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Teología y vida

versão impressa ISSN 0049-3449versão On-line ISSN 0717-6295

Teol. vida vol.59 no.3 Santiago  2018

http://dx.doi.org/10.4067/s0049-34492018000300431 

Estudios

¿Doctrina social de la Iglesia o liberalismo?: Síntomas de división en el Partido Conservador entre los meses finales del gobierno de Ibáñez y la República Socialista de 1932 en la prensa conservadora1

Enrique  Brahm García1 

1Universidad de los Andes (Chile)

Resumen:

A través de la revisión de dos importantes periódicos conservadores -El Diario Ilustrado y La Unión de Valparaíso– se busca demostrar cómo la profunda crisis económica y social que se vivió en Chile durante los años 1931 y 1932, y la recepción de la doctrina social de la Iglesia contenida en las encíclicas sociales, generaron una profunda división en el Partido Conservador chileno. En su seno se enfrentarían la dirigencia tradicional del partido que seguía siendo fiel a los principios del liberalismo clásico y otro sector integrado por parte de la juventud y por conservadores de provincia que buscaban hacer realidad la doctrina social de la Iglesia. Se preanunciaba el quiebre que sufriría el partido en 1938.

Palabras clave: conservadurismo; doctrina social de la Iglesia; social-cristianismo; liberalismo

Abstract:

Through the review of two important conservative newspapers, El Diario Ilustrado and La Unión of Valparaíso, this paper seeks to show how the deep economic and social 1931-1932 crisis in Chile and the reception of the social doctrine of the Church contained in the social encyclicals, generated a division in the Conservative Party. The traditional leadership that remained faithfull to the principles of classical liberalism faced a group integrated by part of the youth and by provincial conservatives that sought to apply the social doctrine of the Church. In this crisis, the 1938 split of the party was pre-announced.

Keywords: conservatism; social doctrine of the Church; social-christianity; liberalism

Introducción

Durante los años 1931 y 1932 Chile viviría sumido en una profunda crisis económica y social. Se harían evidentes en esos años los efectos de la “gran depresión” de 1929. Las carencias y el sufrimiento de los sectores medios y populares llegaron a ser extremos. Esta situación remeció la conciencia de los católicos chilenos en general y del catolicismo político en particular. En el seno del Partido Conservador tomarían forma dos sectores con rasgos cada vez más definidos. Por una parte, la dirigencia tradicional que seguía identificada con los principios del liberalismo clásico y, en esa perspectiva, se había mostrado siempre muy crítica con la política económica ibañista, por su carácter estatista, intervencionista y proteccionista. Para ella la superación de la crisis se alcanzaría por la vía de dejar que operaran las leyes naturales de la economía. Ello implicaba reducir la presencia del Estado en el manejo económico, aplicar con moderación las leyes sociales y respetar a cabalidad el derecho de propiedad privada. De ahí que también tuviera una actitud algo crítica ante el contenido de las encíclicas sociales.

Pero, por otra parte, tomó cada vez más fuerza una corriente idealista y menos pragmática, particularmente sensible ante el drama social que se vivía y que aspiraba a hacer realidad la doctrina social de la Iglesia contenida en las encíclicas sociales, recién actualizada por Pío XI al publicar Quadragesimo Anno en 1931. Integraban este sector parte importante de la juventud del partido, la que participaba también en las actividades de la juventud católica, en la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos y en la Asamblea de Propaganda Conservadora. Además, se identificaban con esa posición los conservadores de Valparaíso que se expresaban a través del diario “La Unión”, el que se autodefinía como medio de expresión de los sectores medios y populares.

Como quedaría en evidencia en la Convención General del Partido de septiembre de 1932, este ya se encontraba dividido en facciones radicalmente contrapuestas mucho antes de su quiebre definitivo de 1938. Y la diferencia fundamental entre las dos facciones radicaba en la actitud que se debía adoptar en lo relativo a la recepción de la doctrina social de la Iglesia y de cómo esta debía hacerse realidad por la vía legislativa. De ahí que resulte por lo menos discutible afirmar que hacia 1931-32 el partido católico siguiera siendo “el más sólido, fuerte e ideológicamente coherente de los partidos históricos”2 o “un partido cohesionado y homogéneo”3.

1.- La posición de los católicos liberales

Tras los primeros años de relativa prosperidad que se vivieron durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo4, la gran depresión de 1929– aunque con algún retardo– precipitaría al país en una profunda crisis económica y social. Pese a que todavía en 1930, incluso desde el extranjero, se seguía alabando al gobierno de los “hombres nuevos”, el año 1931 la economía colapsó5. Nuestros principales productos de exportación, el salitre y el cobre, prácticamente dejaron de venderse y la cesantía alcanzó cotas extremas; y todo ello se vería agravado por el gigantesco endeudamiento en el que había incurrido el gobierno para financiar su programa de reformas6.

La prensa conservadora se haría muy luego eco de esa crisis, sobre todo en su dimensión social.

“La provincia de Tarapacá, otrora tan regalada por la fortuna veleidosa”, señalaba Carlos Labbé, obispo de la Diócesis, “se encuentra en los momentos actuales, oprimida bajo el peso de una pobreza que crece día tras día y que va tomando ya las proporciones de un cataclismo (…) La mayor parte de los diez mil cesantes que arrastran su dolorosa miseria en Iquique y en los pueblos y campamentos de la pampa, hace ya más de un año que están sin trabajo, más de un año que no tienen un peso en su bolsillo”7.

Por su parte “El Diario Ilustrado” hacía ver que “el más grave de los problemas, en medio de los cuales se debate el país, es el de los ciento treinta o más miles de cesantes que hoy se sumergen en la miseria, llenan los albergues fiscales o piden limosna en las calles de las ciudades (…) Esos ciento treinta mil cesantes representan, con sus familias, de trescientos a cuatrocientos mil chilenos, hermanos nuestros, que carecen de sustento, habitación y vestuario honradamente ganados con su trabajo, y están forzados a envilecer sus caracteres y rebajar su moral con el ocio y la limosna”8.

Se trataba de una miseria que afectaba no sólo a los obreros, sino también -como se encargaba de insistir el diario “La Unión” de Valparaíso– a la clase media, a los empleados.

Podríamos poner ante la vista cuadros de horrenda miseria. Una familia cuyo jefe, diez años atrás, cobraba, de corredor, alrededor de dos mil pesos mensuales, está actualmente, y desde hace meses, sin lo más necesario para comer. Hay siete niñitos, el mayor de los cuales tiene 12 años. Han pasado semanas enteras con dos veces una taza de té sin leche al día y una vez un poco de pan. Y ocultan estoicamente esa espantosa miseria sin proferir un grito9.

Al tratar de explicar las causas de la crisis, por lo menos en un primer momento, los sectores más liberales que tenían cierto predominio en la dirigencia del Partido Conservador y que se expresaban a través de “El Diario Ilustrado”, ponían el acento en el funcionamiento de las “leyes naturales” de la economía.

“La crisis mundial no es sino provocada por un movimiento de reajuste retrogradado al período anterior a la gran guerra”, señalaba Nicanor Allende; “volvemos al orden económico que, en definitiva, representaba un resultado natural de la evolución económica, sin que, por lo tanto, pudiese ser desvirtuado y destruido por un conflicto mundial”10.

En esa perspectiva, si bien se reconocía que los graves problemas por los que empezaba a atravesar la economía chilena tenían un origen externo, las políticas económicas implementadas por el gobierno de Carlos Ibáñez habrían “contribuido a agravar los efectos de la crisis que debieron y deberían ser menos sensibles”11. Particularmente crítico se era con el aumento del gasto público12. Desde la perspectiva de aquellos sectores del Partido Conservador que se expresaban fundamentalmente a través de “El Diario Ilustrado”, el pecado de fondo del gobierno de Ibáñez, aunque era una tendencia que había empezado a manifestarse con fuerza ya a partir de la intervención militar de 1924, era el excesivo desarrollo del aparato estatal. “El crecimiento progresivo y exagerado del Estado, institución hipertrófica, verdadero tumor en la vida nacional, es quizá el fenómeno social más importante del último tercio de siglo en Chile”, se sostenía en un artículo titulado “El estatismo y la estadolatría”. “El Estado lo controla, lo dirige y desconcierta todo”13. Lo grave era que ese Estado omnipotente se estimaba era particularmente ineficiente14.

El crecimiento del Estado tenía por inmediata consecuencia el intervencionismo económico que tendía a coartar todas las libertades en ese ámbito, ocasionando grandes perjuicios a la economía nacional15. Los conservadores observaban con preocupación que hasta la tradicional beneficencia cristiana se veía amenazada, al ir siendo reemplazada por la fría burocracia estatal16. Sintomático es, por ejemplo, un editorial de “El Diario Ilustrado” que celebraba el que los suizos en un referéndum hubieran rechazado un proyecto de ley de seguro social obligatorio. Pese a haber sido apoyado este por las autoridades eclesiásticas y los “católicos demócratas” - entre otras fuerzas políticas -, esta “empresa estatista” habría contado con la oposición de los “conservadores protestantes y un puñado de conservadores católicos”. “¿Aprovechará el mundo – concluía el Ilustrado – esta elocuente y significativa lección en momentos de crisis fiscal, como los presentes, cuando se espera y se exige todo del Estado o de las instituciones oficiales?”17.

Una consecuencia particularmente criticada del crecimiento del Estado y del aparato estatal que se había dado bajo el gobierno de Carlos Ibáñez era el aumento de la carga impositiva que pesaba sobre los chilenos, y el que ésta ni siquiera se hubiera alivianado cuando la economía empezó a perder fuerza18.

El intervencionismo económico se concretaría también en la utilización de una serie de herramientas de política económica que serían objeto de crítica por parte de ciertos sectores del conservantismo. Un caso ejemplar es el de las fijaciones de precios, herramienta a la que se estaba recurriendo cada vez con mayor frecuencia a medida que se hacían notar con más fuerza los efectos de la crisis económica mundial. Se insistiría por la prensa conservadora en que se trataba de una herramienta ineficaz como lo había demostrado la experiencia internacional al respecto, partiendo por el ejemplo alemán de la guerra y de la inmediata postguerra, país que se había tomado como modelo y cuyos técnicos habían asesorado al gobierno chileno. Al respecto en “El Diario Ilustrado” se hacía ver que “en la Alemania hambreada por la guerra y gobernada entonces por socialistas improvisados en la administración, un error de esta índole (la fijación de precios) era plausible. El mismo error entre nosotros traería consecuencias más graves debido al estandar de vida más bajo de nuestro pueblo”19.

El Partido Conservador defendió siempre el rol protagónico que habríatenido en los orígenes de la legislación social20. De hecho, protestaría con decisión cada vez que se le atribuyera el mérito al respecto sólo a la presión militar. Se encargaría de recordar con detalle todas las leyes de contenido social que habrían tenido su iniciativa en los parlamentarios conservadores21. En esa línea, “El Diario Ilustrado” sostenía que, por sus hechos, el Partido Conservador, no ha sido técnicamente una colectividad conservadora, ya que ha sido propulsor de innovaciones y reformas y, en materia social, acaso ocupe el primer lugar entre todos los partidos políticos del país22.

Sin perjuicio de ello y del hecho de que la preocupación social de todos los sectores conservadores era sincera y constante, se dio también una crítica permanente hacia ciertos aspectos de la legislación aprobada a partir del 8 de septiembre de 192423. “En numerosas ocasiones nos hemos referido al arduo problema de las leyes sociales”, se señalaba en “El Diario Ilustrado”.

“Debemos declarar, con toda franqueza, que muchas de ellas han sido dictadas en nuestro país en forma precipitada, sin el estudio profundo y desapasionado que su importancia reclama. Muchas disposiciones de carácter social revelan que, en su dictación, no se consideró el verdadero estado económico de las empresas e industrias afectadas por ellas”.

Luego se insistía, en un tono que sería característico en ciertos sectores de la dirigencia conservadora de esos años, que, en un período muy corto de tiempo, se ha producido en nuestra legislación un brusco cambio que nos ha llevado de la falta casi absoluta de leyes sociales, a una legislación avanzadísima, que ha producido, necesariamente, graves y efectivas perturbaciones en todas las actividades comerciales que hoy, a causa de la crisis, se hacen sentir con mayor intensidad”24.

De ahí también la resistencia que se opuso a la promulgación del Código del Trabajo. Se estimaba que se trataba de un acto precipitado, desde el momento en que muchas de las instituciones que en este se regulaban estaban en aplicación desde hacía muy poco tiempo y todavía no habían superado la prueba del tiempo, y correspondería también que el proyecto fuera sometido a consulta o revisión de los principales gremios empresariales y de los de empleados y obreros25. Además, se debía tener en cuenta que el proyecto contenía “una serie de nuevas exigencias que, por ahora, no conviene hacer efectivas” en vista de la crítica situación económica que se vivía26.

Detrás de estas críticas resultaba evidente la existencia de una importante corriente del partido que seguía siendo fiel a los postulados del liberalismo clásico y que desconfiaba de las nuevas recetas en aplicación, provenientes de diversas vertientes socialistas. Típico exponente de esta línea lo sería –por ejemplo-Guillermo González Echenique, asiduo columnista de “El Diario Ilustrado”. A propósito del cúmulo creciente de restricciones que se imponían a las actividades económicas, sostenía que “la libertad de comercio nos lleva a la normalidad después de un profundo malestar”27. A propósito de lo inútiles y perjudiciales que consideraba las masivas fijaciones de precios, afirmaba que en Chile resulta “casi imposible convencer a la masa de que ese coloso que se llama el Gobierno (…) sea impotente para impedir el cumplimiento de leyes naturales como la de la oferta y la demanda”28. Frente a propuestas que circulaban en el ámbito de los sectores católicos más influidos por la doctrina social de la Iglesia en orden a recomendar la colonización interior como medio para superar la cesantía y la pobreza, hacía ver que, además de que estas propuestas terminaban por constituirse en un ataque directo a la propiedad privada, porque para concretarla se requería la expropiación de grandes fundos, sin que -muchas veces- se contemplara la indemnización correspondiente, la experiencia americana demostraría que ella había terminado siempre en un fracaso29. La parcelación de los latifundios no se aceptaba como una solución válida, porque uno de los pilares en la que se sostenía la posición de los conservadores más tradicionales era la defensa irrestricta del derecho de propiedad privada30. Por ejemplo, el mismo González, luego de detallar y destacar las ideas socialistas que recogía la Constitución española de 1931, concluía que “nuestra Constitución del año 25, con menos palabras, dice tanto como la Constitución española”, para luego citar del artículo 10 N° 10: “El ejercicio del derecho de propiedad está sometido a las limitaciones o reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del orden social”31.

En este contexto, no puede llamar la atención el hecho de que estos sectores más liberales del partido miraran con alguna preocupación el contenido de las encíclicas sociales32. Sin atacarlas directamente, se estimaba que muchos sacerdotes y jóvenes católicos, con las mejores intenciones, se apoyaban en ellas para defender doctrinas erróneas en materia económica, “que son en realidad funestas para las clases trabajadoras”. González Echenique hablaba de los “desconcertantes errores económicos, cuya verdad se trata de demostrar con las Encíclicas de los Papas sobre la cuestión social”33. En el fondo se descalificaba como ilusos, utópicos o idealistas a quienes pretendían hacer realidad el contenido de esos documentos pontificios34.

Es indispensable arrancar el monopolio de que han disfrutado hasta la fecha, de interpretar las encíclicas papales, cierto grupo de sacerdotes, jóvenes y obreros que, con la mejor intención del mundo, han pontificado sobre estas enseñanzas, con el resultado desastroso de inspirar a la inmensa masa de la opinión pública, verdadero espanto por estos sabios documentos que sólo conocen por las interpretaciones aludidas35.

Una cosa sería la doctrina social, que merecía para González Echenique todas las alabanzas, y otra cosa los principios económicos, los medios técnicos a utilizar que harían posible se alcanzaran los objetivos sociales que en ella se planteaban36.

La posición contraria la defendería con vehemencia, por ejemplo, el joven Jaime Eyzaguirre, quien concluía una de sus columnas citando al padre Vermersh, “profesor de la Universidad Gregoriana de Roma” cuyas palabras “ojalá muchos graben en su memoria”:

Aun entre aquellos que sinceramente se dicen católicos, que incomprensión social existe todavía. Ellos cuentan con la Religión para afirmar las ventajas conquistadas y están prontos a tachar de socialista todo discurso que pida reformas sociales, todo proyecto concebido para realizarlas. Verdaderamente para ellos la palabra hambre no tiene ningún significado: la Religión debe servir de opio para adormecer al pueblo37.

No deja de llamar la atención en todo caso el hecho de que incluso políticos conservadores que años después dejarían el Partido Conservador tradicional para engrosar las filas de la Falange y luego de la Democracia Cristiana, también miraban con desconfianza el excesivo doctrinarismo dominante en sectores de la juventud y del conservantismo de provincia en torno a la crisis de los años 1931 – 1932. Sería el caso – por ejemplo – de Ricardo Boizard, que el año 1932 era uno de los integrantes de la Junta Ejecutiva del Partido y que criticaría con fuerza, en una serie de columnas publicadas en “El Diario Ilustrado”, las conclusiones a que había llegado la Convención Conservadora de Valparaíso, que eran particularmente avanzadas en materias sociales. En su opinión se trataría de un documento utópico “que se prestaría maravillosamente para una Internacional Católica, pero no para el Partido Conservador”38. Ello porque el fundamento del Partido habría sido siempre su “gran sentido de la realidad”39.

“Yo soy reaccionario, escribía en otra columna, y sin embargo me intereso profundamente por el problema obrero. La única diferencia que existe entre nuestra actitud y la de los avanzados mediocres es que ellos sirven al obrero desde un casillero doctrinario y nosotros le servimos desde la tangible realidad […] Yo creo que en Chile las ideas avanzadas, en lugar de beneficiar al obrero, le han perjudicado”40.

En opinión de Boizard, así como en alguna época el conservantismo habría sufrido ciertos contagios liberales, hoy día algunos creen que el Partido Conservador puede encontrar la base de su programa en la avanzada social. Contagio socialista (…) Y para mí el deber histórico del Partido Conservador es interpretar la realidad de Chile de acuerdo con sus conceptos morales y filosóficos. Y la realidad de Chile es esto: un país que debe ser gobernado por oligarquías virtuosas como es y como ha sido siempre una gran parte de la oligarquía chilena.

Su conclusión era que “pactar con la avanzada social, hacerle saludos cordiales a la avanzada social, es un pecado que debemos purgar con esta horrible disolución en que nos debatimos y, sobre todo, con esta vuelta dolorosa a la esclavitud económica, infinitamente más grave que la esclavitud política”41.

La crítica a los sectores del partido que se identificaban con la “avanzada social”, y a las políticas económicas que se aplicaban en Chile desde la intervención militar de 1924, y la defensa de los conceptos clásicos de la ciencia económica alcanzaría su forma más plena en el famoso discurso pronunciado por Héctor Rodríguez de la Sotta en la Convención conservadora de 193242. Para el presidente del Partido Conservador el gran error que se estaba cometiendo en Chile era imitar los arbitrios económicos aplicados en la situación excepcional del conflicto mundial.

Arbitrismos al margen de todo sano concepto científico, señalaba Rodríguez de la Sotta, justificados sólo como medidas transitorias, de emergencia, en las circunstancias de vida o muerte de la guerra, y presupuestos fantásticos, justificados sólo, a su vez, por las deudas igualmente fantásticas que contrajeron los países que participaron en el conflicto, nos sirven de punto de comparación para justificar presupuestos agobiadores, que no corresponden a nuestra capacidad económica, y todo un enjambre de restricciones y controles que nos han llevado a una verdadera dictadura económica43.

Ellas no podían llevar al país sino al descalabro, porque “los fenómenos económicos sólo obedecen a las leyes naturales como los astros que giran por los espacios y los ríos que se precipitan al mar”44. De ahí que no pudiera interpretarse la crisis mundial que se vivía como una crisis del liberalismo y del régimen capitalista, sino que lo que estaba en “bancarrota” era “la tendencia socialista que se ha infiltrado en todos los espíritus y nos ha llevado a un estatismo feroz, rayano en el delirio, que todo lo perturba y dificulta. Es el proteccionismo a outrance45. Para Rodríguez de la Sotta bastaba deshacer “ese atasco formado por el estatismo y el proteccionismo exagerados en los caminos por donde circulan las riquezas, y se verá cómo el régimen capitalista vuelve a funcionar tan bien como antes”46. Ese sería, por lo demás, la verdadera solución de la “cuestión social” y no las medidas de tipo socialista que se habían hecho populares incluso dentro de las filas del Partido Conservador y que sólo servirían para ahogar las fuentes de la producción y del trabajo47. Ello sin perjuicio de que era consciente también de que resultaba necesario corregir los defectos que había mostrado el capitalismo, “mediante una intervención moderada y sumamente prudente del Estado”, sobre todo en el sentido de “salvaguardar los derechos del trabajo, hasta donde sea económicamente posible, y permitiendo el progreso de las empresas y la formación de nuevos capitales”48.

Con esta postura el dirigente conservador contradecía lo sostenido por Pío XI en Quadragesimo Anno, donde se señalaba que “el recto orden económico” no podía dejarse a la libre concurrencia de las fuerzas. Pues de este principio, como de una fuente envenenada, han manado todos los errores de la economía “individualista”, que, suprimiendo, por olvido o por ignorancia, el carácter social y moral de la economía, estimó que esta debía ser considerada y tratada como totalmente independiente de la autoridad del estado, ya que tenía su principio regulador en el mercado o libre concurrencia de los competidores49.

2.- La ofensiva social cristiana

Frente al liberalismo dominante en la dirigencia santiaguina del partido, durante los años 1931 y 1932 tomarían fuerza sectores conservadores críticos de esa posición. En efecto, la agudización de la profunda crisis política, pero, sobre todo, económica y social, que se abatía sobre el país, y la toma de conciencia del gran sufrimiento que esta ocasionaba en los sectores populares y mediocráticos, hirieron la sensibilidad de la juventud y de importantes dirigentes del Partido, sobre todo de provincias, los que pasarían a ser fuertes críticos de las fórmulas liberales tradicionales.

Esta postura se vería reforzada por la recepción de la doctrina social de la Iglesia, particularmente aquella contenida en las encíclicas sociales: Rerum Novarum de León XIII del año 189150 y Quadragesimo Anno de 193151, con la que el Papa Pío XI buscaba proporcionar una alternativa católica para enfrentar los efectos de la “gran depresión” que se había abatido sobre el mundo a partir del hundimiento de la Bolsa de Nueva York en 192952.

Como se podrá ver en los párrafos siguientes, hubo un sector importante del Partido Conservador que entendió la doctrina social de la Iglesia desarrollada en esas encíclicas y en otros documentos eclesiásticos que circularon en esos años, no sólo como una apelación a la conciencia personal de los católicos, sino como un programa económico y social que debía hacerse realidad de inmediato. Se trataría de un llamado concreto a la acción política. Y esto no sólo en el sentido de que los católicos debían ponerse como fin el cristianizar la sociedad y hacerla más justa, sino que para ello debían utilizarse los medios concretos sugeridos por los pontífices. Por ejemplo, pasaría a ser un imperativo impulsar la subdivisión del latifundio, dar participación a los trabajadores en las utilidades de las empresas e instaurar el corporativismo. Esas –y otras que se señalarán más adelante – debían ser las herramientas de política económica a las que se debía recurrir para construir una sociedad más justa, más allá de lo que dijera al respecto la ciencia económica.

Fue algo común en esos años, por ejemplo, el que se reprodujeran en los medios de prensa conservadores las opiniones de altos dignatarios eclesiásticos. En enero de 1931 “El Diario Ilustrado” comentaba un documento elaborado por el episcopado norteamericano para enfrentar el problema de la desocupación, destacando que la gran renovación de la sociedad se iniciaría cuando se viviera la moral católica en el mundo de la economía. Para los obispos americanos la causa de la crisis estaba en la inmoralidad de la vida económica; esa era la “miseria de la riqueza”53.

Unos meses después se publicaba una entrevista que los jóvenes católicos hicieron a monseñor José Horacio Campillo, quien recién había asumido como arzobispo de Santiago54. En ella se le pedía que interpusiera su alta influencia moral a fin de que en nuestro país se aplique, cuanto antes y en forma sincera e integral, un programa de reformas legales, económicas y sociales, que esté de acuerdo con las normas contenidas en esos documentos pontificios (Rerum Novarum y Quadragesimo Anno)55.

En esa línea el arzobispo consideraba que impulsar la colonización interior, entregando tierras a los cesantes, era una de las fórmulas más eficaces para enfrentar el problema de la cesantía.

Más adelante, Alejandro Huneeus, defendiendo su aplicación a la realidad chilena, recordaba las palabras del Papa Pío XI cuando afirmaba que había muchos católicos que, identificándose en teoría con la doctrina social de la Iglesia, sin embargo, en su manera de hablar y de escribir, y en todas las manifestaciones de su vida, proceden exactamente como si las enseñanzas y prescripciones tantas veces promulgadas por los Sumos Pontífices León XIII, Pío X y Benedicto XV, hubieran perdido su primitivo vigor y se hallaran pura y simplemente abrogadas56.

En la misma línea, el editorialista de La Unión de Valparaíso reproducía y hacía suyas las palabras pronunciadas por el recién asumido presidente del Partido Conservador Ezequiel González Cortez, quien habría señalado:

“Debemos desentendernos de los espíritus que desdeñan como quimérica la nueva filosofía social católica, e ir sinceramente, valientemente y obedientemente, a las soluciones integrales que nos señalan los recientes documentos pontificios”57.

Quienes más se identificarían con la doctrina pontificia y la hicieron suya, fueron los jóvenes católicos y los dirigentes de la juventud del Partido Conservador. En una asamblea de la juventud católica que se desarrolló en Valdivia en enero de 1931, se concluía que “el espíritu de cooperación y de solidaridad es el espíritu de nuestros días”58.

De forma mucho más directa, y recurriendo a un lenguaje más duro, la Asamblea de Propaganda Conservadora en un manifiesto dirigido a la juventud del partido, recordaba el “desconcierto producido por la guerra (la Primera Guerra Mundial)”, cuyas secuelas todavía se veían en los trastornos económicos que afectaban a toda la humanidad.

“El imperialismo económico de la post-guerra –agregaba-ha llevado al mundo a una crisis paradojal de superproducción y de consumo, que ya previó Marx en El Capital, y que torna aún más angustiosa la situación. La crisis actual, que hace agitar en el hambre a dieciséis millones de desocupados, significa el estallido de confusos anhelos revolucionarios y un serio trastorno del régimen capitalista; no puede desconocerse la situación precaria e injusta de millones de seres ante la saciedad de una ávida minoría. Nunca estos abusos y exacciones asumieron un carácter más irritante que ahora”.

Esa realidad es la que debía contrastarse con la doctrina social de la Iglesia. En tono acusador señalaban:

“Muchos han temblado ante la posibilidad de que se extraiga todo su profundo contenido a las enseñanzas de Jesús y muchos han sentido amenazada su comodidad y el usufructo egoísta de sus bienes con una aplicación integral del Evangelio en la política social de Chile (…) Es nuestro propósito decidido el reaccionar enérgicamente contra tan errada interpretación católica y dar a las enseñanzas políticas y sociales de la Iglesia toda su magnífica plenitud”.

Más adelante, y en directa relación con el problema social, el manifiesto de la Asamblea Conservadora reconocía con entera franqueza que el orden social existente “no se inspira en la concepción evangélica de la sociedad y entraña terribles injusticias que es necesario reparar urgentemente. A cuantos pretenden detener la evolución social de la humanidad en el punto en que se encuentra, desoyendo el clamor de millares de desheredados que pueblan la extensión del planeta, la juventud conservadora recuerda la eterna actualidad de las enseñanzas pontificias, que enseñan a los ricos el uso que debe hacerse de lo superfluo y dan una función social a la propiedad, sin despojarla de su carácter de privada en cuanto a su dependencia y atribución”.

De ahí que, en materia de propiedad, y para hacer efectiva su función social, condenaba la existencia de los latifundios y exigía su subdivisión59.

La Asociación Nacional de Estudiantes Católicos60, por su parte, al organizar un ciclo de charlas sobre la doctrina social católica lo hacía en el entendido de que en ella se encontraba la única solución para la “cuestión social”, descartando de plano tanto los proyectos del liberalismo individualista, al que hacía responsable de la crisis que se vivía, como los del socialismo y comunismo, por ser contrarios a la libertad humana61. Al concluir esa “Semana Social”, los estudiantes católicos de las dos universidades chilenas dieron a conocer una Declaración de Principios y un Programa de Acción Social. En esos documentos la ANEC sostenía que la sociedad en que vivían se encontraba “impregnada de liberalismo” y, como consecuencia, no podía considerarse cristiana. Al mismo tiempo estimaban que las alternativas socialista y comunista tenían efectos tan injustos como los que resultaban de la aplicación del capitalismo.

Como consecuencia de todo lo anterior concluían que “únicamente la aplicación integral de la Doctrina Social Cristiana, derivada del Evangelio, que, sin absorber en beneficio de la comunidad los derechos del hombre y de la familia, endereza su ejercicio y los limita en pro del bien común, devolverá al mundo un régimen de equidad social, de bienestar económico y de colaboración mutua e internacional”62.

Esa era la premisa en la que se sustentaba el programa social que presentaron ante la opinión pública, el que consideraba “la integridad de la familia”; el “retorno al régimen corporativo”; “colonización interior y parcelación del latifundio” y el establecimiento de cooperativas agrícolas; la introducción del “salario mínimo y familiar”, de la “participación en las utilidades” o del “accionariado obrero”; la creación de cajas para administrar los seguros de accidentes, enfermedad, cesantía, etc.; y defendían también la existencia de los impuestos progresivos63.

Un artículo editorial de “El Diario Ilustrado” celebraba pocos días después el contenido de ese documento, obra de hijos o nietos de “liberales y conservadores individualistas”, que querían hacer realidad las encíclicas sociales, constituyéndose como “una falange de jóvenes que opone a las doctrinas comunistas la única doctrina social verdadera y salvadora: la de León XIII y Pío XI64.

No contentos con todo esto, los universitarios católicos se dirigían al Vicepresidente de la República Manuel Trucco65 ofreciéndole su apoyo para poner en ejecución el único programa que podría sacar al país de la crisis y que era la aplicación de la doctrina social cristiana. Si no se quería llegar al socialismo y a su consecuencia lógica, el comunismo, el gobierno debía poner en ejecución el programa propuesto por los jóvenes católicos66.

La aplicación de la doctrina social de la Iglesia debía hacerse sobre todo evidente en el ámbito del derecho de propiedad. Se criticaba la “dura costra de egoísmo” que “durante el dominio de la escuela liberal individualista” había sido el sello característico de los propietarios de grandes fortunas. Los jóvenes cristianos sociales querían que todos llegaran a ser propietarios, pero entendiendo la posición del propietario como una “función social”. Ello implicaba que las cosas debían usarse “de manera que sirvan y aprovechen a todos”, debiendo el propietario entender que “lo superfluo ya no es suyo” y “debe darlo a quienes lo necesitan”67.

En la misma línea se movían los conservadores de Valparaíso, como ya resultaba evidente desde hacía algunos años68. En su convención del año 1932 daban por superada la época iniciada con la Revolución Francesa, marcada por el individualismo y que tenía a buena parte del mundo sumido en la pobreza y desgarrado por conflictos sociales de todo tipo, y anunciaban el inicio de una “etapa social”. Había llegado el momento de hacer realidad el “catolicismo social”. “Queremos algo moderno –escribía uno de sus representantes– fundado en la unidad mundial y queremos un corporativismo orgánico funcional y un sistema de trabajo que arraigue en la justicia y no en el egoísmo, y un complejo jurídico con basamento ético y no legalista y, en fin, queremos una sociedad organizada y no una polvareda individual”69.

El órgano de expresión de los conservadores porteños era el periódico “La Unión”, que se definía a sí mismo como “el genuino portavoz y fiel interprete de las clases trabajadoras”, y que se encargaba de recordar continuamente la actualidad del contenido de las encíclicas sociales70. También, en medio de la profunda crisis que se vivía, llamaba a “los chilenos que poseen dinero en exceso” a cooperar en la acción del Estado. Quienes poseen riquezas en exceso para satisfacer sus necesidades naturales y culturales están moralmente obligados a cooperar con el Estado en la amplia educación popular, en las investigaciones de la ciencia y en la obediencia a sus deberes de solidaridad social con la convicción de que es verdad la solidaridad humana71.

Por otra parte, contra la línea oficial del partido, “La Unión” apoyaba por lo menos cierta forma de soluciones corporativas, por ejemplo, cuando alababa a los empleados de Valparaíso que presentaban un candidato gremial para las elecciones parlamentarias de 193172.

A fines de 1931 el diario protestaba contra el anuncio de que se pensaba eliminar el impuesto progresivo, “que figura como aspiración en todos los programas de los partidos políticos modernos, que es ideal preferente para las entidades de carácter económico-social, para las instituciones obreras y de empleados, cada día más preocupadas con la gestión política y financiera del Estado, para las masas asalariadas, que se debaten rudamente con la crisis mundial73”.

También temía el avance de las fuerzas de izquierda y el que pudiera estallar una revolución social, y como única alternativa posible planteaba la unión de las fuerzas de derecha en base a un programa fundado en “las doctrinas de la Democracia Cristiana”74.

Quienes promovían el catolicismo social tal como estaba contenido en las encíclicas pontificias buscaban con ello presentarse como una alternativa válida frente a socialistas y comunistas, pero, en lo fundamental, estaban unidos en su común oposición al liberalismo económico, el que sería la causa última de todos los males que estaba padeciendo la sociedad.

“Tal vez por una extraña paralogización”, escribía un columnista en “El Diario Ilustrado”, “muchos católicos que han rechazado el liberalismo en su forma integral, han aceptado, y aun defendido algunos de sus principios económicos. Pero el derrumbamiento de esos principios, que en su caída hacen estremecer la estabilidad social los llevará, fatalmente, a abandonarlos. Ya nadie piensa seriamente en volver a lo que se ha dado en llamar el régimen antiguo, aquel régimen de apariencias de civilización integral cristiana, de falsa y perjudicial libertad económica, de paganismo en las costumbres y desenfrenado libertinaje en el manejo de la sociedad civil75”.

La causa principal de lo que se había dado en llamar la “cuestión social” sería el “liberalismo económico o individualismo” imperante desde la Revolución Francesa y que también habría imperado en el Imperio Romano, mientras que el orden social ideal habría sido el impuesto por el cristianismo durante la Edad Media76. El liberalismo, al derribar el orden social cristiano es el que habría hecho posible la lucha de clases77. Al respecto en Quadragesimo Anno se señalaba que el sistema liberal capitalista es el que había llevado a la división de la sociedad en dos clases una, ciertamente poco numerosa, que disfrutaba de casi la totalidad de los bienes que tan copiosamente proporcionaban los inventos modernos, mientras la otra, integrada por la ingente multitud de los trabajadores, oprimida por angustiosa miseria, pugnaba en vano por liberarse del agobio en que vivía78

En términos todavía más duros “La Unión” de Valparaíso criticaba al “Capitalismo sin Dios ni Ley” que desligaba a la “Economía de la Moral” y bajo cuyo dominio “una minoría de potentados usa y abusa de las grandes muchedumbres como rebaños de esclavos”; y en la que la humanidad se ve agobiada por “una ínfima minoría de explotadores”79.

De acuerdo a lo que se ha señalado en un párrafo anterior, para un sector de los conservadores el orden social y económico ideal – y en esta apreciación podían apoyarse en Quadragesimo Anno – era el corporativo y gremial tal cual se había vivido durante la Edad Media80. Este régimen habría llegado a su perfección en el siglo XI y durante 700 años mantuvo en Europa el progreso artístico y material, el salario justo, la colaboración de clases, la producción moderada y la distribución equitativa, la participación de patrones y trabajadores en las ganancias, las cajas para enfermedad, cesantía, jubilación y ancianidad; la participación del pueblo en el gobierno municipal y nacional, la ausencia de huelga, crisis, pobreza y capitalistas, y la unión de todos los hombres bajo aquel mandamiento y aquella virtud de la caridad fraterna, sin la cual la misma justicia es una ley dura e ingrata81.

Frente al individualismo dominante, ya en Rerum Novarum se había buscado rescatar el valor de la organización gremial de la sociedad. Según señalaba León XIII “Los gremios de artesanos reportaron durante mucho tiempo grandes beneficios a nuestros antepasados. En efecto, no sólo trajeron grandes ventajas para los obreros, sino también a las artes mismas un desarrollo y esplendor atestiguado por numerosos monumentos82”.

En esa línea profundizaría Pío XI cuando en el capítulo de Quadragesimo Anno titulado “Restauración del orden social” señalaba:

La curación total no llegará, sin embargo, sino cuando, eliminada esa lucha (de clases), los miembros del cuerpo social reciban la adecuada organización, es decir, cuando se constituyan unos “órdenes” en que los hombres se encuadren no conforme a la categoría que se les asigna en el mercado de trabajo, sino en conformidad con la función social que cada uno desempeña (…), así ha ocurrido que cuantos se ocupan en un mismo oficio o profesión – sea esta económica o de otra índole – constituyeran ciertos colegios o corporaciones, hasta el punto de que tales agrupaciones, regidas por un derecho propio, llegaran a ser consideradas por muchos, si no como esenciales, sí, al menos, como connaturales a la sociedad civil83.

Las diferencias que se daban al interior del Partido Conservador en materias económico-sociales y que se han esbozado en los párrafos anteriores provocarían algunas escisiones en el mismo cuando recién se iniciaba la década de los treinta. Sería el caso, por ejemplo, de Bartolomé Palacios, quien se alejaría del conservantismo para dar forma al Partido Popular, pensado como un medio para retener “el éxodo de la clase media hacia el radicalismo-socialista y el socialismo-comunista”. Como señalaba en carta dirigida a un dirigente conservador que criticaba su decisión, “el programa del nuevo partido estaba moldeado sobre el del “Partido Popular Belga”, que, como Ud. sabe, obedeció a iguales propósitos y se formó por la incapacidad del “Partido Católico” para atraer a las clases populares (…) Pensé que debían existir en Chile como en Bélgica, dos partidos de orden: el Conservador y el Popular que, actuando cada uno en su esfera, formaran el baluarte patriótico en que se estrellasen los socialistas de todos matices”.

La doctrina del nuevo partido respiraría “la influencia del Maestro de la Economía Política sustentada en la Encíclica del inmortal León XIII, el eminentísimo sociólogo don José Toniolo”84.

En julio de 1932 renunciaría al partido Óscar Gajardo, que había sido miembro de la Junta Ejecutiva del mismo, criticando “la vaguedad en la línea social” que habrían manifestado los conservadores85. En su opinión y la de quienes lo seguían, “el partido se ha limitado a propiciar esporádicamente algunas leyes sociales, sin orientar en forma definida su acción hacia la tendencia proclamada y exigida con apremio por los pontífices, desde hace más de cuarenta años”. Luego agregaba que

“esa falta de intensidad en la aplicación de la doctrina social cristiana, es una de las causas de la desconfianza con que las clases modestas miran nuestras actividades y es, también, una de las causas que aparezcamos ante la opinión pública como un reducto cerrado de la oligarquía86”.

Por lo demás todas estas críticas no eran aceptadas como válidas por figuras emblemáticas del partido como Horacio Walker y Rafael Luis Gumucio87.

No cabía duda de que, en medio de la crisis social y económica que se vivía, los conservadores chilenos aparecían divididos en cuanto a los medios con que ella debía enfrentarse. Mientras algunos trataban de mantenerse fieles a las fórmulas económicas clásicas, aplicadas con pragmatismo y de acuerdo a las circunstancias, otros sectores, más de “avanzada”, renegaban ya abiertamente del liberalismo tradicional y aspiraban a construir un nuevo orden social y económico fundado en las doctrinas contenidas en las encíclicas sociales.

3.- La Convención Conservadora de 1932

Cuando se acercaba el momento en el que debía tener lugar la Convención Conservadora de septiembre de 1932, la presión de los sectores de “avanzada” era cada vez mayor, lo que obligó al presidente del partido, Héctor Rodríguez de la Sotta, a salirles al paso88.

“De acuerdo con las normas pontificias, la cuestión social no es solamente cuestión económica, sino principalmente moral y religiosa. Siendo así, no puede existir en el partido un círculo que tenga el privilegio de ser el depositario de ciertas verdades y sentimientos morales y religiosos que posea el secreto de su interpretación y aplicación. Tal privilegio está reservado a la alta y desinteresada autoridad del Sumo Pontífice y de los obispos”.

Concluía señalando que si lo que se quería era adoptar algunas “medidas prácticas”, ellas se estudiarían con celo en las instancias partidarias correspondientes89.

Por ello no puede extrañar que en la clásica obra de Ignacio Arteaga sobre las convenciones conservadoras se afirme:

La Convención General del año 1932 se caracterizó por una fuerte lucha entre dos corrientes que prepararon sus trabajos de divulgación y propaganda con mucha anticipación y entusiasmo: una formada por la nueva generación del partido, que luchaba por dar a éste una tendencia de avanzada en el campo económico-social y de mayor democratización en sus estatutos; y otra formada por los elementos más moderados del partido, que luchaban por una actitud de cautela y prudente avance en ambos órdenes de reformas90.

Las diferencias resultan evidentes si se contrastan los acuerdos que terminó por aprobar la Convención, con el proyecto que había preparado para ser discutido en ella una comisión nombrada por la Junta Ejecutiva del Partido, que era presidida en ese momento (agosto de 1931) por Rafael Luis Gumucio, en noviembre de 193191. En el proyecto se proponían ideas y reformas concretas que eran mucho más avanzadas que aquellas que terminaron por ser recogidas en el programa aprobado por la Convención. En este se partía señalando, en el orden de los principios, que la gran aspiración del Partido debía ser “la restauración del orden social cristiano”, expresión tomada de Quadragesimo Anno92. Como consecuencia se rechazaban tanto el individualismo económico como el socialismo y el comunismo.

Postulaban la “sindicalización obligatoria y la organización corporativa de la sociedad, que es su complemento”. De ahí que debieran sindicarse no sólo los obreros y empleados, sino también los “patrones”, los “profesionales”, los “artistas”, etc. Como consecuencia, propiciaban la representación justa y prudente de los intereses profesionales, reguladores de la vida económica del país, en la vida constitucional de la nación, “debiendo, en consecuencia el partido, en conformidad con la nueva mentalidad social, imponerse el deber de estudiar una fórmula que dé a esos intereses vitales del organismo social una representación constitucional”93.

Nada de lo anterior quedaría recogido en las conclusiones de la Convención, más allá del hecho de que el Partido declaraba que su aspiración era la “aplicación integral” de las “enseñanzas pontificias” y que “la sociedad es un ser orgánico y tiene como fin propio el bien común”. Pero al mismo tiempo sostenía que en el ámbito privado “la intervención del Estado debe ser moderada, supletoria, transitoria y excepcional”94.

Más evidente era todavía el contraste que se daba entre ambas instancias partidarias en el ámbito del derecho de propiedad. La Comisión en su informe partía recordando el destino universal de los bienes, de tal forma que, aun cuando reconocía que la propiedad privada era de derecho natural, recordaba también que “el propietario de la riqueza debe tener en cuenta los fines de la Providencia sobre los bienes de los cuales le ha dado la administración y subordinar el uso que de ellos haga a su destino primitivo, que es satisfacer las necesidades esenciales de todos”. Luego agregaba que, “dentro de los límites de la Ley Natural, corresponde al Estado determinar las limitaciones que la justicia y el bien común imponen al derecho de propiedad”. Como consecuencia de ello propiciaba, preanunciando lo que serían los programas de reforma agraria que se irían concretando en las décadas siguientes, la dictación de leyes tendientes a facilitar y generalizar la adquisición de propiedades raíces, principalmente agrícolas, por el mayor número de personas, mediante la enajenación y subdivisión de tierras fiscales, la compra y parcelación de latifundios por el Estado o, en último término, la expropiación por causa de utilidad pública, en especial de predios cuya explotación no sea eficiente.

Para la explotación de las parcelas que resultaran de ese proceso se recomendaba la constitución de cooperativas. Exigía también la explotación de los fundos directamente por sus propietarios. En otro ámbito, propiciaba la aplicación de un impuesto “al mayor valor adquirido por las propiedades urbanas y rurales por causas ajenas al trabajo e iniciativa de sus dueños”. Por último, en términos genéricos, exigía la concreción de “todas las demás medidas que, respetando el derecho de propiedad, tiendan a asegurar el cumplimiento de su función social”95.

En estas materias los miembros de la Comisión podían apoyarse en Quadragesimo Anno, donde se afirmaba que de la índole misma individual y social del dominio, de que hemos hablado, se sigue que los hombres deben tener presente en esta materia no sólo su particular utilidad, sino también el bien común. Y puntualizar esto cuando la necesidad lo exige y la ley natural misma no lo determina, es cometido del Estado. Por consiguiente, la autoridad pública puede decretar puntualmente, examinada la verdadera necesidad del bien común y teniendo siempre presente la ley tanto natural como divina, que es lícito y que no a los poseedores en el uso de los bienes96.

En todo caso, en materia de propiedad agraria, parecían inspirarse en el Código Social de Malinas, donde en el número 98 se afirmaba:

“En particular se plantea en ciertos países un problema agrario que se refiere a las circunstancias indicadas a continuación: existencia de dominios incultos o sometidos a métodos de cultivo inferiores, cuyo aprovechamiento y mejora son indispensables al bien de la comunidad; explotación técnica que es satisfactoria; pero que provoca, por su excesiva concentración, el nacimiento y desarrollo de un proletario rural presa de la miseria, obligado, ya a la deserción de los campos, ya a la emigración, ya a cualquiera otra alternativa contraria al bien general. En estos casos el Estado tiene derecho, después del fracaso de soluciones menos radicales, a decretar el desmembramiento de los cultivos, y, caso necesario, el de las propiedades. El ejercicio de este derecho se halla siempre subordinado a la concesión de una justa y previa indemnización a todos los que resultasen lesionados en sus intereses legítimos por las medidas de expropiación”97.

De manera evidente en las conclusiones de la Convención se cambiaban los acentos. En efecto, en el centro ya no estaba la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes, sino la defensa del derecho de propiedad privada amenazado por el ambiente revolucionario que se vivía y el creciente intervencionismo estatal, el que había llegado a su clímax con la “República Socialista”98. Así es como, el acápite sobre la propiedad partía con la consagración del principio de que “el derecho de propiedad privada e individual tiene su fundamento en el derecho natural”. Luego agregaba que “el Estado debe dejar intacto e inviolable el derecho de poseer privadamente y el de transmitir los bienes por herencia y no debe agotar la propiedad con excesos de carga y de impuestos”.

Sin embargo, se reconocía también que, en aplicación de la “justicia legal”, el legislador podía poner límites al uso de la propiedad e incluso llegar a expropiarla, pero contra el pago de una indemnización justa. Como consecuencia se concluía que el partido anhelaba, como ya se había exigido en el informe de la Comisión, que se tomaran medidas para hacer la propiedad accesible a todos, pudiendo recurrirse para ello incluso a la expropiación, pero no se hacía referencia a que esto pudiera ser un castigo por la explotación ineficiente del latifundio. Y en materia de impuestos quería que se redujera “el impuesto de herencia “en condiciones que no impidan la formación de capitales ni desaliente el espíritu de ahorro”99.

En materias laborales, y considerando que la altísima tasa de cesantía era el problema social más grave que afectaba a los trabajadores100, la comisión recomendaba la “construcción de obras públicas, especialmente de habitaciones obreras, la conveniente defensa de la producción nacional” y “la colonización de las tierras fiscales”; también debía crearse un “seguro obligatorio contra el paro”. En el ámbito de la legislación social, propiciaban “la fijación de un salario mínimo”; el de un salario familiar y “la extensión del sistema de participación en los beneficios y del accionariado obrero”, para llegar a hacer al obrero “co-propietario de la empresa”101. Ninguna de estas medidas resultó aprobada en la Convención, salvo en el sentido de que en ella se manifestaba también una preocupación por el salario familiar. El salario debía “ser justo, considerándose como tal, el que a lo menos sea suficiente para que un obrero sobrio y de buenas costumbres pueda atender a las necesidades ordinarias de su vida y de las de su familia que viva a sus expensas”. Debía velarse también porque se respetaran las normas de duración de la jornada laboral, las condiciones de higiene en las empresas, mejorar las condiciones de trabajo de los empleados domésticos, y establecer regímenes laborales distintos para los distintos tipos de trabajo102, cuestiones que también habían sido consideradas en el informe de la Comisión.

Finalmente, cabe señalar que entre ambas instancias partidarias se daba una diferencia de fondo en lo que se refiere a la concepción del Estado y de la Economía. En efecto, mientras la Convención conservadora, con su presidente a la cabeza, seguía -en lo fundamental- identificándose con un modelo liberal en el que se tendía a reducir al mínimo la intervención del Estado en la economía, los miembros de la Comisión querían un estado activo que interviniera en el ciclo económico.

De partida, consideraban como “ilegítima la pretensión del capital de absorber la mayor parte de los beneficios de la producción, lo cual da lugar a inmensas acumulaciones de riqueza, que crean un poder despótico en manos de unos pocos” y llamaban a “combatir los excesos de la libre concurrencia”, cuestiones que eran expresamente tratadas por los Papas en las encíclicas sociales103.

Más todavía, buscaban avanzar hacia una “racionalización del orden económico”, expresión en la que se ocultaba una cierta admiración manifestada hacia los sistemas económicos planificados. Así es como, a propósito del control que debía ejercerse sobre la comercialización de los productos de “primera necesidad”, proponía “organizar en forma racional y científica su distribución comercial, para que no se perturbe el equilibrio de la producción y el consumo”. Ello incluía la posibilidad de que se adoptaran “medidas de expropiación periódica de los alimentos o, en las mismas circunstancias, la fijación de sus valores máximos”. Por otra parte, el ámbito del comercio exterior exigía se tomaran medidas para lograr “la equitativa protección de la industria nacional104.

Conclusión

Resulta evidente que en medio de la profunda crisis en que se encontraba sumido el país durante los años 1931 y 1932, se tendieron a consolidar fisuras muy profundas en el seno del catolicismo político, representado en esos años por el Partido Conservador. En efecto, mientras un importante sector del Partido, integrado - en lo fundamental - por parte de la juventud y del conservantismo de provincia, consideraba que lo que estaba en crisis era el liberalismo, buena parte de la dirigencia partidaria urgía porque se volvieran a aplicar políticas económicas de ese cuño. Mientras los primeros, imbuidos de un gran idealismo, consideraban que la salida de la crisis pasaba por construir una sociedad cristiana inspirada en la doctrina social de la Iglesia contenida en la Encíclicas Sociales, sus oponentes, adoptando una posición más pragmática, sin negar su valor a los textos pontificios, consideraban que estos debían pasarse por el tamiz de la ciencia económica. Quedaba así ya prefigurada la división del catolicismo, política que se concretaría sólo unos años después.

1Este artículo se enmarca en el proyecto Fondecyt regular 1151403.

2G. Salazar y J. Pinto, Historia Contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía, (LOM Ediciones, Santiago, 1999) 230.

3T. Pereira, El Partido Conservador 1930-1965. Ideas, figuras y actitudes, (Fundación Mario Góngora, Santiago, 1994) 41.

4P. Bernedo, Prosperidad económica bajo Carlos Ibáñez del Campo 1927-1929: la dimensión internacional de un programa económico de gobierno, (P. Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia, Santiago, 1989).

5E. Brahm García, “La visión de la diplomacia alemana sobre un momento de crisis del régimen de gobierno chileno: la caída del Presidente Carlos Ibáñez del Campo en julio de 1931”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXXIII, Valparaíso, Chile, (2011), 487-510.

6S. Collier y W. E. Sater, Historia de Chile 1808-1994, (Cambrigde University Press, España, 1998), 197ss.; G. Vial, Historia de Chile (1891-1973), Volumen IV, La dictadura de Ibáñez, (Editorial Fundación, Santiago, 1996), 469ss.; J. Fermandois, Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004, (Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2004) 109ss.

7La Unión 1/11/1931, 8.

8El Diario Ilustrado 27/12/1931, 8.

9La Unión 7/10/1931, 3. Cfr. La Unión 24/7/1931, 3. Para la situación social de la época puede consultarse J. C. Yáñez Andrade, La intervención social en Chile 1907-1932, (RIL Editores, Santiago, 2008), 165ss.

10El Diario Ilustrado 1/1/1931, 4. En el mismo sentido se expresaba el dirigente conservador Alejo Lira Infante. El Diario Ilustrado 17/3/1931, 4.

11El Diario Ilustrado 17/3/1931, 4.

12El Diario Ilustrado 26/4/1931, 12.

13El Diario Ilustrado 28/10/1931, 4.

14El Diario Ilustrado 1/11/1931, 8.

15El Diario Ilustrado 29/10/1931, 4.

16La Unión 11/4/1931, 3.

17El Diario Ilustrado 23/1/1932, 4. En relación al crecimiento del Estado en Chile en estos años puede consultarse R. Henríquez Vásquez, En “estado sólido”. Políticas y politización en la construcción estatal Chile 1920-1950, (Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2014), 135ss. y H. Scott, Pensando el Chile nuevo. Las ideas de la revolución de los tenientes y el primer gobierno de Ibáñez, 1924-1931, (Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, 2009), 135ss.

18El Diario Ilustrado 17/3/1931, 4.

19El Diario Ilustrado 29/4/1931, 4. Cfr. El de 20/4/1932, 3.

20Sobre la labor del Partido Conservador en materia de leyes laborales puede consultarse T. Pereira, El Partido Conservador …, 37 y sobre sus ideas sociales y la recepción de la Doctrina Social de la Iglesia P. Valdivieso F., Dignidad humana y justicia. La historia de Chile, la política social y el cristianismo 1880-1920, (Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2006).

21El Diario Ilustrado 30/4/1931, 4 y 2/1/1931, p. 12.

22El Diario Ilustrado 5/7/1931,12.

23Con ello nos referimos al “paquete” de leyes sociales aprobadas como consecuencia del “ruido de sables”. Cfr. G. Vial, Historia de Chile 18911973, volumen III, Arturo Alessandri y los golpes militares (1920-1925), (Editorial Santillana, Santiago, 1986) 408ss.

24El Diario Ilustrado 10/4/1931, 4.

25El Diario Ilustrado 9/4/1931, 4.

26El Diario Ilustrado 5/11/1931, 4.

27El Diario Ilustrado 18/11/1932, 3.

28El Diario Ilustrado 24/4/1932, 7.

29El Diario Ilustrado 18/5/1932, 3 y 1/5/1932, 7.

30E. Brahm García, “Algunos aspectos del proceso de socialización del derecho de propiedad en Chile durante el gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931)”, en Rechtsgeschichte, 20 (2012), 234ss.

31El Diario Ilustrado 26/7/1932, 3.

32Cfr. C. Gazmuri, Eduardo Frei Montalva y su época, (Editorial Aguilar, Santiago, 2000), I, 130.

33El Diario Ilustrado 18/6/1932, 7.

34Sobre la juventud conservadora y su relación con la Iglesia, pueden consultarse, T. Pereira, El Partido Conservador … 55ss.; J. Díaz Nieva, Chile: de la Falange Nacional a la Democracia Cristiana, (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2000), 46ss.; M. Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, (Ediciones La ciudad, Santiago, 1981)109ss.; C. Gazmuri, Eduardo Frei …, 117ss.

35El Diario Ilustrado 22/6/1932, 3.

36El Diario Ilustrado 20/6/1932, 3.

37El Diario Ilustrado 19/6/1932, 7. En otro artículo Eyzaguirre hacía referencia a la “Unión Internacional de Estudios Sociales”, fundada en Malinas en 1920 por el cardenal Mercier, que encomendó “a los más afamados economistas católicos la elaboración de un Código Social”.

38El Diario Ilustrado 23/8/1932, 3.

39El Diario Ilustrado 22/8/1932, 3.

40El Diario Ilustrado 23/8/1932, 3.

41El Diario Ilustrado 24/8/1932, 3. Todo esto lo escribía en medio de una polémica con Javier Cox. El Diario Ilustrado 28/8/1932, 7.

42Cfr. G. Salazar y J. Pinto, Historia contemporánea …, 227ss.; T. Pereira, El P artido Conservador …, 46; S. Villalobos R., O. Silva G., F. Silva V., P. Estellé M., Historia de Chile, (Editorial Universitaria, Santiago, 1974), IV, 929.

43Crisis política, económica y moral. Discurso pronunciado por el presidente del Partido Conservador, don Héctor Rodríguez de la Sotta, al inaugurar la Convención que celebró el Partido en Santiago, durante los días 24 y 25 de septiembre de 1932, (Dirección General de Prisiones, Santiago, 1932), 15.

44Crisis Política …, 16.

45Crisis Política …, 16.

46Crisis Política …, 17.

47Crisis Política …, 21. En todo caso Rodríguez de la Sotta reconocía que no había sido inmune a esa tentación. “Durante mi juventud, fui un demócrata cristiano ardoroso y decidido; en Economía un devoto de la Economía Social; y en Política Comercial, un convencido del Proteccionismo (…) Con el transcurso de los años, un poco más de estudio, y un mucho de experiencia y de encarar las teorías con las duras realidades económicas, todos esos ideales se fueron adormeciendo y debilitando en mi espíritu, hasta llegar por lo menos a un completo escepticismo”.

48Crisis Política …, 28.

49Quadragesimo Anno, Encíclica del Papa Pío XI sobre la restauración del orden social y su perfeccionamiento de conformidad con la Ley Evangélica. De 15–VI–1931. El Mensaje Social de la Iglesia, (Ediciones Palabra, Madrid, 1986), pp. 99ss.

50Cfr. Aa.Vv., “Rerum Novarum”. L'uomo centro della societtá e via della Chiesa (a cura di G. Diurni) (Lib. Ed. Vaticana, Cittá del Vaticano, 1982); G. Antonazzi – G. De Rosa (cur.), L'Enciclica Rerum novarum e il suo tempo (Ed. Storia e Letteratura, Roma, 1991); V Cathrein, Moralphilosophie (Herder, Friburgo de Brisgovia, 1911). W. Hanisch S.J., “La encíclica Rerum Novarum y cuarenta años de su influencia en Chile 1892-1932”, en Anuario de Historia de la Iglesia, 9 (1991), 67-103.

51Cfr. las obras de quien habría sido el principal asesor de Pío XI en la redacción de la encíclica, O. von Nell-Breuning S.J., Die social Enzyklika (Köln, 1932) y Soziallehre der Kirche: Erläuterungen der lehramtlichen Dokumente (Europaverlag, Deutschland, 1982). También Aa.Vv., Dalla Rerum Novarum alla Laborem exercens: verso l'anno 2000 (Pont. Comm. “Iustitia et Pax”, Cittá del vaticano, 1982).

52Cfr. P. Valdivieso, Dignidad y Justicia …, 199ss., C. Gazmuri, Eduardo Frei …, 117ss.

53El Diario Ilustrado 22/1/1931, 4.

54La Unión 13/8/1931, 3. El diario caracterizaba a monseñor Campillo como un “arzobispo social”.

55El Diario Ilustrado 7/9/1931, 4.

56El Diario Ilustrado 28/6/1932, 3.

57La Unión 4/8/1931, 3.

58El Diario Ilustrado 13/1/1931, 4.

59El Diario Ilustrado 19/7/1931, 14. El Manifiesto, que estaba fechado en mayo de 1931, llevaba la firma de José Alberto Echeverría, Misael Pradenas, Javier Cox Lira, Raúl Recabarren, Óscar Gajardo V., Francisco J. Barros y Juan Irarrázaval.

60Sobre ella puede consultarse C Gazmuri, Eduardo Frei …, 117, T. Pereira, El Partido Conservador 55ss., C. Garay, El Partido Conservador chileno 18571966. Tendencias internas y conflictos doctrinarios, (Tesis UNED, inédita, 2005) 67.

61El Diario Ilustrado 13/8/1931, 4.

62El Diario Ilustrado 29/8/1931, 2.

63El Diario Ilustrado 29/8/1932, 2.

64El Diario Ilustrado 30/8/1931, 8.

65Trucco había recibido el poder de manos de Juan Esteban Montero, quién ahora estaba volcado en su campaña presidencial. Cfr. S. Collier y W. F. Sater, Historia de Chile 1808-1994 …, 199.

66El Diario Ilustrado 5/9/1931, 4.

67El Diario Ilustrado 12/9/1931, 4. Los jóvenes católicos podían apoyarse al respecto a lo sostenido por León XIII en Rerum Novarum, Encíclica del Papa León XII sobre la situación de los obreros de 15-V-1891. El Mensaje social de la Iglesia (Ediciones Palabra, Madrid, 1986) p. 38, donde, citando a Santo Tomás de Aquino se señalaba que en cuanto al uso de los bienes “el hombre no debe considerar las cosas externas como propias, sino como comunes, es decir, de modo que las comparta fácilmente con otros en sus necesidades”.

68E. Brahm García, “La Unión y el Partido Conservador de Valparaíso ¿una posición divergente en el conservantismo en medio de la crisis institucional de 1925?”, en (Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXXVIII, Valparaíso, Chile, 2016), 395-419.

69El Diario Ilustrado 21/8/1932, 3.

70La Unión 15/5/1931, 3.

71La Unión 17/7/1931, 3. Cfr. La Unión 28/7/1931, 3.

72La Unión 9/10/1931, 3.

73La Unión 17/11/1931, 3.

74La Unión 24/12/1931, 3.

75El Diario Ilustrado 30/5/1931, 4.

76El Diario Ilustrado 27/8/1931, 4.

77El Diario Ilustrado 23/9/1931, 4.

78Quadragesimo Anno…, 68.

79La Unión 17/10/1931, 3. A la relación entre economía y moral se había referido Pío XI en Quadragesimo Anno …, 82. “Pues, aun cuando la economía y la disciplina moral, cada cual en su ámbito, tienen principios propios, a pesar de ello es erróneo que el orden económico y el moral estén tan distanciados y ajenos entre sí, que bajo ningún aspecto dependa aquel de éste”.

80El Diario Ilustrado 28/8/1931, 4; 3/10/1931, 4; 3/7/1932,7 y 10.

81El Diario Ilustrado 3/9/1931, 4.

82Rerum Novarum…, 53.

83Quadragesimo Anno…, 98.

84La Unión 28/10/1931, 3. Cfr. J. Díaz Nieva, Chile: de la Falange…,30ss.

85El Diario Ilustrado 19/7/1932, 3.

86El Diario Ilustrado 20/7/1932, 3.

87El Diario Ilustrado 21/7/1932, 3 y 23/7/1932, 3.

88Sobre Rodríguez de la Sotta puede consultarse T. Pereira, El Partido Conservador …, 43ss.

89El Diario Ilustrado 15/8/1932, 3.

90I. Arteaga Undurraga (Comp.), Partido Conservador. XIV Convención Nacional 1947. Notas para la historia política del Partido Conservador, (Imprenta Chile, Santiago, 1947), 271.

91El Diario Ilustrado 31/8/1931, 1. Formaban parte de ella Exequiel González Cortés, Eduardo Covarrubias, Carlos Vergara Leyton, José María Cifuentes, Luis Pizarro Espoz, Ricardo Boizard Bastidas, Julio Chaná Cariola, Guillermo González Prats, Benigno Acuña, Luis Alberto Ávalos, Raúl Recabarren, José Luis Sepúlveda, Sergio Fernández Larraín, Eduardo Frey (sic), Víctor Delpiano y Julio Pereira.

92Quadragesimo Anno…, 96.

93El Diario Ilustrado 411/1931, 5. Resulta evidente que los miembros de la Comisión se inspiraban también en estas materas, además de en las encíclicas sociales, en el Código Social de Malinas, elaborado por la Unión de Malinas, obra del cardenal Mercier y publicado en 1927 (Mosca Hermanos. Editores, Montevideo, 1937). En el número 58 del capítulo tercero del mismo, (p. 31) titulado “La sociedad profesional”, se señalaba: “La sociedad humana se encuentra naturalmente estructurada cuando se apoya en los cuerpos o agrupaciones profesionales; y, por el contrario, cuando está fundada sobre clases enemigas, se encuentra en un estado violento, inestable y movedizo. Se pueden, por lo tanto, considerar, a la luz de la filosofía cristiana, los grupos profesionales como organismos naturales de la sociedad civil, aun cuando, a pesar de ser autónomos y gozando de una verdadera autoridad, no sean organismos esenciales suyos”.

94Partido Conservador, Programa y Estatutos. Aprobados en la Convención General del Partido efectuada en Santiago los días 24 y 25 de septiembre de 1932, (Dirección General de Prisiones, Santiago, 1933), 5s. Cfr. M. Sanfuentes Carrión, El Partido Conservador. Doctrina y Convenciones, (Memoria Derecho Universidad de Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 1957), 93.

95El Diario Ilustrado 6/11/1931, 5.

96Quadragésimo Anno…, 84.

97Código Social de malinas…, 49s.

98Sobre la República Socialista puede consultarse G. Vial, Historia de Chile (1891-1973),volumen V, De la República Socialista al Frente Popular (1931-1938), (Editorial Zig-Zag, Santiago, 2001) y M. Góngora, Ensayo histórico, 97ss.

99Partido Conservador, Programa y estatutos…, 8s. y M. Sanfuentes Carrión, El Partido Conservador, 94.

100Cfr. J. C. Yáñez, La intervención social…,165ss.

101El Diario Ilustrado 6/11/1931, 5. Ya en Quadrageimo Anno …, 92, se sugería que “en la medida de lo posible, el contrato de trabajo se suavizara algo mediante el contrato de sociedad”. Por su parte en el Código Social de Malinas…, 55, se recomendaba el “accionariado del trabajo” y la “cogestión”.

102Partido Conservador, Programa y estatutos, 10s. y M. Sanfuentes Carrión, El Partido Conservador…, 95.

103Rerum Novarum …, 43ss. y Quadragesimo Anno …, 75ss.

104El Diario Ilustrado 7/11/1931, 5.

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