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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.21 Valparaíso  1999

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54551999002100031 

CORONAS GONZÁLEZ, Santos M., Estudios de Historia del Derecho Público, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, 327 pp.

Interesante aportación para la Historia del Derecho Público la que nos ofrece Santos M. Coronas González, Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Oviedo. El trabajo se estructura en tres grandes apartados que representan —aunque no agotan— tres pilares fundamentales del Derecho Público, considerado desde el punto de vista histórico: Justicia, Cortes y Leyes Fundamentales. Se trata, en realidad, de una recopilación de trabajos previos del autor. Así, tal y como se aclara en el Prólogo, el primero «reproduce básicamente» una conferencia dada en el Instituto de España en 1991; «el segundo incluye un texto presentado al 47º Congreso Internacional para el estudio de la Historia de las Instituciones Representativas y Parlamentarias» que tuvo lugar en Bilbao en 1997 y el tercero fue publicado en el Anuario de Historia del Derecho Español, LXV, 1995, pp. 127-218.

La Justicia en el Antiguo Régimen se aborda desde el punto de vista institucional. Su inicial identificación con la paz y la aplicación por el monarca, como representante de Dios en la tierra, encontraría su máxima expresión en el rey como legislador y juez, en concreto en el reinado de Alfonso X, reflejándose en el Espéculo, en el Fuero Real y en las Partidas. A partir de aquí, el profesor Coronas González nos presenta la justicia ordinaria, delegada, el arbitraje y las jurisdicciones especiales apoyándose en los referidos textos legislativos y en otros posteriores en el tiempo, es decir, en contacto directo con las fuentes como cabría esperar de un jurista que se precie, sin olvidar una amplia selección bibliográfica sobre la materia. Especial atención dedica a determinados órganos, que sin duda lo merecen en un tratamiento institucional de la Administración de Justicia. Nos referimos a las Audiencias y Chancillerías o al Consejo Real. El reinado de los Reyes Católicos implicaría una importante reforma que daría un fuerte impulso al Consejo Real hasta convertirlo en «órgano fundamental» de la monarquía, dentro del sistema polisinodial que implicó el nacimiento y desarrollo de diversos Consejos especiales según la materia o el territorio, en un periodo histórico extensivo hasta los Austrias menores. El devenir de los acontecimientos atribuiría mayor trascendencia a los alcaldes de Casa y Corte sobre todo cuando se sitúa la Corte en Madrid regulándose por Pragmática de Felipe II de 1583, modificada por otra posterior del año 1600. Se detiene el autor en Audiencias y Chancillerías de territorios concretos como las de Valladolid, Ciudad Real, Granada y Canarias; la Audiencia de Grados de Sevilla; la Audiencia, Gobernador y Alcaldes Mayores de Galicia o la Audiencia de los adelantamientos de Burgos, León y Palencia. En un nivel inferior, desde una perspectiva jerárquica y en un ámbito local, aparecen las figuras del corregidor y los alcaldes completándose el organigrama con las jurisdicciones especiales que, a juicio de Santos M. Coronas —quien no profundiza demasiado en las mismas—, no hacen sino contribuir a la confusión de la justicia del Antiguo Régimen. Ilustrativo resulta el esquema que ofrece como intento de simplificar y facilitar al lector la comprensión de la Administración de Justicia. La siguiente etapa se sitúa en el siglo XVIII originando lo que el autor califica una «nueva dimensión hispánica de la justicia del rey». El Consejo de Castilla se convierte en el más importante de la monarquía. Se da paso a nuevas Audiencias en Valencia, Aragón, Cataluña y Mallorca y por Real Cédula de 30 de julio de 1717 se crea la Audiencia de Asturias y en 1790 la de Extremadura. La Sala de Hijosdalgos de las Chancillerías se transforma en Sala del Crimen y en el ámbito local destacan los Corregimientos y las Intendencias junto a la denominada justicia vecinal. Un mapa es lo que emplea, en esta ocasión, el autor para reflejar la distribución en la geografía española de los Consejos, Chancillerías y Audiencias. Tan sólo media página, seguida de ilustraciones, sirve para resumir la situación de la justicia al final del Antiguo Régimen y poner fin a este primer capítulo concluyendo que «la justicia real ordinaria mantuvo, ampliando su base institucional, la estructura orgánica de la Castilla bajomedieval...» (p. 128) y anunciando la quiebra de esta continuidad histórica tras la Revolución francesa.

Mucho más escueto es el segundo de los capítulos dedicado, como ya adelantábamos, al sistema parlamentario. No se remonta a los orígenes de las Cortes sino que sitúa el inicio de su exposición en el cambio dinástico del siglo XVIII, con algunas referencias a periodos precedentes, insistiendo en su crisis como institución. A partir de la Revolución francesa se impone «el nuevo modelo constitucional y representativo». La convocatoria extraordinaria de Cortes iniciaría un debate a raíz de la Guerra de la Independencia, mientras el pueblo constituía Juntas Provinciales. El 25 de septiembre de 1808 se constituye en Aranjuez la Junta Central Gubernativa del reino, siendo Jovellanos uno de sus vocales. El núcleo básico de este capítulo está constituido por la referida figura de Jovellanos a quien el autor dedica una destacada atención, incidiendo en su pensamiento reformista de inspiración inglesa basado en el bicameralismo, en su crisis y pervivencia. Incluye un apéndice documental integrado por dos documentos anónimos, un informe sobre Cortes y otro sobre la Presidencia de las Cortes, encontrado entre los papeles de Pedro Escolano de Arrieta, quien fuera secretario de Cámara de Gobierno del Consejo de Castilla y actuó como secretario de las Cortes de 1789.

La tercera y última parte del libro, de mayor extensión que las anteriores, se ocupa de las Leyes Fundamentales del Antiguo Régimen. Aquí el recorrido histórico es más completo, sobre todo respecto al capítulo anterior. Toma como punto de partida lo que denomina la herencia legal visigoda constituída por el Liber iudiciorum cuyos principios basados en la comunidad de Dios, rey y pueblo se difundieron a través de su versión romance del Fuero Juzgo, mediatizado por el «espíritu pacticio de la sociedad altomedieval». Con el Rey sabio llegaría la «revolución constitucional» continuando con el proyecto de Fernando III y dejando clara la potestad legislativa del monarca. Pronto se tuvo que aceptar la realidad que imponía la necesaria participación ciudadana cobrando «protagonismo las Cortes como órgano de representación estamental del reino» (p. 194). Los reyes se verán obligados a prestar un juramento en el sentido de «respetar los fueros, privilegios, franquezas y libertades otorgadas por sus antecesores» (p. 196), considerándose contrafuero todo acto contrario a los mismos. Quedaba así consagrado el principio de legalidad dentro de lo que Coronas González denomina «marco del derecho divino de los reyes» que evolucionaría hacia el contrato callado. Tras el fracaso del proyecto de ley perpetua de las Comunidades aparece un nuevo pactismo, el de las condiciones de millones, siendo el servicio de millones el que permitía a las Cortes «afirmar la vigencia de las leyes y privilegios seculares de los reinos más allá de la promesa formal de su cumplimiento» (p. 236). Un apartado independiente concede el autor a la implicación que tuvo la Guerra de sucesión en la «ruptura del pacto de fidelidad y respeto al orden constituido de la monarquía con los países de la Corona de Aragón» (pp. 238-247). El 10 de mayo de 1713 fue promulgado por Felipe II el Nuevo Reglamento sobre sucesión de la monarquía española que otorgaba preferencia a los varones en línea recta y que adquiriría el carácter de ley fundamental derogando la más estricta tradición jurídica. La Diputación de los reinos desempeñará un papel trascendental en la defensa de la legalidad pacticia. Para "revivir" el concepto de ley fundamental se utilizaron diferentes vías como la defensa de las regalías, la afirmación del Derecho patrio y las concepciones iusnaturalistas. Todo esto permitiría la evolución hacia un nuevo Derecho público de base nacional. Tras el proceso revolucionario que desembocó en la invasión napoleónica se crea, por Decreto de 8 de junio de 1809, una Comisión de Cortes que debía determinar los medios para «asegurar la observancia de las leyes fundamentales del reino» (p. 288). Esta Comisión tuvo varias juntas auxiliares; de ellas el autor de detiene en la de legislación encargada, entre otras tareas, de reunir las leyes fundamentales de la monarquía e indicar las reformas necesarias. Para su trabajo resultarían esenciales los informes de la consulta al país. Cumpliendo con el encargo de la Junta Ranz Romanillos presentó una «reunión de las leyes fundamentales de la monarquía clasificadas por el método que prescribe la Instrucción formada por la Comisión de Cortes para arreglar y dirigir los trabajos de la Junta de Legislación» (p. 307) y que nos ofrece el prof. Coronas González como apéndice documental y conclusión de su sistemático trabajo de síntesis sobre legislación que constituye su tercer y último capítulo que, aunque previamente publicado, nos parece, a nuestro modesto juicio, de mayor entidad científica y técnica en comparación con los anteriores.

Patricia Zambrana Moral

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