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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.22 Valparaíso  2000

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552000002200045 

Gómez-Rivero, Ricardo, El Tribunal del jurado en Albacete (1888-1936), Albacete, 1999, 280 págs.

Esta institución apareció reconocida por primera vez en España en el artículo 106 del Estatuto de Bayona de 1808 al disponer que en las primeras Cortes que se celebrasen se trataría si se establecía o no el juicio por jurados. Unos años más tarde en el artículo 302 de la Constitución de Cádiz de 1812 se determinó una disposición similar. No sería, sin embargo, hasta la ley de imprenta de 22 de octubre de 1820 cuando se regulase esta institución. En la Constitución de 1837 se hacía la misma promesa que en el Estatuto de Bayona pero tampoco se cumplió; será por primera vez en la Constitución de 1869 donde se prometió y cumpliría esa promesa si bien referida a los delitos políticos y aquellos de los comunes que determinase la ley. Esa promesa sería contemplada en los artículos 658 a 785 de la Ley provisional de Enjuiciamiento Criminal de 22 de diciembre de 1872. El decreto de 3 de enero de 1875 suspendía el jurado por retrasar la administración de justicia y la reacción contraria de los ciudadanos a cumplir con esta obligación. La Constitución de 1876 y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 no hacían referencia a la institución del jurado. El 20 de abril de 1888 se promulgó la Ley del jurado que permanecería en vigor durante treinta y cinco años hasta el Real Decreto del Directorio militar de 21 de septiembre de 1923. Según esta Ley, el tribunal del jurado se compondría de doce jurados de hecho y de tres magistrados o jueces de derecho (art. 1); para ser juez de hecho era necesario ser mayor de treinta años, tener pleno goce de los derechos civiles y políticos, saber leer y escribir y ser cabeza de familia y vecino en el término municipal respectivo, con cuatro años como mínimo de residencia en el mismo, si bien los que no fueran cabezas de familia también podían ser jurados reuniendo determinados requisitos; en ningún caso podían ejercer esta función las mujeres.

Sobre el funcionamiento del jurado de Albacete en el último decenio del siglo XIX extrae Gómez-Rivero las siguientes conclusiones (pp. 14 y ss.): que muchos jurados carecían de instrucción alguna, siendo precisamente los más instruidos los que menos deseaban participar en los tribunales de jurados; se abusaba del derecho a recusar sin causa; no se ocupan del conocimiento de algunos delitos de escasa cuantía o que no causaban alarma social; se rechazó la culpabilidad de los reos en determinados delitos a pesar de constatarse la misma como el caso de procesados de escasa significación o en delitos de imprenta. En el período 1890-1900 el tribunal del jurado de Albacete dictó un total de 290 sentencias. Los veredictos emitidos fueron 157 de culpabilidad, 113 de inculpabilidad y 20 de culpabilidad parcial (p. 22). El autor comenta casos tan insignificantes como el de una gallina que valía una peseta y 15 céntimos, el de dos pavos valorados en menos de diez pesetas, el de un poco de esparto apreciado en tres pesetas o el de unas uvas; el robo de gallinas era un delito muy común en la provincia de Albacete a fines del siglo XIX. Se observa que el jurado en los primeros años de funcionamiento era inflexible en los casos de robo aunque fuesen irrelevantes, si bien en los años siguientes prevalecería la inculpabilidad aun cuando los acusados confesasen la culpabilidad, hasta el punto que en ocasiones se castigaba más severamente los delitos contra la propiedad que los delitos de sangre, estafa, atentados o detenciones arbitrarias. Era frecuente el caso del reo que pretendía coaccionar a los jurados. El juzgado de Alcaraz conocería de un delito de allanamiento de morada y otro de tentativa de violación cometidos por Salvador Cano López, herrero y vecino de Bogarra, el 15 de julio de 1891, siendo enjuiciados severamente por el jurado (p. 30). Se conocieron asuntos de poco relieve como el robo de dos pavos en 1891 valorados en ocho pesetas, ascendiendo los gastos del juicio a 576 pesetas. La práctica era que en cuantía inferior a 250 pesetas, el jurado no solía declarar culpable al procesado (p. 31). En el año 1892 para los delitos contra las personas las penas eran de escasa entidad, salvo que los acusados fuesen criminales reincidentes, actuando con severidad en los delitos contra la propiedad cometidos con violencia o intimidación en las personas causando uno o más homicidios; en este año el jurado conoció de 44 causas. Especial difusión tuvo el caso de Jesús Arenas Rosanes, de 28 años, periodista que publicó frases ofensivas contra la persona del delegado de Hacienda en Albacete en un artículo, siendo finalmente absuelto (pp. 32-33). De mayor gravedad fue el caso del doble homicidio perpetrado el 8 de septiembre de 1891 por Diego Ramón Amador Torres y sus hijos Antonio, Luis y José en una reyerta gitana; todos ellos condenados por un doble delito de homicidio (pp. 33-35).

En 1893 se resolvieron 26 procesos, siendo 21 sentencias condenatorias y 5 absolutorias; la mitad de las causas fueron por delito de homicidio y en segundo lugar el robo con seis juicios celebrados por jurados. De 1894 comenta Gómez Rivero la existencia de 24 sentencias condenatorias y 15 absolutorias (la mayoría de ellas sobre robo, homicidio o asesinato); el jurado juzgará por vez primera dos delitos de infanticidio, absolviendo en ambos casos a la procesada. En otra ocasión se tuvo conocimiento de un delito de malversación de fondos públicos, siendo finalmente absuelto el procesado en sentencia de 21 de junio de 1894. En 1895 se dictaron 21 sentencias condenatorias frente a 15 absolutorias. Hubo quince causas de homicidio y en casi la mitad de ellas recayó sentencia absolutoria; otras 10 fueron de robo. En dos casos de homicidio, a pesar de quedar probados los hechos, fueron absueltos por inculpabilidad (pp. 44 y ss.). Otro caso se planteó por un delito complejo de robo con resultado de dos homicidios y lesiones menos graves cometidos el 27 de noviembre de 1894. El veredicto del jurado de 14 de junio de 1895 fue de pena de muerte. El año siguiente se caracterizó por un jurado carente de adecuada instrucción, favoreciéndose al reo en los delitos contra las personas y siendo muy severos en los delitos contra la propiedad cuando existía violencia o intimidación.

En el período 1900-1909 recayeron 228 sentencias, con 99 veredictos de culpabilidad, 121 de inculpabilidad y 8 de culpabilidad parcial (p. 63), aunque sin tener en cuenta las de los años 1904 y 1908. En este período se seguía negando la culpabilidad de los reos en determinados delitos, tales como falsedad, falsificación, malversación de caudales públicos, los cometidos por medio de imprenta y la imprudencia punible, así como los delitos contra las personas, como el infanticidio y algunos delitos contra la honestidad como el rapto o la violación; en cambio actúa con severidad en los delitos contra la propiedad cometidos con violencia o intimidación en las personas, que ocasionasen homicidio. En el año 1900 se conocerán cuatro causas por malversación de caudales públicos y en todas ellas el veredicto sería de culpabilidad; se vieron tres asuntos de robo con violencia en las personas con resultado de muerte o lesiones juzgándose severamente. En el año 1901 se conoció sobre la causa de asesinato de Adolfo Abellán, cometido en la localidad de Ontur. Eran varios los procesados, si bien todos ellos fueron absueltos. En este mismo año se examinó una de las poquísimas causas sobre expedición de moneda falsa en las que el jurado dictó veredicto de culpabilidad en la sentencia de 11 de noviembre de 1901. En la primera década de 1900 en algunos delitos contra la honestidad como la violación y el rapto se actuaba con benignidad; en cambio en otros, como los abusos deshonestos, sería muy contundente.

En el período del Directorio militar el decreto de 21 de septiembre de 1923 suspendió el juicio por jurados en España. El 14 de abril de 1931 se proclamó la II República española y dos semanas más tarde un decreto restableció el jurado conforme a la ley de 20 de abril de 1888, aunque con notables reformas. Se excluyeron del jurado los delitos de falsificación, falsedad y duelo (art. 2); el número de jueces de hecho fue reducido a ocho (art. 3); ya no serían preguntados los jurados sobre la culpabilidad de los procesados, sino sobre su participación en la ejecución de los hechos (art. 7); la recusación sin causa se limitó a dos por cada una de las partes (art. 8); se elevaron las sanciones para los casos de inasistencia (art. 60) y la mujer formaría parte del jurado cuando se enjuiciasen determinados delitos (como el parricidio, asesinato, homicidio o lesiones, siempre que el móvil pasional fuesen los celos, el amor, la fidelidad o cualquier otro aspecto de las relaciones sexuales). Un decreto de 22 de septiembre del mismo año redujo las competencias del jurado y declaraba excluidos del mismo los delitos del robo con violencia sobre las cosas y de imprudencia punible. La Constitución republicana, aprobada meses después, se refería a la institución del jurado en dos artículos: el 103 al expresar que el pueblo participaría en la administración de justicia a través del jurado, cuya organización y funcionamiento se regularía por una ley especial y el art. 99.1, que confiaba a un jurado especial la exigencia de responsabilidad civil y criminal en que pudieran incurrir los jueces y fiscales cuando ejercieran sus funciones o con ocasión de ellas. En el período comprendido desde 1931 hasta 1935 Gómez-Rivero señala que en la Audiencia Territorial de Albacete se conocieron un total de 86 causas, recayendo 37 veredictos de inculpabilidad y 49 de culpabilidad. En estos cinco años el jurado se pronunció sobre delitos de abusos deshonestos, allanamiento de morada, asesinato, cohecho, corrupción de menores, detención ilegal, homicidio, hurto, incendio, infanticidio; también sobre otras cuestiones como infracción de deberes constitucionales, lesiones, malversación de fondos, parricidio, rapto, robo, sedición, tenencia de sustancias explosivas y violación. El primer caso planteado fue una causa de rapto instruida por el juzgado de Hellín, siendo condenado a la pena de un año, ocho meses y veintiún días de prisión correccional. En este año 1931 se vieron otras seis causas: cohecho, violación, corrupción de menores, incendio, asesinato y lesiones, tentativas de homicidio y uso de armas sin licencia. En el año 1932 el jurado conoció de 23 causas: doce de ellas con veredicto de culpabilidad y once de inculpabilidad. El delito de sedición se planteó en tres ocasiones y en todas con veredicto de inculpabilidad. En este mismo se planteó un caso de infanticidio siendo el veredicto de inculpabilidad (absolución), siguiendo la tónica desde que se creó el jurado para todas las causas de infanticidio. En 1933 se le plantearon trece veredictos de culpabilidad y once de inculpabilidad. En este año el delito de sedición, entre otros, dejó de ser competencia del tribunal del jurado ya que sobre las cuatro causas de sedición que hubo entre 1931-1933 recayó veredicto de inculpabilidad. Una ley de 27 de julio de 1933 excluyó del conocimiento del jurado los siguientes delitos: delitos contra las Cortes y sus individuos y contra el Consejo de Ministros; delitos contra la forma de Gobierno; delitos de rebelión y sedición y delitos de asesinato, homicidio, lesiones e incendios cometidos con móviles terroristas; robos llevados a cabo con violencia o intimidación en las personas y los delitos definidos y penados en la denominada ley de explosivos de 10 de julio de 1894.

El año 1934 únicamente reunió al jurado en once ocasiones; en nueve de ellos reinó la inculpabilidad y dos la culpabilidad. Al año siguiente, los veredictos de inculpabilidad (catorce) duplicaron los de culpabilidad (siete); los delitos más conocidos por el jurado fueron homicidio (siete) y violación (cinco). Hubo cuatro causas de malversación de fondos y dos de infanticidio, en todos los casos con veredicto de inculpabilidad.

El decreto de 23 de agosto de 1936 creó en Madrid un Tribunal Especial encargado de juzgar los delitos de rebelión, sedición y aquellos delitos contra la seguridad exterior del Estado. Este Tribunal estaba integrado por tres jueces de derecho y catorce jueces de hecho (art. 1). Los miembros del jurado fueron designados por los partidos integrantes del Frente Popular y "las organizaciones sindicales afectas al mismo" (art. 2). En cuanto a los jueces de derecho, su nombramiento correspondía al ministro de Justicia, actuando de presidente del Tribunal el funcionario judicial que tuviera mayor categoría.

Además en esta obra de Gómez-Rivero se recogen unos anexos sobre el jurado en la prensa albacetense (pp. 104-114), así como las sentencias del tribunal del jurado analizadas en el 1889-1920 (en las pp. 115-144). Se reproducen, de igual modo, sentencias de la audiencia provincial de Albacete (en las pp. 145-159) bajo la II República. En las pp. 161-276 se hace un resumen de las causas vistas ante el tribunal del jurado en los años 1889 a 1936.

La valoración que ha de hacerse de esta obra ha de ser necesariamente positiva, en la medida en que recopila la jurisprudencia existente en la Audiencia provincia de Albacete en el período comprendido entre 1888 y 1936, haciendo un estudio detallado y crítico de todas las sentencias. Ello hace posible un análisis comprensivo y comparativo de esta etapa y de esta institución hoy día tan desconocida incluso a nivel español. Gómez-Rivero, como en más de una ocasión han recordado los profesores Escudero López y Fernando Betancourt, es un trabajador infatigable, un investigador tenaz, uno de los más serios estudiosos (s ino el primero y principal) en nuestros días de las Instituciones históricas político-administrativas de Euskadi. Lamentablemente Gómez-Rivero no comparte los planteamientos nacionalistas de la gran patria vasca, el hogar común de todos los euskaldunes, lo que para muchos es sin duda un timbre de gloria, pero para otros, con posiciones no tan conservadoras como las de Gómez-Rivero, no deja de ser un lastre político y lo que es más grave, para la propia labor investigadora que no puede ser completa desprovista de un alma vasca que late en todas sus instituciones, con ese aroma tan peculiar a fueros, a incienso y sacristía que supo conferirle don Sabino Arana Goiri.

Guillermo Hierrezuelo Conde

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