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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.22 Valparaíso  2000

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552000002200067 

Rodríguez Besné, José Ramón, El Consejo de la Suprema Inquisición. Perfil jurídico de una Institución, Editorial Complutense, Madrid, 2000, 283 págs.

Los antecedentes de la Inquisición hay que buscarlos en la Edad Media. En Castilla el Santo Oficio, en su concepción moderna, tuvo su punto de partida en la Bula de 1 de noviembre de 1478 (p. 21). Las causas podían ser recurridas en apelación ante el Consejo de la Suprema Inquisición (conocido como la Suprema). El principal motivo para apelar ante el citado órgano era la infracción en el procedimiento. Un Breve de Inocencio VII, de 25 de septiembre de 1487, ratificó a Torquemada como juez único de apelaciones, y Julio II a Cisneros para la Corona de Castilla el 8 de noviembre de 1507. En este mismo año, a Cisneros se le atribuirían conjuntamente las funciones de Inquisidor general y juez de apelaciones.

La Suprema se constituyó como una instancia superior (la de apelación) a la de los Tribunales inquisitoriales, si bien no la última en cuanto que era frecuente en España remitir las causas a Roma. Durante el Pontificado de Clemente VII una bula estableció como última instancia el Consejo de la Inquisición. Es más, un Breve de Alejandro VI, de 4 de noviembre de 1494, nombra a Francisco Sánchez de la Fuente como Juez de Apelaciones para Castilla y León, sin intervención alguna de la Suprema. En cuanto a la naturaleza del Consejo de Inquisición, los historiadores han constatado que se trataría de un organismo del poder civil más que del eclesiástico (pp. 45-46).

El capítulo segundo trata sobre la estructura del Consejo. Hay que distinguir en el mismo los ministros consejeros, así como los oficiales y demás personal. Los ministros consejeros representaban el órgano colegiado que asesoraba al Inquisidor General, ejerciendo al mismo tiempo funciones resolutivas, de gobierno y de jurisdicción. Se les exigía pureza de sangre y talla intelectual. Entre otros oficios destacaron los secretarios del Consejo de Inquisición, el secretario del rey y el relator.

Los recursos económicos que integraban la Suprema procedían de diversas fuentes: las cantidades provenientes de destierros, penas y penitencias, confiscaciones, canonjías, etc. Estos ingresos se vieron mermados como consecuencia de los sueldos de los inquisidores y otros cargos. La realidad era que la Corona no apoyaba económicamente al Santo Oficio, lo que estuvo a punto de originar la quiebra de esta institución. Los principales gastos se atribuían al personal, siendo frecuente el impago de los mismos. Para paliar esta situación se procedió a la enajenación de los distintos oficios.

Hasta el año 1640 el Inquisidor General nombraba con total libertad los oficios inquisitoriales. A partir de 1643 la Suprema tendría incluso más protagonismo que el Inquisidor General, si bien a fines del siglo XVII la misma Corona establecerá sus propios criterios en los nombramientos. Para el acceso a estos cargos era necesario hacer unas pruebas que acreditasen la limpieza de sangre. Para formar parte de la Suprema era necesario un nombramiento, posterior juramento y final admisión al cargo.

El capítulo cuarto está dedicado a la jurisdicción consiliar. Se niega la posibilidad de recurrir en apelación ante Roma, que estuvo admitida hasta el siglo XVI. Fueron frecuentes, sin embargo, los conflictos de competencias entre el Santo Oficio y la jurisdicción ordinaria.

El secretario más antiguo se encargaría de las cuestiones de gobierno, cuya función no era asumida por inquisición alguna. Sería más bien de los secretarios refrendar los autos, provisiones, así como las sentencias que dictase el Consejo. Era frecuente establecer mecanismos de control en la impresión de los libros. El órgano autorizado para otorgar estas licencias era el Consejo de Castilla (censura previa), siendo la Inquisición la encargada de una censura a posteriori. El Consejo de Inquisición tenía prioridad jerárquica sobre los Consejos de Aragón y Castilla.

El análisis de esta obra se centra en el organigrama jurídico del Consejo de la Suprema Inquisición, materia en la que José Ramón Rodríguez Besné, profesor titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Facultad de Derecho de Orense, perteneciente a la Universidad de Vigo, lleva más de veinte años trabajando. Obra serena y fruto maduro de quien no se acerca por primera vez a la materia.

Guillermo Hierrezuelo Conde

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