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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.21 Valparaíso  1999

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54551999002100008 

PROYECCIÓN DE LAS ORDENANZAS DE MINERÍA DE
NUEVA ESPAÑA EN CHILE (1787-1874)

ANTONIO DOUGNAC RODRÍGUEZ
UNIVERSIDAD CENTRAL
MIEMBRO DE NÚMERO DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA

I. APLICACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE MINERÍA DE NUEVA ESPAÑA EN CHILE1

Es de sobra conocido el interés de la dinastía de los Borbones por sacar a la monarquía hispanoindiana de la crítica situación económica en que la habían dejado postrada los Austrias. Los nuevos tiempos, asaz pragmáticos y con no poca influencia burguesa, daban a la Economía Política un lugar preponderante: incluso, cuando se habla de filósofos se está pensando en realidad en economistas2. Estos, como José del Campillo y Cossío en su Nuevo sistema de gobierno económico para la América3, Bernardo Ward en su Proyecto económico y Rafael Antúnez y Acevedo en sus Memorias históricas sobre la legislación y gobierno del comercio de los españoles con sus colonias en las Indias Occidentales van dando diversas directrices sobre cómo aprovechar mejor el potencial minero, comercial y de toda índole que tenían las Indias4.

Las visitas indianas del siglo XVIII, sobre todo a partir de la de José de Gálvez a Nueva España, entre 1765 y 1771, guardan relación con la señalada preocupación de la corona, en que la minería cobra un rol importantísimo5. Las reformas que Gálvez acometió respecto de Nueva España fueron en gran medida exitosas, lo que hizo pensar en su implantación en otros lugares, cuestión que él mismo promovió desde que accedió, en 1776, a la Secretaría del Despacho Universal de Indias y Marina.

Como era necesario un conocimiento adecuado de la realidad fáctica de los diversos reinos de Indias, se dieron pasos para lograrlo. El 11 de marzo de 1776 fue designado José Antonio de Areche visitador general de Perú, Chile y Río de la Plata, aprovechándose su aprendizaje como subordinado de Gálvez. Sería asistido por Jorge de Escobedo, visitador subdelegado en Potosí, y Tomás Alvarez de Acevedo, con igual encargo en Chile. Correspondían ambos a la tecnocracia aliada a Gálvez, que éste había distribuido a lo largo de Indias: Escobedo era oidor en la Real Audiencia de Charcas y Acevedo regente en la de Chile. En 1782 Escobedo reemplazó a Areche como visitador general terminando la visita el 6 de septiembre de 17856 . Fue ascendido a Superintendente subdelgado de Real Hacienda del Perú y luego a ministro del Real y Supremo Consejo de Indias.

La situación de la minería dieciochesca en Chile normalmente era considerada deficiente, al comparársela con su antigua producción7  y con el incremento de tal actividad en Nueva España y Perú8 . Esta ingrata percepción se veía agravada por la sangría que significaba el irrestricto contrabando que se practicaba, lo que restaba a la estadística oficial un conocimiento oficial de la efectiva productividad de esta industria9. Tanto el comercio legítimo con el ilegítimo, incentivados por los viajes a través del Cabo de Hornos, hicieron del cobre un excelente medio de trueque. En atención a que la producción de moneda en Chile era escasa, el cobre constituyó una mercadería apreciada para ser llevada como retorno. Recibido a precios bajísimos, se lo podía vender en Europa con una apreciable ganancia. La existencia de un mercado que, no obstante los bajos precios que se pagaban resultaba apetecible, promueve el interés de los mineros por la explotación cuprífera. La circunstancia de ser la extracción del cobre de Chile principalmente ilegal, hace, pues, que las cifras oficiales de producción no correspondan a la realidad10.

Preocupado por la suerte de las explotaciones mineras de Chile, ya en 1762 el gobernador Antonio Guill y Gonzaga había dispuesto una visita general de los minerales, trapiches e ingenios de moler metales en todo el reino. Visitador fue nombrado Diego Contador Ponce de León, quien a poco renunció en favor de su padre Francisco Contador. El objeto de la comisión era preparar un informe acerca de sus labores, los arbitrios que se deberían considerar para el arreglo general del ramo y, en especial, proponer providencias que sirviesen de normas en los establecimientos mineros. La visita comenzó en el asiento de Petorca y abarcó Illapel, Copiapó, La Serena y Coquimbo11. Terminó sin mayor brillo, limitándose el visitador a dar algunas normas técnicas y a examinar los títulos de las pertenencias. La minería dependía, entonces, en lo político y gubernativo, de los gobernadores y, en cuanto a justicia, los jueces ordinarios fungían de alcaldes de minas12.

La visita subdelegada de Alvarez de Acevedo implicó un examen más concienzudo de la realidad minera de Chile. Había recibido éste formal encargo de Areche de fomentar la actividad minera, la cual era "de la primera necesidad para la conservación y aumento de las apreciables especies de oro y plata que produce el reino de Chile"13. Al efecto, el 23 de julio de 1777 cometió al contador de la visita, Juan Navarro, que elaborase un informe sobre el estado de la minería. El contador actuó con dedicación y, tras consultar a entendidos en la materia, evacuó un extenso informe en que consignaba las dificultades que se presentaban para el desarrollo de esta actividad y esbozaba los medios para solucionarlos14 . Navarro no se contentó con transmitir su informe a Acevedo, sino que, además, escribió a España dando cuenta de su labor. Al respecto se dispuso el 2 de marzo de 1779 que los visitadores subdelegado y general librasen las medidas conducentes al arreglo de la minería chilena, uno de cuyos medios era la formación de un "cuerpo consular de mineros"15.

La aludida real orden de 2 de marzo de 1779 tiene la enorme importancia de fijar el cauce por donde discurrirían los acontecimientos futuros. Habían de impedirse los daños que aquejaban a la minería chilena "dándole una Ordenanza conveniente y formando cuerpo consular de Mineros si pareciese útil este medio a imitación de lo practicado en Nueva España, dando cuenta a su tiempo de lo que resolviere y practicare en el asunto para la noticia y aprobación de S.M."16.

Las noticias provenientes de Chile y Perú, producidas por las visitas señaladas más arriba, dieron pie a que una real orden de 8 de diciembre de 1785 dispusiera la aplicación de las Ordenanzas de Minas de Nueva España17  en dichos reinos. Con todo, siendo diversas las circunstancias respecto de Nueva España, era necesario adaptar las disposiciones mexicanas a las realidades meridionales. Ello fue encargado a Jorge de Escobedo para el Perú y a éste y el presidente de Chile para este reino18.

Que fue conveniente la aplicación de estas disposiciones en Chile lo reconoce en 1855 un estudiante de la Universidad de Chile, Abraham Siredey, en la Memoria que presentó para obtener el grado de Licenciado en Leyes: "si ponemos en parangón a Chile y México –porque es indudable que ambos son notables por la industria [minera] de que se trata–, vemos por una parte lo acertado de adoptar entre nosotros, aun interinamente, las ordenanzas dadas para este último país; y por otra parte, la falta de una institución que guardase armonía con estas leyes, en las que no puede menos de notarse aquel carácter de prudencia y cordura que hace el más recomendable mérito de la legislación española. Lo uno sin lo otro no puede llenar todas las condiciones que la conveniencia reclama, porque sólo ambas cosas a un tiempo pueden prestar una protección y una dirección provechosa al ramo más importante de la industria nacional"19.

II. DECLARACIONES ADAPTANTES DE TOMÁS ALVAREZ ACEVEDO

Jorge de Escobedo actuó raudamente, promulgando el 7 de octubre de 1786 las ordenanzas novohispanas en el Perú, para las que dictó 56 declaraciones adaptantes20. Un mes más tarde, escribía al superintendente general subdelegado de Real Hacienda de Chile, intendente de Santiago y gobernador Ambrosio de Benavides, enviándole las Ordenanzas, la real orden de 8 de diciembre de 1785 y las declaraciones por él formuladas, expresándole que "aunque las declaraciones que yo he formado no van a servir de regla precisa para las determinaciones de V.S., podrán las consideraciones sobre que las fundo ser análogas con las que merecen los minerales de ese reino y por esto me remito a ella para que V.S. las use en lo que tenga más oportuno"21.

La tarea de conciliar las nuevas leyes con la realidad chilena correspondió al sucesor de Benavides, Tomás Alvarez de Acevedo, regente de la Audiencia, quien ordenó poner en vigencia las nuevas ordenanzas el 22 de diciembre de 1787. Para ello emitió 50 declaraciones, basado en que "el estado actual de la Minería de este Reino y sus peculares circunstancia no permite la cumplida adaptación de este sabio plan con todas sus partes"22. Las nuevas disposiciones fueron enviadas a la Audiencia, al intendente de Concepción, a la Tesorería General del Ejército y Real Hacienda y al Tribunal del Consulado23 . Se había pedido informe previo al fiscal Joaquín Pérez de Uriondo, quien se limitó a hacer, el 21 de julio de 1787, una compilación de los dichos del rey y de Escobedo, sin aportación original alguna24.

Acevedo, no obstante la libertad de que gozaba, actuó con cautela en el desempeño de su cometido: continuamente hace presente que sus declaraciones son de carácter provisorio y que hay que esperar los resultados de la visita general de minas que ordena por una de ellas: "debe preceder una visita activa y general de todos los Asientos e inspección de sus Minerales que sólo puede confiársele a sujeto de notoria instrucción y pericia que le desempeñe"25. No se hace ninguna ilusión respecto del estado de la minería chilena, que conocía bien por haber tenido a su cargo la explotación del azogue de Punitaqui, fallida empresa que ilusionó a la corona con la posible obtención de mercurio abundante. Califica a la minería del reino de "decadente", "ruinosa" y de "débil constitución"26 . Tampoco confía en el elemento humano al calificar a los mineros de faltos de "integridad, celo y viveza", en su mayoría "individuos de inferior nacimiento" si bien reconoce excepciones27. Con todo, alberga algunas esperanzas de mejoría; por comunicación de 1788 expresa: "ello es cierto que si en Nueva España ha producido esta ordenanza un éxito feliz y en el Perú se ha contemplado conveniente, su adaptación en este reino era bien necesaria porque al paso que abunda en minerales de todos los metales, principalmente de oro, plata y cobre, los primeros están decaídos, disfrutados y muchos de ellos abandonados por el desorden con que se han trabajado, los segundos son pocos y de ellos el de Copiapó está floreciente y el de Aconcagua que ahora se ha descubierto están en principios y el antiguo de San Pedro Nolasco tiene pocas faenas corrientes y los terceros no se interesan los dueños en el pretendido arreglo de sus laboreos, dirección y acierto de sus beneficios. Por último, es constante que el ramo de minería, aun en el decadente pie que está, es el único apoyo que mantiene el comercio de este reino, porque los demás activos que logra no alcanzan a sufrir los renglones de su consumo de azúcar y yerba del Paraguay, por lo que concibo que se deben atender, auxiliar y fomentar en todo lo posible por esta especial consderación, demás de las que son comunes con otra provincias"28.

No todas las declaraciones de Acevedo son originales, pues reitera algunas de las producidas por Escobedo. Donde se nota con tintes más marcados su personalidad es en lo tocante a la parte orgánica de las Ordenanzas. Ahí la impronta dejada por él es tan que difícilmente resulta reconocible el plan original.

Desde luego, no cree necesario que se instale en Chile un Real Tribunal de Minería como el que estaba previsto en las disposiciones mexicanas, ni siquiera limitado en su volumen, como lo había concebido Escobedo. En vez de ello, crea una Real Administración del Importante Cuerpo de la Minería del Reino de Chile, con muy poca personalidad, totalmente sojuzgada a la Superintendencia General Subdelegada de Real Hacienda29 . El nuevo organismo podía tomar contadas medidas por sí mismo, y en estos casos había de actuar con previa consulta a la Superintendencia30 . Esta fiscalizaba todas sus actuaciones, de las que se le debía dar oportuna cuenta31 .

Las Ordenanzas pretendían que los propios mineros intervinieran en sus asuntos y para ello era primordial la existencia de reuniones de diputados elegidos por sus iguales. Acevedo borró toda posibilidad de elección por lo menos mientras no se efectuase la visita general proyectada32 . Las únicas reuniones de los mineros serían meramente consultivas y sus acuerdos debían ser llevados a la Superintendencia, que tenía la exclusividad para tomar decisiones33 .

Contemplaban las Ordenanzas novohispanas (1, 2) un tribunal compuesto de un Administrador General, que lo presidiría, un Director General y dos o tres Diputados Generales. Por la declaración segunda de Acevedo, quedó esta planta reducida a un Administrador moderadamente remunerado, que desempeñaría sus funciones por 9 años34  y dos Diputados Generales, con duración de 6 años el uno y de 3 el otro, sin remuneración35 . En concreto, el Administrador debía tomar conocimiento de lo "directivo, gubernativo y económico" de la minería chilena y podía dictar normas al respecto, aplicables en las diputaciones territoriales. En casos graves, había de actuar junto a los diputados generales36 . En lo relativo a funciones jurisdiccionales contenciosas, la Administración sólo tendría competencia de primera instancia, dentro de un radio que se le señalaría más tarde, una vez realizada una visita general de los minerales del reino37.

No obstante disponer las Ordenanzas que todos los cargos fueran trienales, lo que fue reiterado por la real orden de 8 de diciembre de 1785 que ordenó aplicarlas en Perú y Chile, Acevedo se arrogó la facultad de nombrar las autoridades por los ya señalados lapsos de 9, 6 y 3 años, llegando, incluso, a contemplar la posibilidad de que el cargo de Administrador General fuese perpetuo38. En resumidas cuentas, el novel organismo sería sólo un apéndice de la Superintendencia General Subdelegada de Ral Hacienda.

Las Juntas Generales de Mineros, que en las Ordenanzas eran la base de sustentación de la normativa que se estaba imponiendo, quedaron reducidas, por la declaración 7a., a recibir informes sobre el fondo económico de la Real Administración y sobre los recursos de un eventual Banco de Avíos, que no se estableció por impedirlo la declaración 43a. de Acevedo. El fondo de la Real Administración, llamado Fondo Dotal, se formaba con un real por marco de plata, con un cuartillo por castellano de oro y un real por quintal de cobre, como lo había ordenado el gobernador Benavides por decreto de 30 de diciembre de 178639. Correspondía su percepción a las Cajas Reales. Sus funciones quedaron, pues, muy menguadas, siguiéndose en esto el criterio de Escobedo40.

Dentro de los términos de las Ordenanzas se contemplaban tres diputados diversos: 1) los Diputados Generales, que formaban con el Administrador la Real Administración creada por Acevedo41; 2) los Diputados Territoriales, que administraban justicia y habían de promover la observancia de las normas mineras dentro de sus territorios jurisdiccionales y 3) los Diputados Electores, que debían elegir al Administrador, al Director General y a los Diputados Generales dentro de las normas novohispanas. De las tres clases de diputados, Acevedo mandó que los primeros y los segundos fueran nombrados por la Superintendencia General Subdelegada de Real Hacienda. Para el nombramiento de los diputados territoriales, el Superintendente General dispondría de una terna que habría de proporcionarle el Administrador después de la visita general. No habría diputados electores por la simple razón de no contemplarse elecciones.

Los Diputados territoriales eran particularmente interesantes por su poder jurisdiccional. Contra las normas novohispanas que contemplaban dos diputados bienales y cuatro substitutos en cada asiento minero, en Chile sólo habría uno propietario y dos suplentes. Podrían ser reelegidos "si su actividad, celo y eficacia los distinguiese en el desempeño de sus obligaciones". Tendrían sueldo imputable al Fondo Dotal42  y gozarían en principio de un derecho de $ 6 y 6 reales por cada visita a una mina o hacienda de beneficio (mismo que percibían hasta entonces los subdelegados en cuanto sucesores de los corregidores), debiendo formarse un arancel de lo que debia pagar a futuro cada mina según su productividad43 . Dicho arancel debía ser aprobado por la Superintendencia. También recibirían derechos por las mercedes, posesiones y mensuras en que interviniesen44. En cuanto a lo judicial, conocerían solos las causas, pero para dictar "sentencias definitivas o artículos que tengan fuerza de ella", debían de actuar junto al primer substituto y, en caso de discordia entre ellos, se juntaría a ambos el segundo substituto como tercero en discordia45. En la práctica, y según certificación del escribano Manuel de Villarreal, hasta 1800 todas las diputaciones territoriales habían sido servidas por los subdelegados46.

La ya citada real orden de 8 de diciembre de 1785 contempló una de las pocas modificaciones que se hicieron a las Ordenanzas novohispanas en la metrópoli, cual era el establecimiento de un Tribunal de Alzada que conociera en segunda instancia de lo determinado por el Real Tribunal y por las diputaciones territoriales. Estaría compuesto por el Superintendente General de Real Hacienda, el Director General del ramo y un ministro elegido trienalmente. Como el Director General había sido eliminado de la planta por Acevedo, éste decidió que el tribunal lo formarían el Superintendente y dos mineros elegidos por él47 En la práctica, sin embargo, actuó el Superintendente con un minero48.

Haciendo gala de buen criterio económico, Acevedo reducía prácticamente al mínimo los gastos que demandaba la aplicación de las nuevas disposiciones. Cualquier empleo que pudiera resultar prescindible fue drásticamente eliminado. La Real Administración sólo tendría dos oficiales y carecería de escribano asalariado49. Se eliminaba el apoderado en Madrid que las Ordenanzas concebían y que no se justificaba en el caso de la magra economía chilena50 . También era eliminado el cargo de Director General, cuyas funciones, como ya se ha dicho, pasaron al Administrador. De doce consultores que contemplaban las disposiciones novohispanas para informar al tribunal en asuntos arduos, Acevedo sól permitió la existencia de seis, de los que tres debían de residir en Santiago51.

En resumen, las Ordenanzas debutaron con una infraestructura espartana, con medios económicos muy débiles y con una sumisión exagerada respecto de la Superintendencia General Subdelegada de Real Hacienda. Varios años más tarde, un culto hombre público, minero además de polifacético estudioso, Juan Egaña, expresaría que el Tribunal de Minería había sido en esta época "un nombre sin objeto", pues en lo directivo, económico y gubernativo dependía del Superior Gobierno, al punto de contar sólo con voto informativo, y en lo tocante a lo judicial, la Superintendencia se había avocado el conocimiento de las causas de alzada, al no concretarse el tribunal previsto en las Ordenanzas52. Ello no obstante, sería injusto creer que la labor de la Real Administración fue infructuosa. Los hombres que la integraron supieron, a pesar de las limitaciones impuestas por Acevedo, llevar a cabo una labor interesante.

A ella se debió: a) el conocimiento efectivo de la realidad minera de Chile, en que salieron a la superficie sus deficiencias y posibilidades, gracias a la visita general practicada entre 1788 y 179053; b) la puesta en ejercicio de las Ordenanzas novohispanas con todo el cambio administrativo y judicial que ello implicaba; c) la instalación de una fábrica de pólvora destinada a abaratar este esencial ingrediente minero; d) la formación, en base a austeras economías, de un capital importante, que sirvió, en alguna medida, para paliar la asfixia económica de los mineros; e) la dictación de normas encaminadas a hacer de la labor minera una operación físicamente segura para sus trabajadores; f) la dictación de normas destinadas a asegurar la mano de obra; g) la provisión de peritos en diversas diputaciones y h) en general, una elevación del prestigio del gremio minero.

III. ADECUACIÓN DEL REAL TRIBUNAL DE MINERÍA A LAS
ORDENANZAS NOVOHISPANAS

Diversas comunicaciones habían llegado a España reclamando de la no aplicación integral de las Ordenanzas mexicanas. Una muy dura fue la del bonaerense Mariano José Correa de Saa, minero del asiento de San Pedro Nolasco54, aspirante a un cargo en la Real Hacienda55, de 24 de septiembre de 1798, en que denunciaba la carencia de elecciones -el Administrador General, Antonio Martínez de Mata56, llevaba diez años en funciones-, de Director, de Factor y de los doce consultores57. Carlos IV dispuso, mediante real orden de 22 de mayo de 180158, la adecuación de la entonces Real Administración a las normas de las Ordenanzas novohispanas. Otra real orden, de 7 de junio del mismo año, aclaraba que debía convocarse a Junta General de Mineros, conforme a los artículos 5 y 6 del título 1o. de las Ordenanzas vigentes, debiendo elegirse Administrador, Diputados Generales y subalternos, para lo que se haría arreglo de sus sueldos y demás dotaciones, suprimiéndose los cargos de Fiscal, Asesor Letrado y Escribano. Quedaba el rey de nombrar al Director General, cargo que la Real Administración, por nota de 20 de diciembre de 1799, le había propuesto suprimir59. Con igual fecha mandaba el monarca que los mineros que hubiesen recibido dineros de la Real Administración los devolvieran a la brevedad, de modo de auxiliar a compañeros suyos de mayor necesidad60.

El gobernador Luis Muñoz de Guzmán dispuso el cumplimiento de la real voluntad el 30 de marzo de 1802, determinando que el proceso debía quedar terminado al 30 de diciembre de 1804. Una de las primeras medidas, dispuesta el 1o. de abril de 1802, fue la de inventariar todos los papeles, autos y documentos que existiesen en el Tribunal, lo que realizó a 7 de mayo de ese año, el segundo Diputado General Pedro José de Ugarte y Salinas61. Administrador General provisorio fue designado el mismo 30 de marzo el antiguo oficial de marina Jerónimo de Pizana y Muñoz, caballero de la Orden de Santiago y sobrino del gobernador, quien elaboró, a 13 de julio de 1802, un plan de empleos y sueldos62. Tendría un Administrador General, que al mismo tiempo sería Director de la Fábrica de Pólvora, tres Diputados Generales, ejerciendo el tercero el cargo de Secretario, un Asesor y Promotor, un Escribano63  y dos porteros. De éstos hubo sólo uno, pues se reservó su coste para pagar a un perito facultativo64 .

Se hizo necesario formar matrícula de los mineros, expidiéndose oficio circular el 2 de abril de 1802 a los diputados de minas para que, en el término de treinta días, la practicasen65. A 20 de septiembre de 1802 fue aprobada la de diversos asientos de la zona central como San Pedro Nolasco, Tiltil, Polpaico, Rungue, Lampa, Chicauma, Asiento Viejo, Caleu y Colina, que quedaron incorporados al distrito jurisdiccional del Tribunal, pues se encontraban dentro del radio de 40 leguas en contorno señalado por real orden de 8 de diciembre de 1785, que amplió la ordenanza 2a. del título 30 de las de Nueva España66. Se agregaron, además, los asientos mineros de Aconcagua67, Petorca68, Melipilla, Quillota, Rancagua y San Fernando69, donde habría delegados del tribunal de carácter bienal con facultades de avenir a las partes que litigasen ante ellos; de no producirse acuerdo, entraba a conocer el Real Tribunal70. En 1802 la Junta general erigió como diputaciones, con derecho a voz y voto, a las de Copiapó71, Huasco72, Coquimbo73 e Illapel74, a las que se unió posteriormente Petorca75. Se estimaba que éstos eran los únicos asientos en que concurrían los requisitos del título 1o., ordenanza 5a. de las novohispanas.

Practicadas las matrículas de mineros, era necesario preparar las elecciones. No todas fueron fáciles. En Copiapó, el diputado Pedro de Fraga y Maquieira, por comunicación de 25 de junio de 1802, señalaba su oposición a que hubiese elecciones, la que fue rechazada el 31 de julio76 . Estrepitosas resultaron las de Petorca, calificadas de "escandalosas disensiones".

Una real orden de 7 de junio de 1801 había encargado a la junta general de mineros que examinase la conveniencia de establecer alguna asignación para los diputados territoriales. En atención a la falta de fondos para remunerar tanto a éstos como a los delegados del Real Tribunal, se acordó, a 7 de enero de 1803, que oficiaran de tales los subdelegados, a los que el Gobierno asignaría alguna ayuda. Se reconocía que no era ésta la situación ideal; pero mientras no hubiese ingresos suficientes, no podía actuarse de otra manera. En 30 de diciembre de 1802 se había llegado a la conclusión de que la falta de remuneración a los diputados territoriales y delegados era fuente de que se despreocupasen por el desempeño de sus funciones. Se propuso el siguiente arbitrio: atendido a que las varas de fieles ejecutores se hallaban en el real patrimonio sin subastarse en la mayoría de las diputaciones y delegaciones, se tomaran en arrendamiento por cuenta del Tribunal mediante un precio moderado por espacio de 30 a 40 años, época en que, progresando la minería podrían fijarse salarios competentes. Los diputados y delegados percibirían en sus respectivos distritos los emolumentos de estas varas. De este modo, el erario tendría un ingreso así como también los diputados y delegados. Se combinarían dos funciones: la de practicar las visitas anuales a los asientos mineros y la de controlar los pesos y medidas en los comercios, los que se hallaban cabe minas y haciendas de beneficios. Los peritos facultativos que debían de acompañar a los diputados y delegados percibirían la cuarta parte de los ingresos producidos por la vara más cuatro pesos por la visita de cada mina, suma a que se rebajaban los derechos hasta entonces percibidos por tales visitas. Se solicitaría al monarca relevara a las visitas de la obligación de llevar escribano, salvo expresa petición de los interesados. En su lugar actuarían testigos, utilizándose un modo de proceder que se conformaba a lo dispuesto en la ordenanza 4a. del título 6o. No se cobrarían más derechos que los señalados, quedando en consecuencia libres de pago las tomas de posesión y mensuras. Estos actos debían practicarse al tiempo de las visitas respectivas (cada seis meses), prorrogándose los noventa días que exigían para ello las Ordenanzas hasta la próxima visita77.

Habiendo desaprobado la corona, por reales órdenes de 22 de mayo y 7 de junio de 1801 y 19 de enero de 180278, el nombramiento de Manuel de Salas como Director General de Minería con un sueldo de 2.000 pesos anuales, el Real Tribunal, bajo las firmas de Jerónimo Pizana y Muñoz, José Teodoro Sánchez79  y Pedro José Ugarte, dispuso la devolución de lo percibido entre su nombramiento, 14 de septiembre de 1798 y el 14 de julio de 180280.

Designado, como se ha dicho más arriba, Pizana Administrador General provisorio, fue suspendido en el cargo hasta que se reuniese la junta general81  y pasó luego a titular al recibir los votos, en cédula secreta, de los integrantes de la misma el 31 de diciembre de 1802. En la ocasión fueron también elegidos como primer Diputado General, Pedro José de Ugarte y Salinas, capitán de Caballería del Regimiento de Milicias de la Princesa; como Segundo Diputado, Pedro Flórez Cienfuegos, coronel de los Reales Ejércitos, poseedor de minas en Petorca82, y como Secretario perpetuo y Tercer Diputado el doctor Juan Egaña83 . Este último presentó al mismo Tribunal, en noviembre de 1803, un detallado informe en que recogía cuanta información había podido obtenerse sobre el ramo84 . Había surgido duda sobre si los Diputados Generales existentes hasta entonces pudieran continuar en funciones. El gobernador dispuso su elección por la junta. Integraron ésta José Teodoro Sánchez, que la presidió en su carácter de primer Diputado General; Pedro José Ugarte, segundo Diputado General; José Gregorio Argomedo85 , Juan Egaña, José Montes86  y Francisco Custodio San Roque87, representantes, respectivamente, de los mineros de Coquimbo, Vallenar, Illapel y Copiapó, y el consultor Manuel Pérez de Cotapos88, que subrogó al segundo Diputado Ugarte, al pasar Sánchez a presidir la reunión. Lo había dispuesto así Luis Muñoz de Guzmán, intentando conciliar las ordenanzas 18 del título 1o. y 1a. del título 4o. de las de Nueva España89. Los poderes respectivos habían sido examinados con la debida cautela siendo aprobados por disposición del Real Tribunal de 18 de diciembre de 1802.

Como quiera que el Director de Minería debía ser nombrado por el rey, estimó el Tribunal que sus funciones debían ser desempeñadas por un promotor fiscal designando, el 19 de agosto de 1802, al doctor Francisco Xavier de Larraín y Salas90, quien se posesionó prestando el juramento de rigor el 23 del mismo mes y año91. El mismo Larraín había sido asesor letrado, puesto suprimido, como se ha visto. La Junta general tomó conocimiento de lo actuado el 4 de enero de 1803 y lo ratificó bajo la condición de que el rey lo aprobase92. Debía asistir todos los días al Tribunal para las consultas que el acuerdo quisiese formularle así como para emitir dictámenes en los juicios verbales y por escrito. Se le encargó, asímismo, que presentase mensualmente una razón de los negocios promovidos en favor del cuerpo minero93. Fue substituto suyo el doctor Gabriel José de Tocornal94, que se desempeñó en estas funciones hasta 1808, cuando fue reemplazado por Juan Nepomuceno Muñoz95. Los substitutos suplían al propietario en caso de enfermedades, recusaciones u otros impedimentos.

También en 1803 fueron designados doce consultores. La declaración 6a. de Alvarez de Acevedo había reducido su número de 12, que preceptuaban las Ordenanzas en su título 1o., artículo 15, a seis96 . Fueron señaladas personas de versación como el doctor José María Pozo97, abogado, vicerrector de la Real Universidad de San Felipe, catedrático de Instituta y conjuez en el Juzgado Mayor de Alzadas98 ; el doctor Joaquín Fernández de Leiva99, abogado, presidente de la Real Academia Carolina de Práctica Forense y consiliario mayor de la Universidad100 ; Feliciano José de Letelier101, teniente coronel retirado de milicias de Caballería, ex-corregidor del partido de Quillota, habilitador de minas y conjuez en el Tribunal de Alzada desde 1801102, etc.

Entre las tareas realizadas a contar de 1802 estuvo la de informarse sobre el estado de la minería. Se obtuvo certificación de la existencia de más o menos 200 minas de plata, oro y cobre en Coquimbo, donde había 22 trapiches de oro y plata y 14 ingenios de cobre103. En San Fernando, según informe del delegado del Tribunal Rafael Eugenio Muñoz, había 28 minas de oro en corriente labor, 67 abandonadas y 14 haciendas de beneficio104. Igualmente ilustrativo es el informe del subdelegado y diputado territorial de Copiapó Pedro de Fraga, terminado en noviembre de 1802, sobre inspección de los minerales de Cerro Blanco, Zapallar, San Pedro, Cabeza de Vaca, Punta Gorda, Cachiyuyo, Chanchoquin y de diversos trapiches de moler metales e ingenios de fundirlos en el real de minas de Copiapó105.

La Junta General acordó el 5 de enero de 1803 que se practicasen las visitas previstas en las Ordenanzas. Para esos efectos, en el primer año, el ler. Diputado General debía recorrer las minas y haciendas al Sur de Santiago y el 2o. Diputado General, las al Norte de esta ciudad. En el segundo año, los delegados practicarían estas visitas y en el tercero, los diputados territoriales, las que deberían quedar terminadas en junio de cada año a fin de enviar informe anual a la corona106. Para tales efectos, se elaboraron, entre julio y agosto de 1803, instrucciones y modelos que fueron enviados a las diputaciones territoriales107. Su autor fue Juan Egaña, quien como Secretario y Tercer Diputado del Tribunal, se preocupaba por el conocimiento real de la minería. Entre los puntos que debían contener los informes se contaban: descripción geográfica del lugar y de sus detalles como piedras características y otras; reconocimiento de los elementos minerales; ensaye; posibilidades de instalación de trapiches; caminos y distancias; provisión de víveres y comercio y cálculo de consumos y productos. El Tribunal encargó al mismo Egaña, el 12 de enero de 1803, la comisión de que "perfeccionándose en el estudio de la Mineralogía y cuidando de su progreso en la Real Academia" [de San Luis], proceda a practicar las diligencias que considere oportunas sobre los trabajos mineros en los asientos del reino108. Particular importancia asignaba Egaña a las minas de plata, encargándose su ubicación a justicias de diversas partes del reino como Illapel, Chillán, La Serena, San Fernando, Curicó, Melipilla, etc.109.Otro tema que interesó mucho al Real Tribunal fue el de dejar en adecuado funcionamiento la Casa de Pólvora, sobre que se había celebrado contrata o asiento con la Superintendencia de Real Hacienda el 1o. de marzo de 1799110. Esta ocupaba salitres de La Rioja, del virreinato platense, pero advirtiéndose que eran de mejor calidad los de Lambayeque, se pidieron ahí. Las autoridades limeñas pusieron toda clase de obstáculos, pues pretendían que los salitres pasaran por la Ciudad de los Reyes antes de embarcarse para Chile. El Administrador Pizana debió pasar a Lima para encarar este asunto111. Sobre las incidencias del Asiento de Pólvora hay estudios particulares112.

Si bien la Real Administración había concedido diversos préstamos a los mineros entre 1791 y 1801, fue desde 1802 en adelante que debieron institucionalizarse, de acuerdo al título 16 de las Ordenanzas mexicanas113 . Un Banco de Avíos, que nunca se estableció, debía brindar auxilio económico a los agremiados y proporcionarles el material que necesitasen a precios convenientes. En la práctica, sin embargo, el Tribunal se limitó a cobrar los préstamos hechos durante la Real Administración114 , celebrando escasísimos mutuos entre 1802 y 1818115 . El Administrador General Jerónimo Pizana, por oficio de 17 de diciembre de 1802, manifestaba su desacuerdo con el sistema de préstamos, que concebía como contrario a las ordenanzas 3 y 4 del título 16, acarreando a futuro la disipación de los fondos dotales116.

Intentos hubo, como uno de 1803, sobre establecer un banco de rescate117 s y trapiche en Combarbalá. Tal proyecto, aunque iniciado, fue suspendido recogiendo el Tribunal sus caudales por temerse que por falta de azogue pudieran presentarse futuras grandes pérdidas118 . En similar forma, se dio un acuerdo en 1812, sobre que, dado el bajo precio del cobre, se comprase por cuenta del erario real todo el que se sacara de las minas de Coquimbo119.

En lo tocante a custodia de los caudales del Real Tribunal, acordó la junta general, a 5 de enero de 1803, encomendarla de momento a los oficiales de Real Hacienda, no obstante corresponder privativamente a aquél. Se emitirían libranzas, que pagarían las oficinas de Hacienda al factor, el que custodiaría los dineros que prudentemente se necesitasen para sueldos y gastos en cada cuadrimestre120. Desde el establecimiento de la Real Administración los fondos dotales habían estado a cargo de la Real Hacienda: Ambrosio Higgins había ordenado no se entregasen fondos al Real Tribunal sino mediante orden del Superintendente general Subdelegado de Real Hacienda, que era él mismo121. Este tema de caudales provocó una áspera disputa con el gobernador Francisco Antonio García Carrasco. Mediante decreto de 16 de agosto de 1808, dirigido al Contador Mayor del Tribunal de Cuentas, había dispuesto se reconociesen los caudales del Real Tribunal. Sus integrantes resistieron la orden por considerarla intempestiva, toda vez que las Ordenanzas le otorgaban facultades privativas en los negocios de su dependencia. Además, siendo el Admnistrador y los Diputados Generales elegidos por la junta general, consideraban que era a este órgano que debían rendir cuenta, correspondiéndole el tanteo del banco y la investigación de sus destinos. No sólo insistió en ello el gobernador, aludiendo a la indisputable autoridad suya sobre todos los cuerpos y tribunales del reino, sino que apercibió a los miembros con multa de 500 pesos. El Tribunal cedió y se efectuó el corte y tanto exigido122. Pero las dificultades siguieron: con muy poca diplomacia hacía cargo al Tribunal de haber gastado en sueldos sus haberes, pues se habían consumido entre 1802 y 1808 23.200 pesos. Consideraba que había algunos sueldos demasiado altos y empleos inútiles. Se le respondió que "dicha cantidad ni siquiera ha entrado a su poder y es probable que espíritus de poca rectitud hayan supuesto como capitales entrados a la masa del fondo las repetidas circulaciones de las ventas que se han hecho de pólvora a la Administración General y las compras que ha hecho la fábrica con este producto para muchas elaboraciones en que siempre ha perdido de su capital primitivo". Recordaron en su nota de 28 de diciembre de 1808 que el asiento de pólvora había resultado un fracaso del que recién se veían visos de recuperación. En cuanto al monto de los sueldos, éstos habían sido fijados a consecuencia de la real orden de 7 de junio de 1801 por la que se rechazaba un plan del antiguo Tribunal, de 20 de diciembre de 1799. Por sugerencia de la misma real orden, se habían tomado como base los sueldos de los empleados de Lima, cubriéndose las plazas "de un modo que se hiciesen respetables y apetecibles". Su número era el mínimo para su correcto funcionamiento123.

Las Ordenanzas mexicanas dedicaban el título XVIII a "la educación y enseñanza de la juventud destinada a las minas y del adelantamiento de la industria en ellas", ordenando la creación de un Real Seminario de Minería (ordenanza 6) a cargo del Director General del ramo124. Ello fue considerado por Tomás Alvarez de Acevedo en sus declaración 45, de 7 de enero de 1788, como "inverificable por ahora en este Reino" en razón del costo que implicaba. Mas se haría lo posible por enviar jóvenes al Seminario de Lima, destinándose, además, fondos para la adquisición de libros e instrumentos de Geometría, Arquitectura subterránea, Hidráulica, Maquinaria, Metalurgia, Mineralogía y demás que se estimaran convenientes (declaración 46)125. Coincidió con estos reales propósitos el establecimiento de un centro de estudios técnicos, que en definitiva, fue llamado Real Academia de San Luis, en honor de la reina María Luisa. Su gestor fue Manuel de Salas, quien lo había propuesto al Consulado, en su calidad de Síndico, en 1796. La corona lo aprobó por real orden de 24 de julio de ese año126. Se solicitó colaboración económica al Consulado, al Cabildo de Santiago y a la Real Administración de Minería. Habiéndose negado ésta al desembolso, una real orden de 31 de enero de 1798 la conminó a contribuir con 1000 pesos anuales a contar del 1o. de enero de ese año127. A 20 de diciembre de 1799 solicitó el Importante Cuerpo de Mineros, entre otros puntos de mayor importancia, que cesase esta exacción128. La referida real orden de 1798 fue derogada por otra, de 7 de junio de 1801, debiendo devolver el Consulado al gremio de mineros las contribuciones que éste le había hecho para el mantenimiento de la Escuela en cuestión. El gobernador Luis Muñoz de Guzmán, sorprendido de tan dura actitud, suspendió su aplicación129, lo que en definitiva correspondió a los reales deseos. No obstante la reticencia del Tribunal minero frente a la Academia de San Luis, estableció -posiblemente influida por el ilustrado gobernador- premios a los alumnos más aventajados, en diciembre de 1802130. No fue considerada adecuada esta munificencia por los alumnos, que solicitaron a 25 de febrero de 1803 que, dándose cumplimiento al título 18 de las Ordenanzas, se les auxiliase con el pupilaje. Pedido informe al Director del establecimiento, Manuel de Salas, contestó en forma favorable a las pretensiones estudiantiles. Por su parte, el Promotor del Tribunal adujo que, al no permitir los fondos dotales el sostén de los alumnos, se los admitiese a pupilaje, prefiriéndose siempre a los descendientes o parientes próximos de mineros, premiándose a los que obtuviesen mejores calificaciones, que fue lo que se hizo131. El otorgamiento de premios fue considerado por los estudiantes como un derecho adquirido, reclamando cuando no se les daban: invocaban entonces la ordenanza 13 del título 18 de las Ordenanzas: "Los colegiales y estudiantes del Seminario han de tener cada año actos públicos a presencia del real Tribunal de Minería para que manifestando en ellos su respectivo aprovechamiento, sean premiados y distinguidos a proporción del que acreditaren". Recordaba Juan Egaña en 1806, refiriéndose a la Academia: "extendí las bases y plan que debía organizar (por lo relativo a la minería) sus estudios, sus empleados, sus funciones; los derechos y gobierno con los alumnos de mineralogía, sus relaciones y dependencias con el Tribunal y los principios y deberes en que debía fundar su protección y auxilios. Por comisión de mi empleo y acuerdo de 12 de enero de 1803, he intervenido y cuidado de los negocios entre la Academia y el Tribunal, asistiendo a la formación científica de su gabinete de historia mineral, formando los programas para las disertaciones anuales, proveyéndola de las mineralizaciones que se han mandado por las provincias, etc. En fin, su director es testigo de mis empeños por su lustre y subsistencia"132 .

Hubo también gestiones indirectas del Tribunal para favorecer el desarrollo minero. De ese carácter fue la obtención de parte del Gobierno de la venta de unas cuadras de terreno para la instalación de una ferrería. Francisco Tomás de Vildósola, práctico en la dirección de ferrerías en Vizcaya, había solicitado ayuda en el sentido indicado. Según él, el hierro de la Sierra de Pelvin era de mejor calidad que el de las minas vizcaínas133 . En lo referente al platino, el Tribunal comisión en 1803 a Juan Agustín Fernández para que estudiase las bondades de ciertos yacimientos que se habían detectado en Los Angeles134. En tiempos del Director Supremo Bernardo O´Higgins, vinculado a la zona por ser propietario ahí, se dará al tema bastante importancia.

Tendieron, asímismo, a favorecer la actividad minera, las medidas tomadas para abastecer económicamente de azogue o mercurio a los diversos asientos del reino. El Secretario del Tribunal informaba a la Junta de 1808 sobre la conveniencia de establecer pósitos de mercurio en las cabeceras de dichos asientos evitándose la intermediación que encarecía el producto. En concordancia con ello, acordó la Junta, el 24 de diciembre de ese año, pedir al Gobierno que estableciera tales pósitos en todos los reales, haciéndose las ventas por los subdelegados con intervencion de los diputados del distrito135. La falta de este ingrediente había hecho resentir no sólo la minería chilena sino aun la altoperuana136. La corona, preocupada, había hecho envíos desde Almadén137, los que no implicaban un aprovisionamiento permanente.

Continuaron las visitas en los años siguientes. Hay informes sobre las practicadas en el partido de Colchagua en 1806138  y en el real de San Rafael de Rozas (Illapel), comenzada el 13 de noviembre de 1807 y llevada adelante por el visitador Juan de Oyaneder139. De mucha ilustración es la realizada desde Santiago hacia el Norte, hasta Petorca, por el visitador comisionado Martín Toribio de Mujica, la que se extendió entre el 1o. de septiembre de 1807 y el 15 de mayo de 1808140. Sin embargo, la falta de medios económicos conspiraba contra su efectiva realización, pues los aranceles no compensaban las costas impendidas. Se quejaba de ello el Secretario interino José María Rozas en 12 de diciembre de 1808, pues sólo había recibido informes sobre las visitas practicadas a Petorca, Illapel y San Fernando y al territorio jurisdiccional del Tribunal. Faltaban, en cambio, las de Huasco, Copiapó, Coquimbo -prácticamente las más importantes-, Talca y Curicó. En la misma junta de 1808, considerando los nuevos ingresos del subasiento de la pólvora, se discurrió asignar un sueldo a los diputados, pagadero al acreditarse la visita respectiva: para ello, se dividirían en dos las diputaciones, correspondiendo a cada diputado una mitad141.

Diversas dificultades ocurridas en Petorca movieron a la Junta General de mineros, reunida el 7 de enero de 1803, a adoptar para todas las diputaciones la norma de la ordenanza 5a. del título 2o. de las de Nueva España, o sea, que se nombrase electores que, a su vez, eligiesen a los diputados. Se fijó en siete el número de aquéllos. Se acordó que los primeros fueran designados por el Real Tribunal de entre los de listas de personas beneméritas que presentarían los apoderados de los distritos. En el futuro, los electores debían presentar una lista al juez real o al diputado del año precedente, en que incluyesen a todos los mineros del territorio que desde un año antes fuesen dueños de minas o administradores. Se sortearía siete electores de entre los que figurasen en dicha lista y ellos elegirían a los diputados y demás oficios. Los electores nombrarían también a los apoderados que asistirían a las juntas generales142.

Al concluir el 13 de enero de 1803 las sesiones de la junta general, quedó convocada para el 31 de diciembre de 1805, en que debería verificarse la elección de quien substituyese a Pedro Flórez, segundo Diputado General. En la misma oportunidad, fueron confirmados expresamente los empleos de Factor, Secretario y Asesor, recaídos en Antonio Garfias143 , Juan Egaña y Francisco Xavier de Larraín -reemplazado sucesivamente por Gabriel José de Tocornal y Juan Nepomuceno Muñoz- que, conforme la real orden de 7 de abril de 1801, debían recibir aprobación del gobernador144. Aprovechándose la partida del doctor Miguel de Eyzaguirre para España, se le dio poder para que practicase las representaciones que se le encomendaron ante la corona145.

Las elecciones se fueron haciendo con regularidad. Consta haberse efectuado en 1806146  la de 1805, retraso motivado por la ausencia en Lima del Administrador General Jerónimo Pizana. En todo caso, el 27 de septiembre de 1806, se decidió convocar a junta general para diciembre de ese año, debiendo de elegir representantes las diputaciones territoriles147 . Interesante fue el acuerdo, tomado a 19 de diciembre de 1806, de encargar a los Consultores residentes en Santiago que asumiesen la representación de las diversas diputaciones territoriales, de modo que en las reuniones mensuales hicieran presente sus inquietudes148. Fue elegido reemplazante de Pedro Flórez, Joaquín Fernández de Leiva y designado substituto de Juan Egaña a sus cargos de tercer Diputado General y Secretario el licenciado José María Rozas. Conjueces en el Juzgado de Alzadas fueron designados Pedro Flórez Cienfuegos149  y el maestre de campo Antonio Lavín y Castro y como consultores el mismo Lavín, José Antonio de Rojas, Feliciano José de Letelier, Manuel de Salas, Pedro José González, Carlos de Vildósola, José Antonio Rosales, Francisco Echazarreta, Andrés de Vildósola, el licenciado José María Rozas, José María Ugarte Castelblanco y el agrimensor Juan José Goycoolea150.

Se insistió en la junta de 1806 en la necesidad de reimprimirse las Ordenanzas novohispanas, toda vez que faltaban ejemplares. Era necesario agregarle tanto las reales disposiciones posteriores a su promulgación como los puntos acordados y adaptados al reino de Chile. Al efecto, el Administrador aprovechando su estancia en Lima, había tomado contacto con el Real Tribunal que ahí residía a fin de solventar juntos la edición, lo que avisaría éste en tiempo oportuno151. En todo caso, la misma junta acordó el 19 de diciembre de ese año que "siendo en varios puntos inadaptable a las circunstancias locales la Real Ordenanza Mexicana formada particularmente para aquel Reino, que difiere notablemente de nuestra situación, comercio y demás relaciones, y observándose que faltan decisiones para varios casos que presenta esta misma variedad", acordó se hiciera un plan de observaciones de lo inadaptable de las mismas y de lo que fuese necesario modificar, para lo que debía encargarse a "un sujeto de luces". Fue designado Juan Egaña, quien había pedido se lo relevase de su plaza de tercer Dputado General y Secretario en razón de una "fatiga flatulenta" que lo aquejaba, que le impedía hasta sentarse para el despacho. Disfrutaría de una renta de 600 pesos anuales, en vez de los 1000 que recibía. Se le encargó que trabajase "como una comisión libre y espontánea de su parte" en las observaciones a las Ordenanzas152. Dos años más tarde se hacía presente en la junta general que Egaña no había desempeñado la comisión encargada y que quizá hubiese que destinar a algún empleado del Tribunal para la tarea. Se hacía necesario regular los lavaderos de oro, de que muy pocas disposiciones traían las Ordenanzas novohispanas153.

El 9 de diciembre de 1808 se congregaron Jerónimo Pizana, Pedro José Ugarte, Joaquín Fernández de Leiva, José María Rozas (tercer diputado interino) y los apoderados de Huasco (Antonio Lavín y Castro), Coquimbo (Ignacio Xavier de Zapata), Petorca (José de Larrañaga), Copiapó (doctor Andrés Vildósola) e Illapel (Manuel Silva), quienes aprobaron las cuentas de los caudales existentes154 . Las elecciones habían venido preparándose desde el 2 de septiembre de ese año. Debía elegirse un Diputado General por vacancia del cargo del doctor Joaquín Fernández de Leiva, quien pasó a primer Diputado General reemplazando a Pedro José Ugarte. Aunque a Leiva le correspondían seis años como Diputado General, renunció a un año de ejercicio habida consideración a que su elección se había producido en 1806, en vez de 1805: duraría, entonces, hasta 1811. Feliciano José Letelier salió de segundo Diputado General. Igualmente, era necesario elegir Administrador General por vencerse el término de Pizana155. Lo reemplazó José Teodoro Sánchez, abogado sanjuanino, que, desde 1787 había tenido una activa vida en la justicia minera156. Consultores y conjueces de alzada fueron también designados. Entre los primeros se contaron José Santiago Ugarte y Salinas, Juan Martínez de Luco, Manuel Silva, José de Larrañaga157, José Gregorio Argomedo y Antonio de la Torre158  y entre los segundos, los ex-consultores Manuel Pérez de Cotapos159  y Carlos de Vildósola160. Las diputaciones territoriales se vieron ampliadas al erigirse como tal Talca el 5 de enero de 1809, toda vez que: había ahí abundantes minas en labor y haciendas de beneficio y se cumplían todos los demás requisitos fijados por la ordenanza 6 del título 1o. Se le asignaron tres votos en las juntas generales.

Un informe de 12 de ese mes y año se refirió a las minas de plata, oro y cobre de Illapel. Entre las más importantes de oro se hallaban la explotada en compañía por José Montes y José Antonio Rosales, que producía 30 a 40 pesos por cajón y la llamada Las Varas, con tres piques tornos, que trabajaba noche y día. La sequía de los dos últimos años había afectado negativamente a los lavaderos de oro161. A 24 de diciembre de ese año, el Tribunal estudió lo relativo a la situación económica de las visitas162 y a la falta de pólvora en San Fernando. En ese mismo año recibió el Tribunal solicitud del gobernador Francisco García Carrasco de que constribuyese con fondos al auxilio del puerto de Buenos Aires, amenazado por los ingleses163. En 24 de enero de 1809 se resolvió que, atendida la real orden de 12 de febrero de 1797 y lo dispuesto en las Ordenanzas, título 2, ley 1, correspondía a los diputados territoriales practicar las visitas, otorgar mercedes, dar posesiones y presenciar las mensuras, debiendo percibir ellos los derechos que antes recibían los subdelegados164. En lo tocante a la pólvora, se acordó pedir a la Superintendencia de Real Hacienda que autorizase a los diputados territoriales para visitar las existencias de pólvora, de manera de convencerse si existía este ingrediente en cantidad suficiente165. Un fuerte revés ocurrió pocos años después en esta materia, al quemarse la casa de pólvora en 1814.

El 12 de septiembre de 1811 acordó el Real Tribunal que, al terminar como primer Diputado General, el 31 de diciembre de ese año, Joaquín Fernández de Leiva, fuese reeemplazado por el segundo diputado Feliciano José Letelier. En consecuencia, debía ser elegido un reemplazante de éste166. Se practicaron las diligencias para elegir a los que debían de concurrir a la junta general. Las elecciones de 31 de diciembre de ese año fueron suspendidas por José Miguel Carrera, aduciendo irregularidades. Al interior del Tribunal se habían producido dificultades con Juan Egaña. Se lo acusaba de haber sido nombrado arbitrariamente por la Junta de 1802, titulándose de tercer Diputado nato perpetuo, con sueldo de mil pesos anuales como substituto de los otros dos Diputados. Estimaba el Tribunal que no se justificaba tal emolumento como que las Ordenanzas daban por substitutos de los Diputados a los Consultores167. Un acuerdo del Real Tribunal, de 20 de diciembre de 1806, tomando en consideración los distinguidos méritos y particulares servicios de Juan Egaña como Secretario y Tercer Diputado General, "con conepto a ellos y al estado abatido de su salud, le releva del servicio de su plaza por tres años, sin que en este término pueda ser requerido ni precisado a función alguna, quedando en libertad de residir en Melipilla o en el país que quiera o halle ser más apropiado para su restablecimiento", disfrutando del sueldo de $ 600, correspondiendo los $ 400 restantes a quien lo reemplazara168, que lo fue José María Rozas.

Las elecciones de 1815 muestran cómo el 31 de diciembre se produjeron las de quien reemplazase a Feliciano José de Letelier, que terminaba en sus funciones de primer Diputado General169. Pasaba a ocupar su puesto José María Tocornal. Administrador General fue elegido el doctor José Ureta170, actuando como Secretario interino el doctor Ramón de Arostegui171.

Aunque entre los mineros abundaron los patriotas, los nuevos tiempos independientes no favorecieron el desarrollo del Tribunal minero172. Bernardo O’Higgins dispuso en 1818 la suspensión de las funciones de este organismo, devenido clorótico, ante lo que la junta general, reunida en 29 de diciembre de ese año decidió designar un administrador interino, cargo que recayó en el conocido patriota y agrimensor general Martín Ruiz de Arbulú, uno de los desterrados por Osorio a Juan Fernández173. Fallecido éste en 1819, lo reemplazó el primer conjuez de alzadas Ramón Moreno. La institución fue de tumbo en tumbo hasta su eliminación definitiva en 1824.

IV. PROYECCIÓN DE LAS ORDENANZAS DE MINERÍA DE NUEVA
ESPAÑA EN SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA

La Junta de mineros de 1808 llegó a un interesante acuerdo: el 20 de diciembre de ese año decidió que sólo se concediese en lo sucesivo la mitad de las varas que establecía la Real Ordenanza, sin hacerse novedad en lo tocante a las aspas. La ordenanza 2a. del título 8o. señalaba que "por el hilo, dirección o rumbo de la veta, sea de oro, de plata o de cualquiera otro metal, concedo a todo minero, sin distinción de los descubridores, (que ya tienen asignado su premio) doscientas varas castellanas, que llaman de medir, tiradas a nivel y como hasta ahora se han entendido". La razón estribaba en que las minas chilenas normalmente tendían al declive, diferenciándose así de las mexicanas, de larga extensión, por lo que frente al primer agraciado los demás mineros difícilmente podrían cortar la veta a 200 ó 300 varas. De este modo, se decidió renunciar "a la real beneficencia" que había extendido las pertenencias en la forma señalada174. La preocupación por el tema databa de antiguo: los mineros de Illapel lo pedían en 1790175 y en 1791 expresaba un informe que era inconveniente el otorgamiento de dos pertenencias de 200 varas al descubridor y otras de 200 para los mercedarios por las "cortas facultades de los mineros de ella y a que no son capaces de trabajarlas". Decíase que si el descubridor llevaba 400 varas nada quedaría para los demás interesados176. Tan público era el clamor que a 9 de septiembre de 1799 el Procurador General de la ciudad de La Serena, Miguel Riveros Aguirre, había solicitado al diputado de minería y subdelegado Manuel de Sotomayor que no se concediesen las referidas 200 varas por no haber vetas de tan larga corrida177. En 1800 se consideraba que sólo podía aplicarse la norma de estacas-minas de 200 varas al cobre mas no a las de oro y plata178.

El pobre avance de la minería chilena durante los primeros años independientes movió a Mariano Egaña, durante su permanencia en Londres, a fomentar el establecimiento de compañías inglesas que quisiesen invertir en el país, a semejanza de lo que había ocurrido por esos años en México. Recalca, en nota de 17 de diciembre de 1824, que se aprovecharían los conocimientos técnicos de los ingleses: "la compañía debe llevar máquinas, herramientas y profesores científicos; en México hasta caminos costosos ha abierto por su cuenta para facilitar el tráfico de las minas"179. Ello no implicaba modificaciones legislativas, pues las Ordenanzas novohispanas permitían diversas posibilidades. Contemplábanse fundamentalmente dos: "1o. habilitar [la compañía] a todos los dueños de minas que, careciendo de capitales con qué trabajar por su propia cuenta, quieran ser habilitados por la compañía y entrar por consiguiente en contratos con ella; dichos contratos se reservan al espontáneo avenimiento de los interesados que, o convendrán en partir las utilidades por mitad, por tercios, o en la forma que les parezca, o estipularán (como ha sucedido en México) que se les dé actualmente un precio fijo por todo el tiempo que la compañía trabaje la mina, lo que equivale a una especie de arrendamiento [...] El segundo objeto de la compañia es trabajar por su cuenta aquellas minas que, o por despobladas o por nuevamente descubiertas por la misma compañía, pidiere ésta y el Gobierno le concediere con arreglo a lo que sobre el particular dispone la ordenanza de minería"180. El Estado chileno, a través de su ministro Francisco Ramón Vicuña, aceptó la sugerencia de Egaña, dejando constancia de que "siendo las minas un patrimonio del Estado, les concederá a los empresarios el trabajarlas, con el cargo de arreglarse a las ordenanzas de este ramo; y las pastas de oro y plata deben acuñarse en la Casa de Moneda de esta república, siendo la extracción clandestina de ellas un contrabando que tiene sus penas por la ley"181.

Aparecieron así, el 13 de enero de 1825, la Chilian Mining Association, de que fue presidente Mariano Egaña182, con un capital nominal de un millón de libras esterlinas dividido en 10.000 acciones; el 16 de enero del mismo año, la Anglo Chilian Mining Association, con capital de un millón y medio de libras dividido en 15.000 acciones, de que se pagaron 120.000 libras; el 10 de marzo del mismo año, la Chilian and Peruvian Mining Association, con un millón de libras de capital nominal dividido en 10.000 acciones, de que se pagaron 50.000 libras y en junio la United Chilian Association con 500.000 libras de capital dividido en 10.000 acciones, de que se pagaron 50.000 libras183. Para familiarizar a los inversionistas con la legislación americana de minas, que por la extensión territorial de aplicación de las Ordenanzas novohispanas había resultado un derecho común para las nacientes repúblicas, un abogado londinense, Charles Thomson, tradujo al inglés, en 1825 la referida legislación bajo el título de The Ordinances of the mines of New Spain translated fron the original Spanish with observations upon the mines and mining associations (Londres, John Booth, 1825)184. La misma llevaba un certificado de Mariano Egaña, extendido el 6 de junio de 1825, en que afirmaba ser aquélla la legislación vigente en Chile en esta materia. Thomson explicaba en un estudio adjunto, el sentido de las disposiciones mexicanas185. Las compañías inglesas fracasaron a la larga porque llegaron tarde al proceso económico, pues comenzaba una depresión general en Inglaterra186. Correspondieron a un interés de los inversionistas ingleses en nuevos campos de especulaciones, cuyo inicio respecto de Chile, había sido el empréstito contratado por Antonio José de Irisarri. Las minas que habían hecho rica a España debían de contribuir ahora al enriquecimiento de Inglaterra. Entre los incitadores a estas aventuras se encontraba Benjamín Disraeli, quien escribió un panfleto anónimo al respecto. Por la misma época, el ciudadano inglés Onofre Bunster propuso al gobierno la creación de un banco particular de rescate de pastas, con ciertos caracteres monopólicos187. Hubo informe más bien desfavorable de Jose Santiago Portales, Superintendente de la Casa de Moneda, quien consideraba que su institución llenaba buena parte de las ventajas que ofrecía el banco particular188.

Derivada de la primera de las empresas antes señaladas fue la Compañía Inglesa de Minas de Copiapó, que recibió, además aportes de capitales ingleses y alemanes que habían tenido mala experiencia en las provincias argentinas de La Rioja y Catamarca. "Entró con todo empuje a invertir sus capitales, labrando minas en todas partes, comprando minerales, despachando expediciones de cateo, y denunciando por medio de sus agentes don Alejandro Delon, don Martín Thomas y su perito ensayador don Rafael Esbry, casi todas las minas y asientos mineros de oro, plata y cobre que hasta entonces se mantenían abandonados"189. De particular mención es el técnico alsaciano Charles Lambert, natural de Strasbourg y educado en la Ecole Polytechnique de París, quien, auxiliando a la referida compañía, fue un importante innovador minero190. Debiose a su habilidad la introducción de hornos de reverbero, que reemplazaron a los antiguos "de manga". Mientras estos últimos requerían sólo mineral de alta ley y permitían una merma de un 50% de metal puro, los primeros permitieron refinar cobre sulfuroso y de baja ley191.

Respecto de la génesis de la Compañía de Copiapó, hay que considerar que en 1826 se produjo bastante revuelo en Coquimbo por haber establecido el gobierno una particular "derrama" para facilitar la conquista de Chiloé, lo que contribuyó a alentar sus intenciones autonomistas a través del sistema federal192. Lambert ofreció un préstamo de 20.000 libras esterlinas a cambio de que se dejara sin efecto la prohibición de exportación de plata no acuñada, la que estaría sujeta a un módico impuesto de 4 reales, a lo que accedió Francisco Antonio Pinto. El gobierno central aprobó, a regañadientes, lo acordado. No obstante las muy buenas condiciones obtenidas, el mismo Lambert tuvo serias dificultades con los otros representantes de la compañía inglesa, Edward Cameron y Charles Hobson en cuanto a la manera cómo debía administrarse aquélla. Aprovechando la expropiación de bienes eclesiásticos, compró la Hacienda Ramadilla, que había sido de los franciscanos, la de Nantoco, de VicenteSubercaseaux, y varias más. El colapso de las nuevas empresas mineras británicas en Londres motivó el despido de Lambert, quien retuvo en su poder las propiedades adquiridas hasta que se le pagasen sus sueldos. En un momento determinado, puso a disposición de Cameron todas las propiedadees salvo Ramadilla. Los representantes que quedaban de la empresa inglesa murieron, uno al través del suicidio y el otro, alcoholizado. Ramadilla, que Lambert afirmaba ser suya, fue vendida a Juan José Echeverría, importante minero de Copiapó. Aunque los tribunales fallaron contra Lambert, las autoridades locales no cumplían los fallos por amistad con él. Tampoco los cumplían los de Santiago, en razón de la de Lambert con el Presidente Francisco Antonio Pinto. Tras estos avatares, el 21 de junio de 1836 se constituyó la Copiapó Mining Company, con un capital nominal de 200.000 libras esterlinas, dividido en 10.000 acciones, la que llegó a ser una de las empresas más exitosas del siglo XIX193.

Las Ordenanzas novohispanas continuaron aplicándose hasta que entró a regir el Código de Minería de 1874.Un decreto de 11 de junio de 1833, con las firmas del presidente Prieto y su ministro Joaquín Tocornal, declaró expresamente su vigencia, pues "hacen parte de nuestra legislación, como que no están derogadas por ninguna ley posterior, salvo en los casos en que algunos de sus artículos estuviesen en contradicción con la Ley de Administración de Justicia"194. La normativa minera se limitó a completar determinados aspectos: por ejemplo, el Real Tribunal había dictado en marzo de 1803 unas ordenanzas sobre lavaderos de oro195; un decreto de 31 de julio de 1817 determinó las condiciones para la extracción de los minerales de plata y azogue196; otro, de 17 de noviembre del mismo año, daba facilidades a los que quisieran beneficiar salitre para hacer uso de las tierras de los hacendados, debiéndose satisfacer los perjuicios que causasen197 y un senadoconsulto de 15 de abril de 1819 fijó precio a las pastas de oro y plata198.

Respecto del azogue, cinabrio o mercurio, material de indispensable uso en el procedimiento de amalgamación, hubo peticiones, formuladas al gobierno de José Joaquín Prieto, tendentes a que se otorgara a determinadas personas privilegio exclusivo para el beneficio de dichos minerales. La autoridad fue muy contundente en el rechazo de tal pretensión: "en conformidad con el espíritu del artículo 151 de la Constitución se declara: que no se concederá ninguna clase de privilegio exclusivo para la explotación o beneficio de minerales ni para ningún otro ramo de industria que antes de ahora haya sido conocido y establecido en el país, dejándose, sin embargo, a los mineros en posesión de los derechos que respecto a privilegios exclusivos les concede la ordenanza de minería, y de los que puedan obtener con arreglo a la ley de 9 de septiembre de este año". El citado artículo de la Constitución estatuía que "ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad, o a la salubridad pública, o que lo exija el interés nacional, y una ley lo declare así". La ley de 9 de septiembre de 1840, citada en el decreto aludido, se refería a la propiedad intelectual e industrial. Al efecto, una ley de 6 de septiembre de 1833 había dispuesto que los privilegios concedidos para trabajar canteras de mármol, jaspe y piedras preciosas, para construir molinos de viento y elaborar ácido sulfúrico no excediesen de ocho años, lo que quedó derogado por la de 9 de septiembre de 1840 recién indicada199.

El grueso de las disposiciones dictadas en materia minera se refiere a temas de Hacienda: derechos a pagar, eventual liberación de los mismos, importación y exportación de minerales200. Un vago recuerdo del fondo dotal minero se encuentra en la ley de 20 de octubre de 1852, cuyo artículo 3o. autorizaba al Presidente de la República "para que pueda aplicar una parte de los derechos de exportación de la plata a favor de las municipalidades y de los gremios de minería de los departamentos de donde se extraiga este metal"201. Los grandes temas de las ordenanzas quedaron intactos salvo una que otra aclaración. Así, la ley de 25 de octubre de 1854 dispuso que no se hallaban comprendidas entre las substancias denunciables tratadas en el artículo 22, título 6o. de las Ordenanzas novohispanas las minas y depósitos de azufre, cal y substancias análogas202.

Indirectamente introdujo modificaciones a las ordenanzas novohispanas la ley de 24 de octubre de 1854 que creó un Cuerpo de Ingenieros de minas "encargado de velar sobre la observancia de las leyes y ordenanzas relativas a su laboreo conforme a la presente ley y a los reglamentos que se den para completarla" (artículo 1o.). Estos ingenieros de minas equivalían a los peritos facultativos de las Ordenanzas203, los que, conforme a éstas, debían ser examinados por el Real Tribunal de Minería (título 17, ordenanza 1a.). Al no existir dicho Tribunal, suprimido en 1824, el sistema republicano dispuso que su designación correspondiera al Presidente de la República de entre los que se hubiesen diplomado como ingenieros de minas. Habría uno de ellos en cada uno de los distritos mineros en que el Presidente de la República dividiría el país (artículos 2 y 3). Harían las funciones de diputados de minas para los efectos de mensurar las pertenencias pedidas, dando posesión de ellas conforme las Ordenanzas (artículo 5o. no. 1). Ejecutarían toda operación práctica y toda diligencia, dispuestas por cualesquier autoridades administrativas o judiciales, para las que se requirieran conocimientos profesionales (artículo 5o., no.2). Debían mantener un archivo de diversos planos y un registro de denuncios, operaciones practicadas, copias de títulos de los mineros y minas abandonadas (artículo 5, n.os 3 y 4). Era de su incumbencia el examen de las minas de su distrito, reconociendo caminos, puentes, macizos, ventilación, etc. de modo que no hubiera peligro para la vida de los trabajadores y se los facultaba para expedir las correspondientes órdenes a los administradores de las minas, dando cuenta de ello al intendente o al gobernador, según procediese (artículo 5, no. 5). Anualmente debían practicar visitas generales a las minas de su distrito, conforme las Ordenanzas, reponiendo linderos en ciertos casos (artículo 5, no.s 6 y 7). Se les encargaba el mapa geológico de sus respectivos distritos (artículo 5, no. 8). Quinquenalmente habría una visita general de minas, ingenios, hornos y establecimientos de beneficio, a cargo de uno o más ingenieros: "los ingenieros que practiquen la visita de que habla el artículo anterior, se contraerán principalmente a conocer el estado general de las minas, las necesidades de los mineros y los abusos o prácticas perjudiciales que entre ellos se introduzcan; a inspeccionar cómo desempeñan sus funciones los ingenieros de distrito y estudiar los medios de mejorar y dar impulso a la industria minera de la República" (artículo 8). Igualmente, debían de formar un estado de las minas, hornos y establecimientos de beneficio que hubiese en la república, para presentarla al gobierno (artículo 9o.), similar al que el artículo 16 del título 2o. de las Ordenanzas novohispanas encargaba a las diputaciones territoriales204.

Consecuencia del establecimiento del Cuerpo de Ingenieros de Minas fue el decreto del Presidente Manuel Montt, de 7 de abril de 1857, que aclaró la extensión de los distritos mineros de Atacama y Coquimbo, dividiéndose cada uno de ellos, a su vez, en tres distritos. El primero de los de Atacama comprendía todo el territorio de la provincia al norte del río Copiapó desde su orilla derecha; el siguiente abarcaba la orilla sur del referido río hasta tocar los límites de los departamentos de Vallenar y Freirina, y el tercero, incluía los dos departamentos recién señalados. De los de Coquimbo, el primero era conformado por los departamentos de La Serena y Elqui; el segundo, el de Ovalle y el tercero, los de Illapel y Combarbalá205.

En materia de derogaciones expresas de algunas disposiciones de las Ordenanzas mexicanas, hemos de mencionar la ley de 22 de julio de 1861, relativa al artículo 3o. del título 19 de las Ordenanzas, la que, dentro del espíritu igualador derivado de la revolución francesa, declaraba que por aplicación de la ley mariana de 8 de febrero de 1837 sobre juicio ejecutivo quedaban sin efecto llas exenciones de encarcelamiento para los dueños de minas y sus dependientes206. La siguiente derogación expresa sólo se producirá en 1871, cuando la ley de 15 de julio de ese año dejara sin efecto las Ordenanzas mineras "en cuanto autorizan los denuncios de bosques". Al tema se refería el título 13, que trataba del surtimiento de aguas y provisiones de las minerías. Siendo el agua tan indispensable para las labores mineras por necesitarla las bestias, las máquinas de molienda y el servicio de los trabajadores, las ordenanzas daban diversas normas para asegurar su permanencia. Una disposición, de gran interés ecológico, la de la ordenanza 7a. de ese título, impedía el desmonte de bosques: "que se evite que en ellos [-los caudales de agua-] o sus cercanías se desmonten los Bosques que los cubren o se rocen para sembrar ni los ensolven...", tomándose en consideración la necesaria interrelación de bosques, lluvias y manantiales. Se encargaba a las justicias reales y a los diputados territoriales la inspección de dichos arroyos y bosques. Las ordenanzas 12, 13 y 14 del mismo título tendían a la conservación de los montes y selvas cercanos a las minas de modo que se las pudiese proveer de madera, leña y carbón para su uso. Por ello se prohibía a los particulares que los extrajesen para otras poblaciones susceptibles de proveerse en otros lugares. Una reglamentación emanada del Tribunal de Minería, calificada por el virrey y aprobada por la corona, debía normar dicha extracción. En todo caso, "a los leñadores y carboneros les prohibo con el mayor rigor la corta de los renuevos de los Arboles para hacer leña y carbón y ordeno que, donde no los hubiere, se trate de plantar y replantar Arboledas, principalmente en los sitios y parajes en donde en otro tiempo las hubo, atento a que por su consumo y el descuido de su reproducción, se han escaseado y encarecido las dos especies más útiles y necesarias para el laborío de las Minas y beneficio de los metales: entendiéndose que para afianzar el logro de tan importante punto se formará también por el Real Tribunal de Minería la competente Instrucción y ordenanza particular, que puntualmente deberá observarse bajo las penas que por ella se establezcan y precedida la formal calificación y autorización que se dispone en el artículo antecedente [o sea, del virrey y el monarca]". Es ésta una norma protectora de la naturaleza, coincidente con lo dispuesto en el libro 7, título 7 de la Nueva Recopilación y diversas disposiciones borbónicas iluministas como las ordenanzas de 7 y 12 de diciembre de 1748 y reales cédulas de 13 de enero de 1748 y 18 de octubre de 1763207. Toda esta preocupación por la preservación del medio ambiente quedó sin efecto gracias a la disposición republicana de 1871, que dio margen a la depredación inmisericorde de los bosques.

El 1º. de enero de 1857 entraba en vigencia el Código Civil, cuyo artículo 591 se refería a las substancias mineras reconociendo al Estado el dominio de las de oro, plata, cobre, mercurio, estaño, piedras preciosas y demás substancias fósiles no obstante el dominio particular o de corporaciones sobre la superficie en que ellas estuviesen situadas. Otorgaba facultades de catear y cavar en tierras de cualquier dominio., labrar y beneficiar las minas, y disponer de ellas como dueños, bajo las reglas que prescribiría el Código de Minería. A esta disposición me refiero en el párrafo 6 del presente trabajo.

V. LAS ORDENANZAS DE MINERÍA DE NUEVA ESPAÑA EN SU
DIMENSIÓN PROCESAL

Al reestructurarse el Real Tribunal de Minería en 1802, se observó cómo en muchos distritos las Ordenanzas de Nueva España no eran aplicadas por los jueces en razón de la carencia de ejemplares de ellas. Es por eso que, en abril de 1803, se solicitó a las autoridades superiores del reino que gestionasen su reimpresión, a la que debían de adjuntarse las disposiciones adaptantes al Perú y Chile y las diversas resoluciones reales posteriores a su entrada en vigencia208. En diciembre de 1806, como se ha visto más arriba, se insistía en la necesidad de reeditar las Ordenanzas, sin perjuicio de pensar en su modificación.

En la más estricta adecuación del Real Tribunal a las disposiciones mexicanas, se hizo particular cuestión de la administración de justicia en primera instancia dentro de su radio jurisdiccional. Igualmente se dio cumplimiento, con fecha 1o. de abril de 1802, a la real orden de 12 de febrero de 1797 que lo erigía en tribunal general de apelaciones respecto de las sentencias dictadas por las diputaciones territoriales209. A contar de mayo de ese año, comenzaron a llegar al Real Tribunal comunicaciones de las diputaciones territoriales acatando la determinación y reconociéndolo como tribunal de apelación210. Las sentencias del Real Tribunal eran conocidas, conforme la ordenanza 13 del título 3o., por un Juzgado de Alzadas, integrado por un oidor nombrado por el gobernador, el Director General de Minería y un minero elegido trienalmente en la junta general entre los que hubiesen sido administradores, drectores, diputados generales o consultores, lo que fue modificado por real orden de 8 de diciembre de 1785, como se ha visto más arriba211. Para el caso de revocación en todo o en parte de sentencias de primera instancia, cabía todavía segunda apelación o suplicación ante un tribunal integrado por el referido juzgado de alzada o el Real Tribunal, en su caso, acompañado ahora por dos conjueces, elegidos por los integrantes de aquéllos entre los consultores que residiesen en la ciudad. Así lo disponía la ordenanza 17 del título 3o. Los conjueces pretendieron, a veces, que se les diera una asignación por su oficio: así lo pidió, sin éxito, Feliciano Jose Letelier el 12 de julio de 1802212.

También hubo preocupación por la administración de justicia en las diputaciones territoriales. Un acuerdo de la junta general de 1809, tomado el 5 de enero de ese año, intentó concordar la real orden de 12 de febrero de 1797 y la ordenanza 1a. del título 2o. de las novohispanas. Concluyó que las justicias reales, en su calidad de jueces de minas, debían providenciar y conocer en todas las causas civiles y criminales del ramo en consorcio con los diputados territoriales. Estos, por sí solos debían practicar las visitas, otorgar mercedes, dar posesiones y presenciar mensuras. Las justicias reales o jueces de minas Sólo entrarían a conocer de estas materias cuando derivasen a litigiosas213. A raiz de la queja de los mineros de San Rafael de Rozas sobre estar sometidos a los subdelegados y no a jueces de minas, se produjo un acuerdo del Real Tribunal, de 17 de agosto de 1807, en que se aclaró que los subdelegados que lo fuesen de los partidos erigidos en diputaciones territoriales debían ser denominados "jueces de minas". Determinóse que los dos diputados substitutos más antiguos a resultas de las elecciones de diciembre de 1806 continuaran como diputados por el año 1807. El 31 de diciembre de ese año debían elegirse dos diputados territoriales y cuatro substitutos, y en los sucesivo, sólo uno en reemplazo del más antiguo y dos substitutos para reemplazar, asímismo, a los más antiguos de su especie214. Hubo aún otras dificultades en ese asiento en 1810215.

Aunque, como se ha dicho precedentemente, las Ordenanzas novohispanas estuvieron vigentes hasta 1874, algunos aspectos procesales de importancia sufrieron reformas. Suspendido en 1818, como se ha dicho más arriba, el funcionamiento del Tribunal de Minería, dispuso O’Higgins, el 27 de junio de 1822216, que la Cámara de Apelaciones conociese de la segunda instancia en los juicios respectivos. Una ley de la Convención, de 7 de septiembre de 1822, sancionada por el Director Supremo el 3 de octubre del mismo año, dio normas sobre la tramitación de los juicios de minas. Según él, el Tribunal general de Minería se compondría del administrador y dos diputados -de los llamados "generales" conforme a las Ordenanzas de Minas de Nueva España- y conocería en primera instancia en el distrito de la capital y como tribunal de apelación para las demás diputaciones del Estado, en lo que si bien se apartaba del texto novohispano217, daba aplicación a la real orden de 12 de febrero de 1797. Las apelaciones respecto del Tribunal de Minería serían conocidas por el ministro subdecano de la Cámara de Apelaciones y dos conjueces elegidos en sorteo a presencia de las partes. Es de recordar la ordenanza 13 del titulo 3o. de las novohispanas señaladas en el párrafo preecedente. Cuando las causas no tuvieran dos sentencias conformes y se diese lugar, por ello, a una tercera instancia, el tribunal de alzada estaría presidido por el Regente e integrado por conjueces cuyo sorteo se realizaría ante él. "Todo pleito de minería deberá concluir en la tercera instancia sin admitirse más recurso ordinario ni extraordinario; y si ha tenido dos sentencias conformes, sólo se admitirá el recurso extraordinario de segunda suplicación o injusticia notoria en los casos y cantidades, y con las penas que previene la ordenanza y demás leyes que actualmente rigen" (artículo 8o.)218.

El Reglamento de Administración de Justicia de 2 de junio de 1824 dio un paso muy decidido en contra de los privilegios de los mineros quitándoles el especial Tribunal de que gozaban desde fines del siglo XVIII. Con el afianzamiento de la independencia, se da pie a la liberal tendencia, basada en el principio de igualdad ante la ley, a suprimir tanto los gremios como los fueros profesionales y personales. No es difícil hallar sus raíces en la Revolución Francesa y en la célebre Ley Le Chapelier. El referido Reglamento de 1824 abolió los juzgados especiales de minería pasando sus funciones a los tribunales ordinarios. Se daba cumplimiento así a lo preceptuado por la Constitución de 1823, que fijó las bases por la que habría de discurrir la administración de justicia en Chile aun hasta nuestros días. Se observa en esta Constitución una tendencia a la jurisdicción común: en su artículo 156 señala que "en materias que exijan conocimientos prácticos o técnicos llamará [la Corte de Apelaciones] a su seno facultativos en clase de conjueces, teniendo desde ahora nombrados un comerciante, un minero y dos empleados de Hacienda para estos respectivos juicios, sustanciando siempre las materias fiscales con informe del jefe del ramo a que pertenece el objeto de aquel juicio" (artículo 156, no.3). Cumpliendo con el aludido precepto constitucional, el referido Reglamento de Administración de Justicia estableció dos ministros especialistas en Hacienda; uno -oficial de marina- para causas de presas marítimas; uno en asuntos de comercio y un ministro en materias de minería (artículo 68 á 71).

En el mismo Reglamento se daba el nombre de juicios prácticos a los relativos a "deslindes, localidades, direcciones, giros de agua, internaciones, pertenencias de minas y demás materias que esencialmente exijan conocimientos locales y examen del objeto disputado". Las normas del Reglamento están en concordancia con las del título XVI de la Constitución de 1823, artículos 176 a 179. Fracasada la conciliación, las partes debían nombrar, en presencia del conciliador, un juez o dos y un tercero en discordia, que podían ser arbitradores -sin derecho a apelación- o de derecho219. Para la apelación, en el último caso, las partes nombraban tres jueces, haciéndolo el conciliador en desacuerdo de ellas. El procedimiento podía ser escrito o verbal a criterio de las partes. De acuerdo al artículo 179 de la Constitución, los mismos jueces "harán cumplir sus sentencias, auxiliados por el jefe político".

No habiéndose señalado la autoridad que debía conocer de los pedimentos y permisos para disfrutar minas, una de las llamadas leyes marianas, o sea, decretos con fuerza de ley preparados por el jurista Mariano Egaña, de 23 de mayo de 1838, preceptuó que "los gobernadores departamentales ejercerán las funciones de las antiguas diputaciones de minas y ante ellos se pedirán en lo sucesivo las mercedes de minas que se comprendiesen dentro de los límites de sus departamento; llevando cada gobernador un libro en que deberán registrarse, entregando los originales a los interesados para su resguardo. La facultad de conceder permisos para disfrutar minas, con arreglo a ordenanza, que era anexo al Tribunal General de Minería, deberá ejercerla en lo sucesivo la Corte de Apelaciones en sala de minería"220.

Bien pronto se vio que la justicia minera no funcionaba con la soltura que era de esperar. Sugería el ministro de Justicia en 1842 que, requriéndose conocimientos especiales y prácticos en los que habían de fallar, "convendría, pues, nombrar anualmente dos mineros inteligentes y de probidad que, asociados al juez de letras, formasen un tribunal subalterno, ante el cual deberían sustanciarse en primera instancia todas las causas de minas que se promoviesen en el territorio de su jurisdicción, Sería igualmente útil que en las apelaciones de dichas causas, el tribunal superior se compusiese de tantos jueces togados como especiales"221. Lo dicho quedó como mera insinuación, que no fue tratada en las memorias ministeriales posteriores.

La tendencia igualitaria, que había obtenido un primer éxito con la Constitución de 1823 y el Reglamento de Administración de Justicia del año siguiente, lo obtuvo a plenitud con la ley de 26 de julio de 1866 que suprimió todos los jueces especiales. Decía: "Se suprimen en las Cortes de Justicia los jueces especiales de comercio, de minas, de Hacienda y militares, debiendo proceder dichos Tribunales en el conocimiento de las expresadas causas como en las demás del fuero común". En la misma oportunidad desaparecieron los cónsules en los tribunales de comercio, quedando sujetas las causas del fuero mercantil a los juzgados de letras corrientes.

VI. LAS ORDENANZAS DE MINERÍA DE NUEVA ESPAÑA
Y EL PROCESO CODIFICADOR

Fue bajo el gobierno del general Manuel Bulnes que se pensó, aparentemente por primera vez, en reformar las Ordenanzas de Minería de Nueva España. Mediante decreto de 21 de diciembre de 1846, se designó una comisión para que estudiase las modificaciones pertinentes, reiterándose el encargo el 20 de julio del año siguiente222. La constituyeron los juristas Bernardino Antonio Vila223, Vicente Quezada, Juan María Egaña224  y Ventura Castro, a quienes se agregaron en 1847 los copiapinos Joaquín y Andrés Avelino Vallejo225. No adelantó gran cosa la comisión, de lo que hubo reclamo en la prensa y aun un editorial de la Gaceta de los Tribunales226.

En mayo de 1854 se nombró una nueva comisión, integrada por José Tomás Urmeneta, Manuel Antonio Tocornal y el sabio polaco Ignacio Domeyko227, a la que se hizo nuevo encargo del estudio de un proyecto de código minero. No se conocen resultados de ello228. Entre tanto, Vicente Quezada, integrante de la primera comisión, había elaborado un proyecto, respaldado por el gobierno de José Joaquín Pérez, el que vio la luz pública en 1864 sin resultados efectivos229. Mantenía el régimen de amparo por el trabajo; pretendiendo favorecer la agricultura, disminuía significativamente las substancias mineras denunciables e introducía el concepto de "título provisorio", que, como se verá más adelante, fue acogido por el código de 1874. Lo estudió una comisión revisora presidida por el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública Miguel María Güemes durante el primer semestre de 1865230, sin que llegara a conclusiones definitivas231 y mereció algunas observaciones de parte de Pedro Nolasco Cobo232. Retirado el proyecto por su autor, se encargó a Luis Larroque la redacción de un nuevo proyecto, que fue efectivamente elaborado, pero que adolecía del defecto de excesivo extranjerismo. El sucesor de Güemes en el Ministerio de Justicia lo envió a diversas provincias para su estudio, el que se malogró por diversas contingencias politicas233.

Entre tanto, hubo dos derogaciones que afectaron a algunas disposiciones del texto indiano: las de 22 de julio de 1861 y 8 de febrero de 1871, de que ya se ha hablado.

Los trabajos avanzados permitieron al senador Miguel María Güemes presentar un proyecto en 1867234, el que fue objeto de un juicio crítico elaborado en Copiapó235. Mantenía el régimen de amparo por el trabajo, si bien con algunas excepcionales situaciones de pago de patente y limitaba las materias denunciables al igual que el proyecto Quezada.

En mayo de 1871 el jurista José María Cabezón presentó al gobierno un nuevo proyecto, elaborado solitariamente, que fue estudiado por una comisión integrada por el civilista José Clemente Fabres, que la presidió, y por Juan Vicente Mira236, Ramón Francisco Ovalle237, el ingeniero Uldaricio Prado, el distinguido procesalista José Bernardo Lira238  y el regente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Miguel Saldías239, que se encontraba en Santiago. La principal innovación que pretendía Cabezón era la de introducir el amparo por medio de patente en diversas situaciones. De ello resultó otro proyecto240, que fue sometido a la aprobación del Congreso Nacional, mediante mensaje que lleva las firmas del presidente Federico Errázuriz Zañartu y su ministro José María Barceló. No fue fácil la tarea de sacar adelante el proyecto, al punto que el mismo Presidente de la República se dio tiempo para participar en la comisión de la Cámara de Diputados que lo estudió, invitando al efecto al Rector de la Universidad y a diversos ingenieros de minas. Después de discutido y enmendado, elaboró el Congreso el texto definitivo, promulgado en 1874 como Código de Minas, para comenzar a regir el 1o. de marzo del año siguiente.

El nuevo código pretendió favorecer la agricultura frente a la minería. A diferencia del texto novohispano, que declaraba del dominio radical todas las minas, haciéndolas esencialmente denunciables, el código chileno declaró denunciables las minas que señalaba taxativamente su artículo 1o., inc. 1o.: "oro, plata, cobre, platina, mercurio, plomo, zinc, bismuto, cobalto, níquel, estaño, antimonio, arsénico, hierro, manganeso, molibdena, piedras preciosas". No importaba al efecto la forma del lecho o yacimiento, según lo expresa el mismo artículo, "siempre que requieran para su explotación trabajo y operaciones que puedan calificarse de industria minera arreglada a las condiciones del arte", definición imprecisa que dejaba entregada su subsunción a la autoridad administrativa y, finalmente, a la judicial. Todos los demás yacimientos pertenecían al dueño del suelo. Decía el inciso 2o. del mismo artículo 1o.: "la explotación del carbón y demás fósiles no comprendidos en el inciso anterior cede al dueño del suelo, quien sólo estará obligado a dar aviso de ella a la autoridad administrativa". En ello, había un claro apartamiento de la tradición hispánica, acercándose el legislador al artículo 552 del Código Napoleón para el que "la propiedad del suelo arrastra la de la superficie y del interior".

Se decía por los autores del proyecto que las substancias indicadas en el inciso 1o. del artículo 1o. citado no causaban, por lo general, daño a la agricultura, pues se encontraban habitualmente en lugares eriales. El carbón y demás substancias, en cambio, solían encontrarse en terrenos agrícolamente aptos a los que podría causarse un grave daño. De ahí que se estimase oportuno que el dueño del predio superficial determinase qué bien elegir: si el agrícola o el minero241.

Difícil de compaginar es esta disposición con la del Código Civil, cuyo artículo 591 declaraba, como se ha expuesto ut supra que: "El Estado es dueño de todas las minas de oro, plata, cobre, azogue, estaño, piedras preciosas, y demás sustancias fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones o de los particulares sobre la superficie de la tierra en cuyas entrañas estuvieren situadas [inc. 1o.]. Pero se concede a los particulares la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio para buscar las minas a que se refiere el precedente inciso, la de labrar y beneficiar dichas minas, y la de disponer de ellas como dueños, con los requisitos y bajo las reglas que prescribe el Código de Minería [inc. 2o.] ".O sea, mientras el Código Civil continúa con la tradicional concepción del dominio radical, sita en la legislación novohispana242, respecto de todas las minas y sustancias fósiles, el Código de minería lo acepta sólo para las que señala el artículo 1o. inc. 1o., pues las demás ceden al dueño del suelo.

De acuerdo al artículo 2o. del nuevo Código, las piedras y metales preciosos que se encontrasen aislados en la superficie del suelo, pertenecerían al primer ocupante. En ello se innovaba respecto de las ordenanzas novohispanas, título 6o., ordenanza 21, que daba su propiedad a los dueños de las minas, quienes debían pagar a la corona los debidos derechos.

Las arenas auríferas y estaníferas, así como "cualesquiera otras producciones minerales de los ríos y placeres" serían de libre aprovechamiento, encontrándose en terrenos eriales de cualquier dominio; pero al hacerse la explotación en establecimientos, debían formarse pertenencias mineras (artículo 4 del Código de 1874). Las Ordenanzas mexicanas, en cambio, preceptuaban en el título 6o., ord. 18 que los placeres y cualquier género de criadores de oro y plata tendrían el mismo tratamiento que las minas de veta.

Se advierte en el nuevo Código chileno algunos tintes individualistas, que dan nuevo matiz al sistema novohispano, que en lo esencial es conservado. Por ejemplo, el título 6o., ordenanzas 19 y 20 de las de Nueva España concedía los desechaderos y terreros a los pobres -y en general al común-, que solían mantenerse de su explotación, salvo que algún particular denunciase asímismo la mina a que perteneciesen. La ordenanza 20, a su vez, disponía que los escoriales, escombros y lameros de fundicions y haciendas de que no hubiese más que las paredes corresponderían en primer lugar al dueño (a quien había que reconvenir), en segundo a los pobres y en tercero al que los denunciase. Por su parte, el artículo 5o. del código chileno considera a desmontes, escoriales y relaves parte integrante de la mina a que perteneciesen. Mientras ésta no hubiese pasado aún a dominio particular, serían dichos desmontes, escoriales y relaves de aprovechamiento común. Había una suerte de presunción de que los escoriales y relaves de establecimientos antiguos sitos en terrenos abiertos estaban abandonados por su dueño, siendo por tanto de aprovechamiento común.

El terreno superficial quedaba sujeto, una vez "reconocida la existencia de la mina", a la servidumbre de ser ocupado "en toda la extension necesaria para la cómoda explotación de ella, a medida que el desarrollo de los trabajos lo fuere requiriendo". Tal servidumbre se constituía previa indemnización del terreno ocupado y de cualquier otro perjuicio que se causare tanto al dueño del terreno superficial como a cualquiera otro (artículo 6). Esta solución concordaba con el título 6o. ord. 14 novohispana, que era más específica en cuanto a la forma de fijarse la indemnización.

Trataba el Código de los caminos abiertos para una mina, los que aprovecharían a los demás del mismo asiento, corriendo los costos de conservación entre ellos a prorrata de su uso (artículo 7), norma similar a la de las Ordenanzas novohispanas en su título 13, ord. 9 y 10.

A diferencia de las disposiciones mexicanas, que no trataban específicamente del cateo o búsqueda de minas (aunque hacían diversas referencias a ello), el Código de 1874 dedica al tema su título 2o., artículos 14 a 20. Limitó la declaración chilena adaptante no. 31, de las dadas por Tomás Alvarez de Acevedo. Prohibía ésta la concesión de exclusividad a determinados mineros para catear en "montes señalados" impidiéndoselo a otros: "los Diputados no concederán semejantes permisos, que se declaran por nulos, de ningún valor, ni efecto, y que todos indistintamente pueden catearlos, y reconocer sus vetas, en que serán premiados conforme a su industria y eficacia"243. La idea de Acevedo era, pues, la de que cualesquier mineros pudiesen efectuar las tareas de cateo. El Código impone una cantidad de limitaciones para ello. Sólo podía ejercerse libremente en terrenos no cerrados o no dedicados al cultivo (artículo 14). Para hacerlo en terrenos cultivados, se requería aquiescencia del dueño o administrador y, en su defecto, autorización judicial (artículo 15). Esta estaba limitada considerablemente: a que no hubiera frutos pendientes; a que demorasen los trabajos a lo sumo un mes; a que se otorgase fianza, a petición del dueño del terreno superficial, para responder por la indemnización de todo daño que con la investigación o con ocasión de ella se le pudiese causar, y a que no se tratase de casas, huertas, jardines, huertas ni fincas de regadío ni terrenos de secano con arboledos o viñedos (artículos 16 y 19). El permiso judicial sólo podía pedirse una vez (artículo 17). Había, todavía, otras limitaciones provenientes de la existencia de edificios, ferrocarriles, puestos militares, cursos de agua, abrevaderos, etc. (artículo 20).

El título 3o. del Código guarda mucha similitud con el título 7o. de las Ordenanzas de Nueva España. Este prohibía por regla general la adquisición de minas a los eclesiásticos, fueran seculares o regulares; el nuevo texto, en cambio, no se lo impide a los primeros. Los segundos no podían hacerlo por considerarlos muertos civilmente el Código Civil en los artículos 95 y 1447. Se prohibe en el Código la adquisición de minas a los ingenieros de minas rentados por el Estado y que ejercieran funciones administrativas en el distrito respectivo, a los intendentes y gobernadores en sus provincias e intendencias, a los magistrados de los tribunales superiores y jueces letrados dentro de su territorio jurisdiccional, a los escribanos de minas dentro de su territorio y a las mujeres no divorciadas e hijos bajo potestad de todos éstos. Tales normas corresponden aproximadamente a la del título 7o., ordenanza 3a. de las de Nueva España, sólo que los peritos facultativos y beneficiadores -equivalentes a los ingenieros de minas- no tenían impedimento para adquirirlas. La prohibición que afectaba a los dependientes para registrar minas para sí aparece en el artículo 44 del Código chileno si bien con menor precisión que la disposición del título 7o., ord. 4a. de las novohispanas.

En materia de privilegios reconocidos a los descubridores, el Código de 1874 es similar a las Ordenanzas del virreinato septentrional. Estas, en su título 6o., ordenanza 1a. calificaban de descubridor al que hubiese hallado uno o muchos cerros minerales absolutamente nuevos, en que no hubiese mina ni cata abierta. Su premio era la concesión de hasta tres pertenencias contiguas o saltadas en la veta principal. Si descubriesen más vetas podían tener una pertenencia en cada una. Al que descubriese veta nueva en cerro conocido se le otorgaban dos pertenencias, contiguas o saltadas. El Código otorgó al descubridor en cerro nuevo tres pertenencias en la veta principal y dos en cada una de las restantes. Se entendía por cerro nuevo aquél donde no se hubiese registrado otra en un radio de 5 kilómetros. El artículo 43 consignó la presunción de tener por descubridor al que se hubiese presentado primero a registrar, lo que en términos generales, aunque de menor precisión, corresponde al título 6o., ord. 7 de las mexicanas244.

En la constitución de la propiedad minera, vuelve el Código de 1874 a un procedimiento con intervención judicial, tradicional en el sistema jurídico indiano. Se ha visto más arriba que la ley mariana de 1838 había dado intervención en dicha constitución de propiedad a los gobernadores departamentales y que, al crearse la carrera de ingeniero de minas en 1854, éste pasó a tener las atribuciones que en las ordenanzas novohispanas correspondían a los diputados. Señalaba el artículo 27 de la nueva ordenación: "el que hubiere encontrado mineral en veta o en otro criadero cualquiera, debe hacer manifestación de su hallazgo ante el juez letrado del departamento, o ante el alcalde que ejerciere las funciones de tal". Sin entrar al detalle de la tramitación, puede decirse que es muy similar a la de las ordenanzas mexicanas. En lo relativo al pozo de ordenanza, que según éstas debía ser de vara y medio de ancho y diez de profundidad, en el Código es "de diez metros a lo menos de profundidad y en su remate una galería horizontal de igual extensión en la dirección de la veta" (artículo 31). Introduce la práctica de ratificar el registro, que no se encontraba en el sistema anterior. Omite, erróneamente al decir de los entendidos245, la constatación que el diputado acompañado de perito y con el escribano o dos testigos debía hacer de la existencia del pozo de ordenanza, que implicaba un reconocimiento de la veta (título 6o., ord. 4a.). Adolecía el Código chileno de imprecisión en cuanto a los plazos en que podían aducir mejor derecho los opositores a la constitución de la propiedad minera, lo que no ocurría en las Ordenanzas novohispanas, cuyo título 6o., ord. 5a. señalaba que los que no se presentasen en el término de noventa días no serían oídos.

Siguiendo el precedente del proyecto de Quezada, contempla el Código el concepto de "título provisorio" -que pasó también al Código de 1888-, intermedio entre la manifestación de la mina y su mensura. Tomándose en consideración las dificultades para practicar mensuras, tanto por el pequeño número de ingenieros especializados cómo por la carestía que ello implicaba, se resolvió dar valor a esta situación intermedia. La mensura dejó, entonces, de ser absolutamente obligatoria. Quien quería constituir propiedad minera, debía hacer manifestación de su hallazgo ante el juez letrado del departamento o ante el alcalde, quien mandaba registrarla y publicar el registro. Llamábase registro la transcripción íntegra del pedimento y de su proveído y de la certificación del día y hora de presentación (artículo 29). La publicación implicaba insertar el registro en un periódico del departamento por 3 veces de 10 en 10 días (artículo 30). Además debía dejar al desnudo el filón o veta en el plazo de 90 días desde que se ordenaba publicar el registro (artículos 31, 32 y 33). Verificado este trabajo, debía ratificar el registro señalando los rumbos hacia los que quería medir su pertenencia. "Las referidas diligencias servirán de título provisorio de la propiedad de la mina, hasta que se constituya, a petición del registrador o de la parte interesada, el título definitivo por la mensura de la pertenencia que se hiciere de orden judicial con arreglo a las prescripciones del título VIII. Pero el contenido de ese título provisorio no podrá servir en ningún caso de prueba legal". (artículo 35). Estas disposiciones se aplicaban, en lo que procediese, a los que adquirían minas por despueble (artículo 73).

Creó el texto chileno en su título 5o. el concepto de "pertenencias para explorar una veta conocida", que implicaba la autorización a cualquiera persona, desde que se registrase un descubrimiento, para obtener pertenencias provisorias a continuación de la señalada por el descubridor.

El amparo de la propiedad minera se realiza, igual que en las ordenanzas mexicanas (título 5o., ord. 3a.), por el trabajo: "la ley concede la propiedad de las minas a los particulares bajo condición de trabajarlas y explotarlas constantemente, con sujeción a los preceptos del presente Código y de los reglamentos que se dicten para su ejecución y para proveer a la conservación y a la seguridad de ellas, orden e higiene de los trabajos; pero sólo se entiende perdida esa propiedad y devuelta al Estado, en los casos expresasmente prevenidos en la ley" (artículo 13). Es necesario, pues, mantener las minas pobladas.

El título 6o. del Código chileno trataba "del abandono de las minas y de la pérdida de ellas por despueble", siguiendo el mismo sistema novohispano. El que quisiese abandonar una mina debía comunicarlo al diputado del distrito según las ordenanzas mexicanas en su título 9o., ordenanzas 16 y 18. Igual obligación para idèntica circunstancia consigna el artículo 50 del Código, referida ahora al juez de primera instancia. El despueble en el Código chileno (artículo 54, no. 1o.) se produce, igual que en las Ordenanzas de Nueva España (título 9o., ord. 13), cuando dejaba de haber cuatro operarios por espacio de cuatro meses. Para los casos en que hubiese trabajos suspendidos alternativamente, las ordenanzas mexicanas fijaban un plazo de ocho meses (título 9o., ord. 14), el que es reducido en 40 días por el código (artículo 54, no. 2). Consagraban los artículos 61 y 62 del Código algunas presuniones de despueble de la mina. El primero, señalaba que cuando las habitaciones u oficinas han llegado a ser inservibles o no se las construyó después del año de registro, habse producía la presunción aludida. Esta norma es similar a la del título 6o., ord. 16 de las mexicanas, que exigía notificar al dueño la intención de despueble cuando existiesen techos, máquinas, herramientas y maderas servibles. Decía el artículo 62: "presúmese igualmente despueble pr el hecho de haberse encontrado la mina enteramente sola o sin operarios en días y horas en que es permitido y se acostumbra trabajarlas, unez vea al cada mes en cuatro meses consecutivos". Las disposiciones novohispanas en las ordenanzas 8 a 12 del título 6o. consagraban normas sobre constitución de nueva propiedad en las minas despobladas o perdidas por otra causa, que son similares a las que el código chileno consagró en su título 7o.

Las disposiciones mexicanas contemplaban una excepción al despueble, que se refería a los casos de peste, hambre o guerra (título 9o., ord. 14), lo que es reiterado en tenor similar por el artículo 58 de la nueva legislación. El artículo 57 del Código estableció que no se produciría despueble en las "minas llamadas de temporada", entendiéndose que comenzaba ésta cuando la mina y el camino que a ella condujese se encontrasen despejados de nieve.

El Código dejó abierta la puerta al cambio de amparo por el trabajo al del pago de una patente. Decía al efecto el artículo 59 que podían interrumpirse por hasta dos años los trabajos de una mina sin incurrir en despueble cuando, habiéndosela trabajado sin interrupción por dos años, se pagase, por meses anticipados, desde que comenzase la suspensión, una contribución local entre 15 y 30 pesos, fijada por las municipalidades cada tres años.

En lo relativo a las pertenencias, definidas en el Código chileno como "la extensión que la ley concede al minero para explotar su mina" (artículo 78), las principales modificaciones respecto de la legislación precedente se refieren a su mayor extensión y al orden y plan de medidas. Curiosamente, y a pesar que en el período indiano se había reclamado contra la excesiva extensión dada a las pertenencias por el monarca, en el Código se extienden su longitud y latitud. Allá eran 200 varas castellanas de longitud horizontal (título 8o., ord. 2a.); aquí son 297 varas (250 metros) para los criaderos regulares. La latitud o aspas en las Ordenanzas mexicanas oscilaba, según el echado, dirección o recuesto de la veta respecto al horizonte, entre 100 y 200 varas; en el Código, entre 119 y 238 varas (100 á 200 metros). A diferencia del sistema mexicano, en que se dejaba entregado a la autoridad fijar la extensión de la pertenencia en caso de criaderos irregulares o en masa (título 8o., ord. 10a.), en el texto chileno, se establece que su sección horizontal debía constituir un cuadrado de 200 metros por lado (artículo 83). Para los placeres auríferos y estaníferos, la pertenencia crece a 10.000 metros cuadrados (artículo 84). Introdujo el Código novedad en lo tocante a la forma de las pertenencias de cobre. Mientras que lo normal fue seguir el sistema llamado "mexicano", de planos rectos, para el cobre la pertenencia seguía el sistema "oblicuo" o "sajón", en que los planos seguían el recuesto de la veta (artículo 85).

La mejora de estacas o mudanza de los términos, reglada en el título 8o., ordenanza 11a. de las mexicanas desapareció en el Código de 1874. Sólo se permitió introducir variación cuando aparecieran nuevos datos para determinar mejor el echado de la veta (no siendo en perjuicio de tercero) y cuando algún minero alegase que la pertenencia de otro tendría mayor extensión que la asignada en su título (articulos 99 y 100).

Las internaciones de minas eran repudiadas en general por la ordenanza 14 del título 8o. de las mexicanas por ser "la causa más fecunda de los más reñidos litigios, disensiones y disturbios de los mineros". Había, sin embargo, la excepción consignada en la ordenanza siguiente, que se producía cuando el minero llegase a pertenencia ajena en seguimiento del metal o lo descubriese sin que el dueño lo hubiese hecho. En tal caso, se producía una suerte de comunidad debiendo partirse el metal y sus costos por iguales partes. Ello fue derogado por el Código chileno (artículo 105 y siguientes) en razón de dar pábulo para múltiples conflictos.

El título 10o. del Código fijó las bases para la ulterior dictación de diversos reglamentos sobre as condiciones a que debía ajustars ela explotación de las minas. Se parecen en algunos aspectos a las ordenanza mexicanas: por ejemplo, el artículo 120 mandaba al dueño de una mina cuyas labores más profundas se hubiesen aterrado, que la desaterrase, lo que era similar al título 9o., ordenanza 8a. de las mexicanas. Difiere de éstas la norma que permite la explotación de las riquezas que pudiese haber en pilares, puentes y macizos, lo que estaba prohibido con pena de 10 años de presidio por el título 9o., ordenanza 7a.

Las disposiciones del título 10 de las ordenanzas novohispanas sirvieron de modelo para el título 11 del Código: reglaban los trabajos por socavón y los servicios que se debían las minas con ocasión del desagüe.

Los ingenieros de minas y ensayadores, regulados en el título 12 del Código equivalen a los peritos facultativos de minas y beneficiadores de las ordenanzas mexicanas.

Semejante el la ordenanza 2a. del título 14 de las de Nueva España, fue el artículo 155 del Código. La primera de estas disposiciones prohibía comprar metales "en otra parte que en las galeras de la mina; o en lugar público junto a ellas y a vista y paciencia del dueño, administrador o rayador de la mina...". Decía el artículo 155 que no podrían ser reivindicados los minerales comprados en las canchas de las minas o a minero conocido o a presencia de juez o de testigos que no fueran empleados del comprador o mediante un certificado de la autoridad del asiento en que constase que el vendedor explotaba minas del metal vendido o que había adquirido dichos minerales por título legítimo.

Siguiendo el ejemplo de las ordenanzas novohispanas en su título 12, el Código trató de las relaciones laborales entre dueños de minas y operarios. Se observa en ello una regulación liberal acorde con las normas del Código Civil.

Al referirse el título 15 del Código a las sociedades y comunidades mineras, repitió diversas normas de las Ordenanzas novohispanas en su título 11. Introdujo, sin embargo, algunas modificaciones. Repitió, por ejemplo, lo abolido por ley de 19 de diciembre de 1848 según la cual, si bien los socios podían enajenar sus cuotas aun sin consentimiento de los demás socios, no tenían la obligación, prevista en el título 11, artículo 10 de las novohispanas, de que el consocio tuviese derecho de retracto o a ser preferido por el tanto. Liberalizan las nuevas disposiciones la conducción de las sociedades eliminando la intervención de las autoridades administrativas y judiciales como en el caso de la ordenanza 5a. del referido título 11.

El contrato de avíos, regulado en el título 16 del Código consistía en el pacto por el que "se obliga una persona a satisfacer los costos que demande el laboreo de una mina para pagarse con sólo los productos de ellas" (artículo 189). Las ordenanzas novohispanas, en cambio, contemplaban dos clases: a "premio de plata", o sea el minero daba al acreedor metales por algo menos de su precio justo y "por especie de compañía", en que el acreedor se hacía socio de la mina por algún tiempo.

El aspecto procesal del Código de 1874 sigue las directrices liberales de la época: "no hay fuero privilegiado en los juicios sobre descubrimientos, denuncios, pertenencias, mensuras y, en general, en todos aquéllos en que se reclamare un derecho concedido por el presente Código. Las normas sobre ejecución son similares a las del título 3o., ordenanza 23 de las novohispanas que impedían se trabase ejecución sobre la mina o sobre los útiles necesarios para su explotación. Pero en el Código el minero puede renunicar a este privilegio.

El Código de Minería de 1874 fue objeto de dos estudios: uno del comentarista José Joaquín Larraín Zañartu, quien lo concordó con las Ordenanzas novohispanas, las legislaciones francesa y belga y el Código Civil chileno246, y otro, de Clodomiro Mujica Valenzuela, que lo concuerda con el Código Civil247. Ambos son viva imagen del estilo positivista de glosa, tan en boga en el siglo XIX, que muestra un apego impresionante a la letra de la ley.

Los muchos defectos del Código de 1874 llevaron a la Sociedad Nacional de Minería elaborar un proyecto de reforma que recogiese las observaciones de sus asociados. Uno de los aspectos que mayor conflicto producía era la abundancia de pleitos suscitados a raiz del amparo por el trabajo, pues bastaba la recurrencia a la prueba testimonial para constituir las bases del amparo o para desamparar una pertenencia248 .

Resumiendo lo expresado más arriba, y dado que el objeto del presente trabajo es el estudio de la proyección de las Ordenanzas novohispanas hasta 1874, puedo señalar como principales semejanzas del Código de ese año con aquèllas, las siguientes:

a) el sistema de servidumbres que afectaba al terreno superficial para la cómoda explotación de la mina, establecido en el artículo 6o., es similar a la norma de la ordenanza 14 del título 6o. de las novohispanas, referente a la ocupación de terrenos cuando se descubriesen y denunciasen vetas, si bien presenta menor especificidad;

b) el sistema de caminos, que beneficiaría a todos los mineros del asiento, del artículo 7o. encuentra su antecedente en las ordenanzas 9 y 10 del título 13 de las mexicanas, relativas a caminos reales y comunes que vincularan a los asientos con los poblados de la comarca para su aprovisionamiento y a los que unían las minas entre sí y con las haciendas;

c) el título 3o. del Código concerniente a limitaciones para adquirir el dominio minero es análogo al título 7o. de las ordenanzas, no obstante las diferencias a que he aludido más arriba;

d) en términos generales, las disposiciones sobre privilegios otorgados a los descubridores, son similares en ambos cuerpos legales, con las salvedades oportunamente advertidas;

e) el código vuelve al procedimiento jurisdiccional del sistema indiano para efectos de ser constituida la propiedad minera, utilizando ritualidades parecidas, como se señaló en su lugar;

f) el amparo de la propiedad minera es laboral, con lo que no sólo seguía la norma ya tradicional en el mundo hispánico, sino que contemplaba despoblada la mina en la misma circunstancia en que lo hacían las ordenanzas novohispanas;

g) la excepción, en materia de despueble, para los casos de ocurrir éste por peste, hambre o guerra, se encuentra en términos similares en ambas normativas;

h) ambos textos confluyen en el repudio a las internaciones mineras por ser fuente de múltiples pleitos;

i) las disposiciones relativas a socavón son totalmente parecidas en los dos ordenamientos;

j) las normas que en las Ordenanzas se referían a peritos facultativos y beneficiadores encuentran su paralelo en las del Código sobre ingenieros de minas y ensayadores;

k) para evitar la ventas de minerales hurtados, tanto las Ordenanzas como el Código, tomaron ciertos resguardos, referentes a los lugares donde ello podía ser practicado y las personas en cuya presencia pudiera efectuarse;

l) concuerdan las disposiciones indianas con la patria en la regulación de las relaciones laborales, si bien el Código utiliza un sistema liberal acorde con los nuevos tiempos que se vivían, y

m) se advierten en el Código diversas disposiciones relativas a sociedades y comunidases mineras,tomadas de la normativa novohispana.

1 Este apartado se basa en mi artículo La Real Administración del Importante Cuerpo de Minería de Chile en Revista Chilena de Historia del Derecho 8 (Santiago, 1981), pp. 109-130,         [ Links ] a que he agregado nuevos datos y bibliografía.

2 Vid. Sempere y Guarinos, Juan, Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reynado de Carlos III (Madrid, 1785-1789), 6         [ Links ]ss.; y Biblioteca española económico-politica (Madrid, 1801-1821), 4 t.         [ Links ] en que puede apreciarse la producción española en torno al tema económico.

3 Vid. Artola, Miguel, Campillo y las reformas de Carlos III en Revista de Indias 50 (Madrid, 1952).        [ Links ]

4 Un resumen de las nuevas posturas económicas frente a las Indias en Kossok, Manfred, El virreinato del Río de la Plata (Buenos Aires, Editorial La Pléyade, 1972), pp. 37, 39-41.        [ Links ]

5 Vid. Gálvez, José de, Discursos y reflexiones de un vasallo sobre la decadencia de nuestras Indias Españolas, ms., Biblioteca de Palacio. Madrid. 115. no. 2816. Colección Araya. Miscelánea. T. I.         [ Links ]

6 Silva Vargas, Fernando, La visita de Areche en Chile y la subdelegación de Alvarez de Acevedo, en Historia 6 (Santiago de Chile, 1967), p. 170.        [ Links ]

7 La primera mitad del siglo XVIII presentó en algunas regiones, como Copiapó, una interesante producción de oro, que se estancó y aun decayó en la segunda mitad de la centuria, adquiriendo, en cambio, un incremento la producción de plata y la de cobre: Pinto Rodríguez, Jorge, La población del corregimiento de Copiapó en el siglo XVIII. Crecimiento y distribución espacialen Broll C., Julio y Pinto R., Jorge, Copiapó en el siglo XVIII (Valparaíso, 1988), pp. 17, 20, 23, 24.         [ Links ] Vid., además, Sutulov, Alexander, Minería chilena, 1545-1975 (Santiago, 1976), p. 46;         [ Links ] Herrmann, Alberto, La producción en Chile de los Metales y Moinerales nás Importantes (Santiago, 1903), passim y Carmagnani, Marcello, Les mécanismes de la vie économique dans un société coloniale: le Chili (1680-1830) (París, 1973),         [ Links ] passim. Pinto denomina al período que va de 1750 a 1880 como el ciclo de la plata y el cobre: Pinto Vallejos, Julio (ed.) Episodios de historia minera. Estudios de historia social y económica de la minería chilena siglos XVIII-XIX (Santiago, Editorial Universidad de Santiago, 1997), pp. 29 a 35         [ Links ]donde da una visión al día de la bibliografía.

8 Vid. Fisher, John, Iberoamérica colonial en Lucena Salmoral, Manuel (coordinador), Pérez-Mallaína, Pablo; Ramos Pérez, Demetrio; Gutiérrez Escudero, Antonio; Mijares, Lucio; Sanz Tapia, Angel, Fisher, John y Malamud, Carlos, Historia de Iberoamérica I. II Historia Moderna (Madrid, Quinto Centenario, 1990), pp. 604-607.         [ Links ] Del mismo Fisher, John, Minas y mineros en el Perú colonial (Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1977),         [ Links ] passim.

9 Villalobos, Sergio, Comercio y contrabando en el Río de la Plata y Chile, 1700-1811 (Buenos Aires, 1965), pp. 101-102.        [ Links ]

10 El mineral entregado a la Casa de Moneda ofrece un panorama de un 59% de oro, un 25.5% de plata y sólo un 15.5% de cobre, que tiende a repuntar al finalizar el siglo XVIII: Méndez Beltrán, Luz María, Instituciones y problemas de la minería de Chile. 1797-1826 (Santiago de Chile, 1979), pp. 74 y 76.         [ Links ]

11 Archivo Tribunal de Minería vol. 7, p. 2a., p. 3a., p. 4a. y p. 5a.

12 Informe de Juan Egaña de 1805 en Archivo Tribunal de Minería vol. 10. La legislación aplicable era, en orden decreciente, las Ordenanzas dispuestas por Francisco García de Huidobro en virtud de autorización dada por la corona mediante real cédula de 1 de octubre de 1743 y aprobadas por el gobernador Domingo Ortiz de Rozas a 29 de mayo de 1755; las disposiciones mineras de las Ordenanzas del Perú, recopilación elaborada por el licenciado Tomás de Ballesteros en 1683 bajo orden del virrey Duque de la Palata; las normas sobre minería de la Recopilación de Leyes de Indias de 1680 (particularmente diversas leyes de los título 19 y 20 del libro 4º.); las Ordenanzas del Nuevo Cuaderno de Felipe II y la normativa castellana no derogada.

13 Silva, op. cit., p. 182, quien trae las instrucciones de Areche a Acevedo.

14 Archivo Tribunal de Minería vol. 2, p. 3a., p. 4a., p. 5a., p. 7a., p. 8a. y p. 9a.

15 Archivo Contaduría Mayor, Primera Serie vol. 4817, p. 2a.

16 Ibidem.

17 Un acabado estudio sobre la formación de etas Ordenanzas en González, María del Refugio, Ordenanzas de Minería de la Nueva España formadas y propuestas por su Real Tribunal. Estudio y edición de...‘(México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996).         [ Links ]

18 Real orden de 8 de diciembre de 1786, publicada en Ezquerra del Bayo, Joaquín, Elementos de laboreo de minas (Santiago, Imprenta de los Tribunales, 1847), p. 492.        [ Links ]

19 Siredey, Abraham, Un Tribunal de Minería. Memoria leída por don Abraham Siredey para obtener el grado de licenciado en Leyes, en Anales de la Universidad de Chile (Santiago de Chile, Imprenta Chilena, marzo de 1855), p. 149.        [ Links ]

20 Un importante estudio sobre la erección del Real Tribunal de Minería en el Perú es: Molina Martínez, Miguel, El Real Tribunal de Minería de Lima (1785-1821) (Sevilla, 1986).         [ Links ] Del mismo, El impacto del sistema de intendenccias en Perú y Chile: la adaptación de las Ordenanzas de Minería de Nueva España (Buenos Aires, Imprenta de la Universidad), 1980-1981.        [ Links ]

21 Archivo Contaduría Mayor vol. 1147, p. 1a., fs. 7.

22 Estas declaraciones se encuentra publicadas en Zenteno, Ignacio, El Boletín de las Leyes reducido a las disposiciones vijentes i de interes jeneral (Santiago, Imprenta Naciona, 1861), pp. 432         [ Links ] y ss. Mediante la declaración 48, en lo casos no expresamente decididos por las Ordenanzas novohispanas, regían las del Perú y, en defecto de unas y otras, debía ser consultada la Superintendencia General, la que proveería el pertinente remedio.

23 Archivo Contaduría Mayor vol. 1194, p. 1a., fs. 29 v.

24 Archivo Contaduría Mayor vol. 1194, p. 1a., fs. 10.

25 Declaración 3a. en Zenteno, op. cit. (n. 22), p. 432.

26 Vid. Declaraciones 5ª: La presente ruinosa situación de la Minería- y 13ª. La débil constitución de esta Minería, en Zenteno, op. cit. (n. 22), pp. 432 y 434.

27 Declaración 13a. en Zenteno, op. cit.(n. 22), p. 434.

28 Manuscritos Medina vol. 205, fs. 17. El polígrafo José Toribio Medina hizo copiar de diversos repositorios españoles de Sevilla, Simancas, etc. documentos útiles para la historia de Chile, los que fueron recogidos en una cantidad de volúmenes que se custodian en la Sala Medina de la Biblioteca Nacional de Chile.

29 Declaración 1a. en Zenteno, op. cit., p. 432. Igual criterio contrario al a implantación formal del Real Tribubnal había expresado el difunto gobernador Ambrosio de Benavides el 30 de septiembre de 1786, en comunicación dirigida a Jorge de Escobedo (Archivo Contaduría Mayor vol. 1194, p. 1a., fs. 8).

30 Declaraciones 7a. y 22a. en Zenteno, op. cit.(n. 22), pp. 433 y 435.

31 Declaración 7a. en Zenteno, op. cit. (n. 22), p. 433.

32 Declaración 3a. en Zenteno, op. cit. (n. 22), p. 432.

33 Declaraciones 12a. y 21a. en Zenteno, op. cit. (n. 22), pp. 433 y 435.

34 Lo fue Antonio Martínez de Mata. Vid. Fondo José Ignacio Víctor Eyzaguirre vol. 4, p. 2 y 3. Por real orden de 14 de diciembre de 1795, recibida en Chile el 29 de junio del año siguiente, se dispuso que Antonio Martínez de Mata continuaría como Administrador General por seis años, lo que sele comunicó el 9 de julio de ese año: Archivo Capitanía General vol. 744.

35 Declaración 4a. en Zenteno, op. cit. (n. 22), p. 432. El gobernador Ambrosio Higgins asignó una remuneración de 400 pesos anuales a los Diputados Generales: Archivo Contaduría Mayor vol. 1194, p. 1a., fs. 99 v.

36 Declaración 22a. en Zenteno, op. cit. (n. 22), p. 435.

37 Ibidem. En la práctica, la Real Administración ejerció facultades jurisdiccionales: por ejemplo, hubo un remate de las minas, trapiches, aperos y demás bienes que habían pertenecido al difunto minero Lucas Fernández de Leiva, el 17 de noviembre de 1800, ante el Administrador Antonio Martínez de Mata y los diputados Santiago Larraín y Ramón Rosales: Archivo Notarial de Santiago vol. 931, fs. 313.

38 Declaración 4a. en Zenteno, op. cit. (n. 22), p. 432.

39 Manuscritos Medina vol. 205, fs. 18 y Archivo Contaduría Mayor vol. 1194, p. 1a., fs. 1.

40 Contaduría Mayor vol. 1194, p. 1a., fs. 4.

41 Archivo Contaduría Mayor vol. 1194, p. 1a., fs. 47, 99 v., 121 y 224. Una real orden de 1 de marzo de 1795 negó lugar a la petición de perpetuidad que para su cargo de segundo Diputado General había pedido Pedro Fernández Palazuelos: Archivo Capitanía General vol. 744.

42 Declaración 16a. en Zenteno, op. cit. (n. 22), p. 434. Hubo poca preocupación al respecto, lo que motivó el incumplimiento de sus obligaciones por los nombrados: Archivo Tribunal de Minería vol.8, p. 3. Sobre el tema la Real Administracón se había dirigido a Miguel Cayetano Soler con fecha 20 de diciembre de 1799: Manuscritos Medina vol. 214, fs. 217-220.

43 Declaración 19a. en Zenteno, op. cit. (n. 22), p. 435.

44 Declaración 28a. en Zenteno, op. cit. (n. 22), p. 436.

45 Declaración 23a. en Zenteno, op. cit. (n. 22), pp. 435 y 436.

46 Archivo Tribunal de Minería vol. 8, p. 8. Lo mismo informa Manuel de Salas: vol. 8, p. 2.

47 Declaración 24a. en Zenteno, op. cit. (n. 22), p. 436.

48 Así ocurrió hasta el 14 de septiembre de 1798: Manuscritos Medina vol. 214, fs. 226.

49 Manuscrito Medina vol. 214, fs. 228.

50 Declaración 8a. en Zenteno, op. cit. (n. 22), p. 433.

51 Declaración 6a. en Zenteno, op. cit. (n. 22), p. 433.

52 Archivo Tribunal de Minería vol. 10: Informe de Juan Egaña sobre las minas de Chile, 1805.

53 Vid.Noticias de las principales minas conocidas en el reino de Chile, sacadas de la visita general que se hizo de ella el año de 1788 en Revista Chilena de Historia y Geografía no 111, p. 274.        [ Links ]

54 Dougnac Rodríguez, Antonio, Mineros y asientos de minas en Chile (1787-1817) en Revista de Estudios Históricos 18 (Santiago, 1973), p. 54, no.90.         [ Links ]

55 Medina, José Toribio, Diccionario Biográfico Colonial de Chile (Santiago, Imprenta Elzeviriana, 1906), p. 216.        [ Links ]

56 En 1808 fue designado regidor extranumerario del cabildo de Santiago: Meza Villalobos, Néstor, La actividad política del reino de Chile entre 1806 y 1810 (Santiago, Editorial Universitaria, 1958), p. 37.        [ Links ]

57 Manuscritos Medina vol. 214, fs. 125-129.

58 Archivo Capitanía General vol. 749.

59 Archivo Fondo Antiguo vol. 18, p. 17a.

60 Capitanía General vol. 749.

61 Archivo Tribunal de Minería vol. 10. A 20 de diciembre del mismo año se comisionó para reconocer el archivo a José Gregorio Argomedo y Francisco Custodio San Roque, los que emiten informe el 29 del mismo mes manifestando hallar todo en orden. Echan de menos diversos documentos para ejercer las atribuciones directivas, gubernativas y económicas, así como memorias relativas a caudales, informes de los diputados y memorias anuales de la Secretaría: Archivo Tribunal de Minería vol. 13.

62 Archivo Tribunal de Minería vol. 13. Pizana fue designado, además, Superintendente General de las obras del Canal San Carlos: Barros , op. cit. (n. 60), T. 7, p. 242.

63 Lo fue Andrés Manuel de Villarreal, reemplazado en 1806 por el escribano Luque.

64 Archivo Tribunal de Minería vol. 10, p. 7a.

65 Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 9a.

66 De 25 leguas.

67 A 12 de octubre de 1802 fue designado delegado del Real Tribunal el subdelegado Bernardo Marcoleta: Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 10.

68 Petorca fue erigida en diputación el 19 de diciembre de 1803: Archivo Tribunal de Minería vol. 10, p. 5a. Demoró su erección una serie de incidencias relativas a la elección de diputados y substitutos. En Junta de 1805 fue elegido diputado Juan de Dios Toro y Alderete: ibidem.

69 Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 6.

70 Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 15.

71 Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 7.

72 Su matrícula en Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 12.

73 Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 8.

74 Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 2.

75 Archivo Tribunal de Minería vol. 10 y 13.

76 Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 7.

77 Archivo Tribunal de Minería vol. 13.

78 Archivo Capitanía General vol. 749 y Archivo Contaduría Mayor vol. 1181, p. 3a.

79 Primer Diputado General en 1799: Dougnac, op. cit., p.59, no. 284.

80 Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 3a.

81 Decreto de Luis Muñoz de Guzmán de 20 de diciembre de 1802 en Archivo Tribunal de Minería vol. 13.

82 Dougnac, op. cit., p. 64, no. 396.

83 Archivo Tribunal de Minería vol. 13. Egaña era dueño de mina de plata, que explotaba en compañía de José Manuel Díaz y Narciso Méndez: Dougnac, op. cit., no. 73, p. 584. Los resultados de la elección fueron comunicados al Ministerio de Gracia y Justicia el 8 de mayo de 1803: Barros Arana, op. cit. (n. 60), T. 7, p. 248.

84 Informe anual que presenta al Secretaría de este Rel Tribunal en el cual con arreglo a las Reales Ordenanzas i disposiciones de la Junta General de Electores Se da razon Del resultado de las visitas practicadas por los Diputados jenerales i territoriales de todo el Reino [...] Año de 1803 (Santiago, Imprenta Nacional, 1894), 121 p.         [ Links ] Dice respecto de ella el mismo Egaña que trabajé el informe que comprende más de doscientas fojas, donde después de haber examinado, extractado y combinado más de doscientos expedientes y mil piezas sueltas, consultado personas prácticas e inteligentes y leído los más acreditados viajeros y naturalistas que han reconocido el Reino, di razón (para cumplir con una Real Orden que yacía en el archivo hace muchos años) del estado natural, político y geográfico de cuantas diputaciones y delegaciones se comprenden desde Copiapó hasta Valdivia, los minerales y minas de cada una, descendiendo a las más pequeñas circunstancias del estado de sus labores, ancho y rumbo de las vetas, trabajos interiores y exteriores, proporciones locales, productos minerales en cuantas especies de metales, semimetales, piedras y arcillas pude tomar noticias; expuse largamente las necesidades y abusos que se padecían en cada provincia y en el Reino en general; los remedios que me ocurrían o se habían propuesto otras veces. Apunté muchos arbitrios que había meditado, y consultado para hacer florecer las diputaciones; di razón de cuanto se había pedido y consultado por las provincias desde la erección del Tribunal, en que iban corridos más de veinte años, concluyendo con los cálculos aproximados que formé (sobre el cómputo de los productos actuales), para establecer la mayor probabilidad de esperanzas en que podían trabajarse las minas en cada provincia y últimamente en el Reino en general: Egaña, Juan, Escritos inéditos y dispersos Edición al cuidado de Raúl Silva Castro (Santiago, Imprenta Universitaria, 1949), p. 202.        [ Links ]

85 Reemplazó a Carlos Vargas, que enfermó.

86 Minero matriculado en Illapel; dueño de trapiche e ingenio de cobre a orillas del Choapa y trapiche en el estero de Pupío, en compañía de José Antonio Rosales; tenía mina de oro en el cerro de la Mata Redonda; de oro y cobre en el cerro Guallongo, en compañia de José Antonio Rosales y José Antonio Cofré y de cobre en Quelén; elector de diputado en 1804, 1808 y 1811: Dougnac, op. cit., p. 77, no. 681.

87 Reemplazó a Javier Ossa. Matriculado en la diputación de Illapel; elector de diputado en 1806; diputado en 1808: Dougnac, op. cit., p. 81, no. 781.

88 Minero en San Pedro Nolasco (Cajón del Maipo): Dougnac Rodríguez, Antonio, Mineros y asientos de minas en Chile (1787-1817) en Revista de Estudios Histórico 18 (Santiago, 1973), p.58, no. 254.        [ Links ]

89 Archivo Tribunal de Minería vol. 13.

90 Abogado recibido al ejercicio de tal por la Real Audiencia el 7 de diciembre de 1789: González Echenique, Javier, Los estudios jurídicos y la abogacía en el reino de Chile (Santiago, Imprenta Universitaria, 1954), p. 330.        [ Links ]

91 Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 14.

92 Archivo Tribunal de Minería vol. 13.

93 Acuerdo de 5 de enero de 1803, ibidem.

94 Abogado recibido al ejercicio profesional por la Real Audiencia de Santiago el 4 de octubre de 1802: González, op. cit., p. 335.

95 Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 7a.

96 Zenteno, op. cit. (n. 22), p. 433.

97 Abogado en ejercicio en 1795: González, op. cit., p. 333.

98 Archivo Tribunal de Minería vol. 10, p. 2a.

99 Entre 1806 y 1808 fue segundo Diputado General y 1er. Diputado General en 1808: Dougnac, op. cit., p. 54, no. 112.

100 Ibidem.

101 Poseía mina de oro en Llahuin, diputación de Illapel, en compañía de José Guerrero: Dougnac, op. cit., p. 76, no. 651.

102 Archivo Tribunal de Minería vol. 14, p. 1a.

103 Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 8a.

104 Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 6a.

105 Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 4a.

106 Archivo Tribunal de Minería vol. 13. Algunos de esos informes obran en Archivo Judical de Santiago, legajo 642, que contiene referencias a visitas practicadas entre 1789 y 1812.

107 Archivo Tribunal de Minería vol. 10.

108 Archivo Tribunal de Minería vol. 10, p. 2a.

109 Archivo Tribunal de Minería vol. 10, p. 2a.

110 Vid. Dougnac Rodríguez, Antonio, La Real Administración del Importante Cuerpo de Minería de Chile (1787-1802), en Revista Chilena de Historia del Derecho 8 (Santiago, 1981), p. 124, n. 77.        [ Links ]

111 Archivo Tribunal de Minería vol. 10, p. 7a.

112 Bermúdez, Oscar, La pólvora durante la colonia en Revista Chilena de Historia y Geografía 130 (Santiago, 1962);         [ Links ] Greve, Ernesto, Historia de la ingeniería en Chile (Santiago, 1938-1944), T. III, p. 193         [ Links ]y Méndez B., Luz María, Instituciones y problemas de la minería en Chile 1787-1826 (Santiago, 1979), pp. 90-104.         [ Links ]

113 Archivo Tribunal de Minería vol. 13.

114 Vid., entre otros, Archivo Tribunal de Minería vol. 1, p. 6a. (1802-1803), 8a. (1804), p. 13a. (1810-1811); vol. 9, p. 13a.; vol. 10, p. 1a. (1803-1805), etc. En 1802 se formó un expediente sobre los fondos del Tribunal, a objeto de presentarlo a la Junta General de acuerdo al título 1o., artículo 16 de las Ordenanzas.

115 Méndez, op. cit., pp. 108-119.

116 Archivo Tribunal de Minería vol. 19.

117 El primer banco de rescates fue uno establecido en Potosí en 1752 por el Gremio de Azogueros, que llegó a ser más tarde el Banco de San Carlos.

118 Archivo Tribunal de Minería vol. 10, p. 7a. La idea de bancos de rescate venía de la visita de Navarro en 1778, quien proponía se comprase plata en piña o de chafalonía, se la quintase y vendiese a la Casa de Moneda. El regente Alvarez de Acevedo, tras obtener informes sobre la plata que era traída anualmente a Santiago, expedidos por la Casa de Moneda y los oficiales reales, da su conformidad, de lo que se hizo informe a José Antonio de Areche. Aunque Jorge de Escobedo, sucesor en la visita, manifestó su acuerdo al respecto, ello no se implementó por falta de fondos: Archivo Tribunal de Minería vol. 7, p. 7a.

119 Archivo Tribunal de Minería vol. 14, p. 6. Esta pieza da interesantes datos sobre la producción de cobre. Según ella, entre 1807 y 1811 se producían 15.769 quintales, 38 libras en Santiago; 47.591 qq. 57 lb. en Coquimbo; 70.506 qq. 52 lb. en Huasco y 9.139 qq. 20 lb. en Copiapó.

120 Archivo Tribunal de Minería vol. 13. Hay diversas cuentas presentadas por el Factor del Tribunal: por ejemplo, correspondientes a 1804, 2o. cuadrimestre (vol. 12, p. 8); al último cuadrimestre de igual año (vol. 12, p. 4); al primer cuadrimestre de 1805 (vol. 12, p. 3 y 5); al segundo cuadrimestre de 1805 (vol. 12, p. 1); a los tercer y cuarto cuadrimestres de 1805 (vol. 12, p. 2); al tercer cuadrimestre de 1810 (vol. 12, p. 11); al primer cuadrimestre de 1811 (vol. 12, p. 12); a los tercer y cuarto cuadrimestres de 1813 (vol. 14, p. 8); al tercer cuadrimestre de 1813, primer y segundo cuadrimestres de 1814, primer cuadrimestre de 1815 y tercer y cuarto cuadrimestres de 1816 (vol. 14, p. 9, 10, 11 y 13).

121 Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 11.

122 Archivo Tribunal de Minería vol. 13, p. 7, 32 fs.

123 Archivo Tribunal de Minería vol. 14, p. 1a.

124 Vid. Molina Martínez, Miguel, La formación técnica del minero peruano y los proyectos de un Colegio de Minería, BIRA, Lima, 77, 81, pp. 125-146.         [ Links ]

125 Zenteno, op. cit. (n.22), p. 439.

126 Archivo Contaduría Mayor vol. 1181, p. 3a., fs. 4.

127 Archivo Capitanía General vol. 744, no. 12.208; Indice de Acuerdos del Cabildo fs. 2 (Biblioteca Marcial Martínez de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile) y Manuscritos Medina vol. 214, fs. 229-230.

128 Manuscritos Medina vol. 214, fs. 225-231.

129 Vid. Barros Arana, op. cit. (n. 60) T. 7o., pp. 247-248 y Amunátegui, Miguel Luis, Precursores de la Independencia de Chile (Santiago, 1910), T. 3o., pp. 370-414.        [ Links ]

130 Archivo Tribunal de Minería vol. 10, p. 7a.

131 Archivo Tribunal de Minería vol. 10, p. 3a. Los alumnos eran Vicente Caballero, José Lorenzo Mujica, Cayetano Letelier, José Manuel Calderón, José Manuel Borgoño, Juan Ramón Miranda y José Manuel Zorrilla.

132 Egaña, Escritos inéditos op. cit., p. 205.

133 Archivo Tribunal de Minería vol. 14, p. 1a.

134 Archivo Tribunal de Minería vol. 10, p. 7a.

135 Archivo Tribunal de Minería vol. 14, p. 1a.

136 El comerciante bonaerense Gaspar de Santa Coloma, refiriéndose en 1802 al comercio de las naves que venían a Indias, expresaba que plata baja muy poca del Perú por haber parado las labores con la falta de azogue: citado por Villalobos R., Sergio, Comercio y contrabando en el Río de la Plata y Chile 1700-1811 (Buenos Aires, 1965), p. 83.         [ Links ]

137 Vid. real orden de 8 de agosto de 1803 en Archivo Capitanía General vol. 771, fs. 292 y otra de 1o. de diciembre de 1804 que da cuenta del envío de 2.000 quintales de azogue en frascos y anuncia el de otros 1.000 más: Archivo Capitanía General vol. 772, fs. 96..

138 Archivo Tribunal de Minería vol. 10, p. 9.

139 Archivo Tribunal de Minería vol. 13, p. 5.

140 Archivo Tribunal de Minería vol. 13, p. 6a.

141 Archvo Tribunal de Minería vol. 14, p. 1a.

142 Archivo Tribunal de Minería vol. 13.

143 Antonio Garfias fue controvertido secretario de gobierno de Luis Muñoz de Guzmán, acusado por el cabildo en 1805 de menoscabar su dignidad. Fue separado de su cargo por Antonio García Carrasco en 1808. A comienzos de ese año fue designado alcalde ordinario de Santiago, al que renunció, siendo reemplazado por José Teodoro Sánchez: Meza Villalobos, Néstor, La actividad política del reino de Chile entre 1806 y 1810 (Santiago, Editorial Universitaria, 1958), p. 26, 27, 31 y 32.         [ Links ]

144 Archivo Tribunal de Minería vol. 13. Otorgola éste el 21 de enero de 1803 y como hubiese puntos que requerían confirmación real, pidió copia del expediente para elevarlo al Ministerio de Hacienda. La corona dispuso pasasen los antecedentes al Consejo de Indias y a la Contaduría General.

145 Ibidem.

146 Archivo Tribunal de Minería vol. 10, p. 7.

147 Archivo Tribunal de Minería vol. 10, p. 7.

148 Archivo Tribunal de Minería vol. 10, p. 7.

149 2o. Diputado General en 1803: Dougnac, op. cit., p. 54, no. 115.

150 Archivo Tribunal de Minería vol. 10, p. 7.

151 Ibidem

152 Ibidem.

153 Archivo Tribunal de Minería vol. 14, p. 1a.

154 Archivo Tribunal de Minería vol. 14.

155 Archivo Tribunal de Minería vol. 14, p. 1a. Las referencias de la época a Jerónimo Pizana son muy halagadoras, pues se lo consideraba un cumplido caballero. Casado con una sobrina del obispo José Santiago Rodríguez Zorrilla y sobrino él mismo del muy estimado gobernador Luis Muñoz de Guzmán, ocupó un destacado lugar en la sociedad chilena. Hacia 1808 se retiró de la vida pública, la que retomará en 1810, cuando aparezca como partidario del reconocimiento del Consejo de Regencia. Entre las medidas que Francisco Antonio García Carrasco tomó para acabar con los proyectos revolucionarios de establecer una junta de gobierno en Chile -de lo que lo habían notificado los virreyes del Perú y del Río de la Plata- estuvo la de constituir, con acuerdo de la Real Audiencia, el 23 de junio de 1810, una Junta de Observación y Vigilancia, entre cuyos integrantes se contaba Pizana. Mariano Osorio lo designará gobernador de Santiago en 1814, cargo en que adoptó un tono conciliador, que se refleja en un bando de 8 de octubre de ese año, lo que no fue obstáculo para que ejerciera un control férreo respecto de los salteadores: Barros Arana, op. cit. (n. 60), T. 8, pp. 140 y 196 y T. 9o., pp. 601 a 602.

156 Archivo Tribunal de Minería vol. 14, p. 1a.

157 Minero de la diputación de Petorca con minas en El Bronce, Alicahue y Chincolco, donde también fue trapichero: Dougnac, op. cit., p. 65, no. 426.

158 Minero en San Pedro Nolasco: Dougnac, op. cit., p. 59.

159 Cotapos fue de los primeros regnícolas que se atrevieron a plantear abiertamente la necesidad de un gobierno patrio: Meza, op. cit., p. 92.

160 Ibidem.

161 Archivo Tribunal de Minería vol. 14, p. 1a.

162 Archivo Tribunal de Minería vol. 14, p. 1.

163 Meza, ob. cit., p.33.

164 Archivo Tribunal de Minerá vol. 14, p. 1a.

165 Archivo Tribunal de Minería vol. 14, p. 1a.

166 Archivo Tribunal de Minería vol. 14, p. 5.

167 Archivo Tribunal de Minería vol. 14, p. 5.

168 Egaña, Escritos inéditos cit., p. 199.

169 Archivo Tribunal de Minería vol.14, p. 12.

170 Matriculado como aviador en la diputación de Illapel en 1802; trapichero a orillas del río del mismo nombre: Dougnac, op. cit., p. 82, no. 818.

171 Ibidem.

172 Las primeras disposiciones patrias relativas a la Minería fueron escasas. Varias de ellas trataron de evitar que el enrolamiento militar privase a esta industria de su mano de obra: decretos de 1 de mayo de 1813; 26 de mayo de 1818; 28 de julio de 1819 y 14 de noviembre del mismo año. Otras recalcaron la facultad que competía a los extranjeros para insertarse en la industria minera: decretos de 9 de junio de 1818 y 9 de marzo de 1819. En el ámbito procesal, un decreto de 5 de diciembre de 1820 dispuso que los jueces no impediesen el ejercicio de sus funciones por los delegados de minas; la ley de 3 de octubre de 1822 se refirió a la manera de sustanciar las causas de minería por el Tribunal del ramo y el Rwglamento de Adsministración de Justicia de 2 de junio de 1824 abolió los tribunales especiales, entre ellos, el de Minería: vid. Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno, passim.

173 Archivo Tribunal de Minería vol. 12, p. 8 y Eyzaguirre, Jaime, Conducta política del grupo dirigente chileno durante la Guerra de la Independencia en Estudios de Historia de las Instituciones Polícias y Sociales no. 2 (Santiago, 1967), p. 235.        [ Links ]

174 Archivo Tribunal de Minería vol. 14, p. 1a.

175 Archivo Tribunal de Minería vol. 3, p. 5a.

176 Archivo Contaduría Mayor vol. 1194, p. 16.

177 Archivo Tribunal de Minería vol. 8, p. 1a.

178 Archivo Tribunal de Minería vol. 8, p. 7.

179 En El Correo de Arauco no. 46 (2 de abril de 1825), reproducido en Letelier, Valentín, Sesiones de los cuerpos lejslativos de la República de Chile 1811 a 1845 Recopiladas según las instrucciones de la Comisión de Policía de la Cámara de Diiputados por [...] T. XI (Santiago, Imprenta Cervantes), 1889, p. 146.        [ Links ]

180 Ibidem.

181 Documentos de la misión de don Mariano Egaña en Londres (1824-1829). Edición y estudio preliminar por Javier González Echenique (Santiago, 1984), p. 107         [ Links ]y ss.

182 No llevaba sueldo, siendo su designación meramente formal, similar a la actuación que había asumido el cónsul de Colombia Manuel José Hurtado con la Colombia Mining Association: Véliz, Claudio, Egaña, Lambert and the Chilean Mining Associations of 1825, en Hispanic American Historical Review vol. 55, no. 4, p.657.         [ Links ] De esta compañía se pagaron 75.000 libras esterlinas.

183 Cavieres Figueroa, Eduardo, Comercio chileno y comerciantes ingleses 1820-1880: un ciclo de historia económica (Valparaíso, 1988), pp. 32         [ Links ]y ss.

184 Rees Jones, Ricardo, Una edición inglesa de las Ordenanzas de la Minería de la Nueva España (Londres, 1825) en XI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano T. IV (Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1997), pp. 491-500.        [ Links ]

185 Ibidem.

186 Véliz, op. cit. (n. 181), pp. 637-663.

187 Letelier, Sesiones T. XI, pp. 228 y 234-237.

188 Ibidem.

189 Sayago, Carlos María, Historia de Copiapó, 2a. edición (la primera, de 1874) (Buenos Aires, Editorial Francisco de Aguirre S.A., 1973), p. 424.        [ Links ]

190 Aránguiz Donoso, Horacio, Notas para el estudio de algunos hacendados, mineros y comerciantes serenenses. Siglos XVI al XIX, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia 103 (Santiago, 1993), pp. 213-217.        [ Links ]

191 Pinto Vallejos, Julio y Ortega Martínez, Luis, Expansión minera y desarrollo industrial: un caso de crecimiento asociado (Chile 1850-1914) (Santiago de Chile, Departamento de Historia Universidad Santiago de Chile, s/f), p. 24.         [ Links ]

192 Vicuña Mackenna, Benjamín, El libro del cobre y del carbón de piedra en Chile (Santiago, 18 ), p. 203.         [ Links ]

193 Véliz, opa. cit.(n. 181), p. 653.

194 Ballesteros, Manuel E., Indice Jeneral del Boletín de las Leyes, que comprende todas las leyes i disposiciones supremas, dictadas en la República de Chile i publicadas en esa obra desde 1810 hasta 1881 (Lima, Imprenta de La Patria, 1882, p. 346         [ Links ]y Zenteno, op. cit. (n. 22), p. 365..

195 Archivo Tribunal de Minería vol. 10, p. 7a.

196 Valdez, Cristóval, Coleccion de las leyes i decretos del Gobierno, desde 1810 hasta 1823 (Santiago, Imprenta Chilena, 1846), p. 112.         [ Links ] Vid., además, nota 172 del presente trabajo.

197 Zenteno, op. cit. (n. 22), p. 365.

198 Valdez, op. cit. (n. 195), p. 181.

199 Zenteno, op. cit. (n. 22), p. 201.

200 Vid. Ballesteros, op. cit., pp. 314 y 315.

201 Anguita, Ricardo, Leyes promulgadas en Chile desde 1810 hasta el 1o. de junio de 1912, T. I (Santiago, Imprenta, Litografía i Encuadernacion Barcelona, 1912), p. 606.         [ Links ]

202 Anguita, op. cit. (n. 200), T. I, p. 636.

203 El proyecto de Ordenanzas presentado por el Real Tribunal de Minería de Nueva España al Rey denominaba a los peritos facultativos ingenieros de minas en su título 13, artículo 1: Gonzalez, op. cit. (n. 17), p. 372.

204 Los aranceles de estos ingenieros fueron fijados por decreto del presidente Montt, de 11 de abril de 1857: Zenteno, op. cit. (n. 22), pp. 306-307.

205 Zenteno, op. cit. (n. 22), pp. 305-306.

206 Anguita, op. cit (n. 200)., T.II, p. 111. La disposición derogada rezaba: los dueños de minas no podrán ser presos por deudas, ni tampoco sus administradores, veladores, rayadores y demás sirvientes de minas y haciendas, con tal que cualquiera de estos dependientes en su caso haya de guardar carcelería en la misma mina ó hacienda donde sirviere, con la obligación en su amo de ir pagando sus deudas con la tercera parte de sus salarios y partidos entre tanto que le sirviere; pero si saliese de aquella mina ó hacienda sin entrar á servir en otra podrá ser llevado á la cárcel.

207 vid. nota de Joaquín Velázquez de León en González, María del Refugio, op. cit. (n. 17), p. 335.

208 Archivo Tribunal de Minería vol. 10.

209 Archivo Tribunal de Minería vol. 13 y vol. 9, p. 9.

210 Archivo Tribunal de Minería vol. 9, p. 19.

211 Pasaba a estar compuesto por el Superintendente General de Real Hacienda, el Director General del ramo y un ministro elegido trienalmente. Vid. supra, párrafo 2.

212 Archivo Tribunal de Minería vol. 13, fs. 70.

213 Archivo Tribunal de Minería vol. 14.

214 Archivo Triubnal de Minería vol. 13, p. 1.

215 Archivo Tribunal de Minería vol. 1, p. 12.

216 Valdez, op. cit. (n. 195), p. 350.

217 Las Ordenanzas novohispanas señalaban expresamente que las diputaciones territoriales en el ejercicio de tal jurisdicción contenciosa de ninguna manera le han de reconocer [al Real Tribunal] subordinación alguna por quedar, como quiero quede, inhibido el dicho Real Tribunal de introducirse a conocer ni a mezclarse en dichas causas y juicios suscitados fuera de su distrito.

218 Valdez, op. cit. (n. 195), p. 350.

219 Sobre la conciliación en el Reglamento de Administración de Justicia en 1824, vid. Dougnac Rodríguez, Antonio, La conciliación previa a la entrada en juicio en el derecho patrio chileno (1823-1855), en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XVIII (Valparaíso, 1996), pp. 127-132.        [ Links ]

220 Anguita, op. cit. T. I (Santiago, 1912), p. 309.

221 Memoria presentada al Congreso Nacional en 1842, por el Ministro del Despacho de Justicia, Culto e Instruccion Pública (Santiago, Imprenta y Litografía del Estado, 1842), 34         [ Links ]p.

222 Boletín Oficial T. 14, p. 346 y T. 15, p. 203.

223 Autor de uno de los prontuarios jurídicos de mayor difusión antes que apareciese la obra de José Bernardo Lira.

224 Hijo del jurista Juan Egaña, quien tuvo marcada pasión por el tema minero.

225 Avalos, Alfredo, Introduccion Histórica al Estudio del Derecho de Minas (Santiago, 1911), p. 50,         [ Links ] quien toma este dato y todos los que se citan más adelante, de una carta de José Bernardo Lira a Miguel Cruchaga, de 4 de octubre de 1879, la que es transcrita desde la página 49 a la 54.

226 Avalos, ibidem.

227 Sabio polaco, nacido en Lituania el 31 de julio de 1802. Habiendo emigrado a Francia, fue contratado ahí por el gobierno chileno en 1838. Se desempeñó como profesor de Física y Química en el Liceo de La Serena desde donde pasó a Santiago en 1856. Se incorporó como miembro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y llegó a ser Rector en 1876. Entre sus obras se cuentan Elementos de Mineralogía y Jeolojía de Chile: Figueroa, Pedro Pablo, Diccionario Biográfico de Estranjeros en Chile (Santiago, Imprenta Moderna, 1900), pp. 78-79.        [ Links ]

228 Avalos, op. cit. (n. 225), p. 51.

229 Quezada, Vicente, Proyecto de Ley de Minería, redactado de orden del Supremo Gobierno (Santiago, Imprenta Nacional, 1864), 160. p.         [ Links ] Hállase incompleto, pues la sección V del título XI no se publicó por extravío del original: Echeverría y Reyes, Aníbal, Bibliografía de los códigos chilenos (Santiago, Imprenta Cervantes, 1890), 31 p.        [ Links ]

230 De ella formó parte José María Cabezón, autor del código de 1874. Avalos, op. cit. (n. 225), p. 51, menciona entre sus componentes a Ignacio Domeyko, Amado Pissis, Luis Larroque, Bernardino Antonio Vila y Juan Vicente Mira. Amado Pissis fue un geólogo francés contratado por Chile en 1848 para hacer la descripción geológica y mineralógica de Chile. Entre otras obras, publicó en París en 1876 Jeografía Física de Chile: Figueroa, op. cit. (n. 227), p. 182.

231 La comisión revisora del proyecto Lei de Mineria de 1864 (Santiago, 1864)         [ Links ] en Biblioteca del Congreso Nacional, Libros raros y valiosos.

232 Cobo, Pedro Nolasco, Observaciones al proyecto de Ley de Minería, redactado por don Vicente Quezada (Valparaíso, Imprente del Mercurio, 1867), 37 p.        [ Links ]

233 Avalos, op. cit. (n.225), p. 52.

234 [Güemes, Miguel M.] Proyecto de Código de Minas (Santiago, Imprenta Nacional, 1866), 44         [ Links ]p. Hubo una segunda edición, de 1867, con el nombre de Proyecto de Código de Minería. Miguel María Güemes y Fernández Recio nació en Santiago en 1815 y falleció en 1868. Fue profesor de derecho romano, práctica forense y derecho canónico en el Instituto Nacional; miembro de las Facultades de Filosofía y Humanidades, de Leyes y Ciencias Politicas y de Teología y Ciencias Sagradas; secretario general de la Universidad de Chile; ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública y senador de la República. (1864-1873).

235 El Nuevo Proyecto de Código de Minería. Juicio crítico (Copiapó, Imprenta de la Unión, 1867), 68 p.        [ Links ]

236 Juan Vicente Mira Iñiguez nació en 1820. Se recibió de abogado en 1844. Fue intendente de Atacama, caracterizándose por sus actitudes atrabiliarias, que le valieron el destierro a Mendoza. Se desempeñó como diputado suplente entre 1846 y 1849.

237 Nacido en Santiago el 31 de agosto de 1825, hijo de Javier Ovalle Errázuriz y de Isabel Vicuña Aguirre, minero y agricultor, dueño de fundiciones de plata y cobre. Innovador minero, trajo a Chile una colonia de obreros ingleses. Contribuyó a la fundación de Carrizal Bajo: Figueroa, Pedro Pablo, Diccionario Biográfico de Chile, T. II (Santiago, Imprenta y Encuadernación Barcelona, 1897), pp. 427-428.        [ Links ]

238 José Bernardo Lira Argomedo nació en Santiago en 1835 y falleció ahí en 1886. Se recibió de abogado en 1859; fue diputado entre 1873 y 1876. Miembro de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile desde 1868 .y de la Real Academia Española de Legislación y Jurisprudencia. Autor de numerosas obras en que predomina el tema procesal, de las que la más destacada fue Prontuario de los juicios, o Tratado de los procedimientos judiciales i administrativos, con arreglo a la lejislacion chilena. En materia minera, escribió una Esposicion de las leyes de Minería: Cortés, José Domingo, Diccionario Biográfico Americano (París, Tipografía Lahare, 1875), p. 280.        [ Links ]

239 Nacido en Santiago en 1828, ingresó a la judicatura en 1859, después de haber ejercido como abogado independiente. Fue ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena y luego su Regente. Era considerado un gran experto en materias mineras: Cortés, op. cit. (n. 238), p. 450.

240 Proyecto de Código de Minería (Santiago, Imprenta de la República, 1874), XXI + 66 + dos p.        [ Links ]

241 Larraín Zañartu, José Joaquín, Nueva edición del Código de Minería concordado con la antigua Ordenanza, la lejislación francesa y belga y el Código Civil chileno por [...] (Valparaíso, Imprenta del Mercurio de Tornero y Letelier, 1875), p. 8.        [ Links ]

242 En contra, Vergara Blanco, Alejandro, Principios y sistema del Derecho Minero. Estudio histórico-dogmático (Santiago, Editorial Andrés Bello, 1992), 433 p.         [ Links ]

243 Zenteno, op. cit., p. 437.

244 Compárense ambos tenores: decía el referido artículo 43: se tendrá por descubridor al que primero se hubiere presentado a registrar; salvo el caso en que se pruebe que hubo dolo para anticiparse a hacer la manifestación, o para retardar la del que realmente descubrió primero. La disposicion novohispana decía, a su vez: si se ofreciere cuestión sobre quién ha sido primero descubridor de una veta, se tendrá por tal el que probare que primero halló metal en ella, aunque otros la hayan cateado antes; y en caso de duda se tendrá por descubridor el que primero hubiere registrado.

245 Larraín, op. cit. (n. 232), p. 31.

246 Vid. nota 232.

247 Mujica Valenzuela, Clodomiro, Estudios sobre el Código de Minería (Santiago, Imprenta Santiago, 1876), 139 p.        [ Links ]

248 Avalos, op. cit. (n. 225), p. 54.

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