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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.22 Valparaíso  2000

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552000002200021 

Alvarado, Javier (ed.), Historia de la literatura jurídica en la España del Antiguo Régimen, vol. I, Madrid, 2000, 647 págs.

En esta obra se recogen una serie de ponencias y colaboraciones impartidas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y en su Centro Asociado de Ciudad Real (con sede en Valdepeñas), así como una conferencia inédita, la primera de ellas, pronunciada por Alfonso García-Gallo.

Principiando por el mencionado García-Gallo, y seguido de Emma Montanos Ferrín, vemos "El "sistema" de Derecho común: articulación del ius commune y del ius proprium en la literatura jurídica" (pp. 35-60); Antonio Pérez Martín analiza "La literatura jurídica castellana en la Baja Edad Media" (pp. 61-78); Antonio García y García colabora con el "Derecho romano-canónico medieval en la Península ibérica" (pp. 79-132); otro trabajo es el de Jesús Lalinde Abadía sobre `'La literatura foral y jurídica en el Reino de Aragón'' (pp. 133-151); Víctor Ferro Pomá es autor de "Los juristas catalanes de los siglos XVI y XVII" (pp. 153-166); Pascual Marzal Rodríguez estudia "Los juristas valencianos en la Edad Moderna" (pp. 167-197); Javier Barrientos Grandón ha tratado sobre "La literatura jurídica indiana y el ius commune" (pp. 199-285); de Fermín de los Reyes Gómez es "Publicar en el Antiguo Régimen" (pp. 287-330); Javier Alvarado comenta la censura: "Juristas turbadores: la censura inquisitorial a la literatura jurídica y política (siglos XVI-XVII)'' (pp. 331-385); José Cano Valero cuenta con una colaboración titulada "La enseñanza en la meseta meridional: formación y práctica de los letrados castellanos (siglos XVI y XVII)" (pp. 387-422); Rafael Gibert ha dedicado una de sus colaboraciones a "La glosa de Gregorio López" (pp. 423-472); José Antonio López Nevot ha tratado sobre "De Curia Pisana: literatura jurídica y regidores municipales" (pp. 473-498); la donación ha sido estudiada por Jorge J. Montes Salguero en "La doctrina de la donación en Fernández de Retes" (pp. 499-526); Santos Manuel Coronas González ha tratado sobre "La literatura jurídica española del siglo XVIII" (pp. 526-574); Regina María Pérez Marcos disertó sobre "Juan Meléndez Valdés, un jurista de la práctica en el contexto de la Ilustración" (pp. 575-606); el último de los estudios es obra de Mª. Dolores del Mar Sánchez González y trata sobre "El Padre Burriel y los orígenes de la Historia del Derecho" (pp. 607-639).

En lo que se refiere a "Una aproximación jurídica a la literatura popular: amor y derecho en el cancionero español", en el mismo, García-Gallo analiza la influencia de Savigny que defendió la tesis del Espíritu del Pueblo: sólo un Derecho que se identificase con este Espíritu Popular podía mantenerse en una sociedad. De esta postura era también el no menos famoso Jacobo Grimm, profesor de Historia del Derecho y narrador de cuentos en los que recogía ese sentimiento, ese Espíritu del Pueblo. En la obra Deutsche Rechtaltertümer, Grimm reunió y analizó canciones populares, cuentos, leyendas, novelas y otras manifestaciones del espíritu jurídico. También en el cancionero español encontramos referencias al Derecho (es el caso de las carceleras, donde un preso opina sobre la pena, el delito y la justicia). En el mismo existen otras canciones que se refieren al amor en el ámbito jurídico: concebido en unos casos como un negocio jurídico sometido a compraventa, mora, censo, fianza, rédito, extinción, etc., e incluso en ocasiones se contempla la responsabilidad del (de la) que enamora, mientras que para otros, no tiene culpa de gustar sino que el culpable es el que se enamora. En ocasiones el juez es la misma persona amada. En otras el enamorado espera el fallo (Tu eres el juez de mi causa,/ y yo soy el delincuente,/ acaba de sentenciar,/ si soy de vida o de muerte). En otros versos se asimila el amor al tormento propio de la Edad Media y espera en desolación la pena que no puede ser otra que la muerte del enamorado no correspondido. La absolución de la doncella es por motivos un tanto aparentes. Será la persona amada la única que puede revisar la sentencia, siendo feliz quien logra el amor correspondido. En este último caso nadie será culpable de haberse enamorado (En qué tribunal se ha visto,/ en qué cárcel ni en qué Audiencia/ al reo darlo por libre/ y al libre darle sentencia). Aquél que no alcanza sus objetivos, llorará con desconsuelo.

Emma Montanos Ferrín ha escrito sobre "El "sistema" de Derecho común: articulación del ius commune y del ius proprium en la literatura jurídica", lo que le permite analizar el ensamblaje doctrinal del derecho común y de los derechos propios (o derechos particulares). Antonio Pérez Martín analiza "La literatura jurídica castellana en la Baja Edad Media", es decir, las obras de carácter secular escritas por juristas naturales de o residentes en los territorios de la Corona de Castilla ya sean del "ius commune" como de los "iura propria", pero no la canónica, que comprende la Baja Edad Media. La obra literaria de carácter jurídico castellana no sobrepasa de la treintena. En este período en Castilla prevaleció la literatura de los "iura propria" que fue más abundante que la del derecho común. Los géneros jurídico-literarios más utilizados por los juristas castellanos fueron: a) las traducciones al romance de obras italianas como la versión del Libellus fugitivus de Nepos de Montealbano y la traducción de Lo Codi o la Suma de los nueve tiempos de Jacobo de las Leyes, así como la Summa aurea de ordine iudiciario y la Margarita de los pleitos de Fernando Martínez de Zamora que en realidad lo único que hicieron fue traducir al castellano obras latinas; b) las glosas o comentarios a los textos legales castellanos, como el Fuero Real, comentado por Arias de Balboa; las Siete Partidas, glosadas por Alonso Díaz de Montalvo; el Ordenamiento de Alcalá, comentado por Arias de Balboa; en cuanto al Ordenamiento de Briviesca de 1387, puede que fuera comentado por Arias Dávila, obispo de Segovia. En cuanto a glosas a textos no castellanos resaltó el realizado al Corpus Iuris por Alfonso de Cartagena; c) los tratados, obras que analizaban un tema concreto de forma monográfica, fue otro de los géneros. Fundamentalmente sobre el proceso, destacaron las obras de Petrus Hispanus, de Rodrigo, obispo de Palencia, de Fernando Martínez de Zamora y de Jacobo de las Leyes. Entre otros temas tratados sobresalieron el fundamento de la monarquía y el derecho de sucesión, los frutos civiles, el derecho de los mayorazgos, el derecho de los caballeros, el derecho de España sobre las Canarias o la preeminencia de la embajada castellana sobre la inglesa. En Castilla, si bien a partir de la época de Alfonso X, el romance castellano, además del latín, fue lengua oficial. En las últimas páginas (pp. 72-78) se hace un breve comentario biográfico de los 14 juristas castellanos hasta el momento estudiados.

"Derecho romano-canónico medieval en la Península ibérica" es el título del trabajo de Antonio García y García, en el que analiza tanto el Derecho romano como canónico a lo largo de toda la Edad Media. Otra cuestión estudiada es "La literatura foral y jurídica en el Reino de Aragón", artículo escrito por Jesús Lalinde Abadía. Su autor distingue entre "fuero" y "derecho". El primero se refiere a los privilegios que el Rey concedía a un pueblo como beneficio o ventaja a otros pueblos, en tanto derecho representa una concepción técnica con mayor pretensión de generalidad o universalidad (p. 136). En Castilla, Valencia, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Aragón y Navarra existieron fueros y no derecho, si bien en este último caso en el período de recopilación se empleó el término "leyes". En los fueros la interpretación debe hacerse de forma restrictiva, e incluso de forma literal. Lalinde Abadía se centra en el Reino de Aragón, en sentido estricto, y no en la Corona de Aragón, en el que cabe distinguir los foristas (siglos XI-XIV), anotadores (siglos XIV-XV), foralistas (siglos XV-XVI), juristas (siglos XIII-XVII), tratadistas (siglos XVI-XVII), privatistas y procesalistas e historiadores y polígrafos (siglos XVII-XIX). Entre los foristas, aquellos que practicaban la literatura foral aragonesa anterior al siglo XIII y en siglos posteriores, destacaron Martín de Sagarra, Sancho Ximénez de Ayerbe, autor de dos colecciones de Observancias, Jimeno Pérez de Salanova, Pelegrín de Anzano que elaboró los Comentarios sobre los fueros, usos y observancias de Aragón y Juan Pérez de Patos que comentó los Fueros de Aragón en 1335. Las "Observancias" o "anotadores" fueron aquellas costumbres, incluso contra legem, que se constataron con la aplicación continuada, no siendo suficiente su publicación como en el caso de la ley. Los dos anotadores más importantes fueron Jacobo de Hospital en el siglo XIV y Martín Díez Daux en el siglo XV que destacó con su obra Observantiae consuetudinisque Regni Aragonum in usu communiter habitae. Entre los foralistas (siglos XV-XVI) sobresalen Ioan Ximénez Cerdán, Miguel del Molino que publicó un Repertorio (editado en 1513) que por orden alfabético y en latín estudia las instituciones aragonesas, así como Jerónimo de Blancas y Tomás con su obra Aragonensium rerum commentarii (1588), que vivieron en una época distinta a los foristas (siglos XI-XIV) y que tuvieron un conocimiento teórico e histórico de los mismos, mientras que en los foristas fue más práctico, en la medida en que pretendían dar noticia de los fueros vigentes en ese momento centrándose en los menos conocidos. Los juristas (siglos XIII-XVII) analizaron el derecho común en la medida en que se trató un período en el que el derecho foral aragonés había trascendido a derecho y, finalmente, a derecho común. Entre ellos mencionaremos a Vidal de Cañellas y a Antich de Bages que escribió en 1437 unas glosas a las Observancias publicadas por esa fecha y que compiló los privilegios de Zaragoza. Otro personajes fue Martín de Pertusa, autor de una parte de las glosas a la primera edición de los Fueros y Observancias de 1476 y 1477. Los tratadistas (siglos XVI-XVII) se centraron en las instituciones públicas en un momento en que la foralidad se había podido transformar en derecho. Los máximos componentes de esta institución fueron Ibando de Bardaxí, autor de la Suma de los Fueros y Observancias (1587), así como unos Comentarios a los Fueros de Aragón y el Tractatus de officio gubernationis seu procurationis generalis Regni Aragonum, ambas editadas entre 1591-92. En cuanto a Jerónimo Martel destacó su obra Forma y modo de proceder en las causas que se lleban ante el Justicia de Ganaderos de la ciudad de Zaragoza (1602). Martín Monter de la Cueva fue autor de la colección Decissiones sacrae regiae Audientiae Causarum civilium Regni Aragonum (1598). Juan Crisóstomo de Vargas Machuca también publicó en 1676 su colección Decissiones que Tribunalis regnis Aragoniae plaxitis et sententiis supremorum Tribunalibus Regni Neautriuspolis illustratas. Entre los privatistas y procesalistas destacaron Jerónimo de Portolés, autor de un tratado sobre el consorcio foral y el fideicomiso (1584), Andrés de Serveto de Aniñón con su obra De Successionibus ab Intestato secundum leges Aragoniae (1558). Pedro Molinos editó en 1575 la Práctica judiciaria del reino de Aragón, con todas las fórmulas y libelos en todas las causas y reglamentos de sus sentencias y Juan Francisco La Ripa publicó la Ilustración a los quatro procesos forales de Aragón en 1764. Historiadores y polígrafos de los siglos XVII-XIX fueron Juan Luis López, Gil Custodio de Llisa y Guevara, Diego Franco de Villalba, Ignacio Jordán de Asso y Joaquín Costa, que se centraron en la foralidad aragonesa en su aspecto histórico como consecuencia de los Decretos de la Nueva Planta a principios del XVIII.

El profesor Asociado de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Víctor Ferro Pomá, ofrece unas páginas sobre "Los juristas catalanes de los siglos XVI y XVII", que se centra en una institución propia de Cataluña, el pactismo, en la medida en que todos los demás aspectos del derecho común eran "comunes". Esta institución se fundamentaba en que los pactos entre el soberano y sus súbditos, que a pesar de estar sometidos a la jurisdicción del soberano seguían siendo libres, eran de obligado cumplimiento tanto en el aspecto de derecho privado como público (este último no se debe considerar propio únicamente del Derecho catalán), e incluso podía reglamentar la manera de hacer las leyes. De esta forma participaron los particulares y las corporaciones privadas, el Rey, los brazos o estamentos dentro y fuera de Cortes y la Diputación del General que velaban por el cumplimiento de las leyes del Principado y Barcelona, así como los municipios de Cataluña. Este pactismo se caracterizó por la dialéctica entre estas instituciones. Esta actividad propició un auge de los juristas catalanes, que cultivaron los géneros propios de la época: decisiones, consilia, alegaciones, tratados, etc. Entre los juristas catalanes se cultivaron las colecciones (llamadas decisiones o resoluciones que comentaban las sentencias de la Audiencia y otros tribunales) elaboradas por Peguera, Xammar, Cancer, Fontanella, Ripoll, Calderó, Cortiada, Tristany, Amigant, etc.

Pascual Marzal Rodríguez analiza "Los juristas valencianos en la Edad Moderna". El jurista valenciano del medievo de más renombre fue Pedro Belluga. Entre sus obras destacó el Speculum principum ac iustitiae (1530), en la que trataba tanto cuestiones de derecho público (fiscalidad real y eclesiástica, la jurisdicción e incluso delitos) como, aunque en menor medida, privado. Entre los primeros juristas valencianos cabe recordar a Alberto de Albanya, Jaime Caballer en el siglo XIII; Pedro de Villarrasa, Guillén Andreu, Arnaldo de Morera, Giner Rabasa (el Padre), Pedro Eiximenis de Salanova, Guillén Jaffer (el Padre), Arnaldo Juan, Belenguer Martín de Torres, Domingo Aymerich en el siglo XIV; y de finales de éste y principios del XVI fueron Lucas Bonastre o Juan Mercader. Todos ellos elaboraron Notae, comentando brevemente los preceptos aprobados por las Cortes. Entre los jueces valencianos, a finales del siglo XVI, cabe recordar hombres de la talla de Pedro Agustín Morlá o Tomás Cerdán de Tallada. De Lorenzo Matheu es interesante su obra De regimine Urbis et Regni Valentiae, sive selectarum interpretationum ad principaliores foros eiusdem (2 vols., 1654 y 1656) y su Tratado de la celebración de Cortes del Reyno de Valencia (1677).

Sobre "La literatura jurídica indiana y el ius commune" ha escrito Javier Barrientos Grandón. Es materia sobre la que existe una bibliografía escasa, salvo excepciones como el Epitome de la Biblioteca Oriental i Occidental, Nautica i Geografica (1629), de Antonio de León Pinelo, que estudiaba juristas indianos, así como la Biblioteca Hispano Americana Septentrional de José Mariano Beristain y Souza (1816). Por otra parte hay numerosas obras no dedicadas a América pero que contienen noticias sobre el tema como la Biblioteca hispana nova de Nicolás Antonio (1783). Más centradas en el tema fueron las obras de José Toribio Medina como la Biblioteca Hispano Americana (1898-1903), Biblioteca Hispano Chilena (1963-1968). A estos nuevos territorios se les aplicó el derecho entonces vigente: el "ius commune". Entre los juristas hispanos Francisco de Avilés (siglo XVI) estudió el derecho aplicable a esas islas y tierra firme en su Proemium (1571), asumiendo la tesis de Bartolo da Sassoferrato por la que el nuevo territorio se agregaba por accesión y por tanto se regía conforme a las constituciones del reino, formando un solo reino (implícitamente se entiende que también es aplicable el "ius commune", tanto el ius civile como el ius canonicum. Juan García Gallego (fallecido en 1587) y Juan Bautista Valenzuela Velázquez (1574-1645) también defendieron esa propuesta. Y entre los indianos, Francisco Carrasco del Saz aceptó esa tesis. Tesis defendida también por personajes como Juan de Solórzano y Pereyra (1575-1655) y Gaspar de Villarroel (1587-1665). En un primer momento se aplicaron a las Indias múltiples derechos particulares, tanto consuetudinarios como escritos. Entre los juristas indianos se encontraban comentaristas de textos romanos, de fuentes canónicas y de legislación real y recopiladores de esta última, tratadistas, tanto civiles como canónicos, autores de discursos, prácticos, consiliaristas, decisionistas y alegacionistas. Feliciano de Vega, Sebastián Caballero de Medina, Juan Suárez de Mendoza, Francisco Jaraba y Buitrón, Fernando Pedrosa de Meneses, José Baquíjano y Carrillo fueron algunos de los comentaristas de las fuentes romanas. No faltaron comentaristas indianos de las fuentes canónicas como los casos de Pedro Murillo Velarde, Feliciano de Vega, Fernando Pedrosa de Meneses, Miguel de Ibarra y Juan Manuel de Sotomayor. Los tratadistas de legislación real (tanto de la Nueva Recopilación de Castilla de 1567, la Recopilación de Indias de 1680, como el derecho municipal indiano en las Ordenanzas de Audiencias, la Instrucción de Regentes y las Ordenanzas de Intendentes), que alcanzaron mayor relevancia serían Juan Matienzo, Francisco Carrasco del Saz, Nicolás Polanco de Santillana, Pedro Frasso o Juan Luis López o Eugenio López, entre otros. Respecto a los recopiladores del derecho municipal indiano, consecuencia de la dificultad que existía para el conocimiento de las mismas por la ingente cantidad de normas, se encontraban, entre otros, Antonio de León Pinelo, Antonio de Maldonado, Vasco de Puga, Juan López de Velasco, Juan de Ovando, etc. Las colecciones de decisiones no abundaron entre los juristas indianos, si bien citaremos a Juan Francisco Montemayor y Jerónimo Chacón Abarca y Tiedra. Entre los consiliaristas indianos menciona el conferenciante a Francisco Carrasco del Saz, Diego Ibáñez de Faría o Pedro Bravo de Lagunas y Castilla. No escasean alegatos en los letrados indianos como las obras de Francisco Carrasco del Saz, Juan de Solórzano y Pereyra, Juan Blásquez de Valverde, etc. Sobre las quaestiones y controversiae el más destacado fue Ignacio Zubia. No faltaron prácticas para facilitar el trabajo de abogado, jueces y escribanos (pp. 260-263), ni tratadistas (pp. 264-278). En último lugar, Barrientos Grandón estudia las Leyes en Indias según los juristas del Nuevo Mundo (pp. 279-285).

Otro tema tratado ha sido "Publicar en el Antiguo Régimen"; lo hace Fermín de los Reyes Gómez. Con la imprenta apareció la posibilidad de difundir ideas contrarias al poder establecido. Ante estos temores surgió la censura, incluso con carácter previo o preventivo para los libros laicos, exigiéndose autorización o licencia para la impresión de un libro (Pragmática de los Reyes Católicos de 8 de junio de 1502 y posteriormente por las Ordenanzas del Consejo de 1554, ratificada esta última por la Pragmática de 7 de septiembre de 1558). En cuanto a los religiosos se exigían los requisitos del Concilio de Letrán de 1515 y el de Trento (1545-1563), que establecieron igualmente una censura previa por el Ordinario para los libros religiosos y si el autor tenía este carácter se añadía la licencia del superior de la Orden. A partir de estos momentos se exigirá de forma reiterada, en el siglo XVIII inclusive, licencia para la impresión de todo tipo de papeles o libros. No faltaron casos en los que era necesaria una licencia especial: los asuntos del Santo Oficio, las bulas y asuntos de la Cruzada, materias de Estado, tratados de paces, cuestiones de Universidades, Real Biblioteca, academias y sociedades, asuntos militares, etc. Se estudia todo el proceso anterior a la impresión: la financiación de la misma, la impresión y la comercialización de esos ejemplares. Pero también existía una censura de represión e inquisición ya fuese durante la publicación e incluso tras la misma. El Índice de Quiroga (1583-1584) recogió un buen número de folletos prohibidos. En el siglo XVII se publicaron índices españoles en 1612, 1632 y 1640. En el XVIII, en 1707, 1747 y el último de la Inquisición española en 1790. En las últimas décadas del siglo XVIII se aumentó el control como consecuencia de los libros extranjeros paganos que entraban de forma indiscriminada en España.

La censura también ha sido analizado por Javier Alvarado, en "Juristas turbadores: la censura inquisitorial a la literatura jurídica y política (siglos XVI-XVII)", que concreta aún más los aspectos tratados en el artículo de Fermín de los Reyes Gómez. En el Índice romano de libros prohibidos, si bien no en los Índices españoles, se recogieron obras regalistas como las de Salgado de Somoza, Solórzano Pereira, Bautista Larrea y González de Salcedo. Entre algunos ejemplos de obras que tuvieron que pasar la censura se encontraba la Política para Corregidores, de Castillo de Bovadilla. Otras obras censuradas por motivos políticos (para defender el honor del Rey, de la Nación española, sus ministros, ejércitos, etc.) en los Índices españoles fueron el Tratado de la república y policía Christiana para Reyes y Príncipes (Barcelona, 1617), de Juan de Santa María o la Doctrina politicocivil (1604), de Narbona, así como la Proclamación Católica a la Magestad piadosa de Felipe el Grande, de Gaspar Sala, publicada en 1640 (pp. 351-378).

Sobre la enseñanza, José Cano Valero se ha centrado en su colaboración titulada: "La enseñanza en la meseta meridional: formación y práctica de los letrados castellanos (siglos XVI y XVII)". La mayoría de los habitantes, entre ellos los de la meseta meridional, eran analfabetos. Sólo unos privilegiados podían alcanzar una formación y en rarísimas ocasiones una enseñanza universitaria. Los pocos que cursaban estos estudios superiores servían al monarca como Alcaldes de Corte, Corregidores o Alcaldes del Crimen u Oidores de las Audiencias y Chancillerías. En el siglo XV aumentó el número de Universidades y, consecuentemente, el de estudiantes. En los tiempos modernos la educación se sustentaba en cuatro pilares: la Iglesia, los monarcas, los Concejos y las familias. Desde fines del siglo XV el número de Universidades aumentó considerablemente. En la meseta oriental se creó el primer Colegio en el convento dominico de Sigüeza en el año 1477 para el grado de los frailes de esta Orden, pasando más tarde a Universidad. Las Universidades de Sigüenza, de Toledo y el Convento-Universidad de Almagro fueron las más importantes en esta zona castellana (pp. 405-409). A pesar de estas nuevas Universidades los estudiantes preferían emigrar a otras más tradicionales como las de Salamanca o Alcalá de Henares.

"La glosa de Gregorio López" ha sido objeto una vez más de un trabajo por parte de Rafael Gibert y Sánchez de la Vega. Gregorio López en su glosa se sirve de canonistas y civilistas como Juan Andrés, Bartolo da Sassoferrato, Angelo degli Ubaldi, Bartolomeo da Saliceto, Giovanni da Imola y Philippo Decio .

José Antonio López Nevot ha estudiado "De Curia Pisana: literatura jurídica y regidores municipales" (pp. 473-498). Aquí analiza el Tractatus de Curia Pisana, de origine decurionum, publicado hacia 1532, única obra escrita de Juan Rodríguez de Pisa, jurista castellano que vivió en los reinados de los Reyes Católicos y de Carlos I. El libro I trataba del origen histórico y estatuto jurídico de los regidores, lugar, hora y convocatoria de las reuniones del concejo; el libro II del proceso de formación de la voluntad municipal, competencias del concejo, incompatibilidades de los regidores, hacienda municipal y atribuciones de los jurados; y el libro III de los derechos y obligaciones de los regidores. Según Pisa para ser regidor en España se exigía la edad de dieciocho años, salvo que medie rescripto del príncipe para un menor. Aunque los clérigos y caballeros no podían ser oficiales del concejo, existían numerosas dispensas para los caballeros de las Órdenes. Los regidores no podían ejercer dos oficios del concejo simultáneamente, de lo que deduce que un regidor no puede ostentar este cargo en dos ciudades sin dispensa del príncipe. Delimita las competencias entre corregidores y regidores en el concejo, prevaleciendo las de estos últimos. Pisa equiparó los jurados a los tribunos de la plebe de Roma.

La donación ha sido analizada por Jorge J. Montes Salguero en "La doctrina de la donación en Fernández de Retes", al centrarse en el tratado De donationibus academica relictio. En esta obra, De Retes analiza el concepto de liberalidad, las clases de donación, los sujetos con alguna característica especial para la donación, como incapaces, prelados o monarcas, las donaciones como entregas irrevocables, qué no se deben considerar donaciones, así como las llevadas a cabo por razón de matrimonio. Define la donación como el ejercicio de la liberalidad que va acompañada de una "dación" desinteresada por el donante. No es donación, a su juicio, la remuneratoria o incluso la mortis causa. La promesa de donación, según Fernández de Retes, ha de ser solemne y se perfecciona con la sola generosidad, no necesitando la aceptación para ser considerada realizada. Otras cuestiones que estudió fueron la fuerza, el error, el dolo y la duda en las donaciones, así como la revocación de la donación por ingratitud.

El catedrático de la Universidad de Oviedo, Santos Manuel Coronas, ha escrito sobre "La literatura jurídica española del siglo XVIII", que utilizó el castellano casi de forma exclusiva. Por otro lado, ha estudiado la figura de "Juan Meléndez Valdés, un jurista de la práctica en el contexto de la Ilustración", Regina Pérez Marcos.

Otro artículo procedente del Departamento de Historia del Derecho de la UNED es el de Mª. Dolores del Mar Sánchez González: "El Padre Burriel y los orígenes de la Historia del Derecho" (pp. 607-639). Este personaje vivió entre 1719 y 1762. Burriel llegó a considerar el Fuero Juzgo como la piedra angular de su proyecto, máxime cuando estaba entonces vigente. Por ello inició la edición de este texto en latín y romance, ya que las escasas ediciones existentes eran incorrectas. De esta labor surgió un manuscrito, con fecha de 1755 y que no llegaría a publicarse, en versión romance con las concordancias entre las leyes del Fuero Juzgo y los Concilios toledanos. Este texto sentó las bases para que en 1815 la Real Académica Española publicase el Fuero Juzgo en latín y castellano, cotejado con los más antiguos y preciosos códices, con el prólogo de la obra de Burriel. Trabajó Burriel también sobre el Fuero de León.

La valoración de esta obra es positiva, por su variedad en los temas tratados, por su análisis exhaustivo y por su carácter no meramente descriptivo, tal y como se recuerda en alguna de las conferencias. Felicitamos la iniciativa de Javier Alvarado Planas, que está convirtiéndose en un gigante de la coordinación intelectual en el campo iushistórico español, deseando poder contar próximamente con ese segundo volumen que se anuncia.

Guillermo Hierrezuelo Conde

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