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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.22 Valparaíso  2000

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552000002200051 

López-Barajas Mira, Mª. Rosa, Separatio bonorum, Granada, 1995, 305 págs.

La separatio bonorum ("separación de patrimonios") ha sido definida por López-Barajas como "el beneficio que, en caso de venta de los bienes del heredero-deudor, se concede a los acreedores del causante a fin de que puedan separar y reservar para sí el patrimonio hereditario, evitando que a la venta del mismo puedan concurrir los acreedores del heredero y manteniendo así intacta la garantía patrimonial que aquél suponía" (p. 7). En la regulación actual del Código Civil español no se contempla esta institución. En virtud de la misma, el heredero adquiría la titularidad del patrimonio hereditario (ya fuesen derechos como obligaciones del causante), teniendo lugar la confusión hereditaria. En definitiva, el heredero respondía con su propio patrimonio de las deudas del difunto, incluso de las que hubieran nacido como consecuencia de la misma sucesión (legados, gastos funerarios, etc.).

Esta institución conocida como la separatio bonorum tenía su fundamento en la existencia de una masa perteneciente al heredero y otra al causante que debían ser consideradas como distintas, si bien pertenecientes a un solo titular. La finalidad de la misma era conceder preferencia a unos acreedores del causante frente a otros. Con el transcurrir del tiempo se extenderá su aplicación a la separación de los bienes del esclavo instituido como heres necessarius. Algunas instituciones no son en realidad casos de separación como la bonorum venditio o la separación del heres necessarius.

Esta institución estaba regulada en D. 42,6 (De separationibus), así como en el 7,72. En cuanto a la separatio bonorum del heres necessarius (separación del heredero necesario) se contemplaba en D. 42,6,1,18, Gayo en 2,155 y Ulpiano en D. 4,4,7,5. El D. 42,6,1,16 recopiló las relaciones entre aquellos acreedores que habían pedido la separación y quienes no habían hecho esta solicitud. En realidad, no existe fecha aproximada del nacimiento de esta institución, si bien López-Barajas la ubica a finales del siglo II a.C. o en el I a.C. (p. 67).

El capítulo III estudia la relación de esta institución con otras paralelas. Se crearon una serie de instituciones jurídicas en las épocas pretoriana e imperial con la finalidad de limitar la responsabilidad del heredero en el hipotético caso de una herencia con más pasivo que activo: el beneficium abstinendi; la separación a favor del heres necessarius, es decir, el esclavo instituido heredero cum libertate y que a la muerte del testador conseguía la libertad y se convertía en heredero sin que los demás acreedores pudieran dirigirse contra él (beneficium separationis); el beneficio de inventario (beneficium inventarii); así como la restitutio in integrum prevista para el menor de edad. Algunas de ellas incluso tuvieron su origen en la propia voluntad de los particulares (formas convencionales): el pactum quo minus solvatur o el aditio mandato creditorum (mandato de adir). En cuanto al beneficio de separación (pp. 71-88), Mª. Rosa López-Barajas comparte la opinión de que es "una verdadera separación de patrimonios, creada por el pretor incluyendo en el edicto [...] el supuesto del esclavo instituido heredero necesario" (p. 85). También ha planteado ciertos problemas la satisdatio suspecti heredis, referente a la caución que se le podía exigir al heredero por sospecharse de su solvencia, recayendo la prueba de la misma sobre el acreedor. En caso de que no se pudiera probar tal circunstancia el heredero podía ejercitar la acción de injurias (D. 42,5,31,5). Se le eximía, por otro lado, de tal caución en caso de que hubiera transcurrido un tiempo prudencial tras la adición de la herencia, que eliminase todo temor o sospecha de los acreedores. No se exigiría en ningún caso esta caución por la simple condición de pobre, de forma que si no había realizado ningún acto para disminuir el patrimonio quedaría exento de toda sospecha. Cualquier enajenación, tras la prohibición del Pretor, con la finalidad de disminuir el patrimonio no surtiría efecto alguno y el adquirente de mala fe no podría usucapir (D. 41,4,7,5). La falta injustificada de caución daría lugar a que los acreedores adquiriesen la posesión y pudieran proceder posteriormente a la venta los bienes (D. 42,5,31,3). La finalidad del beneficium abstinendi (pp. 103-107) era, en palabras de Baviera, "proteger al heredero de las consecuencias de una hereditas damnosa, declarándolo como no responsable de las deudas de la misma" (p. 104). Mª Rosa López-Barajas comparte la opinión de que en el beneficio de inventario no era necesaria la separación (p. 107).

El capítulo IV analiza el tema de la "Legitimación para pedir la separatio bonorum" (pp. 111-164). La activa corresponde, en este orden subsidiario, en primer lugar a los acreedores del causante que lo eran al momento de su fallecimiento, si bien Ulpiano en el D. 50,16, 10 (libro VI ad Edictum) habla de acreedores en general. Además, están legitimados, en segundo lugar, los acreedores a término o bajo condición; así como los acreedores naturales (aquél que es acreedor como consecuencia de una obligación natural como la que nacía entre el paterfamilias y los hijos o entre el dominus y el esclavo), si bien para éstos no existió realmente un derecho de separación; e igualmente los acreedores hipotecarios; los acreedores del peculio castrense; el acreedor cuyo deudor quedó heredero del fiador; los legatarios, una vez satisfechos los acreedores; el coheredero acreedor del fallecido; el heredero instituido como fiduciario cuya obligación consistía en restituir la herencia en su integridad; también podía solicitar la separación (si bien según la autora se trataría más bien de una revocación) el patrono que sucedía a la liberta instituida heredera de un causante poco solvente, que aceptó la herencia de forma imprudente; los acreedores del heredero, etc.

El capítulo quinto analiza las cuestiones procesales a esta institución (pp. 165-201). A juicio de Mª. Rosa López-Barajas, era un procedimiento ejecutivo ya iniciado, que se tramitaba como mero incidente de aquél (pp. 167 y ss.), siendo el objeto de la separación todos aquellos bienes de la masa hereditaria. En caso de que el heredero hubiera enajenado alguno o todos esos bienes de buena fe, no procedería la separación respecto a ellos. La autora comparte la opinión de que la separatio bonorum implicaba una doble bonorum venditio, en la medida en que "la venta de los bienes hereditarios se haga con independencia de los del heredero" (pp. 194 y ss.), y además se hacía en nombre de éste.

Sobre los efectos de la separatio bonorum trata el capítulo sexto (pp. 203-237). López-Barajas Mira afirma que en esta institución "los patrimonios se mantienen jurídicamente confusos" (p. 205). Los acreedores del finado que hubieran obtenido la separatio podían, en opinión de la autora y compartiendo la tesis de Papiniano, dirigirse contra el patrimonio del heredero en caso de que no se les hubiera satisfecho íntegramente la deuda (pp. 224 y ss.). La separatio bonorum implicaba que los actos realizados por el causante en fraude de sus herederos no tuvieran eficacia, pudiendo aquéllos ejercitar el interdicto fraudatorio.

El momento en que finalizaba el derecho a pedir esta separación de patrimonios es el tema del capítulo séptimo (pp. 239-255). Entre otras causas estaban el transcurso del tiempo e incluso el propio consentimiento del acreedor del finado al reconocer al heredero como deudor, siempre que éste aceptase de forma clara sus consecuencias a través de instituciones como la novación del crédito; cuando el acreedor hereditario hubiese cobrado intereses del mismo heredero o el acreedor hubiera aceptado una garantía (ya fuese de carácter real o personal) del heredero. Por el contrario, la muerte del heredero conllevaba inequívocamente la pérdida de este derecho, pudiéndola exigir al heredero sucesivo.

La problemática de la naturaleza jurídica de esta institución es el objeto del último de los capítulos (pp. 257-267) que no hace sino reiterar las afirmaciones de los capítulos anteriores. Nos recuerda que el heredero mantenía el carácter de heres. A modo de conclusión acaba afirmando que "la separación de patrimonios no constituye una separación jurídica, sino una mera separación material entre dos masas patrimoniales de las que es titular un mismo sujeto. Tal separación material, que tiene lugar siempre dentro del procedimiento ejecutivo, permite que la venta de los bienes del heredero y causante se haga separadamente; es decir, permite que tengan lugar dos bonorum venditiones" (pp. 265-266).

Finaliza esta obra con unas Conclusiones (pp. 269-274) y un Índice de Fuentes (pp. 277-284), así como una Bibliografía (pp. 285-296). Buena tarea la de esta profesora titular de Derecho Romano de la Universidad de Granada, que es un verdadero puntal de la ciencia romanística de nuestros días en el sur de España.

Guillermo Hierrezuelo Conde

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