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EURE (Santiago)

Print version ISSN 0250-7161

EURE (Santiago) vol.40 no.120 Santiago May 2014

http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612014000200009 

ARTÍCULOS

 

Imaginación geográfica y agencia política: produciendo espacio público a través del Derecho en Madrid (1992-2012)

 

Pedro Limón L.

Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.
E-Mail: pedro.limon@pdi.ucm.es


RESUMEN | El análisis del espacio público ha sido uno de los elementos más controvertidos en la investigación social y política, fundamentalmente por su ambigüedad y polisemia. La confusión entre las nociones de espacio público y esfera pública ha supuesto muchas veces la asimilación de ambos elementos o la asunción de su existencia en términos esencialistas, sin considerar las prácticas políticas concretas que los producen.

Desde una perspectiva de la Geografía política crítica del Derecho, el presente artículo muestra cómo ha ido reformulándose la noción y regulación del espacio público en Madrid desde la praxis institucional en las últimas dos décadas. Los resultados muestran tres consecuencias centrales de esa imaginación geográfica producida institucionalmente sobre el espacio urbano -un espacio público restringido a las instituciones, el civismo como estructurador de urbanidad, y la territorialización y fragmentación de múltiples actividades sociales- que, a su vez, invitan a cuestionar y redefinir los espacios públicos madrileños.

PALABRAS CLAVE | espacio público, imaginarios urbanos, política urbana.


ABSTRACT | The analysis of public space has been one of the most controversial social and political research areas, primarily because of its ambiguity and polysemy. Oftentimes, the confusion of the notions of public space and public sphere has supposed the assimilation of both elements and the assumption of their existence in essentialist terms. This perspective does not consider the actual policy practices they produce. From the perspective of critical Political Geography of Law, the aim of this paper is to explore how institutional agency has been regulating and signifying public spaces in Madrid in the last two decades. The results show three central consequences of that institutionally produced geographical imagination: public space restricted to institutions, citizenship as giving structure to the urban, and the territorial fragmentation of multiple activities. These, in turn, invite a questioning and redefinition of Madrid's public spaces.

KEY WORDS | public space, urban imaginary, urban policy.


 

Introducción: transformaciones globales y espacios urbanos

La noción de espacio público está entre los temas más controvertidos de las Ciencias Sociales y ha dado lugar a gran cantidad de debates (Low & Smith, 2006). Vinculado inicialmente al término 'esfera pública', la ambigüedad y polisemia del concepto está en consonancia con las disputas desarrolladas históricamente en torno a las representaciones y usos del mismo, la mayoría de las veces en ámbitos urbanos, especialmente desde finales del siglo XVIII. Además del etnocentrismo urbano en la propia definición del espacio público (Salcedo & Caicedo, 2008, p. 101), en las últimas décadas las ciudades han irrumpido como lugares en que se disputan y rearticulan diferentes espacios públicos a escala múltiple. La expansión generalizada del turismo de masas y otras formas de producción cultural vinculadas a los procesos de globalización han supuesto un profundo cambio en los espacios urbanos, no solo porque muchas de tales transformaciones fueron abanderadas por acontecimientos internacionales localizados, difundidos y promocionados como eventos "sobre" ciudades, sino porque las propias ciudades comenzaron a concebirse como inmensos espacios de ocio y turismo global (Tresserras, 2004, p. 77). Por otro lado, comenzó a desarrollarse una obsesión reguladora del espacio público, hasta el punto de normativizar incontables esferas de actividad social y espacios hasta esos momentos ignorados (Wacquant, 2008, p. 10), al tiempo que aparecieron algunos discursos influyentes sobre las prácticas políticas y normativas posteriores. Elementos como el civismo, el multiculturalismo, la diversidad cultural, la seguridad urbana, la prevención y garantía de cohesión social (Featherstone & Lash, 1999, pp. 203-204) se convirtieron en iconos del discurso sobre el espacio público urbano, desarrollándose a través de distintas normativas.

En el caso español, la conjunción entre seguridad, ocio cultural y espacio público urbano comenzó a generarse a partir de 1992. Ese año se firmó el Tratado de Maastricht o de la Unión Europea, Barcelona acogió los Juegos Olímpicos de verano, Sevilla fue sede principal de la Exposición Universal y Madrid fue designada Ciudad Europea de la Cultura, haciendo de las ciudades escenarios centrales de la presencia global del Estado español.

Comenzaron a emerger diversas regulaciones acerca de diferentes aspectos socio-políticos que hasta entonces no habían sido objeto de prescripción legal o lo habían sido marginalmente, como el patrimonio cultural, los espacios de ocio, las actividades turísticas, los espectáculos públicos o el propio espacio público de la ciudad. Desde ese momento, Madrid devino arena política fundamental en la reconfiguración de la imaginación y práctica de los espacios públicos de la ciudad. Por una parte, por las consecuencias que ha tenido su situación emergente como nodo de intercambio global de importancia creciente a escala europea y mundial (Méndez, García & Michelini, 2005, p. 179). Por otra, porque, pese a una pérdida de interés general en las instituciones políticas, es en Madrid donde se mantiene un mayor interés por la observación de la legislación, por la escenificación de protestas ante las diferentes Administraciones públicas o por las cuestiones políticas a escala local (Adell, 2008; Montero, Font & Torcal, 2006, pp. 119-120). Además, la presencia mayoritaria de instituciones situadas en Madrid también ha supuesto un refuerzo de cara a la representación del espacio público, así como ha instado numerosas respuestas colectivas1.

Finalmente, alentado por más de dos décadas de gobierno municipal conservador, se han ido introduciendo instrumentos de control y vigilancia ligados a la securitization2, que han alterado el espacio público madrileño.

En lo relativo a los cambios sobre el ámbito urbano madrileño, existen estudios relativos a procesos de transformación del espacio público vinculados a transformaciones globales (Barrado Timón, 2010; Méndez et al., 2005), al efecto de la reestructuración comercial (López de Lucio, 2006; Méndez, 2002), así como algunas indagaciones sobre la protesta política leída a través de los movimientos sociales o de espacios públicos en conflicto (Adell, 2008). Sin embargo, apenas se ha estudiado el impacto que la actuación institucional tiene sobre la configuración del espacio público madrileño, existiendo una carencia llamativa en las investigaciones de las relaciones entre la imaginación geográfica, la elaboración e implementación normativa y la reconfiguración espacial en la metrópoli madrileña. Por otro lado, no se ha puesto de manifiesto la incidencia que tienen determinados acontecimientos -en tanto transformadores de las estructuras sociales y de las percepciones de las mismas (Sewell, 2005, p. 100)-, sobre las transformaciones estructurales del espacio público urbano. El reconocimiento de Madrid como Ciudad Europea de la Cultura en 1992, aunado a otros procesos de alcance global ya mencionados y al comienzo de dos décadas de gobierno conservador, marcó el inicio de este tipo de cambios en torno a las regulaciones sobre el espacio público urbano madrileño.

Por ello, este artículo analiza las prescripciones y regulaciones desarrolladas a través de diferentes legislaciones y políticas públicas implementadas en la ciudad de Madrid en los últimos veinte años. A través del prisma de la Geografía legal crítica, este artículo pretende mostrar algunas de las relaciones existentes entre las normativas consolidadas y los imaginarios geográficos del espacio público madrileño, así como las principales tendencias esbozadas desde las instituciones y sus consecuencias sobre dicho espacio público. En la primera parte del mismo, introduzco el desarrollo de la Geografía legal en el análisis sociopolítico, así como defiendo su pertinencia en el análisis de las relaciones entre el espacio urbano, el Derecho y la imaginación geográfica. En la segunda parte, se lleva a cabo el análisis de dichas normas, trazándose las tendencias y dinámicas principales generadas sobre la imaginación y praxis del espacio público en Madrid. Concluyo con un cuestionamiento de las posibilidades de cierre del espacio público desde la esfera institucional, así como las disputas planteadas desde esta esfera en la reconfiguración de aquel espacio.

El espacio público visto desde la ley: imaginación geográfica y Geografía legal

Una de las mayores dificultades que presenta el espacio público está en las posibilidades de conceptualizarlo de forma útil y rigurosa. Defino espacio público como "el espacio al que todo el conjunto de la ciudadanía tiene el derecho de acceder" (Gregory, Johnston, Pratt, Watts & Whatmore, 2009, p. 602), pero cuya articulación -añado- está mediada por las formas de representar de manera legítima su territorio, su extensión, los imaginarios y las prácticas asumidas en torno al mismo3. En términos prácticos, entonces, el espacio público se organiza alrededor de formas de exclusión y control, hasta el punto de que el propio acceso al espacio público se convierte en un criterio de distinción social.

En el caso de los ámbitos urbanos, se produce una doble disputa por su condición de espacio político y urbanístico (Aramburu, 2008, p. 144), aunada a la importancia de la ciudad en la imaginación geográfica. La imaginación geográfica es "la sensibilidad hacia la importancia del lugar, el espacio y el paisaje en la formación y conducta de la vida social (...), que permite a los individuos reconocer la función del espacio y del lugar en su propia vida, en relación con los espacios que ve a su alrededor" (Johnston, Gregory & Smith, 2000, p. 321). Este tipo de imaginación se refiere a la forma en que se comprende el mundo geográfico y el modo en que nos lo representamos a nosotros mismos y al resto (Allen & Massey, 1995, p. 41). No se refiere solo a términos técnicos de la geografía, sino a la interpretación y significación de narrativas e imaginarios sobre el entorno y otros lugares o los paisajes. La imaginación geográfica ayuda a los individuos a ver cómo sus circunstancias cotidianas y personales se ven influidas por acontecimientos desarrollados en otras escalas, aunque también impactan en el modo en que distintos agentes sociales y políticos viven esas representaciones sobre sus modos de imaginar y actuar lo político y el espacio público.

Al calor de los denominados procesos globales, el espacio urbano ha ido experimentando profundas transformaciones, lo que ha llevado también a una reformulación del espacio público en términos de imaginación, acceso y uso. Asimismo, el papel de las instituciones fue puesto de relieve en esta reconfiguración, sobre todo a través de la retórica y la producción normativa, que ha llevado a la consolidación de estudios realizados desde diferentes perspectivas.

La primera de tales aproximaciones podría incluirse dentro de las teorías de la regulación. Conforme a esta postura, a un régimen de acumulación, entendido como un conjunto de relaciones macroeconómicas en continua expansión, correspondería un modo de regulación apropiado, un "conjunto de relaciones institucionales que garantizarían el régimen de acumulación" (Painter, 1998, p. 278). En este caso, el régimen de acumulación flexible estaría en consonancia con un modo de acceso al mercado según el cual el Estado dejaría de regularlo para situarse dentro del mismo como agente, ejerciendo de promotor principal -a nivel global- de diferentes localidades urbanas (Knox, Agnew & McCarthy, 2003, p. 101). En principio, esta perspectiva consideraría al Estado como un actor fundamental en la reconfiguración del espacio público, aunque en la práctica haya eludido las actuaciones concretas sobre el mismo, reduciéndolo a un contenedor o espacio de acumulación. Aquí, los imaginarios del espacio público urbano son aquellos funcionales a la promoción de la ciudad, subordinándose a una visión eminentemente global de las relaciones de capital y, en ocasiones, dejando de lado las interacciones entre los actores sociales autóctonos, tanto a escala local como global.

En segundo lugar, podríamos considerar las perspectivas que indagan en el paisaje urbano como proceso que cambia completamente la percepción del espacio público en la ciudad, ya sea desde posturas que proponen el paisaje como "una forma de ver, más que como imagen u objeto, que representa la forma en que una clase particular se ha representado a sí misma y a su propiedad" (Cosgrove, 1984, citado en Johnston et al., 2000, p. 426), sea desde aquellas que sostienen que se crean paisajes singulares de cara a la promoción urbana (Harvey, 2007, p. 429). En todo caso, se trata de cómo una visión parcial o grupal de la representación urbana se hace dominante y se convierte de ese modo en sentido común respecto del modo de mirar el espacio público4.

En ambos casos, el enfoque adolecía de cierto sesgo academicista, no solo porque los espacios urbanos estuviesen determinados en esta visión por un régimen de acumulación global o cierta homogeneización del paisaje urbano, sino también porque ambas posturas analizaban procesos relacionales y concretos a partir de lo que, desde una perspectiva de trialéctica espacial5, Lefebvre (1991) llamaba "representaciones del espacio". Es decir, ese espacio abstracto y conceptualizado procedente fundamentalmente del campo científico y técnico de los planificadores, urbanistas o, en general, aquellos que identifican el espacio con su propia concepción (Blomley, 2003b, p. 67), convirtiendo de ese modo prácticas políticas en abstracciones geométricas del mapa y el paisaje global, sin considerar el carácter político de las transformaciones urbanas.

Una tercera perspectiva que considera ese papel de las instituciones sobre el espacio urbano es la Geografía legal o Geografía crítica del Derecho. En este sentido, la actuación institucional y la concepción geográfica contenida en la ley son centrales para comprender la imaginación geográfica referida al espacio público en la ciudad y las formas de control sobre el mismo, que responderían a la aplicación de algo tan abstracto como la ley en el diseño y reconstrucción de procesos sociales concretos y cotidianos, como la ciudad. Influida por la Sociología jurídica, la Geografía legal crítica surge como una corriente dentro de la Geografía política, dirigiéndose hacia los nexos existentes entre el espacio y la ley (Blomley, 2008, p. 156); fundamentalmente, considerando los "diferentes espacios y localizaciones; reglas y expectativas que regulan dichos espacios; y las implicaciones de esas distintas espacialidades sobre las cualidades de los actores públicos" (Staeheli, 2010, p. 71).

Frente a visiones que consideran la ley y el espacio como entes prepolíticos y separados, esta perspectiva examina cómo "el espacio modifica o reforma los efectos de la ley, y simultáneamente cómo la ley da forma a las relaciones espaciales" (Martin, Scherr & City, 2010, p. 177). Así, se centra en tres cuestiones principales: en cómo la acción e interpretación legal es capaz de producir distintos espacios, en la naturaleza situada de la interpretación legal, y en el estudio de las demandas geográficas y representaciones contenidas en el discurso legal, especialmente las que cuestionan o reproducen la congelación de la imaginación política a través de la ley.

En el caso del espacio público urbano, es manifiesta la importancia de la normativa en la reconfiguración del mismo conforme a los procesos de globalización (Barkan, 2011), y no como un elemento adicional, sino como una fuente principal de actuación política.

En segundo lugar, la Geografía legal constituye una perspectiva complementaria con otras y transversal a las mismas, lo que permite una indagación exhaustiva más amplia desde diversos enfoques o combinando distintas propuestas, como se ha demostrado en el contexto estadounidense respecto de estudios de procesos de gentrificación (Blomley, 2003a, 2004), de las interacciones entre movimientos sociales y agentes institucionales en la configuración del espacio público urbano (Blomley, 2007; Forest, 2004; Herbert, 2010; Mitchell & Heynen, 2009), o incluso desde posturas dominadas por la trialéctica espacial (Blomley, 2003b).

En tercer lugar, apenas existen investigaciones desde esta perspectiva referidas al ámbito madrileño, pese a tratarse de una corriente de amplio recorrido en el contexto anglosajón, y también a pesar de la influencia histórica de las instituciones y de la normativa en la transformación del espacio público urbano. Además, en los últimos años se ha dado relevancia a las representaciones cartográficas contenidas en la ley, que acentúan, si cabe, la estrecha relación existente entre el mapeado urbano y la imaginación cartográfica inferida o proyectada por la normativa, como sucede con algunos diseños barriales o de distrito (Ynzenga Acha, 2010, p. 42).

Por último, las normas e interpretaciones legales se convierten muchas veces en condiciones de posibilidad de otros procesos, así como en indicadores de las relaciones de poder desplegadas entre escalas diferentes. En muchos casos, las normativas, sentencias e interpretaciones legales están entre los testimonios más fiables y evidentes (por no decir el único en muchas ocasiones) de los proyectos reales existentes sobre el espacio público urbano, convirtiéndose así en una poderosa herramienta para actuar sobre diferentes grupos sociales de la ciudad. Permiten analizar actuaciones políticas realizadas por la vía normativa que, precisamente por el carácter abstracto y aparentemente universal de lo que se considera legal, aparecen como algo despolitizado, inmune muchas veces incluso a la propia investigación; y -lo que está más arraigado- permiten también o facilitan la naturalización de esos mismos procesos. El carácter contingente, transversal y complementario de la perspectiva Geográfica crítica del Derecho puede contribuir a someter a revisión crítica todas estas naturalizaciones y poner de manifiesto el carácter político de las actuaciones sobre el espacio público.

La evolución del espacio público madrileño: del uso a la prevención

Siguiendo la metodología del análisis crítico del discurso, el estudio se centra en las prácticas de producción política que se producen a partir del discurso legal (Chouliaraki & Fairclough, 1999, p. 23) sobre el espacio público de la ciudad, discurso que ha sido establecido por las propias administraciones competentes en materia urbana en las dos últimas décadas6.

Toda vez que la hermenéutica crítica permite engarzar texto, contexto histórico y actuación de los diferentes sujetos sociales (Denzin & Lincoln, 2005, pp. 311-312), el estudio desarrollado se basa en una visión histórica del discurso legal, así como en el uso de herramientas de categorización retórica7.

En la medida en que articula "un repertorio de significados políticos y culturales a través de los cuales los ciudadanos pueden negociar e interactuar entre sí (...), [formando] el modo en que la gente concibe el ámbito político y su lugar en él" (Blomley, 2008, pp. 156-157), el análisis de la normativa se centra en los elementos discursivos que construyen un tipo de "mapeado urbano" producido desde el ámbito institucional. Considerando la imagen cartográfica como "la representación cartográfica estructurada de una información espacial o seleccionada (...) que se convierte en mapa cuando se representa física, virtual o lingüísticamente" (Johnston et al., 2000, p. 320), se analiza cómo va cambiando la definición y representación del "espacio público", así como los diversos espacios urbanos reconocidos desde la esfera institucional a través de dicha normativa. Así, el análisis llevado a cabo establece algunas tendencias observadas en torno al discurso legal en el período 1992-2012, inferidas desde criterios referidos exclusivamente a recurrencias establecidas desde la implementación institucional, dejando a un lado las constantes negociaciones y contestaciones que se producen alrededor de las mismas8.

El cerco al espacio político por parte de las instituciones

La concentración de lo que se consideran relaciones políticas en las Administraciones públicas es una constante tanto en el ordenamiento jurídico del Estado, como en las diferentes regulaciones autonómicas y locales. En Madrid, la definición de los ámbitos de actividad social y política sujetos a las instancias formales ha sido algo progresivo desde hace décadas, aunque la materia de regulación del espacio público se ha ido concentrando en los Entes Locales, de acuerdo con las modificaciones normativas, los Planes Generales de Ordenación Urbanística y los Planes Estratégicos. De esta forma, se reconoce el Municipio como espacio público fundamental a escala local no solo en el ámbito constitucional, sino también en las legislaciones posteriores que consolidan su autonomía en los niveles jurídico, político y económico9. El espacio público de la ciudad queda así definido, en primer lugar, por una territorialidad administrativa que reconoce los distritos y los barrios, pero subordinados al reconocimiento legal de los mismos en clave municipal.

En segundo lugar, los mecanismos de participación en el espacio público se concentran de dos formas en las instituciones: por una parte, estas dirigen lo que se considera participación pública y política desde canales de mediación local o, en caso contrario, derivan dicha participación a la regulación cultural10; y, por otra, condensan muchas de las potestades locales en las instancias administrativas, que expanden sus competencias y disposición de recursos a escala local muy por encima de otros actores del espacio público, especialmente el Pleno del Ayuntamiento (formado por el alcalde y los concejales), y el alcalde mismo. Esta disposición se vio reforzada con la ampliación de competencias locales recogidas en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (art. 4.1), y más por lo que se refiere al Título X, "De grandes municipios". En esta normativa se produce una expansión sin precedentes en las competencias, recursos y bienes públicos a disposición del Pleno, así como una concentración de potestades en la figura de los alcaldes de grandes municipios, que les ofrece la posibilidad de vertebrar casi todo el ámbito institucional de la ciudad, tanto personalmente como en el nombramiento de los órganos colegiados a nivel urbano. Además, les da la posibilidad de vertebrar la casi totalidad de los órganos territoriales a nivel de concejalías de distrito y de Consejos territoriales de los mismos11.

En tercer lugar y como hemos visto, tiene cabida una reformulación del espacio público que supone el desplazamiento o directamente la exclusión de la contestación política fuera del mismo, para dejarlo reducido al campo de las instituciones.

Así, en el ámbito local se reducen los espacios públicos a un ámbito que solo puede pensarse en la medida en que es absorbido, regulado y representado por las propias administraciones del Estado. Esto produce un cierre institucional en las formas de participación, a la vez que convierte los asuntos públicos en aquellos en que interviene la regulación de la Administración Local y el espacio político en el estatuido por dichas regulaciones. Y ello no solo impone un elemento de simplificación del espacio público, sino que crea una ilusión de inclusión en la esfera pública, puesto que la prescripción normativa de participar a través de la vía institucional aparece como la única posible, cerrándose de ese modo la posibilidad de reconocer otras formas de espacios públicos.

El civismo, estructurador de urbanidad

Otro elemento central en la regulación del espacio público es el civismo, que surge como uno de los discursos de mayor calado en los años noventa en la redefinición de la ciudad, consolidándose definitivamente en la normativa urbana desde principios del siglo XXI (Pemán Gavín, 2010, p. 18)12.

En el caso madrileño se produce una particularidad, ya que se dan ambigüedades entre los discursos oficiales y las prácticas desarrolladas. Se trata de una de las ciudades más precoces en la regulación de medidas sobre civismo, la que se remonta a 194813.

Por otra parte, y a diferencia de lo sucedido en otras ciudades, la ciudad de Madrid carece hasta el momento de una ordenanza cívica o relativa a comportamientos cívicos, llegándose incluso a ser rechazado su planteamiento, por tratarse de algo excesivamente restrictivo14. No obstante, se produce la situación contradictoria de que, pese a rechazarse una regulación explícita, en las dos últimas décadas se han venido implementando diferentes actuaciones, como normativas, comunicados o campañas encaminadas a consolidar progresivamente ese civismo madrileño15.

Posteriormente, el retorno del recurso a la seguridad y la limpieza del entramado urbano se conjugaron con la exigencia de conductas cívicas como eje del urbanismo normativo. Una nueva suerte de higienismo urbano emergió en el discurso y la normativa institucional, haciendo de la limpieza un instrumento capital en la configuración del espacio público en tanto itinerario de tránsito, un sitio de desplazamiento y no de reunión o habitación, limpio de comportamientos incívicos16. Esta obsesión por la higiene urbana de finales de los años ochenta y principios de los noventa se reforzó con la Ley antibotellón17, para terminar de articularse definitivamente sobre el pilar de la Ordenanza ANM [Ayuntamiento de Madrid] 2009/6, de 27 de febrero, de limpieza de los espacios públicos y gestión de residuos. En esta ordenanza se regula la actividad de quienes ensucian la vía pública, incorporándose "nuevas conductas prohibidas para evitar comportamientos irrespetuosos con el entorno y se establece la responsabilidad de quienes organicen eventos o actos públicos por la suciedad originada por los mismos" (exposición de motivos). Se define espacio público como

los espacios de dominio y uso público destinados a posibilitar el movimiento de los peatones, vehículos o medios de transporte colectivos de superficie habituales en las áreas urbanas, así como la estancia de peatones o el estacionamiento de vehículos en dichos espacios. También tendrán la consideración de espacio público a efectos de limpieza, conservación y mantenimiento las demás zonas cuya conservación y policía sean de titularidad y competencia municipales, incluidos los parques, ámbitos ajardinados, jardines y demás zonas verdes (artículos 8.1 y 8.2).

Asimismo, la ordenanza define el acto público con relación a su potencial repercusión sobre la higiene urbana, siendo "aquel acto que, por sus especiales características (número de asistentes, naturaleza del acto, zona donde se va a celebrar) requiera de una preparación previa y repercuta de forma excepcional en la limpieza viaria" (artículo 22), al tiempo que prohíbe cualquier conducta que "pueda ensuciar la vía o espacios públicos o ir en detrimento de su higiene y aseo" (artículo 13), incrementándose los controles y las prohibiciones sobre los usos del espacio18.

En cualquier caso, el acto público y el espacio público se definen con relación a la limpieza o comportamiento de quienes actúan en los mismos. Higienismo y civismo quedarán consolidados desde ese momento hasta la ejecución de los blindajes normativos previstos en normas posteriores, donde el civismo emerge transversalmente a la materia de la normativa propiamente dicha, y desempeña un papel esencial como mediación en el endurecimiento de la normativa sobre infracciones en los espacios públicos19. En esta línea, el establecimiento de sanciones legales queda justificado por razón de comportamientos incívicos o molestias al vecindario. Se impone así un espacio desprovisto de conflicto, un civismo impuesto a través de una normativa que se suma a la visibilidad de las formas de control del espacio público, como los circuitos cerrados de televisión, la presencia creciente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o la criminalización progresiva de lo que se considera incívico mediante diferentes campañas o comunicados, erosionando diferentes derechos como la libertad de expresión o la participación pública20.

La generalización de un espacio público "limpio, cívico y ordenado (...), constituido desde los imaginarios de la inseguridad y el miedo" (Lindón, Aguilar & Hiernaux, 2006, p. 120), toma forma en Madrid desde la regulación institucional, la ejecución de múltiples actores y desde una estética de orden público que parece será definitiva en una nueva ordenanza para la convivencia madrileña21. Así se consolida este civismo urbano, que "recuerda un uso correcto del espacio, así como limita el mismo a una única forma de usarlo que sirve tanto para que un ciudadano 'normal' entienda que un banco es para sentarse (...) como para restringir todo uso del espacio público que no reciba autorización" (Martínez Lorea, 2010, p. 9).

No obstante, existe una pléyade de prácticas urbanas que no se ajustan exactamente a esa convivencia ciudadana inferida de las normas, pero que tampoco suponen una oposición directa a la apelación de participación en el espacio público por la vía institucional. Y fue esa la base del establecimiento de nuevas políticas territoriales en el espacio urbano madrileño.

Territorialidad y actividades informales: nuevas formas de espacialidad urbana en Madrid

La tercera tendencia que supone la transformación del espacio público madrileño es la implementación de nuevas políticas territoriales en la ciudad. Siguiendo a Sack (1983, p. 55), la territorialidad es "aquella conducta que trata de influir, controlar o afectar el control limitado de un espacio y de sus recursos". Aunque la delimitación o restricción de espacios públicos ha sido una constante en la ciudad (Morán, 2007, pp. 17-18), existen cambios en la praxis normativa que alteran esa espacialidad urbana.

La primera de estas nuevas políticas territoriales apela a la potencial proyección global de determinados imaginarios asociados al turismo, al ocio o al consumo cultural, produciendo una zonificación de ciertos espacios urbanos que quedan sujetos al desempeño de actividades específicas y bajo la supervisión institucional. La realización de ferias y exposiciones en escenarios determinados y bajo supervisión administrativa22, así como la imposición de una "adecuada utilización del ocio" en los lugares destinados al mismo23, fue la efectiva sistematización de tal tendencia, que ya venía dando indicios de hacerse realidad desde principios de los noventa24.

Cuando, tras la aprobación de la Ley antibotellón, se endureció la regulación de espectáculos en los ámbitos urbanos, incluyendo zonas de acción prioritaria de regulación y control preventivo25, esta zonificación se consolidó de manera definitiva, no solo por razón de especialización, sino fundamentalmente como mecanismo disciplinario de lo que se hace o deja de hacer en el espacio público urbano. Mediante estas zonificaciones se limita el potencial conflictivo de reuniones colectivas, especializando su uso y haciéndolo susceptible de control preventivo, como muestra el establecimiento de zonas peatonales acotadas para el tránsito o el disfrute turístico en todo el eje cultural Prado-Recoletos alrededor del denominado Paseo del Arte, la identificación arbitraria de ciertos grupos o la conversión de zonas de encuentro en áreas de consumo y arbolado26.

En segundo lugar, la espacialización de actividades sociales está provocando cambios al interior del territorio del propio espacio público madrileño. La apelación a otras escalas de representación, como la global o la europea, ha llevado a redefinir otros espacios públicos tradicionales de la ciudad, anteriormente relevantes y reconocidos en el ámbito urbano, como los distritos y los barrios. Así, estos han sido rearticulados en algunos casos no en clave administrativa o de ciudad en su conjunto, sino delimitados por las nuevas políticas territoriales vigentes en Madrid o por sus imágenes como proyectos urbanos, como sucede en el caso de los Recintos Feriales del Campo de las Naciones o del proyecto Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas, entre los distritos de Hortaleza y Barajas27. Se trata de una reterritorialización del espacio urbano que implica una representación de espacios públicos como lugares fragmentados y destinados a determinadas actividades (como el turismo, el ocio, las ferias o exposiciones o la misma residencia) y no otras (como las manifestaciones o las reuniones colectivas). Paradójicamente, esas nuevas formas de espacialidad urbana son garantizadas, mediante control preventivo o nueva regulación, en aras de un supuesto interés global de todo el espacio urbano madrileño, pese a que la interacción entre escalas implica la transformación del ámbito local, articulándose regiones de frontera en torno a las cuales se establecen límites sobre el espacio público madrileño.

Una región de frontera es una zona de contacto situada en el límite de confluencia entre dos sistemas (Flint & Taylor, 2002, p. 420). En este sentido, la implementación de ciertas normativas y políticas públicas no solo está conformando este tipo de espacialidad urbana alrededor de la demarcación anterior (como sería, por ejemplo, expandir el límite oficial barrial o los bordes administrativos del distrito), sino reformulando el espacio mismo (o "la frontera conceptual") del barrio y del distrito. Asimismo, se están generando límites entre espacios de contacto y "cuarentena", mediante la proyección de la existencia de "zonas grises" en la ciudad, así como a través del refuerzo de la presencia policial en zonas marcadas, como la calle Montera o la zona de Tribunal28, con lo que coexisten diferentes tipos de espacio público.

Conclusión: ¿contestación a través del mismo espacio?

A lo largo de este artículo, el enfoque de la Geografía legal crítica ha permitido poner de manifiesto las relaciones existentes entre la imaginación geográfica acerca del espacio público, actuada y pensada desde las instituciones mediante la ley, y sus efectos sobre la reconfiguración del espacio urbano madrileño.

En primer lugar, observamos cómo se ha ido restringiendo la noción de espacio público a aquel regulado y definido por las instituciones, no solo en el plano normativo, sino fundamentalmente en su mediación y canalización de sus representaciones y usos. Desde este punto de vista, el espacio público urbano es aquel donde accede la gente a través de las instituciones y no otro, aproximándose las nociones de espacio público y esfera pública en clave institucional.

En segundo lugar, el uso de las campañas por el civismo, la higiene urbana o la espacialización sectorial de determinadas actividades sociales ha supuesto la instauración de lo que Sack (1999, p. 29) denomina geografía moral vinculada al lugar, naturalizando así actuaciones políticas contingentes. De esta forma, el reconocimiento legal de lo que está permitido en determinados espacios públicos ha ido de la mano de lo que debe ser un espacio público urbano, es decir, cívico, ordenado y limpio, en el que tanto grupos como conductas que no cumplen ese civismo normativo no solo son sancionados, sino que son excluidos. Por otro lado, la fragmentación de espacios destinados a actividades particulares supone la segmentación o parcelación del espacio público en pequeñas porciones del mismo dedicadas al turismo, al ocio y al visionado monumental de la ciudad. Ambas tendencias han redefinido sustancialmente el espacio público madrileño, en el sentido de que se ha ido pasando de un derecho efectivo de uso, de estancia o práctica del espacio público en que este abarca múltiples espacios cotidianos (la calle, un parque, una plaza, etcétera), a una exigencia de justificación por su uso, más allá de su travesía o desplazamiento, al estar sujeto a regulaciones específicas y ser definido institucionalmente. Desde esta tendencia no cabe cualquier participación en el espacio público, sino solo aquella contemplada para el mismo en la normativa, siempre y cuando no incumpla los requisitos de civismo, higiene, uso apropiado o pertinencia por pertenencia a grupos sociales concretos. La definición del espacio público pasa por el uso que se hace del mismo, si bien es un uso canalizado, segmentado y restringido normativamente.

En tercer lugar, se observa cómo se produce la intersección de escalas en los diferentes espacios públicos madrileños, donde la actuación institucional local mira a la escala estatal y global, y viceversa, y donde diferentes nociones y articulaciones normativas del espacio público pueden suponer la rearticulación de otros nuevos, como sucede en los casos de zonas turísticas frente a (o a medio camino de) antiguos barrios o distritos madrileños. A su vez, se reconfiguran como regiones de frontera del espacio público urbano en su conjunto y del ámbito local en cada caso particular. Los espacios públicos institucionales, por tanto, también son contingentes y están en diálogo permanente, contestándose a través de regulaciones y representaciones múltiples a diferente escala.

Finalmente, la perspectiva propuesta nos permite preguntarnos acerca de las representaciones articuladas mediante el Derecho, pero también de los efectos generados desde las nuevas espacialidades urbanas sobre la regulación institucional y las posibilidades de cierre del espacio público desde la misma. Así, el sobreprotagonismo institucional, el civismo o la activación de políticas territoriales urbanas estatuyen una concepción del espacio público vinculado al espacio geométrico, controlado por las instituciones y cuya representación podría resumirse en un plano de la ciudad en que destacan los elementos físicos que permiten la identificación con el desplazamiento y el tránsito sobre el mismo, así como los iconos turísticos del espacio urbano. Pero, simultáneamente a esa fragmentación y restricción del espacio público, lo que se ha provocado ha sido la multiplicación y expansión de representaciones espaciales en la ciudad. Lo que ha ido trazándose como una definición del espacio público segmentado y controlado, a partir de la restricción de actuaciones y reuniones colectivas en clave de civismo urbano, ha instado a su vez a nuevas regulaciones y ha dado paso a una multiplicación de las formas de representar el espacio público urbano y de utilizarlo, incorporando nuevos imaginarios del mismo29. De cara a próximas investigaciones, quedaría la cuestión de hasta qué punto esta tentativa de cierre del espacio público está provocando la irrupción y apropiación de espacios urbanos desde otros enfoques y prácticas políticas que se reapropian de esos mismos espacios públicos.

Y, en ese diálogo, el conocimiento exhaustivo de la actuación institucional a través del Derecho será fundamental, reclamando de nuevo el protagonismo de la Geografía legal crítica.

Notas

1 En el último año, las manifestaciones se incrementaron en Madrid en un 97% [http://bit.ly/1lMT8hC].

2 La securitización hace referencia al giro punitivo desde el Estado de bienestar al Estado penal, y sus efectos serían una restricción social basada en el control (y la prevención) del crimen, la criminalización progresiva de las políticas sociales y del bienestar o el reparto de funciones estatales entre actores públicos y no públicos, con una aguda obsesión por incrementar los espacios seguros y el control preventivo de ciertos grupos, como prostitutas, mendigos o indigentes (Hallsworth & Lea, 2011, pp. 144-146). Aunque en el Estado español no se desarrolló de forma tan temprana como en el contexto estadounidense o británico, en el caso madrileño existen algunos elementos que se aproximan bastante a los instrumentos de control y vigilancia difundidos y consolidados por la securitización, como muestra la instalación de cámaras de vigilancia en prácticamente la totalidad de la zona centro, en el transporte metropolitano (no solo el suburbano, también en los autobuses), el uso de satélites para la vigilancia policial o el despliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en eventos turístico-culturales, como las exposiciones o ferias comerciales y de turismo o, sin ir más lejos y contrastando con el mayor índice de sentencias penales en otros países como Estados Unidos, la generalización de la figura jurídica de la imputación sobre determinados grupos sociales.

3 La representación es "una modalidad particular de conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos (...), [que] hacen que lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible" (Lindón, Aguilar & Hiernaux, 2006, p. 175). En cuanto a los imaginarios, hago referencia fundamentalmente a los imaginarios urbanos, en tanto que "una creación incesante de figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales solamente puede uno referirse a algo (...). Es un conjunto de elementos que apuntan a una construcción subjetiva particular que tiene características propias y se distingue de otras" (Ibíd., p. 29).

4 Aunque se trata de perspectivas mayoritariamente acuñadas en el contexto anglosajón, tanto el enfoque regulador como el del paisaje urbano han sido utilizados en el estudio de nuevos modos de articulación del espacio público en Madrid, donde se analizan procesos de gentrificación (Díaz Oureta, 2007), transformaciones económicas a nivel más general (De Santiago Rodríguez, 2007) o nuevas formas de políticas urbanas (Blanco & Subirats, 2012).

5 Esta perspectiva propone el análisis de las interacciones existentes entre representaciones del espacio, como espacio abstracto, los espacios de representación en tanto que espacios vividos, simbólicos, y las prácticas espaciales, como percepciones cotidianas del mismo a través de sus procesos materiales (Soja, 2008). En nuestro caso, el objeto de interés se centra en las visiones del espacio público desde arriba; de ahí que no se incluya esta perspectiva como opción en el sumario anterior. Evidentemente, en términos de generalidad, la Geografía legal no es tan comprehensiva, puesto que estudia de forma predominante la primera de estas dinámicas de un modo más exhaustivo que otras propuestas. De ahí su pertinencia en el caso de que su objeto sean estas prácticas institucionales, su forma, alcance e influencia en el espacio urbano.

6 Al considerar la imaginación geográfica producida desde el marco institucional, se tienen en cuenta aquellas normativas consideradas urbanas, urbanísticas y relativas al espacio público de la ciudad por las propias Administraciones [http://bit.ly/KzUoJG]. Es en este sentido que se han analizado: la Ley 15/1997, de 25 junio, de ordenación de actividades feriales de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), y la Ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la CAM; la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos de la CAM, más conocida como Ley antibotellón; la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de la Administración Local, de la CAM; la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local; la Ley 22/2006, de 4 de julio, de capitalidad y régimen especial de Madrid; la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de medidas iscales, administrativas y racionalización del sector público de la CAM; Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión (por comparación con la que la modifica); Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril, modificadora de la Ley orgánica 9/1983; la Ordenanza Municipal de Policía Urbana y Gobierno de la Villa de Madrid de 1948 (en algunas situaciones sigue vigente); la Ordenanza ANM (Ayuntamiento de Madrid) 1984/3, sobre uso y conservación de espacios (como prueba de la situación anterior); la Ordenanza municipal ANM 2005/48, de 26 de septiembre, de movilidad para la ciudad de Madrid; la Ordenanza ANM 2009/6, de 27 de febrero, de limpieza de los espacios públicos y gestión de los residuos; el Acuerdo de la Junta de Gobierno ANM 2012/15, de 26 de enero, de Organización y estructura de los distritos y delegación de competencias en las Juntas Municipales, en los Concejales municipales y en los Gerentes de los distritos; el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, Compendio de 1997 (modificaciones de 2009 y 2010); el proyecto para el Plan Estratégico de Cultura del Ayuntamiento de Madrid (2012-2015); como ejemplo de las repercusiones sobre el espacio público en Hortaleza como patio trasero de las nuevas políticas territoriales urbanas, se han examinado el acuerdo ANM 1991/3, de 30 de abril de 1991, modificado por acuerdo Pleno de 25 de julio de 2003 y de 20 de febrero de 2004, de Estatutos de constitución del Consorcio de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA); la Orden de 4 de abril de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se declara zona de gran afluencia turística el área denominada Recintos Feriales-Campo de las Naciones y los edificios ubicados en las aceras colindantes a la misma de la ciudad de Madrid; el Acuerdo de 8 de junio de 2011, para la modificación del Plan parcial del Suelo Urbanizable No Programado 4.01 "Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas"; y el Plan de Acción hacia el desarrollo sostenible de la Agenda Gobierno Local 21, aprobado por el Pleno de Hortaleza de 7 de marzo de 2007. Además, se han examinado las sentencias que han suprimido o reforzado las medidas explícitas sobre los espacios públicos, como la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 29 de septiembre de 2003, relativa al recurso 5167/1998, que permite imponer medidas sancionadoras a los Entes locales; o la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (STSJM) de 17 de junio de 2010, que suprime de nulidad algunas de las potestades auto-impuestas por el Pleno en la Ordenanza ANM 2009/6, de 27 de febrero.

7 El análisis histórico del discurso observa "cómo determinados asertos vienen a constituir objetos y sujetos (...) explorados en su contexto histórico" (Denzin & Lincoln, 2005, p. 871), mientras que el análisis categorial establece pares categóricos textuales con el in de codificar lo analizado e identificar las características retóricas del discurso legal a través de las cuales se construyen o reafirman distintos procesos sociales (Ibíd., p. 830), como sucede en este caso con la higiene y el civismo.

8 Soy consciente de que la actuación institucional no agota las posibilidades de representación del espacio público urbano. Existen importantes contestaciones de la imaginación institucional, como los modos de imaginar la ciudad a partir de las prácticas cotidianas o las formas de acción colectiva desplegadas por distintos movimientos vecinales de la ciudad. Debido a que es imposible recoger todas las visiones desde el enfoque adoptado y puesto que se ha hecho hincapié en la actuación "desde arriba" por su influencia, alcance y consolidación en el gobierno conservador durante más de dos décadas, el presente artículo se centra en las perspectivas institucionales, aun a riesgo de eludir otras formas de imaginar y cartografiar la ciudad.

9 El artículo 140 de la Constitución reconoce la autonomía y personalidad jurídica propia a los Municipios, lo que se verá reforzado en la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de la Administración Local, de la Comunidad de Madrid.

10 La Agenda de Gobierno Local 21 supone una mediación entre la participación vecinal y el Ayuntamiento, aunque termina por concentrar diferentes actuaciones y formas de organización hasta entonces asumidas por los vecinos, sea en forma de asociaciones, sea de modo más informal. Por su parte, el Plan Estratégico de Cultura del Ayuntamiento de Madrid (2012-2015) insta a la participación sobre la base de la inclusividad de la ciudad, y convierte en "cultura" todas las formas de organización y actuación no institucional, de modo que lo actuado fuera del control de las administraciones es convertido en regulación cultural y, de ese modo, institucionalizado.

11 Matizo que se trata de competencias institucionales, no de otras más limitadas, como las económicas. Así, el alcalde puede nombrar hasta un tercio del personal de la Junta de Gobierno Local por razón de funcionalidad, así como los responsables de diferentes comisiones y consejos de la ciudad (artículos 21, 124 y 138). Respecto de la organización territorial, los distritos albergan un órgano como es el Consejo Territorial de Distrito para administrar dichas cuestiones, en las que el concejal-presidente y el gerente, ambos designados directa o indirectamente por el alcalde, tienen una preeminencia casi incuestionable sobre los asuntos de dirección política, territorial y administrativa (artículos 1-4 del Acuerdo ANM 2012/15, de 26 de enero, de organización y estructura de los distritos y delegación de competencias en las Juntas Municipales, en los Concejales municipales y en los Gerentes de los distritos).

12 La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, insta a una regulación municipal de este tipo de conductas, cuando reza en su artículo 139 que "para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas".

13 La Ordenanza Municipal de Policía Urbana y Gobierno de la Villa de Madrid de 1948 es un indudable anacronismo jurídico que, sin embargo, se mantiene vigente en algunas cuestiones reforzadas en normativas posteriores, como la prohibición de molestias al vecindario (artículo 51.1), de la blasfemia (artículo 59) o de la mendicidad (artículo 60).

14 Véase http://bit.ly/1gdH07T.

15 Véase http://bit.ly/1lzbfdx.

16 La Ordenanza municipal ANM 2005/48, de 26 de septiembre, de movilidad para la ciudad de Madrid establece una visión del espacio público en este sentido de itinerario o tránsito, asemejando los peatones a los vehículos (artículos 2 y 49) y prohibiendo el estacionamiento o la reunión grupal en las calles de la ciudad de Madrid (artículo 51).

17 Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, de la Comunidad de Madrid.

18 La ordenanza restringe parcialmente la libertad de expresión en lo relativo a la publicidad política, siendo especialmente significativo el artículo 16.2, según el cual "queda prohibido ensuciar las vías o espacios públicos abandonando o arrojando a las mismas folletos, octavillas o cualquier otro material publicitario". El incremento de potestades y de control desde la Administración local es tal, que incluso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió los artículos 10, 76 y 78.4 de la ordenanza, respecto de la supervisión de los residuos por parte del Ayuntamiento, por exceder la competencia reconocida en la Ley [http://mun.do/JFA1Ky].

19 Por ejemplo, en la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y racionalización del sector público de la Comunidad de Madrid, modifica la potestad de las sanciones leves, haciéndolas compatibles con otras más graves, añadiendo además responsabilidad solidaria en caso de menores de edad mayores de catorce años (artículo 14.3).

20 La Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha insistido una y otra vez en el endurecimiento del control del espacio público madrileño [http://bit.ly/KvnCJ7], reclamando una difusión de los elementos cívicos que, finalmente, ha adquirido regularidad en el transporte metropolitano [http://bit.ly/1dNR2x4], así como una restricción sobre ciertos grupos que recientemente ha alcanzado incluso a los grafiteros, señalados en la prensa [http://bit.ly/1lMTMf4].

21 Se prevé la unificación de las normas de convivencia en una normativa nueva para la ciudad en un futuro próximo [http://bit.ly/1cNa4yV].

22 De acuerdo con la Ley 15/1997, de 25 de junio, de ordenación de las actividades feriales de la CAM.

23 Conforme al preámbulo de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la CAM.

24 Lo cual ya se previó en el acuerdo ANM 1991/3, de 30 de abril de 1991, modificado por acuerdo Pleno de 25 de julio de 2003 y de 20 de febrero de 2004, de Estatutos de constitución del Consorcio de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA).

25 Medidas que reconocen los artículos 30.3, 30.4, 30.9 y 30.11 de la citada Ley antibotellón, así como su disposición final segunda.

26 Ante las reiteradas protestas en la Puerta del Sol, se presentó un proyecto para convertir la zona en un área de terrazas y arbolado público, eliminando bancos y otros lugares de asentamiento [http://bit.ly/1gdHsDa].

27 En el caso de los recintos feriales de IFEMA, la Orden de 4 de abril de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se declara zona de gran afluencia turística al área denominada Recintos Feriales-Campo de las Naciones y los edificios ubicados en las aceras colindantes a la misma de la ciudad de Madrid, establece una regulación conjunta en lo que se refiere al barrio de Corralejos, del distrito de Barajas, y los barrios afectados del distrito de Hortaleza, reconociéndose toda el área como "zona de afluencia turística". Por su parte, el Acuerdo de 8 de junio de 2011, para la modificación del Plan parcial del Suelo Urbanizable No Programado 4.01 "Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas" reconocía a Valdebebas una territorialidad particular, al definirlo como proyecto y como nueva zona residencial. En cualquier caso, la delimitación del proyecto excede los límites del distrito de Hortaleza y se traslapa con las regulaciones y territorios de Barajas, si bien su redefinición y regulación se ha hecho atendiendo al proyecto en sí y no a los límites administrativos anteriores.

28 Véase al respecto el incremento de la vigilancia policial en zonas de prostitución, en http://bit.ly/1cyidKX.

29 Una muestra es el proyecto Hautôvia, que reivindica la reapropiación "soberana" de un espacio carente de uso de 80.000 metros cuadrados situado al oeste del Plan de Acción Urbanística (PAU) de Valdebebas [http://www.truthbehind404.com/Hautovia.html].

 

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Recibido el 14 de abril de 2012, aprobado el 22 de julio de 2013