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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.21 Valparaíso  1999

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54551999002100034 

DOMINGO, Rafael, Auctoritas, Editorial Ariel, Barcelona, 1999, 156 págs.

Recién salido a la luz llega a nuestras manos el trabajo del Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Navarra, Rafael Domingo, hasta septiembre de 1999 Decano de la Facultad de Derecho de la misma. Constituye un análisis del principio de auctoritas —que da título al libro— en contraposición a la potestas desde una óptica de derecho romano y un intento de aplicación de los mismos a la sociedad actual con base en la vigente Constitución española de 1978. Al margen de las fuentes romanas, sin duda la principal inspiración se encuentra en las teorías —discutibles y no por ello menos originales desde el punto de vista científico— del que fuera maestro del autor Álvaro d'Ors. De entrada se nos plantea la duda de dónde ubicar la obra pues tendría cabida en tres áreas de conocimiento dispares por la misma distancia temporal que las separa, de un lado el Derecho Constitucional y de otro la Historia del Derecho y el Derecho Romano. La interdisciplinariedad de la que siempre ha hecho gala d'Ors viene haciendo mella desde hace cuarenta años en sus discípulos.

Ya la introducción va precedida de las palabras del maestro. Supone ésta una exposición de propósitos: «recuperar la contraposición romana entre auctoritas —saber socialmente reconocido— y potestas —poder socialmente reconocido— con el fin de aplicarla a los distintos campos de nuestro derecho actual» (p. 9). El profesor Domingo ya había abordado esta problemática —como el mismo reconoce— con anterioridad, concretamente en su Teoría de la «auctoritas», su tesis doctoral, luego publicada en Pamplona en 1987, ofreciéndonos ahora, según sus propias palabras, «una versión absolutamente rehecha». Además ha escrito varios artículos al respecto, titulado, uno de ellos igualmente, Auctoritas, que puede leerse en la prestigiosa sección de opinión de El País del jueves 7 de enero de 1999 donde resume las principales ideas que se recogen en el presente libro y aprovechaba una conocida anécdota protagonizada por Ramón María del Valle-Inclán en un estreno teatral quien trataba de imponer su "autoridad" crítica frente los agentes de la "autoridad". Completa la escueta presentación con una explicación de la sistemática estructura en tres capítulos de extensión similar, concluyendo con un agradecimiento al maestro.

El primero de los capítulos hunde sus raíces en el derecho romano para presentar con carácter histórico la teoría de la contraposición entre auctoritas y potestas. Tras un examen etimológico de los términos como cabría esperar de cualquier romanista que se precie, se ocupa de la fórmula Senatus Populusque Romanus basada en la «interrelación entre la autoridad del Senado (auctoritas patrum) y la maiestas Populi», indagando en sus más remotos orígenes, para pasar a la auctoritas augurum como muestra de la importancia de los augures investidos de auctoritas como intérpretes de la voluntad divina cuya importancia va decayendo en la época republicana por la proliferación de arúspices. Pese a la cita directa de fuentes romanas el principal punto de referencia de Rafael Domingo en este capítulo es Álvaro d'Ors presente en las notas —y a veces en el texto— de la práctica totalidad de las páginas, restando tal vez originalidad o novedad a la exposición e impidiendo, en cierto modo, el despegue científico independiente del autor. De todas formas no es la primera vez que el pensamiento orsiano sirve como punto de partida para investigaciones científicas y tesis doctorales —recordemos, por ejemplo, El concepto de derecho en Álvaro d'Ors de Agustín Gándara—. De nuevo aparece el maestro en la distinción derecho/ley en Roma como principal referencia de la contraposición auctoritas/potestas. Tras una breve alusión —que quizás hubiese admitido mayor profundidad, aunque se apartaría de la línea de Derecho público que justifica la obra— a otras manifestaciones de auctoritas en el derecho privado (auctoritas tutoris, auctoritas eius qui mancipio dat y auctoritas patris), se ocupa del consabido binomio desde el punto de vista del derecho procesal, siendo en la auctoritas Principis donde se da un intento de reunir ambos elementos ocasionando una modificación del Senado y sus funciones. Finaliza el capítulo con la evolución ulterior del concepto de auctoritas concluyendo la dificultad de su «plasmación estática en una definición dogmática» por su mismo carácter evolutivo aunque acepta la ya referida definición de d'Ors que alude a la autoridad como «saber socialmente reconocido» frente a la potestad como «poder socialmente reconocido». De ella tan sólo se atreve a "criticar" su posible carácter reduccionista alabando su configuración independiente y no como un tipo de poder.

El culmen de la "adoración" de Rafael Domingo hacia el pensamiento de Álvaro d'Ors lo constituye sin duda el segundo de los capítulos, donde se detiene en ir deletreando la «teoría orsiana de la auctoritas», que ya ha ido adelantando en páginas precedentes. Pese a la similitud en la extensión de los capítulos, este goza de una amplitud ligeramente superior a los restantes. Comienza recopilando las principales publicaciones de d'Ors sobre la materia así como los seguidores de las mismas desde la Teoría general del Derecho, el Derecho procesal, administrativo, canónico o constitucional refiriendo a juristas de reconocido prestigio que, sin seguir directamente a d'Ors, se han interesado por el concepto de auctoritas como Carl Schmitt, Eduardo García de Enterría, Gonzalo Fernández de la Mora, Rafael de Mendizábal o Manuel García Pelayo. Su número podía ampliarse, pero Domingo ha sido selectivo. El núcleo central del capítulo está constituido por el análisis detenido de los conceptos de autoridad y poder desde la diferencia entre saber y poder según el predominio respectivo del elemento intelectivo y volitivo, pasando por el reconocimiento social como elemento común a ambos sin llegar a confundirlos, sino desde la necesidad de gozar del mismo. Aclara que son las personas, en cuanto miembros de los órganos, las que están revestidas de autoridad o poder. Recurre al original simbolismo orsiano de la mano y de los dedos para explicar la interrelación entre auctoritas y potestas y delimita la autoridad de otros conceptos afines. Las relaciones entre autoridad y poder constituyen la tercera parte de este segundo capítulo reivindicando su necesaria interrelación que no tiene que implicar necesariamente una confusión ya que de hecho el entendimiento y la voluntad están presentes en la persona humana. No obstante, sitúa la autoridad como límite de la potestad por su diferente naturaleza. Recurre Rafael Domingo nuevamente al aforismo orsiano, que encabezaba su trabajo, trasladándolo al diálogo universitario y al ámbito político aunque no profundiza demasiado en este aspecto. Ya no nos extraña que, para finalizar este capítulo —que no es más que una exposición sistemática de las ideas de d'Ors—, comparta el autor la afirmación realizada por su maestro en 1962 relativa a la necesaria renuncia al poder por parte de la autoridad que pretende serlo verdaderamente.

Una incursión en el Derecho constitucional la constituye el tercero y último de los capítulos que componen la obra de Rafael Domingo y que él mismo titula «una reflexión constitucional a la luz de la teoría de la auctoritas». Es quizás aquí —curiosamente en una materia que se aleja del Derecho romano— donde expone sus propias ideas sin recurrir constantemente al paternalismo orsiano al que, por otra parte, no olvida por completo. Desde las primeras líneas aclara que se circunscribe al ordenamiento jurídico español cuando, a nuestro modesto entender, habría resultado muy interesante una incursión en el Derecho comparado —al que tan sólo efectúa algunas referencias aisladas— auspiciada por el mismo título del capítulo. Plantea la aplicación del concepto romano de auctoritas como posible solución de ciertas «incoherencias internas» del sistema. Sitúa la clave de la confusión auctoritas/potestas en el moderno Derecho constitucional en el concepto de soberanía que se recoge en la mayor parte de las constituciones partiendo de las teorías de Jean Bodin, Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. Critica Rafael Domingo el principio de división de poderes, defendido por Locke o Montesquieu, que trató de limitar el poder soberano por considerarlo obsoleto en nuestros días. Sitúa su principal punto débil en el Poder Judicial, al que analiza a la luz de la Constitución española de 1978. Para el autor, el límite al poder no debe proceder del mismo poder sino de la autoridad. Afirma contundentemente que la justicia no emana del pueblo y va aún más allá cuando niega igualmente, en contraposición al tenor literal de la Constitución, que el Poder Judicial emane del pueblo partiendo de que la misma «expresión "poder judicial" es una contradictio in terminis, que deriva de que el Estado moderno no ha sabido diferenciar [...] la autoridad del juicio —cuyo máximo exponente es la sentencia— de la potestad de su tramitación y ejecución, es decir, la "judicación" de la "jurisdicción" o potestad jurisdiccional» (pp. 119-120). Es precisamente la conversión de la autoridad judicial en poder lo que ha llevado a desnaturalizar el ministerio fiscal. No olvida el profesor Domingo la importancia del jurado, al que considera «órgano de autoridad» aunque estima errónea su justificación por no radicar en la idea de auctoritas. Tras poner de manifiesto la confusa naturaleza del Tribunal Constitucional —sobre el que ya escribiría unas líneas aludiendo al "riesgo de politización" de este órgano, con el consiguiente daño de su imagen de cara a la sociedad, en el Diario de Navarra del jueves 24 de diciembre de 1998 a propósito de la elección del Catedrático de Derecho Constitucional, Pedro Cruz Villalón, como presidente del mismo— por no quedar claramente delimitado como órgano de autoridad, dedica unas pocas líneas al que, a su entender, sí lo es, el Consejo de Estado que goza de autoridad junto a los consejos consultivos autonómicos. En cuanto al rey lo entiende desprovisto de autoridad y de poder y hace depender la estabilidad de su figura tan sólo de su prestigio calificando de simbólicas sus atribuciones constitucionales. A modo de colofón, en palabras del propio autor, efectúa un repaso de las principales ideas expuestas en este capítulo, exigiendo como resumen «la constitucionalización del principio de autoridad como límite del poder del Estado» como «instrumento óptimo para garantizar el recto ejercicio del poder político en las sociedades democráticas del tercer milenio» (pp. 140-141). Afirmaciones rotundas y un tanto arriesgadas las vertidas por Rafael Domingo en esta tercera parte de su obra, sin duda la más "independiente", aunque no se trate de ideas totalmente originales, que no hayan sido ya referidas por buena parte de la doctrina constitucional.

Patricia Zambrana Moral

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