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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.19 Valparaíso  1997

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54551997000100011 

BIBLIOGRAFÍA



Anuario de Estudios Americanos 53-2 (Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla 1996)

Del índice:
Artículos: Ignacio Díaz Balerdi, Escultura conceptual mexica: la simbiosis águila-felino (p. 15-33); Verónica Zárate Toscano, Los conflictos de 1624 y 1808 en la Nueva España (p. 35-50); Miguel Angel Cuenya, Peste en una ciudad novohispana. El matlazahuatl de 1737 en la Puebla de los Angeles (p. 51-70); Manuel Ferrer Muñoz, Publicística novohispana de 1821: ¿independencia o sujeción a España? (p. 71-95); Angel Alvarez Romero, El Consulado en el proceso de independencia de Cartagena de Indias (p. 97-121); Arturo Ariel Betancur, La provisión de servicios en el puerto colonial de Montevideo: alcances y limitaciones de una fuente local de riqueza (p. 123-45); Sara Mata de López, El crédito mercantil. Salta a fines del siglo XVIII (p. 147-71); Francisco Contreras Pérez, Recluta masiva de emigrantes andaluces y su inserción social en Argentina (siglo XIX). Notas para su estudio (p. 173-97); Ana María Mateu, Poder y relaciones políticas y económicas en Mendoza, Argentina. 1880-1920 (p. 199-226).
Historiografía y bibliografía americanista. Artículos: Jesús Paniagua Pérez, Pedro de Valencia, cronista e historiógrafo oficial de las Indias (1607-1620) (p. 231-49); María Fernanda García de los Arcos, Crítica y reformismo dieciochesco. Algunos textos sobre Filipinas (p. 251-65); Edmundo A. Heredia, Historiografía de las relaciones argentino-brasileñas (p.267-84); Almudena Delgado Larios, Exotismo, afán de aventuras e hispanoamericanismo: la ruta de Hernán Cortés, de José Segarra y Joaquín Juliá, entre la hazaña personal y la propaganda oficial (p. 285-309).

Red.

Anuario de Estudios Americanos 54-1 (Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla 1997)

Del índice:
Artículos: Mª José Nestares Pleguezuelo, La difícil colonización del Oriente Venezolano. Francisco de Vides y la expedición pobladora de 1592 (p. 13.41); Sander Spanoghe, Los salarios dentro del sistema del repartimiento forzoso en el Valle de México, 1549-1632 (p. 43-64); Jaime Torres Sánchez, Consumo de carne y nutrición. Aspectos de su evolución histórica en Venezuela: 1609-1873 (p. 65-88); Eduardo Flores Clair, El lado oscuro de la plata. La vida en los reales mineros novohispanos del siglo XVIII (p. 89-106); Víctor Peralta, La revolución silenciada. Hábitos de lectura y pedagogía política en el Perú, 1790-1814 (p. 107-134); Juan Andreo García-Alberto José Gullón Abao, "Vida y muerte de la Mulata". Crónica ilustrada de la prostitución en la Cuba del XIX (p. 135-57); Miguel Angel González Leal, Insurgencia popular, oligarquía regional y Estado en el Ecuador liberal (1895-1925): la huelga general de Guayaquil, 1922 (p. 159-84).

Historiografía y bibliografía americanistas. Artículos: Jesús Lens-Tuero, Fernández de Oviedo (Historia General y Natural de las Indias, Libro VI, cap. LI) y la etología clásica (p. 187-98); Frédérique Langue, Las élites en América (siglos XVI-XIX). Recopilación bibliográfica (p. 199-228); Ana Carina Kosel, Los sermones de Valdivia: distribución de lugares, didáctica y polémica en un testimonio del choque de dos culturas (p.229-44); Adelaida Román Román-Graciela Fainstein Lamuedra, Los procesos de transición democrática en los países latinoamericanos a través de las publicaciones españolas recogidas en la base de datos "América Latina" del CINDOC (p. 245-61); Sylvia L.Hilton- Ignacio González Casasnovas, Fuentes manuscritas para la cartografía histórica iberoamericana: guía de instrumentos descriptivos (p. 263-93).

Red.

Anuario de Historia de la Iglesia en Chile 14 (1996)

Del índice: A. Rebheim Pesce. Presentación; M. Barrios Valdés, Navegante de mares ignotos. Estudios: M. Camus, El seminario conciliar de La Serena; O. Walker Trujillo, El P. Víctor Maturana o.s.a., y los orígenes de la Orden; M.A. León León, Una mirada a la ritualidad mortuoria tradicional: la idea de la muerte en la novela Alhué, de José Santos González Vera; J.C. Ossandón Valdés, Teresa Ossandón Guzmán. Documentos: A. Cabré Rufatt. Algunos sucesos acaecidos a los misioneros de Chillán después de la migración (1817-1835). Repertorio de fuentes: A.V. Chávez Torrico. Fuentes del derecho eclesiástico en Chile: las actas del Congreso Nacional entre 1866-1895; O. Lillo San Martín - Fr. J.R. Rovegno Suárez. Apuntes bibliográficos referentes al siervo de Dios Fr. Andrés García Acosta; C. Oviedo Cavada, Obispos extranjeros en Chile. Boletín bibliográfico; publicaciones y estudios referentes a la historia de la Iglesia en Chile 1996.

Red.

ARVIZU, GALARRAGA, Fernando, La solución institucional del conflicto de los Alduides (Pirineo Navarro), (Universidad de León- Gobierno de Navarra, León, 1997) 248 pp.

Tanto el secretariado de publicaciones de la Universidad de León, como el Departamento de Presidencia e Interior del Gobierno de Navarra, han colaborado en la edición de esta obra de Fernando de Arvizu Galarraga, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones, parlamentario castellano y anterior Decano de la Facultad de Derecho de León, resultado de quince años de investigación; el título de la misma revela al lector, desde un primer momento, que con este trabajo se sigue una línea continuista de la investigación plasmada en varias obras anteriores del profesor Arvizu y que son a saber entre otras su tesis doctoral Le conflit des Alduides. Étude d´un problème frontalier en Pays Basque, así como Problemas de límites entre los valles navarros y franceses del Pirineo, y sobre todo El conflicto de los Alduides. Estudio institucional de los problemas de los límites, pastos y facerías según la documentación inédita de los archivos franceses, obra en la que ya dejó el autor centrado el tema al referirse, de forma novedosa, a que los enfrentamientos de esta zona fronteriza lejos de ser de orden institucional o jurídico, lo eran por motivos económicos y geográficos, y en concreto para cubrir las necesidades vitales de los pobladores de ambas vertientes, pero a la luz de este nuevo trabajo y, en palabras del propio Arvizu, los estudios anteriores, incluso el suyo de 1983-84, "resultan parciales e incompletos por carecer de visión global de la cuestión" (p. 39).

Refleja la obra la minuciosa búsqueda llevada a cabo en los archivos oficiales, fondos de los ministerios de Asuntos Exteriores de Madrid y París, en los que Arvizu ha hecho acopio de materiales e informaciones, muchas veces inéditos.

El Leit motiv de la obra, y verdadero telón de fondo de cuantas negociaciones se llevaron a cabo no es sino la necesidad de los baigorrianos, habitantes del rocoso y estrecho valle de la Nive, de disponer, para sus rebaños bovinos, de pastos, para lo que se vieron obligados a adentrarse en los territorios Alduides, que configuran el objeto de esta investigación, y que permanecieron indivisibles hasta el Tratado de 1785.
Incluye el autor dos anexos, el primero, apéndice documental, con textos todos inéditos a excepción del Tratado de Límites entre España y Francia y convenios anejos que aporta en edición oficial bilingüe; el segundo, cartografía esquemática del servicio geográfico del Ejército, incluye planos topográficos de los montes y copias esquemáticas de todos los mapas históricos de los montes Alduides, apreciándose en ellos claramente tanto los contornos como la toponimia.

Partiendo de una estructura cronológica en cuya propia dinámica se estudian los problemas que se plantean, investiga Arvizu el tema propuesto dividiendo, para ello, el libro en tres capítulos, el primero Presentación e introducción; el segundo, el periodo intermedio; y el tercero, la negociación definitiva. Analiza el profesor navarro la denominación del área, que él insiste en calificar con el término "Alduides" aunque su nombre en documentos administrativos y diplomáticos es el de "País quinto", debido a la relación con la quinta parte de los puercos que el rey recibía del total de los que eran llevados a pastar por los que no eran habitantes de Valderro. Este era el caso de los baigorrianos que debían de pagar el quinto. Como "introducción remota" califica las cuestiones de soberanía, al afirmar que estos montes habían pertenecido siempre al rey de Navarra, iniciándose el enfrentamiento con la división de Navarra, ya que "cada rey pretende que el otro es el usurpador" (p. 51); para solucionar los continuos conflictos, incluye el autor en este apartado, una relación de la negociaciones llevadas a cabo y que son, a saber, la sentencia de 1400, en la que se establecieron los derechos del rey, sin pronunciarse sobre la propiedad de los terrenos; la Paz de las Damas, por la que se transfería la soberanía de los territorios a los reinos de España y Francia y que se firmó en el año 1529-1530; las negociaciones de 1612-1614; las Capitulaciones Reales de 1614, en las que nada se aludió tampoco a la cuestión de la propiedad; las negociaciones en Arnéguy en 1702 y el Tratado de 1717. Más tarde se suscribió la partición total en el Tratado de Elizondo en el año 1785, por el que quedó trazada una línea fronteriza que dividía por la mitad la vertiente del macizo, pasando a ser unos los Alduides españoles o parte sur para España y los altonavarros y otros los Alduides franceses o parte norte para Francia y los baigorrianos. Añade al contenido de introducción remota, la casi total despoblación existente en los Alduides españoles en contraposición a la densidad de pobladores de la vertiente francesa, que obligados por leyes hereditarias de primogenitura y con una cabaña bovina muy superior a la que podían alimentar con sus pastos, se establecieron por las dos vertientes de los montes, construyendo con piedras sus casas, basando su estrategia en prácticas de hecho, negociando a posteriori "desde una posición de fuerza" (p. 53) y adueñándose así poco a poco del terreno, teniendo por frente a un pueblo altonavarro que, encontrándose incapaces para contrarrestar el avance baigorriano, no halló tampoco en sus autoridades la ayuda y el apoyo necesarios.

Quizás sea el capítulo II, dedicado al periodo intermedio (1830-1851), el de menos interés de todo este trabajo de investigación debido a la falta de actas, a la escasez de informes y de documentos sobre las deliberaciones de la comisión. Arvizu analiza, no obstante, de forma detallada cómo los dos Gobiernos conscientes de la necesidad de reanudar la negociación en torno a los Alduides, tras el paréntesis diplomático de la Iª guerra carlista, y apoyándose en los acuerdos locales tomados en 1828 -1829, se reunieron en Bayona con tal objetivo entre finales de 1851 y agosto de 1852, pero una vez más las negociaciones resultaron infructuosas. Pero el autor no se queda ahí, y destaca acertadamente que ese mal resultado dio origen a la decisión bilateral de los dos gobiernos de poner las negociaciones en manos de terceras personas ajenas, dando con ello origen a la solución del conflicto.

El capítulo III resulta -desde nuestro modesto punto de vista- el más interesante y novedoso de toda la obra, habida cuenta por un lado, de la escasez de estudios serios en este campo; y de otra, la dificultad de hacerse con los documentos de la época, hecho que ha logrado Fernando Arvizu, que como ya dijimos anteriormente, ha desarrollado un minucioso examen de los archivos, por lo que "casi todo lo que se aporta es prácticamente nuevo" (p. 20). Señala como en Bayona se estableció el día 7 de noviembre de 1853 una Comisión, que seguiría casi inalterable durante quince años hasta 1868. Tenía ésta una amplia potestad; entre otras prerrogativas destaca la de adoptar medidas conservacionistas y alcanzar soluciones que serían sometidas a ambos Gobiernos, que detentaban el poder de aprobarlas y de hacerlas ejecutar. Profundiza Arvizu en la correspondencia de la época intercambiada entre los representantes diplomáticos de ambos países para enumerar y comentar tanto la misión de esta Comisión, como las instrucciones articuladas y propuestas.

Atribuye Jean Sermet a esta obra, además, la novedad de aportar luz en el tema de los comisarios que prosiguieron paralelamente el arreglo de los problemas del Quinto y de los de las fronteras del Irati y de la Navarra oriental (valles de Aézcoa, Salazar y Roncal) por ser todo un tema ligado a la frontera pirenaica, y que había de quedar globalmente solucionado, para lo que emplearon un año entero. Mantiene el autor la tesis de que la comisión actuó favorablemente al considerar que, habiendo logrado resultados positivos en la parte oriental, se conseguiría más fácilmente un arreglo en los Alduides.

Igualmente interesantes nos parecen los apartados siguientes en los que, con gran proliferación de fuentes y documentos, investiga sobre el anteproyecto francés, las negociaciones para el arrendamiento definitivo, el primer y segundo Proyecto del Tratado, así como la Memoria del Gobierno español al Gobierno imperial francés y sus consecuencias; en esta última destaca al autor la importancia de los artículos 15 y 16, "se ha procurado calificar en ellos la naturaleza y extensión de los derechos de ambas partes, al objeto de evitar toda intervención de los baigorrianos en el territorio arrendado que, con el transcurso del tiempo, pudiera dar lugar a nuevas pretensiones. La cantidad pactada es muy beneficiosa, ya que la evaluación de los pastos arrendados no llega a la tercera parte de esta cantidad" (p. 131). El día 2 de diciembre de 1856 tuvo lugar la firma del Tratado y el 2 de agosto del año siguiente quedaron suscritos todos los convenios anejos.

Hace significar Fernando Arvizu que el Tratado "fue un logro positivo, que creó una situación, por el bien de todos, irreversible" (p. 137); instauró un paz garantizada y definitiva, y con él se cumplieron todas las expectativas creadas, tanto para los baigorrianos, que lograron su propósito económico con el disfrute de los pastos, como para los altonavarros, que vieron alcanzados sus intereses políticos con una sustancial renta arrendaticia anual. Y así se llega a nuestros días en los que la llamada Comisión internacional de los Pirineos, con representantes de los dos Estados, continúa reevaluando la renta que desde 1984 se eleva a 300.000 francos nuevos anuales; cantidad que se calcula con una fórmula matemática que determina la renta anual en relación a las fluctuaciones del valor de las monedas.
Para concluir sólo nos resta por añadir que, dado el rigor de esta obra, la novedad de sus conclusiones, y el profundo estudio que desarrolla en el tema propuesto, será punto de referencia obligado para todos aquellos doctos o curiosos en la materia que quieran aproximarse al conflicto fronterizo de los Pirineos.

Gemma Tarodo Rodríguez

AYCART ORBEGOZO, José María, DE ARVIZU GALARRAGA, Fernando, CELAYA IBARRA, Adrián, MONREAL ZÍA, Gregorio, et alii, Jornadas sobre el estado de la cuestión del Derecho Histórico de Eukal Herria (Editorial Instituto de Derecho Histórico de Euskal Herria, Universidad del País Vasco, San Sebastián, 1996), 636 págs.

En 1931, hace ya casi setenta años, Bonifacio Echegaray manifestó la necesidad de la creación de un Instituto de Derecho Vasco, organismo dedicado al estudio de las Instituciones y normas de Derecho vasco y que llenara de contenido las palabras de Salvador de Madariaga sobre la importancia que culturalmente tiene el conocimiento de "nuestra arqueología política" y de Guillermo Ferrero que señalaba que una buena educación ciudadana implicaba una familiaridad con las instituciones y las normas que constituyen el substrato común de un pueblo durante al menos mil años.

Hasta ahora ese deseo no había podido ser hecho realidad y es, con el inicio de las Jornadas sobre el estado de la cuestión del derecho histórico de Euskal Herria, cuando se presenta el Instituto de Derecho Histórico de Euskal Herria Herriko Zuzenbidearen Historia Instituta, cuya creación fue propuesta a la Facultad de Derecho el 9 de diciembre de 1980, acompañada del Reglamento para ser tramitado y cuya erección fue aprobada en la Junta de Gobierno de la Universidad del País Vasco el 30 de abril de 1981. Los objetivos del Instituto eran, entre otros, los siguientes: 1º) Creación de una biblioteca especializada en Derecho Histórico y autonómico al servicio de particulares e instituciones; 2º) Diseño y ejecución de planes concretos de investigación sobre el Derecho Histórico de Euskal Herria; 3º) Participación en publicaciones directa o indirectamente relacionadas con el territorio; 4º) Formación de personal investigador; 5º) Promoción de reuniones científicas, congresos, coloquios, simposios; 6º) Realización de programas de doctorado, seminarios, conferencias; 7º) Elaboración de dictámenes e informes.

Surgió entonces la idea de dedicar unas Jornadas al conocimiento e investigaciones sobre el Derecho del territorio de Euskadi.

Entrando en el objeto de este comentario, destacaríamos en primer lugar su estructura y orden de acuerdo a estos ejes temáticos: Descripción y evaluación de la Bibliografía sobre derecho histórico por orden cronológico, efectuando valoraciones de obras y autores con indicación de las áreas mejor atendidas; señalamiento de lagunas; propuesta de futuras líneas de investigación con indicación de prioridades y de tiempos, de modo que pueda crearse un programa de investigación. Dentro de cada bloque se exponen los objetivos señalados en el programa referentes al derecho histórico público y privado separadamente a excepción de Iparralde.

Fernando de Arvizu Galarraga, Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de León, estudioso del tema y con numerosas publicaciones en su haber tales como "Reino de Navarra", "Cortes de Navarra en la Edad Moderna", "Sanción y publicación de leyes en el Reino de Navarra" etc., y autor también de estudios sobre las Instituciones de España y Las Indias, "Especialidades procesales de la Recopilación Indiana", "El Consejo Real de España en las Indias", etc., y en derecho privado, "La disposición mortis causa en el derecho español de la Alta Edad Media" (que constituyó su tesis doctoral), "La desheredación por cinco sueldos en el derecho altomedieval de Aragón y Navarra", etc., firma la colaboración que aporta a esta obra bajo el tema "Consideración crítica de la Bibliografía Histórico jurídica de Álava". Comienza dando cuenta de los textos publicados, en los siguientes apartados:

1º) Edición de textos, 2º) franquezas y libertades, 3º) organización política y administrativa, 4º) clases sociales, y 5º) conclusión. Analiza a continuación la bibliografía por materias tales como desamortización, diputación, Fueros-leyes, etc., facilitando enormemente la labor de cualquier interesado que conocerá con sólo ojear esta colaboración del profesor Arvizu cuales son los documentos publicados en la materia objeto de búsqueda.

Con el tema "Bibliografía sobre el Derecho Privado de Álava", Manuel Uriarte Zulueta, abogado del Estado, y a quien echamos de menos entre los ponentes por no figurar en la presentación junto a los demás colaboradores, analizó la situación considerándola más compleja en esta provincia de Álava que en las otras dos provincias vascas del Estado español, ya que en ella se aplican tres regímenes jurídicos diferentes: el de la capital y mayoría de la provincia con el derecho común, en Llodio y Aramayona con el Fuero de Vizcaya, y en un tercer territorio, el más característico de Álava, rigen las normas derivadas del antiguo Fuero de Ayala. Describe a continuación la situación anterior a la introducción del Derecho castellano, y finaliza indicando la bibliografía existente sobre el derecho privado de Álava. Se inserta en las actas un interesante debate sobre ambas ponencias.

Adentrándonos en la sección dedicada a Vizcaya, intervino el catedrático de Historia del Derecho de la Universidad Pública de Navarra, Gregorio Monreal Zía, investigador concienzudo preferentemente entregado al estudio de esta provincia con obras como "Las instituciones públicas del Señorío de Vizcaya hasta el siglo XVIII", "El Señorío de Vizcaya, origen y naturaleza jurídica", "Anotaciones sobre la edición crítica del Fuero de Vizcaya", "Algunos problemas de las Instituciones públicas de Vizcaya en la Edad Moderna", "Anotaciones sobre el pensamiento político tradicional vasco en el siglo XIV", "El derecho Vasco y su originalidad". Publica la historiografía jurídica e institucional de Vizcaya con un extenso sumario que divide en tres apartados muy diferenciados entre sí: en primer lugar las cuestiones previas en derecho, analizando la historiografía del Derecho público foral vizcaino y entre otros el carácter de la literatura histórico foral y el interés actual de la historia del Derecho público vasco, para abordar luego los instrumentos de trabajo con que ha de contar el historiador, entre otros: Catálogos, Guías de archivos, publicaciones de cuerpos legislativos, historiografías, etc., finalizando su colaboración con los campos temáticos de la historiografía jurídica e institucional de nuestro siglo, aportando como colofón a este magnífico trabajo de investigación una extensísima bibliografía citada.

Adrián Celaya Ibarra, catedrático emérito de la Facultad de Derecho de Deusto, fue el primer profesor en la cátedra de Derecho Foral y Autonómico Vasco, miembro de la Comisión para el estudio de la implantación de un régimen administrativo especial para Guipúzcoa y Vizcaya, miembro de la Comisión que elaboró el Proyecto de Ley Civil Foral del País Vasco. Debemos citar entre sus obras "Vizcaya y su Fuero Civil", "Compilación de Vizcaya y Álava", "La decadencia del régimen Foral y de los derechos históricos", "Derecho Civil Vasco", etc., y ponencias como "Proyecto de reforma de la Compilación de Derecho Civil de Vizcaya y Álava".

Realiza su estudio acerca del derecho civil de Vizcaya, diferenciando temporalmente la evolución sufrida por éste en primer lugar hasta que se inicia el movimiento codificador, describiendo que, desde el Fuero de 1526 y hasta la Compilación de 1959, no se dicta en materia civil más que lo contenido en la Concordia de 1630 y argumentando que "cuando el derecho no evoluciona y se detiene puede estar en plena decadencia". Su estudio prosigue bajo la Compilación, después de la publicación del Código Civil de 1889, con la Compilación iniciada a raíz del Congreso de Derecho civil celebrado en Zaragoza en el año 1946 y bajo la Constitución de 1978, para finalizar su colaboración con un estudio sobre las lagunas encontradas en el derecho civil vizcaíno y las propuestas para futuras investigaciones.

Debemos a Santiago Larrazábal Basañez, a quien también echamos de menos en la lista de ponentes, el interesantísimo comentario sobre el art. 10 de la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco. Respecto al citado art. 10 plantea, aquí de entrada, dos interrogantes claves: ¿tiene competencia el legislador vasco para extender la aplicación del derecho civil foral a los municipios vizcaínos en los que actualmente se aplica el derecho civil común? En caso de respuesta afirmativa, sugiere otra cuestión más, ¿qué consecuencias tiene la aplicación del artículo 10? Para dar contestación considera el autor indispensable referirse al artículo 149.1.8º de la Constitución española, donde se enumeran esas competencias exclusivas del Estado, apareciendo entre ellas la referente a legislación civil, dejando en manos de las Comunidades Autónomas la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles, forales o especiales.

Menciona también la regulación estatutaria del artículo 105 de Estatuto de Guernika en donde se establece que la Comunidad Autónoma vasca tiene competencia exclusiva en "Conservación, modificación, y desarrollo del derecho civil foral, así como en la fijación del ámbito territorial de su vigencia". Concluye el profesor Larrazábal diciendo que "está claro que la Comunidad Autónoma vasca tiene competencia para fijar el ámbito de aplicación del derecho civil foral" (p. 140) y también "para extender el ámbito a la zona no aforada de Bizkaia" (p. 145).

Le llega ahora el turno a Navarra; esta vez es el profesor Joaquín Salcedo Izu, catedrático de Historia del Derecho de y de las Instituciones de la Universidad de Navarra, estudioso e investigador de esta región con mucho trabajos publicados, entre los que destacamos: "Contrafueros y reparto de agravios", "Historia de la Sobrecarta de Navarra", "El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI", "La Diputación del Reino de Navarra", quien presenta a esta obra su colaboración denominada "Aproximación al Estado de la cuestión bibliográfica del Derecho Público Histórico de Navarra". Resalta la dificultad de aglutinar la extensa y dispersa bibliografía de esta región; consecuentemente, el alcance que trata, por tanto, de otorgar a su trabajo, es el de mera aproximación de fondo bibliográfico. Da cuenta seguidamente de catálogos, textos jurídicos, trabajos, etc., superando las 650 obras citadas en bibliografía.
Francisco Salinas Quijada es autor de 18 libros, y la relación de sus obras escritas comprende 706 títulos, de los cuales hasta 474 están dedicados a materias de derecho foral navarro y temas de divulgación foral y ha sido galardonado con el Premio de la sección Foral de Derecho otorgado por el Patronato Olave de Navarra a su tesis doctoral "El Padre de huérfanos de Navarra". Es miembro de la Comisión Compilatoria de Derecho Civil de Navarra, del Consejo de estudios de Derecho aragonés, abogado asesor de la Diputación Foral de Navarra y de la Caja de Ahorros, y colaborador del Anteproyecto del Fuero Recopilado de Navarra y del Proyecto del mismo. Sigue la línea de sus antecesores en esta obra ofreciendo en el Anexo una extensísima bibliografía del derecho civil foral de Navarra por orden cronológico de publicación y conteniendo en una introducción previa una descripción y evaluación de la misma, un estudio sobre áreas o cuestiones mejor atendidas, lagunas y propuestas de líneas de investigación.

Maïté Lafourcade, catedrática de Historia del Derecho en la Facultad pluridisciplinar de Bayonne, de la Universidad de Pau et pays de l´Adour, especialista en Historia del Derecho vasco continental ha trabajado en temas como "Matrimonio en Labourd bajo el Antiguo Régimen", "La transmisión jurídica de la casa vasca bajo el Antiguo Régimen", "Las Instituciones jurídicas del País de Labourd", etc. Publica en esta obra su colaboración sobre "Bibliografía. Derecho Público y Privado de Iparralde". Insertando una amplia relación de trabajos presentados por orden cronológico, y en los que menciona expresamente la satisfacción que experimenta por la creación del Instituto Vasco.

En el apartado dedicado a Guipúzcoa, es José Luis Orella Unzue, profesor titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad del País Vasco y catedrático de Historia Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto en San Sebastián, el que aporta un artículo de colaboración. El autor, especialista en derecho municipal, tiene entre sus obras títulos como "Régimen municipal de Guipúzcoa hasta la constitución definitiva de la Hermandad y el nacimiento de la Diputación", "El Régimen municipal de Vizcaya de los siglos XIII y XIV", trabajos como "El Derecho territorial guipuzcoano según las ordenanzas de 1583", "El modelo riojano alavés de fueros francos y su difusión en Guipúzcoa", etc. Bajo el tema "Derecho Público de Guipúzcoa", no sigue un orden alfabético sino cronológico, en el que aparecen obras desde el siglo XVI, XVII, XVIII, y XIX, apareciendo luego otras con los epígrafes siguientes, "anteriores a la guerra civil", "durante el franquismo" y "desde la transición hasta nuestros días".

Analiza el autor las Instituciones públicas de Guipúzcoa, Hermandad y provincia y Guipúzcoa en la Hermandad general. También estructurado cronológicamente describe en primer lugar a la Hermandad General Castellana, anterior a los Reyes Católicos, en segundo lugar la Santa Hermandad de los Reyes Católicos, con posterioridad la Hermandad castellana tras la supresión de 1496-1498, para contraponer seguidamente las Instituciones de la Hermandad Guipuzcoana, sus objetivos, miembros, competencias etc., y acto seguido las instituciones en el Libro de los Bollones, y en las Ordenanzas de 1519 y de 1529, las Instituciones hasta 1700, la obra de Joseph Antonio de Azcue, la evolución del Derecho público en tiempo de Larramendi, el libro de Bernabé Antonio de Egaña (fallecido en 1804), "Instituciones y colecciones histórico-legales pertenecientes al gobierno municipal, fueros, privilegios y excepciones de la M.N y M.L. Provincia de Guipuzcoa", sobre el que se ha hecho una edición reciente a cargo del tristemente desaparecido Luis Miguel Díez de Salazar y Fernández y de María Rosa Ayerbe Iríbar, el derecho guipuzcoano en los albores del nacionalismo, desde la supresión foral hasta el estatuto republicano, el derecho guipuzcoano según los juristas en el exilio, durante el franquismo, para finalizar su trabajo de investigación con el derecho guipuzcoano desde la transición.

Concluyendo, destacaríamos la importancia y el gran acierto que sin duda ha supuesto la publicación de este volumen, compendio de toda la bibliografía existente del tema, que se hallaba anteriormente dispersa, y que, gracias a todos los colaboradores que tan arduamente han trabajado, servirá de gran ayuda a cuantos precisen información y fuentes de las instituciones y normas del derecho vasco y de sus diversos territorios históricos.

Gemma Tarodo Rodríguez

BETANCOURT, Fernando, El libro anónimo 'de interdictis'. Codex Vaticanus Latinus Nº 5766 (Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 1997), 738 págs.

El tema central de este voluminoso libro está constituido por los textos de los Fragmenta Vaticana signados con los números 90 a 93, que en esa fuente vienen referidos como pertenecientes a una obra sobre los interdictos (de interdictis), cuya autoría, empero, no es cierta y ha dado origen a una variedad de opiniones entre los romanistas. Con esta ocasión, no obstante, el A. siente la necesidad de revisar lo conocido sobre el códice que conserva la fuente jurídica a que pertenecen esos textos, proveniente del Monasterio de San Columbano en Bobbio, Italia, descubierto en 1821 por el Cardenal Angelo Mai en la Biblioteca Vaticana y registrado ahí como Codex Vaticanus Latinus Nº 5766, de donde el nombre usual.

La obra aparece dividida en dos partes. La primera se refiere a la controversia sobre el autor del de interdictis de FV. 90-93 y contiene los cuatro primeros capítulos. Primeramente, se trata del status quaestionis, en donde el A. examina prácticamente de un modo exhaustivo, las opiniones hasta ahora vertidas y que han oscilado en atribuir la autoría del tratado a principalmente a Venuleyo y a Arriano, quienes escribieron sendos tratados de interdictis, pero también a Paulo o Ulpiano o a declararla incierta, desconocida y también anónima, aparte otras opiniones menos extendidas. El cap. 2º contiene la crítica del A. a las opiniones precedentemente vertidas. Los capítulos 3º y 4º analizan el Codex Vaticanus Latinus Nº 5766 desde el punto de vista palingenésico y codicológico respectivamente y es aquí que este libro de hecho contiene otro (pp. 129-519), más extenso que su tema central, constituido por una suerte de extenso estudio sobre el soporte físico de los FV., que el A. examinó personalmente en la Biblioteca Vaticana por lo demás. La conclusión final de aquél es que el compilador de los FV. empleó una obra anónima de interdictis y que el autor de esta última debió de ser algún personaje de la Cancillería de Constantino (emp. 306-337), que sería el mismo que redactó las constituciones imperiales trasmitidas por FV. 34 y CI. 7.32.10, del 313 y 314 respectivamente, fundado para semejante inferencia en la unidad estilística de los textos y en el empleo común de la teoría de la possessio iuris; la obra, añade, pudo haber sido escrita hacia el 280 y el aludido personaje haber sido discípulo de un discípulo de Ulpiano o Paulo.

La segunda parte es un estudio de la estructura y el contenido del anónimo de interdictis contenido en FV. 90-94, desarrollado en los 3 capítulos siguientes, sobre la base de cada uno de esos cuatro fragmentos conservados. Constituye, pues, la parte dogmático-crítica del libro, en cuanto se refiere ya al derecho interdictal expuesto en esos textos, que el A. examina a la luz del resto de las fuentes pertinentes a cada punto.
Como se ve, trátase este de un libro complejo y rico de informaciones de todo tipo, de sugerencias y de conclusiones. El podrá interesar al especialista en diversos campos, atendida la multiplicidad de temas tratados y la variedad de puntos de vistas y de enfoques adoptados.

A. G.

Boletín de la Academia Chilena de la Historia 106 (1996)

Del índice: M. Salvat Monguillot, Cuestiones relativas al prólogo de las "Noticias Secretas de América"; J. M. Barros Franco, Acerca del primer escudo de Chile, I. Jiméñez de Acuña, La expedición de los hermanos Nodal (1618-1619); B. Bravo Lira, A.E.I.O.U., La Casa de Austria en el Viejo y en el Nuevo Mundo. Dimensión universal del milenio de Austria (996-1996); I. Cruz de Amenábar-T. Zaldívar Peralta, El trazado fronterizo de la caricatura. Confrontación y cohesión en el proceso limítrofe chileno; S. Lorenzo Schiaffino, Efectos de la fundación de ciudades de españoles en los pueblos de indios: los casos de Melipilla y Rancagua; S. Vergara Quiroz, El liberalismo temprano: legislación minera en Chile (1818-1855); M. A. León León, "Imágenes perennes". Aproximaciones al retrato mortuorio en Chile. Siglos XIX y XX; R. D. Crozier, William Bollaert, explorador y publicista.
Junta pública celebrada el 7 de mayo de 1996 para recibir al Académico de número D. Juan Eduardo Vargas Cariola: J. E. Vargas Cariola, El teatro de la Victoria: un espacio de sociabilidad en Valparaíso durante el siglo XIX (1844-1878).

Junta pública celebrada el 28 de noviembre de 1996 para recibir al Academico de número D. Alvaro Jara Hantke: A. Jara, Cuantificación en el desarrollo económico del mundo colonial hispanoamericano.

Red.

BUSTELO, Ana G., Dies incertus I (Cuadernos Compostelanos de Derecho Romano, Nº 8, Univ. de Santiago de Compostela, 1996), 197 págs.

En el lenguaje jurídico moderno distinguimos la condición y el plazo, como figuras opuestas; pero en el lenguaje de los juristas clásicos, la terminología es más compleja, pues aquéllos hablaban de condicio, dies certus y dies incertus, lo que ha creado el problema de fijar el significado de esas expresiones y, sobre todo, de determinar el valor del dies incertus, atendido a que su incertidumbre puede referirse a si llegará o no (incertus an), y a cuándo llegará (incertus quando). La doctrina se ha dividido y a examinar el asunto va dedicada esta acuciosa y seria monografía de la profesora Ana G. Bustelo, de la Universidad de Santiago de Compostela.

El trabajo contiene una introducción en que se plantea el tema, y una parte dedicada al dies incertus en el contexto de los demás elementos accidentales; parte que se desglosa en tres puntos, concernientes a la terminología (i) pure, in diem y sub condicione; (ii) dies y condicio; y (iii) dies incertus, dies certus y condicio; más (iv) unas conclusiones.

De estas ultimas, las centrales son las siguientes: (i) las expresiones in diem y ex die son sinónimas para aludir siempre al término final (dies certus), o sea al que nosotros llamamos plazo suspensivo; y se oponen a condicio; (ii) el dies incertus equivale a condicio, salvo en un sospechoso pasaje de Pomponio (D. 12.6.16.1), en que aparecen como opuestos. El análisis de los textos correspondientes, conducido con adecuada y prudente crítica y con pleno conocimiento del estado de los temas, avalan a nuestro juicio estas conclusiones.

Esperamos con interés la aparición de la segunda parte de este importante trabajo.

A. G.

Cuadernos de Historia 7 (Córdoba, 1997)

Del índice: Roberlo I. Peña, La biblioteca del obispo de la diócesis de Córdoba del Tucumán Dr. Rodrigo Antonio de Orellana (1810); Olsen A. Ghirardi, La Constitución de los Atenienses. Los obstáculos contra la corrupción; Nelson C. Dellaferrera, Hombres que gravitaron en nuestra historia: alumnos del Real Colegio Seminario de Nuestra Señora de Loreto (1795-1832); Marcela Aspell de Yanzi Ferreira, Las lecturas prohibidas en Córdoba del Tucumán. Siglos XVII y XVIII; Ramón Pedro Yanzi Ferreira, La aplicación del estado de sitio en la República Argentina entre 1905 y 1910; Haydée B. Bernhardt Claude, Notas acerca de los jueces cuadrilleros en Córdoba y la designación peculiar de dichas función efectuada en el siglo XIX; Mario Carlos Vivas, José Eugenio del Portillo: abogado y político cordobés; Gustavo Sarría, El doctor Jerónimo Cortés; Roberto Peña, Genio y figura de Córdoba: el siglo XVII.

Red.

Cuadernos Informativos de Derecho Histórico Público, Procesal y de la Navegación 19-20 (Barcelona 1996).

Del índice:
Sección de historia y teoría general del constitucionalismo: Vasile Gionea, Limites de la séparation des autorités dans la consolidation de l'état de droit (p. 5043-60); Edward Collins Jr.-Eizens Pauls Silins, Government-in-Exile caused by Coup d'état involving illegal foreign intervention: the case of President Makarios of Cyprus (p. 5061-88) Vasile Gionea, Les libertés et le pluralisme politique (p. 5089-5104).

Derecho público histórico: Gérard D. Guyon, La révolution française, de l'utopie pénale à la demonstration totalitaire (p. 5107-36); Charles W. Kegley Jr.-Gregory A. Raymond, Conflict and Commitment in the Nineteenth Century European Balance of Power System (p. 5137-50); Charles J.Helm, Realignment Theory and the 1994 Midterm Elections (p. 5151-74).

Filosofía política e historia del pensamiento jurídico-público: Patricia Zambrana Moral, Una importante iniciativa científica de edición de las obras de Alfredo Brañas (p. 5177-87).

Sección de filosofía jurídica y de teoría de los derechos fundamentales: Alfredo Rodríguez García, Derecho y moral (p. 5191-5252); Zenon Bankowski, ¿Positivismo jurídico institucional? (p. 5253-74); José Calvo González, Positivismo jurídico institucional. Addenda bibliográfica 1993-1996 (p. 5275-76).

Sección de derecho romano: Daniele Capanelli, Appunti su economia iberica e strategia romana (I sec.a.Cr.-III sec.d.Cr.) (p. 5279-5307); Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, La venta de cosa ajena en derecho romano y derecho medieval español (p. 5309-25); Maximilian Klein, Die Rekuperatorische Funktion des Interdiktums uti possidetis (p. 5327-37); Rafael Chávez-Beardo, Introducción a la problemática del senadoconsulto de Gneo Pisone Patre (p. 5339-47); Esther Domínguez López, Commodare y utendum dare en las comedias de Plauto (p.5349-60); Belén Malavé Osuna, C.Th.15,1 y la interdicción de obra nueva, respecto a los edificios públicos (p. 5361-95); Joseph Denoyez, El senadoconsulto juvenciano (p. 5397-5438).

Sección de Ciencia jurídico-pública y literatura jurídica histórica de derecho público y procesal: Manuel J. Peláez-Concepción Serrano Alcaide, Jaime Guasp Delgado vs Leonardo Prieto Castro. La cátedra de Derecho procesal de la Universidad Central (1943-1944) (2ª parte) (p. 5441-90). Sección de fundamentación filosófica del derecho privado: María Isabel Lorca Martín de Villodres, Las normas materiales imperativas en el convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales (p. 5493-5530).
Sección de jubilaciones legales, necrologías, homenajes y centenarios: Patricia Zambrano Moral, El epistolario (1929-1936) de Angel Ossorio y Gallardo con los ministros, jefes de gobierno y presidentes de la segunda república (1ª parte) (p. 5533-99).

Sección de réplicas y discusiones doctrinales: Patricia Zambrano Moral-Jean Louis Hague Roma, Fernando de los Ríos y Jean Auguste Brutails (p. 5603-28); Patricia Zambrano Moral, Antonio Millán Puelles, Alfredo Rodríguez García y Leonardo Polo Barrena (Derecho, ética y moral) (p. 5629-69).

Red.

D'Ors, Alvaro, Parerga histórica (Pamplona, Eunsa, 1997), 361 págs.

Una nueva colectánea de artículos escritos por el eminente jurista español en diferentes tiempos y publicados en sedes variadas, viene a enriquecer la serie de sus escritos reunidos, que, si no me equivoco, se remonta a su De la guerra y de la paz (1954) y sigue así: Papeles del oficio universitario (1961); Escritos varios sobre el derecho en crisis (1973); Ensayos de teoría política (1979); Nuevos papeles del oficio universitario (1980). La existencia de esta serie no excluye lo deseable que es contar con la edición de toda la producción científica de d'Ors, cuya mole es comprensible que atemorice a cualquier editor, pero cuya calidad superior y originalidad debería servir para animarlo.

En esta ocasión, dos temas centrales han servido para agrupar 20 artículos: Método e instituciones.
Al primero pertenecen: Verdad y método; Objetividad y Verdad histórica; "La letra mata, el espíritu vivifica"; Para una metahistoria jurídica: La incidencia institucional en la historia de textos jurídicos; Comunicación y humanidades; Singularidad intelectual del jurista y "cosmos casuístico" en el estudio actual del derecho romano; Personas-cosas-acciones en la experiencia jurídica romana; Homóclisis. Congruencia y tiempo histórico; y Derecho y ley en la experiencia europea desde una perspectiva romana.

Al segundo: Auctoritas-Authentia-Authenticum; Sobre hechizo de cosechas en las XII Tablas; "Sacra cum pecunia" (Sobre Cic., de leg. 2,19-21); Indecencia y polución (Sobre CTh. 7,1,13); Los transmarini negotiatores (Sobre LV. 11,3,1-4); El acueducto forzoso; El arbitraje jurídico; La crisis de la represión penal; El problema de la paz; y La función de la propiedad en la historia del ordenamiento civil. Precede un prefacio y al final se presenta un útil índice de tópicos selectos.

A.G.

ESCUDERO, José Antonio, Los cambios ministeriales a fines del Antiguo Régimen, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, 191 pp. + 1 cuadro sinóptico.

Es conocida la importancia que el profesor José Antonio Escudero tiene dentro del estudio de las Instituciones de Derecho Público de la España Moderna y Contemporánea (sólo siglo XIX), razón por la que ha recibido el Premio Nacional de Historia de España y el Premio Nacional de Literatura, aparte de ser la abeja reina que ha querochado el paisaje español de discípulos y de trabajos, todos ellos valiosísimos (lamentablemente casi ninguno de Historia del Derecho Civil y Mercantil). En 1980 el servicio de publicaciones de la Universidad de Sevilla editó la obra que ahora, en 1997, publica el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (siendo subdirector actual del mismo Feliciano Barrios). La obra ha aparecido en esta ocasión en su versión original, sin que a la misma haya visto conveniente el autor añadir ningún complemento bibliográfico (aunque los hay, y del propio Escudero incluso) que modifique en lo más mínimo lo salido de los tórculos de la Hispalense en 1980. Una obra tan acabada, un clásico en su género que proviene de uno de los más grandes maestros de la iushistoriografía española, tiene que republicarse tal y como fue escrita, pues ya en su día era importante. Por lo tanto, aprovechamos la ocasión para agradecer al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el facilitarnos el manejo de un libro agotado de tanta calidad, de un autor apasionado por el estudio de las leyes que, en símil -hasta cierto punto ofensivo para mi sensibilidad femenina- de Rafael Gibert y Sánchez de la Vega, al estar derogadas, los iushistoriadores (y también las iushistoriadoras, que cada vez somos más) nos encargamos de rescatar de la papelera para analizarlas y glosarlas.

Se trata de una obra que procede al examen, con excelente rigor científico, de la alternancia ministerial que aconteció en España entre julio de 1787 y abril de 1790 y que es digna de alabanza por el interesante apéndice documental que la acompaña, el cual facilita enormemente la comprensión de la situación ministerial en España durante el bienio anteriormente indicado.

Divide Escudero su libro en tres capítulos históricos: los cambios ministeriales desde la supresión de la Junta de Estado, los operados desde la abdicación de Carlos IV y los llevados a cabo a partir de la Constitución de Cádiz. Esto hace que la visión que se nos da de las modificaciones que se produjeron en la administración central española sea clara, precisa y muy asequible.

A partir de la supresión de la Junta Suprema de Estado, describe Escudero la incorporación de Aranda al Ministerio de Estado (junto a Campo-Alange, Valdés, Gardoqui y Porlier en los restantes ministerios) para luego ser sustituido en 1792 por Godoy. Recoge el autor los diferentes equipos ministeriales que estuvieron presididos por Godoy hasta que éste fue relevado de su cargo al frente del gabinete debido a los recelos que nacieron en Carlos IV a consecuencia de una carta de Godoy a Jovellanos (pp. 34-35).

Se detiene el autor dentro de esta etapa en el análisis de las modificaciones ministeriales acontecidas en los años en que Saavedra y Jovellanos se ocuparon del Ministerio de Estado y Hacienda el primero, y la Secretaría de Estado y el Ministerio de Gracia y Justicia el segundo. Igualmente, analiza el equipo ministerial que en 1800 se ocupó de los cincos departamentos existentes y la influencia que en el mismo tuvo el nombramiento de Luciano Bonaparte como embajador de Madrid.

A partir de la abdicación de Carlos IV, es relevante la situación de Pedro Ceballos, familiar de Godoy, y -en consecuencia- afectado por la destitución del mismo, a pesar de la ratificación que del nombramiento de todos los ministros hizo Fernando VII al producirse la abdicación de su padre, Carlos IV.

La trayectoria de Garay le permite a Escudero afirmar que «el interino desplazado cuando se nombró a Saavedra no fue Rivero sino Garay. Esto es seguro» (pp. 64-65). Considera J. A. Escudero que es imposible, habiendo sido sustituido Garay por Rivero en la interinidad del Estado, volviese a sustituir a éste en el mismo puesto días después. Por ello la teoría que Escudero mantiene es que Garay no dejó de ser Ministro interino de Estado hasta la designación de Saavedra.

En cuanto a los cambios ministeriales que se produjeron a partir de la aprobación de la Constitución de Cádiz en 1812, podemos ver cómo el autor se detiene en la regulación que el articulado de dicha Constitución realiza sobre los Secretarios de Estado y del Despacho; para ello analiza los artículos 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 y 230 de la misma. Se restablecen allí los siete ministerios (Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra, Marina, Gobernación del reino para la península e islas adyacentes y Gobernación del reino para Ultramar) y los requisitos necesarios para ser titular de los mismos. Asimismo es altamente aleccionadora la regulación que sobre la responsabilidad de los Secretarios del Despacho se hace en dicha norma.

Comenta el autor el Decreto de 6 de abril de 1812 en el que se fijaron las competencias de cada uno de los departamentos ministeriales anteriormente expuestos, así como los cinco decretos publicados el 10 de abril de 1814 mediante los cuales quedaron organizados los Ministerios de Gracia y Justicia, Hacienda, Marina y los dos de Gobernación.

La presente fue in utroque loco et tempore una obra sugerente y nada embolismática, con un apéndice que transcribe documentos de gran interés y utilidad. El libro está elaborado con un gran rigor técnico y archivístico. Quizás se le eche en falta la construcción doctrinal de Derecho comparado (de bibliografía francesa o prusiana, ya que los prusianos perfilaron la verdadera organización administrativa de un Estado contemporáneo) que se podía haber puesto en relación con las instituciones nacionales hispánicas, al tratarse del trabajo de un jurista, no de un historiador general. De todas maneras, y hecha esta salvedad (para otra ocasión nos reservamos algunas puntualizaciones más, no sólo de matiz, aunque el paisaje científico que comentamos no está ensombrecido; sólo es posible en algún punto embonarlo, aun cuando no sea yo la adecuada para hacerlo y tal vez manifieste un atrevimiento algo impropio por mi parte al insinuarlo), nos encontramos ante un libro excelente; prueba de ello es que diecisiete años después de haber sido publicado por primera vez, un centro tan importante, como lo es el de Estudios Políticos y Constitucionales, se haya decidido a reeditarlo sin que haya sido necesario realizar ninguna modificación al texto original que en su día fue publicado por la Universidad hispalense.

Elena Martínez Barrios

Estatuto de Poljica. Codificación medieval del principado croata de Poljica. Traducción y comentario de Bozidar Latkovic (Instituto Croata Latinoamericano de Cultura, Studia Croatica, Buenos Aires 1995) 115 págs.

Poljica es una comarca que se encuentra en Croacia, en la costa del mar Adriático. Fue comarca autónoma hasta las guerras napoleónicas; después de la derrota de Francia, quedó bajo el dominio de Austria hasta la primera guerra mundial sin recuperar su organización político-administrativa anterior. Terminada la guerra, siguió la suerte de otras tierras croatas dentro de la ex-Yugoslavia, no volviendo nunca más a ser un ente autónomo como lo fue durante nueve siglos.

El Estatuto de Poljica data de 1440, siendo el segundo documento jurídico croata más antiguo redactado en lengua nacional; le prece la Ley de Vinodol de 1288 igualmente en croata -traducida el español por el profesor Latkovic-. La publicación del Estatuto se hizo el siglo pasado (1859, 1890), pero el interés sobre este cuerpo legal creció desde 1960 cuando el ruso M.P.Aleksejev publicó Las fuentes eslavas de la Utopía de Tomás Moro, estudio en el que sostuvo que la organización socio-económica y política de Poljica habría sido uno de los ejemplos en los que Tomás Moro se habría inspirado para escribir su famosa Utopia (1516).

El editor, nacido en Croacia, profesor de la Universidad de Zagreb y radicado en Argentina desde 1947, ofrece la traducción castellana de este texto sobre la base del manuscrito más antiguo conocido, una copia de 1515 del original de 1440 que no se ha conservado; incluso, es probable que la data original del texto sea más antigua, cifrándola algunos hacia 1107. Se agrega igualmente la traducción castellana de las adiciones que se le fueron haciendo en los años sucesivos. Todo ello precedido de un estudio introductorio del editor y un prólogo de la profesora argentina Nelly Porro.

El Estatuto está compuesto de 116 normas, algunas con varios párrafos, más unas adiciones cuya data llega hasta 1725. A través de él es posible conocer la organización política, administrativa y judicial de los habitantes de esta comarca, como asimismo su vida cotidiana y la concepción que tenían de la justicia y la moral, cuyos principios tenían sus raíces, en parte, en la cultura primitiva de los eslavos. Historiadores que se han ocupado del tema consideran que, por la abundancia de sus normas, este Estatuto aventaja a los estatutos medievales de otros pueblos. Sería, además, el primer texto europeo en prohibir el abuso del derecho propio y uno de los primeros en contener normas sobre una suerte de referendum, es decir, como lo anota un historiador eslavo, "anticipa uno de los institutos básicos de la democracia directa moderna".

Es de agradecer al traductor y editor la labor de difusión que viene haciendo de estos textos cuyo acceso resulta muy difícil, en especial por la lengua en la que han sido redactados, la nacional croata.

C. S.

Fuentes para la historia urbana en el Reino de Chile. Tomo 1, autos de fundación de Quillota, Los Ángeles, San Felipe, Cauquenes, Talca, San Fernando, Melipilla, Rancagua, Curicó y Copiapó. Introducción y recopilación por Santiago Lorenzo Schiaffino (Academia Chilena de la Historia, Santiago 1995) 334 págs.

En 1986 la Academia Chilena de la Historia dio comienzo a la Serie de estudios y documentos para la historia de las ciudades del Reino de Chile que publica la Academia Chilena de la Historia en conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América. En el primer número de la serie se publicaron un conjunto de estudios que sobre las primeras ciudades del siglo XVI y las del siglo XVIII hacían académicos de número y correspondiente. El volumen que reseñamos es el segundo de la serie.

Tiene, sin embargo, un carácter diferente al primero, pues se publican en él los autos de fundación de las ciudades que enumera el subtítulo del libro. Según explica el recopilador en la introducción, bajo el término autos de fundación, se entendía en el siglo XVIII el conjunto de instrumentos jurídicos que se redactaban durante el proceso de erección de una ciudad o villa; como con frecuencia transcurría bastante tiempo antes de que la ciudad o villa estuviera plenamente fundada, tiempo durante el cual seguían redactándose instrumentos jurídicos, a todos ellos las fuentes daban la denominación de autos de fundación. En el presente volumen se incluyen los autos que el presidente José Antonio Manso de Velasco remitió al rey en 1745 para confirmación de las fundaciones consumadas durante su mandato, a los que se agregan los de la fundación de Quillota.

Dividido en diez capítulos, uno por ciudad, se incluye en cada uno de ellos los autos de fundación -entendidos en la forma indicada- de cada villa, ordenados cronológicamente y encabezados por la carta que el gobernador Manso de Velasco enviara al monarca, adjuntando los expedientes respectivos que resumen escuetamente lo ejecutado en cada caso. Al final de los autos de cada ciudad se incluye el dictamen del fiscal del Consejo de Indias y el parecer y acuerdo del mismo Consejo sobre los procedimientos utilizados en las fundaciones. Como lo pone de relieve el recopilador, «los autos de fundación reunidos en este tomo describen en detalle todos los pasos que marcan el nacimiento de cada una de las villas y ciudades seleccionadas, desde que se proyectan como tales hasta el inicio del asentamiento de los vecinos y del proceso de urbanización».

Complementan la obra un estudio introductorio del recopilador y el índice sistemático de documentos incluidos.
El profesor Santiago Lorenzo, autor de esta recopilación, es quizá el mejor especialista en nuestra patria sobre el tema; a él le debemos el mejor estudio que se ha publicado en Chile sobre las fundaciones de ciudades del siglo XVIII (Origen de las ciudades chilenas. Las fundaciones del siglo XVIII, 2ed., Santiago 1986). Es, pues, de agradecer el esfuerzo que ha debido hacer para poner a nuestro alcance estos documentos que, como él mismo señala, nos permiten adquirir un adecuado conocimiento acerca de los orígenes de las ciudades chilenas y lograr una mayor comprensión del legado urbano de España a Chile.

En la introducción el recopilador anuncia dos nuevos volúmenes referidos a nuestra historia urbana, cuyos títulos adelanta: Régimen legal de las fundaciones del siglo XVIII y los Informes de corregidores de Chile, 1755. Es de esperar que pronto podamos contar con ellos.

C. Salinas

GARCIA-HUIDOBRO, Joaquín, Naturaleza y política (Valparaíso, Edeval, 1997), 149 págs.

Se trata de una colección de varios escritos publicados en diferentes sedes y algunos inéditos, conectados, empero, por una línea temática, revelada por el título bajo el cual se los reunió, a saber la relación entre naturaleza y la política (mejor: la polis), aunque esa conexión es más tenue en los dos últimos trabajos. Desde otro punto de vista, estos trabajos pertenecen al ámbito de la historia de las ideas, aunque menos claramente, una vez más, el último. Tenemos así: Heráclito: razón y política; Antígona: el descubrimiento del límite; Naturaleza y virtud como fundamentos de la polis aristotélica; Crítica social y acción política en la Utopía de Tomás Moro; Naturaleza y política: el Discurso sobre la desigualdad de J. J. Rousseau; La filosofía política de Karl Popper; y La reconstitución del Estado.

Esta sola enumeración da cuenta de la amplitud de perspectivas de un libro que merece ser leído y considerado.

A. G.

GAUDEMET, Jean, Eglise et cité. Histoire du droit canonique (París 1994), 740 págs.

El Concilio Vaticano II, puso de relieve la condición de la Iglesia como "Pueblo de Dios". Es una comunidad de hombres que reconoce como fundador al mismo Dios encarnado y, por lo mismo, con una innegable dimensión divina que la hace diferente a cualquier otra comunidad de hombres; por eso es "de Dios". Pero es al mismo tiempo "pueblo" por lo que tiene una también innegable dimensión social. Es por lo que desde sus inicios la Iglesia ha debido generar normas que regularan el actuar y las relaciones de los fieles y de la jerarquía en cuanto dicho actuar y relaciones tienen una dimensión de justicia. Esta misma condición de "pueblo" ha hecho que la Iglesia, aunque de fundación divina, esté inmersa en la historia y comparta con los hombres su cultura y sus vicisitudes. Es por lo que las normas que ella ha generado han participado íntimamente de las peculiaridades de los tiempos; como expresión de la cultura de cada época, las normas de la Iglesia no han sido ajenas a las originalidades con que cada época ha marcado a su propio derecho.

Ahora bien, la Iglesia fue fundada por Cristo, segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, por lo que hay en la Iglesia elementos de derecho divino que, por su misma naturaleza, son inmutables, no cambian con el paso de los siglos. No obstante esto, también en estos elementos se da la dimensión de la historicidad, porque, aunque permaneciendo ellos inmutables, cambia con el paso de los siglos la comprensión que los hombres tenemos de aquellas verdades, profundizando progresivamente en ellas y arrancando las consecuencias jurídicas que de un tal conocimiento se derivan.

A lo anterior hemos de agregar otro dato: desde sus orígenes la Iglesia ha nacido con una innegable vocación de autonomía; independiente de las especiales circunstancias que se dieron durante los primeros años de su existencia histórica, la Iglesia se ha preocupado constantemente, con diversa intensidad y éxito, por mantener su autonomía respecto de las potestades terrenas. Pero la Iglesia es consciente que sus "fieles" son al mismo tiempo "ciudadanos", es decir, que las mismas personas están sujetas a dos potestades diversas, una terrena y otra espiritual; es por lo que siempre la Iglesia se ha preocupado de mantener relaciones con los poderes temporales como una manera de coordinar sus esfuerzos por hacer del ciudadano un hombre digno a los ojos de Dios.

De lo dicho hasta aquí tenemos no sólo que la Iglesia ha debido darse un derecho -como un elemento esencial a ella y no meramente accidental- y que dicho derecho ha ido cambiando con el correr de los siglos, sino, además que las mismas normas "de la Iglesia" no pueden entenderse sin una permanente referencia a las normas "de la ciudad". Es lo que aborda Gaudemet en esta nueva obra en la que presenta de manera completa la historia del derecho canónico. Se trata del derecho de la Iglesia "latina", "romana", aunque el autor no ignora que con el correr de los siglos han ido surgiendo otras iglesias que, separadas de Roma, viven de manera diferente la fe en Cristo; cuando es del caso, se hacen las referencias necesarias.

Pero el derecho de la Iglesia tiene una historia bimilenaria, un período demasiado amplio que requiere de una periodificación, tema en el cual no siempre los historiadores de los cánones han estado de acuerdo. La historia del derecho canónico no está separada de la historia de la Iglesia, y ésta no lo está respecto de la historia general, la de los hechos políticos, de las pulsiones sociales, de las corrientes intelectuales. Si la Iglesia ha estado en permanente relación con la historia de los hombres, los grandes momentos de ésta han sido también grandes momentos de la historia del derecho canónico. Pero es también evidente que estos grandes momentos no se sitúan siempre al mismo tiempo para las diversas instituciones: así, por ejemplo, la centralización romana o la vida de las parroquias tiene su propia historia y, por lo mismo, su propia periodificación. Las transformaciones, los cambios, los desarrollos son para algunas más rápidos y para otras más lentos, lo que dificulta una periodificación que convenga a todas por igual. Estas diferencias son las que han conducido a los historiadores a hacer opciones diferentes al momento de definir los grandes momentos de la historia del derecho de la Iglesia.

Gaudemet proporciona la propia: cuatro son los grandes períodos en que divide esta historia dos veces milenaria, períodos lo suficientemente largos como para poder seguir en cada uno de ellos "une tranche d'Histoire". Corresponden a grandes fases de la historia de Europa, de sus estructuras políticas, de sus modos de pensar, que han incidido profundamente en la vida de la Iglesia, de sus instituciones y de su derecho: i) los cinco primeros siglos, donde la Iglesia nace y se expande por el imperio romano; ii) la Alta Edad Media (s. VI-mitad del s. XI) que ve sucederse los reinos bárbaros, el imperio carolingio y el régimen feudal; iii) la época clásica (mitad s. XI-principios s. XVI), la edad de oro del derecho canónico; iv) los tiempos modernos (s. XVI-XX) que se abren con la reforma y el renacimiento y que después de dos siglos conocerán la crisis revolucionaria y el progreso de la indiferencia en un mundo cuyas dimensiones parecen reducirse ante los extraordinarios progresos de la técnica.

Cabría preguntarse si es oportuno un libro de esta naturaleza en un momento en que la Iglesia tiene un código moderno cuya vigencia apenas alcanza los quince años. Este mismo hecho ha dado origen a una literatura creciente que aborda el nuevo derecho canónico en una perspectiva esencialmente dogmática; quizá la novedad de este nuevo derecho así lo exija. Pero esta misma "novedad" puede hacer perder de vista que, aun cuando en el nuevo Código hay normas de nuevo cuño, muchas más son las normas que arrancan sus orígenes en el derecho anterior. Y aun las normas "novedosas" no pueden entenderse como una ruptura con el derecho anterior sino como un desarrollo de la experiencia jurídica adquirida con el correr de los siglos. No está de más recordar que la Iglesia, como toda sociedad, ha vivido momentos de esplendor y momentos de crisis, pero nunca ha conocido una "revolución" que implique una ruptura con el pasado. De esta continuidad su derecho y sus instituciones llevan la marca. De allí la necesidad -que no un lujo- de conocer la evolución de su derecho.

En algo más de setecientas páginas, Jean Gaudemet, con la autoridad que le es ampliamente conocida en el mundo de la canonística, nos adentra en la bimilenaria historia de los cánones de la Iglesia latina. Con un abundante aparato de notas, una bibliografía selecta para cada tema, y útiles índices, ilustraciones y una prosa amena, amén de una hermosa presentación, este libro deberá ser referencia permanente para quien desee abordar el tema.

C. Salinas

GAUTHIER, Albert, o.p., Le droit romain et son apport à l'edificaction du droit canonique (Faculte de droit canonique Université Saint Paul, Ottawa 1996), 169 págs.

Por disposiciones pontificias, las facultades de derecho canónico han de incluir en el plan de estudios conducente al grado de licenciado en derecho canónico un curso de "Instituciones de derecho romano". Esta exigencia, similar a la que existe en muchas facultades civiles, arranca del hecho que los prototipos de estas Instituciones, las de Gayo y Justiniano, han demostrado ser un notable instrumento pedagógico en la formación de un jurista. No es fácil, sin embargo, a un estudiante de cánones, abordar estas materias, especialmente si su formación ha sido teológica y no jurídica, con el consecuente cuestionamiento de la utilidad del estudio del derecho romano para quienes sólo se interesan por el derecho vigente de la Iglesia. Es cierto que la respuesta a esta objeción es fácil, pues, históricamente, el derecho canónico ha hecho un uso importante del derecho romano; pero queda presente el hecho que el lazo entre las fuentes romanas y los textos canónicos no resulta siempre evidente.

El libro que reseñamos trata de satisfacer esta última cuestión: mostrar a estudiantes de derecho canónico los nexos que hay entre numerosas instituciones canónicas, reguladas incluso en el moderno código de derecho canónico de 1983, con el derecho de Roma. Se trata, pues, de una introducción al derecho romano para estudiantes de derecho canónico; por lo mismo, no pretende sustituir un buen manual de derecho canónico, sino más bien de servir de complemento a los mismos para ayudar a los futuros canonistas a apreciar mejor cuáles son las instituciones romanas que han de examinarse más de cerca para evaluar mejor la deuda que el derecho canónico ha contraído con el romano.

La obra está dividida en siete capítulos dedicados, respectivamente, a algunas consideraciones históricas generales sobre ambos derechos (cap.1), el derecho y sus fuentes (cap.2), personas (cap.3), bienes (cap.4), obligaciones (cap.5), acto jurídico (cap.6) y procedimiento (cap.7). Complementan lo anterior cinco apéndices; en ellos se muestra una tabla comparativa de los títulos de las Decretales de Gregorio IX y los títulos del Corpus Iuris Civiles (ap.1), las Regula iuris del Liber Sextus (ap.2), las Regula iuris contenidas en las Decretales (ap.3), las fuentes de derecho romano en el Código de Cánones de las Iglesias Orientales (ap.4) y la tabla de fuentes jurídicas citadas en el texto (ap.5).

C. S.

GOYARD-FABRE, Simone, Les principes philosophiques du droit politique moderne (Presses Universitaires de France, París, 1997), 425 pp.

Para el estudio de la historia del Pensamiento Político Moderno la obra de la profesora Simone Goyard-Fabre se nos presenta como una descripción elegante de institutos jurídicos y políticos, tales como la centralización del poder, la soberanía, la legalidad y la legitimidad, el estado de derecho, las ideologías contrarrevolucionarias, los modelos federalistas y las perspectivas postmodernas de Jürgen Habermas.

En realidad, Simone Goyard-Fabre lo que está realizando es un paseo por la filosofía política de los grandes clásicos, como Aristóteles, Jean Bodin, N. Maquiavelo, Thomas Hobbes, E. Kant, Montesquieu, Samuel Pufendorf, J.G.F. Hegel, E.J. Sieyès, Alexis de Tocqueville, E. de Laboulaye, Carl Schmitt, el propio Habermas y Jean-Paul Sartre.

Se resalta en la obra la modernidad del Derecho Político, modernidad que incluso en nuestro país vecino, Francia, hemos de situarla a partir del asesinato de Enrique IV de Navarra, que fue rey de Francia de 1553 a 1610 y el primero de los Borbones de la monarquía gala. De todas maneras, todo ello no es óbice para que la autora examine en su obra algunas ideas relativas al poder y la autoridad en Guillermo de Ockam y en Marsilio de Padua en relación con su "Defensor Pacis" que apareció en París en 1324, aunque no se aluda al "Defensor Minor". Asimismo se detiene Goyard-Fabre en el estudio de la dimensión histórica que tiene el Derecho Político mediante el análisis de las estructuras jurídico-políticas del feudalismo, el absolutismo monárquico o el constitucionalismo contemporáneo.

Se establece en el libro una idea de Estado de Derecho que se basa en la combinación de los principios de orden y libertad; sin embargo, no avanza demasiado respecto a lo que se ha publicado sobre este tema en otras muchas sedes, ya que presenta dicho estado como garantía que limita su poder, distinguiéndose dos etapas en su formulación: Un primer periodo axiológico (Kant) que da a dicho Estado la función de proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos, teniendo que estar la libertad garantizada en la Constitución y siendo misión del Estado la defensa de las libertades personales. Dicho de otro modo, que esta primera etapa axiológica se basa en la idea de Constitución como declaración de derechos y poseyendo de esta forma el Estado un conjunto de normas para que los ciudadanos sepan a qué han de atenerse.

El segundo momento que distingue Goyard-Fabre es una etapa positivista (Kelsen), que se caracteriza por ser más juridicista y, en consecuencia, menos axiológica. La idea que fundamenta la misma la encontramos en la afirmación de que todo derecho es estatal y tiene forma de ley. El Estado sólo puede actuar en función de una ley que él mismo ha debido establecer previamente. En la interpretación Kelseniana hay dos etapas que se refieren a la búsqueda de limitaciones al Estado que por entonces era absoluto y a la indagación de condiciones para reducir el poder de la administración. La consecuencia principal que se deriva de esta concepción es la de que el Estado de Derecho es un proceso de racionalización pues constituye una garantía de los valores de libertad y seguridad tratándose de erradicar la discrecionalidad de las administraciones públicas, lo cual constituye un elemento de legitimidad política.

Dentro de este estudio que realiza Simone Goyard-Fabre acerca del concepto de Estado Moderno, analiza detenidamente cuestiones de gran influencia dentro del mismo, tales como el humanismo, el individualismo (donde se detiene especialmente en la figura de Maquiavelo), o en la idea de igualdad.

Cuando la autora alcanza en su análisis el Constitucionalismo Moderno, destaca su teoría sobre el nacimiento del concepto de constitución, pues lejos de considerar que dicho término tiene su origen en los filósofos y juristas del siglo XVIII, relaciona el mismo con la idea de Politeia, que emplearon en su momento Pericles, Platón o Aristóteles.

Es curioso el análisis que realiza la autora en relación a las controversias doctrinales que se derivan del concepto de soberanía. Si la soberanía se considera como el punto básico a partir del cual emana el poder del Estado y lo legitima, se presenta el legislador con el problema de determinar en quién o qué reside esa soberanía. Es ese debate sobre la soberanía el que hace que nazca, según la autora, la idea de contrato social. Particular interés tiene en la obra la crítica que Goyard-Fabre realiza sobre este término. Es un lugar común que encontramos los orígenes de dicho contrato en Rousseau, el cual establece la bondad del ser humano, en contraposición la sociedad que lo corrompe y como solución la idea del "Contrato Social". En dicho análisis siempre se ha tenido en cuenta un concepto clave: la voluntad general. Parte de los intereses particulares de los individuos; sin embargo, cuando el individuo actúa en política, se desprende de sus intereses particulares y nace la primacía de unos intereses de la comunidad en general. Estos intereses de la comunidad en general no han de entenderse como la suma de la voluntad de todos los ciudadanos sino como la expresión del cuerpo colectivo de la ciudadanía. El tipo de sistema político que nos propone Rousseau es una democracia directa: los ciudadanos votan a sus representantes (es un mandato imperativo).

Mención interesante es la que realiza Goyard-Fabre con respecto al sociólogo natural de Düsseldorf, Jürgen Habermas, formado en las Universidades de Göttingen, Zürich, Bonn, Frankfurt y Marburg. Destaca de su pensamiento la razón "comunicacional" como clave para la comprensión del Derecho Político Moderno, desde la consideración de que "el espacio público-político no se reduce a la autonomía sistemática del poder" (p. 395).

La conclusión a que llega Goyard-Fabre respecto a los postmodernos con su apología de la cultura radical ha derivado en una "de-construcción antihumanista y antijuridicista" del Derecho Político de la Modernidad.

Elena Martínez Barrios

HARTMANN, P. C., Der bayerische Reichskreis (1500 bis 1803). Strukturen, Geschichte und Bedeutung im Rahmen des Kreisverfassung und der allgemeinen institutionellen Entwicklung des heiliges römischen Reiches (Berlin, 1997), 574 págs.

La presente monografía del Prof. Dr. P. C. Hartmann, ordinario de la cátedra de Historia Moderna en la Universidad de Mainz, está dividida en las siguientes 6 partes: I: Introducción; II: Los Círculos del Imperio; III: Estructura general del Círculo de Baviera; IV: ¿Cómo funcionaba el Círculo Imperial de Baviera?; V: Desarrollo y actividades del Círculo bávaro de 1500 hasta 1803; VI: El significado del Círculo imperial bávaro en el ámbito del Círculo y Constitución Imperial de 1500 hasta 1803.

Según el jurista J. Althusius (s. XVII): "El círculo de la policía germana es para nosotros aquí una gran región constituida de la unión de provincias distintas, vecinas, que comprende en sí muchos estados y órdenes del Imperio" (Althusius, Politica, 1603, cap. XXIII, 94). Esta definición de Althusius nos permite conocer la realidad institucional de esta estructura de la constitución imperial. Las funciones de estos círculos son las siguientes: 1. cuidado y defensa de la paz pública; 2. ejecución de la justicia; 3. cuidado de la moneda pública; 4. fijación y regulación de los tributos; 5. control y fiscalización sobre los tributos. Los círculos son una organización introducida en la Constitución Imperial por las llamadas reformas de Maximiliano (s. XVI), quien dotó al Imperio de una estructura administrativa que, en algunas de sus instituciones, aún tienen vigencia en el ordenamineto administrativo germano, como es el caso de los círculos.

El Prof. Hartmann centra su estudio en las características y funcionalidad del círculo de Baviera, llegando a sostener que en esta institución está la base de un parlamentarismo moderno. Esta afirmación resulta del mayor interés, pues en el contexto histórico institucional de Europa del siglo XVI, donde surgen con una fuerza irresistible las instituciones del Estado absoluto, la Constitución del Imperio tiene ese carácter radicalmente moderno que la singulariza como una institución democrática También resulta sugerente la opinión del autor en el sentido de que los círculos constituyen la base del federalismo constitucional alemán.

El libro del Prof. Hartmann es una primera aproximación a un tema que había sido descuidado por la historiografía jurídica y constitucional. Con todo, es necesario contar con monografías como ésta para los otros círculos de la constitución del Imperio, para así tener una visión global de la estructura y funcionalidad de esta institución. Sin duda, la monografía del Prof. Hartmann constituye una valiosísima contribución al estudio de la Constitución histórica de Alemania.

P. Carvajal

Homenaje al profesor Alfonso García-Gallo (Editorial Complutense S.A., Madrid 1996) 5 vols.

En tres tomos distribuidos en cinco volúmenes de hermosa presentación, la Universidad Complutense de Madrid ha editado los trabajos que se han reunido para rendir homenaje a quien fuera uno de sus más destacados catedráticos, don Alfonso García-Gallo. La presentación de la obra -Memoria de un maestro- la hace el rector de la Universidad Complutense, el profesor Gustavo Villapalos (p. 11-16), discípulo del maestro y catedrático, como él, de Historia del Derecho en la misma Universidad.

La cantidad y calidad de trabajos reunidos en estos cinco volúmenes, es expresión de la admiración y afecto que suscitó el ilustre homenajeado. Como resulta imposible dar un resumen siquiera escueto de sus contenidos, al menos conozcamos los autores y títulos de los trabajos incluidos. El tomo I lleva como título genérico Historiografía y varia. En él se recogen siete trabajos referidos a la vida y obra de Alfonso García-Gallo, otros siete sobre el Derecho común y tres bajo el epígrafe de Varia. Los siete primeros son: B. Bernal, Alfonso García Gallo. Añoranzas (p.19-25); R. Gibert, Alfonso García-Gallo y mi cátedra (p. 27-61); J. Lalinde, Alfonso García-Gallo ante el reto del universalismo represivo cultural (p. 63-68); E. Martiré, Alfonso García-Gallo y el Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano (p. 69-88); J. Reig Satorres, Las Casas, en García-Gallo (p.89-106); J. Sánchez Arcilla, Las oposiciones a cátedra de don Alfonso García-Gallo (p.107-63); I. Sánchez Bella, García-Gallo y el derecho indiano (p.165-75).

Al derecho común se refieren las siguientes colaboraciones: R. Feenstra, Les origines du "dominium" d'après Grotius et notamment son "Mare liberum" (p.179-90); A. García y García, Prehistoria del Concilio IV Lateranense de 1215 (p.191-205); A. Guzmán Brito, Historia de las nociones de "Derecho común" y "Derecho propio" (p.207-40); A. Linage Conde, El cardenal benedictino Justiniano Serédi y la codificación canónica (p.241-54); A. Pérez Martín, El tratado de mayorazgo de Diego Gómez de Zamora (p.255-320); R. Sánchez Domingo, "Iudicium Dei" y creencia en la Alta Edad Media (p.321-30); G. Vismara, Lex Christiana (secc.IV-V) (p.331-37).

En Varia, siempre en este primer tomo, se recogen los trabajos de B. Aguilera Barchet, Monarquía restaurada versus monarquía instaurada. Notas para un estudio histórico-jurídico de la cuestión (p.341-59); J. L. Bermejo Cabrero, Vertiente institucional de dos leyendas (p.361-76); E. de la Cruz Aguilar, Historia y periodismo (p. 377-429).

El tomo II, dedicado a los estudios sobre historia del derecho español, está presentado en dos volúmenes, el primero centrado en las instituciones y el segundo a fuentes, derecho privado, penal y procesal y varia. En el primero, dedicado a instituciones, aparecen estos estudios: E. Benito Ruano, "Desde la mar hasta León" y "Salvo Toledo, Sevilla y Murcia" (p.9-17); E. de Benito, La Junta Suprema de Apelaciones de la Real Casa y Patrimonio (p.19-45); J. A. Escudero, Los poderes de Lerma (p. 47-103); R. Ferrero Micó, Mecanismos de control legal en el derecho valenciano (p.105-20); E. Gacto, La inquisición de Sevilla y la masonería en el siglo XVIII (p.121-85); R. Gómez-Rivero, Consejeros de Castilla en el reinado de Carlos IV (p.187-238); M.A. González de San Segundo, Jueces de primera instancia en Aragón durante el trienio constitucional (1820-1823) (p.239-65); E. Montanos Ferrín, El Consejo de Gobierno (1833-1836) (p.267-317); M.A. Motis Dolader, Régimen fiscal de las comunidades judías de Aragón en la Baja Edad Media (La aljama de Huesca en el siglo XIV) (p.319-407); P. Ortego Gil, El consejo del duque del Infantado. Una aproximación al régimen sinodal señorial (p. 409-97); M. A. Pérez de la Canal, La presidencia del Consejo de Ministros entre 1823 y 1835 (p. 499-519); J.Mª Puyol Montero, El archivo como instrumento de acción del Consejo Real de Castilla. Notas históricas sobre el Archivo del Consejo Real de Castilla en el siglo XIX (p.521-47); J. R. Rodríguez Besné, Aproximación histórica a los consejos de Italia y de Aragón (p.550-64); J. Ignacio Ruiz de la Peña, "Facer justicia" en una ciudad medieval: el Consejo de Oviedo contra la viuda doña Loba (p.565-77); E. San Miguel Pérez, Los "puntos" para el gobierno de Milán de 1687. El ocaso de un ideal de hegemonía; la decadencia de un género de la literatura política (p.580-90); F. Suárez Bilbao, Una cuestión jurídica en torno a la legitimidad de la soberanía de los Reyes Católicos (p.591-600).

El volumen II del tomo II, referido siempre a la historia del derecho español, reúne los trabajos centrados en las fuentes, en el derecho privado, penal y procesal y algunos trabajos varios. En tema de fuentes: A.Mª Barrero, Notas sobre algunos fueros castellanos (p.11-41); F. Barrios, Los consejos de la monarquía hispánica en las "Etiquetas generales" de 1651 (p.43-62); V. Graullera Sanz, La jurisdicción territorial en los fueros de Valencia (p.63-74); G. Martínez Díez, Legislación histórica de montes en la Corona de Castilla (p.75-113); J. Martínez Gijón, La vigencia temporal de las Leyes de Toro (p.115-30); P. A. Porras Arboleda, Los fueros de Alcalá de Henares. Introducción histórico-jurídica (p.131-86).

En materia de derecho privado, penal y procesal se incluyen los siguientes: Mª L. Alonso, Notas sobre la apelación en la inquisición española (p.189-210); I. Brena Sesma, La tutela de menores. Transformación de una potestad familiar (p.211-36); J. Cerdá, Los donadíos reales en la política de expansión de Alfonso X. (Notas para un estudio) (p.237-55); A. Fiestas Loza, Los delitos contra la libertad individual de los españoles según el Código penal de 1822 (p. 257-84); J. García González, Sociedad Leonina (p. 285-94); J. Vallet de Goytisolo, Sobre el pretendido origen germánico de algunas instituciones jurídicas (la legítima castellana y la vizcaína, la sociedad de gananciales, la reivindicación de bienes muebles) (p.295-322).

En Varia aparecen S. M. Corona González, Regalismo y reforma: el juicio imparcial sobre el monitorio de Parma (p.325-57); J. Orlandis, Una nueva noticia sobre judíos en la España visigoda (p.359-65); C. Alberto Roca Toro, En torno a la historiografía jurídica (p.367-84); F. Tomás y Valiente, El arzobispo de Santiago y las Cortes de 1810 (p.385-435).

Finalmente, el tomo III recoge, en dos volúmenes, los estudios de derecho indiano; en el primero de ellos los dedicados a historiografía, fuentes y derecho privado, penal y procesal; en el segundo los referidos a instituciones y varia. En torno a la historiografía se recogen los siguientes: A. David Leiva, El decanato de Manuel Quintana y la inducción al eclecticismo en la enseñanza jurídica bonaerense (p.11-16); A. Dougnac, Culteranismo, criollismo y derecho común en un memorialista del siglo XVII; Nicolás Matías del Campo (p.17-67); A. de la Hera, Vitoria y Solórzano ante el problema de los justos títulos (p.69-100); M. Hernández Sánchez-Barba, Rodrigo Maldonado de Talavera y la "Demarcación" del océano (p.101-26); N. Mobarec, Don Rafael Raveau Soulés: cincuenta años de enseñanza del derecho romano (p.127-32); F. Muro Romero, Consideraciones sobre el porvenir historiográfico del derecho indiano (p.133-39); D. Rípodas Ardanaz, El juez y el abogado paradigmáticos en las obra del santafereño Juan Bautista de Toro (1715) (p.141-50); J. L. Soberanes Fernández, Rivadeneyra, jurista novohispano del XVIII (p.151-57); S. Zavala, Fray Alonso de la Veracruz, o.s.a., primer maestro de derecho agrario en la incipiente Universidad de México (1553-1555) (p.159-63).

Fuentes: C. García-Gallo, El libro I del Código de Ovando y los decretos del Concilio de Trento (p.167-97); A. Levaggi, Antecedentes romano-visigóticos e hispano-canarios de los tratados hispano-amerindios (p.199-211); R. Rees Jones, Notas sobre la edición de la real ordenanza de intendentes de Buenos Aires (p. 213-22); A. Szászdi, En torno a los tratados de las Alcáçovas y de Tordesillas (p. 223-39); I. Szászdi León-Borja, El perdido parecer de Badajoz escrito por Hernando Colón en 1524. La opinión colombina del tratado de Tordesillas y dos escritos inéditos (p. 241-66); V. Tau Anzoátegui, Entre leyes, glosas y comentos. El episodio de la Recopilación de Indias (p. 267-83); M. del Vas, Sobre las leyes del mar en el derecho indiano (p.285-310).

Derecho privado, penal y procesal: M. Aspell, El infierno tan temido: la solicitación en Córdoba del Tucumán, siglo XVIII (p.313-30); J. W. McKnight, Survival and decline of the spanish Law of descendent succession on the anglo-hispanic frontier of North America (p. 331-61); R. Millar, Aspectos del procedimiento inquisitorial desde la perspectiva del tribunal de Lima. Siglos XVII y XVIII (p.363-77); D. Ramos Pérez-L. J. Ramos Gómez, La implantación de los criterios castellanos de propiedad y fidelidad en el poblado del río Mao (La Española) en abril de 1494 (p. 379-98); C. Salinas, El iusnaturalismo hispano-indiano y la protección jurídica de la persona (p. 399-414); M. Salvat, El procedimiento criminal chileno según dos autos acordados del siglo XVIII (p. 415-29); Mª I. Seoane, El testamento: panacea de la muerte cristiana. La vivencia de los fieles en el Buenos Aires del siglo XVIII a lo propuesto en el día segundo del Ejercicio de la Buena Muerte del obispo San Alberto (p. 431-66).

A las instituciones del derecho indiano y a varia se refiere el último de los tomos de este extenso homenaje. Instituciones: E. O. Acevedo, Paraguay: defensa de los encomenderos e incorporación de encomiendas (p.11-24); J. del Arenal Fenochio, Los órganos de administración de la justicia ordinaria en la ciudad de México durante el primer tercio del siglo XVIII (p. 25-50); B. Bravo Lira, Protección jurídica de los gobernados en el Nuevo Mundo (1492-1992). Del absolutismo al constitucionalismo (p.51-86); F. Campos Harriet, El ejército en el reino de Chile (p. 87-96); Ch.R. Cutter, Autoridad real y expresión local en el castigo judicial del norte de Nueva España (p. 97-112); G. Lohman Villena, El encomendero indiano, cooperador de la evangelización (p. 113-36); J.Mª Mariluz Urquijo, Proyectos para establecer la primera audiencia de Buenos Aires (1730-1759) (p.137-43); R. Mª Martínez de Codes, El programa carolino de reformas eclesiásticas. Evaluación de la política desamortizadora en América (p.145-62); G. Morazzani-Pérez Enciso, Consideraciones para el estudio de las rentas de almojarifazgo y alcabala en América (p.163-85); L. Navarro García, El Consejo de Castilla y su crítica de la política indiana en 1768 (p.187-207); R. I. Peña Peñaloza, La universidad jesuítica de Córdoba del Tucumán (1613-1767): el padre Domingo Murial s. j. (1718-1795) (p.209-25); J. Mª Pérez Collados, La recepción de los principios políticos de la ilustración en la Nueva España (p. 227-59); R. Mª Pugliese la Valle, Los defensores de pobres y menores y su asesoramiento letrado en el virreinato del Río de la Plata (p. 261-94).

Varia. Mª del R. González, La Nueva España en la constitución mexicana de 1917. Los "nuevos comienzos" en el constitucionalismo revolucionario (p. 297-317); D. de León Borja, Los efectos forenses de una chalupa que zozobró en el río Guayas en 1587 (p. 319-91); G. Floris Margadant, Cómo se organizó la convivencia de Querétaro con su río en tiempos novohispanos (p. 393-416); R. P. Yansi Ferreira, Persona y derecho en la primera mitad del siglo XIX (p. 415-43).

C. S.

HUESBE, Marco Antonio, Historia de las ideas políticas en el Estado moderno (Serie monografías históricas, N° 9, Instituto de Historia, Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso 1996), 369 págs.

La presente monografía está estructurada en las siguientes 3 partes: Primera: La Política y las controversias en torno a las ciencias en el siglo XVI; Segunda: Institucionalización del Estado territorial moderno; Tercera: Los derechos de la majestad. Un intento para solucionar la inviabilidad de las formas puras de gobierno.

Este trabajo está precedido de una extensa introducción, donde el A. precisa las etapas de su itinerario científico. Fundamentalmente está ligada la realización de esta monografía al Institut für europäische Geschichte de Mainz. El instituto maguntino tiene una extensa actividad en el desarrollo de programas de investigación sobre la historia europea, especialmente moderna y contemporánea (s. XVI-XX), y el eje de esas investigaciones es la historia del pensamiento político y de la Reforma.

En la primera parte el A. nos presenta un panorama global del debate científico, especialmente en el siglo XVII, cuyo impacto en la ciencia jurídica y el derecho será fundamental. Como se sabe, la Reforma dio un impulso decisivo al desarrollo del espíritu científico moderno. En este sentido la fundación de universidades reformadas, al amparo de la Constitución Imperial de 1555, será la piedra angular sobre la que se construya el edificio de la ciencia moderna europea En el amplio panorama de las Universidades reformadas destaca por su singularidad la Universidad de Helsmtedt. Esta universidad luterana se convertirá en el centro del luteranismo ortodoxo, pero sin descuidar el desarrollo de las ciencias naturales y de la cultura. En esta Universidad. H. Arnisaeus, pensador que constituye el centro de la investigación histórica del Prof. Huesbe, tuvo una destacadísima función en el desarrollo de un pensamiento filosófico de cuño protestante. Arnisaeus, como demuestra Huesbe, recibió el pensamiento de Aristóteles, ajustándolo a las exigencias de la teología reformada. Este proceso había sido comenzado en el siglo XVI por el sucesor de Luther en la cátedra de teología de Wittenberg, Ph. Melanchthon. Este último matizó doctrinalmente la formulación de la teología y filosofía alemana protestante. Arnisaeus recoge los elementos de llamado filipismo filosófico-teológico y le imprime una nueva orientación. De esta manera se abre el debate filosófico al interior del Luteranismo. Aristóteles, Ramus, Rhaedus son los paradigmas epistemológicos sobre los cuales se funda la ciencia moderna. También es de destacar la agudeza con que Huesbe estudia el proceso de recepción de la Teología y el Derecho de la Escuela de Salamanca por los autores alemanes. Así, instituciones como la familia, la propiedad, la sociedad, la obediencia política, la responsabilidad subjetiva adquieren una nueva orientación. Hasta el trabajo de Huesbe la historiografía político-jurídica moderna no había investigado profundamente estos temas.

La segunda parte corresponde a un proceso particularmente interesante en el sistema político alemán: la aparición del llamado Estado territorial. Esta institución, como señala el A., sucede al Estado feudal. En este proceso jugó un rol muy destacado la recepción de la teoría de la soberanía de Bodin. Como el A. lo señala, esta teoría fue el instrumento que permitió la unidad basada en la territorialidad del espacio geográfico. Sin embargo, nos parece discutible el grado de importancia que el A. le asigna al pensamiento español en este proceso. Falta en esta parte un estudio del Prof. Huesbe más profundo de la Constitución Imperial de 1555. Además, se debe tener presente que el proceso de formación del Estado territorial en Alemania se basó en gran medida en la reforma de Maximiliano. Sin esta reforma del sistema político alemán, que condicionó de modo importante su Constitución durante un prolongado período, prácticamente hasta el fin de la Guerra de los 30 años (1648), la existencia del Estado territorial habría sido una ilusión. Pero no podemos exigir esta acuciosidad a una monografía, que de suyo es un aporte importante, toda vez que recién estos temas están siendo investigados por la historiografía histórico-jurídico-política.

La tercera parte conforma, según mi parecer, el núcleo de la investigación histórico jurídica de Huesbe. En efecto, en su trabajo de doctorado (Mainz 1965) él ya planteó la necesidad de estudiar los llamados derechos de la majestad, estructura sobre la cual se fundará el Estado moderno absolutista. Estos derechos constituyen la primera etapa del desarrollo de una teoría de la legislación y del derecho público europeo moderno. Los derechos de la majestad, como su nombre lo indica, constituye una concentración total del poder del Estado en la persona del príncipe. El soberano es fuente exclusiva del derecho, sentando así las bases de una primera manifestación del positivismo jurídico ideológico, según el argumento que sobre este tópico sostiene Bobbio. Arnisaeus divide estos derechos en mayores y menores. Los mayores siempre quedan en poder del soberano (derecho de legislación, de justicia, de administración). Los derechos menores, en cambio, sí pueden ser transferidos temporalmente para un mejor funcionamiento de la administración del Estado. En este punto cabe destacar la importancia de la teoría de los derechos de la majestad de Arnisaeus para la teoría de la legislación (Theorie der Gesetzgebung) y para la teoría Estado (Staatslehre). En efecto, aun cuando Huesbe no lo menciona, Grocio y Hobbes, entre otros, basan sus teorías político jurídicas a partir de la recepción de la obra de Arnisaeus. Es este un tema que debe ser investigado, pues hasta ahora la originalidad de Grocio y Hobbes permanece indiscutida, pero a nuestro juicio, tanto el jurista holandés como el filósofo británico se han nutrido sustancialmente de los trabajos del filósofo luterano. No podemos aquí probar en breve esta última aseveración, pero si comparamos los contenidos de la obra de los autores arriba mencionados con la de Arnisaeus, la filiación de pensamiento resulta incontestable.

La monografía del Prof. Huesbe constituye un aporte indiscutido y de altísimos méritos científicos, especialmente cuando aborda temas que recien están siendo considerados por los estudios históricos político-jurídicos. Comparando la obra de Huesbe con las recientes monografías de Stolleis, Dreitzel, Wyduckel, Skinner, Bobbio, Abellán, Fetscher, para mencionar las contribuciones más destacadas, podemos apreciar la importancia del estudio realizado por el historiador chileno.

P. Carvajal

IMBERT, Jean, Histoire du droit privé, París, 1996, 8ª ed., 126 pp.

Jean Imbert es una de las figuras más sobresalientes del mundo jurídico francés que ha destacado por sus estudios relativos tanto a la evolución general como a las instituciones del Derecho histórico civil en Francia.

El planteamiento de esta síntesis, que alcanza ya su octava edición, es presentar un original modo de describir la historia del Derecho Civil utilizando para ello la inserción de los institutos jurídicos privados en la paulatina evolución del medio político en la que cabe situarlos. Es relevante la importancia que da, por la incidencia que tiene en lo que al Derecho Civil se refiere y como no era menos de esperar, a la Revolución Francesa y a la posterior unificación napoleónica.

Jean Imbert da respuesta y explicación de la rapidez con la que se elaboró el Code Civil de 1804: la encontramos en la inteligencia y proporcionalidad que estuvieron presentes en las soluciones que se adoptaron por el propio Napoleón en multitud de materias controvertidas ante las que se encontró. De todos es conocido el proceso de elaboración de texto, los cuatro juristas que intervinieron más directamente en el desarrollo del mismo y el compromiso que en aquél se observa entre el Derecho Romano y el Derecho Consuetudinario, relación que supuso un freno a algunas de las medidas liberalizadoras de la legislación revolucionaria anterior.

En 1793 se había preconizado la instauración de la igualdad de sexos, pero en la redacción del Código se observó que el verdadero orden no radicaba sino en la supremacía de mando. Bonaparte se ocupó de concretar esta idea en el Code Civil de 1804 de forma que la mujer, al salir de la tutela de su familia, pasaba a la de su marido sin que en ningún momento pudiese participar en la administración de los bienes comunes ni adquirir ningún tipo de obligación si no mediaba el consentimiento del marido para ello.

La peculiar redacción del divorcio por adulterio que aparece en el Code Civil de 1804 se debe a que, según Jean Étienne Marie Portalis (1745-1807), la infidelidad de la mujer era más peligrosa que la del esposo. Sin embargo, las causas de divorcio que, en el Decreto de 1792 eran siete, fueron reducidas a tres por el Código de 1804.

Imbert se detiene en el análisis de la eliminación de las desigualdades feudales y la supresión de las manos muertas, la abolición de las distinciones honoríficas, del uso de los títulos nobiliarios y la implantación de numerosas medidas fiscales, ya que dentro de la estructura feudal no estaban lo suficientemente bien delimitados y definidos ni los impuestos ni los pagos sobre la tierra derivados de las relaciones de Derecho privado. Así, la revolución fue, en esencia, una traslación de la propiedad y se puede observar que, tras la misma, las cargas feudales que eran del señor y sobre las que ejercía un dominio directo fueron sustituidas por el impuesto que tuvo que abonarse al Estado como claro reconocimiento a su soberanía.

Con respecto a la tierra, el feudo suponía la división del dominio, la separación entre el dominio directo y el dominio útil y aun cuando realmente no llegaba a explotarse, se trataba al menos, de un derecho honorífico. Al mismo tiempo, el feudo se traducía en una serie de obligaciones financieras que nacían cuando el vasallo moría o simplemente vendía su tierra.

En relación a los censos, también se dividían en los de dominio directo y dominio útil, sólo que en estos casos existía la posibilidad de renunciar al censo si éste resultaba ser muy desfavorable.

En el estudio de la evolución histórica del Derecho Civil francés no puede faltar una mención al instituto jurídico de la prescripción de año y día, que posteriormente acogieron otros países. Sin embargo, Imbert no se ocupa de esta difusión europea. De todas formas, el trabajo clásico de Maitland, "Possession for year and day", publicado en 1889, no ha sido superado en esta materia.

No falta en el libro de Imbert mención a toda la problemática planteada con la superación del Code Civil, el nacimiento del Derecho del Trabajo, las transformaciones que respecto a los principios e institutos jurídicos se derivan de los avances experimentados en el campo de la Biología y de la Medicina y la importancia creciente que, desde la segunda mitad del s. XIX, tienen las normas y acuerdos internacionales respecto a las relaciones privadas.

Miembro del Institut de France y autor de varios centenares de publicaciones, Jean Imbert logra en esta apretada y concisa síntesis un nivel de excelencia en el tratamiento de las materias del Derecho de familia y de la propiedad inmobiliaria en el devenir histórico francés.

Elena Martínez Barrios

Ius Commune. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte 24 (1997).

Del índice: I. Aufsätze: Vincenzo Colli-Giovanna Murano, Un codice d'autore con autografi di Giovanni d'Andrea (ms. Cesena, Biblioteca Malatestiana, s. II. 3) (p.1-23); Jan Schröder, Wissenschaftliche Ordnungsvorstellungen im Privatrecht der frühen Neuzeit (p. 25-39); Laurence Montazel, La répression du port d'armes prohibées en France et en Allemagne (16ème-18ème siècle): un cas de "rupture" entre normes et doctrine (p. 41-90); Lothar Schilling, Gesetzgebung im Frankreich Ludwigs XIII. -ein konstitutives Element des Absolutismus? Das Beispiel des Code Michau (1629) (p. 91-131); Fiammetta Palladini, Un nemico di S. Pufendorf: Johann Heinrich Böcler (1611-1672) (p.133-52); Thomas Ahnert, Roman Law in Early Enlightenment Germany: the Case of Christian Thomasius' De Aequitate Cerebrina Legis Secundae Codicis de Rescindenda Venditione (1706) (p.153-70); Christian Windler, Normen aushandeln. Die französische Diplomatie und der muslimische "Andere" (1700-1840) (p.171-210). II. Berichte und Kritik: Rainer Maria Kiesow, Zettelwirtschaft. Enzyklopädische Forschungen (p. 213-21); Mariano y José Luis Peset, Universidades e historia del derecho (p. 223-48); Hans Peter Glöckner, Quellen zur neueren Strafrechtsgeschichte (p. 249-71); Susanne Ehret, Karl Kraus und Franz von Lizszt. Gedanken zu einer These Reinhard Merkels (p. 273-83); Barbara Dölemeyer, Wissenschaftliche Kommunikation im 19. Jahrhundert: Karl Josef Anton Mittermaiers juristisch-politische Korrespondenz (p. 285-300); Johannes-Michael Scholz, Conversion et accumulation. Sur la formation professionnelle du personnel judiciaire en Espagne (p. 301-18); Michaela Dlugosch, Profesión y microhistoria: El fiscal del Tribunal Supremo y la Causa General en el Nuevo Estado franquista (p. 319-26).

Red.

Ivs Fvgit. Revista Interdisciplinar de estudios Histórico-Jurídicos. Área de Historia del Derecho Universidad de Zaragoza. Institución Fernando el católico 3-4 (1994-1995). Actas del Congreso Internacional "El Estado moderno a uno y otro lado del Atlántico".

Del índice:

Historia del Derecho: Correas, Oscar, La teoría general del Derecho frente a la Historia del Derecho (p. 13-48); Gómez Rivero, Ricardo, Práctica ministerial en el siglo XVIII: el nombramiento de magistrados (p. 49-61); Hespanha, Antonio M., Las categorías de lo político y de lo jurídico en la época moderna (p. 63-100); Iglesia Ferreiros, Aquilino, El Estado en Cataluña y Castilla (p. 101-119); Lalinde Abadía, Jesús, Estado Moderno como paralogismo historiográfico (p. 121-139); Lara Ponte, Rodolfo, Los Derechos humanos en la Constitución mexicana de 1857 (p. 141-155); Melgan Adalid, Mario, Surgimiento del estado federal mexicano (p. 157-167); Ruiz Ibáñez, José Javier, Una propuesta de análisis de la Administración en el Antiguo Régimen: la constitución implícita factual (p. 169-191); Soberanes Fernández, José Luis, Orígenes del diferendo liberalismo-conservadurismo en México (p. 193-202); Solano, Enrique, y Sanz Camañes, Porfirio, Aragón y la Corona durante el gobierno de los Austrias. Relaciones políticas e institucionales (p. 203-243).

Derecho indiano: Barrientos Grandón, Javier, Estado Moderno y Judicatura letrada en las Indias. Colegiales del de Santa María de Jesús de Sevilla en plazas togadas (p. 247-307); Cárdenas Gutiérrez, Salvador, La razón del Estado en la Nueva España: siglos XVII y XVIII (p. 309-330); González, María del Refugio, De la acumulación de funciones a la división de poderes (Nueva España-México) (p. 331-345).

Pensamiento jurídico y ciencia política: Córdova, Arnaldo, Constitución y Estado en México (p. 349-368); Enríquez Perea, Alberto, La hora actual de México: presidencialismo autoritario o democracia (p. 369-390); García Inda, Andrés, El Estado como campo social. La noción de Estado en Pierre Bourdieu (p. 391-417); Lacalzada de Mateo, María José, El Estado liberal en España durante el siglo XIX. La cuestión de la soberanía entre ilustrados, doctrinarios y racionalistas armónicos (p. 419-435); Lacasta Zabalza, José Ignacio, Antiformalismo jurídico "fin de siglo": su gracia e inconvenientes. Contrapunto jurídico y moderadamente formalista al ideario plenamente antiformalista de Antonio Hespanha (p. 437-456); Lucas, Javier de, Las fronteras "de" y "en" el Estado hoy: las razones de la exclusión (p. 457-466).

Varia: Escudero, José Antonio, Sobre los cuentos de Grimm y otros cuentos (p. 469-483).
Epílogo: Sarasa Sánchez, Esteban, Fundamentos medievales del Estado moderno (p. 487-498).  

Ivs Fvgit. Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico Jurídicos. 5-6 (Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1996-1997)

Del índice:
Historia del Derecho: Ma. del C. Bayod López, La capacidad para capitular de los menores de edad en los fueros de Aragón; B. Bernal, Las constituciones liberales cubanas; S. de Dios, El absolutismo regio en Castilla durante el siglo XVI; C. Maqueda Abreu, Reflexiones sobre el aposento de Corte; R. M. Mata y Martín, Aproximación histórica al robo con fuerza en las cosas; P. Sánchez, Después de las alteraciones aragonesas. Aspectos de la represión inquisitorial de la revuelta de 1591.

Derecho Indiano: J. Barrientos Grandón, Mos Italicus y praxis iudicial indiana; J. A. Caballero Juárez, Los asientos de la avería de la Armada de la Carrera de Indias.

Pensamiento jurídico y ciencia política: C. Garrido López, El problema regional en el primer tercio del siglo XX y sus causas: una aproximación; Ma. J. González Ordovás, Habito, luego existo. Algunas reflexiones sobre la distribución jurídico-política del espacio; M. J. Rodríguez Puerto, natural, propiedad y utilidad en humanismo jurídico.

Varia: J. de Salazar. Austria o Habsburgo: reflexiones sobre una denominación.

Red.

KOLLOSECK, R., GADAMER, H. G., Historias y hermenéutica (traduccción y estudio crítico de J. L. Villacanas, Barcelona 1997)

El presente volumen, que podríamos llamar dialogo entre filósofos, es una traducción de dos conferencias de dos de los más destacados fundadores y representantes de la geschichtliche Grundbegriffe alemana. La Escuela historiográfica de los conceptos fundamentales nace en Alemania al amparo de la filosofía de Heidegger, especialmente de su obra Sein und Zeit, monografía que constituye un hito importante en la filosofía contemporánea. La importancia del lenguaje, la historicidad de los sucesos, la contextualidad y la estructura misma del discurso histórico son los temas que tratan en estas dos conferencia, maestro y discípulo: Gadamer y Kolloseck. La cita de un texto de Kolloseck sirve insuperablemente para comprender este nuevo paradigma historiográfico desarrollado por la ciencia filosófica y la ciencia histórica en Alemania: "En el esbozo de una posible Histórica he omitido a sabiendas hasta ahora una categoría que todos los presentes esperaban oír con razón precisamente aquí y hoy, teniendo en cuenta nuestra temática: la lingüisticidad. Partiendo de Heidegger, pero también sobrepasándolo -gracias, especialmente, a su grandeza humanista y científica-, Gadamer ha colocado este aspecto en el centro de su hermenéutica filosófica. El tradicional círculo hermenéutico en el proceso de comprensión de cualquier texto y discurso -por cuanto parte y todo se presuponen recíprocamente para poder ser comprendidos- había sido situado en un plano más profundo ya por Dilthey y Heidegger. La existencia (Existenz) humana es un Dasein histórico, porque está siempre orientado hacia la comprensión de un mundo que es a la vez aprehendido y constituido lingüísticamente en el mismo acto. La remisión de toda experiencia del mundo a su interpretación del mundo es cooriginaria con la posibilidad de su expresión lingüística (sprachlichen Eröglichung), y por consiguiente, como toda lengua, es también histórica. Así pues, la hermenéutica, antes de todas las diferenciaciones científicas y aplicaciones metódicas, es primordialmente la doctrina de la inserción existencial en lo que se puede denominar historia (Geschichte), posibilitada y transmitida lingüísticamente". La traducción e introducción de los catedráticos españoles Villacañas y Oncina hacen de este libro probablemente una de las mejores introducciones para el estudio de este paradigma historiográfico germánico.

P. Carvajal

LATASA VASSALLO, Pilar, Administración virreinal en el Perú: gobierno del marqués de Montesclaros (1607-1615) (Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid 1997), 709 págs.

D. Juan de Mendoza y Luna, III marqués de Montesclaros, nació en Guadalajara, en enero de 1571, en el seno de una rama colateral de los Mendoza procedente del III duque del Infantado, a cuyo segundo hijo había concedido Carlos V en 1529 el título de marqués de Montesclaros. Llegó al Perú a la edad de 36 años, después de haber servido como asistente de Sevilla y como virrey de México, de donde pasó al Perú. Se desempeñó como virrey del Perú entre 1607 y 1615. A su regreso a España fue consejero de Estado, presidente del Consejo de Hacienda y miembro y presidente del Consejo de Aragón. Murió en 1630. El libro que reseñamos es un estudio acabado de la labor que el marqués realizó en sus funciones de virrey en Lima.

Centrada la autora exclusivamente en la gestión virreinal del marqués, ésta es analizada en ocho detallados capítulos. El primero, con el título Montesclaros y el gobierno peruano, analiza las consideraciones que el virrey tenía acerca de sus poderes como tal, sus colaboradores y su interés por las fuentes del gobierno, describiendo su actitud ante la legislación, su esfuerzo sistematizador y su labor de legislador. En el capítulo segundo se aborda las relaciones, no siempre pacíficas, del virrey con los distintos órganos de gobierno y justicia: la audiencia de Lima, las audiencias dependientes del virrey, gobernadores y corregidores, administración municipal, Cabildo de Los Reyes y, en general, las provisiones de oficios, de lo que, al final de su gestión, se le formularon cargos por ciertas preferencias que mostró en algunas de las provisiones que dependían de él.

El capítulo tercero se refiere a Montesclaros y el gobierno eclesiástico, mostrando la seriedad con que asumió el derecho de patronato que le correspondía: su intervención en la creación de nuevos obispados -Arequipa, Huamanga, Trujillo- amén de la creación del arzobispado de Charcas, sus relaciones con el arzobispo Lobo Guerrero, con los obispos sugfraganeos y con las órdenes religiosas, su preocupación por la evangelización de los indígenas, el apoyo al Sínodo de Lima de 1613 y las no siempre fáciles relaciones con el tribunal de la inquisición por el que no sentía gran simpatía.

La política social y la política fiscal son los temas abordados en los dos capítulos siguientes, para tratar, inmediatamente después, la política económica del virrey en lo relativo a minería y comercio, capítulo importante si tomamos en cuenta que una de las preocupaciones principales de Montesclaros en su gestión, en la que, por lo demás, tuvo éxito, fue en el aumento de las remesas de plata que se enviaban a la metrópoli para suplir unas arcas cada vez más desfallecientes. El capítulo séptimo se refiere a la política de expansión y defensa del virrey, donde se dedican largas páginas a la guerra defensiva en Chile, respaldada por el marqués, en la que contó con la colaboración del jesuita P. Valdivia tenaz defensor de la misma. El último capítulo analiza el juicio de residencia que se siguió al marqués después de su gestión. No salió libre de cargos, pero la residencia refleja poco lo que fue su labor, porque la mayoría de los cargos se orientan al fracaso militar de Cañete frente a las incursiones del corsario holandés Spilbergen. Los logros de su gobierno se vieron empañados por esta derrota. Pero el análisis histórico de su labor es ampliamente positivo: fue "un gobierno de gran equilibrio entre efectividad y posibilidad".

Se trata de un exhaustivo y documentado estudio que permite afirmar que ningún virrey de los que sirvieron en Indias ha tenido hasta ahora el honor de un estudio tan acabado de su gestión virreinal. Cinco largos años llevaron a la autora esta investigación -su tesis doctoral- que la condujeron a revisar numerosos archivos y bibliotecas españolas y extranjeras, públicas y privadas, algunos de los cuales, como el archivo de la casa del Infantado, le permitieron manejar información inédita de primera mano. El resultado es, como lo afirma Mario Hernández Sánchez-Barba en el prólogo, "que no resulta frecuente que un estudio de ocho años de gobierno virreinal pueda ufanarse de haber tenido en cuenta y consultado toda la documentación relativa al tema existente en archivos nacionales y privados de España y algunos extranjeros, amén de cuanta bibliografía circundante existe en bibliotecas del mundo entero".

C. S.

MEGIAS QUIROS, José Justo, Propiedad y derecho natural en la historia. Una relación inestable (Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz, Cádiz 1994) 326 págs.

El autor aborda una "faceta especialmente desconocida de la historia del pensamiento jurídico": las relaciones entre derecho natural y derecho de propiedad, porque la idea hoy extendida es que tradicionalmente el derecho de propiedad o propiedad privada ha sido fundado en el derecho natural, idea que estaría muy alejada de la realidad. El autor distingue las teorías iusnaturalistas elaboradas hasta el siglo XVI, de la llamada "Escuela de derecho natural moderno" que arranca desde Fernando Vásquez de Menchaca y que consagra Hugo Grocio. En las primeras, el derecho natural y la propiedad no sólo van separados, sino que, en cierto modo, se oponen. En la segunda uno y otro se aproximan hasta acabar finalmente unidos.

El problema ha pasado, en líneas generales, por tres grandes etapas: i) la antigüedad romana, dominada por los juristas y los padres de la Iglesia, en que el pensamiento es marcadamente uniforme: el derecho de propiedad se opone a la "común posesión de los bienes" que habría constituido el derecho natural, y la consideración de las propiedades posee normalmente un matiz peyorativo, pues la causa de la propiedad es el pecado y las propiedades son, a su vez, ocasión de pecado. ii) La segunda etapa corresponde a la baja Edad Media que, en lo referido a la consideración de la justicia y de la propiedad, se prolonga hasta la segunda mitad del siglo XVI; es, en buena medida, una continuación del pensamiento jurídico de la antigüedad, aun cuando hay algunas reflexiones notables en algunos teólogos del siglo XIII y en algunos juristas romanistas de mediados del XVI. iii) La última etapa es la de la edad moderna, que en el plano del pensamiento jurídico se inicia en la segunda mitad del siglo XVI: cambia la noción del derecho natural y este cambio lleva consigo una nueva consideración en las relaciones entre derecho natural y derecho de propiedad.

La evolución descrita es abordada en siete capítulos. La primera etapa es estudiada en el capítulo primero -el pensamiento romano y la patrística-, dedicando los cuatro capítulos siguientes a la segunda etapa: los juristas bajomedievales son estudiados en el capítulo segundo, los decretistas y teólogos de los siglos XII y XIII se analizan en el capítulo tercero -Graciano, una alusión a otros decretistas y los teólogos pretomistas-; un capítulo especial se dedica a santo Tomás de Aquino, el capítulo cuarto, y otro -el quinto- a la escuela franciscana. El capítulo siguiente se detiene en la escolástica española, dedicando páginas particulares a Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Mancio de Corpus Christi, Tomás de Mercado, Luis de Molina, Francisco Suárez y Leonardo Lessius. El último capítulo entra en la etapa final de esta evolución: "proprietas est de iure naturali".

Un estudio que abarca un arco cronológico tan extenso imponía una selección en las fuentes: se ha atendido a aquellos autores que ejercieron una influencia efectiva en autores posteriores o que representan más genuinamente la mentalidad medieval extendida hasta el siglo XVI. La gran bibliografía sobre el tema se ha utilizado sólo en la medida que ha aportado un dato nuevo o ha ayudado a esclarecer alguna idea difícil de entender en la actualidad.

En suma, un libro que ilustra con un manejo inteligente y adecuado de las fuentes, un aspecto poco divulgado del derecho de propiedad en su relación con el derecho natural.

C. S.

METZLER, J. (a cura di), America Pontificia III. Documenti pontifici nell'Archivio Segreto Vaticano riguardanti l'evangelizzazione dell'America: 1592-1644 (Collectanea Archivi Vaticani 38, Pontificio Comitato di Scienze Storiche Atti e Documenti 5, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995) 863 págs.

En 1991, con ocasión del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, el profesor Josef Metzler, prefecto del Archivo Secreto Vaticano, publicó los dos primeros volúmenes de América Pontificia que reseñamos en esta misma revista [REHJ 16 (1994) 327-28]. Dichos volúmenes abarcaban el primer siglo de documentos papales en relación con la Iglesia en estas latitudes. El tercer volumen que ahora se nos presenta abarca los años que van desde 1592 a 1644.

En la introducción el profesor Metzler da cuenta de las innovaciones que este volumen presenta en relación con los dos que le precedieron: mientras los dos anteriores contenían la publicación íntegra de los documentos papales relativos al nuevo mundo presentados en su lengua original -por lo general el latín- ahora sólo se entrega un resumen de los mismos escrito en italiano; sólo se deja de lado este criterio y se presenta el documento íntegro en su lengua original cuando se trata de documentos revestidos de mayor relevancia, como el nombramiento de obispos o la erección de diócesis o provincias eclesiásticas; pero aún en estos casos, los documentos van precedidos de una breve introducción en italiano cuando los textos no son de fácil comprensión por sí mismos. La razón de esta novedad respecto de los dos primeros volúmenes está en la mayor abundancia de documentos y le necesaria menor relevancia de los mismos en relación con los del primer siglo, amén de que en no pocos la presentación de los mismos obedece a un idéntico formulario.

Las fuentes que han servido de base a esta colección documental son todas del Archivo Secreto Vaticano donde se conservan las series de registros de bulas que contienen la copia fiel de los originales pontificios expedidos, originales que se conservan en los más variados archivos de los destinatarios. Es la razón por la que se ha privilegiado para esta edición el Archivo Secreto Vaticano, custodio de una muy rica serie de documentos papales, única en su género. Con todo, no está de más recordar que por las diversas vicisitudes históricas que ha pasado el Archivo, sus registros han sufrido serias mutilaciones (especialmente el desastroso -son palabras de mons.Metzler- traslado de los archivos papales a París bajo Napoleón).

En la misma introducción, el editor hace un análisis de la variada documentación recogida. Por de pronto, la primera constatación que es posible percibir es que, a la distancia de un siglo del descubrimiento, la preocupación de los romanos Pontífices por estas nuevas tierras no ha decrecido y, a pesar de los problemas graves que se presentan en la vieja Europa de carácter teológico, eclesiológico y político, los Papas continuaron demostrando su atención constante a la organización y crecimiento de las diócesis, de las parroquias y de la vida religiosa. La documentación pontificia que se incluye en este volumen muestra paso a paso los viejos y nuevos problemas suscitados en torno a la evangelización del Nuevo mundo y la doble preocupación pontificia de procurar el progreso material y social, pero acompañado del progreso espiritual y de la vida religiosa. No es superflua entonces la afirmación de que los Sumos Pontífices consideraban a las iglesias particulares en América no como una creación periférica o marginal, sino como parte integrante de la Iglesia universal.

Después de esta constatación general, el editor analiza la documentación expedida en el pontificado de cada uno de los romanos Pontífices que han ocupado la silla de Pedro en el período: Clemente VIII (1592-1605), León XI que murió a los 26 días de su elección (1-27 de abril de 1605) del que no se recoge documento alguno, Paulo V (1605-1621), Gregorio XV (1621-1623) y Urbano VIII (1623-1644). Pasa después a estudiar algunos de los temas más destacables -obispos, órdenes religiosas, la cooperación de los laicos-, sin dejar de lado las referencias a temas menores y muy variados que aparecen de la misma documentación -como algún caso de simonía, la variedad de súplicas particulares que muestran la vida cotidiana de las parroquias, del clero y de los fieles del Nuevo mundo, o el de la precedencia de las órdenes religiosas en las procesiones, que con ser menor, provocó a veces serias preocupaciones-.

Dentro de esta amplia colección documental -se recogen 1409 documentos- hay algunos documentos pontificios referidos a la vida de la Iglesia en Chile; no son muchos, tan sólo 24. De ellos, cuatro se refieren a provisiones de obispos de la iglesia de Santiago -76, Pedro de Azuaga (1596); 152, fr.Juan Pérez de Espinosa ofm (1600); 843, Francisco de Salcedo (1622); 1223, Gaspar de Villarroel (1637)-; uno se refiere a una provisión de obispo de La Imperial -123, fr.Reginaldo de Lizárraga op (1598)-; y dos a provisión de obispos de Concepción: 759, fr.Luis Jerónimo de Oré ofm (1620); 1091, Diego Zambrana de Villalobos (1633)-. El resto son concesiones hechas a peticiones particulares de variada naturaleza; las hay hechas por eclesiásticos o religiosas: 290, fr.Reginaldo de Lizárraga, obispo de La Imperial, obtiene de Clemente VIII la facultad de hacer testamento de todos sus bienes -immobilibus, mobilibus et semoventibus- hasta la suma de 10.000 escudos (1604); 578, Paulo V concede indulto a Juan Nafuentes Soarte, sacerdote chileno de Santiago que no tiene medios de subsistencia, para patrocinar causas eclesiásticas y aceptar los respectivos estipendios, hasta que tenga de alguna parte réditos suficientes (1613); 702, en consideración de la penuria de sacerdotes capaces de confesar y de predicar porque ignoran la lengua local, el prior y definidor general de los dominicos en Chile, Baltasar Verdugo, suplicó poder ordenar sacerdotes a 40 hermanos que saben la lengua indígena, de 23 años de edad; Paulo V, con el parecer de los cardenales de la Congregación de la Santa Romana y Universal Inquisición, permite ordenar 20 hermanos dominicos qui vigesimum tertium eorum aetatis compleverint y que hablen la lengua local (1618); 724, Paulo V autoriza «al obispo de Chile» que permita a Mariana de la Peña, monja en el monasterio chileno de la Concepción de la orden San Agustín, para aceptar de su madre una pensión anual de 225 ducados y de usarla para sus necesidades personales, en cuanto está enferma y el convento es pobre, con la condición de que la monja reciba el dinero de las manos de la superiora y que lo que sobre lo ponga a disposición del monasterio (1619); 804, a petición del rey de España y con el parecer favorable de los cardenales intérpretes del Concilio Tridentino, Gregorio XV concede a los arzobispos y obispos de las Indias Occidentales la facultad de conferir los grados académicos de bachiller, licenciado, maestro y doctor a los alumnos que hayan frecuentado por cinco años los cursos en los colegios de los jesuitas de Chile y de otros lugares que se mencionan, debiendo los alumnos haber cumplido todos los requisitos y deber ser aprobados por los rectores de los colegios (1621); 941, facultad que se concede al obispo de Santiago de Chile de conceder a la monja Baldasarra de Oña, del monasterio de la Concepción de esa ciudad, tener una sirvienta que la asista en su enfermedad, con las condiciones acostumbradas (1627); 1009, facultad «al obispo de Chile» para ordenar sacerdotes a dos hermanos, Diego y José Passena, cum primum vigesimum secundum suae aetatis annum compleverint, si lo considera oportuno y si los dos candidatos ad id idonei reperiantur (1629); 1117, a petición del obispo de Santiago de Chile, que ha hecho construir un archivo para la conservación de las escrituras e instrumentos relativos a la diócesis, Urbano VIII prohibe, bajo pena de excomunión, a cualquier persona sacar del archivo cualquier documento (1634); 1150, bajo pena de excomunión y privación de voto activo y pasivo, Urbano VIII prohibe sacar de la capilla de la Asunción de Nuestra Señora, en el monasterio de los dominicos en Santiago de Chile, paramentos, ornamentos y otros objetos sacros, para asegurar la conservación y mantención de estos objetos (1634); 1217, Urbano VIII comete al decano y al canónigo más anciano juez del sínodo diocesano de Santiago de Chile el dirimir la litis entre Juan Bautista de Mena, clérigo o laico Ispalensis, y el obispo de Santiago de Chile (1637); 1255, Urbano VIII extiende por dos años a los colegios de dominicos en Chile y otros lugares que se mencionan, la facultad concedida por Paulo V a los arzobispos y obispos de las Indias Occidentales de conferir grados académicos a los alumnos de colegios de dominicos y jesuitas que hubiesen completado sus requisitos (1638); 1258, licencia que se concede al doctor en ambos derechos Celidonio de la Rojoicia, de la ciudad de San Marcos de Arica, en el Perú, para recibir las órdenes sagradas, incluso el presbiterado ad titulum patrimonii y extra tempora (1638). Y también hay peticiones que están hechas por laicos: 630, Paulo V permite al gobernador de Chile Alonso de Rivera, tomar el hábito de Santiago non obstante defectu natalium a petición del rey de España (1615).

Las hay, sin embargo, que siendo hechas en diversos momentos y por distintos peticionarios, obedecen genéricamente a una misma causa: son las diversas gracias que se impetran al Romano Pontífice con ocasión del gran levantamiento de los indios del sur de Chile (1598) que arrasó buena parte de las ciudades que hasta el momento se habían levantado: 293, Clemente VIII concede indulgencia plenaria a los soldados que viajan de España a Chile a la guerra de Arauco, con las condiciones acostumbradas, al momento de salir su nave y en mortis articulo (1604); 475, Paulo V encarga la cura de las almas de La Imperial provisoriamente al obispo de Santiago, en atención a la destrucción de las ciudades del sur por el levantamiento de los indígenas, a que el obispo de La Imperial ha sido transferido a La Plata y a que los dignatarios eclesiásticos de La Imperial se encuentran en Santiago (1609); 758, el mismo Pontífice, en atención a que el número de fieles había crecido como consecuencia de las conversiones y que el obispo de Santiago no podía proveer a su atención espiritual, a petición del rey de España, restablece la jurisdicción del obispo de La Imperial y le permite residir en la ciudad de Concepción porque La Imperial no está aún suficientemente reconstruida (1620).

Se incluye un documento que si bien no se refiere directamente a Chile, es emitido, en parte, con ocasión de un prelado chileno: 842, la remoción intempestiva que Gregorio XV hace del cargo de Nuncio y Colector General de España; una de las razones era el caso de los expolios del obispo de Santiago de Chile, el franciscano Juan de Espinosa, muerto en 1622 en Sevilla, de los cuales se había apoderado el fisco estatal mientras debían ser propiedad de la Cámara Apostólica; se reproduce íntegro el texto en lo relativo a los expolios del obispo de Santiago (1622).

Tal como sucede con los documentos recogidos en los primeros dos volúmenes de America Pontificia, el juicio general que merecen los que ahora se publican no difiere del juicio que merece la primera colección: se trata por lo general de documentos particulares referidos más bien al actuar cotidiano de la Iglesia en Indias. Y la verdad es que no podía ser de otra manera: el patronato real, celosamente guardado por los monarcas hispanos y portugueses, impidió una labor directa de Roma con las Indias; de hecho, parte de los documentos incluidos en este volumen son concesiones hechas a petición del mismo monarca español. Es por lo que buena parte de la política evangelizadora se encauzó a través de las propias monarquías. No obstante esto, las fuentes ahora publicadas ponen de relieve el permanente interés del pontificado sobre las Indias y su promoción humana y espiritual. Una constante en la historia de este Continente de feliz actualidad.

C. Salinas

PELÁEZ, Manuel J., Historia del derecho de la navegación I: trabajos de teoría e historia de derecho marítimo y de derecho aeronáutico (Barcelona 1994), 799 págs.

El profesor Manuel J.Peláez es de los pocos que ha dedicado buena parte de sus investigaciones histórico-jurídicas al derecho de la navegación. Cuatro son, según nuestro autor, las ramas en que éste se divide: derecho marítimo, derecho aeronáutico, derecho de la navegación en las aguas interiores y derecho espacial. De ellas, sus estudios se han referido principalmente a la primera, derecho marítimo, sin perjuicio de algunas investigaciones en el segundo, derecho aeronáutico. En el presente libro se recoge una buena parte, no toda, de su producción histórico-jurídica sobre ambas ramas del derecho. Las precede un extenso prólogo en que formula amplios comentarios sobre las materias objeto de sus estudios y muestra su preocupación por la escasa importancia que a estas ramas del derecho se les ha dado en los planes de estudios jurídicos en Italia y Francia.

Sobre derecho marítimo se incluyen los siguientes trabajos: El Llibre del Consolat de Mar y el Derecho marítimo catalán. Estado de la cuestión (p. 81-107); Préstamos y cambios marítimos en derecho catalán y balear (p. 109-44); Los contratos de fletamento en el derecho catalano-balear y pisano-genovés: notas y reflexiones iushistóricas sobre la institución fletamentaria y sobre el transporte (1ª parte) (p. 145-73); 2ª parte (p. 175-253); Letteratura giuridica e storiografia sul contratto di noleggio nel diritto catalano-baleare e pisano-genovese (p. 255-78); El conocimiento del embarque en el derecho histórico español (p. 279-94); El seguro marítimo en el derecho histórico catalán (p. 295-456); Els contractes d'assegurança marítima a Catalunya els anys 1476-78 (p. 457-68); Desarrollo procesal para el cobro del seguro en el derecho histórico catalán (p. 469-81); Nuevas publicaciones y viejas ideas sobre la historia del seguro marítimo (p.483-508); Cónsules náuticos y cónsules de mar y de agua dulce. Instituciones del derecho comercial y marítimo histórico catalán, francés e italiano. Teoría general del consulado marítimo (p. 509-64); El Consulado de Mar de Perpignan (p. 565-99).

Sobre derecho aeronáutico son estos otros trabajos: Notas para una historia del derecho laboral aeronáutico español (1911-1946): régimen jurídico y jurídico-laboral del personal de vuelo y tierra (p. 601-14); Los orígenes del servicio aéreo de la península con Canarias (p. 615-31); Notas sobre la conceptualización jurídica de la aeronave. Perspectiva histórica y regulación normativa en derecho común y comparado, preferencialmente italiano y francés, en relación al derecho español (p. 633-702); 2ª parte (p.703-21); Novedades bibliográficas de historia marítima, derecho marítimo y derecho aeronáutico 1980-1993. Una valoración (p. 723-94).

C. S.

PETRUCCI, Aldo, Il trionfo nella storia costituzionale romana dagli inizi della repubblica ad Augusto (Milano, Giuffrè, 1966), 276 págs.

El triumphus fue una institución muy perviviente en la historia romana: hunde sus orígenes en la época regia y la última vez que se lo celebró fue por Teodosio I a fines del s. IV d. C. Su época más interesante fue, empero, hasta la de Augusto y es comprensible que el A. haya limitado su trabajo a ella. Como en tantos otros casos, la reconstrucción histórica que del triumphus hizo Mommsem constituye el punto de partida de la indagación, obligado, además, por habérsele dedicado poca atención monográfica posterior, pese al evidente esquematismo y rigidez de dicha reconstrucción, como suele ocurrir en ese autor, pese a su enorme sabiduría y genialidad. El A. se enfrenta con dos cuestiones fundamentales: el ius triumphalis, ¿es un derecho-poder del magistrado heredado del rey? y ¿fue oscilante la competencia para conceder el triumphus? A la primera responde en fin negativamente: el ius triumphalis no fue un atributo exclusivo de los magistrados poco a poco puesto bajo el control de los diferentes órganos de la constitución republicana, como había pensado Mommsem, sino al revés: mientras más nos remontamos en la historia, más bajo control de dichos órganos aparece y mientras más avanzamos, más clara es la tendencia a independizarse de dicho control. A la segunda, también da una respuesta negativa: la competencia para otorgar el triumphus no fue oscilante más que en determinados períodos (el de las luchas patricio-plebeyas y el de la guerra civil entre Pompeyo y César hasta el segundo triunvirato); en la generalidad de su historia, esa competencia perteneció compartidamente al Senado y al concilio plebeyo, sobre la base de un cuerpo bastante estable de principios de fondo.

Sin duda, se trata ésta de una monografía reveladora que colma un vacío en los estudios sobre derecho público romano.

A. G.

Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno 26 (Firenze, 1997)

Del índice:

Grossi, Paolo, Pagina introduttiva (ossia: delle miserie del legislatore italiano)

Modelli e dimensioni: Percorsi del centralismo borbonico in Francia e Spagna nel XVIII secolo: Mannoni, Stefano-Martínez Neira, Manuel, Presentazione; García Trobat, Pilar - Correa Ballester, Jorge, Centralismo y administración: los intendentes borbónicos en España; García, Carmen, El reformismo borbónico y la fiscalidad local; Minard, Philippe, L'oeil et la main de l'Etat: les missions des inspecteurs des manufactures en France au XVIIe. siècle; Payen, Philippe, Parlement et administration judiciaire; Thibaut-Payen, Jacqueline, Salubrité publique et sépulture: un exemple d administration judiciaire au XVIIe. siècle.

La dimensione giuridica: Paladin, Livio, La questione del metodo nella storia costituzional; Schröder, Jan, Aequitas und Rechtsquellenlehre in der frühen Neuzei; Moscati, Laura, Un'inedita lettera di Savigny a Bollati; Whitman, James, At the Scholarly Sources of Weber's Melancholy; Monteleone, Girolamo, Enrico Finzi e la riforma (perenne) del codice di procedura civile; Grossi, Paolo, Il disagio di un 'legislatoré' (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico).

Red.

RAMOS NUÑEZ, Carlos, El Código napoleónico y su recepción en América latina (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 1997), 408 págs.

Esta obra comprende cuatro capítulos (l: La codificación un fenómeno moderno, 2: El Código Napoleónico, 3: La expansión del Code, 4, La Escuela de la Exégesis y su influencia en América latina) y siete anexos (1: Prólogo al Proyecto de C. Civil peruano de Vidaurre, 2: Considerandos al C. Civil del Estado Sud-Peruano, 3: Considerandos al C. Civil del Estado Nor-Peruano, 4: Mensaje del Ejecutivo al Congreso proponiendo la aprobación del C. Civil chileno, 5: Notas de presentación del Proyecto de C. Civil para la República Argentina de D. Vélez Sarsfield, 6: Críticas de J. B. Alberdi al Proyecto de C. Civil de D. Vélez Sarsfield, y 7: Réplica de D. Vélez Sarsfield a las críticas de J. B. Alberdi. En el Cap. 1 el A. se aproxima al fenómeno de la codificación tocando sus supuestos filosóficos y socio-económicos; a la vez que deja ver que el Código napoleónico de 1804 al ser fruto de una revolución burguesa y no del despotismo ilustrado, como lo fueron el anterior prusiano de 1794 (ALR) y el posterior austríaco de 1811 (ABGB) constituye el modelo paradigmático de este proceso. En efecto, convertido en un eficaz instrumento de transformación de la sociedad francesa de su época, logró satisfacer los anhelos de la burguesía al crear un escenario social a su sabor, sin desigualdades estamentales y abierto al libre tráfico de bienes, acorde con el diseño configurador de ese brazo social, Sin embargo señala el A. que no obstante la novedad que el Code significó para Francia, él no condujo a una total ruptura con el pasado, ya que fue en definitiva una obra moderada, distante de las banderas jacobinas enarboladas en la hora del fragor revolucionario. Ciertamente que al momento de fraguar las reformas con la redacción del código, los clamores altisonantes que le precedieron abrieron el paso a la sosegada reflexión de sus autores.

Interesante nos parece destacar que si bien diferentes en su naturaleza y aportes tanto los ideales de la burguesía triunfante como los del iusracionalismo -aplicación de la razón cartesiano-matemática al campo del derecho- se vinculan con los perfiles típicos que ofrecen los códigos de la codificación vistos como una nueva forma de fijación del derecho, desconocida e inédita hasta ese momento -cuerpos únicos, compactos, sistemáticos-, breves, claros, precisos, con un estilo de formulación abstracto, unívoco, apodíctico-, pues uno y otro muestran aversión por la incerteza e inseguridad, por lo que está fuera de todo cálculo y manejo, por la imprevisión en general. De ahí que la codificación aspira a poner fin al desorden y fragmentación del derecho común hasta entonces en boga, caracterizado por la existencia de tanto autor, tanto texto, tanta opinión, que el humanismo primero y el iusracionalismo después se encargaron de denunciar y finalmente este último de sustituir. También el A. pasa revista en este apartado a otros temas recurrentes en esta materia, como la estrecha conexión entre los códigos de la codificación con la forma política del estado nacional, a diferencia de lo que ocurrió con el sistema del derecho común que tuvo una vigencia supranacional, inicialmente vinculada a la existencia del Sacro Imperio Romano Germánico. Finaliza el capítulo haciendo una serie de consideraciones generales sobre los códigos prusiano y austríaco, a la vez que señala sus diferencias y semejanzas con el Código napoleónico, y hace también aquí una breve referencia a los tres proyectos del Código Civil francés preparados por el tribuno Cambaceres -los Codes de la Convention-, indicando sus puntos de contacto, diferencias y destino de cada uno de ellos.

En el Cap. 2 el A. se acerca a los diversos componentes del Code, a la cantera de donde se extrajeron los materiales para su construcción: el derecho romano y las costumbres francesas. El derecho romano sucesivamente recogido y reformulado a través de distintas corrientes doctrinales: el mos italicus, el mos gallicus y el iusracionalismo con referencia especial a sus terminales franceses J. Domat y R. Pothier. J. Domat que expurgó el casuismo y las contingencias históricas del derecho romano reduciéndolo a un «orden natural», y R. Pothier que sintetizó y armonizó la tradición romana y la consuetudinaria, aproximándose en importantes materias, como la relativa a obligaciones y contratos, al contenido normativo del Código napoleónico. De esta forma una masa importante de este caudal llegará bastante decantado a los autores materiales del Code, a sus artesanos según la afortunada expresión de Arnaud, acaso el mejor conocedor de la codificación civil francesa. Se refiere también el A. a la génesis externa de la obra napoleónica, y en ella a las ideas y labor que le cupo a la comisión en el Consejo de Estado. Finaliza este capítulo echando una mirada panorámica sobre el contenido normativo del código, con especial referencia a sus aspectos más innovadores frente a la realidad jurídica existente en el antiguo régimen.

El Cap. 3 ofrece un muestrario de los diversos códigos europeos, africanos, orientales y americanos, señalando en cada caso el grado de influjo recibido del modelo francés. Dentro de este amplio abanico de códigos el A. centra mayormente su interés en el tratamiento de la codificación americana, punto en el que señala que la recepción integral del Code -su imitación, copia o traducción- es más bien una actitud extraña o excepcional. Por cierto, sabemos que sólo Santo Domingo en 1822, Haití en 1826, el Estado mexicano de Oxaca entre los años 1827 y 1829, Bolivia en 1831 y Costa Rica en 1841, la siguen. Pero en los restantes códigos americanos se advierte tan sólo una recepción parcial, un dejar y tomar del Code, sin perjuicio todavía que cuando se recoge algo de él se le reformula con mayor o menor intensidad, pero nunca existe una adaptación servil. Podemos agregar que la historia del planteamiento de la fijación civil chilena es representativa en este sentido, pues ella se inicia en 1822 con la primera proposición fijadora presentada por O'Higgins, consistente en traducir los «cinco célebres códigos» napoleónicos. Pero esta idea, modesta por cierto -que renuncia a elaborar códigos aquí- cayó en el olvido y nunca más se volvió a repetir entre nosotros.

De esta forma nos revela el A. cuan lejos de la realidad es la opinión -no aún del todo abandonada- que ve por parte de los códigos americanos una copia literal o próxima del Código Civil francés, cosa que no existió como actitud generalizada. En efecto, a partir del Código peruano de 1852, considerado como el primer código hecho en este lado del mundo -el primer código americano autónomo- la idea de volver al Code desaparece. Subraya el A. que en esta línea de lejanía del modelo napoleónico, el Código Civil chileno constituye el ejemplo más destacado. Y ello es sin duda así por cuanto en su contenido predomina incontrastablemente la tradición romano-castellana, y dentro de ella de manera principal la proveniente de las Siete Partidas. Tal no debe llamarnos la atención por cuanto ya la idea de codificación que Bello plantea en su propuesta es la de la consolidación del derecho, esto es, recoger el derecho vigente en nuestro medio -lejos el castellano la vertiente más abundante en materia privatística-, expurgándolo de sus defectos externos, sin perjuicio, claro está, de reformarlo con el aporte de los códigos extranjeros, donde por cierto el Código napoleónico ocupa un lugar importante. Este es un dato digno de consignar dado que el Código Civil chileno tuvo una extraordinaria difusión, matizada desde luego, por parte de diversos países americanos -El Salvador, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Venezuela, Uruguay, etc.-, pasando a tener en este continente un lugar similar al alcanzado en Europa por el Código de Napoleón.

El Cap. 4 cierra el libro con un interesante análisis sobre la Escuela de la Exégesis, en que el A. trata de mostrar la actitud asumida por los primeros comentaristas franceses al Código de Napoleón. Se diría que la posición de esta corriente, al igual que las principales vertientes doctrinales del s. XIX, es positivista, pero el suyo es un positivismo legal -diferente del de la Escuela Histórica (positivismo historicista) y del Pandectismo (positivismo científico)-, ya que tuvo en el Code su centro y paradigma. Convertida la obra napoleónica en un documento intocable, los exégetas recomendaban siempre volver a él sus ojos -no salirse de sus carriles-, ya ateniéndose a su letra cuando ésta es clara, o a los principios generales de sus leyes, cada vez que se presentaba una situación de vacío o ambigüedad de sus normas. Sabemos que este problema cobra especial importancia por cuanto el Código napoleónico derogó la figura del referimiento al legislador vigente en el antiguo régimen, al establecer en su art. 4 el principio de la inexcusabilidad del juez, y además por cuanto no contempla normas sobre interpretación del derecho, como las que establece el código de Bello en sus artículos 19 a 24.

Señala el A. que la fidelidad mostrada por la escuela hacia la obra napoleónica reforzó el orden social burgués y junto con él acentuó el principio del individualismo jurídico, ya reconocido por el Code, de manera que «el individuo era colocado ahora más que nunca en el centro de la escena». Así la familia autoritaria y patriarcal, la propiedad absoluta, el contrato como eje de las relaciones patrimoniales, fueron pregonados con fuerza. Refiérese también el A. en este capítulo al influjo y límites que esta corriente ejerció en los juristas americanos, para terminar informándonos sobre los caracteres que para Norbeto Bobbio tiene dicha escuela.

El cuerpo de anexos que reúne el A. son una serie de documentos misceláneos vinculados a episodios de la historia de la fijación civil de algunos países americanos, como Perú, Chile y Argentina, ya sean prólogos y considerandos a ciertos proyectos, mensaje del Ejecutivo al Congreso para la aprobación de un código, defensa, objeciones y réplica a proyecto de código. Al no existir en América una tratadística -ya de crítica hacia el derecho vigente o de propuesta de nuevos modelos fijadores-, como se conoció en Europa a partir del humanismo, documentos como los que recoge el A. adquieren entre nosotros una gran importancia, a lo que habría que agregar los muchos artículos de prensa que ven la luz en esa época. De más está decir que en parte importante la literatura criolla en esta materia no es del todo original, sino que repite ideas y tópicos ya enunciados en el viejo continente.

El juicio que podemos emitir sobre esta nueva obra de Carlos Ramos es altamente meritorio. Desde luego su contenido excede con creces cuanto sugiere su título, pues hay en ella abundante información y juicios sobre el Code mismo, antes de analizar su influjo. Quien quiera estudiar la gravitación que la obra napoleónica ejerció en los códigos americanos- y también de otros continentes- no puede prescindir de este estudio, ya que es uno de los más completos y desde luego moderno sobre el tema, al que acompaña un abundante aparato bibliográfico en el que recogen trabajos clásicos y nuevos sobre la materia. La pluma del A. siempre fina, ágil, clara, confieren a la obra un atractivo complementario. En definitiva, un libro recomendable tanto para el especialista, que siempre hallará en él algo de interés -un dato, una idea, una sugerencia- como para el estudiante que pretende abordar este tema.

Italo Merello

RAMOS NUÑEZ, Carlos. La influencia del derecho romano en la obra de Toribio Pacheco. Un rasgo de la identidad jurídica latinoamericana (Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto Riva-Agüero, Cuadernos de Investigación 1/1995, Lima 1995), 59 págs.

El estudio de los juristas latinoamericanos del s. XIX es todavía una tarea pendiente, pero sin embargo se va avanzando en ella. Los trabajos de Carlos Ramos sobre Toribio Pacheco se inscriben en esa línea, por lo que debemos congratularnos de su aparición. Este estudio es un complemento a una veta abierta que el A. dejó luego de la publicación de su obra Toribio Pacheco, jurista peruano del s. XIX, que recensionamos en el N. 16 (1994) de esta misma Revista.

Se trata de un trabajo breve pero substancioso en que el A. nos muestra los influjos que contribuyeron a modelar la formación jurídica de Toribio Pacheco, donde la tradición romana -a través de sus diferentes vertientes- tiene un incontrastable predominio en ella.

Toribio Pacheco no fue un docente ni tampoco un jurista dedicado a labores relevantes, como lo son sus Cuestiones Constitucionales y su Tratado de Derecho Civil, amén de numerosas publicaciones sobre variados temas jurídicos aparecidos en diversas sedes periódicas. Sus Cuestiones Constitucionales son la primera tentativa de hacer una historia constitucional del Perú, y su Tratado de Derecho Civil es un comentario al Código Civil peruano de 1852. Este código es particularmente importante no sólo en Perú sino también en el continente, por cuanto ha sido considerado como el primer código hecho en América -el primer código autónomo-, en el sentido que no es copia, ni traducción, ni recepción integral del código napoleónico, como otros anteriores que habían visto la luz en este lado del mundo (Santo Domingo, Haití, Oxaca, Bolivia, Costa Rica), sino una obra hecha en el Perú y que recoge en ella fuertemente la tradición romano-castellana. El Tratado de Derecho Civil de Toribio Pacheco resultó ser un libro destacado en la literatura jurídica peruana, tanto que ha sido considerado como la producción civilista más notable del s. XIX, al punto que durante más de medio siglo no tuvo competidor ni en la cátedra ni en el foro, no obstante el propósito manifestado por su autor, cual era elaborar una obra elemental para el uso de los estudiantes de derecho.

El A. en este estudio echa un vistazo tanto a la referencia de las principales fuentes registradas en su Tratado, como a la dotación de los títulos existentes en su biblioteca particular. Dice el A. que «cada vez que Pacheco se ocupa de una institución jurídica cualquiera recurre siempre al derecho romano». Pero sabemos que el derecho romano ha demostrado ser una suerte de derecho neutro, que tiene la virtud de adaptarse, a través de diversas reelaboraciones, a distintas circunstancias históricas, con lo que la historia del derecho de Occidente ha sido, en medida importante, la historia de las muchas aventuras vividas por el derecho romano a través del tiempo. Así entre las obras usadas en su Tratado y/o existentes en su biblioteca se cuentan los diversos libros del Corpus luris Civiles (Institutiones, Digesta, Codex, Novellae), la tradición romano-castellana desde el Fuero Juzgo hasta la Novísima Recopilación, pasando por el Fuero Real, Las Leyes del Estilo, las Siete Partidas, el Ordenamiento de Alcalá, las Leyes de Toro, y la Nueva Recopilación; algunos juristas castellanos, como Gregorio López y Antonio Gómez, la literatura institucional castellana de diseño dialéctico-gayana-justinianea, como las obras del tipo de Juan de Sala y Asso y Manuel; las obras destinadas al uso práctico de jueces y abogados, como los prontuarios y prácticos de Febrero y sus reediciones, los códigos extranjeros europeos y americanos; los juristas franceses anteriores al Code, los más lejanos Cujacio y Domat, y el próximo Pothier, y los posteriores que integran la Escuela de la Exégesis; también Savigny y otros. A esto se suman obras de carácter extrajurídico, como los clásicos romanos y españoles, etc.

El A. nos muestra así la existencia de un fondo de fuentes manejadas por Toribio Pacheco, que son comunes a todos los juristas americanos de la época, lo que explica la existencia de un fuerte parentesco entre ellos, «un rasgo de la identidad jurídica latinoamericana», como reza el subtítulo del trabajo de Carlos Núñez. Por lo demás no hay que olvidar que todos ellos viven en un escenario jurídico común, pues el proceso de emancipación americana llevado adelante en las primeras décadas del s. XIX, puso fin al derecho público-indiano, que fue sustituido por los respectivos ensayos constitucionales, pero en el ámbito del derecho privado fue poco o nada lo que cambió, ya que hubo por parte de las autoridades criollas una actitud de confirmación del derecho castellano, el que en gran volumen siguió navegando a vela desplegada hasta el aparecimiento de los códigos, sin perjuicio que a la vera de él fue naciendo una legislación patria a ratazos, generalmente referida a puntos concretos y específicos, que participa de las ideas igualitarias y libertarias del racionalismo iluminista.

El estudio que acabo de comentar constituye un modelo de monografía del tipo que abre la posibilidad de llevar a cabo trabajos similares frente a otros juristas de la época.

Italo Merello

RAULFF, Ulrich, Ein Historiker im 20. Jahrhundert: Marc Bloch, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1996, 510 páginas.

Nos encontramos ante una monografía que escudriña en lo más profundo de la figura del historiador judío-francés Marc Bloch. El tema escogido no resulta del todo novedoso; otros autores llevaron a cabo, con anterioridad a Raulff, un estudio temático de uno de los historiadores más significativos e influyentes de nuestro siglo; entre éstos destacamos las figuras de B. Lyon en Marc Bloch: did he repudiate Annales history? publicado en el Journal of Medieval History (1985), B. Geremek, Marc Bloch, historien et resistant (1986) o la historiadora americana C. Fink con su obra, Marc Bloch. A life in history, Cambrigde 1989. El interés de la obra que nos proponemos comentar es que, superando a las otras que se ceñían a la vida y obra de Bloch, Raulff crea un retrato del historiador, sus pensamientos, sus luchas, sus construcciones intelectuales, siguiendo para ello los hilos de la historia, de la política y de la cultura intelectual para -entrelazándolos- profundizar y hacer crítica de la metodología del autor, que desarrolló una nueva concepción de la historia, y que creyó en la importancia no del "qué" sino del "cómo".

Pretende Ulrich Raulff desempolvar la figura del historiador que, junto con Lucien Febvre, inició la andadura de la Revista "Annales" y de la escuela histórica del mismo nombre, y que significó en su época un intelectual crítico y político, para desvelar que no militó en partido político alguno, a pesar de que se le consideraba simpatizante de la socialista S.F.I.O. Le califica de artífice en la formulación de métodos, conceptos y programas en la nueva ciencia histórica. Y destaca principalmente sus obras sobre la religión de las Casas Reales en la Edad Media en Francia e Inglaterra, el mundo feudal descrito en su libro La société féodale (1939-40), y su disertación sobre la profesión u ocupación de los historiadores y del método de estudio de la historia, que significa la introducción de la ciencia histórica o historiografía en Apologie pour l´histoire ou Métier d´historien (1949), y en L´Etrange défaite (1946).

El libro se articula en seis capítulos, y en el primero de ellos se plantea Raulff si no es acaso la guerra la que da continuidad a la historia: no en vano ha existido desde el comienzo de los siglos y la historia de la cultura en Europa se le antoja muy vinculada al "eventus bellorum" (p. 32). Cree el autor imprescindible para elaborar una buena descripción histórica sobre las guerras, el haberlas vivido, el haber visto masas humanas muriendo, y haber experimentado sentimientos de miedo, angustia, valor y disciplina (p. 33). Marc Bloch cumplía esas cualidades, fue alistado como Sargento y se licenció como Capitán en la Primera Guerra Mundial en un regimiento de infantería y condecorado por su servicio con la "cruz de guerra"; perteneció a una familia judía perseguida por los nazis y a la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. Raulff da por título a este capítulo el de "la historia a la luz del escándalo: Francia 1940" y, tomando como punto de partida algunas obras de historiador francés, principalmente Die seltsame Niederlage de la que es buen conocedor, no en vano escribió el prólogo, reflexiona sobre la situación en la que se encontraba Francia en ese año, en el que tanto Bloch como Lucien Febvre escribían que "habían perdido toda esperanza" (p. 40).

Avanza el autor en su obra analizando el que denomina "el nuevo camino del conocimiento histórico" (p. 66), donde estudia en Marc Bloch las dos guerras mundiales en "el laboratorio de la historia" (p. 70) con referencias a otras tantas obras del historiador lionés, tales como Souvenirs de guerre 1914-1915 (1969), Réflexions d´un historien sur les fausses nouvelles de la guerre (1921), Apologie, etc., y por las que define el concepto de Historia como "la ciencia cuyo objeto es la observación" (p. 124).

Bajo el epígrafe "ante el Juzgado" (p. 181) realiza el autor de este libro un papel de búsqueda de la verdad en Marc Bloch y compara su actividad de historiador con la de la investigación que llevan a cabo los jueces (p. 184) y la realizada por expertos y fiscales (p. 218) en los procedimientos judiciales, aunque es extraño que para temática tan particular y de especificidad jurídica tan concreta, siga a Carlo Ginzburg, el modernista de la Universidad de Bolonia.

Ocupa un lugar central en esta obra lo que Raulff denomina "La Alianza vieja y nueva. Historia, Política y Religión" (p. 268) para cuyo desarrollo profundiza en Les Rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre, (1924), y reeditado en París (1983). Analiza aspectos epifenoménicos de la historia, de las creencias religiosas y del sistema político repúblicano para concluir con una interesante aportación de conclusiones que resaltan el elemento común a todas ellas que no es otro que el carisma.

Concluye la obra con un interesante capítulo dedicado a la actualidad de Marc Bloch, en el que le define como uno de los más grandes historiadores en el siglo XX, para describir como fueron sus primeros contactos y aproximaciones a su obra y cómo le surgió la idea de elaborar lo que él denominó un "retrato del historiador" (p. 452). Nos relata de qué manera le resultaron fascinantes sus primeros documentos y descripciones de la guerra, pero que fueron con posterioridad sus vastos conocimientos, su técnica y organización como historiador lo que más llamó la atención de su trabajo.

Ulrich Raulff, investigador y admirador de la figura de Bloch, demuestra -a lo largo del libro objeto de este comentario-, que es el mejor y más versado conocedor de su trabajo, y la obligada lectura de esta obra, retrato intelectual del historiador y científico de sus ideas y de sus luchas, nos parece fundamental para todos aquellos que deseen acercarse a la figura del afamado historiador judío-francés, nacido en Lyon, que encontró trágicamente la muerte a manos de la Gestapo en abril de 1944.

Gemma Tarodo Rodríguez

Revista de Historia del Derecho "Ricardo Levene" 32 (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja", 1996).

Del índice:

Historia del Derecho y Ciencia Histórica. Investigaciones: Norberto C. Dagrossa, La legislatura de La Rioja (1844-1852). Estudio de historia del derecho parlamentario; Gustavo Fondevilla, Historia del kantismo en la iusfilosofía argentina; Abelardo Levaggi, Principios decimonónicos del proceso civil en el extremo sur de Hispanoamérica; Aleksandar Petrovich, El derecho consuetudinario inca y la prehistoria de los derechos humanos; María Isabel Seoane, Una forma de piedad: las herencias a favor del alma en el Buenos Aires colonial. Apuntes para su estudio.

Notas: Juan Carlos Agulla, Juan Agustín García. Sociología nacional y conciencia crítica; Luis Guillermo Blanco, El derecho y la política en las tragedias de Eurípides; Pablo Lacoste, Evolución del sistema de elección de intendentes municipales en la provincia de Mendoza (1916-1995); Abelardo Levaggi, Reflexiones sobre cursos de especialización en Historia del Derecho para historiadores y juristas; Héctor José Tanzi, Honor y derecho en una obra de Calderón; Ramón Pedro Yanzi Ferreira, La aplicación del estado de sitio en Buenos Aires en 1880.

Documentos: Martha Bechis, Una acción de Juan Manuel de Rosas ante el gobierno de Martín Rodríguez por derecho de reivindicación de ganados.

Testimonios: L[ucio] V[icente] L[ópez], "La enseñanza se ofrece pero no se impone (El 13 de diciembre, nº 1, Buenos Aires, 21/12/1871.

Catálogo: Norberto C. Dagrossa, Indice general del "Boletín de la Biblioteca Nacional de Criminología y Ciencias afines" (1926-1929) (p.277-302); Tulio Ortiz, La "Revista Argentina de Ciencias Políticas" (1910-1928).

Red.

Revista de Historia del Derecho "Ricardo Levene" (Inst. de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja", Fac. de Derecho y Ciencias Sociales, Univ. de Buenos Aires) 33 (1997).

Del índice:

Investigaciones: Dagrosa, Norberto, El Senado argentino (1854-1997). Notas materiales para un estudio histórico-institucional (Primera Parte); García Ulecia, Alberto, Problemática jurídica y vicisitudes de la correduría de lonja de Buenos Aires en la época hispánica; Viviana Kluger, La familia ensamblada en el Río de la Plata. 1785-1812;Miguel Angel Sardegna, Historia de la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; Héctor José Tanzi, Historia ideológica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1862-1892).

Notas: Germán Bidart Campos, Centenario del "Manual de la Constitución Argentina" de Joaquín V. González; Abelardo Levaggi, La libertad de los naturales según Solórzano y su fundamentación en el derecho romano; Ricardo, Rabinovich Berkman, Una encrucijada entre los derechos fundamentales y el procedimiento: La evaluación judicial de las pruebas (a partir de una obra de Heikki Pihlajamaki); Ramón Pedor Yanzi Ferreira, La implantación del estado de sitio en la República Argentina.

Red.

Revista de Historia del Derecho 23 (Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires 1995).

Del índice:

Investigaciones: Mónica Adrian, Reformas borbónicas y políticas locales. Las doctrinas de Chayanta durante la segunda mitad del siglo; Noemí del Carmen Bistue-Cecilia Marigliano, Los disensos matrimoniales en Mendoza. Epoca patria (1810-1869); José María Díaz Couselo, El control judicial de la actividad administrativa de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires (1854-1882); Carlos Guillermo Frontera, La reforma constitucional como objetivo de la revolución de 1930; Noemí M. Girbal-Blacha, Diagnóstico, legislación financiera y planificación económica (1946-1955). La trama política de una negociación perdurable; Ana María Martínez de Sánchez, De lo pecuniario a lo espiritual: la bula de composición; Eduardo Martiré, La ineluctable pérdida de los dominios españoles de América; Gabriela Peña de Macarlupu, Los derechos de los esclavos. Legislación y realidad en la Córdoba del siglo XVIII; María Rosa Pugliese La Valle, La prisión por deudas en el derecho patrio argentino; Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, La esclavitud de indios y negros en la América española y el origen de la universalización de los derechos humanos; Juan Fernando Segovia, La reforma electoral de 1873: problemas, programas, actitudes e ideologías.

Notas: Elena R. L. Bonura, Vicisitudes de la Caja de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XVIII; Stella Maris Gómez Rigoli, Ernesto Quesada, magistrado del fuero civil; Mario Carlos Vivas, La escritura de mandato desde el siglo XVI.

Red.

Rivista di Storia del Diritto Italiano 69 (1996)

Del indice:

Paolo Grossi, Scienza gíuridica e legislazione nella esperienza attuale del diritto; Vito Piergiovanni, Gli influssi del diritto genovese sulla carta de Logu; Laura Moscati, Savigny a Roma; Giorgio Tamba, il consiglio del popolo di Bologna. Dagli ordinamenti popolarialla Signoria (1283-1336); Mario Ascheri, il dottore e lo statuto: una difesa interessata; Nicoletta Sarti, Martino da Fano ed suoi "Notabilia super institutionibus" (Ms. Citta del Vaticano, B.V, Urb. Lat.156); Gianni Mignone, Commenda e società: Riflessfoni d'oggi su un antico tema; Francesco Aimerito, Per la storia della codificazione processualcivilistica sabauda. Ordinamento giudiziario e processo civile in un progetto dei primi anni della restaurazione; Giacomo Pace, "Ex arca privilegiorum": regesti delle pergamene dell'universitas di Catagirone; Michele Rosboch, Le invalidità negli statuti di Torino. Miscellanea: Gerhard Dilcher, L'incontro con Francesco Calasso. Un'ispirazione per una storia del diritto germanico nel contesto della cultura europea.

Red.

Roma e America. Diritto Romano Comune. Rivista di Diritto dell'Integrazione e Unificazione del Diritto in Europa e in America Latina 3 (Modena. Mucchi, 1997).

Del índice:

Diritto romano comune: principi, codici "tipo", formazione del giurista: Sandro Schipani, Principia iuris. Principium potissima pars. Principios generales del derecho (Apuntes para una investigación); Fernando Reinoso Barbero, El derecho romano como desideratum del derecho del tercer milenio: los principios generales del derecho; Julio Fernández Bulté, Notas sobre los desafíos a la unificación jurídica en América Latina; Enrique Vescovi, Confrontación entre el Código procesal civil modelo iberoamericano y el Proyecto de código europeo. Hacia un proceso civil universal. Las tendencias que el Código Modelo va plasmando en la realidad; Giovanni Verde, Un processo comune per l'Europa: strumenti e prospettive; Raúl Tavolari Oliveros, Hacia una teoría general del proceso por los códigos procesales modelo para Iberoamérica; Roberto Berizonce, Los códigos uniformes y la enseñanza del derecho procesal; Angel Landoni Sosa, La importancia de la teoría general en el "Proyecto de modelo común de enseñanza del derecho procesal"; C. Rangel, A. Scarance, A. Magalhaes Gómes, A. Carmona, R. Bedaque, Sobre o ensino do direito processual.

Responsabilitá extracontrattuale: Pietro Rscigni, Il primo volume della Enciclopedia de la Responsabilidad Civil (Buenos Aires, 1996); Franceso Busnelli, Principi per l'unificazione del diritto in materia di responsabilita ex tracontrattuale (elementi costitutivi della fattispecie: colpa e ingiustizia); Cesare Bianca, La colpa come elemento costitutivo della fattispecie dell'illecito; Atilio A. Alterini, La résponsabilidad extracontractual en los Códigos Civiles del Mercosur; Roberto López Cabana, Responsabilidad civil por daños al consumidor en el Mercosur; Attilio Gorassini, Qualche reflessione sulla responsabilita del produttore funzionale alI'analisi sistematica dei modelli di responsabilita civile nelle societa.

Statuto dell'impresa e Mercosur: Pietro Masi, La crisi dell'impresa nel progetto di Estatuto de la empresa para los países del Mercosur.

Red.

Ruda Santolaria, Juan José, Los sujetos de derecho internacional. El caso de la Iglesia católica y del Estado de la Ciudad del Vaticano (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 1995) 603 págs.

Aunque el título y buena parte del libro está dedicado a un tema de derecho internacional público, las numerosas páginas que el autor dedica a aspectos histórico-jurídicos justifican la reseña de esta obra en esta revista. La motivación que ha tenido el autor para abordar esta extensa investigación ha sido la escasa consideración que se ha dado a la situación de las diversas comunidades religiosas ante el derecho internacional contemporáneo, tema por lo general tratado de manera referencial. Con la finalidad de hacer un aporte serio en este sentido, el autor hace un estudio minucioso, respaldado por un sólido manejo de fuentes, sobre la situación de la comunidad católica cara al derecho internacional público.

La Iglesia católica constituye una comunidad de creyentes de carácter universal cuya cabeza, el Papa, extiende su autoridad a todo el planeta; adquiere, por ello, una dimensión no circunscrita a fronteras nacionales y muestra desde antiguo una constante actuación internacional. A su calidad de soberano espiritual, el Papa agrega su condición de Jefe de Estado al ser el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, de manera que quien válidamente accede al Papado adquiere igualmente la condición de Jefe de dicho Estado, dándose una vinculación que el autor califica de "unión real". Así, la Iglesia católica y la Ciudad del Vaticano constituyen dos sujetos de derecho internacional independientes, pero íntimamente ligados entre sí en razón de la calidad de medio que la segunda -Ciudad del Vaticano- tiene para la primera -Iglesia católica-; en efecto, el Estado vaticano es la concresión histórica de la necesidad que tiene la Iglesia de un soporte que garantice la libertad que requiere para ejercer sus funciones espirituales propias, con total independencia de cualquier potestad temporal. Estas particulares circunstancias que se dan en ella explican el interés de estudiar su situación ante el derecho internacional. Ahora bien, como ellas no se explican sin una visión histórica, el autor ha debido dedicar largas páginas al aspecto histórico-jurídico.

El libro se estructura en cinco capítulos: en el primero, el autor analiza la personalidad jurídica internacional y los sujetos del derecho internacional proporcionando el marco dentro del cual discurrirán los capítulos siguientes. Aborda en el segundo el tema de la Iglesia católica ante el derecho internacional; se trata de un capítulo extenso en el que hace un largo análisis histórico de la actuación de la Iglesia desde la perspectiva del derecho de gentes, antes de 1870, después de la anexión italiana de los Estados pontificios y después de los Pactos lateranenses. El capítulo tercero estudia el Estado de la Ciudad del Vaticano desde la perspectiva del derecho internacional, para analizar después, en el breve capítulo cuarto, las relaciones jurídicas entre la Iglesia católica y el Estado de la Ciudad del Vaticano. Finalmente, en el capítulo quinto, se analizan las relacionesde la Iglesia católica y del Estado vaticano con la comunidad internacional, oportunidad en la que el autor se detiene largamente en el estudio de lo que han sido históricamente las relaciones del Vaticano con el Perú. Completa la obra un nutrido conjunto de anexos en los que es posible leer, en castellano, textos cuya consulta no siempre es fácil, como algunas de las leyes fundamentales del Estado de la Ciudad del Vaticano; a ellos se agregan otros referidos a las relaciones Iglesia-Estado en Perú.

El tema abordado por el autor resulta por sí solo atrayente aunque no exento de complejidad. Es por lo que la lectura de una obra que lo hace con erudición, con abundante acopio de fuentes, y con estilo, resulta siempre gratificante; más aún, si a ello se agregan extensas páginas dedicadas a enfrentar el tema en la perspectiva histórico-jurídica. Es laudable que un tema, cuyos cultivadores suelen estar en Europa, se aborde con seriedad en nuestro continente; entrañaba esto una dificultad seria, la falta de bibliografía en las bibliotecas hispanoamericanas, lo que obligó al autor a consultar numerosos repositorios europeos. El resultado ha sido una obra completa, documentada, sólidamente fundada en la historia, y actual, que ofrece al lector una análisis acabado del tema en su perspectiva histórica y en su estado presente.

C. Salinas

RUDORFF, Adolfus Fridericus, De iuris dictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt (reimp. anastática, Pamplona, EUNSA, 1997), x + 292 + dos págs.

Como es bien sabido, la reconstrucción moderna del perdido edicto perpetuo de Salvio Juliano hoy en uso la debemos a Lenel; pero antes de publicar éste su obra en 1883, habían habido varios otros autores que intentaron dicha reconstrucción, cuya línea se inicia con Stephanus Perraeus en 1564 y continúa con conocidos y hasta famosas figuras de la historia del derecho, entre las que recordamos a E. Baron (1547), M. Wesembeck (1568 ss.), A. Agustín (1576), J. Gothofredus (1653), G. Noodt (1715 ss.), J. G. Heineccius (1744) más varios otros, hasta desembocar en el antecesor inmediato de Lenel, que fue A. F. Rudorff (1803-1873). El trabajo de Lenel, culminado en la tercera edición de 1927, ha venido siendo considerado como definitivo; y ello explica el olvido en que cayeron los intentos anteriores. De ellos, empero, el más acabado había sido el de Rudorff y tanto, que Lenel no sólo lo elogió, mas constantemente lo asumió como contrapunto y confrontación en su propia versión reconstructiva; de modo que puede afirmarse que fue precisamente dicha obra la que hizo posible el esfuerzo de Lenel; de la misma manera que cualquier empeño futuro en el mismo sentido deberá a su vez partir de este último; empeño que, por lo demás, se hace necesario, atendido el natural y normal avance científico producido en esos 70 años transcurridos desde la tercera edición leneliana, que ya no permiten prestarle un asenso incondicional y que en muchos casos hasta fundan la crítica frontal.

Destacadamente ha venido reclamando una nueva reconstrucción el célebre romanista español Alvaro d'Ors y no pocos esfuerzos ha dedicado a prepararla, especialmente mediante el encauzamiento de las tesis de varios de sus numerosos discípulos hacia el estudio de las acciones y otros recursos clásicos, con vista a verificar su exacto régimen edictal. Yo mismo en algún momento tomé la iniciativa de confeccionar un vocabulario del edicto perpetuo (que curiosamente no existe) y por cierto recibí el entusiasta apoyo de mi maestro; y lamento que otras empresas académicas me hayan obligado a postergar ese trabajo, que ahora debería asumir otro.

En esta misma línea se sitúa la presente reimpresión anastática del trabajo de Rudorff, que había sido publicado en Leipzig en 1869, debida al interés congruente de Rafael Domingo, catedrático de la Universidad de Navarra, quien en este momento se perfila como una verdadera promesa para el nuevo intento reclamado por Alvaro d'Ors, también su maestro, como lo permiten augurar sus sistemáticos trabajos sobre el edicto [véanse sus Estudios sobre el primer título del edicto pretorio: I (Santiago de Compostela, 1992), II (ibíd., 1993), III (íbid., 1995)].

El interés del libro de Rudorff, pues, no es sólo erudito, como fuente para el estudio de la historia moderna de la romanística, sino también instrumental, para el estudio del derecho romano mismo, en cuanto todavía puede ofrecer sugestiones dignas de tenerse en cuenta y desde luego como contraste. En tal sentido, es laudable esta iniciativa del profesor Domingo, que ahora nos proporciona ese instrumento, antes difícil de conseguir.

A. G.

RUIZ HOSPITAL, Gonzalo, El gobierno de Gipuzkoa al servicio de su rey y bien de sus naturales. La diputación provincial de los fueros al liberalismo (siglos XVI-XIX), Gipuzkoako Foru Aldundia, San Sebastián, 1997, 419 pp.

La obra de Gonzalo Ruiz Hospital cubre las relaciones entre la Corona y las instituciones públicas de Guipúzcoa desde la entronización de Carlos V hasta 1810, lo que no es obstáculo para que en una primera parte de su trabajo estudie la constitución de la tierra de Guipúzcoa como Hermandad desde finales del siglo XIII, recogiendo posteriormente acuerdos aprobados por las Cortes de Valladolid de 1325, las de Medina del Campo de 1370, las de Segovia de 1386, etc. Analiza también el "Cuaderno Viejo de la Hermandad de Guipúzcoa" aprobado por Enrique IV en 1457.

El libro se detiene en el estudio de las libertades de Guipúzcoa. Se utiliza el término "república" con un sentido ambiguo por parte de Ruiz Hospital, aunque a tenor de los textos induce a una significación que no es probablemente la que se le otorga en el pensamiento político europeo del s. XIX, sino quizás la noción de "res publica" clásica y medieval, pero el autor pretende darle connotaciones extemporáneas, escribiendo en 1996 y publicando un libro en 1997.

Analiza la figura del corregidor de Guipúzcoa y de los procuradores. Los orígenes de la Diputación los estudia el autor a partir del siglo XVI, y en particular desde que las Juntas Generales de Mutriku de 1549 llevaron a cabo una propuesta encaminada al nombramiento de diputados, cada uno de ellos correspondientes a las villas configuradoras de las Juntas Generales conforme a un turno fijo. La Diputación se estructuró como un órgano colegiado integrado por el diputado general, el corregidor y el regimiento de la villa que estuviera implicada en la resolución del problema judicial o administrativo de que se tratase y que recepcionaba al diputado y al corregidor que tenían competencias. Analiza también el autor algunas diputaciones particulares que tienen su acogida dentro de la Diputación como es el caso de la de Guerra, diferente de la ordinaria. En 1733 se amplió el ámbito competencial del Diputado General, modificándose también por una ulterior reglamentación en 1748, 1771 y 1780.

Con los Borbones se observa cómo las relaciones entre la Diputación y la Monarquía no son tan fluidas, pues existe una intervención constante de la Corona que tiene como finalidad limitar las competencias e intervenir en cuestiones sobre aduanas, contrabando, derechos arancelarios, comercio, y nombramientos en la actividad del Diputado General. Los primeros diez años del s. XIX son de reiterados enfrentamientos en la Diputación debido a la existencia de dos Diputaciones rivales, una en Azpeitia y otra en Tolosa. Se encontraban en continuo conflicto de competencias y esto motivaría la intervención del poder central.

Resalta el autor la incidencia que en el ámbito de la provincia de Guipúzcoa tuvo la aprobación de la Constitución de Bayona de 1808 y el cambio dinástico. Se ha de señalar que debido a la proximidad geográfica la incidencia sobre las instituciones políticas guipuzcoanas fue mayor y más significativa que en otras zonas del territorio español, reduciéndose la Diputación a un margen estrecho de competencias y entrando por una vía de colaboracionismo con el invasor francés que terminó por abolir la Diputación de 1810, creando el General Thouvenot una Comisión de Cuentas. Un Decreto Imperial de 8 de febrero de 1810 daba origen al Gobierno de Vizcaya atribuyéndosele competencias administrativas sobre la provincia de Guipúzcoa. Se le otorgó al General Thouvenot la gobernación de dicho Gobierno acumulando, por tanto, el supremo poder administrativo, judicial y militar del territorio. El 1 de marzo de 1810 se suprimía la Diputación como consecuencia de que resultaba poco útil para los intereses de los nuevos poderes fácticos.

Se acompaña la obra de un apéndice documental compuesto por dieciséis piezas de diversos archivos. Ruiz Hospital ha centrado sus consultas en el Archivo General de Guipúzcoa, el Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa, el Archivo Diocesano de San Sebastián y los archivos municipales de Tolosa, Asteasu y San Sebastián.

Como valoración general, nos encontramos ante una monografía importante, sólidamente documentada y nos atreveríamos a calificarla como un instrumento axial para la comprensión de la historia política e institucional que precedió al liberalismo en la provincia de Guipúzcoa.

Elena Martínez Barrios

SAN MARTINO DE DROMI, María Laura, Documentos constitucionales argentinos (Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires 1994) 2603 págs.

Con la finalidad de «poner al alcance de los estudiosos y de todos aquellos interesados en la evolución histórico-jurídica de nuestro país los elementos esenciales que contribuyeron a la formación de su nacionalidad», se publica una extensa colección de documentos constitucionales de la República Argentina en un arco de tiempo que va de 1782 a 1860.

Para la autora, constitución es el modo de ser que adopta una comunidad política en el acto de crearse, de recrearse o de reformarse, acto que puede ser más o menos lento según el ritmo de su historia. A su vez, distingue entre la constitución formal y la constitución material: aquélla es la que consta de una parte dogmática, que enuncia las declaraciones, derechos y garantías, y de una parte orgánica destinada a regular la organización del poder y el funcionamiento del gobierno. Estas, en cambio, no se incorporan a la unidad sistematizada de la codificación constitucional, pero contienen elementos fundantes de la organización y funcionamiento del poder y, en ocasiones, también declaraciones generales de principios. Este marco conceptual es que le permite incluir en este abundante repertorio de fuentes, textos que no siempre se parecen a los modernos textos constitucionales.

En efecto, la obra aparece dividida en cuatro grandes partes: la primera está dedicada a la real ordenanza de intendentes, la que, para la autora «adquiere el carácter de una auténtica Constitución política de las autonomías regionales durante la época virreinal. Fue la primera Carta política para los vastos territorios del Plata y su influencia perduró después del movimiento revolucionario de 1810, por cuanto muchas de sus disposiciones se volcaron posteriormente a la organización nacional o provincial». Esta afirmación cabe entenderla en el marco conceptual ya señalado, que distingue entre constitución formal y material.

La segunda parte está dedicada a las Cartas y constituciones provinciales, en la que se recogen, ordenados cronológicamente, los diversos textos de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. La parte tercera está dedicada a los Pactos y tratados interprovinciales, material que la autora incluye nuevamente al amparo de su concepto de constitución material. Se trata de pactos que proliferan a partir de 1820, caducas las autoridades nacionales después de la batalla de Cepeda, y que responden principalmente a dos objetivos vitales para las provincias: afirmar la voluntad de dictarse una Constitución, a través de la reunión de congresos, convenciones o la formación de órganos comunes; y, resolver los problemas que emergían de la vida cotidiana, como la guerra, el comercio, los límites territoriales, la navegación, la extradición de delincuentes, la lucha contra los indios, etc. Se recoge un total de 104 documentos de esta naturaleza. La publicación de estos documentos, muchos de ellos olvidados, lleva a la autora a tener que precisar que no busca con ello revisionismos «y menos aún un neorevisionismo, sólo aspiramos a reflejar en la obra, a través de estos verdaderos documentos jurídicos, los pactos, una historia institucional integradora del país» (p.1386).

La cuarta parte y final, está dedicada a los Proyectos y constituciones nacionales, largo proceso que habría de culminar en 1853-1860, año este último en el que, al incorporarse Buenos Aires a la Nación, se alcanzaba la vigencia efectiva del régimen político y la eficacia total de la organización institucional creada en 1853.

Cada parte va precedida de un estudio introductorio en que la recopiladora analiza el material recogido; al término de cada uno de ellos se agrega una bibliografía. El prólogo es de Vicente Palacio Atard y concluye con el índice sistemático. Se trata, en suma, de una amplia y completa colección, presentada en un macizo volumen, que nos parece que constituye la más importante colección documental sobre el tema y que, por lo mismo, será de consulta obligada a quienes deseen estudiar la historia constitucional de Argentina.

C. S.

SANCHEZ BELLA, Ismael, Nuevos estudios de derecho indiano (Eunsa, Pamplona 1995), 404 págs.

Se recogen en este volumen dieciséis estudios del autor publicados en diversos países, tanto en revistas especializadas como en actas de congresos. Ellos vienen a complementar los editados con anterioridad en la misma editorial navarra, de los que dimos cuenta en esta misma revista, con lo que lo más importante de la producción del profesor Sánchez Bella se encuentra recogido en estos volúmenes, permitiendo, así, un fácil acceso a los aportes notables que ha hecho a la historia del derecho indiano.

Dos de ellos proporcionan una visión general del derecho indiano en dos períodos diversos, El derecho indiano bajo los Reyes católicos y Carlos V (1492-1556) (p. 1-20) y El derecho indiano bajo Felipe II (1556-1598) (p. 21-61). Otros abordan temas referidos a las fuentes, ya generales para todas las Indias, como el Cotejo de los libros 7, 8 y 9 de la Recopilación de Indias de León Pinelo con los de 1680 (p. 101-17), y Las ordenanzas de Felipe II sobre nuevos descubrimientos (1573), consolidación de la política de penetración pacífica (p. 191-213); ya particulares para una región determinada, como es Edición de fuentes para el estudio de las instituciones de Venezuela (p. 119-27); a los que hay que agregar Las bulas de 1493 en el derecho indiano (p. 169-90), y una visión general de El derecho indiano criollo (p. 63-100) cuya importancia ha sido puesta de relieve por nuestro autor en diversos momentos.

Otro conjunto de estudios de los que se recogen en este volumen se refieren al gobierno temporal de las Indias, tanto el que protagonizaron las autoridades civiles como las eclesiásticas. Entre los primeros se incluyen Las Indias: instituciones de gobierno, estructura burocrática, jurisdicción y archivos (siglos XVI y XVII) (p. 129-42) La organización política de la América española (p.143-67); Los funcionarios de la América española (p.215-40); Limitación de las facultades de Hacienda de los virreyes americanos ; de Carlos III (p. 241-59). Entre los segundos figura Los eclesiásticos y el gobierno de las Indias (p. 261-77).

Un tercer grupo de trabajos es de carácter historiográfico; se recoge su muy útil Historiografía de las instituciones jurídicas indianas (1945-1987) (p. 301-58), complementada con un análisis de la Aportación española a la historia del derecho indiano (1940-1989) (p. 359-88), al que se agrega el sentido homenaje rendido a su maestro, García-Gallo y el derecho indiano (p. 389-404). Completa este conjunto de artículos El Reino de Navarra y América (p. 279-99).

C.S.

SUÁREZ, Santiago-Gerardo, Los fiscales indianos. Origen y evolución del ministerio público (Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia 227, Caracas 1995) 724 págs.

«Determinar los orígenes del ministerio público y describir las sucesivas etapas de su evolución histórico-jurídica es tarea que aún ofrece dificultades, pues si bien es dable encontrar, personificados en oficios o cargos de las épocas antigua y medieval, antecedentes de la institución, tales antecedentes son, por lo general, parciales, carecen de continuidad o se diluyen en el devenir histórico». Son las palabras con las que el autor de esta magnífica monografía inicia el estudio de los fiscales indianos. No pretende hacer una historia general de los fiscales, sino sólo del ministerio público en Indias, un eslabón más de esa historia que, con precedentes remotos, se prolonga todavía en nuestros días con renovada vitalidad; basta pensar en los proyectos de ministerio público que penden hoy en el Congreso de Chile en espera de transformarse en ley de la República.

La obra está estructurada en quince capítulos, a lo largo de los cuales se hace un repaso general de la figura del fiscal indiano, sin que quede aspecto alguno sin tratar. Es, de lo que conocemos, el estudio más completo que se ha hecho hasta el momento sobre la figura de este oficio indiano. Los dos primeros capítulos se centran en el estudio de los precedentes de esta figura; en el breve capítulo primero se encarga de buscar los «semejantes» de la antigüedad. De él son las palabras con las que hemos iniciado esta reseña; y estas otras: «ante la oscuridad histórica reinante, se procura encarnar al ministerio público en oficios los más remotos posibles, y en tratándose de una institución que es, por su naturaleza, característica de la civilización occidental, los investigadores parecieran regodearse en desentrañar la verdad de los manantiales griegos y romanos». Nuestro autor no cae en esta tentación y se limita a mostrar algunas de las instituciones con las que los fiscales del ministerio público suelen ser asemejados, sin tratar de desentrañar la verdad de ninguna de estas similitudes. En el capítulo siguiente, estudia los Orígenes y contextura hispánica de los fiscales, situado cronológicamente a partir de la proyección del derecho común en la península.

Los siete capítulos siguientes están dedicados al estudio orgánico de este oficio, es decir, tal como estaba estructurado conforme al derecho de la época. El capítulo tercero lo hace respecto del fiscal del Consejo de Indias, y el siguiente lo hace respecto del fiscal de la Casa de la Contratación. El capítulo quinto es el puente con los fiscales indianos, dedicado, en general, a las audiencias americanas y a los fiscales en ellas, de manera que el capítulo sexto y los siguientes pueden centrarse de lleno en el estudio orgánico de los fiscales indianos que el autor hace abordando los siguientes aspectos: capítulo sexto, De los fiscales y de los fiscales indianos: 1 elección, nombramiento y carrera; 2 honores y privilegios, ceremonias y tratamiento; 3 tratamiento personal y salvaguarda de la dignidad y preeminencia del cargo; 4 concertación o celebración de matrimonios. Capítulo séptimo, De los fiscales audienciales. Capítulo octavo, Del fiscal en estrados. Capítulo noveno, Del solicitador o agente fiscal y del procurador fiscal.

El resto de los capítulos nos muestran a los fiscales en el cumplimiento de sus tareas: capítulo 10, Los fiscales «protectores generales de indios», extenso capítulo que el autor desglosa de la siguiente manera: 1 los fiscales y los protectores de indios y la libertad y defensa de los indios; 2 los fiscales y las tierras de indios; 3 mita, mitayos y fiscales; 4 obrajes y fiscales; 5 cajas de comunidad y cajas de censos; 6 la defensa de los indios en juicio. Capítulo 11, Los fiscales y la defensa del patrimonio real, que el autor analiza estudiando: 1 los fiscales y la real hacienda; 2 los fiscales y la tasación de los tributos de los indios; 3 los fiscales y la venta de oficios públicos; 4 los fiscales y las encomiendas. Capítulo 12, Los fiscales, defensores del Patronato real, en que el autor se detiene en: 1 defensa y conservación del patronato; 2 recursos de fuerza; 3 los fiscales y las causas de inmunidad (acogimiento en sagrado); 4 los fiscales y el orden público y las buenas costumbres; 5 censuras, excomuniones y absoluciones.

El capítulo 13 se centra en Los fiscales ante las jurisdicciones especiales: 1 los fiscales ante la jurisdicción de las órdenes religiosas, 2 ante la jurisdicción político-eclesiástica o inquisitorial, oportunidad en que estudia también los fiscales del santo oficio de la inquisición; 3 ante la jurisdicción eclesiástico-económica de la santa cruzada; 4 ante la jurisdicción de bienes de difuntos; 5 ante la jurisdicción del protomedicato. Extenso es también el capítulo 14 dedicado a Los fiscales, supervisores de la administración pública: 1 evolución y estructura de la administración pública; 2 méritos y servicio, mercedes y gratificaciones y premios; 3 los fiscales y el nepotismo de los gobernantes; 4 los fiscales y el juicio de residencias; 5 la libertad de expresión y el secreto de la correspondencia. El capítulo 15 y final aborda el tema de Los fiscales, censores regios.

Como puede apreciarse del resumen del contenido de este libro, la figura del fiscal indiano es estudiada en sus más variadas posibilidades, ofreciendo una visión completa del mismo. Es por lo que decíamos que, de lo que conocemos, es el estudio más completo sobre esta figura y nos parece difícil que sea superado en su conjunto, sin perjuicio de las naturales nuevas precisiones que puedan hacerse en algunos aspectos puntuales, como la idea sustentada por Sánchez Bella de que fueron los fiscales indianos los verdaderos promotores y sostenedores del patronato indiano, idea tal vez no suficientemente resaltada por nuestro autor en el capítulo dedicado al Patronato.

No es éste el primer libro escrito por este fecundo historiador venezolano. Pero lamentablemente será el último. Nos deleitábamos aprendiendo cosas nuevas con la lectura de este libro cuando nos sorprendió la noticia de su muerte. De él nos queda su obra escrita, y, en lo personal, este estupendo libro que nos dedicara cariñosamente.

C. Salinas

Synodicon Hispanum 7 (Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1997) 776 págs.

Es la continuación de la colección que dirige Antonio García y García que, desde 1981, viene publicando las constituciones sinodales de los sínodos celebrados en las diversas diócesis de la península ibérica hasta el siglo XVI. El volumen que reseñamos, el séptimo de la colección, comprende las constitucciones sinodales de los obispados de Burgos y de Palencia, con un total de 42 textos.

Una característica de estos sínodos, si bien no exclusiva, es que apenas aparecen sínodos sin texto conocido, es decir, de aquellos sínodos que, sabiéndose que se celebraron por referencias que se hacen a ellos, no han dejado el testimonio escrito de sus textos. Ello se debe a que en ambos obispados, Burgos y Palencia, se elaboraron, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, colecciones sinodales en las que se recogieron los textos sinodales anteriores. Ello permitió, por una parte, salvar algunas constituciones de una más que probable pérdida; de hecho, la riqueza de los sínodos burgaleses contrasta con la escasa conservación de los manuscritos de los mismos. Pero, por otra, condenó al olvido otras constituciones sinodales que no entraron a formar parte de las colecciones sinodales referidas, escritas en los umbrales de la edad moderna. Otra característica es que entre ambos obispados reúnen una cantidad de textos sinodales que, en número y calidad, supera la media de los volúmenes anteriores.

El volumen que reseñamos presenta, no obstante su ubicación en la colección, algunas peculiaridades. A partir de él se alegan en el aparato de fuentes los concilios legatinos de Valladolid de 1228 y 1322 indicando los respectivos títulos y capítulos, y no sólo los títulos como se venía haciendo en los volúmenes publicados hasta ahora. Con ello las citas resultan más detalladas, ajustándose así a la tradición manuscrita de estos concilios, y no a las ediciones que se han hecho de los mismos que, según los editores, en este punto proceden con arbitrariedad. A lo anterior se agrega una nueva modalidad de referencia contenida en los índices, lo que va a facilitar la rápida localización de los textos sinodales editados.

En el presente volumen se editan veinte textos sinodales burgaleses y veintidós palentinos. Una peculiaridad que presentan algunos sínodos de uno y otro obispado es que el obispo que los convocó publica las constituciones de varios de los obispos que le precedieron además de las suyas propias; para no repetir el mismo texto, se ha recurrido al sistema de edición implícita, de larga tradición en las ediciones de fuentes jurídicas. Por su parte, en los sínodos de Palencia editados en este volumen, únicos textos conservados en la actualidad, hay muchos testimonios de que el sínodo diocesano se celebraba, al parecer, anualmente con regularidad; como lo advierten los editores, el hecho de que se celebrara cada año no implica que todos y cada uno de tales sínodos promulgasen constituciones y que se conserven, ni menos que las constituciones promulgadas fueran de signo reformista, es decir, que trataran de reformar las costumbres de clérigos y laicos, erradicando las corruptelas respectivas.

Una nueva peculiaridad de este volumen es que ninguna de las diócesis cuyos sínodos han sido editados en esta colección presenta una legislación tan propia, coherente y continuada; de hecho, son muchas las constituciones que retoman cualquier tema en el punto en que lo dejaron anteriores constituciones, que se citan expresamente, para complementarlas, modificarlas e, incluso, anularlas total o parcialmente.

En entregas anteriores hemos hecho referencia a la importancia y valor de esta colección, que no dejaremos de ponderar. Está en fase de ultimación el volumen 8 dedicado a la diócesis de Calahorra, cuya aparición esperamos pronto.

C. S.

VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans, Metodología de la Determinación del Derecho, II (parte sistemática) (Centro de Estudios Ramón Areces y Consejo General del Notariado, Madrid, 1996), 1601 páginas.

Tras el título de esta voluminosísima obra se esconde un completo recorrido por la Metodología de la Determinación del Derecho, concepto que ya fue también ampliamente desarrollado en la obra de Vallet de Goytisolo Metodología de la determinación del Derecho, I (parte histórica), donde desde una perspectiva diacrónica se estudiaron las experiencias de los autores quienes, con anterioridad y por caminos diversos, analizaron el tema propuesto y lo definieron como integrante de la distinción trimembre de las metodologías jurídicas: metodología de las leyes, metodología de la determinación del derecho y metodología de la ciencia expositiva y explicativa del derecho, pero en el que el autor dejó de resaltar el papel -calificado de auxiliar- de la poiesis -que trata de inventar o idear mentalmente para fabricar, después, cosas bellas o útiles- y la técnica. Se propone con esta obra enfocar el tema de la determinación del Derecho desde diferentes planos -teoría, praxis, técnica- y niveles -político, legislativo, práctico-, ubicando el objeto de su estudio en el sujeto, sus aptitudes, las maneras de mejorarlas y el equipo a emplear.

Comienza el autor con una extensa introducción general de gran utilidad para el lector, en la que presenta el objeto del estudio de esta obra, a la vez que sintetiza la perspectiva histórica de la Metodología de la Determinación del Derecho, como paso previo para su análisis sistemático. Dos son los requisitos necesarios: Por un lado, conocimiento científico de los datos, sujeto, objeto, accidentes, preparación y equipamiento científico, junto a un conocimiento filosófico y teológico y, por otro, conocimiento práctico. Tras la misma, la obra se estructura en cinco títulos con sus correspondientes subtítulos. En el primero de ellos, analiza, pormenorizadamente, el autor bajo el título "El hombre como sujeto de la determinación del derecho. Sus medios e instrumentos de conocimiento. Sus saberes", al individuo, persona física, animal social e histórico, racional y libre, ser imperfecto que aprende de sus errores y aciertos, susceptible de desarrollar una actividad psicofísica y de razonamiento, capaz de conocer la "rerum natura" y la "natura rei", y paralelamente al estudio de esa propia naturaleza, el de la lógica y la tópica como componentes del razonamiento humano. En tan extenso título, queremos centrar la atención del lector en el epígrafe que destacamos como más significativo y que reza "la actividad jurídico social y la realización de hechos jurídicos". Parafrasea en su deducción de las consecuencias el autor, a Joaquín Costa, cuando dice que "las necesidades jurídicas no se manifiestan a la vez en toda la sociedad, sino que se localizan en tales o cuales de sus miembros... que pueden satisfacer por sí aquellas necesidades sin que el cuerpo social entero se ponga en movimiento. La sociedad no puede crear reglas consuetudinarias colectivamente, tiene que obrar por representación, valiéndose de los individuos que la forman. El individuo es, por tanto, órgano necesario de su vida colectiva, así en el derecho escrito como en el consuetudinario..." (p. 68).

Se refiere en un extenso Título II a "los distintos niveles de la determinación del Derecho", entrando Vallet de Goytisolo, así, directamente en el estudio de uno de los temas propuestos de antemano como objetivo mediato, y al que nosotros ya nos hemos referido. Se encarga de analizar los saberes jurídicos formulados por Francisco Elías de Tejada, a los que añade los saberes prácticos, propios de la jurisprudencia, y distingue entre los niveles teológico y filosófico -bajo los que lleva a cabo un repaso histórico de las doctrinas de Escoto, Ockham, Lutero etc., con referencia también a Grocio, Pufendorf, Wolff-, y de profundizar seguidamente en los niveles político-legislativo, científico, práctico, etc. Destacamos entre todas las reflexiones aportadas por el autor, que vienen a completar las incontables opiniones doctrinales e interpretaciones, el apartado denominado "Poder Político, Leyes y Derecho", en el que Vallet distingue acertadamente entre "que el poder político no asuma y monopolice la producción y la determinación del derecho y que la ley no excluya todo derecho que no dimane de ella misma, y otra cosa muy distinta es que, el primero sea ajeno al derecho y que la ley no deba tener papel alguno en su determinación" (p. 295). Esta afirmación del autor no es en absoluto baladí, y fue tema de estudio y reflexión de los grandes clásicos: Aristóteles, Tomás de Aquino y Montesquieu. Vallet de Goytisolo dedicó precisamente un libro a este último autor, Montesquieu. Leyes, gobiernos, poderes, Madrid, 1986.

Más de seiscientas páginas precisa el profesor Vallet para exponer sus conocimientos, brillantísimos, en el Título III que denomina la interpretación. Principia por un análisis de la misma desde una perspectiva general, estudiada desde una visión semántica, para profundizar seguidamente en el ámbito de la interpretación por razón del objeto interpretado, poniendo de relieve desde la intersubjetividad hasta la objetivación del texto. Compara, entre otras, las reflexiones de Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Husserl, Max Scheler (la jurisprudencia de valores), Betti, Gadamer, etc., para posteriomente en un repaso histórico acerca de la interpretación jurídica, analizar la institución de la "interpretatio" en el derecho romano primitivo y en el clásico, pasando por Justiniano y los glosadores, el método de los comentaristas y los enfoques de Tomás Mieres, y adentrarse con rigor inusual en las nuevas orientaciones del siglo XIX y del XX. Concluye con este capítulo en el que se centra en un análisis estructural y funcional de la interpretación jurídica, para continuar en el título IV con el estudio de la determinación negocial del derecho, dentro del ámbito del derecho voluntario y en el que se comentan las relaciones sociales personales, asociativas, contractuales, etc.

El amplio capítulo final ha sido dedicado a la determinación conflictual del derecho, la intelección de las normas, la determinación de su sentido normativo, y la equidad. El autor define su concepto acerca de la naturaleza de la función judicial como la determinación del derecho para la resolución de un caso concreto y el hallazgo de lo más justo posible en el caso enjuiciado. Circunscribe el papel de la equidad para aquellos supuestos en los que las leyes resultan insuficientes, y encontramos en este capítulo el atractivo de unas conclusiones acerca del modo de determinar la equidad.

Hasta aquí un total de más de 1600 páginas de opiniones doctrinales, comentarios e interpretaciones magistralmente documentados. Para concluir con este comentario sólo nos resta señalar que el doctor Vallet de Goytisolo, académico de Legislación y Jurisprudencia, notario y actualmente abogado, forma parte de un grupo de prestigiosos pensadores políticos y filósofos juristas españoles que han realizado importantes aportaciones a la Teoría y a la Filosofía del Derecho, tal y como lo demuestra la obra aquí reseñada, verdadero tratado en el estudio de esta materia.

Gemma Tarodo Rodríguez

Varios Autores, Jaime Eyzaguirre. Historia y pensamiento (Editorial Universitaria, Universidad Alonso de Ovalle, Santiago 1995) 245 págs.

En septiembre y octubre de 1985 se organizó por el Frente Universitario de Historia y patrocinado por el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, un ciclo de conferencias sobre Jaime Eyzaguirre bajo el título «Por la fidelidad a la esperanza». Algunos años después, en septiembre de 1993, se realizó un nuevo ciclo de conferencias, esta vez organizado y patrocinado por la Universidad Alonso de Ovalle, con el título «Jaime Eyzaguire: historia y pensamiento. A veinticinco años de su muerte». Los diversos conferencista fueron abordando aspectos distintos de la multifacética personalidad de Jaime Eyzaguirre, coincidiendo todos en su profunda fe, la que marcó con sello indeleble su vida y su pensamiento; pusieron también de relieve la necesidad de que se publiquen sus obras completas. El libro que reseñamos recoge las conferencias que se dictaron en ambos ciclos.

Después de unas palabras de presentación de Alberto Naudón del Río, rector de la Universidad Alonso de Ovalle, abre el conjunto de trabajos el del padre Walter Hanisch Espíndola sj, Jaime Eyzaguirre (1908-1968). A los 17 años de su muerte (p.17-23), que corresponden a sus palabras en la Eucaristía con que se inició el primero de los ciclos referidos. Le sigue la exposición de Oscar Dávila Campusano, Eyzaguirre, la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y la Academia Chilena de la Historia (p.24-36), en la que muestra la relación entre el historiador y las instituciones en las que desarrolló su vocación; se incorporó a la primera de éstas en 1928 -cuando contaba con 20 años de edad- y poco después, junto con un grupo de miembros de la misma dieron origen a la Academia Chilena de la Historia de la que fue su secretario general desde 1935 hasta 1968, año de su muerte. Ricardo Krebs Wilckens es el encargado de mostrar El pensamiento histórico de Jaime Eyzaguirre (p.37-68), resaltando la visión fundamentalmente religiosa que tuvo de la historia, una visión teológica trascendente de la misma, en cuyo pensamiento se identifican su catolicismo y su hispanismo; concepción de la historia que le fue criticada, al igual que su obra y su proceder científico; con todo, Krebs resalta los aspectos de la obra del ilustre historiador que en su concepto siguen siendo valiosos y fecundos: el lugar importante que le cabe ocupar a Eyzaguirre en la historia de la historiografía chilena, la que le debe mucho; el haber pensado la historia de Chile de acuerdo con criterios universales y dentro del contexto de la historia universal, plano en el que su pensamiento histórico conserva todo su interés; el enriquecimiento que supuso para nuestra visión del proceso histórico de Chile, la interpretación que él hizo de nuestra historia.

Antonio Dougnac Rodríguez se encarga de exponer sobre Jaime Eyzaguirre y la Historia del Derecho (p.69-86), particular faceta de su rica personalidad, no obstante que él mismo nunca quiso llamarse historiador del derecho sino que, a lo más, un profesor que explicaba un curso de historia del derecho; Dougnac pone de relieve no sólo la directa contribución que hizo al conocimiento de la historia del derecho a través de la mayor parte de sus obras, sino también el esfuerzo de síntesis que hiciera para poner al alcance de sus alumnos unos textos apropiados para el estudio. A continuación Bernardino Bravo Lira centra su atención en Jaime Eyzaguirre, historiografía chilena y conciencia nacional en el siglo XX (p.87-141), conferencia que muestra la significación de Eyzaguirre dentro de la historiografía chilena y su aporte al fortalecimiento de la conciencia nacional; para Bravo Lira, el mayor logro de Eyzaguirre fue rectificar la imagen que los chilenos tenían de la conquista y la independencia, con lo cual se transforma en la figura cumbre del revisionismo histórico en Chile, al punto que «sus obras relegaron a otra época las conclusiones de los historiadores europeizantes»; y aún más, «por sus repercusiones en la conciencia nacional, este tránsito de una a otra etapa historiográfica fue decisiva para la suerte de Chile mismo en la segunda mitad del siglo XX».

Menos centrado en la figura del ilustre historiador recordado, es el trabajo de Osvaldo Lira Pérez sscc, quien aborda un tema que fuera muy querido por Jaime Eyzaguirre, La tradición (p.142-172), «tema que tanto a él como a mí nos entusiasmaba hasta el fondo del alma». Con posterioridad Gonzalo Larios Mengotti aborda el tema Jaime Eyzaguirre, visión política y corporativismo (p.173-193), destacando que para él la política era una disciplina que estaba íntimamente ligada a su fe, distinguiendo con Pío XI la alta y gran política de la política de partidos, de los cuales, los partidos políticos, se apartó decididamente; en esta actitud Larios ve el influjo del jesuita Fernando Vives Solar y su experiencia como dirigente de la Liga Social. Este mismo autor destaca las ideas corporativistas de Eyzaguirre, las que, en todo caso, se silencian después del término de la Segunda Guerra Mundial. José Miguel Lecaros Sánchez es el encargado de estudiar la Filosofía de la historia en Jaime Eyzaguirre (p.194-217), poniendo de relieve algunos rasgos del influjo que en su visión histórica produjo su fe católica: su sentido social, su visión del catolicismo y del protestantismo, el milenarismo, y la visión que tiene de la historia universal como una escatología de raíz teológica. La última de las conferencias publicadas es la de Enrique Pérez Silva, quien, en palabras muy sentidas, habla de La dimensión religiosa de Jaime Eyzaguirre (p.218-243); suya es esta vivencia, con la que culmina su conferencia y el libro: «El dieciséis de septiembre volvemos de un paseo a la cordillera. Hemos conversado infatigablemente, hemos respirado la inmensidad de la creación, hemos hablado de Dios. Don Jaime ha bailado solitario en medio de un camino polvoriento, ha reído sin parar, ha jugado feliz. Nos miramos con extrañeza y nos preguntamos qué le ha pasado a nuestro serio y erudito profesor. ¿Cómo podíamos saber, en medio de nuestra juvenil inconciencia, que el hombre se había vuelto niño porque estaba próximo a encontrarse con el Señor? En la puerta de mi casa nos despedimos. Me dice 'que Dios lo cuide' y me hace una señal de la cruz en la frente. Después se pierde en la distancia. Al día siguiente podrá decir, igual que Jacob que ha luchado hasta el amanecer con el Ángel del Señor: 'Yo he visto a Dios cara a cara y mi vida ha quedado en salvo' (Gén 32,30)».

C. S.

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