 U.S. (1 Wheat.) 304 (1816), pp. 344-348.

160 Caso Hunter v. Martin, 18 Va. (4 Munford) 1 (1815).

161 Caso Hunter v. Martin, 18 Va. (4 Munford) 1 (1815), pp. 7-8.

162 Caso Hunter v. Martin, 18 Va. (4 Munford) 1 (1815), pp. 10-12.

163 Caso Hunter v. Martin, 18 Va. (4 Munford) 1 (1815), p. 19.

164 Caso Hunter v. Martin, 18 Va. (4 Munford) 1 (1815), pp. 30-33.

165 Caso Hunter v. Martin, 18 Va. (4 Munford) 1 (1815), pp. 42-52.

166 Caso Hunter v. Martin, 18 Va. (4 Munford) 1 (1815), pp. 58-59.

167 Caso McCulloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316 (1819), pp. 403-404.

168 Caso McCulloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316 (1819), p. 405.

169 Caso McCulloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316 (1819), pp. 406-421.

170 Caso McCulloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316 (1819), p. 436.

171 Gunlher (1969) p. 1.

172 Citado por Gunther. Gunlher (1969) pp. 52-55.

173 Citado por Gunther. Gunlher (1969) pp. 55-57.

174 Citado por Gunther. Gunlher (1969) pp. 71-73.

175 Citado por Gunther. Gunlher (1969) p. 99.

176 Citado por Gunther. Gunlher (1969) pp. 107-111.

177 Citado por Gunther. Gunlher (1969) p. 114.

178 Citado por Gunther. Gunlher 1969) pp. 140-148.

179 Citado por Gunther. Gunlher (1969) pp. 153-154.

180 Citado por Gunther. Gunlher (1969) p. 214.

181 Una vez admitida la demanda por la Corte, la legislatura de Virginia reaccionó abiertamente a través de dos resoluciones. La primera, del mes de enero de 1821 —publicada en el Niles Weekly Register el 20 de enero- declaró que la Corte no tenía "autoridad constitucional para examinar o corregir la sentencia por la cual el Estado estaba siendo citado para comparecer, por lo que la Asamblea general hacía una solemne protesta contra la jurisdicción de la Corte Suprema en el asunto". La segunda, del mes de febrero en el mismo año -publicada en el Niles el 24 de febrero- anunciaba que los abogados del Estado habrían de limitarse "sólo a la cuestión de la jurisdicción, y de sostenerse la jurisdicción de la Corte Suprema, entonces éstos habrían de considerar su encargo como finalizado". Citado por White. While (1988) p. 505.

182 Caso Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), p. 381.

183 Caso Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), p. 381.

184 Caso Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), p. 381.

185 Caso Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), p. 382.

186 Caso Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), p. 382.

187 Caso Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), p. 383.

188 Caso Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), p. 385.

189 Caso Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), p. 388.

190 Caso Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), p. 388.

191 Caso Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), p. 414.

192 Caso Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), p. 414.

193 Caso Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), p. 415.

194 Caso Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), p. 442.

195 Caso Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), p. 443.

196 Caso Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), p. 444.

197 Caso Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821), pp. 446-447.

198 Citado por White. While (1988) p. 521.

199 Citado por White, While (1988) p. 522.

200 While (1988) p. 523.

201 Caso Gibbons v. Ogden, 22 U.S. (9 Wheat.) 1 (1824), p. 187.

202 Caso Gibbons v. Ogden, 22 U.S. (9 Wheat.) 1 (1824), pp. 196-199.

203 Caso Gibbons v. Ogden, 22 U.S. (9 Wheat.) 1 (1824), pp. 204-205.

204 Caso Gibbons v. Ogden, 22 U.S. (9 Wheat.) 1 (1824), pp. 210-211.

205 Citados por Cox. Cox (2009) p. 162.

206 Citados por Cox. Cox (2009) pp. 163-164.

207 Citados por Cox. Cox (2009) pp. 162-166.

208 La última parte de la enmienda V de la Constitución Federal dice que "no podrá tomarse propiedad privada, con fines de uso público, sin que haya justa compensación".

209 Caso Barron v. Baltimore, 32 U.S. (7 Pet.) 243 (1833), p. 247.

210 Caso Barron v. Baltimore, 32 U.S. (7 Pet.) 243 (1833), p. 249.

211 Dicha sección contiene tres apartados cuyas primeras palabras son "los Estados no podrán".

212 Caso Barron v. Baltimore, 32 U.S. (7 Pet.) 243 (1833), pp. 249-250.

213 Tocqueville (2007) p. 49.

214 Haskins (1981) p. 313.

Bibliografía

Libros

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*Trabajo recibido el 19 de enero de 2012 y aprobado el 28 de noviembre de 2012.

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