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EURE (Santiago)

versión impresa ISSN 0250-7161

EURE (Santiago) v.36 n.109 Santiago dic. 2010

http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612010000300001 

EURE, vol 36, n°109, diciembre 2010, pp.5-33

ARTÍCULOS

Multifuncionalidad agraria y territorio. Algunas reflexiones y propuestas de análisis

Rocío Silva Pérez

Departamento de Geografía Humana. Universidad de Sevilla.

Dirección de correspondencia


RESUMEN

La aplicación a la agricultura del concepto de sostenibilidad conlleva el reconocimiento de que, conjuntamente con la función productiva, ésta desempeña otros roles (ambientales, sociales, patrimoniales) cada vez más demandados y estrechamente relacionados con su sustrato territorial. La noción de multifuncionalidad agraria lo recoge expresamente y así se sobreentiende desde otros marcos conceptuales y normativos, hasta ahora ajenos al sector, pero cada vez más interesados por los espacios de cultivo como estructurantes territoriales, depositarios de recursos patrimoniales y paisajes. Sus entendimientos del territorio son, no obstante, muy diferentes, sus escalas de análisis extremadamente dispares y sus implicaciones normativas -ora sectoriales, ora territoriales- contradictorias y redundantes. Este artículo se acerca a la multifuncionalidad agraria desde la perspectiva y los problemas del territorio, indagando puentes de encuentro entre ambos tipos de aproximaciones. A tal fin, hace un recorrido por el estado de la cuestión y el tratamiento normativo que merece el territorio desde tales perspectivas y concluye con una propuesta metodológica sustentada en los planteamientos del desarrollo territorial integrado.

PALABRAS CLAVE: Movilidad, periferia urbana, pobreza, transporte urbano.


ABSTRACT

Applying the concept of sustainability to agriculture entails the recognition that, apart from the production function, it has other roles (environmental, social, cultural) closely linked to its territorial substratum that are in ever greater demand. This is expressly embraced by the notion of agricultural multifunctionality and is understood as such from other conceptual and regulatory frameworks which had hitherto had no connection with the sector, but which are showing more and more interest in agricultural areas as territorial structures, repositaries of cultural heritage- and landscape-related resources. Notwithstanding, the way that they understand territory is quite different, their analytical scales extremely disparate, and their implications for regulation -some sectoral, some territorial- contradictory and redundant. The present article approaches multifunctionality from the angle and the problems of territory, investigating any links there might be between the two. For this, it spotlights the current state of affairs and the regulatory treatment that territory deserves from these perspectives, and concludes with a methodological proposal underpinned by integrated territorial development approaches.

KEY WORDS: Mobility, urban periphery, poverty, urban transportation.


 

1 Planteamientos de partida

El peso superficial que tiene la agricultura en la distribución de los usos del suelo en diferentes contextos y escalas espaciales pone de manifiesto que se trata de una actividad eminentemente territorial. Una aseveración evidente, pero que no está suficientemente asumida por las instituciones públicas que la consideran, ora como un conjunto de orientaciones productivas (áreas cerealistas, olivareras, hortofrutícolas, etc.) indiferentes a la localización (caso de las políticas de la agricultura), ora como una extensión superficial desvinculada de la faceta socioproductiva (caso de la planificación territorial). Las políticas agrarias no tienen suficientemente en cuenta las especificidades productivas relacionadas con la localización (agriculturas periurbanas, serranas, de valles y campiñas, etc.), y las políticas territoriales prestan una atención menor a la funcionalidad productiva agraria. El resultado, un escenario de agriculturas sin territorio y territorios sin agricultores, que cohíbe el aprovechamiento de las sinergias del carácter (a la vez sectorial y territorial) de la agricultura.

La noción de "multifuncionalidad agraria" y su aplicación normativa abre grandes posibilidades para la superación de tales percepciones parciales. Con ella se reconoce que, además de proporcionar alimentos y materias primas, la agricultura aporta a la sociedad otros bienes y servicios (sociales, patrimoniales, ambientales) cada vez más demandados y estrechamente relacionados con el sustrato territorial que ésta tiene. Aunque calificados como "no comerciales" (Reig, 2007), se trata de bienes y servicios de una gran relevancia para la activación económica de los territorios rurales, por los recursos patrimoniales (ambientales y culturales) a ellos asociados y por su relación con la provisión de escenarios de ocio y esparcimiento muy apreciados por el emergente turismo rural. El concepto de "multifuncionalidad" también hace eco de las expectativas socioeconómicas para la agricultura relacionadas con la localización y la especialización agropecuaria en productos saludables y territorialmente diferenciados (agriculturas ecológicas, denominaciones de origen, etc.).

Esta nueva forma de entender y valorar los espacios de la agricultura resulta crucial para un sector de importancia macroeconómica decreciente, cada vez más desvinculado de los territorios e inmerso en una crisis de legitimidad normativa. En este contexto, la noción "multifuncionalidad agraria" sirve, a la vez, para reivindicar la importancia económica y patrimonial de la agricultura, defender los valores de las agriculturas campesinas de los países empobrecidos y hacer frente a la deslegitimación social de las políticas agrarias del primer mundo. Todo ello, además, sin renunciar al fundamento productivo-comercial de ésta, que ahora se sustenta en renovados valores que se añaden y/o sobreponen a los tradicionales: salubridad de los alimentos, calidad ambiental, diferenciación, ampliación territorial de las cadenas de valor, provisión de escenarios de ocio (Addor, Thumn y Grazioli, 2003; Albisu y Gracia, 2007; Caldentey y Gómez, 1996; Silva, 2002).

Se trata, pues, de un concepto sumamente versátil y de contenido innovador, que asigna a la agricultura quehaceres ajenos a la producción de alimentos y materias primas, e incluye entre las funciones económicas de ésta la "producción" de paisajes y escenarios de ocio, desvinculando así sus cometidos productivos y comerciales hasta ahora considerados indisolublemente unidos. Tal versatilidad la convierten en una noción pretendidamente ambigua (Moyano y Garrido, 2007), que ha conseguido prosperar por su capacidad para dar respuestas flexibles a las contradicciones socioinstitucionales del mundo actual: preocupación por la salubridad de los alimentos/desnutrición de buena parte de la población; generalización de la sociedad del ocio/sociedades por debajo del umbral de pobreza; interés por mitigar los desequilibrios territoriales/promoción de tales desequilibrios; liberalización del comercio internacional de productos agrarios/aparición de nuevas formas de proteccionismo; fomento del consumo localizado como forma de hacer frente a la crisis energética/deslocalizaciones productivas como estrategia para adentrarse en nuevos mercados; valoración ambiental y patrimonial de la agricultura/sustitución de paisajes agrarios muy emblemáticos por otros tematizados y banales.

Tales paradojas explican que los estudiosos de la multifuncionalidad le atribuyan una pléyade de indeterminaciones conceptuales y normativas -confusión entre los análisis descriptivos y prescriptivos, indeterminación de los ámbitos y grupos sociales oferentes y/o demandantes de bienes públicos, imprecisión de los atributos que concretan las funcionalidades (Reig, 2007; Albisu y Gracia, 2007; Gómez-Limón, Kallas y Arriaza, 2007)-, entre las que raramente se menciona el laxo tratamiento que merece el territorio.

Pese al reconocimiento expreso del profundo anclaje territorial de la agricultura, los estudios realizados bajo el prisma de la multifuncionalidad consideran al territorio una cualidad más del sector -parangonable a otras como la organización de la propiedad, los sistemas de explotación o la distribución parcelaria- y no como un sustrato básico que define y determina el conjunto de externalidades y cualidades que hoy se le asignan. Otro tanto cabe señalar respecto a la utilización normativa de la multifuncionaldidad para justificar (o desacreditar) las políticas con incidencia en la agricultura y el espacio rural. Desde ambas perspectivas el territorio es visto, bien como un laboratorio de análisis, bien como un escenario receptor de políticas a menudo diseñadas sin criterios de eficiencia y equidad territorial.

Desde otros marcos conceptuales y normativos, y sin aludir de manera expresa al concepto de multifuncionalidad, la agricultura es vista como un componente de la estructura territorial y como una parte integrante del patrimonio ambiental y paisajístico (Meeus, Wijermans y Vroom, 1990; Romero y Farinós, 2004). La atención se centra ahora en la territorialidad de la agricultura, que se percibe desprovista de sus matrices productivo-funcionales fundamentales. Ello entraña un riesgo de banalización y tematización territorial y paisajística, siendo éste -a modo de paradoja- uno de los principales problemas al que se pretende hacer frente desde tales aproximaciones.

El concepto de multifuncionalidad agraria es, no obstante, lo suficientemente flexible como para establecer puentes de encuentro entre ambos acercamientos (sectoriales y territoriales). Ello requiere situar el territorio como el eje de vertebración analítica, lo que implica, entre otros aspectos, una mayor clarificación de qué se entiende como tal y cuáles son las unidades y escalas espaciales más adecuadas para abordar el estudio. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este artículo es acercarse al estudio de la multifuncionalidad de la agricultura desde una óptica estrictamente territorial, que atienda a las especificidades y las necesidades de los territorios. Se estructura para ello como sigue:

1    Realiza un recorrido por la literatura especializada atendiendo, por un lado, a la consideración territorial de las facetas funcionales de la agricultura y, por otro, a las unidades y escalas de análisis utilizadas.

2    Analiza el tratamiento de los espacios de la agricultura por parte de la planificación físico-territorial y las normas patrimoniales y del paisaje, insistiendo en cómo se percibe desde esta óptica la funcionalidad productiva agraria.

3    Plantea una propuesta metodológica para el análisis de la multifuncionalidad que atienda a las perspectivas y los problemas de los territorios, sustentada en los planteamientos del desarrollo territorial integrado.

4    Concluye, como epílogo, con un ejemplo de aplicación de dicha propuesta a una región meridional española (Andalucía), cuya extensión territorial (más de 87.000 km2), significación de las áreas de cultivo (cerca de 7,5 millones de ha, el 85% de su superficie) y diversidad física y humana interna (conjunción de montañas paleozoicas y alpinas, campiñas, valles y franjas litorales y un tejido urbano denso y variado) la convierten en un buen laboratorio para el análisis de la multifuncionalidad de la agricultura desde una óptica territorial.

2 La multifuncionalidad de la agricultura. Contextos, conceptos y aproximaciones

La mundialización económica y creciente liberalización del comercio internacional de productos agrarios provocan cada año la desaparición de miles de hectáreas productivas de las agriculturas campesinas de los países empobrecidos frente al avance de las multinacionales y sus monocultivos (Sotomayor, 2008), y la consiguiente pérdida de un patrimonio ambiental y cultural inconmensurable (FAO, 2007; Graciano da Silva, Gómez y Castañeda, 2008; Berdegué y Schejtman, 2008). A una considerable distancia socioeconómica, las estrategias de deslocalización productiva adoptadas por las empresas agrocomerciales de los países desarrollados conducen a un escenario de desagrarización territorial, de dudosa eficiencia económica por los gastos energéticos que conlleva, y que se suma a otros procesos internos que empujan en la misma dirección (Delgado, 1999): abandonos agropoblacionales en áreas desfavorecidas, retrocesos de las agriculturas periurbanas, intensificaciones productivas en ámbitos de crecimiento económico. Todo ello, además, en un momento en que el territorio y sus dimensiones ambiental y paisajística gozan de un creciente reconocimiento social, hasta el punto de ser considerados como recursos patrimoniales y activos para el desarrollo.

No es de extrañar, ante tales paradójicas circunstancias, que el estudio de la agricultura atendiendo a su condición de actividad plurifuncional se haya convertido en un tema recurrente en los principales foros de debate relacionados con el sector. Ello explica, también, el interés que reviste el análisis del marco conceptual-normativo de la multifuncionalidad atendiendo a la consideración que recibe el territorio.

Los estudios sobre la multifuncionalidad diferencian un doble prisma analítico denominado "prescriptivo" y "descriptivo" (Reig, 2007), cuya lectura territorial hemos esquematizado en la Figura 1. El primero se ocupa de las normas que concretan sus planteamientos, y el segundo del marco conceptual y metodológico y su utilización por estudios empíricos. Al margen de la difícil separación entre ambas aproximaciones, es evidente la necesaria adaptación de sus planteamientos a cada particular circunstancia socioeconómica e institucional. Ello conlleva que no se pueda entender lo mismo por multifuncionalidad agraria en todas las latitudes y circunstancias territoriales.

El origen del concepto no es académico, sino normativo, y buena parte de los estudios sobre la multifuncionalidad versan sobre las implicaciones y las posibilidades de su traslación institucional-legislativa (Reig, 2001; Diez y Trueba, 2007). La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) incluye su primera referencia explícita, asociada a los planteamientos del desarrollo sostenible y a la contribución de la agricultura para su consecución. Pocos años después, La declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial (FAO, 1996) consagra su aplicación internacional en defensa de las agriculturas de los países empobrecidos. Su concreción legislativa tiene lugar en países desarrollados y con una arquitectura institucional compleja, con un papel destacado de la Unión Europa que tras la publicación del informe Contribution of the European Community on the Multifuncional caracter of Agricultures (Comisión Europea, 1998) ha situado los preceptos de la multifuncionalidad en el centro de su política agraria común (PAC) (Figura 1).

La consideración de la multifuncionalidad y sus posibilidades de concreción normativa varían considerablemente según cada particular circunstancia (Figura 1). La propia definición que se hace de ella en el Capítulo de la Tierra del Programa 21 de la Cumbre de Río, es lo suficientemente amplia y flexible (lucha contra la erosión, la desertización y la sequía, por diversidad biológica, contribución a la ordenación del territorio, desarrollo rural y de los ámbitos de montaña) como para admitir diversas lecturas e interpretaciones (Figura 1):

1    Los países empobrecidos enfatizan la faceta productiva agraria, desprovista por razones obvias de sus matices más competitivos y prefieren utilizar la noción de "funciones no comerciales" en lugar de la de multifuncionalidad (Askebi y García Álvarez-Coque, 2001). Entre aquéllas se realzan algunos servicios ambientales y culturales muy generales y de difícil concreción territorial y normativa como la seguridad alimentaria, la conservación de los recursos naturales, la estabilidad ambiental o la preservación de la herencia cultural.

2    La Unión Europea -como otros ámbitos del mundo desarrollado- apela a la multifuncionalidad para justificar el mantenimiento de las ayudas a su agricultura familiar (Atance, 2007) e incluye la provisión de alimentos y materias primas en condiciones competitivas -cuya condición de bienes públicos es discutible- entre los beneficios sociales provistos por el sector (Comisión Europea, 1998). Pero no existe un acuerdo interno respecto ala valoración de los bienes no comerciales que la agricultura proporciona: mientras la próspera Europa del Norte insiste en la provisión de servicios ambientales (conservación del medio ambiente y cuidado del paisaje), la Europa mediterránea -de economía más desarticulada- prioriza los de carácter social (mantenimiento del tejido social y consecución de un desarrollo rural equilibrado) (Antón, Compés y García Alvarez-Coque, 2007).

Ante tales mezcolanzas institucionales, latitudinales y subregionales los estudios académicos sobre el marco normativo se debaten entre (ver la Figura 1):

a Planteamientos de carácter general más cercanos a las circunstancias y problemáticas de los países empobrecidos. Se incluyen en este grupo las aproximaciones a las múltiples conexiones existentes entre multifuncionalidad agraria, globalización y liberalización comercial de la agricultura (Blandfor, 2002; Malagón, 2007), las denuncias de las lecturas institucionalmente interesadas del concepto (Antón et al., 2007; Bonnano, 1994) y las reflexiones sobre las virtualidades de la multifuncionalidad agraria para la superación de la pobreza rural (Sarris, 2002).

b Estudios específicos relacionados con la incorporación de los postulados de la multifuncionalidad por parte de la Política Agraria Europea (PAC), y su concreción en ayudas agro ambientales (Ortiz y Ceña, 1999, 2002 y 2003; Barreiro y Espinosa, 2007), contratos territoriales de explotación (Velasco, 2002; Velasco y Moyano, 2006; Moyano y Arranz, 2007) y programas de desarrollo rural (García, Flebles y Zapata, 2005; Moyano, 2005; Moscoso, 2005; Ramos y Delgado, 2005).

La mayor parte de los acercamientos a la multifuncionalidad se inscriben en este último grupo. En él se incluyen valiosas aportaciones que están detrás de la incorporación de matices territoriales en la sectorializada PAC y de su propio viraje normativo (Reforma McSharry, Agenda 2000, Reforma Intermedia). Pero en lo que aquí nos interesa, tales matices territoriales, aun siendo importantes, raramente disciernen en sus propuestas en razón de las especificidades de las diferentes agriculturas y regiones europeas. Como ejemplo de esto último, la contemplación territorial queda limitada sólo a ciertas agriculturas (áreas desfavorecidas, espacios de la Red Natura) y no al conjunto del territorio. Tampoco se clarifica suficientemente si la multifuncionalidad es una cualidad de la agricultura o del medio rural (Reig, 2002) y, consecuentemente con ello, no se precisa si para garantizar la provisión de servicios públicos por la agricultura se ha de mirar sólo a las explotaciones agrarias o al conjunto del espacio rural.

Lejos de aclarar estas incertidumbres de carácter territorial, el debate académico-descriptivo de la multifuncionalidad aporta nuevos interrogantes. Los estudios mayoritarios desde esta perspectiva se inscriben en el marco teórico de la economía ambiental y de los recursos naturales, y utilizan las nociones de "externalidad", "bien público" e "insuficiencias del mercado" para internalizar en términos monetarios los bienes y servicios no comerciales provistos por el sector. Parece existir cierto consenso en torno a las funciones fundamentales que la agricultura desempeña (económico-productivas, paisajístico-ambientales y socioculturales), no incompatible con su difícil separación analítica y con las contradicciones que se operan entre ellas (Abler, 2001; FAO, 2000 y 2007; Atance, 2007). Pero el acuerdo se diluye en la concreción de tales funciones en atributos específicos (seguridad alimentaria, contribución a la biodiversidad, creación de paisajes, viabilidad económica de las áreas rurales, etc.) y, aún más, en su traslación a unidades de medida (variables e indicadores) que son objeto de un acercamiento territorial muy dispar.

La lectura -en términos territoriales- de los acercamientos analítico-descriptivos a la multifuncionalidad agraria, atendiendo a los indicadores y escalas empleadas en las aproximaciones a sus facetas funcionales, así lo refleja (Figura 1):

-    La faceta económica es abordada desde indicadores macroeconómicos poco desagregados en términos territoriales (Margen Bruto de la agricultura, contribución al PIB), hasta escalas microapoyadas en la realización de encuestas y entrevistas a explotaciones agrarias muy concretas (Campos, Rodríguez y Caparros, 2002; Campos y Mariscal, 2003). También se incluyen en este grupo los estudios, habitualmente acometidos por comarcas, sobre el dinamismo económico de los sistemas productivos locales de origen agrario (Lacoponi, 1990; Carbone, 1992; Caravaca, González, Mendoza y Silva, 2000; Silva, 2004), así como otros de carácter general (a-territoriales) sobre las estrategias competitivas relacionadas con la apuesta por la calidad y la diferenciación espacial de los alimentos (Caldentey y Gómez, 1996; Addor et al, 2003; Albisu y Gracia, 2007).

-    Haciéndose eco de la ambivalencia ambiental de la agricultura (externalidades positivas y negativas que genera), los estudios sobre la faceta paisajístico-ambiental se centran en:

a La contribución de la agricultura a la bio diversidad, circunscrita en términos espaciales a sistemas agrarios de elevado valor de conservación, ámbitos incluidos en la Red Natura 2000 y espacios afectados por las Directivas Aves y Habitat (Arriaza, Cañas-Ortega, Cañas-Adueño y Ruiz, 2004; Arriaza, Gómez-Limón, Kallas y Nehhay, 2007; Campos, Caparros, Oviedo y Ovando, 2008; Gómez et al, 2007; Oñate, 2007; Suárez, Oñate, Malo y Peco, 1997);

b Sus disfunciones ambientales, traducidas en pérdidas de biodiversidad, sobreexplotación de acuíferos y contaminaciones y erosiones edáficas (...), referidas a sistemas intensivos de más imprecisa demarcación territorial (Colómbo y Calatrava, 2004; Fernández-Quintanilla y Dorado, 2009; Iglesias y Medina, 2009; Kallas, Gómez y Barreiro, 2007; Pleus et al, 2008), y

c La disposición de la población a pagar por el disfrute de determinados paisajes, utilizando para ello métodos cualitativos de investigación social (como los Experimentos de Elección y la Valoración Contingente) (Colombo y Calatrava, 2004; Sayadi et al., 2004; Prada y Vázquez, 2007) cuyo universo de análisis son las explotaciones de agriculturas muy específicas.

- Las aproximaciones a la faceta sociocultural versan sobre:

a La contribución de la agricultura al dinamismo socioeconómico de los territorios, utilizando para ello indicadores disponibles a escala municipal (ocupación en la agricultura, porcentaje de agricultores que residen en el mismo municipio donde tienen la explotación, presencia de empresas agroindustriales, trayectorias sociodemográficas) (Kallas, Gómez y Barreiro, 2007; Gómez et al, 2007) y

b Las estrategias y aptitudes de los agricultores frente a las dinámicas del sector y/o las percepciones sobre la agricultura (IESA, 2007), a partir de encuestas y entrevistas cuyo universo de análisis son los titulares de las explotaciones agrarias y/o el conjunto de la población.

La amalgama de unidades espaciales, escalas e indicadores utilizados por los estudios resulta manifiesta, así como la laxa consideración que se dispensa al territorio. No cabe duda que los análisis realizados bajo el prisma de la multifuncionalidad agraria han supuesto un avance considerable en el tratamiento de la agricultura como territorio y han ayudado a la superación de la concepción sectorial tradicional de la PAC. En términos productivo-comerciales, han puesto de manifiesto cómo las capacidades competitivas de la agricultura difieren según las potencialidades agrológicas e hídricas de cada ámbito, las circunstancias socioestructurales de su agricultura (en cuanto a grados de tecnificación, estructuras por edad, nivel formativo de los agricultores)(Gómez-Limón et al., 2007 a y b), y la facultad para convertir tales recursos genéricos en otros específicos (oferta de productos y servicios diferenciados), que a su vez se relaciona con el saber hacer y la cultura territorial única e intransferible de cada uno de ellos (Ortega, 1998). Otro tanto cabe señalar respecto a los vínculos existentes entre la producción agraria y la provisión de bienes públicos, como la calidad ambiental y paisajística, dependientes, entre otros aspectos, del tipo de cultivo, el sistema ganadero empleado y las características físicas de cada territorio (Reig, 2007). Y este anclaje territorial también preside los requerimientos sociales a la agricultura (abastecimiento de alimentos, productos saludables, identidad cultural, provisión de escenarios de ocio, paisajes), variables según cada particular circunstancia socioeconómica en cuento a niveles de renta, grado formativo de la población o perfiles socioprofesionales dominantes (Garrido, Moyano y Moscoso, 2004; Kallas et al, 2007).

No obstante lo anterior, no llegan a abordar el estudio de la agricultura desde una lógica estrictamente territorial, pues no sitúan al territorio en el eje de sus análisis y propuestas. La disparidad de unidades, indicadores y variables es, como se ha visto, manifiesta y las escalas de aproximación (generales o muy específicas) poco indicadas para visualizar las estructuras, los problemas y las lógicas territoriales. Si a ello se suma el sesgo de los análisis normativos hacia las políticas de la agricultura, marcadamente sectoriales y que sólo en los últimos años han incorporado el territorio como un matiz cualificador -y ciertamente poco relevante-, cabe concluir que los acercamientos más habituales a la multifuncionalidad consideran al territorio como algo accesorio, sin llegar a otorgarle categoría sustantiva.

3 La agricultura vista en términos patrimoniales, fisicoterritoriales y paisajísticos

Desde otros marcos conceptuales y normativos, y sin aludir de manera expresa a su condición plurifuncional, la agricultura es considerada como un recurso susceptible de ser preservado, como un componente de las estructuras espaciales y como un valor de los territorios que se materializa en sus paisajes (Figura 2). La atención se centra ahora en las facetas patrimonial, fisicoestructural y paisajística de la agricultura, que a menudo se perciben desprovistas de sus matrices productivo-funcionales fundamentantes. Como antes se indicó, ello entraña un riesgo de tematización y banalización territorial y paisajística que puede resultar contraproducente para el mantenimiento de sus valores patrimoniales.

Aunque de manera todavía incipiente, la agricultura empieza a ser vista como recurso patrimonial y como asiento de la memoria colectiva de los territorios (Ribeiro, 2007; García, 2009). Exponentes normativos de ello a nivel internacional son las áreas SIPAM (Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial) de la FAO, la relación de Paisajes Culturales de origen agrario de la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO y el hecho de que buena parte de los ámbitos incluidos en la red de Reservas de la Biosfera (también de UNESCO) sean espacios de la agricultura (Silva, 2008). A niveles estatales, estas distinciones patrimoniales de la agricultura se circunscriben al mundo desarrollado, que cuenta con instituciones y normas reguladoras del patrimonio natural y cultural y donde las demandas sociales a la agricultura exceden a la producción de alimentos. Con todo, aún en tales casos, la atención que se dispensa al valor patrimonial de la agricultura es incipiente.

Un ejemplo de esto último lo ofrece España, cuyas normas reguladoras del patrimonio ambiental a menudo la consideran como una actividad perniciosa que hay que controlar mediante limitaciones de uso (Gómez Mendoza, 1995). Otro tanto sucede con sus normas del patrimonio histórico-cultural, centradas en la preservación de inmuebles de naturaleza urbana, y que raramente incluyen en sus catálogos a los monumentos de la agricultura (cortijos, haciendas, almazaras, ingenios azucareros, etc.) y menos aún a las áreas de cultivo (Silva, 2008). Pero el reconocimiento del valor de conservación de los sistemas agrarios, por una parte, y la emergencia de nuevos patrimonios (vernáculo, etnográfico, paisajístico), por otra, está llevando a la reconsideración de la agricultura como patrimonio ambiental, cultural y paisajístico.

Una característica común a las miradas patrimoniales es la relegación de las valoraciones y distinciones a espacios particularmente ricos en términos de biodiversidad y/o que atesoran técnicas y prácticas de gestión de los recursos de considerable interés cultural. A título de ejemplo:

Entre las áreas SIPAM reconocidas por la FAO están los sistemas agrícolas incas de la cordillera de los Andes (Perú), los oasis del Magreb (Argelia, Marruecos y Túnez), el sistema integrado de arrozales y cría de peces de China, las terrazas de arroz de Ifugao (Filipinas), la agricultura de la isla de Chiloé (Chile), los jardines de limones del Sur de Italia, los agrosistemas tradicionales de los montes Cárpatos (Eslovaquia), los sistemas pastoriles móviles de Rumania o la cría tradicional de renos de la Región Ártica (Federación Rusa).

-    En la relación de Paisajes Culturales de raigambre agraria incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO figuran las terrazas de arroz de las cordilleras filipinas, el valle de Vinales (Cuba), los paisajes de la agricultura del Sudoeste de Suecia, el valle del Loira (Francia), el paisaje vinícola de Saint Emilion (Francia), la región del Alto Duero (Portugal), Tokaji (Hungría), los molinos de Holanda y la región de Cinque Terre (Italia).

-    La Red de Reservas de la Biosfera está igualmente integrada por espacios con una gran impronta agropecuaria. Es el caso, entre otros, de Yungas (Argentina), Apolobamba (Bolivia), Torres del Paine (Chile) o La Amistad (Costa Rica). En España, ésta es la situación de las Reservas de la Biosfera Sierra de Grazalema (Cádiz), Lanzarote, Menorca, Somiedo (León), Dehesas de Sierra Morena (Andalucía), Monfragüe (Extremadura) y Térras do Miño (Galicia).

Lejos pues de considerar que toda agricultura encierra un valor patrimonial, sólo suele asignarse este mérito a las agriculturas más conspicuas y emblemáticas. Las aproximaciones escalares de las distinciones patrimoniales son, por otra parte, muy dispares: inmuebles aislados (una hacienda), ámbitos muy localizados (el Palmeral de Elche-España) o regiones planetarias (los oasis del Magreb). Respecto a sus intenciones más inmediatas, predominan las percepciones museísticas, ajenas a las necesidades de espacios vivos y funcionales como son los de la agricultura. La significación de los programas y propuestas de utilización de los recursos patrimoniales de la agricultura con fines turísticos y sociorrecreativos así lo refleja.

La coincidencia de buena parte de las agriculturas patrimoniales con espacios deprimidos y marginales explica tal deriva socioeconómica, que utiliza el patrimonio agrario como fuente de diversificación y estrategia para la creación de empleo. Pero, llevada al extremo, proyecta una mirada a la agricultura como espectáculo en detrimento de su apreciación productiva. Ello conlleva un riesgo de pérdida de autenticidad y valor cultural, amén del propio deterioro ambiental que pudiera derivarse de presiones turísticas excesivas (en cuanto a número de visitantes y densidad de instalaciones) si previamente no se analizan las capacidades de acogida de los territorios.

Un marco analítico diferente -aunque relacionado con el patrimonial- tiene que ver con tratamiento que recibe la agricultura en las normas de planificación físico-territorial, promulgadas por estados y otros entes político-administrativos con la suficiente capacidad socioeconómica e institucional para controlar y gestionar sus territorios. En términos escalares predominan los acercamientos a niveles medios (comarcales-regionales) (Mata, 2004). En cambio, las normas de planificación municipal (Planes Generales de Ordenación Urbana y Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en el caso español) otorgan a la agricultura la consideración peyorativa de "suelo no urbanizable" (Zoido, 2007). Pero no todos los ámbitos comarcales reciben la misma atención, sino que se aprecia cierta focalización analítica y normativa hacia dos tipos de ámbitos:

-    Agriculturas de elevado valor patrimonial, refrendado por figuras de protección ambiental (caso de la Reserva de la Biosfera del Cinturón Verde de Sao Paulo, Brasil), que reciben por parte de la planificación física un tratamiento particular (a través de Planes Especiales) tendente a su preservación (Pesci, 2003).

-    Áreas periurbanas, en las que la agricultura es valorada por su capacidad de contener la expansión urbanística frente al devorador modelo de urbanización difusa (Mata, 2009; Fernández, Galiana y Mata, 2009) y/o en cuanto componente de la red de espacios libres de rango metropolitano (Doménech, 2003).

En uno y otro caso la faceta patrimonio-territorial prima sobre la productiva, lo que no siempre implica una renuncia a esta última. Un buen ejemplo de aprovechamiento de las sinergias entre las funciones sociorrecreativa y económico-productiva de la agricultura lo ofrece la red de Parques Agrarios del área metropolitana de Barcelona. Considerados por el planeamiento como espacios libres, los Parques Agrarios no descuidan la faceta productiva agraria; muy al contrario, ésta queda comercialmente potenciada a través de denominaciones y marcas territoriales (como el distintivo "Productos de la Huerta") y/o etiquetas ambientales alusivas al ahorro en costes energéticos asociados a la práctica de una agricultura de proximidad (Sabaté, 2009; Montesell, 2009).

Al margen de la consideración de la agricultura como un recurso patrimonial y/o como un componente de la estructura territorial cuyo análisis se circunscribe a ámbitos específicos, está su estimación como un valor del territorio que se materializa en sus paisajes. Detrás de ello está el entendimiento del paisaje por parte del Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000), que desde su aprobación en Florencia a principios de siglo se ha convertido en el principal referente internacional en la materia y en inspirador de leyes específicas. La insistencia del Convenio Europeo en que todo territorio tiene interés como paisaje supone la superación de la identificación tradicional de éste con áreas escénicamente atractivas, sublimes y/o emblemáticas, y de la desconsideración paisajística, también tradicional, de espacios cotidianos y funcionales, más relacionados con el mundo del esfuerzo y el trabajo que con el de la contemplación estética o sociorrecreativa. El Convenio Europeo insiste, así mismo, en que un paisaje armonioso constituye un catalizador del nivel de desarrollo alcanzado por una sociedad y un indicador de su calidad de vida (Zoido, 2001,2006). Ello convierte al paisaje en un derecho ciudadano (Priore, 2002) y en un recurso para el desarrollo de los territorios (Sanz, 2000).

Tales planteamientos completan, desde otro ángulo, el tratamiento de la faceta ambiental-paisajística de la agricultura, señalada a propósito de los estudios específicos sobre la multifuncionalidad. Pero su óptica territorial es diferente:

a Desde el marco analítico de la multifuncionalidad, las facetas ambiental y paisajística se identificaban y/o confundían, no atendiéndose suficientemente al hecho de que sus implicaciones territoriales son a menudo contrapuestas. Un ejemplo de esta ambivalencia lo ofrecen los olivares de las campiñas altas andaluzas, que conforman uno de los paisajes más emblemáticos de la agricultura española, de una gran impronta cultural e histórica (Silva, 2009). Pese a ello, no están exentos de conflictos ambientales relacionados con los problemas erosivos y la contaminación edáfica e hídrica producto de su explotación en territorios muy accidentados y su gran utilización de productos químicos (Cuesta, 2005).

b Los estudios centrados en la predisposición de la población a pagar por el disfrute de determinados paisajes son muy útiles en términos normativos, al clarificar cuánto puede costar la protección de un paisaje (Sayadi et al, 2004). Pero adolecen de un sesgo monetarista que no atiende suficientemente al hecho de que, además de un valor económico, los paisajes tienen profundas raíces identitarias en las que radica su valor patrimonial. Los Experimentos de Elección consiguen en parte subsanar estas deficiencias, pero su implementación es extremadamente compleja al sustentarse en el análisis de las preferencias de la población por determinadas imágenes y fotografías, cuya selección no es siempre fácil (Prada y Vázquez, 2007). Por otra parte, tanto unos como otros se apoyan en técnicas cualitativas de investigación social (encuestas y entrevistas a explotaciones y/o sistemas agrarios) y sus resultados no son transferibles al conjunto del territorio.

Esto último remite nuevamente a la necesidad de disponer de estudios territoriales de carácter sistemático -esto es, de catálogos y atlas de paisajes- en los que apoyar el análisis y diagnóstico de unidades específicas y diferenciadas. Este es el cometido de los atlas de paisajes elaborados siguiendo las directrices del Convenio Europeo. En ellos se retoma una orientación tradicional en Geografía, integrada por trabajos muy significativos, como el Atlas de los Paisajes Rurales de Francia (Brunet, 1992) o el Atlas de los Paisajes Agrarios de Europa (Meeus, Wijermans y Vroom, 1990), en el que se inspiró el capítulo de paisaje incluido en el primer informe ambiental oficial de la Unión Europea, popularmente conocido como "Informe Dobrís" (Stanners y Bourdeau, 1995). A su vez, esta tradición de estudios sistemáticos ha sido recogida por la Countryside Agency and Scottish Natural Heritage (2002), cuyos trabajos constituyen un referente metodológico de los catálogos y atlas de paisajes confeccionados en respuesta a los requerimientos del Convenio Europeo (Mata y Sanz, 2003; Junta de Andalucía, 2005).

Pese a la proliferación de atlas y catálogos y al reconocimiento de que todo territorio -y por extensión, toda agricultura- tiene interés como paisaje, en los acercamientos a unidades concretas se priman unos paisajes sobre otros. Entre los paisajes agrarios más valorados y estudiados están los del viñedo, en estrecha relación con la revalorización del patrimonio etnológico, el diseño de rutas turísticas en las áreas vitivinícolas y la construcción de bodegas firmadas por arquitectos de reconocido prestigio. Tal enaltecimiento de los valores patrimoniales y escénicos de la vid y su utilización con fines sociorrecreativos no menoscaba la funcionalidad productiva; muy al contrario, ésta queda realzada por el factor de competitividad que añade a la comercialización de los caldos la presencia de un paisaje bello y ordenado (Busquets, Cortina y Farré, 2009). Se pone nuevamente de manifiesto que las funciones productiva y estético-recreativa no tienen porqué ser excluyentes; pero ello no deja de ser una excepción, y la mayor parte de las miradas a la agricultura como paisaje recalan en los valores estéticos y patrimoniales, relegando a un segundo plano las funcionalidades socioproductivas. Las inercias del pasado pesan mucho y, a pesar de la insistencia del Convenio Europeo en que todo territorio tiene interés como paisaje, a efectos reales el paisaje continúa identificándose más con lo bello y lo armonioso que con lo cotidiano y lo funcional.

La consideración de la agricultura como recurso patrimonial, estructurante territorial y/o paisaje reviste una gran complejidad y tampoco está exenta de contradicciones. A la vez que proyecta una mirada territorial más amplia que la señalada a propósito de los estudios sobre la multifuncionalidad, muestra una clara preferencia por ciertos ámbitos (sistemas agrarios de elevado valor patrimonial, espacios protegidos por la normativa ambiental y/o cultural, agriculturas periurbanas, paisajes del viñedo) (Silva, 2010), en menoscabo de los acercamientos sistemáticos al conjunto del territorio. Por otra parte, si bien no se renuncia a la faceta productiva agraria, ésta queda muy diluida entre las funciones turísticas y sociorrecreativas que gozan de una marcada prelación analítica y normativa.

4 Multifuncionalidad agraria y territorio. Un encuentro a partir del desarrollo territorial integrado

Una de las carencias de los acercamientos a la territorialidad de la agricultura por parte de los estudios y normas de la multifuncionalidad agraria es la ambigüedad con que tratan al territorio. En lo que aquí nos interesa, ello se refleja al menos en tres aspectos:

a La identificación de la territorialidad agraria y rural y, consecuentemente, de la multifuncionalidad de la agricultura como sector productivo y del espacio rural como ámbito territorial en que ésta se asienta. A efectos analíticos, ello se traduce en el estudio de la primera con parámetros e indicadores más propios de la segunda, cuando se trata de dos realidades territoriales diferentes aunque estrechamente relacionadas.

b La relegación del calificativo "multifuncional" a ciertas agriculturas desarrolladas en ámbitos de menor riqueza agrológica, donde los roles paisajístico-ambientales priman sobre los productivos. Esto se da cuando, según el principio de "producción conjunta" (Reig, 2007), todas las agriculturas cumplen, a la vez, una diversidad de funciones (económicas, ambientales, sociales, patrimoniales), conformando distintos modelos de multifuncionalidad agraria en razón de las particulares combinaciones de las funciones en cada ámbito.

c La falta de precisión de las escalas más apropiadas para el análisis territorial de la agricultura. Un aspecto que resulta crucial para una concepción territorial orgánicamente razonable y que ni tan siquiera se plantea. Entretanto, los acercamientos empíricos a la multifuncionalidad -excesivamente generales o extremadamente específicas- son a todas luces inadecuados para visualizar las estructuras y los problemas de los territorios. Y si bien las aproximaciones acometidas desde las políticas patrimoniales y del paisaje se ajustan mejor a tales propósitos, dibujan un panorama de agriculturas sin agricultores que también las inhabilita para el análisis que aquí se plantea.

La identificación de la territorialidad de la agricultura y la del espacio rural, y la propia confusión entre la multifuncionalidad agraria y rural, guarda una estrecha relación con la complejidad conceptual del territorio que aúna tres acepciones: 1) fisiconatural -el territorio como proveedor de recursos y receptor de impactos-; 2) sociocultural -el territorio como construcción humana y herencia compartida- y 3) geográfica -el territorio como una integración de nodos (ciudades), redes (infraestructuras de comunicación) y superficies (entre la que los espacios de la agricultura ocupan una posición destacada, aunque en convivencia con otros usos). Desde esta última perspectiva la territorialidad del medio rural es diferente, aunque complementaria, a la territorialidad de la agricultura, integrada por explotaciones y sistemas agrarios, estructuras parcelarias y fundiarias e infraestructuras específicamente agrarias como los sistemas de riego. La multifuncionalidad agraria tiene que ver con la territorialidad de la agricultura y, en consecuencia, debe evaluarse a partir de indicadores y variables específicamente agrarios, que no son necesariamente asimilables a los de la multifuncionalidad del medio rural, como a menudo se considera en los estudios.

Es un lugar común, en otro orden de cosas, considerar como agriculturas multifuncionales aquéllas cuyos roles paisajístico-ambientales priman sobre los productivos, lo que amén de contradecir los presupuestos mismos de la multifuncionalidad genera dos tipos de situaciones que deberían evitarse:

a En los casos de externalidades positivas se subestima la función productiva agraria, planteándose un escenario de agriculturas sin agricultores cuando, a modo de paradoja, en tales circunstancias la agricultura es un factor de bio-diversidad y riqueza patrimonial. Desde una perspectiva paisajística, hay que tener además en cuenta que, a diferencia de los espacios modelados por la naturaleza (como riscos u oquedades) o diseñados intencionalmente por el hombre (como parques y jardines), en los espacios de la agricultura fisonomía y funcionalidad están indisolublemente unidas y en ello radica la autenticidad y riqueza patrimonial de los lugares.

b Y en sentido contrario también lleva a la relajación en el tratamiento de las disfunciones ambientales generadas por las intensificaciones agropecuarias (pérdidas de biodiversidad, erosiones, contaminaciones edáficas e hídricas), bajo el pretexto de una primacía productiva que, llevada al extremo, redunda en una merma de la competitividad económica de los territorios. Éstos pierden, en tales circunstancias, capacidad de respuestas a las demandas ciudadanas de alimentos saludables, a la par que se empobrecen y banalizan sus paisajes.

Este artículo, en cambio, postula que todas las agriculturas son multifuncionales y, consecuentemente, que el modelo paisajístico-ambiental no debe renunciar a la función productiva y, en sentido contrario, que las agriculturas más productivas y competitivas no deben descuidar sus repercusiones ambientales, que generalmente se traducen en externalidades negativas. Lo que existen son diferentes modelos de multifuncionalidad, resultantes de la particular combinación en cada ámbito de las facetas económica, ambiental y social de la agricultura. Ello implica la precisión de tales facetas funcionales y la búsqueda de indicadores adecuados para estudiarlas; todo ello, además, a unas escalas de análisis que dejen ver las estructuras y necesidades de los territorios. Los planteamientos del desarrollo territorial integrado pueden resultar muy útiles para estos fines:

a Su entendimiento del desarrollo como el sumatorio, en cada espacio, de situaciones de dinamismo económico, bienestar social y sostenibilidad ambiental (Zoido, 2000; Zoido y Caravaca, 2005) rememora las propias facetas funcionales de la agricultura, pudiendo servir de orientación en la selección de indicadores.

b Pero no hay que perder de vista que el desarrollo territorial incorpora una dimensión prospectiva que la multifuncionalidad no posee, pues también entiende el desarrollo como la conjunción de las dinámicas conducentes a la superación de los desequilibrios desde el respeto a las diferencias y especificidades de cada ámbito (Fernández, Pedregal, Rodríguez, Pita y Zoido, 2009). En términos analíticos, ello impele, por un lado, a la utilización de indicadores diacrónicos que evidencien los procesos y, por otro, a un doble acercamiento escalar que permita, al mismo tiempo, visualizar el territorio como un todo y adentrarse en las particularidades de cada una de sus partes.

Llegados a este punto, y aprovechando la experiencia de los estudios realizados en el marco del Observatorio de Desarrollo Territorial de Andalucía (Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía PO6-SEJ-01714) y de los dos Informes de Desarrollo Territorial de Andalucía hasta el momento publicados (Zoido, 2000; Zoido y Caravaca, 2005; Silva, 2005 a y b), se plantea a continuación una propuesta metodológica de tratamiento de la multifuncionalidad agraria desde las perspectivas y los problemas de los territorios. No se trata, ni mucho menos, de un análisis exhaustivo o terminado -de ahí el que no se acompañe de ejemplos cartográficos de todas sus fases-, sino de un esbozo que necesariamente debe ser completado y perfilado en futuros trabajos. Su intención inmediata es meramente pragmática: persigue, por una parte, contribuir al mejor aprovechamiento de las sinergias territoriales de las dimensiones funcionales de la agricultura y, por otra, servir de orientación para el diseño de políticas públicas que conjuguen criterios sectoriales y territoriales.

La propuesta metodológica que se plantea comprende las siguientes fases:

a Trazado territorial de las diferentes facetas funcionales de la agricultura, previa selección de los indicadores más apropiados para evaluarlas.

b Determinación de distintos modelos de multifuncionalidad, a partir de la combinación en cada territorio de los indicadores seleccionados.

c Búsqueda de las relaciones existentes entre los trazados y modelos resultantes y estructurantes territoriales de carácter físico (unidades de relieve y red hidrográfica) o humano (sistema urbano y redes viarias).

Teniendo en cuenta, en otro orden de cosas, que la demarcación administrativa más habitualmente utilizada por las fuentes estadísticas disponibles (censos y registros) es el municipio, y que éste ofrece posibilidades de agregaciones territoriales diferentes, se ha optado por este nivel administrativo como máxima escala de desagregación espacial. Con todo, los modelos territoriales de multifuncionalidad agraria deben definirse a escalas medias (comarcales o subregionales). La disposición de registros periódicos a escala municipal permite, por otra parte, la realización de estudios diacrónicos que evidencien las dinámicas espaciales, también implícitas en el entendimiento del desarrollo territorial.

A título ilustrativo de la propuesta metodológica planteada, se han seleccionado los siguientes atributos e indicadores representativos de las diferentes facetas de la multifuncionalidad agraria:

-    Un indicador de intensividad agraria (consumo eléctrico en agricultura), utilizado para ilustrar la distribución territorial de la faceta económico-productiva (Figura 3).

-    Un segundo indicador alusivo a la capacidad de la agricultura para generar empleo (empleados en la agricultura), como exponente de su funcionalidad social (Figura 4).

-    Un tercer indicador (ganadería y agricultura ecológica acogida a las ayudas agro ambientales de la PAC), ejemplificativo de la funcionalidad paisajístico-ambiental (Figura 5).

La cartografía de tales indicadores refleja las pautas de distribución de cada una de las facetas funciones de la agricultura y ayuda a esclarecer uniones y disyunciones espaciales. A título de ejemplo, se aprecia una gran coincidencia territorial en Andalucía entre las funciones económica y social de su agricultura (Figuras 3 y 4). Un aspecto nada despreciable si se atiende, por una parte, a la relevancia que tiene la agricultura en la estructura económica de la región y, por otra, a las deficiencias de su mercado de trabajo y su incapacidad para generar empleo, sobre todo en momentos recesivos como el actual, precisamente cuando la ocupación agraria muestra mayores resistencias a los envites de la crisis.

Muy distintas son las pautas de localización de la faceta paisajístico-ambiental (Figura 5), cuya separación territorial de las agriculturas intensivas era esperable (pues responden a lógicas ambientales espacialmente incompatibles), pero cuya disociación de la función social no era tan evidente. Ello parece poner de manifiesto la escasa capacidad que tienen las agriculturas paisajístico-ambientales de Andalucía para generar puestos de trabajo, al menos de forma directa; un aspecto a considerar y corregir por parte de las políticas públicas. Otra cosa es el empleo inducido por la comercialización de las potencialidades ambientales y paisajísticas de estas agriculturas por parte del turismo rural, más difícil en todo caso de contabilizar debido al predominio en estos ámbitos de la oferta turística no reglada.

La combinación territorial de las distintas facetas funcionales de la agricultura permitirá avanzar en el planteamiento de modelos territoriales de multifuncionalidad, que pongan en evidencia las sinergias funcionales de la agricultura y ayuden a orientar las políticas agrarias según criterios de eficiencia y equidad territorial. Esta es la fase menos avanzada de la propuesta, debido a su propia complejidad metodológica: por una parte, requiere la utilización de una pluralidad de indicadores, no siempre fáciles de encontrar a escala municipal/comarcal con las fuentes estadísticas disponibles. Por otra, exige la determinación de las unidades comarcales más apropiadas para definir los modelos territoriales de multifuncionalidad, que choca con la redundancia de zonificaciones político-administrativas existentes.

La relación entre las facetas funcionales de la agricultura y/o los modelos territoriales de multifuncionalidad, por una parte, y estructurantes territoriales básicos -como las formas de relieve, el sistema de asentamiento o red viaria-, por otra, puede ayudar a clarificar el papel que cada agricultura está llamada a desempeñar en la planificación fisicoterritorial y en las propuestas de desarrollo (Figura 6). En el caso de Andalucía, el estudio hasta el momento realizado constata la localización de las funciones económica y social de su agricultura en el eje del Guadalquivir y en el ámbito litoral, donde la estructura urbana es más compleja y la red viaria más densa. En cambio, la faceta paisajístico-ambiental se circunscribe a la Andalucía de montaña (Eje de Sierra Morena y sectores Occidental y Oriental de las cordilleras Béticas), con un mayor predominio de asentamientos rurales y con importantes deficiencias viarias. Pero como antes se indicó, las facetas funcionales de la agricultura se entremezclan en los territorios; de ahí el interés en seguir avanzando en la definición de modelos territoriales de multifuncionalidad que reflejen dichas convivencias y orienten la incorporación de criterios territoriales a las políticas de la agricultura, y de criterios productivos a las políticas paisajístico-patrimoniales, así como también a la planificación fisicoterritorial.

figura 3 Consumo eléctrico en agricultura (Mw/Hora/Año/ Ha De Sau)

FUENTE SISTEMA DE INFORMACIÓN MULTITERRITORIAL DE ANDALUCÍA.

figura 4 Empleados en Agricultura

FUENTE SEGURIDAD SOCIAL.

 

figura 5 Cabana y superficie de agricultura ecológica acogida a las ayudas agroambientales de la PAC

FUENTE DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA.

 

figura 6 Elementos estructurantes del territorio

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA.

5 Algunas conclusiones

La noción de multifuncionalidad agraria se ha convertido en un referente obligado en los estudios, normas y programas relacionados con el sector. Ello se explica por su gran versatilidad y carácter innovado, pese a sus imprecisiones conceptuales y normativas. El reconocimiento de la complejidad funcional de la agricultura permite, a la vez, reivindicar el mantenimiento de las agriculturas campesinas de los países empobrecidos frente al avance de las multinacionales -atendiendo al valor cultural y patrimonial de éstas- y defender el modelo de agricultura familiar europeo frente a los envites de la globalización económica y los desafíos del neoliberalismo. Todo ello, además, confiriendo a la agricultura quehaceres ajenos a la producción de alimentos y materias primas, como la provisión de recursos ambientales y paisajísticos.

El coste de tal versatilidad es cierta imprecisión analítica y normativa, que lleva a que los discursos sobre la multifuncionalidad se queden en una declaración de intenciones -como ocurre en los países empobrecidos- o redunden en la implementación de medidas solapadas y/o yuxtapuestas, como sucede en la Unión Europea, en la que hemos centrado el estudio. Algunos exponentes de tales imprecisiones analíticas y normativas son:

-    Aunque parece existir cierto consenso en torno a las funciones esenciales que la agricultura desempeña (económico-productivas, paisajístico-ambientales y socioculturales), tal acuerdo se diluye si se atiende a sus concreciones en atributos específicos (seguridad alimentaria, contribución a la biodiversidad, creación de paisajes, viabilidad económica de las áreas rurales) y, aún más, en su traslación a unidades de medida (variables e indicadores) en que la dispersión es manifiesta.

-    No queda claro si la multifuncionalidad es una cualidad de la agricultura o del medio rural y, consecuentemente, si para evaluarla se ha de mirar sólo a las explotaciones agrarias o al conjunto del territorio rural.

-    Pese a que se trata de un concepto de marcada raigambre territorial, tanto en lo que se refiere a la oferta como a la demanda de bienes y servicios multifuncionales, una de sus principales deficiencias es la ambigüedad con que trata al territorio.

-    Las aproximaciones empírico-territoriales al estudio de la multifuncionalidad utilizan unidades y escalas espaciales e indicadores y variables extremadamente dispares. Son escasos los estudios sistemáticos sobre la distribución espacial de las diferentes facetas funcionales de la agricultura, sus dinámicas evolutivas o sus combinaciones territoriales. En términos normativos ello redunda en cierta confusión programática y en una contradictoria aplicación territorial de las políticas agrarias.

- Otros marcos conceptuales y normativos que recalan en la agricultura como recurso, extensión y paisaje, aunque más estrictamente territoriales, también adolecen de cierta parcialidad al no atender suficientemente al hecho de que la agricultura es, ante todo, una actividad productiva y que ello condiciona su propia realidad territorial.

La flexibilidad del concepto de multifuncionalidad permite establecer puentes entre las aproximaciones sectoriales y territoriales a la agricultura, contribuyendo al mismo tiempo a superar algunas de las imprecisiones y ambigüedades denunciadas por los estudiosos. Una buena oportunidad para ello la ofrecen los planteamientos del desarrollo territorial integrado. Su entendimiento del desarrollo como las dinámicas conducentes a la superación de los desequilibrios desde el respeto a las diferencias y particularidades territoriales implica, en términos espaciales, considerar, a la vez, el territorio como un todo y adentrarse de las especificidades de cada una de sus partes. Se trata de una aproximación diferente y complementaria a la de los estudios sobre la multifuncionalidad, que sitúa al territorio en el eje del análisis. Metodológicamente se sustenta en tres fases:

1    Trazado territorial de las diferentes facetas que definen la multifuncionalidad agraria, previa selección de los indicadores más apropiados para evaluarlas.

2    Determinación de distintos modelos de multifuncionalidad, atendiendo a la combinación en cada territorio de tales facetas funcionales.

3    Establecimiento de relaciones entre los trazados y modelos resultantes y estructurantes territoriales básicos de carácter físico (unidades de relieve y red hidrográfica) o humano (sistema urbano y redes viarias).

Su aplicación a Andalucía ha permitido constatar las potencialidades del concepto de multifuncionalidad agraria para atender a las particularidades y necesidades de los territorios. En futuros trabajos nos proponemos seguir avanzando en la implementación de esta propuesta en una doble dirección: 1) valorando sus potencialidades para el aprovechamiento de las sinergias y la corrección de las disfunciones que resultan de la confluencia territorial de las diferentes facetas funcionales de la agricultura, y 2) definiendo modelos territoriales de multifuncionalidad que permitan, por un lado, reorientar las políticas públicas con criterios de eficiencia y equidad territorial y ayuden a perfilar, por otro, el papel que cada agricultura está llamada a desempeñar en el orden y la planificación territorial. EURE

Este artículo se inscribe en el Proyecto de I + D del Ministerio de Ciencia e Innovación CSO-2009-12225-C05-05 (Gobierno de España).

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Recibido el 5 de marzo de 2010, aprobado el 6 de octubre de 2010.

 

Dirección de correspondencia: Rocío Silva Pérez. Departamento de Geografía Humana. Universidad de Sevilla. C/Doña María de Padilla s/n 41.004 Sevilla. Teléfonos: 954551376- 670882463. E-mail: rsilva@us.es

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