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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.22 Valparaíso  2000

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552000002200040 

Estrada Sánchez, Manuel, El significado político de la legislación electoral en la España de Isabel II, Santander, 1999, 144 págs.

Entre las normas legislativas existentes en la España isabelina destacaron las referentes al sufragio. A esta cuestión se referían las leyes electorales de julio de 1837, marzo de 1846 y julio de 1865, así como dos R. D., uno de mayo de 1834 y otro de 1836, del mismo mes de mayo y aún otro más de agosto. Otras normas, por el contrario, no llegaron a aprobarse como los proyectos de 1835 y 1836 o la Ley de 1856.

Con la muerte de Fernando VII se inició una etapa de cambios políticos. La primera vez que en este período isabelino se convocaron las Cortes, tuvo como resultado un R. D. de carácter provisional, de 20 de mayo de 1834, que daría lugar al Decreto de 9 de noviembre de 1868, que venía a reconocer el sufragio universal. Pero en esta etapa sólo se reconoció un sufragio muy limitado personal y territorialmente y de carácter indirecto. Los proyectos electorales de 1835 y 1836 pusieron de manifiesto las disputas entre los doceañistas y el partido moderado. Fruto de ello fue el R. D. de 24 de mayo de 1836, que proclamó las primeras elecciones con sufragio directo. Con la llegada al gobierno de Mendizábal en 1835 se adoptaron todas las medidas para acabar con la vigencia del R. D. de 20 de mayo de 1834 y elaborar así una ley de elecciones. Con esa finalidad, se prepararon dos proyectos: uno abogaba por el modelo directo, postura mantenida por el gobierno, y otro, la minoría, el indirecto. También se propuso uno mixto, pero finalmente este proyecto no salió adelante como consecuencia de la discusión tan enconada sobre la cuestión de las capacidades necesarias para ejercitar el derecho al sufragio, ya que la oposición exigía que se estableciera un mínimo de renta. Tras el rechazo del sistema plurinominal tuvo lugar la disolución de la Cámara. Entre las principales causas de este fracaso caben citar la ignorancia del estamento eclesiástico y proletario, así como las ideas progresistas y liberales de Mendizábal. Tras las elecciones de 1836 Mendizábal consiguió un amplio respaldo, siendo uno de los principales objetivos elaborar una norma electoral con carácter definitivo, que alcanzó como fruto el R. D. de 24 de mayo de 1836. En el mismo se adoptó un modelo electivo de carácter directo, atendiendo a una proporcionalidad de 1/50.000, y en dos vueltas. También se aprobó el método plurinominal, eligiendo 258 diputados.

El R. D. de 13 de agosto de 1836 convocó a Cortes e introdujo reformas como la relación diputado-habitante del 1/50.000, con un total de 241 miembros en la Cámara. Se estableció además un sufragio universal indirecto. La ley electoral de 20 de julio de 1837 asumió el R. D. de mayo de 1836 en la mayoría de sus términos, reconociendo además este derecho de sufragio masculino a quienes poseyeran una renta líquida anual no inferior a los 1.500 reales. Pero la gran innovación fue conceder, además de otros supuestos, el citado derecho a los labradores que contasen con una yunta propia y destinada en exclusividad a cultivar las tierras de su propiedad. Por otro lado, fue problemático el acceso de los empleados públicos al voto, que podía suponer una influencia sobre el Gobierno. Esto aumentó considerablemente el número de electores, al basarse fundamentalmente en la propiedad como circunstancia que concedía el derecho electoral.

El distrito uninominal y la reducción de la base electoral fueron algunos de los cambios introducidos por ley de 18 de marzo de 1846, de carácter moderado y que sustituía a la de 1837. En la de 1846 se establecieron 349 diputados. Además volvió a reconocer la exigencia de un mínimo de renta para pertenecer a la Cámara en una cuantía de 12.000 reales, así como 1.000 reales por contribución directa, quedando reducidos los posibles votantes a unos 84.000 sujetos. Más tarde se elaboró el proyecto Escosura de 1856, que se quedaría en mera propuesta. Con la ley de 18 de julio de 1865 se amplió el número de personas con capacidad para ejercer el derecho electoral (unos 60.000), si bien se recuperaron las circunscripciones plurinominales.

En las últimas páginas Estrada recoge los RR.DD. analizados (pp. 81-134), así como las fuentes consultadas (pp. 135-136) y la bibliografía (137-140). Toda esta regulación ofrece un amplio abanico de la situación política de la época y una visión de las normas en materia de sufragio, haciendo un análisis comparativo de la regulación de las distintas normas jurídicas lo que le permite al profesor titular de la Universidad de Cantabria hacer una valoración crítica de todo ese marco legislativo. Manuel Estrada es un aventajado y fiel discípulo de Juan Baró Pazos, de la Escuela de historiadores del Derecho generada en Cantabria sin concomitancia por Gonzalo Martínez Díez y Rogelio Pérez Bustamante.

Guillermo Hierrezuelo Conde

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