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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.22 Valparaíso  2000

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552000002200038 

Escudero, José Antonio, Administración y Estado en la España moderna, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Valladolid, 1999, 638 págs.

Esta obra recoge una serie de trabajos de investigación, conferencias, comentarios bibliográficos y otras colaboraciones de José Antonio Escudero, con la nota común de tratar principalmente sobre cuestiones de Historia del Derecho y del Estado, centrándose en el desarrollo y organización de la Administración Central del Estado moderno en España, publicados en distintas revistas y libros, si bien algún que otro estudio es inédito. Entre sus trabajos Escudero ha seleccionado los siguientes: "Orígenes de la Administración Central Austro-alemana: las reformas de Maximiliano a finales del siglo XV" (pp. 13-42); "Orígenes de la Administración Central Borbónica" (pp. 43-51); "Memoriales privados sobre la situación de España en el reinado de Fernando VII" (pp. 53-88); "La creación de la Presidencia del Consejo de Ministros" (pp. 89-96); "Notas sobre el Consejo de Estado entre los siglos XVIII y XIX" (pp. 97-108); "Consultas al Consejo de Estado: Trámites irregulares en el reinado de Carlos II" (pp. 109-112); "La dimisión del Marqués de Rubí (Consejo de Ministros y Juntas Especiales en el reinado de Carlos III)" (pp. 113-124); "La creación del Consejo de Portugal" (pp. 125-134); "La reconstrucción de la Administración Central en el siglo XVIII" (pp. 135-203); "Las Sociedades Secretas ante la Legislación Española del siglo XIX" (pp. 205-233); "El Ministerio de Hacienda y la Reforma de Soler (1800)" (pp. 235-240); "Las Reales Academias y su protocolo" (pp. 241-253); "El traslado de la Corte a Valladolid" (pp. 255-273); "Los poderes de Lerma" (pp. 275-325); "Estudio introductorio a la Teoría de las Cortes de Francisco Martínez Marina" (pp. 327-465); "El Consejo de Cámara de Castilla y la Reforma de 1588" (pp. 467-482); "La Corte de España en Valladolid: los Consejos de la Monarquía a principios del siglo XVII" (pp. 483-511). Dentro del apartado dedicado a conferencias este volumen recoge: "Rey, ministros y grupos políticos en la España de los Austrias" (pp. 515-529) y "Teoría de las Cortes, de Francisco Martínez Marina" (pp. 531-534). Los comentarios bibliográficos abarcan las pp. 535-582. En la sección de Varios ha recopilado Escudero colaboraciones como "Consideraciones sobre la historia del Derecho penal" (pp. 583-589); "Un Proyecto de Estado en el siglo XVI y la cuestión indiana" (pp. 591-596); "Sobre los Cuentos de Grimm y otros cuentos" (pp. 597-610); "Cinco siglos de cárceles" (pp. 611-614); "Don Juan José de Austria frente al Padre Nithard" (pp. 615-619); "El destierro de un Primer Ministro (Notas sobre la expulsión de Valenzuela a Filipinas)" (pp. 621-635). El mismo autor en su "Nota" reconoce que ha respetado el texto original, obviando cualquier actualización.

El trabajo titulado "Orígenes de la Administración Central Austro-alemana: las reformas de Maximiliano a finales del siglo XV" [publicado en AHDE, XXXVI (1966), 255-299] analiza el nacimiento del Estado moderno en el continente europeo, cuyo antecedente se encuentra localizado en la Edad Media y que representa, a su vez, un avance hacia la Monarquía española. Escudero estudia las analogías entre el sistema de Administración Central de Maximiliano y el francés de Borgoña e incluso, en algunos aspectos como el Consejo de Estado, respecto a Inglaterra, Francia o España en instituciones como los Consejos de Estado y Guerra, introducidos en España por Carlos V. Maximiliano (que se haría cargo de los territorios de la alta Austria en 1490 y de la baja Austria a partir del 19 de agosto de 1493, tras la muerte de su padre Federico III) también influirá en Fernando I, que en el año 1527 acogería algunas de las instituciones introducidas por aquél como el Consejo y la Cancillería. Maximiliano realizó reformas dentro de la Corte en el Consejo (Reichshofrat) que desempeñaba funciones asesoras, de gobierno y de justicia; la Cancillería (Hofkanzlei) se ocupó del despacho y expedición de los documentos, mientras que la Cámara (Hofkammer) de las cuestiones financieras. En otras instituciones que afectaban a los territorios austríacos se reformó el Regiment (con funciones políticas, de justicia y hacendísticas que con el transcurso del tiempo serían otorgadas a otros organismos), así como las autoridades y organismos financieros. Hacia 1460 se delimitaron las funciones del Consejo. Este organismo conocía exclusivamente de los asuntos que el Príncipe le sometía; sus miembros eran elegidos y apartados arbitrariamente, regulándose por Ordenanzas del Consejo de diciembre de 1497 y otras normas en febrero de 1498. Este Consejo fue un organismo supremo que ejerció competencia de forma conjunta con el Reichskammergericht, teniendo al mismo tiempo amplias funciones salvo en materia de hacienda. La Cancillería fue regulada el 12 de septiembre de 1498, siendo su Instrucción también, presumiblemente, de esa misma fecha. Esta institución estuvo ligada a la del Consejo, siendo aquélla el único organismo facultado para la expedición de los documentos, estableciendo garantías de autenticidad. Estas reformas de Maximiliano tuvieron su continuación en Fernando I a principios del siglo XVI.

Con la rúbrica de "Orígenes de la Administración Central Borbónica" [publicado en Actas del Primer Sympósium de Historia de la Administración, Madrid, 1970, 293-304] se estudia el nacimiento en esta época de aquellos organismos que la hicieron viable: los Consejos, el Secretario de Estado, el Secretario del Despacho o el Secretario del Despacho Universal. La primera de ellas (los Consejos) nacieron como consecuencia de la nueva forma política monárquica que vino a sustituir a los Reinos; los Consejos de los Reinos abandonaron la función de asesorar en lo político y quedaron reducidos a la justicia y administración de cada reino. El Consejo de Estado acaparó las materias políticas, siendo presididas por el Rey. El Consejo de Guerra, igualmente presidido por el Monarca, asumió la materia bélica; no faltaría, si bien con carácter temporal, la figura del canciller de la Monarquía, Gattinara. La realidad era que el sistema de Consejos tradicionalmente utilizado ("polisinodia") era defectuoso en su misma estructura, retrasando la toma de decisiones, en la medida en que la decisión ralentizada de esos consejeros era finalmente supervisada por el Monarca. Con el reformismo del siglo XVIII y la introducción de los Secretarios del Despacho, dotados de capacidad de gestión y libertad de movimientos, se antepuso el carácter administrativo de éstos, sin abandonar el estrictamente político de aquéllos. Estos Secretarios del Despacho proceden del Secretario del Despacho Universal, el cual nació ante la necesidad, en los primeros años del siglo XVII, para el manejo de los papeles, si bien inicialmente fue un cargo de hecho en el que se seleccionaban personas entre los secretarios más idóneos para refrendar los despachos. El valido intervenía el nombramiento de estos Secretarios del Despacho a los que controlaba. En el período de los Borbones desaparecieron los validos y se impuso la figura de los Secretarios del Despacho, institución fundamental en materia político administrativa, siendo Felipe V el que la transformó; configurándose a partir de este momento como una figura relevante, al margen de esa persona dependiente del valido al que ayudaba en el despacho de los asuntos y asumiría las atribuciones de los Consejos.

En cuanto a los "Memoriales privados sobre la situación de España en el reinado de Fernando VII" [editado en AHDE, XLII (1972), 331-384] analiza la Real Junta Consultiva de Gobierno (instituida por real decreto de 13 de septiembre de 1825) que anuló, al mismo tiempo que asumía sus funciones, el Consejo de Estado. Esta Junta determinaba los asuntos que los ministros le debían remitir o solicitaban. Su vida fue efímera, tres meses y medio de gestión. En esta publicación recoge nueve textos inéditos de la Junta y otros documentos.

Con el título de "La creación de la Presidencia del Consejo de Ministros" [publicado en AHDE, XLII (1972), 757-767] se analiza esta institución. Su origen está indeterminado hoy en día, pero de lo que no cabe duda es que nació como consecuencia de un aumento de la única Secretaría del Despacho Universal a partir de 1705 en varios Secretarios o Ministros (cuatro en 1714 y cinco a partir de 1721), ejerciendo el Ministro de Estado la presidencia en las reuniones de Ministros en las que el Monarca estaba ausente. Estas reuniones esporádicas con el tiempo darían lugar a la creación del Consejo. Efectivamente, el 19 de noviembre de 1823, Fernando VII constituyó el Consejo de Ministros, como antecedente del actual Gobierno. Este decreto ordenaba que el Ministro de Estado presidiera las reuniones como Presidente del Consejo de Ministros, si bien no se le otorgó título formal e independiente. Escudero data la primera reunión del Consejo de Ministros el 15 de febrero de 1824, estando ausente el Rey (pp. 91-92); de las 42 ocasiones en que se reunió el Consejo en 1824, 37 las presidió el Ministro de Estado y tan sólo 5 el Monarca. El decreto de 31 de diciembre de 1824 atribuía al Ministro del Estado reconocimiento formal y expreso de título de Presidente del Consejo, creando la Presidencia del Consejo de Ministros de España.

Las "Notas sobre el Consejo de Estado entre los siglos XVIII y XIX" [aparecidas en Hispania, XXXIV (1974), 609-625] complementan los temas estudiados en páginas anteriores. El Consejo de Estado tuvo dos siglos y medio de existencia sin sobresaltos. Sin embargo, a partir del real decreto de 8 de julio de 1787 se creó, junto con el Consejo de Estado, la Junta Suprema de Estado. Esta Junta se suprimió en 1792, estableciendo el real decreto de 28 de febrero de 1792 que había que "restablecer el exercicio de mi Consejo de Estado" que hacía evidente la inactividad de este Consejo de Estado, siendo asumidas sus funciones por juntas ocasionales; de este modo en el año 1825 se creó la Real Junta Consultiva de Gobierno. El nombramiento de los consejeros correspondía al Monarca, encargándose el secretario de comunicárselo al interesado, debiendo prestar éste juramento de su cargo. El real decreto de 14 de diciembre de 1798 afirmaba de forma rotunda la preeminencia honorífica del Consejo de Estado.

Se completa el tema con las "Consultas al Consejo de Estado: Trámites irregulares en el reinado de Carlos II" (inserto en el Homenaje al Dr. D. Juan Reglà Campistol, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valencia, 1975, I, 661-664). La Administración Central española con la Casa de Austria entró en una crisis durante todo el siglo XVII por las disputas competenciales entre consejos y secretarios reales y las nuevas figuras del Secretario del Despacho Universal, los validos y primeros ministros, así como las juntas especiales. Por otro lado, el Monarca era al mismo tiempo presidente de los Consejos de Estado y Guerra.

En cuanto a "La dimisión del Marqués de Rubí (Consejo de Ministros y Juntas Especiales en el reinado de Carlos III)" [lo publicó Escudero en AHDE, L (1980), 815-831], el real decreto de 8 de julio de 1787 configuró y estableció la Suprema Junta ordinaria y perpetua de Estado, que coexistió con el Consejo de Estado si bien en la práctica lo dejó inactivo. Con este decreto, la Junta atendería a "todos los negocios que puedan causar regla general en cualquiera de los ramos pertenecientes a las siete Secretarías de Estado y del Despacho Universal", así como a las competencias entre esas secretarías y las que hubiere entre los Consejos o juntas supremas y tribunales. En esta Junta Suprema de Estado estaban representados todos los ministros para hacer un plan de gobierno y se configuraría como el primer Consejo de Ministros hasta que se extinguió en 1792. Esta Junta atendería de los asuntos más importantes de la vida pública española entre 1787 a 1792. Pero en esta época se creó, además de la existencia de cada Secretaría del Despacho o el Consejo de Ministros, una junta especial para estudiar y resolver un determinado asunto, si bien posteriormente pasaría a la Junta de Estado. Esta junta especial fue consecuencia de la negativa del Marqués de Rubí, miembro del Consejo de Guerra, de aceptar nombramiento alguno de ser trasladado a Berlín por el monarca Carlos III, haciéndose necesario la constitución de una junta especial en el mes de septiembre de 1788. Para paliar esta crisis política se creó una junta especial que finalmente concluyó que no era necesario crear una regla distinta en la medida en que el supuesto planteado estaba contemplado en las leyes. El informe elaborado por la consulta de esta junta especial se remitió a la Junta Suprema de Estado para que tuvieran conocimiento de ella.

Otra colaboración trata sobre "La creación del Consejo de Portugal", que se puede leer en los Estudios em homenagem aos Profs. doutores M. Paulo Merêa a G. Braga da Cruz, Coimbra, 1983, 1-20. Este Consejo de Portugal, creado por Felipe II y desaparecido al perder este reino, era hasta este trabajo prácticamente desconocido por los historiadores. Se creó el 12 de noviembre de 1582 para asistir a Felipe II cuando el monarca se encontraba fuera de Portugal. Las instrucciones al Consejo de Portugal y a su secretario, ambas de 27 de abril de 1586 fueron la primera y única reglamentación de este organismo y su secretario (p. 132), regulando minuciosamente las reuniones (un mínimo de tres días por semana entre abril y septiembre a las ocho de la mañana y a las nueve entre octubre y marzo). El quorum mínimo sería de tres personas. En el primer día de Consejo de cada semana se trataban las materias de Estado, en el segundo las de hacienda y en el tercero las de "desembarguo do paço e consciencia". Estas reuniones eran secretas y los consejeros no podían aceptar regalos o dinero. Todos los asuntos del reino eran examinados por el Consejo antes de ser conocidos por el monarca y se llevaba un libro-registro del Consejo. Los secretarios estaban regulados por una instrucción distinta de la del Consejo si bien no tenía peculiaridades respecto a las que recibieron otros secretarios de organismos análogos (pp. 133-134), siendo el aspecto fundamental que actuasen con honestidad tanto su persona como sus oficiales, debiendo guardar secreto sobre sus actividades así como realizar su trabajo con rapidez y urgencia.

El siglo XVIII supuso una auténtica transformación en el Estado y en la administración pública. Esta situación ha sido estudiada en "La reconstrucción de la Administración Central en el siglo XVIII" (editada en el tomo XXIX, vol. I, de la Historia de España Menéndez Pidal, dirigida por J. M. Jover Zamora, Madrid, 1985, 81-175). Es la época del reformismo borbónico, de la ilustración europea y de la pérdida de la hegemonía española en Europa. La nobleza ocuparía los más altos cargos en la administración del Estado y los Consejos perdieron el protagonismo político y burocrático, siendo atribuidas a las Secretarías del Despacho que a su vez eran ocupadas por nobles. Se adoptó un modelo de centralización político-administrativa en la figura del Rey. El decreto de 11 de julio de 1705 dividió la Secretaría del Despacho en dos y llevó a cabo un reparto de competencias; el real decreto de 25 de febrero de 1701 estableció el presidente o gobernador, el gran canciller y ocho ministros de capa y espada en el Consejo de Hacienda; el decreto de 10 de abril de 1701 creó en el Consejo de Órdenes un presidente o gobernador, los ministros togados, fiscal, secretario, alguacil mayor, contador mayor y tesorero; el decreto de 6 de marzo extinguía la Junta de Cámara de Indias, fijando la planta del Consejo de Indias en un presidente o gobernador, gran canciller, ocho consejeros togados, dos de capa y espada, un fiscal y dos secretarios. El Consejo de Estado, regulado por las ordenanzas de 27 de junio de 1700, desapareció por real decreto de 29 de marzo de 1702.

A principios del siglo XVIII existían dos secretarías en el Consejo de Estado y otras dos en el de Guerra, si bien mediante dos decretos de 2 de octubre de 1706 se refundieron las dos de cada sección en una sola. Entre otros Consejos, Escudero se centra en una serie de decretos de 10 de noviembre de 1713 que reformaron los Consejos de Castilla, Hacienda, Órdenes e Indias (que despacharon las cuestiones eclesiásticas o generales de Perú y Nueva España de carácter importante) y la Junta Mixta Hacienda-Indias. Con un nuevo decreto de 28 de enero de 1714 se pretendía "que el Consejo de Hacienda tenga la jurisdicción en cuanto a la autoridad e independencia, igualmente omnímoda que el de Castilla", delimitando las funciones del Consejo de Castilla y Hacienda. Este mismo objetivo tenían los decretos de 19 de octubre y 17 de julio de 1714, recogidos ambos en la Novísima Recopilación (II, VIII, 12 y V, V, 3 respectivamente). El primero de ellos volvía a establecer que el Consejo de Órdenes tenía competencias en materias eclesiásticas y temporales relativas a las Órdenes Militares; el segundo reguló la concurrencia de consejeros de Guerra y Justicia en juntas mixtas para tratar de asuntos comunes. Una reforma del Consejo de Guerra tuvo lugar con el decreto de 23 de abril de 1714. Pero esta reforma no duró ni dos años en la medida en que Felipe V propuso una revisión general por decreto de 9 de junio de 1715 (decreto circular para los Consejos), restableciendo el sistema antiguo para estos organismos; el Consejo de Indias fue reformado por un decreto de 5 de agosto y el de Guerra por otro de 23 de agosto. Estas reformas de 1715 finalizaron con el decreto de 28 de diciembre mediante el cual restableció al Consejo de Órdenes a su planta antigua. En todos estos casos se volvió a restituir los Consejos a la situación vigente durante el reinado de Carlos II a fines del XVII (p. 159). Otras reformas posteriores fueron la de las Secretarias del Despacho en 1715 y 1717. El real decreto de 20 de enero de 1717 llevó a cabo una reordenación de los Consejos y sus secretarías por Alberoni, reuniendo todos los Consejos para el despacho en una misma sede, el palacio que habitó la reina María de Austria. En 1773 se atribuyó una nueva planta al Consejo de Guerra por real cédula de 4 de noviembre de 1773, si bien el presidente siguió siendo el monarca. Otras reformas menores tuvieron lugar en los años venideros, destacando la creación del Consejo de Ministros por real decreto de 19 de noviembre de 1823, con antecedentes en el Consejo de Gabinete de Felipe V con sus ministros en 1714 y la Suprema Junta de Estado creada por Carlos III en 1787. Sin embargo, aquel Consejo de Gabinete en realidad nunca funcionó como un Consejo de Ministros, cuyo origen data con el decreto de 8 de julio de 1787 que erigió la Suprema Junta ordinaria y perpetua de Estado. Sería con esta norma cuando pudo realmente hablarse de una reunión institucionalizada y sistemática de todos los ministros y sólo de ellos una vez por semana. Con esta disposición nació el Consejo de Ministros, sancionado luego como tal en 1823 (p. 191). El segundo decreto de 8 de julio de 1787 creó dos ministerios de Indias, uno para Gracia y Justicia y otro para Hacienda, Guerra, Comercio y Navegación. El real decreto de 25 de abril de 1790 suprimió los siete ministerios, así como la Junta Suprema de Estado (mediante decreto de 28 de febrero de 1792), llevándose a cabo de esta forma un reajuste orgánico. Este último decreto de 1792, al mismo tiempo, procedió a restablecer el Consejo de Estado que conocería de todo tipo de asuntos y no sólo de los propios de Estado, asumiendo de este modo una dualidad de competencias ya que coexistieron los consejeros normales con los consejeros-ministros, si bien todos ministros iguales, sin más diferencias que la antigüedad. Godoy, por otro lado, no protagonizó grandes innovaciones en esta materia. El Consejo de Estado, aunque se mantuvo, no era convocado; la planta del Consejo de Guerra fue reformado por cédula de 16 de mayo de 1803 y el Consejo de Hacienda por decreto de 2 de febrero del mismo año. El 19 de marzo de 1812 se crearon los nuevos Ministerios de Gobernación para la península y Gobernación de Ultramar.

Escudero, en otra de sus colaboraciones, estudia la masonería y el Santo Oficio, como es el titulado: "Las Sociedades Secretas ante la Legislación Española del siglo XIX" [publicada en J. A. Ferrer Benimeli (coordinador), Masonería, Política y Sociedad, 2 vols., Zaragoza, 1989; en II, 511-543]. La primera etapa (1751-1834) analiza la represión del Santo Oficio. El decreto de 2 de julio de 1751 perseguía la masonería por atentar contra la seguridad del Estado. La Constitución de Cádiz de 1812 reconoció como única religión verdadera de la Nación española la católica, condenando implícitamente la masonería; normas parecidas se reiterarían en los años siguientes en el mismo Código Penal de 1822 que prohibía las asociaciones que no tuvieran la autorización del poder público. La Inquisición se suprimió por decreto de Fernando VII de 9 de marzo de 1820, siendo nuevamente restablecida en 1823 y abolida definitivamente por decreto de 15 de julio de 1834. La real orden de 11 de marzo, las reales cédulas de 1 de mayo y de 1 de agosto, así como la real orden de 9 de octubre, todas ellas de 1824, condenaron o prohibieron la masonería. En el período comprendido entre 1834 y 1868, se inició un período de amnistía y represión mitigada para las sociedades secretas (real decreto de 26 de abril de 1834). Con la regulación del Código Penal de 1848 también se pudo considerar que el artículo 202 castigaba, aunque no se mencionara expresamente, la masonería como sociedad secreta. La tercera etapa abarcaría desde 1868 a 1887. Se reconoció el derecho de asociación por decreto-ley de 20 de noviembre de 1868 que siguió prohibiendo las asociaciones que no se sometieran a la autoridad establecida (art. 4). La Constitución de 1869 reconoció el derecho de asociación siempre que "no sean contrarios a la moral pública" (art. 17), lo que motivó un auge de las sociedades masónicas. La Constitución de 1876 en su art. 11 respetaba cualquier culto y opiniones religiosas, si bien el único culto permitido era en ese momento el católico. En la cuarta etapa (1887-1900) se promulgó la ley de asociaciones de 30 de junio de 1887. Toda esta regulación facilitó al menos que los masones fueran inscribiéndose como sociedades humanitarias, benéficas o científicas y estuviesen legalizados.

De breves páginas es el tema de "El Ministerio de Hacienda y la Reforma de Soler (1800)", recogido en el Homenaje a Ismael Sánchez Bella, Pamplona, 1992, 231-237, que analiza el plan propuesto al monarca por Soler el 25 de enero de 1800 para reformar el Ministerio de Hacienda. Aprovechamos para resaltar que el libro que estamos recensionando se dedica a Sánchez Bella, a quien Escudero califica como su maestro.

Otro tema tratado es el de las Reales Academias Española, de la Historia, de Ciencias, de Bellas Artes, Jurídicas con el título de "Las Reales Academias y su protocolo" (editado en Ponencias del I Congreso Internacional de Protocolo, Oviedo, 1995, 103-117). El nacimiento de las Reales Academias tuvo su origen en la Ilustración. La Real Academia Española se creó por real cédula de 3 de octubre de 1714, que establecía que estuviese integrada por 24 académicos y un Director elegido cada año, con la finalidad de promover la lengua castellana. La Real Academia de la Historia nació en 1735 entre un grupo de amigos eruditos, si bien sería en 1738 cuando obtuvo la concesión del título de Academia de la Historia por Felipe V, aprobándose sus estatutos. Entre sus objetivos estaba hallar la verdad de los sucesos. Estaba compuesta de 24 académicos, con otros 24 supernumerarios que les sustituían y un número indeterminado de honorarios. La Academia de Ciencias nació con la finalidad de intercambiar experiencias en Medicina y otras ciencias conexas, como la botánica, la química y otras ciencias. Entre la más destacada se encontraba la Regia Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla que en 1830 recibió el nombre de Real Academia de Sevilla. En otras ciudades, como Barcelona y Madrid se intentó seguir el ejemplo sevillano. No menos importancia tuvieron las Academias de Bellas Artes. En 1752 se creo la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Las Academias Jurídicas nacieron con el propósito de estudiar el Derecho nacional, con el intento de superar el Derecho romano. Surgieron así distintas instituciones y sociedades sabias como la Real Academia de Santa Bárbara (1730), o la Academia de Derecho Civil y Canónico de la Purísima Concepción. Todas esas Academias crearían la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación, llamada a partir de 1882 Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y dedicada al "estudio teórico y práctico de estas ciencias", según sus Constituciones.

La Corte de Valladolid será estudiada en otro de sus trabajos de investigación: "El traslado de la Corte a Valladolid"; "Los poderes de Lerma" (que apareció en Estudios Jurídicos en homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Madrid, 1996, vol. IV, 4161-4179). Carlos V se encargaría de los primeros traslados de la Corte a Valladolid, si bien no sería hasta el reinado de Felipe III cuando se trasladó definitivamente a esta ciudad en el período comprendido entre enero de 1601 (publicado por orden de 10 de enero de ese mismo año) hasta 1606.

Personajes tan ilustres como el conde de Lerma también circulan por sus páginas: "Los poderes de Lerma" (publicado en Homenaje al Profesor Alfonso García-Gallo, Madrid, 1996, tomo II, vol. 1, 47-103). El mismo día en que fallecía Felipe II, el 13 de septiembre de 1598, Francisco de Sandoval y Rojas, quinto marqués de Denia y cuarto conde de Lerma, se convirtió en valido (privado) del nuevo monarca. Felipe III dictó una orden en septiembre de 1598 (su primer acto como rey), por la cual la firma de Lerma valdría tanto como la firma del rey, siendo destituido de sus funciones en marzo de 1618. Falleció en Valladolid el 17 de mayo de 1625.

Otro de los trabajos trata sobre el "Estudio introductorio a la Teoría de las Cortes de Francisco Martínez Marina" (que apareció en el vol. I, XV-CLXXX, de la edición de la Teoría de las Cortes de la Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 1996). Francisco Martínez Marina (eclesiástico, teólogo, político, intelectual e investigador que luchó por acabar con el Antiguo Régimen) nació el 10 de mayo de 1754 en Oviedo, falleciendo el 25 de julio de 1833. Una de sus obras fundamentales fue la que aquí se estudia: su Teoría de las Cortes o grandes juntas nacionales de los reinos de León y Castilla (publicada en 1814 con fecha de 1813, con 45 capítulos). Perteneció a la Real Academia de la Historia y fue director de la misma en 1801 y por segunda vez en 1816, ingresando en la Real Academia Española el 9 de mayo de 1797. Martínez Marina consideró conveniente la creación de un código que recopilase las leyes y normas existentes en materia civil: un código civil que no fuera una mera recopilación sino una obra de carácter ex novo. En cuanto a los oficios públicos, a juicio de Marina, no debían ser cargos vitalicios, siendo convenientes reducir el número de empleados. Entendía que la agricultura representaba la mayor riqueza de España y que la Nación, como soberana, concebía el absolutismo como negativo. Pero no existió una soberanía única e indivisible, pues cada ciudad tenía "la porción de la soberanía que les compete", ni perpetua, inalienable o ilimitada. Existió, por otro lado, un pacto entre rey y reino ("pacto político o social"), que en ningún caso debía ser transgredido. Marina distinguió un poder ejecutivo, legislativo, judicial y subventivo. El autor estudiado tuvo como principal objetivo establecer el control del poder ejecutivo para evitar el despotismo. El legislativo lo consideraba compartido entre el reino, a través de las juntas o Cortes, y el rey. En este mismo sentido desvinculó la justicia del rey o monarca. Y distinguió un poder subventivo que era aquella facultad que el Estado tenía para establecer impuestos. Estos cuatro poderes se encontraban separados y divididos entre las Cortes (legislativo y subventivo) y el rey (ejecutivo y judicial). Marina consideró conveniente un Senado como cuerpo intermediario entre los poderes legislativos y ejecutivo. Este planteamiento es criticado por Escudero por simplista y no concordar con la división de poderes, sino con un estado mixto o constitución mixta, así como las tesis jovellanistas de la soberanía compartida (p. 426). Martínez Marina valoró los concilios, curias y Cortes como fases distintas tendentes a un mismo objetivo y con la finalidad de controlar la tiranía de los reyes. Los parlamentos controlaban el poder del rey, no limitándose a la función del consejo. Para este autor el poder legislativo perteneció preferentemente a las Cortes pero estaría compartido con el rey, siendo en las Cortes generales donde debían dictarse las leyes (cap. XVII de la Teoría). La Teoría de las Cortes fue denunciada ante el gobierno el mismo año de su publicación por atentar contra el poder real ante el Consejo de Castilla y ante la Inquisición (en ambos casos la denuncia se paralizó y no llegó a dictarse sentencia). Elena Martínez Barrios hizo una serie de observaciones a este trabajo de Escudero publicadas en la "Revista de Historia del Derecho" de Buenos Aires, 25 (1997), pp. 642-645 en la que señala que existen algunas erratas de imprenta y textos añadidos al original, sin agudeza crítica y se desconoce el catalán; otras apreciaciones críticas parcialmente distintas aparecieron en la "Revista de las Cortes Generales", 43 (1998), pp. 435-438, también de la mano de la Srta. Martínez Barrios.

Sobre los órganos que auxiliaron y aconsejaron al rey también ha escrito en "El Consejo de Cámara de Castilla y la Reforma de 1588" (publicado en el AHDE, LXVII (1997), II, 925-941). Esta institución del Consejo de la Cámara de Castilla tuvo su origen en el Consejo de Castilla medieval y se pudo crear aproximadamente, si bien se desconoce la fecha exacta, en el año 1518 (pp. 468 y ss.), consolidándose con la reforma del año 1588. El Consejo de Cámara estaba compuesto por miembros del Consejo de Castilla, constituyéndose de esta forma como un grupo especializado de este Consejo de Castilla. La reforma por orden o instrucción de 6 de enero de 1588 se centró en que el presidente del Consejo Real, con derecho a voto, presidiera también la Cámara o el Consejo de Cámara y en desdoblar la única secretaría existente (la Secretaría de Cámara) en tres: la de Cámara, la de Justicia y la de Patronazgo. Este Consejo de Cámara en fechas posteriores se denominaría Consejo de Estado y Cámara de Castilla.

Otro aspecto de la Corte de Valladolid se estudia en el artículo titulado: "La Corte de España en Valladolid; los Consejos de la Monarquía a principios del siglo XVII" (inédito). En el año 1601 se trasladó la Corte desde Madrid a Valladolid hasta el año 1606. El Tribunal de la Inquisición y la Chancillería fueron situados en Medina del Campo. Esta última institución más tarde pasaría a Burgos.

En la sección dedicada a las conferencias, comentarios bibliográficos y varios recoge otras colaboraciones, como la titulada "Rey, ministros y grupos políticos en la España de los Austrias" (que apareció como Lección solemne de Apertura de Curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, leída en el Paraninfo de Las Llamas el 2 de julio de 1979, Pub. Universidad Menéndez Pelayo, Santander, 1979).

Escudero vuelve a plantear el tema de la "Teoría de las Cortes de Francisco Martínez Marina" para presentar su libro sobre este constitucionalista (Conferencia pronunciada el 16 de diciembre de 1996 en la Junta General del Principado de Asturias que le permite hacer una síntesis grandiosa de la vida de este autor.

En las pp. 535-582 se recogen algunas recensiones o comentarios bibliográficos de Escudero sobre otros autores y temas muy diversos.

En la última sección de este libro se recopilan trabajos tan diversos como "Consideraciones sobre la historia del Derecho penal" (que apareció en la voz Derecho Penal, de la Gran Enciclopedia Rialp, "Un Proyecto de Estado en el siglo XVI y la cuestión indiana" (intervención del autor, glosando la ponencia del Dr. Pereña, en el coloquio Posibilidades y límites de una historiografía nacional, Pub. de la Görres-Gesellschaft, Madrid, 1984, 113-120), que analiza el proyecto de Estado para el mundo americano, si bien no resalta la organización política de los territorios de ultramar. En definitiva, estudia la legitimidad de la presencia española en Indias. Centrándose más en el proyecto de Estado para España de Carlos V, se pretendió institucionalizar la monarquía, estructurando el gobierno en forma distinta a los reinos estableciendo sus órganos propios, fundamentalmente el Consejo, la cancillería y los secretarios del rey.

Más curioso es el título "Sobre los Cuentos de Grimm y otros cuentos" aparecido en Ius Fugit, vol. 3-4 (1994-95), Zaragoza, 1996, 469-483, sobre todo por lo que dice de Otero Varela; "Cinco siglos de cárceles", publicado como presentación al número monográfico de Historia-16, Extra VII (octubre, 1978), 5-10, analizando los distintos tipos de cárceles existentes en España (galeras, prisión por deudas, los trabajos de las "casas de trabajo" o "casas de corrección", etc.).

Otro personaje por el que se ha deslizado la pluma de Escudero ha sido "Don Juan José de Austria frente al Padre Nithard" [que apareció por primera vez en Historia-16, n.0 121 (mayo, 1986), 71-74].

"El destierro de un Primer Ministro (Notas sobre la expulsión de Valenzuela a Filipinas)" será uno más de los trabajos inéditos y el último publicado en esta recopilación. Valenzuela fue destituido por decreto de 27 de enero de 1767 y desterrado a Filipinas.

La mencionada recopilación selectiva de las publicaciones de José Antonio Escudero se caracteriza por su homogeneidad en las cuestiones tratadas y analizar los datos de forma contrastada con las fuentes. Estudia el período comprendido entre 1460-1900 en temas tan diversos como la Administración Central Austro-alemana, la Borbónica, el Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, las Reales Academias, el Consejo de Cámara de Castilla, entre otros. Su lenguaje ameno a la par que su rigor metodológico despiertan el interés por la Administración Central española desde mediados del siglo XV, consagrando a Escudero López como uno de los tres más sólidos estudiosos europeos del pasado siglo XX por lo que al análisis de la Historia del Estado y de la Administración moderna se refiere.

Guillermo Hierrezuelo Conde

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