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Revista chilena de pediatría

versión impresa ISSN 0370-4106

Rev. chil. pediatr. v.74 n.4 Santiago jul. 2003

http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062003000400017 

CRÓNICA


Rev Chil Pediatr 74 (4); 439-441, 2003


CERTIFICACIÓN DE ESPECIALIDADES
MEDICAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD


Por la presente reproducimos integra, dada su importancia como resolución proveniente de la Contraloría General de la República, copia de la carta del Controlador General de la República, Sr. Gustavo Scoilla A., al Director del Servicio Médico Legal, enviada al Presidente de CONACEM, Dr. Carlos Toro.


Contraloría General de la República
División Jurídica

Ref.: N°40065/02: Sobre atribuciones del Servicio Médico Legal para otorgar certificados de especialista en Medicina Legal.

SANTIAGO, mayo 5 de 2002

Al señor
Director del Servicio Médico Legal
Presente

Mediante el documento de la suma el señor Carlos Toro Álvarez, presidente de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas -CONACEM-, hace presente a este Organismo Controlador que el Servicio Médico Legal otorga certificados de especialidades en medicina legal, y solicita un pronunciamiento sobre las atribuciones de dicho Servicio al efecto.
Requerido su informe, el Servicio Médico Legal señala que las atribuciones para otorgar certificados de la especialidad médico-legal, derivarían de lo dispuesto en el artículo 23 del decreto con fuerza de ley N°196, de 1960 -Estatuto Orgánico de ese Servicio-, y de que se ha estimado que si de conformidad con dicho precepto “aquellos profesores de la rama médico legal que en alguna oportunidad ejercen la colaboración pericial deben ser denominados medico-legista, resulta mayormente necesario reconocer y otorgar tal calidad a quienes se desarrollan permanentemente en estas materias” en el Servicio.
Al respecto, cabe notar que en conformidad con lo preceptuado en los artículos 1° y 2° del citado decreto con fuerza de ley N°196, el Servicio Médico Legal depende del Ministerio de Justicia, asesora al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia en materias médico-legales, y colabora con las cátedras de medicina legal de las Universidades del país.
Enseguida, que el referido artículo 23 del mismo texto legal dispone, en su inciso primero, que “los profesores titulares de Medicina Legal de las Facultades de Medicina de las Universidades del país, serán considerados Médicos Legistas del Servicio Médico Legal, en los casos judiciales sometidos a su estudio para la enseñanza o investigación científica”.
A su turno, el inciso segundo de este artículo expresa que el Director del Servicio Médico Legal “podrá otorgar igual calidad, por períodos de un año, a los médicos ayudantes de los profesores mencionados en el inciso anterior y a propuesta del respectivo titular”, en tanto que el inciso tercero agrega que “los profesionales indicados en los incisos precedentes quedarán sujetos a todas las disposiciones legales y reglamentaria aplicables a los peritos y a las del Servicio Médico Legal, pero sin percibir remuneración alguna por esta labores”.
Ahora bien, del examen del precepto transcrito aparece, por una parte, que por la sola disposición de la ley los profesores titulares que indica serán considerados médicos legistas del Servicio Médico Legal, en los casos que ésta señala.
Por la otra, que se faculta al Director de ese Servicio para otorgar igual calidad, esto es, la de ser considerados médicos legistas del Servicio Médico Legal, sólo a los médicos que la norma precisa, a proposición del respectivo titular, y por periodos de un año.
Sin embargo, y como puede apreciarse, el mismo precepto no otorga atribuciones al Director de ese Servicio para otorgar -ni con carácter general ni en forma especial para los profesionales que se desempeñen como peritos en esa repartición estatal- “Certificados de Especialidad” por los cuales se reconozcan a determinadas personas como “Especialistas en Medicina Legal”, en los términos de que da cuenta la fotocopia de uno de los tales documentos, adjunta a los antecedentes.
Tampoco se advierten, en las demás disposiciones que rigen a ese Servicio, otras normas que lo faculten para conferir las indicadas certificaciones.
En este orden de consideraciones, es útil agregar que la circunstancia de que en determinados órganos de la Administración del Estado se desarrollen funciones especializadas, no habilita a los mismos órganos, atendido el principio de juridicidad establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y en ausencia de una atribución expresa en tal sentido, para otorgar certificados de especialidad en determinadas áreas a favor de sus dependientes o de terceros.
De igual forma, que lo expresado en el cuerpo de este informe es armónico con lo dictaminado por esta Contraloría General en su oficio N°49.430, de 1999, en el que se concluyó que otras entidades de la Administración -específicamente los Servicios de Salud- no pueden atribuirse la facultad de conceder certificaciones de especialidades médicas, ya que ello va más allá de la naturaleza de sus funciones específicas definidas por la ley.
En consecuencia, y de acuerdo con lo expuesto, ese Servicio ha excedido el marco de sus atribuciones legales al conferir las certificaciones de que se trata, por lo que debe abstenerse de continuar otorgándolas, y adoptar las medidas que correspondan tendientes a dejar sin efecto las otorgadas.
Transcríbase a la División de Auditoria Administrativa y al interesado.
Saluda atentamente a Ud.

GUSTAVO SCIOLLA AVENDAÑO
Controlador General de la República



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