SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
 número23CONSENTIMIENTO Y CONSORCIO EN EL MATRIMONIO ROMANO Y EN EL CANÓNICO: UN ESTUDIO COMPARATIVOJUAN FRANCISCO MONTEMAYOR DE CUENCA (1618 - 1685) ENTRE DERECHO INDIANO, DERECHO COMÚN Y DERECHO FORAL índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Não possue artigos similaresSimilares em SciELO
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.23 Valparaíso  2001

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552001002300004 

LA ENAJENACIÓN PARA CAMBIAR EL DEMANDABLE
Y EL LLAMADO "EDICTO PROVINCIAL"

Alvaro D'Ors
Universidad de Navarra (España)

1. Sigue siendo una cuestión sin resolver la de qué debemos entender realmente por el "edicto provincial" comentado extensamente por Gayo, en 30 libros, y más brevemente, en 6 libros, por Calístrato bajo el también enigmático título de "edicto monitorio", que admitimos sea el mismo "edicto provincial" de Gayo.

Es cierto que los gobernadores, como otros magistrados, podían dar edictos, y ellos, para la jurisdicción de sus provincias; pero, por los datos que de esos edictos tenemos, no cabe suponer que fueran éstos tan amplios como los que reflejan los comentarios jurisprudenciales al "edicto provincial". Tampoco debe seducirnos la referencia de la ley municipal, en el cap. 85 de la redacción flavia, acerca de edictos "de los gobernadores" expuestos en los municipios, pues, en la forma originaria de esta ley de Augusto, se trata del Edicto pretorio, que sí debía quedar expuesto en los municipios de Italia; es un rutinario traslado, como otros de esa ley, de una realidad itálica a las provincias hispánicas; tan irreal como la presencia de la manus marital en ellas, donde nunca supieron qué era eso. Evidentemente, las leges (patriae suae et) provinciae (D. 50, 4, 1) no son nada parecido a edictos de los gobernadores, sino una manera menos técnica de referirse a las costumbres locales relativas a los munera.

En fin, cuando en el Bajo Imperio, se acentúa la incomunicación con Roma, los gobernadores pudieron verse obligados a establecer un régimen jurisdiccional especial para sus provincias, y, en mi opinión, el llamado "Código" de Eurico pudo ser un edicto de ese rey godo de las Galias en sustitución del anterior edicto del gobernador desaparecido, en el momento de perder Roma su capitalidad. Pero estos posibles edictos tardíos nada tienen que ver con el que Gayo llamaba "edicto provincial".

Por otro lado, en un único edicto general para todas las provincias, que, al menos desde Adriano, tendría la forma de libro, como debió de suceder con el mismo edicto urbano, en eso, francamente, no podemos pensar, pues sería imposible no tener otras noticias de su existencia, aparte de la dificultad de unificar realidades tan dispares como las de prácticas jurisdiccionales de todas las provincias, orientales y occidentales.

Así, pues, no creo que ese supuesto "edictum provinciale" sea algo real, sino quizá mejor una "idea" de la aplicabilidad del Edicto urbano a las provincias; quizá a la provincia en que se escribía el comentario, aunque de la constante mención que Gayo hace en el suyo al proconsul no pueda deducirse que aquel se escribiera en una provincia senatorial.

Esta irrealidad del "edicto provincial" explicaría que Calistrato se hubiera referido a esa "idea" de Edicto aplicable en su provincia con el nombre de "monitorio", es decir, a modo de guía para la jurisdicción provincial, en un sentido no muy distinto del que tiene, en los rescriptos imperiales, el reenvío de la jurisdicción provincial "ad forman Edicti". No, pues, un edicto realmente existente, ni general, ni especial, sino un distante modelo urbano parcialmente practicable en una provincia.

Es natural que esta explicación del supuesto "edictum provinciale" no sea fácilmente admitida, pero me parece que, en todo caso, puede ser interesante detectar diferencias de régimen entre el Edicto urbano y el comentado por Gayo. En este sentido, resulta conveniente destacar la aportación del comentario provincial de Gayo en casos concretos; y, con ese fin, propongo hoy a la consideración de mis lectores, la particular posición de Gayo, ad ed. prov. en el tema de la alienatio iudicii mutandi causa, es decir, el caso de que una persona demandable haga una transferencia de propiedad para eludir una demanda, con el posible inconveniente para el demandante perjudicado por el cambio de adversario demandable.

2. Por el ius civile, nada impedía que un posible litigante cediera su derecho con el fin de poner a su adversario ante una nueva persona demandante. Nada podía hacer contra esto el demandable, aparte la precaución legal que aparece al final, con la llamada "ley Anastasiana", contra la especulación de créditos. También el demandable podía liberarse de serlo pasando su derecho o su posesión a otra persona; no por cesión de su deuda, ya que ésta, si era por novación, requería el consentimiento del acreedor, y, si era por procuratio in rem suam, la seguridad de una cautio iudicatum solvi aceptada por el demandante. Así, tenía que ser siempre o una actio in rem, aunque no fuera siempre una reivindicatio, sino cualquier acción real que debiera dirigirse contra un poseedor; por ejemplo, una vindicatio servitutis contra el nuevo poseedor del predio; o alguna otra acción que sólo procediera contra el actual poseedor. Por eso las fuentes hablan siempre de "alienatio", aunque ésta pudiera ser simplemente posesoria, y nunca de "cesión" de un derecho.

Fue el pretor quien consideró que debía defenderse al demandante a quien ese cambio de persona demandable podía resultar inconveniente, aunque fuera siempre el juez quien debiera apreciar si ese cambio se había hecho con ese fin fraudulento.

La mutatio iudicii (o litis), en este caso, no suponía una transferencia del juicio, no formalizado todavía antes de la litis contestatio, sino tan sólo un cambio de la persona demandable, sin traslado del litigio. Hay que distinguir así la mutatio iudicii de la translatio iudicil1.

A este tema de la enajenación para cambiar la persona demandable se dedica el título 4, 7 del Digesto, en el que aproximadamente un tercio está ocupado por fragmentos (frags. 1, 3 y 7) del "ad edictum provinciale" de Gayo, que transcribo más adelante.

Gayo nos habla de dos expedientes pretorios (que él atribuye a un convencional proconsul, como en todo el resto de su obra) que el demandante defraudado por el cambio de adversario podía dirigir contra su anterior demandable: una in integrum restitutio y una actio in factum.

Estos dos expedientes parecen haber coexistido en el derecho romano clásico; precisamente porque no tenían el mismo fin, de modo el extraordinarium auxilium de la rescisión, como dice D. 4, 4, 16 pr., no podía quedar excluido por el commune auxilium de alia actio.

Ya la inserción de esos fragmentos de Gayo en el contexto compilatorio de las in integrum restitutiones nos muestran que tenía lugar una de ellas en nuestro caso; pero, además, del testimonio de otros textos de nuestro título, tenemos el de un rescripto de Diocleciano2, en el que se presenta una alternativa entre la iir. "edictal" contra el enajenante y la acción real contra el actual poseedor:

Cum in rem actioni possessio pariat adversarium, alienatione etiam iudicii mutandi causa celebrata, in integrum restitutio edicto perpetuo permittatur, intellegis quod, si rem, ne secum agatur, qui possidebat venum dedit et emptori tradit, quem elegeris conveniendi tibi tributam esse iure facultatem.

El tenor de este rescripto, que no podemos negar que acoge derecho clásico, es muy expresivo: si el demandante no acepta al nuevo poseedor como demandable, puede pedir la iir. contra el anterior que enajenó lo reclamado. La acción reivindicatoria es la misma contra el actual poseedor o, con ficción, contra el anterior; el demandante puede "elegir" entre ellas.

Por su lado, la actio in factum, que aparece especialmente en la consideración de Gayo y en todo el título del Digesto, está acreditada por el testimonio elocuente de Ulpiano 13 ed., en el fragmento 4 de nuestro título, en cuyos párrafos 5 y 6 más el frag. 6, leemos:

(5) Haec actio in id quod interest competit. Proinde, si res non fuit petitoris aut si is qui alienatus est sine culpa decessit, cessat iudicium, nisi si quid actoris praeterea interfuit.

(6) Haec actio non est poenalis, sed rei persecutionem arbitrio iudicis continet, quare et heredi dabitur. In heredem autem [frag. 6] vel post annum non dabitur.

Aunque es muy probable que estos textos hayan sido retocados por los Compiladores, resulta evidente que Ulpiano se refería en ellos a una acción distinta de la rescisoria.

La acción rescisoria de la iir. era la misma acción real que, mediante ficción en la fórmula, podía dirigirse contra el anterior poseedor; es decir una acción utilis, como también Gayo3 y Ulpiano4 la llaman; así, pues, la condemnatio seguía siendo la misma de la acción ordinaria. La actio in factum, en cambio, servía para obtener una indemnización por el interés del demandante en no tener que dirigir su acción real contra el nuevo poseedor; esto presuponía ya que no era posible la acción rescisoria contra el anterior poseedor. Aunque fuera una acción reipersecutoria y no penal, no dejaba de considerarse "ex delicto" (como dice Gayo5; pero no ya, como diré, por el fraude de la enajenación, sino por la no aceptación dolosa de la acción rescisoria. Esta diferencia entre las dos acciones nos indica ya el camino para explicar su coexistencia.

3. Esta dualidad de acciones no ha dejado de causar cierta perplejidad en los romanistas. Basta recordar la de una autoridad tan universalmente reconocida como la de Kaser, que, aunque no sin cierta duda, sugería que la acción rescisoria tenía lugar cuando había habido transferencia de propiedad, y la actio in factum, cuando sólo era de la posesión6. Solución esta que parece no haber tenido en cuenta que, tratándose de una reivindicatoria, con la que se discute precisamente la propiedad, no cabe conocer de antemano si hubo transferencia de propiedad o sólo de posesión. Lo que en ese caso importa es siempre el traspaso de la posesión de hecho a un nuevo demandable; como decía Diocleciano en el rescripto ya citado, la posesión es la que hace al adversario: cum rem actioni possessio pariat adversarium. En efecto, de lo que puede quejarse un demandante es de tener que dirigir su reivindicatoria contra un nuevo poseedor, y, si hubo o no transferencia de propiedad sólo resultará si sale él vencido o vencedor en la reivindicatio; no antes, como cuando hay que elegir entre la acción rescisoria o la in factum.

La acción rescisoria (actio utilis de la iir.) daba por no realizado el traspaso de la cosa (rescissa alienatione) a efectos del cambio posesorio. Esto parece haberse ocultado a Lenel7, que, tras otros intentos de explicación, llegó a pensar que la acción rescisoria no tenía interés en nuestro caso, sino sólo la actio in factum, como si el decreto de restitución no tuviera más efecto que el de procurar esta acción pretoria. Quizá por este error _al que pudo ser inducido por el comentario de Gayo que se verá después_, Lenel criticó la opinión de Kretschmar8, según el cual la actio in factum procedía si la alienatio se consideraba dolosa, y la rescisoria, en otro caso; para lo que conjeturaba Kretschmar9 la existencia de dos edictos: uno, en el que se mencionaba el dolo10, para la actio in factum, y otro para el iir. Contra esto argüía Lenel que lo de haber dolo o no en el enajenante no podía constar in iure, ante el pretor, cuando había que elegir entre una u otra acción. Es cierto, en efecto, que sólo el juez puede entrar en la apreciación del dolo; pero no es menos cierto que, ya de entrada, el pretor puede distinguir entre el que acepta la rescisoria, para discutir sobre el fraude de la alienatio, y el que empieza por rechazar esa acción, por negar que haya enajenado; por ejemplo, por negar haber poseído la cosa reclamada; en este segundo caso, había que dejar la decisión al juez, pero el pretor debía dar la actio in factum contra el que rechazaba la rescisoria, y podía el juez apreciar si hubo dolo en la negativa del demandado frente a la acción rescisoria.

4. No hay que olvidar que las acciones in factum se refieren siempre a un supuesto dolo del demandado, que es el juez quien lo debe reconocer. Aunque puedan ser acciones no-penales en atención a la condemnatio, presuponen siempre un dolo del demandado; el dolo de "non reddere" lo dejado para devolver, como en las acciones de la prenda y el comodato; el de no querer exhibir la cosa mueble reclamada por otro, como en la actio ad exhibendum; el de haber mentido ante la interrogatio in iure de la acción noxal, etc.

Así, pues, la idea de Kretschmar, de reservar la actio in factum para el caso de dolo no era del todo desacertada, aunque no se tratara del dolo de la alienatio, sino del dolo en el rechazo de la acción rescisoria.

Hay que tener presente, a propósito del dolo, que no toda alienatjo puede dar lugar a una iir., sino sólo aquella que se hizo con el fin fraudulento de cambiar la persona demandable por la acción real, ya que la enajenación pudo hacerse sin ese fin11; por ejemplo, cuando alguien se desprende de algo por el deseo de no tener pleitos, sin intención de dar a un demandante un demandable que le resulta "molesto"12.

Así pues, también el juez de la acción rescisoria debe averiguar si hubo intención fraudulenta en el enajenante, para condenar al demandado como si siguiera siendo poseedor, y absolverle en otro caso. En cambio, en la acción in factum, el juez debe condenar al que dolosamente no aceptó defenderse con la acción rescisoria, teniendo en cuenta que, ante una acción real, nadie está obligado a defenderse.

Ante la reclamación del demandante que no quiere demandar al nuevo poseedor, el pretor empezaba por decretar la iir., pero si el anterior poseedor no aceptaba la acción rescisoria, el pretor daba contra él la actio in factum, acción personal por la que podía conseguir la indemnización del interés ("interesse") del demandante en no haber tenido que demandar al nuevo poseedor, fuera cual fuera el resultado de la acción real contra éste, aunque de este resultado pudiera depender la estimación de ese "interés"; en efecto, aunque hubiera salido vencedor en este juicio, podía haber tenido gastos o inconvenientes que hubieran faltado si hubiese prosperado la acción rescisoria contra el antiguo poseedor.

Este carácter supletorio de la actio in factum resulta claro de lo que vamos a ver que dice Gayo en D. 4, 7, 4, 5. Esta función supletoria es comparable a la que tiene la actio in factum sine noxae deditione contra el demandado que, en la interrogatio in iure introductiva de la actio noxalis, se niega a aceptar ésta afirmando que no dispone de la persona del esclavo al que se imputa un delito.

Queda sin resolver la cuestión de cómo podía estar redactado el texto edictal relativo a la iir. y a la actio in factum subsidiaria.

Se ha pensado que, en el Edicto pretorio fijado por Adriano, podía haber un solo anuncio de iir., en el que se mencionara ya el dolus malus, pero también que hubiera dos edictos distintos para los dos expedientes pretorios (como propone Kretschmar), con la mención de dolo tan sólo en el segundo, el de la actio in factum. Pero yo no excluiría que el edicto fuera único para anunciar la iir. y, supletoriamente, con la mención del dolo referido a la no aceptación del juicio rescisorio, para anunciar la actio in factum en una forma similar a ésta: "Si quaeve alienatio iudicii mutandi causa facta erit, in integrum restituam, quo iudicio dolo malo non accepto, actionem in factum dabo" quizá con la determinación del "quanti intersit". Pero, en este punto, no se puede pasar de conjeturas; el único resto literal conservado es el de Paulo D. 4, 7, 12, 1:

Ait praetor: "quaeve alienatio iudicií mutandi causa facta erit".

De esta cita, lo que sí puede deducirse es que la mención del dolus malus no se refería a la alienatio y, en consecuencia, sólo podía hallarse a propósito del anuncio de la actio jn factum, conforme a lo que hemos explicado acerca de la distinción entre el fraude de la alienatio y el dolo del que no acepta el juicio rescisorio.

5. Aclarado de esta manera la función de las dos acciones contra el que enajenó fraudulentamente para cambiar la persona demandable por una acción real, veamos ahora los textos gayanos de D. 4, 7: [frag. 1] Omnibus modis proconsul id agit ne cuius deterior causa fiat ex alieno facto. Et cum intellegeret iudiciorum exitum interdum duriorem nobis constitui opposito nobis alio adversario, in eam quoque rem prospexit ut, si quis alienando rem alium nobis adversarium suo loco substituerit idque data opera in fraudem nostram fecerit, tanti nobis in factum actione teneatur quanti nostra intersit alium adversarium nos non habuisse. (§ 1). Itaque, si alterius provinciae hominem aut potentiorem nobis opposuerit adversarium tenebitur.

[frag. 3] quia etiamsi cum eo qui alterius sit experiar, in illius provincia experiri debeo et potentiori pares esse non possumus. (§ 1) Sed et si hominem quem petebamus manumisserit, durior nostra condicio fit, quia praetores faveant libertatibus. (§ 2) Item si locum in quo opus feceris, cuius nomine interdicto quod vi aut clam vel actione aquae pluviae arcendae tenebaris, alienaveris durior nostra condicio facta intellegitur, quia, si tecum ageretur, tuis impensis id opus tollere deberes, nunc vero cum incipiat mihi adversus alium actio esse quam qui fecerit, compellor meis impensis id tollere, quia qui ab alio factum possidet, hactenus istis actionibus tenetur ut patiatur id opus tolli. (§ 3) Opus quoque novum si tibi nuntiaverim tuque eum locum alienaveris et emptor opus fecerit, dicitur te hoc iudicio teneri quasi neque tecum ex operis novi nuntiatione agere posim. quia nihil feceris, neque cum eo cui id alienaveris, quia ei nuntiatum non sit. (§ 4) Ex quibus apparet quod proconsul in integrum restituturum se pollicetur ut hac actiones officio tantum iudicis consequatur actor quantum eius intersit alium adversarium non habuisse, forte si quas inpensas fecerit aut si quam aliam incommoditatem passus erit alio adversario subsituto. (§ 5) Quid ergo est, si is adversus quem talis actio competit paratus sit utile iudicium pati perinde ac si possideret? Recte dicitur denegandam esse adversus eum ex hoc edicto actionem.

[frag. 7] In heredem post annum non dabitur> quia pertinet quidem ad rei persecutionem, videtur autem ex delicto dari.

Como puede verse, Gayo presenta un comentario del "edicto", que él atribuye al convencional proconsul de toda su obra, desde un punto de vista "provincial": el cambio de persona demandable es a otra "provincia" y con el riesgo de que el sustituto sea un potentior (1, 1 y 3 pr.). Luego pone, como ejemplo de alienatio fraudulenta el de manumisión del esclavo reclamado, por el riesgo de que se dé preferencia a su libertad (3, 1); para pasar luego al caso de sustitución del demandable en el interdicto quod vi aut clam o en la actio pluviae arcendae, considerando el gasto de tener que demoler a propia costa la obra indebida que el nuevo poseedor no hizo (3, 2); y si se hizo una nuntiatio al anterior poseedor seguida de un novum opus realizado por el actual poseedor, de modo que no valga para éste la nuntiatio que se hizo al anterior poseedor. Ejemplos éstos muy especiales de incomodidad para el demandante, aunque bastante ilustrativos de las posibles desventajas que podía suponer para el demandante el cambio de demandado. De estos casos se deduciría (3, 4: ex quibus apparet) la conveniencia de que el proconsul prometiera una iir. Este enlace sorprendente hizo pensar a Lenel que los compiladores habrían omitido el texto edictal de la iir.; pero, siendo la actio in factum la que considera Gayo en este lugar, tendrían que ser dos los edictos (como pensaba Kretschmar) los que habrían sido suprimidos; lo cual no parece probable. Por lo demás, es también impensable que Gayo no hubiera dado noticia de estos textos edictales al empezar su comentario, y no en el lugar tan adelantado del que supone Lenel que fueron suprimidos por los compiladores; Paulo13 parece haber empezado a citar el texto edictal al principio de su comentario, en el libro 12 ad edictum. No puede negarse que quizá estos textos de Gayo hayan sido retocados por los compiladores. Llama la atención, por ejemplo, esa alusión en 3, 2 al favor libertatis de los "praetores", en medio de un comentario que se refiere constantemente al proconsul. Pero lo que de ellos parece deducirse es que, en atención a las dificultades para el demandante ejemplificadas por Gayo, el "edicto" concedía una iir. precisamente para dar una acción in factum por el "interés" del demandante en no haber tenido que dirigirse contra el nuevo poseedor; una acción en cuyo edicto se hacía mención del dolo malo, como dice Ulpiano14.

Gayo15 habla de que el proconsul promete una iir., y (§ 5) del "utile iudicium" correspondiente; pero esta acción útil no aparece ya como la dada por la iir., sino como una posibilidad subsidiaria para el caso de que el demandable por la actio in factum estuviera dispuesto a defenderse como si conservara él la posesión. Gayo se pregunta por esa posibilidad, y afirma que, en ese supuesto, debe ser denegada la acción "de este edicto".

Es decir, para Gayo el edicto "proconsular" daba la acción in factum por el dolo de la alienatio, pero esta acción podía ser denegada si el demandado accedía a defenderse como poseedor. Se ha invertido así la relación entre las dos acciones: la primera que da el edicto es la actio in factum por el interesse y, como supletoria, puede darse el utile iudicium, que es la rescisoria del edicto urbano.

Al mismo tiempo, al presuponer la actio in factum ni el dolo del demandado, Gayo viene a identificar el fraude de la alienatio con el dolo requerido por aquella acción.

6. Esta deformación del régimen urbano se explica en Gayo por tener que referirse éste a la jurisdicción provincial, que es cognitoria, ante el proconsul, y no la ordinaria de Roma. Se comprende que, al no haber "fórmulas", la acción "ficticia" resultara menos comprensible, y que la actio utilis tendiera a confundirse con la actio in factum, como también llega a acontecer en el derecho post-clásico de la misma Roma, por la igual razón de haberse impuesto procedimiento cognitorio. Fenómeno que no debe separarse de la desaparición última de las in integrum restitutiones, excepto en el caso de los minores, por la consideración, en este caso subsistente, del especial interés por la protección general del incapaz.

Esta atribución de la actio in factum a un decreto de iir. es, por lo demás, lo que ha venido a hacer Lenel, con su idea de la inutilidad de la acción rescisoria. Pero también está esa idea en la teoría de Kupisch sobre la in integrum restitutio clásica, por la que el efecto de ésta, asimismo en nuestro caso de la alienatio iudicii mutandi causa, sería la acción y no la rescisión16. Contra la teoría de Kupisch he tenido ocasión de exponer mis críticas17, pero ahora vengo a hacerla de su brevísima consideración de nuestro caso. A propósito de éste, puede verse cómo, en realidad, no ha hecho más que aceptar lo que le ofrecía Gayo en su "ad edictum provinciale".

Una vez más, viene Gayo a resultar el que yo llamé "pre-postclásico"; no sólo por su actitud de "docente" más que de "respondente", sino también, como puede verse en este caso, como adaptador del derecho urbano al régimen de la cognitio provincial. Era comprensible que, al ajustarse a esta forma de procedimiento practicado en provincia, viniera a anticiparse a lo que la generalización de la cognitio acabaría por imponer en todo el ámbito romano, a pesar del anacronismo de una jurisprudencia clásica mínimamente retocada por los compiladores del Digesto. Estos no podían menos de sentir admiración por un Gaius noster", que, no sólo por la predilección tardía que muestra por él la "Ley de citas", había tenido un póstumo magisterio en las escuelas bizantinas.

Finalmente, cuanto a propósito del presente tema hemos podido comprobar parece favorecer la idea de que el "edictum provinciale" de Gayo, como el "monitorium" de Calístrato, no fue un edicto tangible, con realidad histórica, sino un modelo que, extraído del edicto urbano, ya en formato de libro accesible en todo el ámbito del Imperio, podía servir como guía para la jurisdicción cognitoria de los gobernadores de provincias; algo que, en cierto sentido, venía a completar los libros "de officio proconsulis".


1 Vid. Broggini, en Tijdschrifl 27 (1959), pp. 18 s.         [ Links ]

2 CI. 2, 54 [55] l. ún.

3 D. 4, 7, 3, 5.

4 D. 4, 7, 10, 1.

5 D. 4, 7, 7, cit. infra.

6 Kaser, RZPR. III, p. 127.

7 EP.3 § 46.

8 ZSS. 40 (1919), pp. 163 ss.

9 Ibíd., p. 160.

10 D. 4, 7, 4, 3: Cum in hoc edicto doli mali fiat mentio.

11 D. 4, 7, 1 - 3.

12 D. 4, 7, 4, 1.

13 D. 4, 7, 8.

14 D. 4, 7, 4, 3.

15 D. 4, 7, 3, 4.

16 Berthold Kupisch, In integrum restitutio und vindicatio utilis bei Eigentumsübertragungen im klassischen römischen Recht (1974), especialmente, sobre nuestro caso, pp. 254 s.         [ Links ]

17 Homenaje U. Alvarez, p. 337; AHDE. 1979, p. 297, y 1981, p. 223; y Studi Biscardi, p. 289.

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons