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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.21 Valparaíso  1999

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54551999002100030 

CHAMOCHO CANTUDO, Miguel Ángel, Justicia real y Justicia municipal: la implantación de la justicia real en las ciudades giennenses (1234-1505) (Diputación Provincial de Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, 1998) 569 págs.

Esta obra, prologada por el catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Jaén D. Juan Sáinz Guerra, constituye la versión revisada de la tesis doctoral del profesor Chamocho Cantudo, elaborada sobre la base de un riquísimo material de archivo, en el que destacan las fuentes estudiadas en los repositorios documentales de Baeza, Jaén, y Úbeda, al igual que aquellas otras revisadas en Simancas, Madrid y Granada y, naturalmente, también se apoya en la bibliografía secundaria que toca a la cuestión que aborda.

Temporalmente este estudio se sitúa en la época durante la cual se articuló el `sistema' del derecho común sobre la base de sus dos polos: ius commune - ius proprium, universo jurídico al cual también pertenecía la península Ibérica, y del que Jaén pasó a formar parte desde el momento de su reconquista en tiempos de Fernando III el Santo, y es una de las cuestiones vitales del derecho común la que atraviesa el trabajo del profesor Chamocho Cantudo: la iurisdictio, y a través de ella es posible en el caso concreto de un municipio andaluz ver los dos niveles en los cuales se movía el `sistema'.

El capítulo preliminar "La justicia real en Castilla" precisamente pretende describir la noción de jurisdicción desde la época de la glossa hasta el término de la labor de los comentaristas del siglo XV, cuando se inauguraba el "Estado Moderno" en la Castilla de los Reyes Católicos. Quizá el hilo de esta prefación pudo ser la `formula' de un rey que ejerce la superior jurisdicción en su reino porque no reconoce otra temporal por encima (p. 28 n. 8), y cómo esa superior jurisdicción fue descrita por los juristas haciéndola compatible con `jurisdicciones inferiores' dentro de los mismos reinos, tales como las de los señores jurisdiccionales y las de las ciudades con jurisdicción, y cómo a su vez los juristas distinguían a propósito de las ciudades aquellos actos de contenido jurisdiccional de aquellos otros que sólo importaban la conservación de la buena gobernación de la república, para luego revisar el nivel de la práctica en Castilla de un rey que va asumiendo esa superior jurisdicción, concretamente en este caso frente a la jurisdicción municipal. Cumple, sin duda, este capítulo preliminar su propósito, aunque restringe la noción de iurisdictio al sólo acto de juzgar haciendo justicia entre partes, que era uno de sus aspectos cardinales (limitación explicable ciertamente por el nudo temático del estudio), pero también lo era el de la potestas ferendi leges, estrechamente ligada a la posibilidad de los municipios de darse sus estatutos, otra de las cuestiones a las que el autor hace referencia en este trabajo.

Ya en pleno tema, la primera parte de este libro se ocupa de "La implantación de la justicia real en la ciudades giennenses: De Fernando III a los Reyes Católicos", cuyo primer capítulo esta destinado a tratar de "La justicia a través de los fueros municipales. La dualidad del sistema judicial en las ciudades del Reino de Jaén (1234-1325)", en el cual se describe precisamente la realidad jurídica de la ciudades primeramente reconquistadas (las septentrionales y orientales) a las que se concedieron fueros pertenecientes a la familia del de Cuenca, y las ciudades de la parte meridional occidental, a las que se dio la versión romanceada del Liber Iudiciorum o Fuero de Toledo. En las primeras, como Baeza, Úbeda, Andújar, Sabiote, Iznatoraf, tuvo un papel importante la `caballería villana' que desempeñó los oficios de juez y alcaldes, elegidos anualmente por los propios concejos. De su lado, en las ciudades regidas por el Fuero de Toledo, como Jaén, Arjona, Jódar y Alcalá la Real, la elección de los jueces quedaba en manos del rey según el texto foral, pero advierte el autor que es cuestión discutida por la carencia de fuentes, pues algunos privilegios de los concedidos por Enrique II en 1375 se referían a un sistema de sorteo respecto del oficio de alcaldes, sin que se mencionara a los jueces. Interesa en esta materia también el detenido examen de la política regia de enviar jueces a los concejos para enfrentar desórdenes y revueltas y para reprimir abusos, frecuentes desde finales del siglo XIII, como una de las iniciales injerencias regias en los municipios giennenses.

El capítulo II de la primera parte de este estudio pasa revista a las "Transformaciones de la administración de justicia de las ciudades del Reino de Jaén: La aparición del corregidor (1325-1474)". La primera época de este período corresponde al reinado de Alfonso XI, quien mantuvo la política de intervención en las ciudades mediante el envío de `jueces de fuera', a pesar de las protestas de los procuradores en Cortes, sin embargo el mismo rey confirmaba a Úbeda en 1335 la facultad de su concejo para poner alcaldes y juez anuales y, por otra parte, inició nuevas formas de injerencia, tales como reservarse el conocimiento de ciertos pleitos por consideran `que más cumplen a nuestro servicio'; la substitución de la asamblea general de vecinos, en cuanto principal órgano del gobierno de las ciudades giennenses, por un consejo de regidores nombrados por el rey; el envío de alcaldes veedores y emendadores para fiscalizar la actuación de los oficiales que administraban justicia en las ciudades. Finalmente, en este capítulo se analiza la creación en 1348 del `corregidor de los pleitos de justicia', cuyo curso se sigue hasta el reinado de Enrique III con el `juez e corregidor', describiéndose la presencia inicial de corregidores en las ciudades giennenses desde finales del siglo XIV y su consolidación durante los reinados de Juan II y de Enrique IV.

El tercero de los capítulos: "El definitivo empuje a la justicia giennense durante el reinado de los Reyes Católicos: La consolidación del régimen de corregimientos (1474-1505)" analiza detalladamente el orden jurídico de las ciudades giennenses a finales de la Edad Media, y el estado de la administración de justicia en ellas, a través de los alcaldes, jueces veedores y el alguaziladgo mayor, para finalmente referirse al corregidor definitivamente regulado por los Reyes Católicos.

En relación con este capítulo me detendré en el apartado que revisa la situación del orden jurídico en las ciudades del reino de Jaén a finales de la Edad Media, refiriéndose a las ordenanzas municipales de las ciudades del reino de Jaén, tema de gran interés histórico-jurídico sobre el que el autor aporta datos y juicios muy agudos, pero en el que se advierte aquella limitación derivada del inicial concepto de iurisdictio estrechada en el solo hacer justicia entre partes, pues la llamada `potestad normativa' de las ciudades tocaba directamente al tema de la jurisdicción y, en el caso castellano, estaba estrechamente vinculada a la figura del corregidor frente a los concejos, es decir, nos hallamos frente a uno de los aspectos de la dualidad jurisdicción real superior y jurisdicción `inferior' de las ciudades.

En efecto, el mismo Jerónimo Castillo de Bovadilla, a quien acude con frecuente precisión el profesor Chamocho Cantudo en el capítulo preliminar de su libro, destinaba el capítulo VIII del tomo II de su clásica Política para corregidores a tratar `De la jurisdicción de los Regidores para hacer Ordenanzas', y allí recordaba la opinión común conforme a la cual el pueblo romano había transferido toda la jurisdicción al príncipe: "En esto digo, que después que el pueblo Romano, Cabeza del Mundo, (en quien estaba, y residía toda la jurisdicción y la facultad de hacer, y abrogar Leyes, y nombrar Jueces) quitó, y apartó de sí todo el poder, y jurisdicción, y lo pasó y lo transfirió en el Príncipe, ya reside en él todo el imperio, poderío, y hacienda pública, y en él está subordinado a su buen gobierno, y justa disposición, el qual quedó por Cabeza, y el Pueblo por miembros de el" (II. cap. VIII, nr. 152), de lo cual deducía que al pueblo no le había quedado jurisdicción alguna para dar leyes ni ordenanzas generales sin la autoridad del príncipe o del corregidor que le represente: "Y así es conclusión que al Pueblo no le quedó facultad de exercer, ni un mínimo acto de jurisdicción, ni de hacer Leyes, ni Ordenanzas generales, ni particulares, sin la autoridad del Príncipe, o del Corregidor, que le represente, según la Ley Real, Gandino y otros, porque el hacer Estatutos, y Ordenanzas, es acto de Jurisdicción, y decir derecho y hacer ley municipal" (II. cap. VIII, nr. 153), si bien admitía que había ley y opiniones de Bártolo y Baldo que sentían lo contrario: "Aunque Baldo y Abad, en diversos lugares, son de opinión, y hay texto para ello, que pueden las Ciudades, y Concejos hacer Ordenanzas, no derogando las Leyes, y Ordenanzas confirmadas por el Rey" (II. cap. VIII, nr. 153). Pero cosa distinta de esta era el saber si las ciudades podían darse ordenanzas en cuestiones que no envolvían jurisdicción por sólo tocar a la buena gobernación, cuestión sobre la cual Castillo de Bovadilla sostenía que podían darlas los pueblos, corregidores y señores de vasallos, sin necesidad de real confirmación: "En lo que es Ordenanzas de buena gobernación sobre las vituallas, quando, y dónde, y a qué precios se han de vender, y sobre los riegos, y repartimientos de aguas, y sobre tassar los jornales, y otras cosas, que se alteran, y mudan cada año, bien pueden los Pueblos, y los Corregidores, y los Señores de Vassallos hacer Acuerdos, y Pregones, que llaman de buena gobernación, sin que sea necessario confirmarse por el Consejo, y aun poner penas a los transgresores de ellos" (I, lib. II. cap. XVI, nr. 131: Vide Nueva Recopilación, 5.14.4; 7.17.15-16; 7.1.5; 7.2.3), lo que él mismo había visto y practicado en las ciudades en las que había sido corregidor, como asimismo afirmaba que había costumbre de proveerlas los corregidores solos: "Y assí lo he visto y practicado en las Ciudades donde he sido Corregidor; y en algunos casos, según doctrina de Bartulo, y otros, y de costumbre los proveen los Corregidores solos, sin consulta de los Consejos" (I, lib. II. cap. XVI, nr. 131), reconociendo también que si había costumbre podían los regidores sin intervención del corregidor dar ordenanzas en materias de poca entidad: "En algunas cosas leves y de poco momento, si huviesse costumbre de hacer Ordenanzas los Regidores solos, sin el Corregidor, bien valdrá, como es (según en otra parte diximos) en poner los precios de los mantenimientos" (II, cap. VIII, nr. 154), y en cuanto a la decisión de reformar ordenanzas sostenía que: "Por el dicho capítulo de Corregidores claramente se ordena, que la consideración de si conviene reformar las Ordenanzas antiguas, o hacer otras de nuevo, toca al solo Corregidor: pero la acción, modo, forma, y ordenación de ello, toca copulativamente al Corregidor, y Regidores, y no a los unos sin los otros" (II, cap. VIII, nr. 155: Vide Nueva Recopilación, 3.6.14).

El precioso y valioso material de archivo que ha manejado el autor le sitúa en la mejor de las posiciones para profundizar en este tema de las ordenanzas municipales giennenses para, de este modo, observar con claridad los dos niveles del `sistema' del derecho común al analizar la opinión de los autores y la realidad de las ciudades del Reino de Jaén, tema al que ya había dedicado un artículo `La vertebración jurídica de los municipios de realengo del Reino de Jaén en la baja Edad Media' en Actas del VII Congreso sobre el Andalucismo histórico: `Andalucía y Federalismo' (Sevilla, 1996), pp. 607-626.

La Parte II de esta obra describe minuciosamente "El estatuto orgánico de los corregidores giennenses", y así revisa la selección del corregidor, su nombramiento, acceso al oficio, retribución, competencias judiciales, duración y prórroga, término del oficio, y las exigencias de responsabilidad a través del juicio de residencia. Tras las conclusiones y la reseña de las fuentes y bibliografía utilizada se incluye un interesante anexo documental que ilustra cada uno de los capítulos del libro, al igual que una serie de cuadros de los corregidores giennenses durante la Baja Edad Media, la relación de tenientes y alcaldes mayores y la de jueces de residencia llegados a las ciudades del Reino de Jaén.

En suma, la lectura del trabajo del profesor Chamocho Cantudo permite adentrarse en el complejo tema de la jurisdicción real y municipal desde el paisaje giennense Bajo Medioeval, no sólo en forma documentada, sino enriquecida por lo juiciosa y críticamente desmenuzado y exprimido de cada uno de los cientos de textos en que abunda la obra, escrita, por lo demás, con pluma fácil y elegante.

Javier Barrientos Grandon

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