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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.22 Valparaíso  2000

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552000002200062 

Peláez Portales, David, El proceso judicial en la España musulmana (siglos VIII-XII), con especial referencia a la ciudad de Córdoba, Ediciones El Almendro, Córdoba, 2000, 466 págs.

En Córdoba, capital de al-Andalus, la configuración judicial y procesal tuvo una gran importancia. Una de las principales instituciones en el mundo musulmán fue el cadí, que era el magistrado ordinario, en materia de Derecho privado, existente en las circunscripciones y encargado de administrar la justicia del Corán. Era una única instancia, designado por el soberano, salvo en la época almorávide que le correspondía al emir de la región. Con el tiempo esta institución se extendió a las grandes ciudades (qudat al-qawa'id) y las provincias (qudat al-kuwar), así como a la circunscripción territorial (qudat al-yund) y a ámbitos rurales (qudat almahalla). Eran, salvo autorización y por causas justificadas, cargos unipersonales. De este modo también se encargaron de administrar justicia el na'ib, el hakim o el sahib al-mawarit.

Estos juicios se celebraban en cualquier lugar elegido libremente por el cadí siempre que fuera accesible, si bien era frecuente que tuvieran lugar en la mezquita siendo menos frecuente en su propio domicilio. Los jueces inferiores (hakim o hukkam) sí que tenían lugares predeterminados para ello, aun cuando no podía hacerse en su propio domicilio. El orden de las audiencias estaba en función de la llegada de los litigantes, si bien existían otros métodos más aleatorios y arbitrarios. La vista era pública y en horas fijas, salvo por razones de urgente necesidad, aunque el cadí podía determinar cualquier otra hora o día hábil; al mismo tiempo se recomendaba que no hubiera vista los días lluviosos, o los de peregrinación o durante el mes del ramadán. Este cadí tenía capacidad para imponer medidas disciplinarias a los litigantes, testigos o presentes que no actuasen de forma debida.

Numeroso era el personal al servicio de la Administración de Justicia: el muftí y la surà. El primero era un experto en la interpretación de la ley pero no tenía función jurisdiccional, limitándose sus funciones a resolver las cuestiones que los particulares le planteaban o los dictámenes. Al mismo tiempo tenía la función de consultor del cadí, formando parte en este último caso de la Administración de Justicia. Por supuesto existían en estos Tribunales los testigos instrumentales (`udul) que eran funcionarios con funciones de dación de fe y documentación, así como otras diligencias procesales (tomar juramento, etc.). Ya fuera de los Tribunales ejercían las funciones de notario (wattiq, en plural wuttaq). Además, existían una serie de funcionarios técnicos conocedores del Derecho (un secretario, escribano o katib. No estaba presente, sin embargo, el ministerio fiscal, función asumida por otros órganos; el sahib al-ahhas era un inspector al que el cadí le atribuía funciones de administrar los bienes de manos muertas; el mutaryim o turyuman, intérprete oficial de otras lenguas, etc., y con el tiempo también lo serían los peritos tasadores, medidores o arquitectos, médicos, comadronas, entre otros colaboradores); y de funcionarios subalternos, que no tenían porqué conocer el mundo jurídico (el portero o bawwab; el ujier o hayib, los alguaciles o `awn que se encargaban de citar a las partes entre otras funciones, etc.).

Las competencias objetiva, funcional y territorial son algunas de las cuestiones tratadas a lo largo de sus páginas por David Peláez (99-118). Los musulmanes tenían capacidad jurídica por su misma naturaleza. Los no musulmanes igualmente en cuanto que gozaban de un estatuto especial de protección. Sólo el esclavo estaba privado de este carácter. Por el contrario, la capacidad procesal la tenían quienes gozaran de plena capacidad de obrar (musulmán de sexo masculino, libre, púber, sano de cuerpo y mente y de vida intachable). Las partes tenían la facultad de comparecer personalmente o bien nombrando a un procurador para pleitos. Entre los principios del proceso estaban el de contradicción e igualdad de las partes, el principio dispositivo y de aportación de la parte y la interdicción de la ciencia privada del juez, unidad del proceso e instancia única, legalidad y libertad de formas procesales. Otros principios fueron la invitación del demandante a litigar en cuanto que éste tenía la carga de encontrar a la otra parte en un lugar público e invitarle oralmente a comparecer o la comparecencia conjunta, en cuyo caso la misma tenía lugar de forma simultánea.

La demanda debía tener contenido y forma. El contenido había de configurarse de forma precisa y determinada, salvo que no fuera necesaria la misma, teniendo que indicar la causa en tal circunstancia. En cuanto a la forma, las demandas de poca importancia debían ser orales. Las demandas que sobrepasasen una determinada cuantía y fuesen de cierta complejidad se recogían por escrito. Una vez presentada la demanda, tenía lugar la contestación a la demanda. En caso de que el demandante no hubiera encontrado al demandado (porque, a modo de ejemplo, se encontraba fuera de la ciudad) se le practicaba una citación judicial (i'da', raf') y si se negase a comparecer se le enviaba un alguacil, e incluso podía llegarse a entrar en su casa para registrarla en caso de que no diera señales de vida. En ninguna circunstancia se dictaba sentencia en rebeldía del demandado, caso distinto a aquel en que el demandado no comparecía por razones objetivas (distancia, mal tiempo, etc.). En este caso, el procedimiento continuaba como si estuviera presente, si bien no adquiría firmeza si la ausencia tenía como causa la fuerza mayor, y tras la comparecencia se dictaba una nueva.

La fase siguiente era el período de prueba, en la que hay que distinguir unas normas generales y otras de carácter especial. La carga de la prueba correspondía a quien la afirmase. Al que la negase simplemente se le exigía el juramento. En esta época la prueba no tenía una fase judicial prefijada necesariamente, pudiéndose practicar incluso tras la contestación del demandado, si bien en algunas causas sobre la filiación o repudio la fase probatoria estaba permanentemente abierta. Entre los medios de prueba admitidos estaban la confesión (iqrar), el juramento (yamin), el testimonio (sahada) y las presunciones legales (qara'in) (pp. 219-298). Tras las pruebas procedía practicar la conclusión (pp. 299-313). Siguiente en el orden de desarrollo, se llegaba a la sentencia, de carácter oral, si bien la ejecutoria se recogía de forma escrita a petición de alguna de las partes o del juez. Entre los mecanismos para impugnar la sentencia había dos posibilidades: los recursos al soberano o ya en el marco de la justicia ordinaria. Se admitía la revisión de las sentencias por error de derecho, si bien no por el de hecho. Entre los cauces revisorios cabía plantear una nueva demanda respecto a cuestiones ya decididas ante el mismo cadí que la dictó, su sucesor o cualquier otro magistrado competente. En fase de ejecución el cadí tenía apoyo de los alguaciles, pudiendo adoptarse en caso de impago medidas como la prisión por deudas o la imposición de una pena discrecional (la flagelación como más frecuente).

El cadí, en teoría, no recibía ninguna remuneración, considerando que sería recompensado en la otra vida. Sin embargo, percibía unas cantidades económicas del erario público y gratificaciones otorgadas por el soberano. Pero si tenía suficientes medios de fortuna, no debía proporcionársele gratificación alguna. Los órganos auxiliares también eran remunerados con fondos procedentes del Tesoro Público.

En el Derecho musulmán no existía una delimitación entre jurisdicción contenciosa y voluntaria (pp. 345-367), pero se consideraban tales la tutela, la curatela, la protección de ausentes, la custodia de los objetos perdidos, el matrimonio de las mujeres sin familia, la ejecución de testamentos o la misma función notarial del cadí. En consecuencia, no tenían valor de cosa juzgada. Entre otras actividades extrajurisdiccionales del cadí (pp. 369-377) destacaron la administración de las fundaciones pías, la conversión al Islam por los no musulmanes, etc.

La justicia extraordinaria (pp. 379-441) se caracterizó por basarse en la equidad, quedando al margen por tanto la función judicial cadial, que intervenía en causas criminales y en determinados delitos no denunciados, así como en disturbios callejeros. Entre las penas que se adoptaban estaban la crucifixión, decapitación, estrangulación, mutilación, flagelación, apaleamiento o prisión.

Esta obra del procesalista cordobés David Peláez, del noble tronco de los Peláez de Priego de Córdoba, familia en la que no han escaseado los catedráticos de Universidad y los abogados de gran renombre, es única en su género, y una muestra del buenhacer de quien es considerado hoy en día como el máximo experto europeo en Derecho Procesal musulmán medieval y moderno.

Guillermo Hierrezuelo Conde

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