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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.24 Valparaíso  2002

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552002002400011 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
[Sección Bibliografía]
XXIV (Valparaíso, Chile, 2002)

PRODUCCIÓN ROMANÍSTICA ESPAÑOLA
DE LOS AÑOS 2000 - 2001

Francisco Cuena Boy
Universidad de Santander

Francisco Javier Andrés Santos
Universidad de Valladolid

María Teresa González - Palenzuela Gallego
Universidad de Cáceres

Antonio Mateo Sanz
Universidad de Santander

I. LIBROS

Fernando Betancourt, Derecho romano clásico, 2ª ed. revisada y aumentada, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 2001; 657 páginas.

La segunda edición de este manual de derecho romano aparece seis años después de la primera y, aunque el índice general es mantenido prácticamente intacto, el A. amplía la obra, incluyendo la bibliografía más reciente y haciéndose eco, en particular, de tres importantes contribuciones romanísticas aparecidas en el lustro anterior: la reimpresión de la Palingenesia Iuris Civilis de Otto Lenel, 2. Neudruck der Ausgabe Leipzig 1889 vermehrt um ein Supplement von Lorenz E. Sierl [Graz, 1960], Aalen, 2000; la reproducción del De iurisdictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt de A. F. Rudorf [Lipsiae, 1869], Pamplona, 1997, con presentación de R. Domingo; y la segunda edición, cuidada por K. Hackl, de Das römische Zivilprozessrecht de M. Kaser, München, 1996.

El propio A. nos explicaba en el prólogo a la primera edición el propósito que guiaba la obra: ofrecer a los estudiantes un manual que recogiese el "sistema de acciones" del derecho romano clásico. De este modo, el Profesor Betancourt se mantiene fiel a los postulados de la Escuela Compostelana de derecho romano y, en particular, a la concepción orsiana de este derecho como un sistema de acciones, dando, por tanto, mayor relevancia al enfoque procesal de las instituciones jurídicas.

El libro se estructura en cinco capítulos, cada uno de los cuales va introducido por un esquema de su "contenido analítico". El primero de ellos está dedicado a la "Historia, fuentes y recepción del derecho romano", el segundo a "Las acciones o procedimiento civil romano" y los siguientes a los "Derechos reales", el "Derecho de familia, sucesión hereditaria y liberalidades", y el "Derecho de obligaciones" (tercero, cuarto y quinto respectivamente).

Aunque el A. señala que el objeto de estudio es el derecho romano clásico (sólo tres siglos de los doce que abarca el desarrollo histórico del derecho romano), la obra no se agota en él, puesto que también son examinadas la época arcaica, en particular el sistema de las legisactiones, y la época postclásica, tanto la cognitio extra ordinem como la evolución de las instituciones jurídicas en este período. Por otra parte, tampoco parece que se limite el manual a la consideración del derecho patrimonial romano, pues la hilo del estudio de la época clásica (130 a. C. - 230 d. C.) y como presupuestos personales y sociales de la res publica romana, se analizan los conceptos relativos al derecho de personas (personalidad, capacidad jurídica, capacidad política, clases de personas, esclavitud, etc. ); también en el capítulo cuarto se incluyen ideas fundamentales respecto del matrimonio, sus clases y efectos, la patriapotestas y las instituciones familiares de tutela y curatela, más allá de lo que es únicamente el enfoque patrimonial. Con todo ello, se puede decir que la obra comprende todos los contenidos fundamentales propios de un manual de derecho romano, tanto en lo relativo a la historia del derecho romano como a las instituciones del derecho privado romano. La omisión de la teoría general del negocio jurídico no es de extrañar, dada la procedencia pandectística de la misma y el planteamiento procesal de la materia que adopta el A.

Esta concepción del derecho romano como "sistema de acciones" domina toda la exposición, como se puede apreciar, por ejemplo, en la propia periodificación de la historia interna (institucional) del derecho romano, basada en el criterio de las formas de litigar, o en el detenimiento con que se estudia el procedimiento civil romano, en particular el procedimiento formulario, ofreciendo un abundantísimo material de fórmulas procesales y sus diversas cláusulas, oportunamente traducidas; o finalmente, como ya ha sido señalado, en la consideración de las distintas instituciones jurídicas desde el punto de vista de los medios procesales concedidos para hacerlas valer (actiones, excepctiones, interdicta, restitutiones in integrum). Aun cuando no se adopte este programa para la explicación de la materia, la obra del Profesor Betancourt ofrece, a mi juicio, un gran interés para la profundización en los aspectos procesales del derecho romano clásico.

Asimismo, y aparte de las fórmulas de los interdictos transmitidas en la Compilación Justinianea, la obra es rica en la transcripción de otros textos del Corpus Iuris Civilis, especialmente del Digesto, con su traducción, todo lo cual permite al estudiante el acceso directo a los testimonios de las fuentes y, en consecuencia, no perder de vista los planteamientos y opiniones de los jurisconsultos romanos.

El libro incorpora al final el índice de materias y el de fuentes (M. T. G. - P. )

Consuelo Carrasco García, Supuestos de hecho de la exceptio non numeratae pecuniae en el Derecho romano, Madrid, Universidad Carlos III - Dykinson, 2000, 270 páginas; prólogos de A. Díaz Bautista y M. Abellán Velasco.

Este libro nos ofrece un estudio exhaustivo de la exceptio non numeratae pecuniae, un tema tan interesante como difícil, dadas las numerosas cuestiones que las fuentes jurídicas dejan sin contestación y la abundante literatura que sobre distintos aspectos de esta figura se ha venido produciendo desde hace más de un siglo.

En su trabajo, la A. se propone, según se refleja en el propio título de la obra, estudiar fundamentalmente los distintos supuestos de hecho a los que habría sido de aplicación la exceptio non numeratae pecuniae en el derecho romano. No obstante, muchos otros aspectos de esta figura son analizados, ofreciendo un estudio bastante completo de la misma. Para ello se analizan detenidamente los textos jurídicos que se refieren a la materia, entre los cuales ocupan un lugar especial los del Código de Justiniano, y se hace un repaso detallado y crítico de la literatura especializada.

En el primer apartado del capítulo I la A. justifica el estudio de esta excepción cuestionándose si el supuesto que tradicionalmente ha sido considerado por la doctrina como el que motivó su aparición - el de un "mutuo al que no sigue la datio y respecto del que, no obstante, se exige la restitución" - habría sido en la práctica romana tan frecuente como para determinar la creación de este mecanismo de defensa y planteándose la utilidad que este remedio habría tenido para otros supuestos distintos.

En el capítulo I se analiza este supuesto "originario" y la frecuencia con que el mismo se debió dar en Roma; después se establecen las características de la acción para la restitución y las del remedio que se llegó a conceder frente a ella: la exceptio non numeratae pecuniae. En relación con ésta, la A. admite como verosímil su origen clásico tardío en el seno del proceso cognitorio, su carácter prescriptible, su efecto de inversión de la carga de la prueba y el de hacer inoperante el documento de reconocimiento de deuda como medio de prueba.

El capítulo segundo se dedica a la consideración de diversos aspectos relativos al documento, pieza clave en todo el esquema de la exceptio non numeratae pecuniae: el posible valor constitutivo de los documentos, la relación entre el instrumentum y la stipulatio, en el proceso de degeneración de esta última, la posible existencia de documentos ejecutivos en el derecho romano y finalmente el valor probatorio de los documentos en este ordenamiento jurídico. Como resultado de este análisis, a la A. no le resulta convincente la consideración de que es el auge del documento lo que explica la aparición de este remedio, ni tampoco que el mismo se dirigiera a poner freno al valor probatorio del documento; tampoco cree que se pueda hablar de documentos con carácter ejecutivo en el derecho romano.

Los capítulos tercero y cuarto se destinan al análisis de las fuentes para intentar fundamentar la aplicación de la exceptio non numeratae pecuniae a los supuestos del préstamo con usurae ilicitae y a los negocios simulados de préstamo que servían para encubrir cualquier causa, lícita o no.

Respecto de la primera cuestión, la propia A. reconoce que de los pasajes en los que se plantea el supuesto (C. 4. 30. 2, a. 213, y C. 4. 30. 9, a. 293?), el primero no menciona expresamente nuestra excepción y es, además, anterior a la primera noticia que tenemos sobre ella (a. 215); el segundo habla sólo de una exceptio in factum. No obstante, admite como posible, amparándose en otros argumentos que analiza con detalle, que la frecuencia con que debió producirse la práctica de prestar con intereses abusivos (según resulta de las distintas disposiciones legislativas que se dirigían a ponerle freno), así como las circunstancias socio - económicas de la época, propiciaran la aplicación de la excepción a este supuesto ya desde el año 213. A mi juicio, tiene razón la A. en su cautela, pues realmente los textos citados no prueban suficientemente que la excepción se hubiera aplicado desde el principio a este supuesto y que su aparición respondiera a esta práctica crediticia. Las posibles consecuencias del ejercicio de la exceptio non numeratae pecuniae para el acreedor del préstamo con intereses ilícitos serían, opina la A. , no tanto la pérdida del proceso por plurispetitio sino la imposición de una nota de infamia o ignominia, así como una sanción administativa al triple de los daños causados al demandado.

En cuanto a la aplicación de la exceptio a los casos de documentos de reconocimiento de deuda en virtud de préstamos que sirven para encubrir una deuda de causa distinta, práctica habitual en el mundo helénico, efectivamente de las fuentes resulta con claridad - C. 4. 30. 5 es fundamental - que la exceptio se aplicaba solamente a los casos en los que en el documento se reconoce una deuda de dinero como si hubiera sido prestado - "pecunia quasi credita" - , cuando en realidad la deuda podía provenir de otro negocio distinto, lícito o no. La A. hace un estudio exhaustivo en el capítulo cuarto para confirmar esta idea fundamental, así como las consecuencias que se derivarían de utilizar la excepción en estos casos. También dedica un último apartado a la evolución de la figura en el derecho justinianeo.

Finalmente, en el capítulo quinto y último se estudian los medios conexos a la exceptio non numeratae pecuniae: contestatio, querela non numeratae pecuniae, condictio liberationis y condictio scripturae.

Índice de fuentes y bibliografía (F. C. B. )

Francisco Javier Casinos Mora, La noción romana de auctoritas y la responsabilidad por auctoritas, Granada, Comares, 2000, 298 páginas.

Este libro, según nos informa el propio A. , es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo con ocasión de la elaboración de su tesis doctoral. En él se realiza un estudio, a mi juicio serio y riguroso, en el que se intenta reconstruir el concepto de auctoritas a partir de las muy diversas aplicaciones que se encuentran en las fuentes romanas y comprobar la veracidad o verosimilitud de la teoría tradicional que afirma la existencia, ya en época decenviral, de una actio auctoritatis derivada de la mancipatio, como acción para exigir la responsabilidad por evicción.

El A. justifica la investigación en la importancia de la propia idea de auctoritas en el derecho romano, en su complejidad y en la ausencia de fuentes directas. Los tres primeros capítulos versan sobre el concepto de auctoritas en las fuentes romanas (epigráficas, papirológicas, literarias y fundamentalmente jurídicas), y los dos últimos capítulos se dedican a la actio auctoritatis y a la auctoritas como fundamento de un deber público y la responsabilidad por auctoritas. Se incluye al comienzo de la obra un índice de abreviaturas de obras y de juristas y autores clásicos y, al final, un índice de fuentes y otro de las obras citadas.

El concepto de auctoritas es considerado como un carácter genuinamente romano, con un significado unitario y metajurídico que le viene dado por ser un deverbativo de augeo: auctoritas, al igual que auctor, toma de augeo el sentido de "aumentar", "reforzar", "completar", y este significado se mantiene en las fuentes en las distintas aplicaciones del término. El A. distingue en la auctoritas una perspectiva estática (auctoritas - axioma), como prestigio, dignidad, reputación de ciertas personas u órganos, y una perspectiva dinámica (auctoritas - dogma), como actividad o actuación de aquel que tiene prestigio con la que engrandece o hace aumentar la posición de algo o de alguien. Además, la noción de auctoritas es encuadrada en el binomio "auctoritas - potestas" que caracteriza a la filosofía política romana desde los orígenes de la civitas, en tiempos monárquicos; y así, la auctoritas patrum de época predecenviral tenía el sentido de aprobación de los actos comiciales por los patres, esto es, "reforzamiento" o "aumento de su eficacia".

En la ley de las XII Tablas, la auctoritas se manifiesta en relación con la mujer sometida a tutela (auctoritas tutoris), entendiéndose como "aumento" o "ampliación" de su capacidad limitada, y en relación con la usucapión (auctoritas fundi). A este respecto, el A. no cree que auctoritas tenga el sentido técnico de garantía o responsabilidad por evicción, idea ésta que no se corresponde con el contexto histórico de la legislación decenviral. Más bien entiende que auctoritas es legitimación del poder de dominación sobre una cosa, el reconocimiento social de la propiedad sobre un fundo, que se obtiene por el transcurso de dos años, siempre que durante ese tiempo se realice el usus. El auctor, en las XII Tablas, no es el transmitente, sino la colectividad que reconoce y ampara la propiedad y permite la reipersecución.

En las fuentes posteriores, y a partir del Principado, se aprecia cómo la auctoritas se aproxima a la potestas, y terminará en el Bajo Imperio absorbiendo el significado de aquélla, como expresa significativamente el calificativo "autoritario" que se concede al régimen de la época: el Dominado. En el ámbito iusprivatístico, auctoritas designará la cualidad de predecesor o causadante de un sujeto, así como la actividad en que se materializa empíricamente aquella cualidad: la transmisión o venta o la herencia.

Como conclusión del análisis de las fuentes, el A. enlaza la idea de auctoritas con la de "superioridad que legitima o justifica, que conduce al reconocimiento colectivo de lo legitimado como verdad oficial o social".

En cuanto a la actio auctoritatis, tras una consideración detenida en el seno del capítulo IV de las diversas teorías formuladas por la romanística moderna, clasificadas en tres grupos (teorías tradicionales, teorías revisionistas y teorías más recientes), el A. dedica el capítulo V a la crítica de las posiciones tradicionales sobre la actio auctoritatis, exponiendo su propia noción de auctoritas en relación con la transmisión de los bienes y negando la existencia de una actio auctoritatis como recurso para exigir la responsabilidad por evicción, en la línea iniciada por autores como Fuenteseca y Calonge, y como acción que deriva de un deber de asistencia procesal, en la línea de Sargenti. En este sentido, son argumentos decisivos, a juicio del A. , la ausencia absoluta de mención de esta acción en todas las fuentes del derecho romano, así como la incompatibilidad de esta acción con la propia estructura del negocio mancipatorio y con al propia noción decenviral de auctoritas.

La responsabilidad por auctoritas, que deriva del incumplimiento del deber público y legal del mancipante de procurar legitimidad pública de una situación de poder individual sobre una cosa, sólo es comprensible en un contexto en que la noción de propiedad como derecho subjetivo todavía no se ha configurado; para exigir esa responsabilidad, cabría hablar de una actio in duplum ex auctoritate, con fundamento en la auctoritas y por medio de la cual el mancipante sería sancionado con el doble del precio pagado por el accipiente.

Distinta y posterior es la responsabilidad por evicción, que tiene su origen en la transformación de la mancipatio en un negocio nummo uno, en el que el interés del adquirente se protege mediante estipulaciones de garantía contra la pérdida en juicio de la cosa adquirida. Por tanto, la responsabilidad por evicción tiene un fundamento convencional y presupone que la obligación del vendedor queda limitada a transmitir y garantizar el rem habere licere del comprador.

Del método de trabajo empleado por el A. merece destacarse el análisis detenido de las fuentes jurídicas y extrajurídicas, tanto desde el punto de vista filológico como situándolas en su contexto histórico, así como la consideración de las posibles relaciones entre la estructura y los fines de una institución, como ocurre fundamentalmente con la mancipatio. Por otra parte, la literatura precedente es detalladamente expuesta y sometida a revisión crítica, especialmente las teorías tradicionales acerca de la actio auctoritatis y la nición de auctoritas.

La obra se deja leer con facilidad gracias a un lenguaje cuidado pero conciso y a lo ordenado de la exposición. En este sentido, son frecuentes las ocasiones en que el A. nos adelanta los pasos que va a seguir o nos resume los ya efectuados, con lo que nos permite seguir el hilo de la investigación con más facilidad.

Con todo ello, la obra de Francisco Javier Casinos Mora me parece una valiosa aportación al tema de la auctoritas y en particular de la actio auctoritatis y su relación con la responsabilidad por evicción en el derecho romano. (M. T. G. - P. )

Amelia Castresana, Nuevas lecturas de la responsabilidad aquiliana, Salamanca, Ediciones de la Universidad, 2001, 130 páginas.

Una breve introducción sobre algunos antecedentes del derecho de daños precede a seis capítulos que indagan sobre los conceptos de damnum (I) e iniuria (II), sobre el tránsito de la iniuria a la culpa (III), sobre el propio concepto de culpa (IV), sobre algunas lecturas medievales, modernas y contemporáneas en materia de responsabilidad aquiliana (V) y sobre ciertos casos de damna deportivos que pudieran ser útiles para la jurisprudencia actual (VI).

Las nuevas lecturas aludidas en el título del libro son, por supuesto, las personales de la A., pero también las sucesivas lecturas jurisprudenciales romanas que posibilitaron la tan estudiada extensión objetiva y subjetiva del plebiscito aquiliano hasta incluir bajo sus previsiones acciones no materiales de damnum, y hasta hacer pivotar la obligación de resarcimiento sobre la valoración de la conducta del hechor. Esta evolución jurisprudencial proporciona, como no podía ser de otro modo, el hilo conductor de la reflexión de la A.

Con este planteamiento, la exposición del contenido original de la lex Aquilia en los dos primeros capítulos del libro se concreta en el examen, con el auxilio de la etimología y las fuentes literarias, del significado de los términos damnum e iniuria. Respecto del primero de ellos con el propósito de destacar la trascendencia de la sustitución del damnum facere, como expresión de la materialidad de las conductas lesivas contempladas por el tenor literal de la ley (cfr. D. 9. 2. 7. 1), por el damnum dare, concepto más amplio que incluye la idea de causam praestare, esto es, la idea de dar causa u ocasión al damnum, de colocar iniuste a otro en situación de sufrir un daño (cfr. D. 9. 2. 9 pr. y 3, D. 9. 2. 7. 6 y 7); un proceso de transición en el que destaca la lectura generalizadora del rumpere del cap. III de la ley como corrumpere (cfr. D. 9. 2. 27. 28), lo que a su vez posibilita la posterior adopción (discutida por Gerke) del criterio del id quod interest como base para la aestimatio de la lesión producida (cfr. D. 9. 2. 51. 2, G. 3. 212, D. 9. 2. 21. 2, D. 9. 2. 23. 2, etc. ), y a la larga, en definitiva, la transformación del propio carácter de la actio legis Aquiliae, que de ser un medio de defensa de la propiedad se convierte en un sistema de más amplia protección del patrimonio. Y en cuanto al término iniuria, para subrayar su significado de acto o conducta injustificada (iniuria occidere, - urere, - frangere, - rumpere), frente al también posible de acto contrario a derecho, como el predominante en la ilicitud aquiliana.

Es la emersión de la culpa en el ámbito de aplicación de la lex Aquilia, por obra de la jurisprudencia republicana, lo que determina la sustitución de la antijuridicidad por la culpabilidad como principio en el que se funda la responsabilidad por daños. La A. destaca cómo el criterio inicial de la causalidad directa entre la acción material típica y el resultado lesivo debió aparecer insuficiente ante casos en los que el damnum respondía a la intervención de varios sujetos; frente a este problema se arbitra primero, quizás desde finales de la República, el criterio de la causalidad suficiente (cfr. D. 9. 2. 29. 3), y luego, ya en época clásica, el criterio de la "causalidad alternativa" que supone la imputación cumulativa a todos los agentes de la responsabilidad por el resultado producido (cfr. D. 9. 2. 11. 1 - 3, con disparidad de criterios entre Juliano y Celso).

En cuanto al desarrollo del concepto de culpa y su significado para la responsabilidad aquiliana, superada la fase inicial de identificación con la misma acción culpable, ya en los autores literarios arcaicos, pero especialmente en Cicerón, aquel concepto se vincula con claridad a la idea de culpabilidad como principio de imputabilidad de una conducta voluntaria; ello conduce también al progresivo descubrimiento de algunas causas de justificación (ignorantia, fortuna, necessitas) que excluyen la imputabilidad de la conducta dañosa. Reflexiones paralelas a éstas se encuentran en la interpretatio jurisprudencial que desde finales de la República acierta a delimitar la presencia de la idea de culpabilidad, como carencia de causas de justificación, dentro de la propia iniuria aquiliana en tanto ésta es referida al damnum dare. Concepto renovado de iniuria (= culpa o culpabilidad) que, como bien señala la A. , aleja definitivamente la responsabilidad objetiva del ámbito de aplicación de la lex Aquilia, y que, como muestran los textos (cfr. D. 9. 2. 5. 2, D. 9. 2. 29. 4, D. 9. 2. 30. 3, D. 9. 2. 52. 2, D. 9. 2. 39 pr. , D. 9. 2. 29. 3, D. 9. 2. 52. 1), permite valorar toda una serie de circunstancias objetivas y subjetivas que pueden concurrir y caracterizar la acción del hechor. Se llega así, finalmente, a una definición de la culpa no ya sólo como culpabilidad, sino como violación de un deber objetivo de conducta que se presenta como comportamiento alternativo al observado por el agente (cfr. D. 9. 2. 7. 2) y se caracteriza por la previsibilidad del resultado lesivo (cfr. D. 9. 2. 31 y los ulteriores desarrollos hacia la infirmitas y la imperitia en D. 9. 2. 8. 1, D. 9. 2. 30. 3). La A. advierte que la concurrencia y compensación de culpas, discutida por la doctrina en relación con algún supuesto concreto (principalmente D. 9. 2. 11 pr. ), es ajena en realidad a las fuentes romanas, pues la configuración de la fórmula procesal reclama un veredicto único de culpabilidad que descansa en la valoración de la culpa dominante en la producción del damnum dare. Por último, en derecho justinianeo culmina la identificación de la culpa con la negligencia; a su vez, los supuestos de daños producidos sin intervención de culpa, terreno de la llamada responsabilidad objetiva, reciben una tipificación autónoma en el Edicto (en las rúbricas de effusis vel deiectis y de suggrundis) y quedan excluidos de la responsabilidad aquiliana.

El penúltimo capítulo se ocupa de lo que pudiéramos llamar derecho intermedio, revisando sumariamente las doctrinas medievales y especialmente las de la Escuela del Derecho Natural en relación con los puntos siguientes: damnum dare y laedere; iniuria y culpa (donde se destaca la ruptura de la continuidad entre el damnum iniuria datum justinianeo y el moderno delito de daños - desde que Thomasius vislumbra la posibilidad de que nazca responsabilidad incluso cuando el daño se ha producido casu - , y se llega a admitir el principio de compensación de culpas); y la conversión de la acción aquiliana en acción general de resarcimiento de daños (posibilitada por la eliminación del carácter penal de la actio legis Aquiliae y la afirmación iusnaturalista del principio del neminem laedere).

En el capítulo sexto se efectúan una serie de consideraciones acerca de algunos casos particulares de damna deportivos (lanzamiento de jabalina, pila percussa, harpastum, pancratio) contemplados bajo el prisma de la continuidad entre la interpretación jurisprudencial romana y la experiencia jurídica de hoy. Observaciones que, aunque puedan poner de relieve concomitancias entre muchos de los puntos que preocuparon a los juristas romanos en sus lecturas de la lex Aquilia y otros tantos aspectos que aparecen en la jurisprudencia española actual, no alcanzan desde nuestro punto de vista a ser plenamente comparativas o histórico - comparativas, pues desatienden las posibles diferencias y describen las semejanzas halladas como líneas de continuidad entre las dos experiencias jurídicas (la romana y la española) sin dar una explicación suficiente.

Las reflexiones finales constituyen una eficacísima recapitulación del singular iter interpretativo de la jurisprudencia romana que conduce del damnum iniuria facere originario al damnum iniuria dare, con la emersión y paulatina delimitación del elemento de la culpa dentro del concepto de iniuria y con el consiguiente desplazamiento del centro de gravedad de la responsabilidad aquiliana desde el nexo causal entre la acción material del hechor y el resultado lesivo hasta la iniuria como culpabilidad del sujeto.

Se echa de menos el índice de fuentes habitual en las monografías romanísticas. Sí hay, en cambio, un relación bibliográfica final. (F. C. B. )

Rosario de Castro - Camero, El crimen maiestatis a la luz del Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 2000, 235 páginas.

El presente libro es resultado de la tesis doctoral de su autora y constituye el primer trabajo de conjunto realizado sobre el delito de lesa majestad tras el formidable descubrimiento de una copia en bronce (copia A) del SC. de Cneo Pisone patre (20 d. C. ), hasta ahora desconocido, y que documenta fehacientemente algunas de las informaciones vertidas por Tácito (ann. 3,10 - 18) en torno al juicio de Gneo Calpurnio Pisón como consecuencia de la muerte de Germánico en Oriente. Este trabajo es un estudio en profundidad de los elementos de esta importante figura delictiva, teniendo en cuenta los datos contenidos en ese S. C. , así como de las consecuencias penales y patrimoniales derivadas del mismo.

Tras el prólogo del prof. Betancourt que nos pone en antecedentes sobre los objetivos del trabajo y la formación de su autora, el libro se desglosa en tres partes bien diferenciadas. La primera de ellas, y la más breve (pp. - 23 - 50), se ocupa de explicar los orígenes y configuración jurídica del crimen maiestatis, partiendo del concepto de maiestas populi Romani como auténtico bien jurídico protegido a través de este peculiar tipo penal. La A. analiza las relaciones entre este delito, conformado como tal sólo en la República avanzada, y el viejo delito de carácter sacral de la perduellio, que, en la medida en que fue juridificándose y perdiendo adherencias religiosas, acabó por fin subsumiéndose en las modalidades conocidas de crimen maiestatis. Se estudian a continuación las sucesivas leyes reguladoras de este tipo penal y las conductas penalizadas finalmente por la lex Iulia de maiestate (ya fuera cesariana o augústea, extremo éste sobre el que no se define la A. ), aún vigente en el período de interés central del trabajo, i. e. el reinado de Tiberio, destacándose el alto contenido político de las mismas. El apartado se cierra con un análisis de la actuación penal de Pisón y cómo las acusaciones de que fue objeto lo situaban sin duda en el marco de intervención de dicha ley de maiestate.

La segunda parte (pp. 51 - 139) es el núcleo central del trabajo y está dedicada a un estudio completo de la penalidad correspondiente al crimen maiestatis, señalándose las diversas con secuencias jurídicas derivadas de una condena por actuaciones calificadas de lesa mejestad, tanto las de carácter personal como las patrimoniales. Así, se pasa revista a la cuestión de la pena capital y sus formas (summa supplicia) _en particular, al problema del suicidio del procesado, con la posibilidad de continuación de su procesamiento post mortem_, a la figura de la aqua et igni interdictio (orígenes, significado y consecuencias de tipo jurídico - privado: capitis deminutio pérdida de la testamenti factio, etc. ) y, derivada de ésta, pero con una entidad diferenciada, la publicatio bonorum, que reviste una particular relevancia en este caso por las referencias explícitas que aparecen en el S. C. objeto de estudio: la A. destaca adecuadamente la importancia decisiva de esta medida como objeto de la penalidad en los procesos post mortem y describe con detalle el procedimiento completo de ejecución de la misma; dedica una especial atención al problema del destino final de los bona publicata y, en particular, a la medida contenida en el S. C. de concesión de una dote y un peculio sobre la base de esos bienes en favor de Calpurnia, al parecer nieta de Gneo Pisón: ello le da pie a la A. para hacer un amplio excursus en torno a las figuras de la dote y el peculio (incluido un análisis palingenésico de D. 15. 1) que, a nuestro juicio, quizá desborda las exigencias propias del discurso de la obra y conduce a una innecesaria desviación de la atención respecto al asunto principal. Por fin, este apartado se cierra con un apunte en torno a la damnatio memoriae del imputado, otra de las penas asociadas a la condena por lesa majestad, observando el conjunto de las medidas aprobadas en última instancia por el Senado contra la memoria de Gneo Pisón, para concluir que en realidad dicha pena no le fue aplicada, confirmando así el relato de Tácito que aludía a la suavización por Tiberio del tenor de la condena finalmente impuesta a Pisón.

El último apartado (pp. 141 - 210) se destina al estudio de los aspectos procesales del crimen maiestatis. La A. revisa detenidamente el funcionamiento de los órganos de enjuiciamiento de este delito, con carácter general la quaestio perpetua de maiestate y, con carácter extraordinario, en época imperial, el Senado, cuya competencia es objeto de particular atención dado el supuesto central del trabajo. La A. hace una excelente síntesis de ambos procedimientos, en especial de la cognitio senatus y de los eficaces mecanismos técnicos de que dispuso el princeps para hacer prevalecer su voluntad en dichos procedimientos. El texto finaliza con una revisión del relato del proceso senatorial ofrecido en los Annales de Tácito, confirmando en gran medida su exactitud y acribia a través del texto conservado del S. C. , lo que constituye un magnífico instrumento de análisis de las técnicas de construcción historiográfica utilizadas por el gran escritor romano.

Pone fin a la obra un epílogo que contiene unas atinadas conclusiones generales de la investigación (donde destacan los aspectos jurídico - penales y patrimoniales), una reproducción del texto del S. C. (tomado de la edición de Caballos/ Eck/ Fernández, El Senadoconsulto de Gneo Pisón padre, Sevilla, 1996; cfr. Mercogliano, ZSS 116 [1999], 389 ss. , sobre la edición alemana, con referencias) y un índice de fuentes.

En su conjunto, se trata de un trabajo muy correcto, tanto por su idónea metodología y articulación como por su estilo terso y transparente, su excelente empleo de una atinada y abundante literatura y su ejemplar manejo de las fuentes, donde se pone de manifiesto la eficacia de un estudio serio basado en la combinación de textos jurídicos, literarios y epigráficos. Pocas objeciones merece este sólido libro, salvo quizá su deficiente tratamiento tipográfico, que hace innecesariamente costosa la lectura, a facilitar la cual no contribuye tampoco un tal vez excesivo celo de la A. por transcribir el texto de prácticamente todas las fuentes que utiliza: hubiera sido preferible seguramente una menor exhaustividad en aras de conseguir una más agradable presentación del texto. En cualquier caso, no dudamos en recomendar vivamente su lectura. (F. J. A. )

Gabriel del Estal, Los tres vuelos del Águila de Hipona. Historia y Humanismo Jurídico, Madrid, Ediciones Escurialenses, 2001, 175 páginas.

Los tres vuelos del título hacen referencia a tres de las obras de S. Agustín, llamado el "Águila de Hipona": Las Confesiones, La Ciudad de Dios y De la Trinidad. El subtítulo "Historia y Humanismo Jurídico" no debe llamar a engaño; el libro del doctor Del Estal, profesor en el Real Colegio Universitario "María Cristina" del Escorial, no es propiamente hablando un libro de historia jurídica ni una investigación de derecho romano. Se trata más bien de un ceñido estudio, no libre de circularidad y de reiteraciones en la exposición, de la peripecia vital de S. Agustín y sobre todo de su camino hacia la conversión al cristianismo; un estudio, por cierto, que se inscribe en la línea de otros trabajos anteriores del A. , dos de los cuales son refundidos ahora en el cuerpo unitario del libro que reseñamos.

Algunos incidentes de aquella trayectoria agustiniana son explicados en clave histórico - jurídica, y es aquí, a propósito de estos sucesos, donde entra en juego la consideración de aspectos muy concretos del derecho romano. La atención más detenida se presta al impedimentum conjugii por cuya causa no pudo Agustín, recién obtenida la "Cátedra Imperial de Rétor" de Milán, con la dignitas a ella correspondiente, unirse en matrimonio con la que durante catorce años había sido su concubina (cfr. Conf. 6. 15. 25); aquel impedimento se explica a la luz de lo ordenado por las leges Iulia de maritandis ordinibus y Papia Poppaea nuptialis (D. 23. 2. 49 es el texto básico sobre el que razona el A. ). En relación con el mismo episodio se recuerda la legislación postclásica que regula el procedimiento para la provisión de las Cátedras Imperiales (CTh. 11. 13. 5 = C. 10. 53. 7), al que Agustín hubo de someterse para obtener su Cátedra de Rétor milanesa, y las leyes, asimismo postclásicas, en las que se asienta la integración de profesores y maestros entre las dignidades del Imperio (C. 10. 53. 4, 6 y 7, C. 10. 53, 6, entre otras). Interesante es también el análisis filológico - jurídico de los términos concubinatus y concubina a que da pie la frase cum qua cubare solitus erat que utiliza Agustín para referirse a la mujer con la que había convivido durante catorce años (cfr. Conf. 6. 15. 25). En conjunto, estos análisis, funcionales al tema principal estudiado, ocupan los capítulos X a XXI del libro (pp. 32 - 64), aunque el A. vuelve una vez más sobre ellos en las entradas correspondientes del primer apartado del índice analítico y complementario (pp. 150 - 153).

Las páginas finales de la obra (pp. 143 - 175) contienen, precisamente, este llamado índice analítico complementario, con una primera sección de "cuestiones básicas clave, por orden correlativo de materias" y varios índices; entre ellos el de las numerosas ilustraciones a página completa que embellecen el texto, seleccionadas por Antonio Iturbe Sáiz. (F. C. B. )

Rafael Domingo y Beatriz Rodríguez - Antolín, Reglas jurídicas y aforismos, Pamplona, Aranzadi, 2000, 227 páginas.

Este curioso libro se inscribe, de alguna manera, en la larga tradición literaria de elaboración y transmisión de reglas jurídicas (regulae, brocarda, aforismos) que arranca del Derecho romano y se prolonga, más allá de los Códigos, hasta la actualidad. Su núcleo lo constituye un amplio repertorio de 700 reglas y aforismos a los que se suman los títulos que el Digesto (50. 17) y las Partidas (7. 34) dedicaron a las reglas jurídicas. Hay, además, un pequeño elenco de definiciones de conceptos jurídicos extraídas de las fuentes romanas y una relación de expresiones latinas de uso forense. Por último, varios índices (de autores, tópico y de reglas jurídicas y frases latinas) que son de gran ayuda para un uso eficaz de la obra. La amplitud del material revisado se puede apreciar por la lista de abreviaturas y siglas especiales del principio.

En la introducción se ofrece un resumen de la historia de las regulae iuris y de su difusión como género literario desde el Derecho romano hasta su incorporación en los Códigos nacionales, a través de los principios generales del derecho. Oportunamente se advierte que la aplicación de las reglas tiene muchas veces poca relación con su origen, y que es esta descontextualización, responsable de la dispersión de las fuentes que nos informan sobre ellas, la que asegura la fecundidad y permanencia de las reglas. Por otro lado, sin pretensión de agotar el vasto campo de las regulae iuris, los AA. sí han intentado recoger la mayor parte de los aforismos citados por los más altos Tribunales españoles y por algunos Tribunales internacionales, indicando en cada caso el origen de la regla, dando su traducción, apuntando la jurisprudencia que la utiliza y haciendo remisiones a la legislación española vigente y a cuerpos legales de otros países y a Tratados internacionales; en algunos casos se añaden referencias bibliográficas.

La utilidad de este libro para los juristas en general es evidente. Aunque los AA. no se han servido de ellas - lo cual, en rigor, no era imprescindible - conviene anotar la existencia en la historia de la literatura jurídica española de obras que resaltan la importancia de las reglas, brocardos o aforismos, como las Regulae iuris utriusque cum ampliationibus et limitationibus de Pedro de Dueñas (Salamanca, 1554), el Arte legal para estudiar la jurisprudencia de Francisco Bermúdez de Pedraza (Salamanca, 1612) o los Axiomata iuris de Gabriel Álvarez de Velasco (Madrid, 1631). (F. C. B. )

Esther Domínguez López, La gratuidad y la utilidad como factores determinantes de la responsabilidad del comodatario, Granada, Comares, 2001, 292 páginas; prólogo de A. Ortega Carrillo de Albornoz.

Véase la reseña de F. C. B. en REHJ 22 (2000) p. 498.

Paula Domínguez Tristán, El prodigus y su condición jurídica en Derecho romano clásico, Barcelona, Cedecs Editorial S. L. , 2001, 206 páginas; prólogo de Ricardo Panero Gutiérrez.

Si se prescinde de las numerosas erratas que se han deslizado en el prólogo y en la introducción, así como de un defecto de composición responsable de que la paginación no se siga de forma correcta, nos encontramos ante un estudio compacto, bien redactado y sólidamente fundamentado en las fuentes. El propósito principal de la A. es determinar si la posición jurídica del pródigo en el derecho romano clásico fue contemplada por la jurisprudencia de forma autónoma y singular; nace este interés del hecho de que la doctrina asimila frecuentemente aquella posición a la del furiosus o a la del pupillus infantia maior, basándose en el aparente parecido de las soluciones que los textos ofrecen para distintas situaciones en las que pueden verse envueltos todos y cada uno de estos individuos.

El cuerpo del estudio consta de dos partes. En la primera, dividida en tres capítulos, se analiza el concepto jurídico de prodigus desde los puntos de vista etimológico - semántico y diacrónico o evolutivo, así como los presupuestos que configuran en abstracto la conducta de prodigalidad. La segunda, con otros cuatro capítulos, es un feliz ensayo dirigido a reconstruir la condición jurídica del prodigus en el derecho clásico y a probar su singularidad. Partiendo de la proposición cui (lege) bonis interdictum est (Ulp. Ep. 20. 13) como expresión de valor técnico referida al pródigo sobre cuyos bienes ha decretado el pretor la interdicción, la A. se pregunta inicialmente por los bienes sobre los que recae este decreto y por el contenido y efectos jurídicos de la interdicción, concluyendo mediante el análisis de Paul Sent. 3. 4A. 7 y D. 27. 10. 10 pr. que ésta afecta a la totalidad del patrimonio del pródigo y que su finalidad es prohibir cualquier modo de enajenar o de asumir obligaciones; dos importantes ideas empiezan a afirmarse ya desde estos pasos iniciales: en cuanto a la condición jurídica del pródigo, que a éste no le falta capacidad sino poder de disposición (legitimación para disponer), y en cuanto a las decisiones jurisprudenciales relativas al pródigo, que su fundamento constante y verdadero debe buscarse en la interdicción y no en la equiparación con el furiosus o con el pupillus infantia maior. Estas dos ideas se encuentran en la base del estudio de los capítulos segundo y tercero sobre los actos que el prodigus no puede realizar y sobre aquellos otros que sí le están permitidos; del examen de los primeros (en las esferas obligacional y real, sucesoria y procesal) se desprenden conclusiones como, por ejemplo, la irretroactividad de la interdicción (D. 12. 1. 9. 7) o la ineficacia de la compraventa realizada por el pródigo (C. 2. 21. 3), a diferencia del tratamiento como negocio claudicante de la concluida por el pupillus infantia maior, y en suma, una vez más, la idea de que la situación del pródigo se explica desde la perspectiva, no de la falta de capacidad, sino de la interdicción que determina su falta de potestas alienandi (cfr. G. 2. 62); fuera de la interdicción, y permitidos por tanto al prodigus, quedan en cambio todos los actos que mejoran su condición patrimonial, en particular la adición de la herencia (D. 29. 2. 5. 1) siempre que ésta no sea damnosa, en lo que se refleja también la singularidad de su posición jurídica frente a las del furiosus y el pupillus infantia maior. La singularidad de la posición del prodigus frente a estas dos figuras es definitivamente ratificada en el capítulo final, ante todo restituyendo a su contexto la afirmación aparentemente general de D. 50. 17. 40 según la cual furiosi vel eius, cui bonis interdictum sit, nulla voluntas est.

En todo momento la A. presta la debida atención a las diferentes posturas doctrinales que se han expresado sobre los puntos en cuestión. La exégesis de los textos es realizada con gran orden y claridad. Los resultados parciales que se obtienen a medida que avanza el estudio se recogen en breves secciones al final de algunos apartados; falta, en cambio, un capítulo de conclusiones generales que hubiera sido fácil de realizar. El libro concluye con la relación de la bibliografía utilizada y el índice de fuentes. (F. C. B. )

Xavier d'Ors, Antología de textos jurídicos de Roma, Madrid, Akal/Clásica, 2001, 399 páginas.

La dificultad de una antología estriba en que la selección de textos ofrecida por su autor consiga la finalidad que le movió a seleccionarlos. En este sentido, se ha de señalar que esta «Antología de textos jurídicos de Roma» no se presenta como un complemento de la docencia del derecho romano _aunque podría emplearse como tal_, sino que pretende un objetivo más amplio: servir, no sólo a los juristas, sino también a quienes, por otras razones, pueden tener interés en el mundo antiguo, para adentrarse en el conocimiento de estos textos jurídicos que hicieron del derecho romano la base del derecho europeo, y una de las bases de la civilización occidental.

Para ello, la obra agrupa los textos seleccionados en ocho apartados, precedidos por una selección bibliográfica y una introducción que pondera las características de los textos, las circunstancias de su redacción o hallazgo, o su importancia.

El primero de estos apartados, bajo el epígrafe «Historia del derecho romano», recoge el largo fragmento del Enchiridion o manual de Pomponio conservado en D. 1, 2, 2, obra única entre la literatura romana, por cuanto se ocupa, no de problemas jurídicos, sino de la evolución histórica del derecho romano, desde los orígenes a la época de Adriano, en que el jurista escribe.

Una selección de preceptos de las Doce Tablas _hito fundamental del derecho romano arcaico_ compone el segundo apartado, mientras el tercero ofrece el diálogo entre el filósofo Favorino y el jurista Sexto Cecilio Africano, de mediados del siglo II d. C. , que transmite Aulo Gelio en sus Noches Áticas, y que permite advertir el distinto juicio de la filosofía y la jurisprudencia de esa época sobre aquellos preceptos arcaicos.

El grueso de los textos jurídicos que conservamos lo constituye el llamado derecho clásico, en la forma en que fue conservado por la compilación justinianea. El cuarto apartado expone, a partir de textos de las Instituciones de Gayo y de Justiniano, algunos conceptos jurídicos fundamentales que, además de ofrecer un ejemplo del peculiar estilo de esta literatura isagógica, que introducía al estudiante de la época en el conocimiento elemental del derecho, permiten al lector no jurista una mejor comprensión de los textos incluidos en los apartados sucesivos.

Los cuatro apartados finales de la obra presentan ejemplos de todas las fuentes del derecho romano. El A. ha optado por tratar en el apartado quinto aquellas fuentes que concurrieron a la formación del derecho civil y el derecho honorario, hasta la irrupción del príncipe en la escena política. Así, recoge aquí algunos ejemplos de edictos contenidos en el Edicto Perpetuo, de senadoconsultos y de leyes comiciales _con especial consideración de las leyes coloniales y municipales_, y dedica extensa atención a la jurisprudencia, presentando ejemplos de los distintos géneros de literatura jurídica que ésta creó durante la época clásica, junto con algunos fragmentos de literatura postclásica, lo que permite apreciar el empobrecimiento de la jurisprudencia en esta época.

Los apartados sexto y séptimo ofrecen sendos documentos epigráficos, cuyo interés estriba en que, sin ser propiamente fuentes jurídicas, ayudan a comprender la trascendencia que habría de tener, sobre dichas fuentes, la nueva forma política del principado: son las gestas del divino Augusto y la ley llamada «del imperio de Vespasiano».

El último apartado de esta antología selecciona ejemplos de constituciones imperiales, deteniéndose en aquellas que más directamente afectaron al derecho privado, como fueron los rescriptos y las leyes imperiales. La constitución Tanta, por la que Justiniano promulgó el Digesto, cierra este último apartado dedicado a la legislación imperial.

Completa la obra un índice temático, que ayuda al fin formativo que la anima, un fin perseguido también por las abundantes notas que comentan los textos seleccionados. (A. M. S.)

Estudios de Derecho romano en memoria de Benito Mª Reimundo Yanes, coordinador: Alfonso Murillo Villar, 2 tomos, Burgos, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2000, xxvi+577 y xvi+591 páginas.

Presentación del Rector de la Universidad de Burgos, pp. xix - xxi; Prólogo del Decano de la Facultad de Derecho, pp. xxiii - xxvi.

Tomo I: A. Alemán Monterreal, "Sobre la eficacia novatoria de la transacción", pp. 1 - 13; L. Bernard Segarra, "Un supuesto de successio in locum en D. 20. 3. 3 (Paul. 3 quaest. ), pp. 15 - 21; Mª. J. Bravo Bosch, "Algunas consideraciones en torno a la Lex Aquilia", pp. 23 - 36; G. Buigues Oliver, "Algunas reflexiones en torno a I. 4. 6. 5 y D. 17. 1. 57", pp. 37 - 48; A. Calonge Matellanes, "La acción de jactancia", pp. 49 - 57; A. Calzada González, "Una aproximación a la aditio mandato creditorum", pp. 59 - 71; F. Camacho de los Ríos, "Pignus nominis: aproximación a un proceso de recepción", pp. 73 - 91; J. G. Camiñas, "Acerca del senadoconsulto Turpiliano", pp. 93 - 102; S. Castán Pérez - Gómez, "Nuevas observaciones sobre la condición jurídica del mar y sus litorales en el Derecho Romano", pp. 103 - 121; J. Mª. Coma Fort, "Quinto Mucio y el calendario", pp. 123 - 137; J. Daza Martínez, "Ius naturale en el Derecho Romano clásico", pp. 139 - 164; P. Domínguez Tristán, "Bonorum possessio dimidiae partis ab intestato ex edicto: concurrencia sucesoria del patrono con los hijos del liberto", pp. 165 - 181; Mª. T. Duplá Marín, "D. 36. 2. 16. 1 (Iul. 35 Dig. ): una excepción a la regla dies autem usus fructus, item usus non prius cedet quam hereditas adeatur", pp. 183 - 195; Mª. E. Fernández Baquero, "Conubium y sponsalia: reflexiones sobre la concepción originaria del matrimonio romano", pp. 197 - 215; A. Fernández Barreiro, "Consideraciones sobre algunos factores histórico - culturales del proceso formativo del espacio jurídico común europeo", pp. 217 - 243; A. Fernández de Buján, "Conceptos y dicotomías del ius", pp. 245 - 272; M. Fernández Prieto, "El senatusconsultum ultimum", pp. 273 - 323; M. Fuenteseca Degeneffe, "El nacimiento de la historia jurídica y su contraposición con la dogmática pandectística", pp. 325 - 337; J. García Sánchez, "Problemas derivados de la ejecución de un legado en el s. XVII", pp. 339 - 371; C. García Vázquez, "La persona física y la relación de precario", pp. 373 - 390; E. Gómez Royo, "La condictio de bene depensis: una creación escolástica bizantina", pp. 391 - 417; L. Gutiérrez - Masson, "Fictio iuris - civitas augescens", pp. 419 - 431; C. Gutiérrez García, "La palabra pacto en las fuentes literarias", pp. 433 - 439; G. de las Heras Sánchez, "Una prohibición de inhumar", pp. 441 - 449; R. Herrera Bravo - Mª. Salazar Revuelta, "La doctrina de la usura en la tradición romano - canónica europea", pp. 451 - 482; D. de Lapuerta Montoya, "El fundamento de la potestad expropiatoria en Roma", pp. 483 - 498; Mª. R. López - Barajas Mira, "Algunas reflexiones acerca de la estipulación novatoria", pp. 499 - 513; A. López Pedreira, "Constitución de servidumbre por destinación del padre de familia: antecedentes del art. 541 del Código civil español", pp. 515 - 531; C. López - Rendo Rodríguez, "La sucesión intestada en la Ley de las Doce Tablas", pp. 533 - 568; E. Lozano Corbí, "Origen de la propiedad romana y sus limitaciones", pp. 569 - 578.

Tomo II: R. Mentxaka Elexpe, "En torno a LV 5. 4. 12 y los hijos de familia como objeto de prenda", pp. 1 - 25; A. Montañana Casaní, "La retribución de las funciones judiciales en los Fueros de Valencia. Estudio de la rúbrica: `Del quart e de les penes de la Cort'", pp. 27 - 38; A. Murillo Villar, "Fundamentación romanística en la formación del jurista europeo", pp. 39 - 53; Mª. I. Núñez Paz, "Una aproximación a la causa como elemento configurador del contrato. Derecho romano y modelos europeos", pp. 55 - 68; J. A. Obarrio Moreno, "La recepción del ius commune en los Furs de Valencia: El procedimiento por contumacia o `per bandiment'", pp. 69 - 87; A. Ortega Carrillo de Albornoz, "Usus fructus gregis y el artículo 499 del Código civil", pp. 89 - 102; Mª. E. Ortuño Pérez, "Algunas consideraciones sobre la tutela de los menores en la lex Romana Burgundiorum", pp. 103 - 136; E. Osaba García, "Un rescripto de Gordiano III en materia de intereses dotales: CJ. 5. 11. 2: Im. Gordianus A. Herodoto (a. 238)", pp. 137 - 151; P. Panero Oria, "La vida de la sociedad: El consensus perseverans", pp. 153 - 173; R. Panero Gutiérrez, "Capitis deminutio y capite deminutus", pp. 175 - 186; J. Paricio, "Sobre el origen y naturaleza civil de los bonae fidei iudicia", pp. 187 - 197; T. Peralta Escuer, "Lenguaje y derecho en Marcellus: D. 32. 69 pr. 1", pp. 199 - 211; Mª. P. Pérez Álvarez, "El privilegio de los depositantes sobre el patrimonio del banquero en derecho romano clásico", pp. 213 - 227; A. Pérez Vivó, "De la dos romana al dot catalán. Un apunte histórico", pp. 229 - 245; Mª. C. Pujal Rodríguez, "Formas testamentarias romanas en algunas fuentes medievales", pp. 247 - 261; C. Rascón García, "Custodia seu presunción de culpa", pp. 263 - 276; P. Resina Sola, "Vetus iuris altercatio. La transmisibilidad hereditaria de las stipulationes", pp. 277 - 291; E. Rodríguez Díaz, "L. 1, & 14 D. ad Leg. Falcid. 35,2 y el cálculo de la Quarta Falcidia", pp. 293 - 303; L. Rodríguez - Ennes, "Las explotaciones mineras y la romanización de Gallaecia", pp. 305 - 325; R. Rodríguez López, "La mujer y el régimen de la prisión por deudas", pp. 327 - 345; R. P. Rodríguez Montero, "La carta de Seya: problemática jurídica de una epístola peculiar", pp. 347 - 363; L. Rodríguez - Valdés Álvarez, "Notas en torno a D. 33. 7. 29 (Instrumentum navis)", pp. 365 - 377; J. Mª. Royo Arpón, "Valor semántico de `apud' en D. 18. 1. 74", pp. 379 - 388; J. Mª. Sáinz - Ezquerra Foces, "Aemilius Macer y la nostalgia del clasicismo", pp. 389 - 401; V. Sáiz López, "Ius utendi fruendi de la jurisprudencia romana clásica en la concepción doctrinal unitaria dominium et servitus del ius commune", pp. 403 - 429; E. Sánchez Collado, "De servitute pecoris pascendi", pp. 431 - 457; Mª. V. Sansón Rodríguez, "La posesión constante del estado de hijo legítimo", pp. 459 - 506; C. Santos Rojo, "Contraposición entre dominium y iura praediorum: exégesis de D. 8. 3. 30", pp. 507 - 516; G. Suárez Blázquez, "Reflexiones sobre la bonorum possessio ex testamento `cum tabulas et contra tabulas', y bonorum possessio ab intestato", pp. 517 - 538; A. Torrent Ruiz, "Estudios sobre la `servitus oneris ferendi' II. Cargas reales", pp. 539 - 551; E. Varela Mateos, "La prohibición de la segunda hipoteca en las Leyes de Partidas. Antecedentes históricos", pp. 553 - 560; A. Viñas, "Aproximación a una teoría personalista del derecho desde la experiencia jurídica romana", pp. 561 - 582; J. L. Zamora Manzano, "La estiba de mercancías y su constatación documental en el transporte marítimo romano", pp. 583 - 591.

Alejandrino Fernández Barreiro, Estudios de Derecho procesal civil romano, La Coruña, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1999, 582 páginas; presentación de L. Rodríguez - Ennes.

Damos aquí noticia de un libro publicado en 1999 que sólo ahora (septiembre de 2001) ha llegado a nuestro conocimiento. Se trata de una colectánea de escritos de temática procesal del profesor Fernández Barreiro que la Universidad de La Coruña publica como homenaje a este profesor con motivo de haber cumplido veinticinco años como Catedrático en las Universidades de Santiago de Compostela y La Coruña.

Contiene el volumen los siguientes estudios: 1) La previa información del adversario en el proceso privado romano (pp. 15 - 360), cuyo origen se encuentra en la monografía del mismo título publicada por EUNSA en Pamplona, 1969. 2) Sobre el título edictal "de in ius vocando" (pp. 361 - 470), bajo cuyo epígrafe se agrupan tres estudios parciales sobre el régimen pretorio de la in ius vocatio: "Autorización pretoria para la in ius vocatio", publicado originalmente en SDHI 37 (1971); "El vindex en la in ius vocatio", en AHDE (1971); y La frustración de la comparecencia por intervención de un tercero, publicado como monografía en 1972 por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela. 3) Disposiciones normativas imperiales reformadoras del procedimiento civil (pp. 471 - 493), con estos dos estudios: "Un edicto general de Diocleciano sobre procedimiento civil", originalmente en Estudios en Honor de A. d'Ors, Pamplona, 1987; y "Legislación senatorial de Marco Aurelio sobre procedimiento civil", en los Estudios en Homenaje al Prof. J. Iglesias, Madrid, 1988. Y 4) Algunos problemas básicos de política procesal (pp. 495 - 582), capítulo en el que se recogen otros cuatro estudios: "Los principios `dispositivo' e `inquisitivo' en el proceso romano", en SDHI 41 (1975); "Dilatio litis propter instrumenta", en Estudios en Homenaje al Prof. U. Álvarez Suárez, Madrid, 1978; "De collusione detegenda", en RFDUC 16 (1988); y "Ética de las relaciones procesales romanas: recursos sancionadores del ilícito procesal", en SCDR 1 (1990).

Desde su condición de amigo y discípulo, el profesor Rodríguez - Ennes traza en la presentación del libro una afectuosa semblanza del A. (F. C. B. )

Alejandrino Fernández Barreiro y Javier Paricio, Fundamentos de Derecho privado romano, 4ª ed. , Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, S. A. , 2000, 556 páginas.

Véase la reseña de F. C. B. sobre la edición anterior en REHJ 21 (1999) página 551.

Ana Cristina Fernández Cano, La llamada "Ley de Citas" en su contexto histórico, Madrid, Fundación Seminario de Derecho Romano "Ursicino Álvarez", 2000, 257 páginas.

La calidad de un trabajo se puede apreciar desde sus primeras páginas. En el caso del libro de Fernández Cano es una verdadera satisfacción poder decir desde el principio que se trata de una obra rigurosa, inteligentemente construida y muy bien redactada. El tema es de los que imponen respeto al investigador más avezado por su gran trascendencia y por su indudable dificultad, pero la A. ha sabido afrontarlo de forma equilibrada hasta conjugar todos sus aspectos en una visión coherente. Y ha tenido que hacerlo en debate constante con las doctrinas de romanistas de enorme talla (Gradenwitz, Pringsheim, Wieacker, entre otros) que defienden posiciones parcial o totalmente distintas de las suyas.

La primera parte establece el marco histórico de la ley de Citas y destaca el protagonismo de Gala Placidia en los acontecimientos políticos y jurídicos de comienzos del siglo V. La segunda se refiere a la legislación de Valentiniano III y su necesidad práctica. Concretamente, si el objetivo general de esta legislación es lograr que la máquina del Imperio funcione y congregar en esa dirección el apoyo del Senado y de la Iglesia, la oratio de 7 de noviembre del año 426, de la que forma parte la ley de Citas, pretende remediar la delicada situación de la administración de justicia, agravada por la creciente dificultad de conocer el derecho vigente, por la "elefantiasis legislativa" y por la división del Imperio, entre otros factores. Dicha oratio se refería tanto a las leges como a los iura, siendo el primer intento conocido de "regular de un modo orgánico todo el sistema de fuentes de cognición del derecho". En lo que respecta a la legislación, los fragmentos conservados (C. 1. 14. 2 y 3, 1. 19. 7 y 1. 22. 5) revelan la intención de separar netamente las leges generales de los rescriptos y otras disposiciones de alcance particular, dando criterios formales por los que los jueces pueden comprobar si se hallan en presencia de normas de uno u otro tipo. La tercera y más importante parte es un estudio detallado de la llamada ley de Citas (CTh. 1. 4. 3) que abarca desde su denominación, transmisión y "occidentalidad hasta una propuesta de traducción, y que se basa muy principalmente en una exhaustiva exégesis histórica y filológica del texto legal articulada en los apartados siguientes: el núcleo principal de la ley; la frase eorum quoque scientiam. . . ; la codicum collatio; ¿la obra en general o la cita expresa?; la referencia a Escévola, Sabino, Juliano y Marcelo; y crítica a la interpretación restrictiva de CTh. 1. 4. 3. Por último, en las páginas finales se efectúa una valoración conclusiva de la ley de Citas.

De la lectura del libro se desprende un conjunto de ideas que, en imperfectísima síntesis, podrían ser éstas: la influencia determinante de Gala Placidia en la legislación del primer período del reinado de Valentiniano III, de lo que sería ejemplo notorio una constitución sobre materia sucesoria fechable en el mismo día que la oratio sobre las fuentes del derecho (CTh. 8. 18. 9, 8. 19. 1, 8. 13. 6, 5. 1. 8, 8. 18. 10, 4. 1. 1; C. 6. 60. 3, 6. 61. 1, 8. 55. 9, 6. 38. 10, 6. 56. 5, 6. 55. 11); en particular su influencia en la emanación de una ley con el propósito y la orientación de la que constituye el objeto del estudio. La necesidad, en el plano metodológico, de plantear la investigación sobre la ley de Citas en el contexto histórico - político del momento y en el de su relación con las partes conservadas de la oratio de 7 de noviembre de 426 que se refieren a las leges (recuérdese que el texto de CTh. 1. 4. 3 comienza con las palabras post alia y termina con un et cetera). La probabilidad de que la reorganización de las fuentes del derecho operada por esta constitución fuera promovida por el Senado y la certidumbre de que su propósito era solucionar los problemas de inseguridad jurídica (ius incertum, ius controversum) mediante la estricta limitación del margen de interpretación concedido a jueces y abogados sobre las leges y los iura. La recuperación de Gayo para la práctica como efecto buscado por la ley de Citas al equipararle en auctoritas a los otros cuatro juristas. En relación con el valor de las citas de otros juristas presentes en las obras de los cinco principales, la defensa de la presencia de la regulación correspondiente en el texto original del 426, y consiguientemente el rechazo de la interpolación de la frase de CTh. 1. 4. 3 que refleja esa regulación (eorum quoque scientiam - firmentur). Asimismo, la explicación del requisito de la codicum collatio como comparación de cualesquiera manuscritos que permitan al juez convencerse de la autenticidad de la cita, y la restricción de la posibilidad de invocar en juicio el parecer de juristas distintos de los cinco principales a las opiniones concretas que éstos hubieran acogido o hecho suyas, como único modo de conciliar esa apertura hacia el derecho jurisprudencial con las reglas de la mayoría que la propia ley consagra y con el requisito de la codicum collatio. La opción por Q. Mucio Escévola frente a Cervidio Escévola como el jurista que encabeza los de la segunda serie de la ley. El rechazo de la fuerza probatoria de los pocos testimonios posteriores a la ley de Citas que parecerían indicar una práctica contraria a la visión restrictiva de la recitatio de juristas diferentes de los cinco principales (C. 6. 61. 5. 1 y Schol. Sin. 11 y 35).

Al autor de esta reseña le ha parecido observar al menos un flanco débil en la tesis de la A. Si, como parece probable, la concesión del ius respondendi va cayendo en desuso de Adriano en adelante no puede decirse con la seguridad con que lo hace la A. que Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino gozaran de tal distinción; aún más dudoso es que CTh. 1. 4. 3 se la otorgase a Gayo "a título póstumo" (págs. 128, 176) para, cumplido este requisito, poder incluirle en la lista de juristas autorizados. Si se pretende trasladar este mismo fundamento a la autorización de las opiniones de otros juristas citadas por estos cinco, imagínese la incongruencia de sostener tal cosa respecto de las citas de Q. Mucio Escévola, Labeón o Pomponio, entre otros juristas de los que consta que no tuvieron el ius respondendi. Dos pequeños reparos más tienen que ver con los motivos de la ley de Citas y con la regulación del uso de las opiniones de los juristas citadas por los cinco principales. Entre los motivos de la ley no se da la debida importancia a la contradicción, que debía de ser cada vez más visible, entre la textura libre y controversial del derecho de juristas y el monopolio imperial sobre la creación y la interpretación del derecho. En cuanto a las citas de otros juristas, en medio de sus atinados razonamientos a la A. se le escapa, quizás, la constatación más obvia de todas: el legislador no tuvo más remedio que regular la utilización de aquellas opiniones, sencillamente porque formaban parte del contenido de las obras de los cinco juristas "canonizados" en el 426.

Nada de lo anterior es obstáculo para felicitar a la A. por su excelente trabajo y para desearle que siga con el mismo entusiasmo por este camino del buen hacer investigador.

Bibliografía e índice de fuentes.
[Recensiones: J. Paricio, "Sulla c. d. legge delle citazioni", en Labeo 47 (2001), páginas 301 - 307] (F. C. B. )

Antonio Fernández de Buján, Derecho público romano y recepción del Derecho romano en Europa, 5ª ed. , Madrid, Civitas, 2000, 318 páginas.

La novedad principal de esta quinta edición es el capítulo II, que incluye los siguientes epígrafes: "El Derecho Romano como acontecimiento histórico", "La enseñanza del Derecho Romano hasta el momento actual", "Métodos de estudio del Derecho Romano" y "El Derecho Romano como elemento esencial del Derecho Europeo"; además, una tabla cronológica, un índice analítico, varios mapas relativos a la historia de Roma y de la Hispania romana y las orientaciones bibliográficas introducidas al final de cada capítulo.

Para ediciones anteriores véanse las reseñas de F. J. A. en REHJ 21 (1999) páginas 551 - 553 y REHJ 22 (2000) páginas 502 - 503. (F. C. B. )

Margarita Fuenteseca, El problema de la relación entre novatio y delegatio desde Roma hasta las codificaciones europeas, Madrid, Dykinson, 2000, 283 páginas.

Este libro constituye un estudio exhaustivo con el que la A. pretende llevar a cabo la "reconstrucción de la historia de un dogma" (Dogmengeschichte), en concreto, de la novación y su relación con la delegación, a partir del análisis minucioso de las fuentes jurídicas (romanas, medievales y del derecho común, hasta llegar a las modernas codificaciones) y de la revisión de las posturas doctrinales desde los juristas romanos hasta nuestros días. Sólo por eso la obra presenta, ya de entrada, un gran interés y utilidad para cualquiera que desee acercarse al tema de la novación.

En particular, la A. se propone dilucidar la debatida cuestión de si novatio y delegatio constituyen una misma institución, siendo la novatio el genus y la delegatio la species, tal y como se consideró por los juristas medievales y por la escuela francesa de los humanistas, o bien si se trata de dos instituciones diferentes, tal como defendió Salpius y admitió mayoritariamente la romanística europea moderna.

La obra se estructura en seis capítulos y un apartado de conclusiones. Los cuatro primeros capítulos abordan el estudio de la novación en el derecho romano clásico y postclásico - justinianeo; los dos últimos analizan el derecho intermedio y los antecedentes de las codificaciones europeas y, finalmente, la novación en las codificaciones europeas.

La A. nos presenta el "acto novatorio" como estrechamente vinculado al concepto de obligatio (obligación civil, por tanto) y a la stipulatio como el más antiguo de los negocios generadores de tal obligatio, así como a la evolución de este negocio. El punto de partida de Salpius sobre los orígenes de la novación, en relación con la litis contestatio en el antiguo proceso de las XII Tablas, es aceptado por la A. , dados los paralelismos entre ambas instituciones. La novación supone que en virtud de una stipulatio (con función novatoria), el mismo debitum de una prior oblogatio es trasladado a una nueva obligatio, extinguiéndose la primera obligación, pero de manera que en la nueva obligación debe haber algún elemento nuevo, una modificación respecto de la obligación anterior (aliquid novi): el cambio puede consistir en un nuevo acreedor, operándose así una transmisión de crédito (delegatio), o bien en un nuevo deudor (expromissio). No admite la A. que con otros instrumentos como la dotis dictio, el legatum debiti o el constitutum debiti se pueda realizar una novación; sí, en cambio, lo admite para los nomina transcripticia.

El requisito más discutido de la novatio clásica es la exigencia de la titulación de la estipulación. A pesar de las opiniones contrarias de Voci y otros autores, la A. se manifiesta, a mi juicio acertadamente, en la línea de la doctrina que considera que en el derecho clásico siempre la stipulatio novatoria había de ser titulada, esto es, contener la referencia o identificación del prior debiti.

En el capítulo tercero, el más complicado a mi juicio, se aborda el análisis de las fuentes romanas clásicas para determinar las relaciones entre novatio y delegatio en el derecho clásico. Para la A. , la delegatio obligationis se distingue de la expromissio o novación con cambio en la persona del deudor (Gayo, III. 176) por quién toma la iniciativa en la realización del cambio de sujeto pasivo (el acreedor en la expromissio, el deudor en función de delegante en la delegatio). Además, ésta se caracteriza por un mecanismo más complicado que el de la expromissio, en cuanto que hay dos relaciones causales (delegante - delegado y delegante - delegatario) y un elemento clave, el iussum, que se manifiesta mediante stipulatio delegatoria y que es el que justifica que se entiendan cumplidas las dos relaciones causales, por tanto, que se opere una novatio obligationis. No hay, por tanto, una regulación específica para la delegatio obligationis, sino que ésta se configura como un "traspaso de una obligatio civilis, tanto desde el lado activo como el pasivo, mediante una stipulatio que contiene un iussus, es decir, que tiene los mismos efectos que la novatio obligationis, pero con la característica de la concurrencia de tres sujetos, unidos por relaciones jurídicas individualizadas".

En las constituciones imperiales, la A. detecta que se habla únicamente de delegatio debiti, delegación de deuda, "en la que el acreedor, mediando consentimiento del deudor, delega la deuda en un nuevo acreedor, o, también, a iniciativa del acreedor, se produce un cambio en la persona del deudor (antigua expromissio)".

En el capítulo cuarto, tras repasar las opiniones doctrinales en torno al animus novandi y analizar los textos romanos en los que aparecen las distintas expresiones causa novandi, animus novandi, voluntas specialiter expressa o novatio legitime facta y otras análogas, se concluye que causa novandi es expresión clásica que se utiliza para suplir la falta de titulación de la stipulatio y que animus novandi, aunque está interpolada en algunos pasajes, tiene origen clásico cuando se dirige a aclarar las dudas acerca del efecto novatorio o no de la stipulatio. Por otra parte, la voluntad de novar (animus novandi) asume especial relevancia como consecuencia de las transformaciones experimentadas por la stipulatio en época postclásica: puesto que con cualesquiera palabras se puede expresar el consentimiento contractual, es necesario que conste expresamente la voluntad de las partes en orden a que se extinga la primera obligación y sea sustituida por la segunda.

Especialmente interesante es el capítulo quinto en el que la A. analiza las opiniones de glosadores como Azón, Acursio y Rogerio entre otros, de comentaristas tales como Bártolo o Paulo de Castro, y de juristas humanistas como Cuyacio y Donello. Entre los autores del derecho común, la A. presta especial atención a Salpius, cuya teoría acerca de la independencia de novatio y delegatio trata de desmontar.

Finalmente, la A. se pronuncia en el sentido de considerar que el tratmiento que dieron los glosadores y comentaristas primero, seguidos por los humanistas franceses, a la novación (genus) y a la delegatio (species), es acertado y encuentra respaldo en las fuentes jurídicas romanas, afirmación que se apoya en la exégesis minuciosa de los textos romanos (oportunamente traducidos a pie de página), que la A. lleva acabo sin eludir la crítica de interpolaciones, pero con la prudencia que es aconsejable al respecto. Con independencia de que se compartan sus conclusiones, el trabajo de la Profesora Fuenteseca ofrece una respuesta seria y fundamentada a un tema de notable dificultad, tanto por su carácter extremadamente técnico como por que no es sencilla la valoración de los distintos supuestos que las fuentes recogen sobre la novación y la delegación.

Bibliografía e índice de fuentes. (M. T. G. - P. )

Manuel Jesús García Garrido, Derecho privado romano. Casos, acciones, instituciones, 9ª ed. reformada, corregida y revisada, Madrid, Dykinson, 2000, 954 páginas; 10ª ed. , Madrid, Ediciones Académicas S. A. , 728 páginas.

Novedad principal de la novena edición es la ampliación del capítulo IV de la Introducción histórica, "Europa y la recepción del Derecho Romano". En el prólogo se informa de una traducción al ruso cuyas sugerencias, así como las mejoras introducidas en las dos ediciones italianas, se han tenido en cuenta en la revisión del texto.

Aparte del cambio de casa editorial y de una considerable mejora en la composición e impresión de la obra, la novedad de la décima edición se reduce a la ampliación de las referencias al derecho mercantil de los romanos, sobre la base - dice el A. en el prólogo - de investigaciones recientes que han demostrado la existencia en Roma de empresas comerciales apoyadas en la estructura de la familia y la gerencia de los hijos y esclavos, así como de sociedades capitalistas y multiprovinciales como las societates publicanorum.

Véase la reseña de F. C. B. sobre la sexta edición en REHJ 21 (1999) p. 557. (F. C. B. )

Manuel Jesús García Garrido, Cuadros, gráficos y test de Derecho privado romano, 4ª ed. , Madrid, Dykinson, 2000, 364 páginas.

Véanse las reseñas de F. J. A. en REHJ 21 (1999) p. 556 y REHJ 22 (2000) pp. 504 - 505, sobre las ediciones segunda y tercera. (F. J. A. )

Manuel Jesús García Garrido, Responsa. Casos prácticos de Derecho romano planteados y resueltos (incluye CD - Rom), 7ª ed. , Madrid, Dykinson, 2000, 532 páginas; 8ª ed. , Madrid, Ediciones Académicas S. A. , 2001, 531 páginas.

Cambio de sello editorial, nueva revisión de los texos y de las cuestiones que plantean y un total de 140 casos prácticos en la octava edición.

Véanse las reseñas de ediciones anteriores en RHEJ 21 (1999) p. 556, y REHJ 22 (2000) p. 504, por F. J. A. (F. C. B. )

Manuel Jesús García Garrido, El comercio, los negocios y las finanzas en el mundo romano, Madrid, Dykinson - Fundación de Estudios Romanos, 2001, 177 páginas.

Una lujosa edición enriquecida con numerosas ilustraciones y la distinción de haber obtenido el Premio Economía en Roma de la Fundación de Estudios Romanos son la mejor presentación de esta exposición general de la vida comercial y financiera en el mundo romano.

No es propio de las obras de divulgación, como es ésta que comentamos, prodigarse en declaraciones de carácter metodológico. Por eso conviene resaltar una frase de la Introducción que nos advierte del punto de vista desde el que está escrito el libro: "Es legítimo sostener la existencia de precedentes de los actuales sistemas y operaciones en el mundo de las finanzas, siempre que se destaquen las diferencias entre las diversas estructuras sociales y económicas". En esta perspectiva, y sin abusar en ningún caso del señalamiento de precedentes, los once capítulos de este volumen ofrecen un panorama resumido, pero bastante completo, con apoyo directo en las fuentes e ilustrado con numerosas decisiones de casos y litigios reales, de los distintos aspectos de la actividad económica y financiera de Roma. Especial atención se dedica a los llamados "operadores financieros", a las sociedades de banca y a los distintos tipos de operaciones financieras en que participan aquellos operadores (comprobación y cambio de moneda, depósitos, préstamos, intervención en las subastas, etc. ). Los dos últimos capítulos se refieren a las concesiones y contratas administrativas de bienes y servicios públicos.

Si algunos rasgos del panorama expuesto se alejan de nuestras concepciones y prácticas actuales (la peculiar estructura de la familia romana como base de la empresa comercial, la abundante intervención de esclavos y libertos en las actividades mercantiles y financieras o el limitado nivel de profesionalización, por ejemplo), otros nos pueden sorprender por su aparente modernidad (medidas públicas de fomento de la actividad económica, regulación de dicha actividad, precedentes de la responsabilidad limitada de la empresa comercial, interés público del oficio de los banqueros, etc. ). De las 39 páginas de apéndices cabe destacar el de notas bibliográficas y discusiones y la relación de juristas romanos citados (que no es un índice de fuentes), así como el anecdotario de casos y sucesos y el índice de materias.

Al libro le ha faltado una última revisión para eliminar erratas y pulir la redacción. (F. C. B. )

Mª. Teresa González - Palenzuela Gallego, La exceptio non numeratae pecuniae, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2001, 156 páginas; prólogo de J. J. de los Mozos Touya.

"Simplificando mucho los términos del problema, podemos decir que la cuestión planteada es la del sentido que pudo tener la exceptio non numeratae pecuniae, que podía oponer el demandado cuando se le reclamaba por un préstamo de dinero, cuya devolución había sido prometida en una estipulación, de la cual, así como de la entrega del dinero en préstamo al demandado, daba fe un documento presentado al tribunal por el demandante. El demandado alegaba en esta excepción no haber recibido el dinero cuya restitución se le reclamaba (. . . )

"La excepción representaba la aportación de equidad que tradicionalmente venía realizando el ius honorarium, corrigendi iuris civilis gratia, pues habría sido manifiestamente injusto que los tribunales admitieran la reclamación de una cantidad de dinero prometida solemnemente como promesa de devolución de un préstamo, cuando en realidad nada se prestó. El problema es que, para conseguir esta corrección del viejo régimen de la stipulatio, ya existía (. . . ) la exceptio doli. Gayo (4,116) nos refiere precisamente este supuesto de aplicación de la exceptio doli. ¿Por qué esta nueva excepción?

"En una constitución del año 215, C. 4,30,3, en la que aparece concedida la exceptio non numeratae pecuniae, se alude al problema de carga de la prueba planteado: Será el demandante el que tenga que probar que entregó la cantidad de dinero en préstamo, frente a lo que supuestamente ocurriría normalmente con la exceptio doli (. . . ) La exceptio non numeratae pecuniae habría significado el abandono del carácter abstracto de la estipulación, al menos en estos casos, pues ya no quedaría ni siquiera una `abstracción procesal', en el sentido de la expresión de la civilística moderna, abstracción procesal que habría sido característica de la época clásica.

"(. . . ) Pero, sobre todo, la constitución del año 215 no contiene un supuesto de hecho semejante al descrito por Gayo en 4,116 (. . . ) no se trata de que se atribuya la carga de la prueba del fundamento de la excepción al actor, se trata de mucho más que eso, pues el actor ya ha probado al presentar un documento que refleja la operación, la cual incluye tanto la estipulación como la entrega del dinero en préstamo. ¿Qué más tiene que hacer el demandante? Diríamos que nada más. Y sin embargo, si el demandado alega que no recibió el dinero, el actor tendrá que probar especialmente la entrega del dinero en préstamo.

"(. . . ) La alegación de la exceptio non numeratae pecuniae es una negación de la fides probatoria del documento, negación que obliga al actor a aportar una nueva prueba. ¿Por qué?

"La exceptio non numeratae pecuniae aparece poco después de la famosa Constitutio Antoniniana (. . . ) Sabemos que los antiguos habitantes del Oriente Helenístico, a partir de entonces sujetos del derecho romano, trataron de convertir sus antiguos documentos de reconocimiento de deuda en estipulaciones, con objeto de hacerlas valer ante los tribunales romanos, para lo cual añadían la cláusula estipulatoria a la promesa escrita. Sabemos también que en la práctica helenística circulaban documentos de préstamos ficticios, que valían como documentos abstractos de reconocimiento de deuda de dinero, al menos con el efecto de una abstracción procesal. Si unimos ambas cosas nos encontramos con el documento estipulatorio de préstamo fingido que penetra en tromba ante la jurisdicción romana. Si los romanos no hubieran tomado ninguna medida al respecto, se habría impuesto en la práctica la promesa abstracta de dinero por escrito. La reacción de la Cancillería es fulminante y ataca el problema en sus justos términos: esos documentos de la práctica helenística no hacen prueba de la entrega del dinero en préstamo, justamente porque se han terminado transformando en préstamos ficticios (. . . ) que no valen para el derecho romano (. . . ).

"(. . . ) [E]s un tema, como resulta ya de esta breve presentación, de gran interés para cualquier jurista consciente de los problemas del derecho privado, pues toca uno de los temas centrales del derecho patrimonial, como es el de la causa, y expone, respecto de una cuestión concreta pero importante, la reacción del derecho romano ante la invasión de un principio de abstracción que prescinde de la necesidad de justificación en aras de la comodidad del tráfico (. . . )" (Del Prólogo)

Laura Gutiérrez Masson, Andar y desandar el Derecho romano, Madrid, Centro Universitario Francisco de Vitoria, 2000, 72 páginas; presentación de J. M. García Ramos.

Se enmarca esta breve reflexión personal sobre el Derecho romano en ese género de escritos desarrollado en los últimos años en relación con las pruebas para la provisión de las plazas de los cuerpos docentes universitarios. Los primeros destinatarios de lo que ahora se ha dado a la imprenta son los estudiantes, a los que se intenta ofrecer un a modo de armazón general de la disciplina en el que encajar los conocimientos puntuales adquiridos en el aula.

Los tres capítulos en los que se divide el libro, que incluye además la presentación del Director del C. U. Francisco de Vitoria y unas consideraciones previas de la A. , enfocan el Derecho romano como fenómeno social (cap. 1), como fenómeno histórico (cap. 2) y como factor institutivo de la cultura jurídica europea (cap. 3).

En el primer aspecto se subraya la relación de interdependencia que el Derecho romano público y privado presenta con la realidad social del pueblo romano, algunos de cuyos componentes, los que la A. considera más relevantes en esta conexión, son tratados en los sucesivos parágrafos que componen este primer capítulo: Cultus deorum, Monarquía oligárquica y República democrática, Plebe y patriciado, Roma y la civilización griega, De la autarquía al universalismo y Paganismo y Cristianismo. En segundo lugar, como fenómeno histórico el Derecho romano es contemplado, objetivamente, como conjunto de sucesos o res gestae que se constituyen en objeto de conocimiento, y subjetivamente, como conocimiento de aquel suceder o ciencia histórica de este objeto; desde el primer punto de vista, la dimensión histórica del Derecho romano gira en torno a la idea de cambio jurídico en conexión con el cambio social, y ahí entra principalmente la consideración de la dinámica entre tradición e innovación (más bien renovación) en la experiencia jurídica romana y el problema de la periodificación del Derecho romano; desde el segundo punto de vista, la historicidad del Derecho romano obliga a plantearse el problema de las fuentes y la distinción entre fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Por último, y de ahí el título del libro, como factor constitutivo de la cultura jurídica europea, el camino del Derecho romano se debe recorrer no sólo hacia atrás, dada su dimensión histórica, sino también hacia delante como "verdad jurídica permanente" que ha marcado el desarrollo de aquella cultura; se examinan aquí dos puntos centrales de la relación entre lenguaje y derecho en la experiencia romana (oralidad y escritura y forma et voluntas) y, fuera ya de esa relación, el tratamiento jurisprudencial del derecho, responsable de la conformación del Derecho privado romano como un ars et scientia iuris clásico o modélico que, a través de la recepción, llegó a convertirse en factor institutivo de la ciencia jurídica europea.

No obstante tratarse de un libro dirigido principalmente a los estudiantes, o quizás, mejor, precisamente por ello, algunas de las valoraciones y afirmaciones que hace la A. deberían haber sido más y mejor matizadas. Por ejemplo, la impresión que se da en la página 32 de que la caída de la monarquía (510 a. C. ) se debió a una revolución de la plebe, la afirmación de que el llamado Edicto de Milán proclamó el carácter oficial del Cristianismo (p. 44), la de que el ius publice respondendi otorgó carácter vinculante a los responsa jurisprudenciales (p. 58) o la reducción de la categoría de las fuentes de conocimiento a las fuentes extrajurídicas (p. 58). (F. C. B. )

Juan Iglesias, Derecho romano13, Barcelona, Ariel, 2001, 476 páginas.

Véase la reseña de la edición anterior por F. C. B. en REHJ 22 (2000) pp. 508 s.

Juan Iglesias - Redondo, Diccionario de definiciones y reglas de Derecho romano, Madrid, Mc Graw Hill, 2001, 211 páginas.

Como declara el A. en el prólogo, esta obra es una reelaboración de otra suya anterior publicada en 1986 con el título de Repertorio bilingüe de definiciones, reglas y máximas jurídicas romanas. La novedad del libro actual es su forma de diccionario bilingüe. De esta manera, en el capítulo de las definiciones los términos singulares a definir se expresan en español y cada definición consta de la traducción a esta lengua de una o varias fuentes romanas que la contienen total o parcialmente seguida del texto latino de éstas, y en el capítulo de las reglas, con una estructura semejante, las diferentes máximas se organizan bajo sucesivas entradas o conceptos (por ejemplo, contrato o testamento) que recogen todas las concernientes a cada tópico.

El libro carece de toda introducción a la materia de las definiciones y las reglas. Únicamente en el prólogo se hace referencia a la opción de no mezclar unas y otras en un cuerpo único, aun advirtiendo que el problema de las diferencias entre regulae iuris y definitiones todavía no ha sido definitivamente resuelto. En cualquier caso, la opción señalada tiene como consecuencia querida el desglose del material relativo a cada tópico en dos capítulos distintos que contienen, respectivamente, la exposición del significado de los términos jurídicos y las sentencias reconducibles a cada uno de ellos.

Hay además un índice latino de definiciones y reglas ordenadas con numeración corrida (hasta 659), un índice de fuentes, una relación alfabética de jurisconsultos romanos y una lista de las abreviaturas que se suelen utilizar en las citas de las obras jurisprudenciales con sus correspondientes desarrollos. (F. C. B. )

Belén Malavé Osuna, Legislación urbanística en la Roma imperial. A propósito de una constitución de Zenón, Málaga, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad, 2000, 310 páginas; prólogo de Antonio Ortega Carrillo de Albornoz.

Con acierto indiscutible, esta interesante monografía ofrece un panorama bastante completo de lo que la A. denomina "Derecho urbanístico romano" en materia de edificios privados. Un breve apartado de cuestiones preliminares precede a cuatro capítulos sobre las distancias entre edificios (I), altura (II), conservación, reparación y estabilidad (III) y otras construcciones (IV). Cada uno de ellos se inicia con el examen meticuloso de la constitución de Zenón recogida en C. 8. 10. 12, de la que se deduce aquella ordenación de materias, para luego exponer las disposiciones anteriores y posteriores a dicha ley, considerada "la norma de Derecho urbanístico más importante en la historia del Derecho romano". Las exégesis de la A. , minuciosas e inteligentes, combinan el análisis gramatical y semántico con los criterios finalístico y sistemático para determinar los tipos de construcciones a los que se refieren las distintas disposiciones y las actuaciones constructivas permitidas o prohibidas por ellas.

(I) La constitución de Zenón (C. 8. 10. 12. 2 y 3), con el precedente de una ley no conservada del emperador León, sancionó con carácter general para la ciudad de Constantinopla una distancia de doce pies entre edificios privados (domus y sobre todo insulae), respetada la cual se permitía abrir ventanas (perspectivas o luciferas) y elevar la altura del edificio siempre que no se obstaculizara la vista directa y expedita al mar desde los edificios preexistentes; la denominación de servidumbre que aplica la ley a esta verdadera limitación legal del derecho de propiedad debe entenderse sólo por analogía con las tradicionales servidumbres voluntarias. La anchura de la calle debía ser respetada cuando excedía de doce pies, y en caso de ser inferior, pero de diez pies como mínimo, se permitió abrir ventanas de luces y vistas en los edificios antiguos, pero sólo de luces en los de nueva construcción a no ser que mediara pacto o estipulación constitutiva de una servidumbre. El examen de las normas anteriores arranca, como es natural, con el ambitus de las XII Tablas (vii. 1), cuya noción ve reaparecer la A. en la reordenación urbanística de Roma promovida por Nerón tras el incendio del año 64 y en el legitimum spatium mencionado en un rescripto de los divi Fratres (D. 8. 2. 14); también se relaciona cierto numero de fuentes postclásicas sobre distancias entre edificios públicos y privados y entre edificios privados (C. 8. 10. 10, CTh. 15. 1. 39, CTh. 15. 1. 45, Lex Romana Burgundiorum 17. 6, etc. ). Entre las normas posteriores destaca una ley de Justiniano (C. 8. 10. 13) que extendió las disposiciones de Zenón a todas las ciudades del Imperio.

(II) Ya se tratara de construir, reparar o remozar o reconstruir, Zenón permitió elevar sin límite los edificios siempre que se respetase el espacio intermedio de doce pies y no se obstaculizaran las vistas directas y expeditas al mar desde los edificios vecinos preexistentes (C. 8. 10. 12. 2). Para los edificios antiguos separados por un espacio menor, C. 8. 10. 12. 3 parece prohibir la elevación ilimitada y la apertura de ventanas sólo si la distancia intermedia no es de al menos diez pies; la A. considera esta lectura incongruente con la ratio essendi de la ley y con la reiterada preocupación que manifiesta por proteger las vistas directas al mar y propone tímidamente restablecer la coherencia del conjunto mediante la conjetura de una alteración mecánica del texto, responsable de la extensión de aquella posibilidad a la elevación del edificio. Por otro lado, guardándose una distancia mínima de cien pies respecto de los lugares circundantes, el prospectus maris podía ser estorbado con edificios de hasta cien pies de altura, según se dispone en C. 8. 10. 12. 4, donde se indica también que aquella distancia quedaba reducida a los doce pies ordinarios cuando el mar se veía sólo desde estancias secundarias de la casa; por lo demás, aquel espacio de cien pies podía ser reducido mediante pacto entre vecinos hasta un mínimo inderogable de doce. La diferencia entre la norma de los cien pies de altura y cien de distancia de C. 8. 10. 12. 4 y la de la altura ilimitada y los doce pies de distancia de C. 8. 10. 12. 2 es convenientemente vista por la A. en la distinta calidad de las vistas de las que se trata en cada caso: el simple prospectus maris en el primero y el prospectus directum nec impeditum en el segundo. Las normas anteriores a Zenón sobre altura de los edificios, conocidas principalmente a través de fuentes literarias, cubren los dos primeros siglos del Principado y permiten apreciar mejor el carácter orgánico e innovador, desde el punto de vista urbanístico, de la ley de aquel emperador. En efecto, con la sola excepción de algunas iniciativas debidas a Nerón (Tac. , Ann. , 15. 43), que parecen haber respondido a un verdadero plan de ordenación de la Urbs, las disposiciones conocidas de Augusto, Trajano y Marco Aurelio en esta materia responden al objetivo principal de evitar los incendios y los derrumbamientos y sus nefastas consecuencias. En cuanto a las normas posteriores, junto a la ley justinianea que extendió la constitución de Zenón a todas las ciudades del Imperio (C. 8. 10. 13), sin consideración a que fueran o no ciudades marítimas, se estudian las Novelas 63 y 165 del propio Justiniano. La primera quiso reprimir una actuación fraudulenta (un auténtico fraus legis, como bien explica la A. ) con la que los constructores de Constantinopla burlaban la disposición zenoniana de los cien pies de distancia. La segunda (cfr. Bas. 58. 11. 14) aclara definitivamente el concepto de prospectus maris de C. 8. 10. 12. 4.

(III) De acuerdo con C. 8. 10. 12. 1, la restauración de edificios debía respetar el prior status por lo que respecta a las luces y vistas de las que los vecinos vinieran disfrutando; como excepción, mediante pacto o estipulación que le favoreciese el constructor podía modificar la estructura externa del edificio (su vetus forma) aun perjudicando aquellas luces y vistas. La A. encuentra en la norma de C. 8. 10. 12. 1 la primera limitación legal a la secular libertad del propietario para modificar su edificio, limitación que encuadra entre las de derecho privado basándose en la naturaleza del interés protegido y en la posibilidad de derogación convencional. No hay contradicción entre esta norma y la libertad que concede C. 8. 10. 12. 2 para elevar la altura del edificio y abrir nuevas ventanas en él, ya que en este último caso, dice la A. , la exigencia de los doce pies de distancia respecto de la casa vecina asegura las luces y vistas necesarias. Además, el simple prospectus maris de las casas cercanas puede ser entorpecido por la reconstrucción de un edificio incendiado o ruinoso con tal de que se respeten los límites de cien pies de altura y otros tantos de distancia (C. 8. 10. 12. 4). Por último, la ley de Zenón (C. 8. 10. 12. 9) prohibe el abandono de obras ya comenzadas e impone la obligación de terminarlas completamente; se trata de una limitación de interés público que supone una injerencia en la relación privada de locatio conductio operis, doblando la responsabilidad jurídico - privada del conductor con una obligación de derecho público respaldada por penas gravísimas. En el apartado de normas anteriores a la constitución de Zenón la A. estudia un conjunto de leyes municipales y coloniales (lex municipii Tarentini 4. 32 - 35, lex Ursonensis 75, lex Malacitana 62), senadoconsultos (Hosidiano, Volusiano, Aciliano) y constituciones imperiales (C. 8. 10. 2, D. 30. 41. 7, C. 8. 10. 7, etc. ) cuyo denominador común es el objetivo de evitar la destrucción o el deterioro voluntario de los edificios con fines especulativos o de lucro, o, en cualquier caso, en detrimento del aspecto urbano. No se señala, en esta materia de conservación, reparación y estabilidad de los edificios, norma alguna posterior a Zenón.

(IV) La ley de este emperador contiene también disposiciones sobre determinadas construcciones anexas o superpuestas a los edificios, aunque con identidad propia y cierta autonomía. Así, C. 8. 10. 12. 5 regula con precisión la construcción de terrazas (solaria) en aspectos tan importantes como los materiales utilizables, distancias, altura mínima desde la calle, etc. ; ante el silencio de la ley, la A. entiende que algunas de estas normas se aplicaban también a los balcones (maeniana); igualmente prohibe instalar escaleras para acceder a las terrazas desde la calle. Todas estas reglas constituyen limitaciones de derecho público de carácter insoslayable. Este mismo carácter tiene la regulación de las condiciones para la construcción de tiendas (tabernae) que C. 8. 10. 12. 6 establece para una zona especialmente representativa de la urbe, mientras que en el resto de la ciudad la ley autoriza expresamente al prefecto a supervisar esta materia guardando la debida igualdad entre todos los interesados. Con anterioridad a Zenón hubo normas, todas ellas bastante tardías, que regularon la construcción de balcones y tiendas (Amm. Marc. , Rer. Gest. , 27. 9. 10, C. 8. 10. 11, CTh. 15. 1. 39 y 45). En cambio, la regulación de las terrazas carece de antecedentes legistativos, de manera que en este aspecto la ley zenoniana es absolutamente original. Una norma posterior a Zenón es la Novela 113 del emperador bizantino León VI (a. 886 - 912), carente de originalidad y cuyo interés principal radica en la explicación del concepto de solarium.

Terminado el resumen del contenido del libro no queda sino decir lo deseable que hubiera sido contrastar el panorama formal de la regulación urbanística de Zenón, tan magníficamente analizado y expuesto por la A. , con los datos que pudiera ofrecer otras fuentes y en particular la investigación arqueológica.

Conclusiones. Bibliografía e índice de fuentes.
[Recensiones: R. López Rosa, en RCDI 77/668 (2001) páginas 2693 - 2695; M. J. Peláez, en AHDE 71 (2001) páginas 751 - 754] (F. C. B. )

Julio Mangas, Leyes coloniales y municipales de la Hispania romana, Madrid, Arco Libros, 2001, 70 páginas.

En este breve "cuaderno de historia", el autor (catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid) nos ofrece una excelente panorámica de los conocimientos más recientes sobre los estatutos de las ciudades privilegiadas hispanas de época republicana y altoimperial, fundamentalmente sobre la base de la lex Ursonensis y las diversas copias de la llamada lex Flavia municipalis. En un breve recorrido, a la vez sintético y altamente formativo, el A. desglosa los diversos elementos históricamente más significativos que configuraban esas comunidades ciudadanas en el marco del Estado romano clásico.

Tras una rápida presentación, el texto se dedica a una primera aproximación hacia el fenómeno urbano provincial, señalando los diversos tipos de civitates existentes en el espacio político romano y, en particular, en el marco de las provincias hispanas, y el proceso de transformación experimentado por las mismas hacia una creciente extensión de los modelos de ciudad "privilegiada" (municipios y colonias).

El segundo capítulo está dedicado a informarnos sobre los diferentes restos epigráficos (bronces) de estatutos municipales y coloniales hallados en Hispania, tierra especialmente rica en tales hallazgos debido a la conocida abundancia de metales en la Península, lo que ha facilitado enormemente su conservación. El texto, en muy pocas páginas, da informaciones preciosas sobre los textos actualmente existentes, su distribución, sus mecanismos compositivos y las distintas interpretaciones que se ofrecen al respecto. En concreto, sobre las leyes municipales de época flavia, el A. se inclina (no sin cierta contradicción, a nuestro juicio: vid. pág. 30) por la conocida tesis partidaria de la existencia de un único modelo de "ley Flavia municipal" _dictada para Hispania a partir de Vespasiano_ y que habría sido aplicada por extensión, con las lógicas variaciones locales, a las diversas ciudades hispanas que iban recibiendo el estatuto de municipia iuris Latini, lo que explicaría la extraordinaria similitud, y complementariedad, de las copias encontradas (lex Salpensana, Malacitana e Irnitana, principalmente).

El último capítulo, el más enjundioso, trata del contenido normativo de tales leyes municipales y coloniales, centrándose en cuestiones de organización político - administrativa de las ciudades (magistrados y sus subalternos, ordo decurionum, asambleas populares), ordenamiento territorial y urbanístico, ordenación de las finanzas públicas y administración de justicia. El historiador del Derecho hubiera deseado tal vez una mayor atención a este último apartado, al que se conceden únicamente tres páginas, pero también es comprensible que, en una publicación de carácter general de este estilo, tal exigencia resultaría excesiva _dada la amplitud de temas posibles a los que aquella legislación se abre, y la cantidad de ellos, de gran interés, que no obstante quedan sin tratar en aras de la claridad y la exposición sintética_ y, por otra parte, hay que tener en cuenta que ese afán se ve compensado por la aportación de otras informaciones también de relevancia (como las referidas a la regulación urbanística de esas ciudades y a la administración finaciera) que normalmente son poco tratadas en las publicaciones estrictamente histórico - jurídicas, y que abren nuevas perspectivas de estudio.

El libro se cierra con una bibliografía sumaria, en la que quizá hubiera sido deseable la introducción de algún tipo de indicador bibliográfico para facilitar un mejor acceso a la enorme cantidad de publicaciones recientes sobre el tema general aquí esbozado, pero que, en cualquier caso, resulta suficiente para una primera aproximación. (F. J. A. ).

Ana Rosa Martín Minguijón, Acciones ficticias y acciones adyecticias. Fórmulas, Madrid, Dykinson, 2001, 283 páginas; prólogo de Fernando Reinoso Barbero.

Advierte la A. , en el inicio de este trabajo, que el derecho romano se nos presenta como un sistema de acciones, por lo que el estudio del modo en que, en el caso concreto, opera la acción - lo que depende, en definitiva, de su fórmula - "es un medio eficaz para la comprensión y el conocimiento de las distintas instituciones romanas". Por otra parte, para una perspectiva más amplia de tales instituciones, conviene abordar el estudio de grupos de acciones unificadas por una característica común: así, las actiones in factum conceptae, o las acciones ficticias; una parte importante de este estudio debe consistir, para la A. , en la consideración y, en su caso, el intento de reconstrucción de sus fórmulas. El estudio de estas series de acciones resulta especialmente ilustrativo, también, respecto al modo en que el derecho pretorio se combina con el ius civile, hasta dar una especial fisonomía al derecho romano.

Sentadas estas reflexiones, la A. centra su estudio en las acciones ficticias y en las acciones adyecticias, y sus fórmulas, distribuyendo el trabajo en cuatro capítulos: el primero, introductorio, expone el modo de proceder del pretor, señalando la distinción entre acciones civiles y pretorias fruto de su actividad, y ofrece una noción de actio utilis. Qué pudo significar la expresión "actio utilis" ha sido algo muy discutido entre la doctrina; la A. , tras repasar las distintas posturas, se suma a la de quienes defienden un sentido amplio de la expresión, que abarcaría tanto a las acciones in factum, como a las ficticias. Adoptada esta noción amplia de acción útil, la A. centra su estudio en dos de los grupos que se incluirían bajo dicha noción: el de las acciones con ficción, al que dedica el capítulo segundo del trabajo, y el de las acciones con transposición de personas, que ocupa el capítulo tercero.

A la hora de abordar el estudio de las acciones ficticias, la A. señala que el propio concepto de ficción es discutido entre la doctrina, como se advierte al repasar las tesis de Dekkers, Pringsheim, García - Garrido, Guzmán, Todescan, Hackl, Dos Santos y Bianchi. En este punto distingue la A. entre la ficción - que modificaría el supuesto de hecho sobre el que se aplicarán las reglas o principios jurídicos - y otras figuras, como la analogía - que corrige el principio jurídico mismo mediante su interpretación o extensión - , lo que le lleva a afirmar, siguiendo a García - Garrido y Guzmán, que no existen ficciones jurisprudenciales, pues el jurisprudente no puede afirmar ficciones jurídicas, sino tan sólo precisar analogías, si bien la extensión analógica se evidenciaría en las fuentes también mediante la expresión actio utilis, y otras como actiones ad exemplum. A este rechazo de la ficción jurisprudencial sigue el estudio de las ficciones pretorias y legales. Entre las primeras, además de la problemática ficción presente en la acción concedida al publicano - según Gayo 4, 32 - , y que podría sugerir un uso de la ficción como instrumento técnico jurídico para lograr la adaptación de las legis actiones al procedimiento formulario, examina la A. las ficciones que el propio Gayo (4, 34) menciona como "de otro género". Entre éstas se contaría la de ser heredero, presente en las acciones del bonorum possessor y la ejercitada por el bonorum emptor que adquirió el patrimonio de un concursado difunto (acción serviana, cuya problemática y cuya relación con la acción rutiliana estudia la A. en este punto). En cambio, esta ficción "si heres esset" no habría estado presente, piensa la A. , en las acciones del fideicomisario de herencia contra los deudores del difunto, pues en este caso, la expresión actio utilis de las fuentes no habría de entenderse en el sentido de acción ficticia. Sigue el estudio de la acción publiciana, en el que la A. critica la redacción de la fórmula ofrecida por Gayo y propone otra posible fórmula. El análisis de estas ficciones pretorias termina con el estudio de la ficción de ciudadanía, presente en acciones como la de la ley Aquilia y la de hurto - mencionadas expresamente por Gayo 4, 37 - , y el de la ficción de no haberse producido capitidisminución resultante de la adrogatio o de la conventio in manum de la mujer sui iuris, que el pretor contemplaba en el edicto de capite minutis. En cuanto a las ficciones legales, examina la A. la ficción de la ley Cornelia - que salvaba el testamento del ciudadano muerto en manos del enemigo al fingirle muerto en combate - , y la de la ley Junia Norbana, que la conceder la condición de latinos a los esclavos no manumitidos conforme al ius civile, dispuso también que los patronos de estos esclavos defectuosamente manumitidos y hechos libres por la ley conservaran sus derechos sobre la herencia de tales latinos, como si la ley no se hubiera promulgado. Esta parte del segundo capítulo se completa con el comentario de otros supuestos de ficciones legales - como el citado en el Frag. Ber. I, 2 y en la lex Salpensana, 22 - y de ficciones ordenadas en senadoconsultos - como el Neroniano, el Dasumiano y el citado por Gayo 3, 37 - .

Los dos últimos apartados de este segundo capítulo contemplan la posible naturaleza de las acciones ficticias y el valor de la ficción como recurso procesal. Podría esperarse aquí unas a modo de conclusiones del estudio previo sobre las ficciones pretorias y legales, pero la A. vuelve sobre cuestiones ya tratadas - como las diferencias entre ficción y presunción, la crítica de la fórmula gayana de la acción publiciana, o la función de determinadas ficciones - y también se extiende en consideraciones sobre las acciones adyecticias, cuyo estudio no ha abordado todavía a estas alturas del trabajo, lo que dificulta la comprensión de su exposición.

A las acciones adyecticias dedica la A. el tercer capítulo del trabajo. Siguiendo aquí a Valiño, la A. excluye de esta categoría la acción tributoria. Su aparición puede datarse entre fines del s. II a. C. y la primera mitad del s. I d. C. ; admitiendo esta datación, la A. discute los argumentos que han llevado a algunos autores a suponer la actio exercitoria anterior a la institoria, y aborda los especiales problemas de datación de la actio quod iussu. A la hora de estudiar las acciones, distingue la A. dos grupos: el de aquellas acciones que tienen como denominador común el consentimiento del paterfamilias -exercitoria, institoria y quod iussu-, y el de aquellas cuyo aspecto más relevante es el provecho obtenido por él - de peculio y de in rem verso - . Dentro de las acciones del primer grupo, la A. propone una reconstrucción de la fórmula de la actio exercitoria, y sostiene, contra autores como Valiño, que ni ésta ni la institoria habrían necesitado incluir la ficción "si liber esset" cuando el negocio que daba lugar al ejercicio de la acción se hubiera celebrado con un esclavo. Aborda también la A. el estudio de la actio ad exemplum institoriae, que considera una acción formularia, y de la actio quod iussu. En cuanto a las acciones que presuponen un lucro del paterfamilias - de peculio y de in rem verso - aborda la A. , en primer lugar, el problema de si se trataba de una sola acción o de dos diferentes, opinión que ella defiende, entendiendo, por lo demás, que la actio de in rem verso presupone la existencia de un peculio, y, en segundo lugar, ofrece una reconstrucción, tanto de la actio de peculio como de la actio de peculio annalis. Entiende, por último, la A. , que las acciones in factum podían ejercitarse adyecticiamente, esto es, con transposición de personas que hiciera responder al pater del factum de su subordinado.

En el capítulo cuarto y último, la A. recopila las fórmulas de las acciones ficticias y con transposición de personas sobre las que ha tratado en los apítulos anteriores, ofreciendo al lector las distintas reconstrucciones de las fórmulas ofrecidas por la doctrina, y, en su caso, la suya propia. Concluye la obra una bibliografía de los trabajos utilizados y un índice de fuentes. (A. M. S. )

Ana Rosa Martín Minguijón, Fórmulas reconstruidas y acciones "in factum conceptae", Madrid, Dykinson, 2001, 713 páginas; prólogo de Fernando Reinoso Barbero.

Esta extensa monografía compone, junto con la obra antes reseñada, la tesis doctoral de la A., defendida en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 1998 bajo el título "acciones pretorias y sus fórmulas". La considerable extensión de esta tesis ha llevado a la A. a publicarla bajo la forma de dos monografías, reservando para la que ahora comentamos el estudio de las acciones in factum conceptae y sus fórmulas. El presente libro se compone, pese a sus más de seiscientas páginas de texto, de tan sólo dos capítulos, en los que se aborda, respectivamente, la problemática que ha presentado el estudio de las diversas acciones in factum y las propuestas de reconstrucción que, para cada una de sus fórmulas, han propuesto distintos autores.

En el primer capítulo, y antes de esbozar ese estudio pormenorizado de cada una de las distintas acciones, la A. esboza una noción de acción in factum, apunta como su posible origen la jurisdicción del pretor peregrino, y se detiene en la consideración de las peculiaridades que, en la fórmula, presenta esta categoría de acciones. En cuanto a éstas, presenta la discusión doctrinal en torno a si las acciones in factum tenían intentio o una simple nominatio facti o descripción del hecho reprobado por el pretor, concluyendo, al respecto, que la denominación del fundamento jurídico del actor resulta irrelevante. Por otro lado, siguiendo a d'Ors, entiende la A. que en acciones como la actio de pecunia constituta, la descripción pretoria del factum haría referencia a la existencia previa de una obligación de derecho civil entre las partes, significada con el término oportere dentro de la fórmula de la acción in factum. Aunque la A. se refiere a la clasificación que distinguen entre acciones in factum edictales y decretales, a la hora de abordar las acciones concretas sigue le orden de los títulos del edicto pretorio, aunque apartándose de la reconstrucción de Lenel en algunos puntos - así, cuando, siguiendo a Domingo, acepta la rúbrica "de iurisdictione" para el primer título edictal - . Esta larga exposición de las acciones in factum más conocidas sirve al lector como referente para conocer buena parte de los principales problemas con que ha tropezado la doctrina en el estudio de cada una de ellas, y hace que tanto esta monografía como la anteriormente comentada, resulten un apreciable elemento de consulta.

El segundo capítulo del libro extrae de lo expuesto en el primero las propuestas que, en cuanto a reconstrucción de las fórmulas, han sugerido los distintos romanistas, a las que se suman, como novedosas, algunas de la A. Cierran la obra la relación de la bibliografía consultada y el índice de fuentes. (A. M. S. )

Alfonso Murillo Villar, Disposición jurídica de la cuota y de la cosa común por uno de los condóminos, Madrid, Edisofer, 2000, 140 páginas.

Sencillez de método y claridad expositiva (que no finura de estilo) caracterizan la obra que reseñamos. Con la antesala de unas breves páginas sobre las acciones derivadas de la copropiedad, ya sea del condómino frente a terceros ya de los comuneros entre sí, dos partes de extensión muy desigual se ocupan, respectivamente, de los actos de disposición de la cuota y de los actos de disposición de la cosa común por el comunero aislado. En cada una de ellas se analiza en primer lugar la regulación romana y después se estudia su proyección en el derecho histórico español y en el actual.

Los actos de disposición inter vivos de la cuota se clasifican según supongan o no la modificación de la titularidad de la comunidad. En el primer caso se encuentran la enajenación, la permuta, la donación, la constitución de dote y la derelictio; en el segundo el arrendamiento, la hipoteca y el usufructo. El principio básico que subyace a todos ellos es el de la plena libertad del condómino en orden al ejercicio pro parte de su derecho, y a la vez, la necesidad de conciliar esta libertad con el respeto de los derechos de los demás condóminos. Aparte de plantearse la existencia de un derecho de prelación en favor de los condóminos cuando uno de ellos enajena su cuota (cfr. D. 45. 1. 122. 3, C. 4. 52. 3), o la aplicación del acrecimiento en caso de derelictio de la cuota (D. 41. 3. 7), los problemas principales se originan a propósito de la división de la comunidad. Así, por ejemplo, cuando el socius plantea la división del fundo común frente al marido que recibió en dote una pars pro indiviso de él (D. 23. 3. 78. 4); cuando el condómino hipoteca su cuota, especialmente si lo hace en favor de un extraño, ante la imposibilidad de cambiar mediante el juicio divisorio el objeto de la garantía sin el consentimiento del acreedor (D. 20. 6. 7. 4, D. 10. 3. 10. 2); o cuando se cede la cuota en usufructo y, con motivo de la división, se presenta un conflicto entre el derecho del usufructuario y los derechos de los demás socii, que deberán soportar eventualmente un usufructo que ellos no originaron (D. 33. 2. 31, D. 7. 9. 10).

Sobre los actos de disposición mortis causa de la cuota, baste reproducir las palabras iniciales del A. : "Este apartado se desarrolla para evitar que se entienda que por no haber dicho nada se nos hubiese olvidado".

En cuanto a la disposición (es decir, la venta) de la cosa común por un comunero aislado, tras establecer sus diferencias con la venta de cosa ajena se pasa al examen de algunos rescriptos (C. 4. 52. 1, 2, 4 y 5) que constituyen la única fuente de información al respecto. La diferencia fundamental en lo que se refiere a las consecuencias jurídicas de la venta depende de si el comprador ha consumado o no la usucapión (o praescriptio), aunque en la hipótesis de que la cosa haya sido vendida por el fisco, partícipe de la comunidad, la usucapión es irrelevante y el condómino no disponente no puede ejercitar la acción real contra el comprador.

La bibliografía utilizada no es, en algunos casos, tan completa como sería de desear: véanse los casos de D. 41. 7. 3, D. 10. 3. 6. 9, cuyo caudal de problemas, en definitiva, es omitido por el A. , y C. 4. 52. 2.

Por lo que respecta a la "proyección postromana" de los temas analizados, lo más destacable, desde el punto de vista metodológico, es el propósito de utilizar el derecho romano como instrumento para la crítica del derecho positivo mediante la confrontación de ambos derechos. En este sentido, el A. censura que el art. 399 Cc. hable de "parte" y no de "cuota" y considera un error que dicho precepto derive consecuencias concretas del pleno reconocimiento de la propiedad de la cuota. En su opinión, tal reconocimiento debiera haber sido suficiente. Igualmente, el régimen romano de la hipoteca de la cuota, aunque más complejo que el actual, es considerado más racional que el que se deriva del párrafo final del mencionado art. 399 Cc. porque impedía que la división de la comunidad modificara el objeto gravado sin el consentimiento del acreedor.

Índice de de fuentes. Bibliografía. (F. C. B. )
Mª Isabel Núñez Paz, Derecho romano, Derecho común y contratación en el marco de la Unión Europea, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2000, 151 páginas.

Éste es uno de esos libros que ponen nerviosos a romanistas como A. Guarino e historiadores como P. Caroni. Y en este caso probablemente con razón, dado el tono encomiástico o declamatorio que emplea la A. y la distante atención que dispensa a las fuentes romanas. O acaso sin ella, por los mismos motivos.

Los aspectos metodológicos de la investigación son tratados en el primer capítulo. La A. propone la utilización de un método "diacrónico - comparativo" que vendría a consistir, en sustancia, en la comparación de determinados aspectos del Derecho romano clásico (más del modo de abordar y resolver los problemas que de las soluciones concretas que éstos reciben) con aspectos similares de los derechos europeos actuales; todo ello en el ámbito de la contratación y bajo el presupuesto, que se da por asumido invocando la autoridad de Serrao, de la semejanza entre las formaciones económico - sociales de base respectivas. Se potencia especialmente el aspecto de la continuidad, cuyo concepto no se precisa suficientemente si no es en el sentido indicado, pero se olvida que al historiador del derecho le importa igualmente el otro aspecto, el de la discontinuidad, sin el cual, probablemente, tampoco se puede entender el primero. Por otro lado, a mi modo de ver se incurre en un vicio o error de planteamiento que inevitablemente condiciona los caminos por los que la A. decide adentrarse. Ese vicio o defecto no es otro que el del "romanismo" militante que censurara Orestano, la actitud que intenta presentar bajo un aspecto favorable, aun a riesgo de superficialidad o de deformación, una mercancía que se quiere vender a un público no demasiado convencido, en apariencia, de la necesidad o utilidad de adquirirla. No creo que sea éste el camino. Pienso que los estudios histórico - comparativos que parten del Derecho romano pueden ser de gran utilidad para ilustrar lo que hay de común en la plural realidad jurídica europea, pero no puedo dejar de ver que si el Derecho romano sigue importando algo en la actualidad eso se debe primerísimamente a la prolongación de una tradición con la que se han ido mezclando muchos otros elementos jurídicos, políticos, sociales, religiosos y culturales, y que no se puede prescindir de todo ello si se quiere hacer verdadera comparación científica y no sólo propuestas de política del derecho.

Estas apreciaciones críticas se proyectan sobre el resto de la obra.
En el capítulo segundo se efectúa un nuevo ofrecimiento de la experiencia histórica del ius commune como modelo para el derecho privado europeo, cuyos motores principales habrán de ser, como lo fueron en aquella experiencia, la doctrina y la jurisprudencia. Esta idea puede ser válida en principio, pero, una vez más, necesita ser matizada y adaptada a las diferentes condiciones de la realidad europea contemporánea respecto de la de épocas pasadas. No es la menor de esas diferencias el hecho de que el actual proceso de construcción europea arranca, en su impulso inicial, de un acto de voluntarismo político que parte de una cúspide y cala lentamente en la mentalidad y los sentimientos de los "europeos". La idea del Imperio y la unidad de la Cristiandad nos faltan por completo en esta ocasión, sólo nos queda su recuerdo: Europa no es el marco mental preexistente de la unificación o integración jurídica que se desea sino la meta a la que se aspira. Por otro lado, por lo que atañe más de cerca al papel del Derecho romano en el discurso de la A. , una muestra de los desenfoques a los que puede conducir el planteamiento metodológico que antes hemos criticado se encuentra en la afirmación de que "el conocimiento de la historia de Roma en relación a la ciudadanía puede proyectar luz para interpretar la actual situación europea" en lo que tiene de superación del nacionalismo (p. 41), seguida de la protesta de que "ni siquiera las acusaciones de imperialismo o intromisión son suficientes para rechazar sin más [la cultura] romana" en vista de la enorme influencia que ha ejercido sobre nosotros (p. 42). ¿No hay en esto último un reconocimiento, quizás no del todo consciente, de que el valor de aquella historia no es el de un modelo que convenga imitar en la construcción actual de Europa, sino, en todo caso, el de una historia de la que seguimos siendo hasta cierto punto tributarios?; ¿acaso no recuerda Fuenteseca, citado por la A. , que la historia de Roma impulsó en el tránsito de la Edad Media a la Moderna la concepción del Estado nacional? En cuanto a la propuesta de encontrar en los principia generalia iuris un punto de encuentro entre el derecho común (un ius commune inclusivo desde esta perspectiva del Common Law) y un derecho europeo que no se quede en el amasijo de normas positivas del llamado derecho comunitario, se inscribe en una corriente actual de pensamiento, no sólo iushistórico, que probablemente no ha alcanzado todavía perfiles del todo nítidos ni resultados definitivos. De todos modos, la necesidad de los puntos de vista complementarios de la historia jurídica y del derecho comparado para esta tarea está fuera de discusión. Si acaso, el problema reside en cómo utilizarlos.

El tercer capítulo sintetiza los diferentes proyectos relativos a la unificación en materia de contratos que se vienen desarrollando en los últimos años: el del grupo de Pavía, el de la Comisión Lando, el Proyecto de Trento, etc. Examina después la oportunidad de un nuevo Código europeo en dicha materia y traza un paralelismo, de exactitud y finalidad discutibles, entre la situación actual de descoordinación entre las fuentes del derecho europeo (tratados, convenios, directivas, reglamentos, etc. ) y las situaciones que precedieron, respectivamente, a la Ley de citas del 426 d. C. y a la crisis del ius commune al final del Antiguo Régimen. Señala también una serie de aspectos en los que el libro IV del Código civil italiano, tomado como base de trabajo por el grupo de Pavía, necesitaría ser corregido y defiende, con aportación de varios ejemplos, la lección que el Derecho romano puede proporcionar en esta dirección. Finalmente, frente a las reticencias hacia la codificación, defiende la idea de un código de principios comunes respaldado por la ciencia jurídica que pueda evitar los errores de la "primera codificación"; para ello es necesario, una vez más, beber de la historia retomando las fuentes romanas y el derecho común y procediendo a una lectura renovadora de la tradición. Démos todo esto por bueno, pero no sin precisar, en la senda de Sturm, que la base para la codificación decimonónica no fue exactamente el Derecho romano (y menos aún el derecho clásico), sino el trabajo de las sucesivas escuelas jurídicas a partir de los glosadores y el pensamiento iusnaturalista, lección de la Historia que no conviene olvidar. Y que el verdadero problema es determinar de modo realista el papel que la doctrina jurídica romanística puede desempeñar, en el concierto de la ciencia jurídica en general, en orden a la unificación o armonización jurídica que se pretende; un papel que puede consistir desde luego en la búsqueda y exposición del fondo histórico común del derecho de contratación de los distintos países, pero que debe abandonar toda ilusión de encabezar o dirigir el proceso en su conjunto.

Sobre el breve capítulo cuarto no es mucho lo que puede decirse. Este capítulo se intitula "Dimensión descodificadora. Algunos principios de la contratación europea". Parecería que el importante y muy debatido fenómeno de la descodificación se reduce, en el círculo de problemas que interesa a la A. , a la emergencia de una lex mercatoria de nuevo cuño, anacional y vertebrada sobre todo por principios cuyo origen puede buscarse en el Derecho romano. Entre tales principios descuella el de la buena fe que preside el funcionamiento del arbitraje internacional, fuente, a su vez, de una suerte de "ius praetorium" formado por las rationes decidendi de las decisiones arbitrales. Pero en las jurisdicciones europeas, recuerda la A. , se aplican también otros principios de cuño romano, aunque de contenido más genérico que el de la buena fe (cuya juridicidad y contenido normativo procura subrayar), como puedan ser los principios de equidad, no discriminación, libertad, seguridad jurídica, proporcionalidad y racionalidad; respecto de cada uno de ellos se indica algún pasaje de las fuentes en los que encontraría expresión (respectivamente: D. 1. 1. 10; D. 1. 1. 1 y G. 1. 1; D. 2. 1. 18 y D. 50. 17. 22; Lex Duodecim Tabularum I. 8 y 9 y Quint. Inst. orat. 7. 6. 4; Aul. Gell. 15. 9. 4; D. 50. 17. 186, D. 13. 6. 5 pr. y D. 50. 17. 173 pr. ).

Por último, el capítulo quinto parte de la existencia de dos modelos europeos de contrato, el "translativo" o francés y el de "unificación" o alemán, para indagar el papel de la causa y el fundamento de la obligatoriedad del vínculo en cada uno de ellos. La finalidad es mostrar cómo las raíces de ambas soluciones legislativas pueden encontrarse en el Derecho romano y en la tradición del derecho común, lo que puede ofrecer una buena base para la armonización europea que se dibuja en el horizonte. Específicamente desde la perspectiva de la compraventa, se subraya la presencia en las fuentes romanas de pasajes que pueden servir para fundamentar las teorías tanto de la traditio causal (D. 41. 1. 31) como de la traditio abstracta (D. 41. 1. 9. 3) y, renunciando expresamente a la valoración de cada sistema y al examen de sus respectivas consecuencias, se aspira únicamente a poner de relieve el potencial de superación de sus diferencias que resulta de algunos estudios recientes. En tal sentido, una sumaria revisión de las nuevas perspectivas doctrinales sobre la actio Publiciana y la condictio indebiti, en relación con las necesidades de agilidad del tráfico internacional de mercancías, desemboca en una propuesta "desde el Derecho histórico" que desvaloriza la problemática relativa a la transmisión de la propiedad e insiste, en cambio, en el significado funcional de la entrega de la cosa: igual que "en el Derecho romano clásico se plantea la obligación del vendedor de entregar al comprador la cosa vendida y de garantizarle la vacua possessio de la misma, en lugar de plantearse la necesidad de transmisión de la propiedad" (p. 129).

Conclusiones formuladas como claves para continuar la reflexión. Bibliografía. (F. C. B. )
Esperanza Osaba, Gordianus rescripsit. Rescriptos de Gordiano III en materia dotal dirigidos a mujeres, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2000, 126 páginas.

Libro breve, pero ameno y sólidamente documentado, sobre un conjunto de seis rescriptos de Gordiano III en materia dotal dirigidos a mujeres. El marco general de la investigación se recoge en el capítulo primero, en el que se exponen, entre otros aspectos de interés, los datos más destacados sobre el reinado de Gordiano III, sobre su cancillería y sobre los rescriptos como fuente del derecho imperial, así como, específicamente, sobre aquellos dirigidos a mujeres. De todo ello puede destacarse, quizá, la hipótesis acerca de la participación del jurista Modestino en la cancillería de Gordiano III y su influencia sobre la legislación de este emperador, en la que se advierte una fuerte impronta de la tradición severiana, y la hipótesis relativa al papel desempeñado por los recriptos en la asunción del pluralismo jurídico existente en el Imperio.

El capítulo segundo comprende el estudio particular de los rescriptos según un esquema metódico que incluye, para cada uno de ellos, los problemas de datación, la identidad de la destinataria, los aspectos destacables del texto, el contenido de la respuesta imperial y su explicación dentro del cuadro del derecho de la época. Las cuestiones jurídicas planteadas al emperador giran en torno a la validez de un pactum de non reddenda dote superstitibus filiis en un caso de dos profecticia (C. 5. 14. 3), el derecho de la mujer a pedir la devolución de la dote constante matrimonio a fines de colación (C. 6. 20. 5) o a instar la nulidad de la manumisión de los esclavos dotales efectuada por el marido (C. 7. 8. 7), la validez y el alcance de un estipulación relativa a la restitución de la dote concebida en términos distintos de los habituales (C. 5. 12. 8), la posibilidad de que el marido haga uso de la actio communi dividundo respecto del fundo recibido en dote pro indiviso (C. 5. 23. 2) y la pretensión de obtener la revisión de una sentencia válida sobre la restitución de la dote, precedida de otra nula por indeterminación de su contenido, que no ha sido apelada en tiempo por la mujer (C. 7. 46. 4). Como rasgo constante de las respuestas imperiales se destaca su relación directa o indirecta con las doctrinas de Ulpiano. Asimismo, tres de los rescriptos estudiados parecen reflejar la difusión de la idea según la cual la dote pertenece a la mujer o, al menos, la gestión marital de la dote debe quedar sometida a un control más estrecho por parte de ella (C. 6. 20. 5, C. 5. 23. 2, C. 7. 8. 7).

El tercer y último capítulo ofrece una breve síntesis de resultados en los apartados siguientes: aspecto formal de los rescriptos, contenido jurídico, institución de la dote y pretensiones de las mujeres peticionarias. La conclusión final subraya la creatividad de las leyes examinadas dentro de los cauces establecidos por la jurisprudencia inmediatamente anterior y en particular la mencionada influencia de las opiniones de Ulpiano.

Hay también una lista de abreviaturas y varios índices, de fuentes, de materias y onomástico y toponímico.
[Recensiones: J. Paricio, en SCDR 12 (2000 [2001]) páginas 358 - 365. ] (F. C. B. )

Ricardo Panero Gutiérrez, Derecho romano, 2ª ed. , Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, 791 páginas.

Segunda edición de este manual con algunos retoques en el texto y las notas que reducen su extensión en cerca de cuarenta páginas.

Sobre la primera edición vid. la reseña de F. C. B. en REHJ 21 (1999) p. 565. (F. C. B. )

Patricia Panero Oria, Ius occidendi et ius accusandi en la lex Iulia de adulteriis coercendis, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, 334 páginas.

El título de este libro es adecuadamente descriptivo de su contenido, puesto que, en efecto, se trata en su mayor parte de un estudio pormenorizado de las figuras del ius occidendi y el ius accusandi del padre y el marido de la adúltera en el marco de la lex Iulia de adulteriis de Augusto (ca. 18 a. C. ). Naturalmente, este estudio se encuadra en el contexto de la evolución normativa romana en relación con el problema del adulterio y la legislación matrimonial augústea en su conjunto.

Tras una oportuna introducción (pp. 19 - 26) que recoge los principales puntos de desarrollo del trabajo y los objetivos del mismo, el libro se articula en tres grandes capítulos dedicados respectivamente a cada uno de los tres elementos enunciados en el título. El primero (pp. 27 - 98), de carácter más general, analiza el concepto de adulterio manejado por el ordenamiento romano antiguo y la regulación del mismo como delictum privado en la época anterior a la lex Iulia de adulteriis coercendis, para centrarse a continuación en los caracteres de esta ley, que convirtió dicho delictum en un crimen sujeto a la persecución pública. La A. analiza el papel de esta ley en el ámbito de la política augústea de remoralización de la sociedad romana y desarrolla con detalle su contenido, haciendo referencia a la terminología empleada, los presupuestos de aplicación de la norma y supuestos de hecho contemplados, así como los sujetos sobre los que vino en aplicación.

El segundo capítulo (pp. 99 - 183) está dedicado al estudio del ius occidendi del paterfamilias y el marido de la mujer adúltera sobre los sujetos del delito. Tras una breve descripción de la evolución histórica y el fundamento jurídico de semejante derecho, se realiza un análisis diferenciado del margen de actuación reconocido al paterfamilias, por un lado, y, por el otro, el concedido al esposo de la adúltera, separando claramente la distinta amplitud que correspondió a uno y otro sujeto, lo que se explica sobre la base de una diferente reacción natural ante el descubrimiento de la comisión del delito, buscándose siempre en dicha legislación una mayor protección de la vida de la mujer adúltera frente a reacciones incontroladas. Esta explicación, en sí misma no inverosímil, hubiera necesitado quizá, a nuestro juicio, de una mayor fundamentación histórica. El texto analiza con detenimiento los diversos supuestos posibles en virtud de las diferentes circunstancias familiares y el alcance de ese poder jurídico concedido de privar a otro de la vida impunemente en cada una de dichas circunstancias, que debió de verse sometido a importantes restricciones por parte de la legislación augústea en relación a la disciplina anterior a ésta.

El tercer y último capítulo (pp. 185 - 312) se destina, como es lógico, al análisis del ius accusandi dirigido contra los adúlteros, concedido de modo privilegiado al pater y al marido de la adúltera, y sólo secundariamente a cualquier tercero, como consecuencia de la conversión del adulterio en un crimen de carácter público. Esta diferencia de tratamiento exige un examen detallado de las posiciones privilegiadas y del plazo y condiciones a que se veía sujeto ese privilegio, en particular el problema de la acusación constante matrimonio y el de la pluralidad de acusaciones. El capítulo se cierra con una breve referencia a la reforma postclásica de la disciplina del crimen adulterii, que difuminó algunos de los rasgos de la normativa augústea, fundamentalmente a través de dos constituciones constantinianas recogidas en C. Th. 9. 7. 2 (modificada a través de la transmitida en C. 9. 9. 29 [30]) y en C. Th. 3. 16. 1, donde se tiende a una mayor publificación de la persecución del delito, restringiendo el abanico de personas legitimadas para la acusación e incrementando el margen de actuación del marido, con un paralelo aumento de su responsabilidad ex calumnia. El texto se centra aquí básicamente en una amplia exégesis de C. 9. 9. 29 (30).

Se trata en su conjunto de un libro bien articulado y dotado de un loable propósito de claridad que preside toda la exposición, aun cuando, lamentablemente, no siempre logre fructificar. Ese mismo propósito conduce, en ocasiones, a reiteraciones y equívocos, que quizá una mayor síntesis de contenidos hubiera podido solventar. Hay un abundante manejo de literatura reciente y de las fuentes más significativas, pero en su exégesis se observa quizá una excesiva dependencia de las interpretaciones doctrinales más reconocidas, en detrimento de unos posicionamientos más personales. Asimismo, hubiera sido deseable, a nuestro juicio, un mayor detenimiento en el estudio del régimen anterior a la lex Iulia, que quizá podría explicar algunas de las peculiaridades de ésta, para lo cual hubiera sido necesaria tal vez una mayor atención a investigaciones de carácter estrictamente histórico. Por otra parte, el resultado de conjunto se ve deslucido por un desmesurado número de erratas tipográficas, en particular en la terminolgía latina, que denota hasta cierto punto un apresuramiento en la elaboración final del libro.

Estas observaciones, con todo, no empañan el hecho de que nos encontramos ante una obra realizada con esmero y que constituye una excelente síntesis de los estudios más recientes en torno a esta problemática, a caballo entre el antiguo Derecho de familia y la persecución criminal, materias tal vez algo descuidadas tradicionalmente en la romanística española, lo que hace especialmente grata esta publicación.

Contiene bibliografía e índice de fuentes, pero no así conclusiones (en parte esbozadas en la introducción general) (F. J. A. )

Javier Paricio y Alejandrino Fernández Barreiro, Historia del Derecho romano y su recepción europea, 5ª ed. , Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces S. A. , 2000, 306 páginas.

Véase la reseña de F. C. B. sobre la segunda edición en REHJ 21 (1999) página 566.

Javier Paricio, Valor de las opiniones jurisprudenciales en la Roma clásica, Madrid, Universidad Complutense - Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, 151 páginas.

El A. presenta en este libro una recopilación de diversos escritos que tienen como denominador común el tratamiento, más o menos directo y explícito, del "ius publice respondendi ex auctoritate principis" de los juristas romanos. Se trata de seis trabajos que surgieron independientemente, con ocasión de distintos cursos, seminarios, congresos o conferencias en los que el A. participó y que en su mayoría han sido publicados con anterioridad. La nueva edición de estos trabajos, agrupados siguiendo un orden cronológico, supone la culminación de esta línea de investigación llevada a cabo por el Profesor Paricio en los últimos tiempos.

Partiendo de las escasas fuentes jurídicas que se refieren al ius respondendi, en particular D. 1. 2. 2. 48 - 50 y Gai. 1. 7, el A. nos ofrece en el primero de los capítulos, que lleva por título "El ius publice respondendi ex auctoritate principis", su versión acerca del origen, significado y evolución posterior de esta concesión imperial a los más destacados juristas clásicos.

Respecto al primero de los textos y a la aparente contradicción que de él se desprende acerca de la concesión a Sabino del ius respondendi por Tiberio y su consideración como el primer jurista que "publice respondit" (fr. 48), frente a la siguiente afirmación de que fue Augusto el que introdujo el ius respondendi ex auctoritate sua, "ut maior iuris auctoritas haberetur" (fr. 49), el A. sostiene que la opinión mayoritaria defendida por Kunkel, Kaser, Wieacker y Bretone, entre otros, en el sentido de que Sabino fue el primer jurista del orden de los caballeros que obtuvo este reconocimiento, es difícilmente sostenible, pues parte de una reconstrucción forzada e interesada de D. 1. 2. 2. 48. La postura que él defiende está más en la línea de Guarino, en el sentido de que Augusto concedió con el "ius respondendi ex auctoritate eius" una especie de reconocimiento honorífico a ciertos juristas, que en la práctica suponía que los dictámenes de éstos tuvieran más peso ante los jueces que los de otros juristas. La evolución que se produjo con Tiberio habría consistido en que el ius respondendi se configuró como un beneficium que el emperador concedía a petición de los juristas y que suponía que sus responsa tenían carácter vinculante para el juez, siempre, claro está, que no fuera contradicho por el dictamen de otro jurista privilegiado; en este caso, como resulta demostrado por G. 1. 7, el juez podía optar por una u otra solución.

Frente a Wieacker, el A. sostiene que el ius publice respondendi sobrevivió a Tiberio, a pesar de los "malos tiempos" que supusieron para la jurisprudencia los reinados de los últimos emperadores de la dinastía julio - claudia. La opinión contraria, dice, carece de apoyo en las fuentes.

Sobre la base de la interpretación de G. 1. 7, que contiene la referencia a un rescripto de Adriano, el A. sostiene que bajo este emperador se produjo una vuelta al sistema augusteo en la concesión del ius respondendi, siendo compatible éste con el afianzamiento cada vez mayor y la supremacía indiscutible de los rescriptos imperiales. No obstante, a la larga - dice - éstos terminarían por sustituir a los responsa.

Sobre algunas de estas cuestiones vuelve el A. en el capítulo siguiente, al tratar de la concepción de F. de Visscher sobre el ius respondendi, así como en el tercer capítulo, "Iura condere", que contiene su intervención con ocasión de la exposición de C. A. Cannata en el Convegno Internazionale di Copanello de 1998, y de su interpretación de G. 1. 7. Con Cannata coincide en la consideración de que la expresión "prudentes quibus permissum est iura condere" hace referencia exclusivamente a los juristas que gozaban de la concesión imperial; no así en otros aspectos, como la interpretación de D. 1. 2. 2. 48 y 49.

Los dos siguientes capítulos ("Labeón: dos episodios histórico - jurídicos de comienzos del Principado" y "Una aproximación a la biografía del jurista Próculo") tratan de estas dos destacadas figuras entre los juristas clásicos.

En relación con el primero de ellos, tras recordarnos la figura del jurista íntegro, ingenioso, innovador, "que cierra una época y abre otra", el A. reflexiona sobre el ofrecimiento de Augusto a Labeón de un consulado sufecto, que éste rechazó, y sobre la posibilidad, que da como segura, o al menos muy probable, de que Augusto le hubiera concedido el ius respondendi ex auctoritate eius, distinción honorífica que no exigía en aquel momento ni petición previa ni, a diferencia del consulado, aceptación del interesado, la cual nunca se hubiera producido, evidentemente.

En cuanto al capítulo dedicado a Próculo, el A. realiza una interesante indagación acerca de algunos aspectos relativos a este jurista que dio nombre a una de las dos famosas escuelas de juristas clásicos, y del cual se tienen muy escasas noticias. Así, reflexiona sobre su nombre, la fecha aproximada de nacimiento y su origen, su notable relevancia política, su gran autoridad como jurista y las razones por las que habría llegado a ser considerado como sucesor de Nerva pater al frente de la escuela que se remontaba a Labeón, frente a la "candidatura" de Cocceyo Nerva filius, todo lo cual hace suponer que, aunque las fuentes no lo confirmen expresamente, gozó del ius respondendi ex auctoritate principis.

El último capítulo, "Valor de las opiniones jurisprudenciales en la Roma clásica", que da título al libro, es un recorrido por la jurisprudencia clásica a partir de Quinto Mucio Escévola hasta Modestino para dilucidar el fundamento de la auctoritas de los juristas y el valor de los responsa en los distintos momentos del período clásico, volviendo sobre algunas de las cuestiones tratadas anteriormente sobre el ius respondendi.

La obra es de lectura fácil y amena. Las propuestas que formula tienen su base en una interpretación de las fuentes que no es, a mi juicio, forzada, sino que se apoya en el tenor del texto y en consideraciones históricas constatadas. Pero, no obstante, dada la escasez de datos, en muchas ocasiones va más allá y se hacen formulaciones hipotéticas que no encuentran confirmación textual pero que son razonables, coherentes, en suma, convincentes.

Como el propio A. admite al final del primer capítulo, "quizá debamos resignarnos a reconocer que muchos de los interrogantes que presenta el ius publice respondendi es imposible desvelarlos con un mínimo de seguridad con las fuentes de que disponemos". En todo caso, el intento de dilucidarlos resulta instructivo y provechoso para el lector.

Índice de abreviaturas e índice de fuentes. (M. T. G. - P. )
Javier Paricio, El Derecho romano en la encrucijada, Madrid, El Faro - Ediciones, 2001, 85 páginas.

El origen de este breve texto se encuentra en la invitación cursada a distintos especialistas por el profesor José Manuel Pérez - Prendes, director del Instituto de Metodología e Historia de la Ciencia Jurídica de la Universidad Complutense, para reflexionar por escrito sobre el estado actual de las disciplinas jurídicas "básicas". Inicialmente (números 1 - 7), el A. traza una visión retrospectiva de la romanística europea de los últimos 25 años dejándose guiar por el desarrollo de su propia carrera profesional. Una primera constatación se refiere al agudo contraste entre la preocupante situación actual de nuestra disciplina y el panorama estimulante que exhibía el derecho romano en la Europa continental al inicio de la trayectoria reconstruida. Las causas de este cambio a peor, sin duda complejas, no son sistemáticamente analizadas por el A. , pero éste, a la vez que desgrana sus vivencias personales (principalmente bajo la forma de relaciones esporádicas o estables con romanistas de diferentes países europeos), va apuntando una serie de datos e ideas en los que encuentran reflejo los cambios que han ido produciéndose, y también algunas otras cosas que se han mantenido y que deberían seguir manteniéndose.

Entre los numerosos romanistas italianos que el A. convoca a sus páginas, comenzando el relato en el año 1984 y en la Universidad de Florencia, la figura de De Arnaldo Biscardi ocupa un lugar principal; de él se recuerdan al menos dos ideas fundamentales; una, de apariencia más coyuntural (aunque todavía atendible en la actualidad), es la advertencia frente al riesgo de que los romanistas pierdan su condición de juristas como consecuencia del enfoque meramente socio - cultural que ha ido adquiriendo un creciente número de estudios; la otra, de validez permanente, es la reivindicación del "lavorare sul serio" como exigencia simultánea de pericia técnica y de prudencia en la crítica textual. Por lo que respecta al panorama español, el A. destaca, como es de justicia, el nacimiento en el año 1989 de los Seminarios Complutenses de Derecho Romano, una publicación periódica coordinada por él mismo y que a lo largo de sus doce números ha sabido mantener, junto con la inicial vocación de apertura a los distintos enfoques y metodologías en el estudio del derecho romano, un alto nivel científico en sus contenidos. Unos pocos años después se funda en Oviedo la Asociación Ibero - Americana de Derecho Romano, que ha organizado hasta la fecha un total de siete congresos internacionales de la especialidad; aunque el A. no lo recoge, quede apuntado también este dato por lo que valga. Finalmente la romanística del área germánica. El A. destaca las repercusiones del giro producido en el campo de la crítica de interpolaciones desde el final de la Segunda Guerra Mundial y especialmente el desenlace de la discusión desarrollada entre Wieacker y Kaser acerca de este importantísimo aspecto metodológico; el "conservadurismo" en la crítica textual que Kaser defendiera, fruto de una auténtica rectificación metodológica, ha influido en el retorno al dogmatismo observable en gran parte de la romanística alemana reciente. Un camino, éste de la dogmática, que puede romper el deseable equilibrio entre lo histórico y lo jurídico, y que no parece que pueda asegurar el futuro de nuestra disciplina, que, concebida de esta manera, corre el riesgo de terminar absorbida por el derecho civil; con toda razón escribe el A. que "la única posibilidad real de sobrevivir que tienen la investigación y la enseñanza romanística[s] de cierto nivel, pasa por mantener la independencia respecto a cualquier otra disciplina jurídica, incluidas, naturalmente, la historia del derecho y. . . el derecho comparado".

Hablando especialmente de España (número 8), el A. señala con valentía dos factores causantes de un daño devastador que, aunque afecta por igual a toda la Universidad española, en el caso del derecho romano es de más difícil reparación: el sistema de selección del profesorado introducido por la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983, pervertido casi desde el principio y que ha facilitado la proliferación del "todo vale", y el brusco descabezamiento de la disciplina como consecuencia de la anticipación de la edad de jubilación a los sesenta y cinco años. El número de los romanistas españoles ha crecido de forma espectacular bajo la vigencia de aquella ley, pero este aumento no ha tenido equivalencia en la calidad media del aluvión de publicaciones romanísticas que vienen apareciendo en nuestro país. Por otro lado, considerada en conjunto, la situación de la romanística europea se ha ido deteriorando en los últimos 25 años, tanto en el ámbito docente, donde se aprecia un retroceso generalizado, como en el de la investigación. El A. considera que la última generación de romanistas realmente importante, desde el punto de vista de su influencia fuera del ámbito propiamente romanístico, es la de aquellos que por su edad hoy se encuentran en cierto modo "abandonando el escenario" (Burdese, Talamanca, Cannata, Mayer - Maly o Nörr, por ejemplo). La supervivencia de nuestra disciplina depende mucho de la imagen de solidez, de valor y de utilidad que pueda transmitir, pero lo cierto es que las generaciones posteriores no están logrando una mayor presencia del derecho romano en el ámbito cultural general y en el de la ciencia jurídica moderna.

Los modos en que ha sido estudiado el derecho romano siempre han estado en relación con las circunstancias concretas de cada período histórico. Esto mismo sucede con el giro "neopandectista" que la romanística germánica ha experimentado en los últimos tiempos, presionada por una difícil situación, y con el auge de los estudios comparativistas al calor del proceso de unidad europea. Respecto de lo primero (número 9), tras insistir una vez más en la necesidad de "lavorare sul serio", el A. señala que la actual orientación "neopandectista" concuerda con la actitud de los juristas que en toda época han intentado recabar de las fuentes romanas elementos útiles para el derecho de su época; utilidad, sin embargo, que también pueden ofrecer otras perspectivas de estudio de signo más historicista o más humanístico a condición de que no se olvide que el romanista es un jurista, y que debe hacer inteligible el resultado de sus estudios a los otros juristas. En cuanto a la orientación comparativista seguida recientemente por algunos romanistas (número 10), en la línea de plantear el derecho romano como fundamento del nuevo derecho comunitario y como instrumento interpretativo del mismo, al A. le parece válido y útil este tipo de estudios, para los cuales propone un desarrollo por problemas que, partiendo de la solución o soluciones romanas, llegue a los derechos modernos sólo después de haber recorrido la evolución histórica que los antecede; de esta manera, el derecho romano puede servir no sólo como elemento de comparación, de reflexión y de crítica sino incluso como criterio y propuesta para el legislador moderno.

Una breve recapitulación sobre la exigencia de rigor en la selección de los nuevos profesores ("un acto de estricta supervivencia", dice el A. ), sobre la diversidad cada vez mayor de las direcciones de estudio, y sobre la necesidad de trabajar con seriedad para que el interés no meramente erudito del derecho romano pueda ponerse de manifiesto (número 11), da paso a la reflexión del A. sobre la docencia de nuestra disciplina (número 12). La enseñanza del derecho romano tiene una finalidad esencialmente formativa de la mentalidad y el sentido ético de los futuros juristas; por ello, debe ser enfocada de modo que haga percibir al alumno su conexión con los problemas y los intereses de la vida actual; por ejemplo, utilizando la terminología jurídica moderna siempre que ello no desfigure el pensamiento o el concepto romano. En cuanto a qué se debe enseñar, todo depende del tiempo disponible conforme al plan de estudios de cada Facultad; el plan de 1953, vigente todavía en algunas Facultades (entre ellas la del A. ), permite desarrollar con cierta comodidad un programa equilibrado y bastante completo de historia del derecho romano e instituciones de derecho privado; allí donde los nuevos planes de estudio ya no permiten esto, al A. le parece preferible limitarse a un tratamiento claro y sensato de algunos aspectos esenciales, como puedan ser la historicidad del derecho, la importancia del derecho para la cultura occidental, las fuentes jurídicas romanas (especialmente la jurisprudencia y sus métodos) o las nociones jurídicas fundamentales.

El resultado final de la reflexión desarrollada es el siguiente (número 13): la continuidad del relevante protagonismo que el derecho romano ha tenido a lo largo de los siglos en la formación de los juristas y como elemento esencial del saber jurídico es responsabilidad de los romanistas de hoy y del futuro inmediato, y sólo se logrará en la medida en que ellos acierten a enlazar por múltiples caminos la disciplina con los intereses de la vida actual y en la medida en que sean capaces de estar a la altura que para sus épocas respectivas tuvieron sus predecesores. (F. C. B. )

Gerardo Pereira - Menaut (en colaboración con Paz López - Felpeto), Topica. Principios de Derecho y Máximas jurídicas latinas, Santiago de Compostela, Arcana - Veri, 2001, 435 páginas.

Se trata de una nueva recopilación de máximas y aforismos jurídicos latinos, que se añade a las varias ya existentes en el mercado editorial español, sin aportar nada en especial, salvo, quizá, la incorporación al comienzo del volumen (tras el prólogo del autor, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Santiago de Compostela) de la traducción castellana del artículo de Rolf Knütel, "Ius commune y Derecho romano en los tribunales de justicia de la Unión Europea" (publicado originariamente en alemán en la revista Juristische Schulung 36, fascículo 9, 1996, pp. 768 - 778), en el que el conocido romanista alemán pasa revista al destacado (y quizá sorprendente) empleo de las máximas del Derecho romano y el Ius commune europeo por parte del TJCE (y aún mayor por parte de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes) a la hora de descubrir principios generales comunes de los ordenamientos de los diversos Estados de la Unión (lo que, como es sabido, constituye una de las fuentes del Derecho comunitario ex art. 215 TCEE). Fuera de lo que se refiere a la traducción de este artículo (realizada por el propio autor del volumen y, por cierto, no del todo correcta), el libro no presenta grandes novedades respecto a lo acostumbrado en este tipo de publicaciones. Se trata de una amplia lista de más de cien conocidos apotegmas jurídicos en su forma original latina, ordenados alfabéticamente por su primera letra, con traducción castellana de cada uno de ellos. La pretensión del autor (o más bien recopilador y comentarista) ha sido enriquecer la información sobre cada una de esas expresiones mediante su "reintegración", tanto a su propio marco textual orginario (señalando, cuando es posible, el pasaje originario del Corpus iuris civilis, generalmente el título 50. 17 del Digesto, de donde se ha tomado cada uno de ellos), como a su contexto jurídico (las concordancias de contenido con otros textos jurídicos compilatorios, e incluso del Código civil español) y a su entorno histórico (la reconstrucción de las circunstancias históricas y sociales que hicieron surgir esas formulaciones, a veces muy alejadas de las que corresponden a su sentido tradicional o moderno). Este objetivo se consigue sólo parcialmente, a nuestro juicio, ya que en un número tan elevado de entradas resulta materialmente imposible hacer de cada una de ellas un comentario tan detallado como el propuesto, aunque un buen sistema de referencias internas hace factible un resultado honroso _aun cuando, en general, el trabajo es ciertamente tributario de la clásica obra de Liebs de similares características (Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, München, 19915).

Como apéndices al núcleo temático se incorporan una serie de bloques textuales: una lista de reglas citadas en el catálogo, pero no comentadas; un glosario de expresiones latinas utilizadas habitualmente en el lenguaje forense; un índice temático (con referencia numérica a las máximas en que se alude a cada lema); índices de fuentes romanas, de pasajes de juristas del Ius commune mencionados y de textos literarios clásicos; y, por último, tablas cronológicas de juristas romanos y medievales, así como de otros personajes históricos. Todo ello contribuye a enriquecer un volumen que compensa, quizá, su falta de originalidad con una exuberante información. (F. J. A. )

Mª del Pilar Pérez Álvarez, La bonorum venditio. Estudio sobre el concurso de acreedores en Derecho Romano clásico, Madrid, Universidad Autónoma y Mira Editores, 2000, 439 páginas; prólogo de Esteban Varela Mateos.

El presente volumen constituye una sólida monografía, producto de la tesis doctoral de la autora defendida en 1997, y enriquecida con aportaciones posteriores a esa fecha, en la que por primera vez se trata en castellano el régimen completo de esta interesante y compleja figura procesal romana. El trabajo se centra en la disciplina romana clásica, si bien abundan también referencias a la posterior regulación justinianea de la misma.

El libro, muy bien estructurado en general, se divide en tres apartados básicos. Un capítulo preliminar, introductorio (pp. 25 - 70), sobre el procedimiento de ejecución personal de la legis actio per manus iniectionem; un apartado central (pp. 73 - 344) descriptivo del régimen completo de ejecución patrimonial universal del deudor fallido (la bonorum venditio propiamente dicha); y, por último, una addenda (pp. 345 - 379) en que se comentan aspectos del proceso de liquidación de las deudas del fraudator.

El capítulo preliminar, dedicado a la manus iniectio ofrece una panorámica general completa del desarrollo de este instituto desde los diversos puntos de vista de la literatura romanista, en la que se pone de manifiesto el hecho de que las oscuridades e incertidumbres superan claramente a las certezas en torno a esta compleja figura del Derecho arcaico. Quizá hubiera sido aquí deseable una mayor atención a las informaciones aportadas por las fuentes literarias, en la medida en que la honda repercusión social que tuvo esta institución ha dejado un fuerte reflejo en la tradición literaria romana, pero no hay más remedio que compartir el escepticismo de la A. en cuanto a las posbilidades reales de reconstrucción histórica de esta figura, que se proyectan en la pluralidad de opiniones doctrinales contradictorias al respecto. Es significativa la carencia de conclusiones finales extraídas por la A. en este ámbito, lo que hace pensar que tal vez la incorporación de este capítulo no tiene otro objeto que el mostrar de forma plástica la contraposición entre el régimen de ejecución personal del ius civile y el régimen pretorio de ejecución patrimonial.

El apartado central y objeto básico de la monografía, se subdivide, a su vez, en cinco capítulos en los que van desgranándose los diversos aspectos y las distintas fases del procedimiento de ejecución patrimonial. El primero se dedica a los orígenes de la bonorum venditio y sus relaciones con el procedimiento público de la sectio bonorum. La A. destaca cómo este procedimiento no surgió propiamente como forma de ejecución de la sentencia, sino más bien a falta de la misma; sólo progresivamente el pretor llevó a la adaptación de este expediente a los casos del deudor condenado que no realiza el pago. El segundo apartado versa sobre el inicio del procedimiento concursal, a través de la entrega de los bienes del deudor fallido a los acreedores (missio in bona rei servandae causa) decretada por el magistrado; la A. sostiene que esta entrega, en principio aplicable a los casos del deudor latitante o ausente, también se extendió originariamente a las acciones reales. La A. analiza aquí la administración de los bienes del deudor durante ese período de posesión interina a cargo del curator bonorum, cuya existencia defiende junto con la mayoría de la doctrina moderna (frente a hipótesis humanistas que ponían en cuestión dicha figura). El tercer capítulo describe con detalle el procedimiento de venta efectiva de los bienes del deudor en pública subasta, analizándose especialmente la figura del magister bonorum y los términos de la confección y aplicación de la lex venditionis. El cuarto se centra en la figura del bonorum emptor, convertido en sucesor pretorio del deudor fallido; se trata de un capítulo complejo, en que se describen adecuadamente los distintos expedientes brindados por el pretor para conseguir poner en práctica esa successio in locum debitoris del adquirente del patrimonio vendido. Por último, el quinto capítulo señala las consecuencias de carácter personal (infamia) y patrimonial que la bonorum venditio tenía sobre el concursado.

El texto presenta además una addenda en la que básicamente se desglosan los diversos casos de créditos privilegiados existentes en el Derecho clásico (funerarios, dotales, pupilares, bancarios, fiscales, municipales, etc. ), con su fundamentación histórica y su gradación en el procedimiento liquidador del patrimonio concursal, y culmina con 16 conclusiones de carácter general, que ofrecen más bien un resumen aquilatado del contenido del libro. Hay asimismo índice de fuentes al final.

En conjunto, constituye una solvente monografía, con pretensiones más descriptivas que innovadoras, correctamente escrita, muy bien articulada, abundantemente documentada y editada con pulcritud, que viene a llenar sin duda una laguna existente en la literatura romanista española moderna y actualiza el tratamiento de una figura jurídica que no había recibido una atención comprehensiva desde la monumental obra de Solazzi (Il concorso dei creditori nel diritto romano, 4 vols. , 1935 - 1943). Únicamente criticaríamos, a este respecto, la tal vez excesiva dependencia de la A. de las opiniones doctrinales consagradas: quizá hubiera sido deseable un análisis más personal de las fuentes y unas posiciones más definidas bien fundadas en éstas. Por otra parte, se aprecia en ocasiones una cierta falta de actualidad en la literatura manejada (lo que se manifiesta, por ejemplo, en la reiterada referencia a la Tabula Heracleensis como `lex Iulia municipalis', tesis hoy del todo descartada). Por lo demás, es muy notable el excelente manejo de una gran cantidad de fuentes y bibliografía, lo que se hace compatible con un encomiable espíritu de síntesis que preside toda la obra. (F. J. A. )

Maurici Pérez Simeó, Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest. El principio de incompatibilidad entre la sucesión testamentaria y la intestada en el Derecho romano, Madrid - Barcelona, Marcial Pons - Collegi de Notaris de Catalunya, 2001, 450 páginas.

El origen y significado de la llamativa regla de la incompatibilidad entre la sucesión testada e intestada de una misma persona en el Derecho romano ha despertado tradicionalmente el interés y la reflexión de los juristas europeos desde la Recepción del Derecho romano en la Edad Media hasta la actualidad, si no ya incluso desde el propio Justiniano. El trabajo que comentamos (resultado de la tesis doctoral del A. dirigida por el profesor Juan Miquel) se inscribe en esta tradición de estudio, y en nada parece desmerecer de los mejores de entre los muchos trabajos monográficos dedicados a esta problemática desde el siglo XIX.

El libro pretende ser una reflexión de conjunto sobre el origen, sentido e implicaciones de esta antigua regla en el marco del Derecho romano histórico. En realidad, el problema del origen queda desentrañado por el autor ya en las primeras páginas (cap. I, pp. 13 - 53), señalando plausiblemente a la jurisprudencia pontifical que había desarrollado el testamentum per aes et libram (siglos IV - III a. C. ) como responsable de la introducción de la regla, como medio de resolver los problemas ocasionados por la vacancia de alguna cuota testamentaria, aplicando analógicamente los principios de la sucesión intestada: del mismo modo que el adgnatus proximus cerraba totalmemente el acceso de los gentiles a la adquisición de la herencia _de manera que, si un adgnatus rechazaba la herencia o no podía suceder, su parte incrementaba la de los demás adgnati del mismo grado_, también los herederos testamentarios cerraban el paso absolutamente a los herederos ab intestato. De esta forma, la interpretatio pontifical mantuvo intacta la estructura sucesoria en compartimentos estancos derivada de las Doce Tablas.

Aclarado de este modo el origen de la regla, el libro se dedica en los siguientes capítulos a discutir los diversos terrenos en los que esta regla jugaba un papel determinante para la resolución de los casos conflictivos, y en los cuales podía ser puesta en cuestión como consecuencia de la aparición de nuevos problemas no contemplados por la vieja jurisprudencia pontifical. En concreto, el A. estudia los problemas de la vacancia de una cuota en la sucesión testamentaria, antes y después de la lex Papia Poppaea (9 d. C. ), que introdujo un régimen diferente sin derogar del todo el ius antiquum (cap. II, pp. 55 - 153); de la institución de heredero ex certa re (con un interesante apéndice relativo a la heredis institutio sometida a condición o a término) (cap. III, pp. 155 - 214); del testamento militar (cap. IV, pp. 215 - 242); de la preterición de los sui (cap. V, pp. 245 - 264); y, especialmente, de la irrupción de la sucesión forzosa a través de la querela inofficiosi testamenti y la ruptura de las viejas estructuras que ella trajo consigo (cap. VI, pp. 265 - 362). En todos ellos se demuestra cómo los juristas romanos de la época clásica mantuvieron un escrupuloso respeto a la aplicación del viejo principio de la incompatibilidad de tipos de sucesión, pero sin rigideces indebidas, de modo que tampoco se opusieron a su derogación parcial (v. gr. en el caso del testamento militar o de las consecuencias del éxito en el ejercicio de la querela inofficiosi testamenti), cuando ello venía motivado por nuevas circunstancias que exigían una valoración de las ventajas e inconvenientes previsibles en su aplicación, y una ponderación de este principio con otros valores que eventualmente pudieran entrar en conflicto con él. Este planteamiento, verificado en la muy variada tipología de supuestos que puede detectarse en los textos conservados referidos a cada uno de estos círculos de problemas, conduce naturalmente al capítulo final (pp. 363 - 388), destinado a reflexionar sobre la configuración de esta máxima como auténtica regula iuris, sentida y aplicada por los juristas clásicos como un principio de autoridad normativa y formulada como tal, en los términos que nos son hoy conocidos, en torno a mediados del s. II d. C. , frente a su uso como topos argumentativo por parte de los rétores (cfr. Cic. inv. 2, 62), en lo que constituye quizá el apartado más original de la monografía (y en el que la huella del maestro resulta inconfundible).

Todos los puntos tratados en los diversos capítulos del volumen se fundamentan en un estudio exhaustivo y escrupuloso de las fuentes antiguas, en relación con las cuales el A. evidencia un completo dominio de la bibliografía moderna y, lo que es más sorprendente y plausible, un amplio uso de textos de la tradición del ius commune (desde la Glosa hasta la Pandectística), que enriquece notablemente la ya de por sí muy sugestiva y sólida exégesis de los pasajes comentados, por lo general indiscutible. Asimismo, todo el trabajo está escrito con un estilo límpido y un lenguaje irreprochable, riguroso a la vez que diáfano. Es destacable el afán clarificador que preside toda la obra, con diversos cuadros y gráficos explicativos de las distintas situaciones estudiadas y una aportación de conclusiones al final de cada uno de los puntos nucleares desarrollados, así como, por último, de unas atinadas conclusiones finales (pp. 389 - 395) que resumen excelentemente el conjunto de las posiciones defendidas en el texto (y que se reiteran en lengua alemana, sin duda como consecuencia del carácter hispano - alemán de la tesis doctoral del A. ). El volumen se cierra con una amplia bibliografía y un pormenorizado índice de fuentes.

Es difícil, sin duda, hacer grandes aportaciones o sugerir innovaciones profundas en materias tan acerada y recurrentemente discutidas por la doctrina a lo largo de los siglos, pero puede decirse sin vacilación que este libro constituye en sí mismo una muy valiosa aportación a los estudios romanistas españoles recientes (y muy superior a la media de ellos), tanto por su destacada erudición y su acribia hermenéutica, como por su eficacia para proporcionar una magnífica síntesis a la altura de nuestro tiempo de una compleja problemática en su totalidad y su estimulante capacidad de sugerir nuevos terrenos de investigación a los estudiosos romanistas. (F. J. A. )

Bernardo Periñán Gómez, Antecedentes y consecuencias del Sc. Macedoniano, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, 287 páginas; prólogo de J. L. Murga.

Estamos en presencia de un estudio serio, bien planteado en el plano metodológico y bien conducido en sus desarrollos concretos. El objeto de la obra es el estudio del sc. Macedoniano, pero no con la finalidad de hacer una foto fija de esta medida senatorial en el momento de su aparición sino con el propósito de enmarcarla en unas coordenadas sociopolíticas y jurídicas que puedan explicar su necesidad o conveniencia, así como dar cuenta de su evolución posterior y sus transformaciones por obra de la jurisprudencia y la legislación.

A esta necesidad de encuadramiento responde la primera parte del trabajo, precedida de un dilatado prólogo del profesor Murga y de una amplia revisión del status quaestionis doctrinal en lo que afecta al sc. Macedoniano. Dicha primera parte se compone de dos capítulos preparatorios del estudio propiamente tal del sc. , uno sobre la influencia del Senado en la creación del derecho a finales de la Republica y primer siglo del Principado y otro sobre la situación jurídico - patrimonial de los filiifamilias hasta la fecha del sc. Tras analizar las cuestiones principales que se plantean en relación con cada uno de estos dos temas, el A. , en sendos apartados de conclusiones, retrasa hasta comienzos del Principado el desarrollo de una mayor influencia del Senado en la creación del derecho y rechaza la posibilidad de concebir en el siglo I d. C. la titularidad del filiusfamilias sobre un patrimonio propio a través del régimen de los peculios (incluido el peculio castrense).

Consumidas las primeras 122 páginas en estos prolegómenos, la segunda parte del libro aparece dividida en otros tres capítulos. El contenido del primero de ellos ("Génesis del sc. Macedoniano") es más amplio de lo que su rúbrica sugiere, pues en él se tratan todos los aspectos que interesan a la disposición senatorial analizada como acto normativo en sí mismo considerado: objeto o supuesto de hecho, medios de aplicación, incidencia en la situación patrimonial y procesal de los filiifamilias, finalidad y fecha de la norma. El segundo está dedicado a la evolución subsiguiente del sc. Macedoniano hasta el derecho justinianeo; son su objeto, por lo tanto, las derogaciones parciales que la jurisprudencia y la legislación - pero sobre todo la primera - van introduciendo en la vigencia del sc. a medida que así lo exigen las necesidades del tráfico y las transformaciones que se operan en la relación de dependencia económica de los filii respecto de los patresfamiliarum; muy interesantes son, en este mismo capítulo, las reflexiones del A. acerca de la congruencia de tales derogaciones con la finalidad original del sc. , así como sobre la relación de este proceso con el desarrollo de las actiones adiecticiae qualitatis. Por último, el tercer capítulo se ocupa de la no menos importante cuestión de la pertinencia de considerar como obligación natural la derivada de la datio mutui producida en contra del sc. Macedoniano; problema éste sobre el cual sólo toma partido el A. tras delimitar los rasgos propios de la obligatio naturalis (en particular su origen en las relaciones de los alieni iuris con quienes ejercen la potestad sobre ellos) y tras repasar las opiniones doctrinales a favor y en contra de aquella pertinencia.

La exposición destaca siempre por su gran orden y claridad, las síntesis de doctrina que se ofrecen son siempre equilibradas y útiles en la economía del trabajo y el aprovechamiento de las fuentes puede calificarse de ejemplar.

Destacamos para terminar algunas de las conclusiones generales del A. : el sc. Macedoniano debe adscribirse al imperio de Vespasiano (69 - 79 d. C. ), aunque tuvo un precedente en la lex Caludia de aere alieno filiorum familiarum. La norma senatorial afectaba únicamente a los préstamos de dinero, con o sin interés, en los que el mutuario era un filiusfamilias en la más amplia acepción de este concepto. Su finalidad principal, de carácter moralizante y conservador, fue la protección de la patria potestas frente a la amenaza que representaba la independencia económica que los hijos de familia podían conseguir mediante el endeudamiento; consecuencias secundarias de su aplicación pudieron ser un cierto favorecimiento de los filiifamilias mutuarios, la evitación de los parricidios y el freno a los negocios de los banqueros mutuantes. Debe descartarse que el sc. haya introducido una verdadera "prohibición" del mutuo a los hijos de familia, lo que hubiera supuesto una incidencia directa en el ius civile que no estaba al alcance del Senado a la altura del siglo I d. C. ; en tal sentido, la medida senatorial no tuvo el efecto de limitar las posibilidades de actuación válida que el ius civile reconocía a los filiifamilias. Su eficacia se desplegaba en dos planos complementarios, el disuasorio en el terreno de los hechos y el procesal de la denegatio actionis (no limitada por cierto a la condictio, sino extendida a cualquier otra acción con la que pudiera reclamarse la cantidad prestada) y de la exceptio senatusconsulti Macedoniani, una excepción con los caracteres de perentoria, perpetua y privilegiada. La jurisprudencia, seguida por la legislación, se encargó de ir adaptando el sc. Macedoniano a las necesidades sociales mediante sucesivas restricciones de su ámbito de vigencia, sin llegar a desvirtuar la finalidad de protección de la patria potestas con la que había nacido el sc. , aunque acompañando y secundando el retroceso cuantitativo y cualitativo de ésta. La relación de estas reformas o derogaciones parciales del sc. con el desarrollo de las acciones adyecticias, aparte otros aspectos de alcance más general, se circunscribe probablemente al origen de las actiones quod iussu e in rem verso. Por último, en el derecho clásico no se justifica la calificación como obligatio naturalis de aquella que es asumida en contra del sc.; éste produce sus efectos en el campo del ius honorarium y no puede, en consecuencia, operar la transformación en obligación natural de una obligación civil que no pierde este carácter por el hecho de quedar privada de defensa procesal.

Bibliografía e índice de fuentes. (F. C. B. )
César Rascón, Manual de Derecho romano3, Madrid, Tecnos, 2000, 360 páginas.

Véase la reseña de F. J. A. sobre la edición anterior en REHJ 21 (1999) páginas 568 - 569.

César Rascón García, Rescisión de los contratos por lesión (La justicia de los precios), León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 2001, 47 páginas.

El presente opúsculo recoge el texto del discurso pronunciado por el profesor Rascón (en la actualidad decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de León) como lección inaugural del curso académico 2001 - 2002 en su Universidad, enriquecido además por abundantes y nutridas notas explicativas dirigidas a aclarar y comentar distintos aspectos del discurso, especialmente para un público más amplio, no necesariamente romanista. En él se presenta una impresiva y sintética exposición del desarrollo histórico - doctrinal y normativo de la figura de la rescisión de la compraventa como consecuencia de la concurrencia de la laesio enormis o laesio ultra dimidium de alguno de los contratantes, a partir de los conocidos rescriptos atribuidos a Diocleciano (recogidos en C. I. 4. 44. 2 y 8) que contemplan esta figura (con caracteres concretos muy definidos y dependientes de las circunstancias históricas de su aparición, como muy bien señala el A. ), en contraposición al régimen del Derecho clásico de libre determinación del precio de venta por los contratantes e irrescindibilidad del contrato por lesión enorme (así en Ulp. D. 4. 4. 16. 4 y Paul. D. 19. 2. 22. 3). En correspondencia con esta doble legitimación romana, el A. pasa revista a las diversas posiciones normativas y doctrinales en torno a esta cuestión, en particular en el Derecho español, desde la legislación visigótica, la interpretación de la Glosa (y su reflejo en las Partidas y en el Ordenamiento de Alcalá), el análisis de escolásticos y humanistas españoles, la concepción iusnaturalista moderna (Grocio, Pufendorf, Thomasius) y los fundadores de la economía política, hasta la codificación española, en el marco de la cual queda patente la disparidad de regímenes que existe a este respecto entre el Derecho común y algunos de los Derechos forales (Cataluña, Navarra). El A. señala acertadamente la continua oscilación entre interpretaciones más amplias y más restrictivas de la citada regla del Derecho romano tardío, hasta llegar al actual descrédito de la misma en el presente contexto de neoliberalismo económico. El texto culmina con una apelación a la observación crítica de las legislaciones vigentes y las ortodoxias dominantes y con una invitación a la lectura como mejor instrumento para correr el velo de la verdad histórica.

Escrito con estilo vivo y brioso (como corresponde a una alocución pública), el texto sin embargo no desmerece en cuanto a erudición y profundidad reflexiva. La cuidada edición es, asimismo, bien merecedora de aplauso. (F. J. A. )

Eduardo Reigadas Lavandero, Censura y "res publica". Aportación constitucional y protagonismo político, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2000, 647 páginas; prólogo de F. Fernández de Buján.

El libro que comentamos, que es resultado abreviado de la tesis doctoral de su autor ("Análisis prosopográfico de los censorii como contribución al estudio de la res publica romana"), constituye un raro ejemplar en la romanística española reciente, y ello por dos motivos. Primero, por su contenido temático: el libro aborda un tema de Derecho público romano, más concretamente, de Derecho constitucional, materia que apenas ha sido objeto de monografías específicas en los últimos años en nuestro país (no así tanto las cuestiones de lo que se ha dado en llamar `derecho administrativo' romano, que sí ha recibido una atención preferente en estos años pasados). En segundo lugar, por la metodología empleada: el método prosopográfico, basado en la relación detallada de las características personales, las relaciones familiares y las realizaciones políticas de los distintos personajes que ocuparon un lugar preferente en un determinado período de desarrollo histórico, en este caso los censores de la República romana. Ambos caracteres distinguen sobremanera este trabajo de la tónica general de las monografías romanísticas españolas actuales, pero, al mismo tiempo, lo alejan también de lo que, a nuestro juicio, constituye el centro de gravedad de la moderna ciencia romanística como tal.

En efecto, este trabajo, muy meritorio en muchos aspectos y por diversas razones, apenas puede considerarse una obra encuadrable en la disciplina del `derecho romano' (ya estemos hablando de Derecho `privado' o, incluso, de Derecho `público'), en tanto que ciencia diferenciada de lo que se reconoce como `historia antigua'. De hecho, el libro, a pesar de su título, no efectúa ninguna consideración de conjunto sobre el papel de la censura en el entramado constitucional romano - republicano, ni aporta ninguna reflexión relevante sobre la trascendencia de esta institución para la definitiva configuración política y social de esa formación histórica. El texto se limita a hacer una relación detallada, muy documentada tanto en las fuentes como en la bibliografía moderna, de los distintos censores romanos, desde los orígenes de esa magistratura (443 a. C. según la tradición) hasta el definitivo agostamiento de la magistratura con el naufragio del régimen republicano (42 a. C. ). Como muestra de lo que decimos puede señalarse el hecho de que la discusión sobre los orígenes y función de esta magistratura (a la que no se añade nada novedoso fuera de la mera relación de las distintas posiciones doctrinales al que se tiene noticia por la tradición (443 a. C. ), hurtándose así a la introducción general de la obra, que debería ofrecer el marco institucional en que se inscribe el objeto de estudio; tampoco en las conclusiones encontramos una verdadera reflexión de contenido doctrinal. Significativamente, en el apoyo bibliográfico de la obra se concede tanta o más importancia a la Römische Rechtsgeschichte de Mommsen que a su Römisches Staatsrecht (y aun esta obra se cita más bien por su aportación de datos históricos). Es también relevante, a este respecto, la ausencia en la bibliografía utilizada de obras como la Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik II. Die Magistratur (München, 1995), de Kunkel/Wittmann, o las más recientes exposiciones de conjunto sobre el ordenamiento constitucional romano - republicano (como son los libros de J. M. Rainer, Einführung in das römische Staatsrecht. Anfänge und die Republik [Darmstadt, 1997] y A. Lintott, The Constitution of the Roman Republic [Oxford, 1999]) _estas últimas tal vez por dificultades temporales para su inclusión en la versión final del trabajo que comentamos_, así como la totalidad de los trabajos de Bleicken o Simshäuser. Resulta sorprendente, asimismo, que el A. no haya empleado una obra tan desatacada en esta temática como es el interesante libro de E. Baltrusch, `Regimen morum'. Die Reglamentierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit (1988). Todo ello no resta en absoluto validez y solvencia al trabajo que se comenta _que destaca respecto a otras muchas monografías españolas recientes por su escrupuloso empleo de las fuentes y por su decidido afán de exhaustividad_, pero sí contribuye a subrayar, por un lado, la verdadera índole del núcleo básico del libro y, por otro, la dificultad de abordar completamente temáticas tan amplias y complejas como la propuesta por el A. Claramente, a nuestro modo de ver, en cuanto al contenido real del trabajo que se nos presenta, resultaba más ilustrativo el título de la tesis doctoral _reproducido supra_ que el que ha adoptado su publicación definitiva (aunque en éste se ha prescindido, acertadamente, de la expresión `censorii', empleada de modo abusivo y confuso a lo largo de todo el texto).

La estructura sobre la que se articula el texto que comentamos es la siguiente. Tras una introducción general en que se señalan los objetivos del trabajo y las obras de referencia fundamentales, el núcleo central se plasma en cinco capítulos (uno por cada siglo de la República, utilizando la cronología de la Era cristiana), en los cuales se da noticia detallada de cada colegio de censores año a año: allí se refieren los nombres de los censores, se hace un estudio individual de cada uno de ellos (con especial atención a sus antecedentes familiares y gentilicios y sus relaciones de parentesco) y, por último, los hitos principales del ejercicio de la magistratura (con indicación especial de sus actividades políticas, administrativas, jurisdiccionales y religiosas); en el libro se prescinde del completo cursus honorum de cada uno de los censores, que sí se recogía en la tesis doctoral del A. Naturalmente, el tratamiento que se da a cada censor varía en extensión y profundidad, dependiendo de la importancia relativa del mismo en el curso de la historia romana y la mayor o menor abundancia de información existente al respecto. Por fin, una vez concluida la exposición de los 74 colegios censorios, el trabajo se completa con un sexto capítulo de conclusiones (que reproduce las propias de la tesis doctoral) que, más que conclusiones propiamente dichas, son un comentario y valoración de los datos contenidos en unas tablas sinópticas que aparecen al final del volumen, en las que se recogen de manera gráfica y resumida las informaciones y noticias dispersas a lo largo del texto, dispuestas en orden cronológico y en función de distintos temas (gentes censoriae, parentescos, actividades, cursus honorum, leges, triunfos, construcciones, actuaciones jurídicas y culturales, etc. ) referidos a los diversos censores.

El volumen se cierra con una amplia bibliografía, que recoge no sólo las obras citadas en el texto, sino también las de la tesis completa. No contiene índice de fuentes (debido al excesivo número de las mencionadas), pero sí una lista de abreviaturas de fuentes históricas y literarias (lo cual, por cierto, hubiera podido fácilmente obviarse tan sólo con emplear el sistema estándar de citas del TLL o el OLD, al igual que en las fuentes bibliográficas hubiera servido el sistema tradicional en Historia Antigua tomado de L'Année Philologique).

En definitiva, como juicio general, puede decirse que nos encontramos ante una obra muy erudita, realizada con gran esmero, rigor y orden, que constituye una novedad historiográfica de primer orden, aun cuando su aportación a los estudios estrictamente histórico - jurídicos nos parezca de alcance limitado. (F. J. A. )

Emma Rodríguez Díaz, Algunos aspectos de la donatio mortis causa en el Derecho romano, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2000, 232 páginas.

A pesar de la modestia de su título este libro constituye una auténtica monografía integral _la primera en castellano, que conozcamos_ sobre esa institución peculiar, y en gran medida disonante en el sistema institucional romano, que fue la donatio mortis causa en sus diversas etapas de desarrollo. La obra toca todos los elementos significativos de esta figura a lo largo de los diversos períodos de la historia jurídica de Roma, desde su aparición en la primera edad clásica hasta el Derecho justinianeo, pasando revista a las principales interpretaciones al respecto de la doctrina romanista del siglo XX, especialmente la italiana (Amelotti, Di Paola), sin realizar aportaciones sustancialmente relevantes.

Tras una presentación justificativa de la elección del tema, el libro aparece dividido en cuatro capítulos. El primero (pp. 9 - 47) se dedica a esclarecer el significado de la donación en el sistema institucional del Derecho privado romano, destacando las diferencias de enfoque en función de las distintas épocas. El capítulo en su conjunto, y en particular su extensión, no se encuentran, a nuestro juicio, excesivamente justificados, en la medida en que el complejo problema general de la donatio en el Derecho romano desborda absolutamente el objeto de este estudio, que plantea problemas específicos no suficientemente destacados en esta sede, por lo que al final el capítulo resulta en cierto modo superfluo.

El capítulo segundo (pp. 49 - 187) es el más largo y enjundioso del trabajo y el verdadero núcleo de la monografía. En él se desgranan los diversos aspectos que componen la figura de la donatio mortis causa (d. m. c. ) en el Derecho clásico, en particular los siguientes: el concepto de d. m. c. (Marcian. D. 39. 6. 1. pr. ); sus diferencias con las mortis causa capiones; la clasificación de Ulpiano de los diversos tipos de d. m. c. (Ulp. - Iul. D. 39. 6. 2) y las dudas sobre su clasicidad; el debate en torno al carácter clásico de la d. m. c. sometida en sus efectos a condición suspensiva (ligada en su origen a la d. m. c. entre cónyuges) _criticando la posición de Di Paola al respecto_; los problemas de la d. m. c. sujeta a condición resolutoria, la d. m. c. promisoria y la liberatoria, y, en particular, las condiciones de la d. m. c. inter virum et uxorem; la relación de la d. m. c. con el pactum fiduciae, con la condictio y con los legados; los sujetos de la d. m. c. y el momento en que se considera que produce efectos; y, en especial, el problema del origen histórico y normativo de la d. m. c. , al hilo del cual la A. despliega reflexiones en cuanto a la relevancia del periculum mortis, la posibilidad de revocación y el ius paenitendi del donante, así como la consideración del momento de perfección del negocio, concluyendo que, en su origen, la d. m. c. debió de surgir como una figura vinculada estrictamente al temor de una muerte próxima del donante, para extenderse ya en época clásica a los supuestos de simple cogitatio mortalitatis como motivo para donar. La A. hace un tratamiento de todas estas cuestiones muy apegada a los textos de las fuentes, de las que realiza cuidadosas exégesis con una actitud fundamentalmente cautelosa, aunque abre quizá demasiado campo a los resultados de la crítica textual, tal vez como consecuencia de su diálogo constante con la romanística italiana de mediados del siglo XX. El resultado, en cualquier caso, es básicamente conservador en cuanto a la autenticidad de los pasajes, de lo que es prueba su habitual coincidencia con las interpretaciones pandectistas de los textos comentados.

El estudio de los temas abordados es detallado y profundo, pero en ocasiones resulta demasiado confuso, en parte debido a una deficiente articulación del texto, que hace que los problemas se enfoquen de manera inconexa y, a menudo, redundante, y también a una excesiva dependencia de las doctrinas anteriores, de manera que frecuentemente resulta difícil determinar cuál es la auténtica posición de la A. ante ciertas cuestiones. Da la impresión de que el texto se halla necesitado de una revisión final completa y de una nueva articulación de los contenidos de este capítulo (v. gr. el problema de los orígenes del instituto se trata 43 páginas después del inicio del capítulo correspondiente).

Los dos capítulos finales son en realidad apéndices del anterior. El capítulo tercero (pp. 189 - 195) está dedicado a la d. m. c. en el Derecho postclásico, donde se aborda principalmente el tema de la forma de realizar estas donaciones en conexión con las reformas constantinianas del instituto (lo que hubiera necesitado, a nuestro juicio, una nueva revisión de conjunto); y el capítulo cuarto (pp. 197 - 208) se destina a la regulación de la figura en el Derecho justinianeo, comentándose, sobre todo, su acercamiento al régimen de los legados a través de las innovaciones contenidas en C. 8. 56 (57). 4, I. 2. 7. 1 y Nov. 87 praef. ; la A. pone de manifiesto las escasas novedades sustanciales introducidas por los bizantinos y su desarrollo de tendencias ya presentes en la jurisprudencia clásica tardía.

El libro carece de conclusiones finales (que van adelantándose a lo largo del texto), pero no de índice de fuentes y bibliográfico. (F. J. A. )

Luis Rodríguez - Ennes y Jesús Daza Martínez, Instituciones de Derecho privado romano3, Madrid, 2001, 708 páginas.

Véase la reseña de la edición anterior por F. C. B. en REHJ 21 (1999) pp. 547 s.

José Mª. Royo Arpón, Ciudad abierta. Ciudad de ciudadanos, Madrid, Marcial Pons, 2001, 255 páginas.

En esta obra el autor continúa sus investigaciones "arqueológicas" (en el sentido foucaultiano del término), ya presentes en otras obras suyas anteriores _ en particular la última de ellas, Palabras con poder (1997, vid. REHJ 21 [1999] pp. 571 - 572) _, en relación con la idea de ius y sus manifestaciones en la Roma antigua.

Con un tono acusadamente ensayístico, escrito siempre con buen estilo literario, el texto va desarrollando una pluralidad de cuestiones en torno a una idea básica: que la construcción de la civitas romana, desde sus inicios y en las diversas fases de su evolución histórica, obedeció siempre al fundamento básico del pacto entre gentes de distintas procedencias, que confluyeron en un momento dado en la formación de la Ciudad (renunciando así a sus orígenes ancestrales cada una de ellas), constituyendo de ese modo un conjunto político que, con el tiempo, acabaría transformándose en una comunidad universal. En este proceso, el ius hubo de servir siempre como instrumento mediador y cimentador, en busca de un equilibrio flexible entre necesidades perentorias e intereses diversos. A partir de estos elementos básicos, el A. despliega una sugestiva y personal descripción de la evolución histórica del ius Romanorum, desde sus orígenes hasta el final de la época clásica, cuando ya la Res publica romana vino a convertirse en un Imperio universal, en un intento de mostrar esa evolución histórica como un paralelo útil y necesario respecto al proceso globalizador que acontece en el mundo actual. Se pasa así revista a cuestiones tan intrincadas e interesantes como las del origen y fundación de la Civitas, los orígenes del ius, la organización de la Res publica, los modos republicanos de construcción del Derecho (especialmente, el edicto pretorio), la crisis del modelo ciudadano y la aparición del Principado como nuevo espacio político "globalizado", con las consiguientes y necesarias mutaciones en las fuentes de creación y vías de articulación del ordenamiento; destacan, a nuestro juicio, sus reflexiones en torno, por un lado, a la importancia del modo de producción agrario primitivo para la aparición de la Urbs y las primeras manifestaciones de lo jurídico (el ius primitivo), y, por otro, a la trascendencia para el Derecho de la introducción en Roma de la economía monetaria.

Desde sus primeras páginas, el A. trata de desmontar algunos de los tópicos consagrados por el Idealismo alemán en relación con la supuesta incapacidad de Roma para servir de modelo político a Occidente, que sólo podría verse debidamente reflejado en el espejo de la polis griega (i. e. ateniense); el A. pretende justamente ofrecer una historia diferente de la civitas romana como espacio de convivencia de pueblos y tradiciones distintas, unidas por el nexo jurídico común cristalizado en la Res publica. Para alcanzar esos objetivos el A. , renunciando a los métodos habituales de la historiografía (especiamente la jurídica: es significativo a este respecto que dedique al comienzo un capítulo completo _pp. 35 - 48_, escasamente funcional desde el punto de vista del objeto central del trabajo, destinado precisamente a reducir el valor de las fuentes estrictamente jurídicas para reconstruir los estadios previos del ius Romanum, por proceder en su mayoría estas fuentes del Bajo Imperio, i. e. de una época distinta de la que puso las bases del ius y en la que se ha perdido ya la noción de Roma como Res publica libre), se sirve de instrumentos ya conocidos en otras obras suyas: el análisis semántico e histórico - lingüístico de los principales términos del vocabulario jurídico - político romano (una auténtica "genealogía" de las relaciones de poder en Roma), así como la reconstrucción "arqueológica" de los orígenes de la civitas a través de la información procurada por los mitos y leyendas de naturaleza cívica transmitidos por la literatura latina. El uso de este instrumental proporciona algunos de los momentos más brillantes del libro (como p. ej. su análisis del mito de la fundación de la Ciudad por Rómulo o de la leyenda del rapto de las sabinas como reflejo de la federación de comunidades familiares de orígenes diversos), pero también constituye su principal punto débil, puesto que las fallas en alguno de esos elementos ponen en peligro la estabilidad de toda su construcción; así, por ej. , el A. liga el origen del ius a su conexión con el étimo indoeuropeo *iug - (que tendría un sentido próximo a la noción de equilibrio y cohesión de elementos de diferente naturaleza), etimología hoy sumamente discutida; y algo similar podría decirse de varios de sus análisis lingüísticos. El A. corre así el mismo riesgo (y cae en él a menudo) que imputa a las concepciones del Idealismo alemán, esto es, el de transmitir una visión del mundo romano simplificada y basada en prejuicios no contrastados con la veracidad histórica. Es discutible, por otra parte, la vigencia real de su consideración, vertida en las primeras páginas, de la preterición intencionada de Roma en las reflexiones políticas dominantes (reducida la civitas a mero antecedente de la "sociedad civil" burguesa, frente a la polis griega como espacio propiamente "político"), si tenemos en cuenta el auge en los últimos tiempos de la noción de "ciudadanía" (civitas) y de los estudios sobre la tradición republicana (Res publica), donde la experiencia jurídico - política romana queda debidamente reconocida y resaltada (auge en el que, por cierto, cabe incluir sin duda el propio libro que reseñamos).

Con todo, independientemente de las diferencias de criterios y las opiniones divergentes que pueda suscitar (y desde aquí advertimos que estamos plenamente de acuerdo con la tesis de fondo del A. ), se trata de un libro de lectura fascinante, sugerente y estimulante, y muy oportuno para los tiempos de vacilación que corren. Desde el punto de vista formal, se echa en falta un índice de fuentes literarias (que el A. maneja profusamente, con soltura y, en general, con corrección), lo cual no empaña, en cualquier caso, la excelente edición del libro. (F. J. A)

Victoriano Sáiz López, Derecho romano y tradición romanística. Beneficia fideiussorum, Servitutes personarum, Peculia filiorum, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, 207 páginas.

El A. propone la unidad de planteamiento metodológico como justificación de la reunión en este volumen de tres estudios de contenido muy heterogéneo. Dicho designio unitario es el queda expresado en el título (Derecho romano y tradición romanística) y su desarrollo formal se contiene en un amplio preámbulo bajo el título de "Marco de referencia de la evolución histórica de las instituciones" (pp. 13 - 65). Otra idea central es la consideración de la interdisciplinariedad como condición básica para el análisis de la realidad histórico - jurídica, lo que en último término parece significar para el A. la imposibilidad de entender y explicar la tradición jurídica romanística si no se tiene presente "su vinculación profunda con el orden moral que, en último análisis, tiene a su raíz la cosmovisión religiosa cristiana" ("Introducción", p. 10). De acuerdo con todo ello, el hilo conductor de las páginas sobre el marco de evolución histórica de las instituciones parece reducirse fundamentalmente a la dialéctica sacralización/secularización, referida, eso sí, al ámbito jurídico - político desde la jurisprudencia pontifical hasta el iuspositivismo contemporáneo. Esta primera parte se ha redactado sin notas, aunque al final del volumen (pp. 201 - 207) se relaciona la bibliografía utilizada para su elaboración.

El profesor J. Daza es coautor del primero de los tres estudios restantes ("Beneficium ordinis, excussionis et divisionis"), publicado con anterioridad en los Anales de la Universidad de Alicante. Facultad de Derecho, 1993, n. 8, pp. 75 ss.; los otros dos trabajos ("Ius utendi fruendi de la jurisprudencia romana clásica y concepción doctrinal de los dominia y las servitutes en el ius commune" y "Principio de unidad del patrimonio en la familia agnaticia y régimen de los peculios") se publican ahora por primera vez. La influencia de la perspectiva interdisciplinar definida en el capítulo inicial es en todos ellos bastante inconcreta, cuando no inaprensible.

En el tema de la responsabilidad del fiador la exposición arranca de los antecedentes justinianeos y del derecho vulgar occidental sobre los beneficios de orden, excusión y división. Influencia helenística, emersión de la escritura frente a la oralidad y de la voluntad frente a la forma, y aproximación entre distintas formas de garantía (mandatum pecuniae credendae y fideiussio), son líneas de evolución que conducen, principalmente en el derecho de las Novelas de Justiniano (Nov. 4, 99 y 136), al reconocimiento del beneficium ordinis seu excussionis a los mandantes y fiadores y del beneficium divisionis a los deudores correales. A su vez, ajeno a estas orientaciones, el Derecho romano vulgar de Occidente exhibe un panorama de simplificación y estancamiento de las garantías clásicas de las obligaciones que se condensa en el fenómeno de la "concentración del sistema de fianzas en la fideiussio" (Levy), aunque, dado el vulgarismo imperante, sea difícil interpretar la permanencia de rasgos como la libera electio del acreedor y la eficacia extintiva de la litis contestatio como signos de innovación o de continuidad respecto del derecho clásico. El estudio de la recepción y la tradición romanística sobre este círculo de problemas se circunscribe a las instituciones correspondientes de los ordenamientos seculares de determinados Reinos hispánicos: la fermança catalana, las garantías en los fueros y las Observancias aragonesas, la fideiusssio - fermança valenciana, la fiadura en el Fuero Real y la regulación de las Partidas inspirada en el ius commune.

Bajo la imprecisa rúbrica "Experiencia jurídica romana y transición del esclavismo al feudalismo", el segundo trabajo se inicia con una exposición a vista de pájaro del extenso panorama que a lo largo de la experiencia jurídica romana e inmediatamente posterior conduce a la diferenciación del dominium y los dos géneros básicos de servitutes (praediorum y personarum). Aquí se dan cita buena parte de los conceptos y categorías histórico - jurídicas que entran como ingredientes en todo compendio de historia externa del Derecho romano junto con otras figuras propias del derecho privado de Roma, pero la amplitud de la perspectiva impide seguir el "desarrollo de los acontecimientos" con un mínimo de concreción. En todo caso, el resultado al que se llega es el de la llamada "desmembración del dominium", fenómeno en cuya teorización y encauzamiento se esforzará la época del ius commune. En lo restante, en efecto, con la premisa teológico - jurídica de la pérdida del status innocentiae y la consiguiente diferenciación y división de las posesiones y los dominios, se reconstruye la historia doctrinal de las nociones de dominium y ususfructus y de sus relaciones en los glosadores, los feudistas y los comentaristas (Bártolo). Una historia a través de la cual se va produciendo la sistematización de las titularidades del usufructuario, el enfiteuta, el superficiario y el vasallo en las categorías del dominium directum y el dominium utile, a la vez que la interferencia de la categoría de la servitus (personalis) impide la definitiva catalogación del usufructuario como dominus rei corporalis (sino como titular de un dominium rerum incorporalium). Toda esta construcción quiebra por el cambio de paradigma sistemático operado por el humanismo y el iusnaturalismo racionalista en favor de la nueva clasificación de los derechos subjetivos patrimoniales en iura in re e in personam. Finalmente, un último apartado rotulado "Recepción del ius utrumque en el ámbito hispánico" se refiere a esta materia en las Partidas.

El tercero de los trabajos reunidos en este volumen incluye unas consideraciones metodológicas sobre el "principio de complementariedad", la aplicación de la dogmática moderna al estudio histórico del derecho del pasado y el valor de la jurisprudencia clásica y el clasicismo de Justiniano, todo ello formulado en términos genéricos y sin explícita referencia al tema estudiado. Entre este preámbulo y la inteligente valoración crítica del final acerca de la pertinencia histórico - jurídica de una consideración sistemática unitaria de los peculios, bajo la idea directriz de la atenuación progresiva del principio de unidad del patrimonio familiar, el estudio pone de manifiesto la confluencia de dos líneas o principios contrapuestos en el desarrollo de la doctrina general de los peculios en la época del ius commune, el principio romano de unidad del patrimonio en la familia agnaticia (del que es manifestación el peculium profecticium) y la nueva concepción ético - jurídica de la familia basada en el parentesco natural. (F. C. B. )

Fritz Schulz, Principios del Derecho romano, 2ª edición revisada y corregida de la traducción de Manuel Abellán Velasco, Madrid, Civitas, 2000, 298 páginas.

La meritoria traducción de este clásico de la romanística del siglo XX por el profesor Abellán recibe una nueva edición en la que se han corregido las erratas detectadas en la primera (de 1990) y se ha suavizado la redacción allí donde la traducción parecía ser demasiado literal; aparte de esto, hay una nota del traductor en la que pondera la importancia de la obra y llama la atención sobre el "proceso de reificación de las abstracciones" (Orestano) presente en la obra de Schulz. (F. C. B. )

Peter G. Stein, El Derecho romano en la historia de Europa. Historia de una cultura jurídica, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2001, 201 páginas; prólogo de Juan Pablo Fusi.

Dentro de una ambiciosa colección titulada (algo pomposamente) "Historia de Europa", aparece ahora en castellano (tras su traducción alemana, a cargo de Klaus Luig, aparecida en 1996, antes incluso que su original inglés que ha servido de base a esta traducción española) este opúsculo del famoso historiador y civil lawyer británico, en el que expone, con soltura y brevedad no exentas de rigor, la evolución de 2.500 años de historia del Derecho romano, desde sus orígenes (que el autor cifra en la ley de las Doce Tablas, sin remontarse a la época anterior), hasta sus últimos ecos en los tiempos recientes. Dividido en cuatro grandes apartados (correspondientes aproximadamente a la división convencional de la Historia de Europa en Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea), el libro pasa revista a los principales hitos en la formación de la idea de Derecho en la Roma antigua y sus más destacadas manifestaciones creativas y normativas, así como a sus variadas repercusiones en la historia europea (ofreciendo una excelente panorámica de la llamada «segunda vida del Derecho romano»). El trabajo muestra un calculado equilibrio entre el capítulo dedicado al Derecho romano en la Antigüedad (el único «Derecho romano» propiamente dicho, en cuanto ordenamiento jurídico vigente), que ocupa aproximadamente la cuarta parte de la obra, y los dedicados a la influencia de los textos jurídicos romanos en la Baja Edad Media, en la formación de los Estados nacionales y la experiencia moderna de las codificaciones, sin duda motivado tanto por los propios antecedentes del autor (eximio historiador del Civil Law) como por los fines buscados por la publicación, que se centran en enfatizar la progresiva construcción de la idea de Europa a través de realizaciones sectoriales (en este caso, la concepción del Derecho) desde la época en que se habla convencionalmente de `Europa' como espacio cultural consciente de sí mismo; en este sentido, la experiencia jurídica romana no pasa de ser un antecedente imprescindible para conocer las raíces de unos textos "que han marcado de forma indeleble el pensamiento político y jurídico europeo" (p. 3), pero tal vez no una parte en sí del desarrollo histórico - jurídico europeo como tal. Esto puede sorprender _e incluso irritar_ al planteamiento romanista tradicional, pero no deja de ser una tendencia claramente perceptible en los últimos decenios. Por otra parte, la estructura del libro obedece también a la pretensión del autor de proponer una revisión de los postulados de Koschaker, cincuenta años después de la publicación de su celebérrimo "Europa und das römische Recht": el resultado está lejos de rivalizar con aquel opus magnum, pero tampoco era esta precisamente la intención de nuestro autor.

En su conjunto, la obra constituye, desde nuestro punto de vista, un buen manual introductorio para cualquier interesado en el discurso histórico y, en particular, para los estudiantes de Derecho _sobre todo en tiempos de reducción del espacio concedido en el marco de la educación jurídica a las disciplinas de carácter histórico - formativo y, al mismo tiempo, de énfasis en la dimensión europea de nuestros ordenamientos_, si bien quizá no tanto para el estudioso romanista propiamente dicho. El libro combina adecuadamente información y reflexión (destacando en este sentido su tratamiento de temas como el de la obra de los glosadores y su influencia, o el de la importancia del ordo iudiciorum para la recepción del Derecho romano en Europa), pero en ciertas ocasiones parece quizá demasiado conformista con las opiniones tradicionales en el dicurso histórico - jurídico dominante, y, en otras, contiene errores informativos (vid. v. gr. el referido a las Universidades española en la pág. 94). Con todo, conforma una excelente síntesis altamente recomendable, aun cuando, ut solet en estos pagos, la traducción castellana es manifiestamente mejorable, no sólo en cuanto al estilo, sino también respecto a la terminología y los datos concretos (una lista completa de los errores de traducción desbordaría claramente los límites de esta nota; véanse, a modo de ejemplo, los aparecidos en las págs. 65 y 92, entre otras muchas).

Contiene una breve tabla cronológica, bibliografía sumaria e índice alfabético de nombres.

[Recensiones: de la edición alemana, recensión de M. T. Fögen, en Rechtshistorisches Journal 16 (1997) páginas 118 - 121; G. Wesener, en ZSS 115 (1998) páginas 740 - 743; T. Mayer - Maly, en TvR 66 (1998) páginas 211 - 214; de la edición inglesa, vid. A. Mohino Manrique, "Breves reflexiones acerca del ensayo de Peter Stein: Roman Law in European History, en Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED. 17 (2001) páginas 89 - 104; M. E. Gómez Rojo, en AHDE 71 (2001) páginas 793 - 794] (F. J. A. )

Guillermo Suárez Blázquez, Dirección y administración de empresas en Roma, Orense, Edición del autor, 2001, 167 páginas.

Lo menos que se puede decir del título de esta obra es que peca de oportunismo puesto que ya en el prólogo se reconoce que los conceptos modernos de empresa y sociedad no son trasladables al ambiente del Imperio romano. Esta sencilla confesión, no obstante los matices con los que se la acompaña, hubiera debido equipar al A. con un poco más de aquella imprescindible cautela que ahorra al estudioso de una experiencia jurídica histórica el peligro de caer en la apología del pasado; apología, por otro lado, que suele venir dictada por ciertas necesidades del presente que muy poco tienen que ver con el mejor conocimiento de aquella experiencia histórica. Tal es el caso, según me parece, de este libro de título tan aparatoso, escrito de principio a fin bajo el presupuesto de que hubo en Roma "estructuras empresariales, que gozaron de condiciones similares, tanto en su estructura y funcionamiento interno como en sus relaciones externas, a nuestras modernas empresas". Al escritor de esta reseña le parece desde luego incorrecto, por no decir fraudulento, un planteamiento que se centra casi exclusivamente en las similitudes y excluye considerar las diferencias que sin duda separan al mundo romano del mundo actual por lo que al tema estudiado respecta. Pero si esto es ya una crítica, y de no pequeña entidad, a medida que se avanza en la lectura del libro se van multiplicando las dudas sobre la solvencia de la técnica utilizada por el A. en la confección de su obra, por lo menos, si esa técnica ha de ser enjuiciada con ojos de romanista.

Dejemos de lado la incalculable negligencia que salta a la vista de inmediato en el aprovechamiento de la literatura especializada y centrémonos principalmente en lo que atañe a la cita e interpretación de las fuentes.

En primer lugar, no se muestra muy explícito el A. a la hora de explicar el por qué de cierta terminología que al lector romanista le puede parecer, al menos prima facie, bastante chocante, por no decir completamente inadecuada. Valgan algunos ejemplos para ilustrar este punto: los términos taberna o taberna instructa y officina son traducidos sistemáticamente por "empresa" o "taberna - empresa", y los términos institor, magister y servus peculiaris por "administrador" o "director general (de la empresa)"; el peculio es siempre la "empresa peculiar" (porque, adviértase la demasía, el peculio es el instrumento que los romanos utilizaban para la creación de empresas de responsabilidad limitada dotadas de personalidad jurídica); se habla con toda despreocupación de "grupos de empresas peculiares móviles (!) y multinacionales"; la actio de peculio es la "acción típica de quiebra de empresas"; etc., etc. En segundo lugar, y dándose la mano con lo anterior, la lectura de las fuentes deja muchísimo que desear. En realidad, el trabajo exegético tiende a ser sustituido con demasiada frecuencia por una abundancia de cuadros o esquemas que en teoría tratan de sintetizar el contenido de los textos que van siendo citados, pero que en ocasiones lo deforman o no lo reflejan con exactitud suficiente. En esta misma línea ocurre, en más de una ocasión, que el A. fuerce la interpretación de algún pasaje de las fuentes para buscar una confirmación de sus tesis que una lectura más correcta de los textos no podría ofrecerle con tanta facilidad. Veamos también aquí algunos ejemplos: en D. 14. 1. 1 (EP3, & 101, de exercitoria actione), con la frase utilitatem huius edicti patere nemo est qui ignoret, "Ulpiano nos dice que no hay nadie que no conozca el edicto. Es una afirmación de carácter universal" (p. 25 nt. 27); el peculio es tratado como una persona jurídica hasta el punto (p. 50) de que tiene un status (D. 15. 1. 32. 1: praesens status peculii spectandus est [!]) y goza de "libertad de circulación y domicilio" (D. 15. 1. 47. 6: quia quasi patrimonium liberi hominis peculium servi intellegitur, ubicumque esset); la frase cum servus fideiussisset de D. 15. 1. 47. 1 da pie al A. para decir que la "persona jurídica - peculio" aparece contemplada como fiadora y garante (p. 58); el participio presente agens utilizado en D. 15. 1. 3. 5 (si igitur quasi intercessor servus intervenerit, non rem peculiarem agens, etc. ) se torna, para los intereses del A., en sustantivo que significa "director - administrador" de la empresa peculiar (p. 60); etc., etc. también aquí. Como puede verse, los procedimientos empleados por el A. se pueden tachar directamente de arbitrarios, ya que pretenden hacer decir a los textos cosas que éstos no dicen.

Las erratas son abundantes, pero también lo son los errores, tanto los de carácter material (por ej. , en el cuadro de p. 34 sobre D. 14. 3. 5. 9 aparece un servus pollincitor como institor de una panadería) como los de concepto. Primer ejemplo de éstos, la expresión in solidum significa para el A. responsabilidad ilimitada en casos como los siguientes: in solidum actio datur en Paul Sent. 5. 2. 8. 3 (p. 29), in solidum unumquemque conveniri posse en D. 14. 3. 13. 2 (p. 39), quae et ipsa formula in solidum est en G. 4. 71 (p. 89); hay también algunos casos similares en los capítulos II y III, siempre en relación con el ejercicio de las acciones institoria y exercitoria. Como segundo ejemplo puede mencionarse toda la aberrante teoría de la personalidad jurídica del peculio (especialmente pp. 42 - 59); en p. 42 nt. 68, el A. lee mal a Serrao, que claramente indica que la limitación de la responsabilidad del empresario sustancial se realiza de modo diferente en el mundo moderno y en el mundo romano, en aquél mediante la creación de la persona jurídica sociedad, en éste mediante la construcción esclavo - peculio: "En el mundo romano la sociedad no tenía personalidad jurídica, pero sí la tenía la empresa peculiar" (sic el A. ). Tercer ejemplo, el A. desconoce el significado de la libera administratio peculii (pp. 60 - 61). Añádase a todo lo anterior la mala costumbre de insertar en la traducción de las fuentes un a modo de interpolaciones con los puntos de vista, casi nunca bien justificados, del A. sobre el significado de los textos.

Estas pocas muestras, extraídas en su mayor parte del primer capítulo del libro, son suficientes para formarse una idea puntual del hacer del A; como se puede suponer, la recolección de todos los defectos en los que éste incurre sería tan larga como estéril. Cumpliendo el oficio de reseñador, todavía es conveniente anotar que el libro se presenta dividido en tres capítulos: "Dirección y administración de empresas terrestres" (I); "Dirección y administración de empresas marítimas" (II); y "Transmisión inter vivos y mortis causa de la empresa" (III). Sin embargo, con todo lo que ya se lleva dicho sobre los planteamientos y métodos del A. , no parece necesario ni quizás oportuno intentar un seguimiento más detallado de sus ideas sobre la dirección y administración de empresas en Roma; únicamente procede advertir que si las cosas parecen mejorar un poco en el segundo capítulo, en el tercero el A. fracasa estrepitosamente en su intento de argumentar, forzando de nuevo las fuentes, la condición de la "empresa" como unidad jurídica y económica (en p. 130 se la llega a calificar de "res jurídica" [sic], derecho incorporal y universalidad) transmisible inter vivos y mortis causa.

Ahora volvamos por un momento al principio. Si este libro se difundiera única o principalmente entre el público especializado en Derecho romano su merecido destino sería, seguramente, pasar sin pena ni gloria (con más pena que gloria, en realidad) y sin producir grandes daños. Si por el contrario el título oportunista denunciara un interés por otro tipo de público, como pudieran ser por ejemplo los estudiantes de Ciencias Económicas, o precisamente los de Dirección y Administración de Empresas, entonces la obra del profesor Suárez Blázquez estaría denotando una muy grave falta de responsabilidad. (F. C. B. )

Paul G. Vinogradoff y André Bérard, Derecho romano en la Europa medieval (Proceso formativo, Francia, Inglaterra y Alemania). Derecho romano en Escocia, traducciones a cargo de Manuel J. Peláez y Eduardo Pardo Unanua, "Prólogos" de P. G. Vinogradoff. Salvatore Riccobono, Francis de Zulueta y Elena Martínez Barrios, Edición a cargo de Manuel J. Peláez, Ángel Varona Aramburu y Elena Martínez Barrios, Notas y adiciones bibliográficas de Manuel J. Peláez, Ángel Varona Aramburu y Elena Martínez Barrios, Barcelona, 2000, 178 páginas.

Reúne este libro la traducción al español de dos obras independientes en su origen, el conocido opúsculo de Vinogradoff sobre la "segunda vida del derecho romano", publicado por primera vez en inglés en 1909 (2ª edición de 1929) y traducido al italiano por S. Riccobono en 1914 (2ª edición de 1949), y lo que fue la tesis doctoral de Bérard, defendida y publicada en París en 1925.

La traducción de Vinogradoff, conducida sobre la versión italiana de Riccobono, peca de cierta imprecisión que no ha logrado evitar el cotejo ocasional con el original inglés del que informa E. Martínez Barrios en su prólogo; se han traducido también los prólogos de Vinogradoff y Zulueta a las dos ediciones inglesas y los de Riccobono a las dos ediciones italianas y se han introducido en las notas y en la bibliografía abundantes complementos y adiciones de los traductores y cuidadores de la edición; el mismo proceder se ha observado también en la traducción de Bérard.

El libro de Vinogradoff se origina en un curso superior de historia impartido por el A. a iniciativa de la Universidad de Londres en la primavera de 1909. La indudable fortuna que desde entonces le ha acompañado, hasta llegar a esta tardía traducción española, se debe sin duda a las singulares cualidades de síntesis no exenta de profundidad, de claridad y de amenidad que lo adornan. En sólo cinco lecciones que ocupan apenas un centenar de páginas, Vinogradoff es capaz de dibujar un retrato vivo del proceso histórico de la recepción del derecho romano en los tres territorios considerados - Francia, Inglaterra y Alemania - de acuerdo con el estado de la investigación de su época. El cuadro inicial queda definido por la barbarización de la Europa altomedieval y por la degradación del derecho romano que puede percibirse a través de las las leyes romano - bárbaras (especialmente la lex Romana Visigothorum y la lex Romana Curiensis), así como por la influencia de la fragmentación feudal y de condiciones jurídicas personales en la aplicación del derecho y por el enorme retroceso de la enseñanza y la ciencia jurídica. El renacer de la jurisprudencia hacia el siglo XI, sobre el fondo de una renovada prosperidad económica, tiene sus cuatro núcleos iniciales en Provenza, en las ciudades de Lombardía, en Ravenna y sobre todo en Bolonia, donde, merced a la extraordinaria obra de Irnerio y sus sucesores, nace y comienza a desarrollarse una nueva escuela jurídica, la escuela de Bolonia, caracterizada por la aplicación al derecho del método dialéctico propio de la escolástica; aunque con una perspectiva volcada inicialmente hacia el lado teórico de la enseñanza, esta escuela (los glosadores) logró con aquel método dominar completamente y en todas sus direcciones y materiales el Corpus Iuris justinianeo. Por lo que respecta a Francia, Vinogradoff ve la contribución más importante al resurgir del derecho romano en Lo Codi, una Summa del siglo XII del Codex de Justiniano influida por los glosadores pero escrita ya para los tribunales y no para uso académico; además, la influencia del derecho romano, por la vía de la difusión del saber, llegó a modificar sustancialmente el estado del derecho en partes de Francia regidas por derechos consuetudinarios de tradición germánica, como prueban las Coutumes de Beauvaisis de Beaumanoir (entre 1279 y 1283). Distino es el caso de Inglaterra, donde, aunque el derecho romano no llegó a ser un elemento constitutivo del common law, sí que ejerció una influencia considerable en la formación de las doctrinas jurídicas durante el período en el que se sentaron las bases de aquél (siglos XII y XIII); por otro lado, Vinogradoff se refiere con amplitud a la famosa obra de Bracton, De legibus et consuetudinibus Angliae, y en particular a su documentada introducción sobre el derecho de personas, cosas y obligaciones y sobre las acciones, como ejemplo magnífico de cómo las figuras jurídicas inglesas pueden llegar a ser revestidas de fórmulas romanas; y concluye, como empezó, afirmando que las huellas precisas de la influencia del derecho romano en Inglaterra no se encuentran en las citas del Digesto o del Código sino en las máximas jurídicas, es decir, en el desarrollo de las ideas jurídicas a través del predominio inicial de la enseñanza del derecho romano comenzada por Vacario. Por último, en Alemania la recepción del derecho romano es más tardía, pero en cambio se produce in complexu; desde el siglo XV, la situación de extremo particularismo jurídico y social y la falta de una doctrina jurídica profesional empieza a ser superada con el respaldo intelectual de la idea del Sacro Romano Imperio y con el concurso del "otro poder cosmopolita de la época", la Iglesia; ambos derechos, el civil y el canónico, se estudian en las Universidades, la literatura jurídica se romaniza y a la larga todo esto influye también en la práctica; una vía muy importante para esta romanización de la práctica fue el método seguido por los tribunales de elevar consulta a los profesores de derecho de una Universidad con carácter previo a la sentencia (Actenversendung); decisiva fue asimismo la creación del Reichskammergericht en 1495, cuyo ejemplo de aplicación del derecho romano (en la forma recibida de los glosadores italianos) como derecho común imperial fue pronto imitado por los tribunales superiores de varios Principados alemanes.

La obra de Bérard sobre "la supervivencia del derecho romano en Escocia" se propone estudiar el fenómeno de la aplicación consciente y deliberada de textos romanos en las sentencias de los tribunales escoceses, por ser el derecho escocés un derecho "de base esencialmente romanizada" (Introd., pp. 110 y 111). En el cap. 1 de la primera parte se enuncia la tesis del dominio del derecho romano en Escocia a título de ley positiva y no sólo por su autoridad como ratio scripta, y en el cap. 2 se pasa minuciosa revista a las manifestaciones singulares de la presencia de aquel derecho en la legislación positiva escocesa, desde la teoría general de las leyes hasta la teoría de la responsabilidad pasando por el derecho de personas, la propiedad y los derechos reales, las obligaciones (en p. 128, donde dice "beneficio de discusión", debe decir "beneficio de excusión") y el derecho de sucesiones (donde incluso se han conservado los términos latinos), etc.; como guía para efectuar este registro Bérard se sirve principalmente de las obras de Erskine of Carnock, Institutes of the law of Scotland y Principles of the law of Scotland. De mayor interés es la segunda parte, donde se indaga el origen histórico y el fundamento jurídico de la aplicación del derecho romano en Escocia. Una primera opinión (cap. 1), expresada en los Principles de Erskine, remite a ciertos estatutos del Parlamento escocés del siglo XVI la recepción legislativa del derecho romano como common law. Según otra hipótesis (cap. 2), la autoridad del derecho romano sería más bien indirecta, habiéndose ejercido su influencia a través de la romanización de la costumbre (jura scripta quibus utuntur ab antiquo). En tercer lugar (cap. 3), la teoría generalmente admitida en la época de Bérard postula que la introducción del derecho romano en Escocia se produjo en el siglo XVI y fue debida principalmente a la transformación de la organización de los tribunales y a la centralización del poder judicial por la creación, en 1532, de la Court of Session siguiendo el modelo del Parlamento de París. Cada una de estas explicaciones es rechazada o matizada por Bérard, que finalmente (cap. 4) acoge una conjetura formulada en 1923 por Thomas Miller según la cual la recepción del derecho romano tuvo lugar en el siglo XI (XII [?]), concretamente a través del Decretum y la Panormia de Ivo de Chartres que constituyen el más que probable contenido de las Exceptiones Ecclesiasticarum Regularum que Roberto, obispo de Saint Andrews, dio a su diócesis con la autorización del rey David I; como telón de fondo, las relaciones de Escocia con Francia y más especialmente con la diócesis de Chartres, cuya abadía de Tiron fue visitada por David antes de convertirse en rey de Escocia en 1117; como resultado de este temprano fenómeno de recepción, Bérard puede afirmar que "la autoridad del derecho romano como ley positiva se explica por una razón de orden legislativo absoluto". El libro concluye con una reflexión acerca de la posibilidad de perpetuación de la tradición romana en Escocia; señalando las influencias que el derecho escocés ha ido recibiendo del derecho inglés, se pregunta Bérard si no será la combinación o fusión de los sistemas jurídicos de Roma e Inglaterra el espectáculo del porvenir, del cual Escocia nos da una visión anticipada. En anexo se recoge una sentencia de 1923 de la Court of Session (en el caso Mustard vs. Paterson) en la que se razona sobre la aplicación del edicto de nautae, caupones et stabularii.

[Recensiones: recensión de G. Hierrezuelo Conde, en AHDE 70 (2000) páginas 681 - 686; reseña de M. Bajet, en REHJ 22 (2000) p. 674] (F. C. B.)

Wolfgang Waldstein, El derecho de gracia en Roma. Abolitio, indulgentia, venia, traducción al español de Björn Arp, Alicante, 2000, 250 páginas.

La correcta traducción de Björn Arp facilita al público de habla española el acceso a una obra que marcó un hito importante en la investigación del derecho penal romano. Planteado inicialmente como un estudio de terminología jurídica, el libro alcanza sin ninguna duda las metas generales que se había marcado su A. , a saber, superar la presentación dogmático - sistemática del "derecho de gracia" romano generalizada en la literatura tradicional; rectificar en su caso la opinión dominante de Mommsen según la cual los romanos, aun conociendo distintas manifestaciones de aquella institución, carecían de términos técnicos para designarlas; finalmente, ofrecer con todo ello bases más sólidas para un estudio dogmático completo del tema.

Del conjunto de términos latinos relacionados con indultos, el A. selecciona los tres que figuran en el título del libro (abolitio, indulgentia, venia) como los más importantes y procede a un análisis sistemático de los mismos para establecer el momento de aparición de cada uno de ellos, la evolución de su significado y sus recíprocas relaciones e influencias. Ahora bien, la autoridad de Mommsen había amparado la opinión de que la "amnistía" (el nombre y la institución) es de origen griego; de ahí la necesidad de ofrecer con carácter previo una visión de conjunto del indulto en la Antigüedad al objeto de comprobar la consistencia técnica de los términos griegos amnestia, adeia y philantropa y su posible correspondencia con los vocablos romanos. Hecho esto en el capítulo II, y tras repasar el panorama doctrinal en el capítulo III, en los capítulos IV a VI se desarrolla el estudio de la terminología romana en las etapas preclásica, clásica y postclásica. Convenientemente se van distinguiendo los significados generales y los técnicos de cada término - cuyas posibles equivalencias con las locuciones griegas de indulto no se dejan de señalar - y analizando el contenido y los efectos de cada tipo de "indulto".

El caudal inmenso de fuentes jurídicas, literarias, epigráficas y papirológicas examinadas permite al A. llegar en el capítulo VII a sólidas conclusiones que no se limitan al plano de la terminología, sino que abarcan también el derecho de gracia de los romanos en general. Intentaremos condensarlas con brevedad comenzando por el aspecto terminológico.

Desde Cicerón y Livio y hasta la época justinianea la palabra venia reviste dos significados: indulgencia en presencia de circunstancias atenuantes, eximentes o de remisión de la pena e indulto independientemente de la cuestión de la culpabilidad. Abolitio, término de probable origen retórico, se utiliza con el mismo sentido que amnestia en las fuentes literarias hasta el siglo V, mientras que en las fuentes jurídicas sólo aparece con este significado de garantía de impunidad en una ley de Honorio del año 407 (CTh. 16. 5. 41). La locución abolitio iudicii designa desde Quintiliano la supresión de un proceso penal pendiente; esta expresión (abolitio privata) ingresa en la terminología jurídica como consecuencia del SC. Turpillianum, y desde finales del siglo I o comienzos del II el término abolitio publica expresa medidas comparables con los indultos condicionales. Desde finales del siglo II y comienzos del III, la palabra indulgentia, que inicialmente tiene sólo un significado general de bondad, gracia o benevolencia, empieza a usarse en relación con indultos concedidos por el emperador (ex indulgentia principis), y poco después pasa a designar también el propio acto de gracia (indulgentia communis o generalis). Después de Diocleciano se observa en todo tipo de fuentes un desplazamiento parcial de los términos abolitio y venia por la palabra indulgentia, utilizada para designar todo tipo de indultos, individuales o colectivos. En la época justinianea, abolitio generalis, indulgentia generalis y venia (generalis) son términos que indican indultos generales; como consecuencia de la transformación del proceso penal, la abolitio privata ya no extingue la pretensión punitiva, cuyo titular es ahora el Estado; indulgentia y venia se refieren a indultos particulares similares al indulto moderno en sentido amplio.

Las conclusiones generales sobre el derecho de gracia en Roma son éstas entre otras. La venia ante circunstancias atenuantes, eximentes o de remisión de la pena se relaciona con la aequitas (Cicerón) o lo aequum et bonum (clementia, Séneca). En contra de la opinión de Mommsen, en Roma se dieron con frecuencia indultos generales, aunque limitados a "delitos políticos" en sentido amplio por ser éstos los casos en los que la persecución penal corresponde al Estado. Sin perjuicio de la conveniencia de señalar el paralelismo de los temas ideológicos y de sus incidencias jurídicas (Gaudemet), se debe excluir la hipótesis del préstamo griego respecto de la gran variedad de instituciones romanas de indulto. Muy antiguos parecen ser también los indultos particulares en el sentido de suspensión de procesos penales en curso, es decir, como medidas que no cancelan el delito sino sólo el proceso; entre las diferentes formas de estos indultos, la abolitio que aparece a comienzos del Principado no admite una definición unívoca; en particular, la abolitio publica de la época clásica, en la que la definitiva extinción de la persecución penal se condicionaba a que el acusador no renovara la acción en el plazo de treinta días, era una forma original de compaginar los intereses estatales con los del acusador privado en el marco del procedimiento acusatorio romano. Los indultos concedidos tras la sentencia (restitutio in integrum) existen desde la época republicana; en el Principado estos indultos pueden consistir sólo en la remisión de la pena, permaneciendo las demás consecuencias de la sentencia, o bien, además, en la eliminación specialiter de estas otras consecuencias.

Desafortunadamente, los índices de fuentes y de conceptos de la edición original se han suprimido en la traducción. El índice bibliográfico se ha situado al final del libro.

[Recensiones (de la edición original de 1964): F. de Marini Avonzo, en IURA 16 (1965) pp. 363 ss.; R. Villers, en REL 43 (1965) pp. 685 s.; M. Lemosse, en RHDFE 4. 43 (1966) pp. 665 ss.; Th. Mayer - Maly, en ZSS 83 (1966) pp. 492 ss.; H. Dilcher, en Historische Zeitschrift 204 (1967) p. 198; G. Hubrecht, en Latomus 26 (1967) 5, pp. 63 s.; J. A. C. Thomas, en Gnomon 39 (1967) pp. 208 s.; J. M. Kelly, en TR 36 (1968) pp. 168 s. ] (F. C. B. )

Franz Wieacker, Historia del derecho privado de la Edad Moderna, trad. de Francisco Fernández Jardón, Granada, Comares, 2000, 563 páginas.

Nueva publicación de la traducción española de la primera edición (1952) de este importante libro de Wieacker, sin demasiado interés desde que en 1967 apareció una segunda edición alemana revisada que cuenta con accesibles traducciones al italiano (Storia del diritto privato moderno: con particolare riguardo alla Germania, 2 vols., Milano, Giuffrè, 1980, por U. Santarelli y S. A. Fusco) y al portugués (História do direito privado moderno, Fundaçao Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2ª ed., 1993, a cargo de A. M. Botelho Espanha); existe también una edición incompleta en inglés de T. Weir (Clarendon Press, Oxford, 1995). (F. C. B. )

José Luis Zamora Manzano, Averías y accidentes en Derecho marítimo romano, Madrid, Edisofer, 2000, 217 páginas; prólogo de Armando Torrent Ruiz.

El libro de que tratamos presenta, de entrada, el mérito de abordar una de las materias más olvidadas por la romanística, como es el "Derecho marítimo romano" (valga la expresión, con la advertencia de que, como nos recuerda el A. , los juristas romanos nunca agruparon estas cuestiones como integrantes de una rama autónoma frente el derecho civil). De esta manera, se viene a cubrir un vacío existente, en particular en la romanística española, en la que poco se han tratado los temas del Derecho marítimo y, concretamente, los relativos a los accidentes y las averías. El A. nos presenta en este libro un cuadro bastante completo, elaborado sobre la base de la exégesis crítica de los textos, del tratamiento que los juristas romanos realizaron de estas cuestiones.

Los dos primeros capítulos de la obra sirven para aproximarnos al mundo de la navegación y del comercio marítimo en Roma. En el primero de ellos, el A. nos informa de la calificación y régimen jurídico del medio material empleado para esta actividad, esto es, las naves y el instrumentum navis, y, por otro lado, de los distintos sujetos que, según se desprende de las fuentes, intervenían en ella: dominus navis, exercitor navis, magister navis, gubernator navis y algunos otros.

En el capítulo segundo nos presenta los instrumentos jurídicos de que se servían los romanos para el comercio marítimo, los distintos contratos y pactos. Entre los primeros, tuvo el papel más relevante, a juicio del A. , la locatio conductio. Ésta se podía presentar en la forma de locatio conductio rei, esto es, arrendamiento de la nave, o, más frecuentemente, en la de locatio conductio operis, en el que se arrendaba el servicio de transporte de las mercancías, constituyendo éste el auténtico "contrato de transporte" de los romanos. La distinción entre ambos supuestos es en ocasiones difícil de esclarecer, especialmente cuando se trataba del supuesto de arrendamiento total de la nave. Respecto a los pactos, el A. analiza la figura del receptum, una cláusula accesoria que se añadía al contrato de transporte, a la cual el pretor dotaba de eficacia concediendo una actio recepticia a favor del locator para obtener la restitución de las mercancías por el conductor. La cláusula "salvam fore receptum", que en el derecho clásico constituía un elemento accidental del contrato de transporte, se dirigía a extender la responsabilidad del transportista, que asumía un deber de custodia en sentido técnico, de manera que sólo se liberaba de responsabilidad por la pérdida o deterioro de las mercancías en caso de vis maior, incluyendo el naufragio y la piratería (exceptio labeoniana). Dicha cláusula habría acabado convertida en el derecho justinianeo en elemento natural del mismo, exigible mediante la propia actio locati.

Otra vía para lograr la exoneración de responsabilidad del transportista, además de la exceptio labeoniana, la constituía la praedictio, esto es, la declaración por parte de éste, con el asentimiento de los pasajeros, de que no respondía del equipaje, mercancías o efectos que éstos llevaran consigo a bordo, correspondiendo a ellos mismos su custodia. Finalmente, en relación con la responsabilidad, se plantea la necesidad de documentar de alguna manera la recepción de la carga. A estos efectos, el A. concibe el chereimbolom, no como un documento o talón de carga, similar al conocimiento de embarque actual, sino más bien como un mero acto simbólico consistente en un apretón de manos que sellaba el pacto de transporte. De la carga de la mercancía daba cuenta, no obstante, la inscripción que realizaría el dietarius en los libros en que se registraban las operaciones comerciales.

El capítulo tercero está dedicado a los accidentes marítimos y otros eventos que en el lenguaje técnico moderno se engloban dentro de la categoría de "avería simple": el abordaje, que puede ser culpable o fortuito y que da lugar en el primer caso a una responsabilidad exigible mediante la actio legis Aquliae; el naufragio, concepto que incluye no sólo el hundimiento o inmersión del barco, sino también su encalladura y que plantea una serie de cuestiones a las que responden los textos jurídicos, como el derecho del propietario del barco y las mercancías a recuperarlos, el derecho del propietario del litoral a reclamar por los daños que le han podido causar los restos del naufragio, o la ausencia de derechos para el fisco sobre los restos del naufragio, la necesidad de hacer la protesta del naufragio y el procedimiento para la investigación del mismo. Finalmente se analizan el asalto y la confiscación como posibles eventos que se pueden presentar en el transporte marítimo.

El cuarto capítulo se dedica a los supuestos de "avería gruesa" (según la terminología moderna), y en particular, al iactus mercium. Del estudio de los textos romanos, de donde el A. deduce una recepción material de la Lex Rhodia que no impidió el desarrollo de una regulación propia por los juristas romanos, se extraen las notas que caracterizan al iactus, frente a otros accidentes: supone un daño que redunda en beneficio de todos los cargadores y que, precisamente por eso, hay que repartir entre todos. Como requisitos para la contribución exigen los juristas que el iactus responda a un peligro real, que sea un acto voluntario y que tenga como finalidad salvar la nave o bien las mercancías. Los distintos supuestos de iactus que se contienen en las fuentes, principalmente en D. 14, 2, son revisados por el A. , que los clasifica en varias categorías, destacando cómo encajan con los supuestos del art. 811 del Código de Comercio español: daños en las mercancías que se dirigen a salvar la nave que peligra (y con ella, las mercancías cargadas); daños en la nave dirigidos a salvar las mercancías; gastos de rescate de la nave de piratas (lo decisivo aquí es que el recate supone un daño que se dirige a beneficiar a todos); efectos de la nave arrojados y, finalmente, daños ocasionados por el transbordo de mercancías. Es especialmente interesante, a mi juicio, la cuestión apuntada por el A. de la relación entre la obligación de contribución de todos los cargadores, basada en el riesgo común y en el beneficio común, y la responsabilidad del conductor en el transporte de mercancías; asimismo lo es el supuesto de recuperación de las mercancías lanzadas al mar para evitar una pérdida mayor, cuyos propietarios o cargadores no tienen obligación de contribuir por la pérdida de la nave o de las mercancías que se intentaron salvar, pues, sin duda, su recuperación no es consecuencia de la medida adoptada y, en este sentido, serán los otros cargadores los que correrán con el riesgo de que el iactus consiga su finalidad.

Por otra parte, el A. deduce de las fuentes acertadamente la distinción entre la echazón de mercancías y la derelictio; también el salvamento marítimo es expresamente regulado por los juristas romanos que reconocen que el propietario de las mercancías y de la nave en los casos de naufragio, encallamiento o echazón, conservan la propiedad de las mismas.

Finalmente, el capítulo quinto está dedicado a la liquidación de la obligación de contribuir (mediante la estimación del valor de las mercancías salvadas y dañadas) y a las acciones procesales para exigirla: la actio locati del perjudicado por la echazón contra el magister y la actio conducti de éste contra los cargadores que lograron salvar las mercancías, así como un derecho de retención de éstas.

A lo largo de todo el trabajo, el A. nos va poniendo de manifiesto las concordancias de las soluciones romanas con el derecho marítimo medieval (Partidas) y con el derecho moderno, tanto nacional como supranacional, muchas de cuyas instituciones, especialmente en tema de avería gruesa, encuentran sus antecedentes en el Derecho romano. Con todo ello, la obra del Profesor Zamora Manzano resulta enormemente instructiva en esta materia, tan interesante como adoleciente de escaso tratamiento doctrinal; a superar esto último contribuye eficazmente la obra del A.

Índice de fuentes e índice de autores. (M. T. G. - P. )
Reinhard Zimmermann, Estudios de Derecho privado europeo, Madrid, Civitas, 2000, 325 páginas; traducción y prólogo de Antoni Vaquer Aloy.

Este libro, si atendemos al tenor de su su título, apenas debiera incluirse en una serie de reseñas destinada a dar cuenta de la más reciente producción romanista española (o aparecida en España), dado que, tanto por su temática como por su lugar de publicación, parece ubicarse más en el campo de producción del moderno Derecho civil que en el de las disciplinas iushistóricas. Sin embargo, hay al menos dos motivos por los que dicho libro resulta de obligada reseña en esta sección, a saber: en primer lugar, por el predicamento de su autor, profesor de Derecho romano (entre otras muchas disciplinas) de la Universidad de Regensburg (Alemania) y autor del más importante tratado de Derecho de obligaciones romano de los últimos decenios (The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Cape Town/München, 1990, con cuatro reimpresiones hasta la fecha), en el cual refleja magistralmente no sólo un parejo dominio de las fuentes antiguas y modernas, sino también una plena y consciente voluntad de renovación de los estudios romanistas, que aquí se manifiesta asimismo a lo largo de todo el volumen; pero, sobre todo, en segundo lugar, por la índole del primero de los ensayos aquí contenidos, el titulado "El legado de Savigny" (pp. 19 - 66), que no en vano figura al frente de la colección, si se tiene en cuenta su declarado carácter programático, y que merece una atención particularizada por las importantes implicaciones que encierra.

En este texto _producto renovado de una conferencia dictada por el autor en 1995 y luego varias veces editada_ el prof. Zimmermann se pronuncia en favor de una recuperación de las ideas programáticas defendidas por F. K. von Savigny en las primeras décadas del s. XIX en su famosa polémica con A. F. J. Thibaut en cuanto a la necesidad o no de elaborar un Código civil para toda Alemania, pero ahora extendidas al contexto del conjunto de Europa en vías de una posible unificación económica y política a medio o largo plazo. Al igual que entonces Alemania se encontraba escindida en varios Estados, con sus propios ordenamientos jurídicos y varias lenguas distintas, pero con una historia, una cultura y una tradición jurídica comunes, también ahora Europa, según el A., se halla dividida en términos similares (mutatis mutandis) y, en consecuencia, del mismo modo que tenía razón Savigny al propugnar la necesidad de generar una ciencia jurídica común que allanara el camino a una unificación jurídica paralela a la unificación política, también ahora es preciso revitalizar una ciencia jurídica europea común que abra los cauces a un proceso de progresiva unificación del Derecho privado europeo con raíces sólidamente ancladas en la tradición jurídica común a los distintos territorios europeos. Estas raíces comunes de los ordenamientos jurídico - privados europeos no se hallan sino en el Derecho romano y sus reelaboraciones posteriores (lo que se ha dado en llamar el ius commune europeo romano - canónico), nutridas por la influencia de otras tradiciones jurídicas relevantes en las diferentes experiencias históricas europeas a lo largo de los siglos de la Edad Media y la Edad Moderna, y que acabaron plasmándose en los diversos Derechos nacionales a través del fenómeno de la codificación, que no constituye, sin embargo, un caso de ruptura con la trayectoria anterior, sino que más bien conforma un capítulo más en el desarrollo de una experiencia jurídica común y secular. No obstante, aquel proceso codificador, llevado a cabo bajo la égida del racionalismo y el nacionalismo decimonónico, ha producido el espejismo de una serie de representaciones jurídicas nacionales inconexas unas respecto de las otras, y ha hecho olvidar la existencia de ese fondo común tradicional. Esta desconexión se refleja tanto en las legislaciones estatales como, asimismo, en el sistema de enseñanza del Derecho en toda Europa (que se circunscribe exclusivamente a los ordenamientos jurídicos nacionales, sin ninguna atención seria a las experiencias jurídicas foráneas, y menos aún a la tradición común) y, sobre todo, en la misma doctrina científica de los distintos países europeos, replegada sobre sí misma en sus estrictos límites nacionales desde la era de la codificación, olvidada de su propia inserción en el marco de una tradición multisecular y de la preexistencia de una ciencia jurídica a escala europea ligada al ius commune bajomedieval y moderno. El A. pone de manifiesto los elementos que unen, mucho más sólidos que los que separan, a los diversos ordenamientos nacionales europeos y la necesidad perentoria de recuperar la conciencia de esa tradición jurídica común de alcance europeo, superadora de las compartimentaciones nacionales (e incluso sistemáticas, como es el caso de la contraposición, erróneamente exagerada, entre common law y civil law), si se pretende emprender seriamente y con viabilidad otras tareas más ambiciosas de unificación jurídica, como podría ser la elaboración de un Código civil de alcance europeo. Para alcanzar este objetivo, el A. reivindica la necesaria formación de una ciencia jurídica verdaderamente europea, capaz de trascender los diversos sistemas mediante un estudio solvente de las instituciones iusprivatistas sobre bases históricas y comparatistas, de modo que pueda poner de relieve la existencia de una "gramática jurídica" común de raigambre romana (desarrollada a través del ius commune) que sirva de fundamento a nuevas soluciones para los problemas jurídicos de nuestro tiempo. Es llamativo, a este respecto, lo que dice el A. en cuanto a la trascendencia y significación del Derecho romano en el marco de este proyecto: "Este ejemplo pone de manifiesto el significado del Derecho romano para la tradición jurídica europea. Por supuesto que han existido otras influencias, y por eso constituiría un error considerar el desarrollo del Derecho romano aisladamente. Y sería todavía más erróneo idealizar la pureza del Derecho romano, pretender su validez intemporal y encorsetar el presente con un pasado glorioso. Cuando hoy nos enfrentamos a un problema jurídico, no puede considerarse una determinada solución como correcta sólo porque antaño fuera defendida por Ulpiano o Publio Juvencio Celso. Ulpiano y Celso eran excelentes juristas, y sus opiniones pueden resultar ciertamente convincentes, mas deben ser valoradas en el contexto institucional, ideológico, social y económico en que se formularon. También en este sentido hay que invocar el programa de Savigny sobre una ciencia jurídica histórica. El carácter histórico de la ciencia jurídica, escribía, se desconoce y se distorsiona cuando las instituciones jurídicas del pasado se conciben como algo tan elevado que han de mantener inalterado su primado en el presente y en el futuro. Por el contrario, su esencia radica en reconocer el mérito y la independencia de cada siglo, enfatizando, tan sólo, el lazo vivo que liga el presente con el pasado, pues sin la comprensión de ese vínculo podemos observar sólo la apariencia externa de la situación jurídica actual, mas no entender su esencia interna" (pp. 53 - 54).

Los restantes ensayos del volumen se corresponden con una aplicación de los principios programáticos enunciados en este primer trabajo (aun cuando algunos de ellos puedan ser anteriores en el tiempo). Así, el segundo artículo, "El Derecho romano - holandés y su contribución al Derecho privado europeo" (pp. 67 - 110), nos muestra un ejemplo de cómo la reflexión de la Edad Moderna sobre los viejos textos de la tradición romana _asociada a las influencias heterogéneas del Derecho canónico, la teología moral y los Derechos territoriales del Medievo_ ha sido capaz de abrir caminos nuevos al Derecho privado en Europa sin romper por ello con una sistemática firmemente asentada en la experiencia del ius commune plurisecular.

El tercero, "Rasgos fundamentales de un Derecho contractual europeo" (pp. 111 - 159), se mueve, en cambio, en el terreno del Derecho comparado, y comenta las principales novedades aportadas por los llamados Principles of European Contract Law (PECL), elaborados por la denominada "Comisión Lando" (`Comisión sobre Derecho contractual europeo', formada a instancias de la Comisión europea y presidida por el prestigioso comparatista danés Ole Lando) como un paso fundamental en el proceso de armonización jurídica en aras de los objetivos de la Unión Europea, señalando los puntos de coincidencia y de discrepancia con los principales ordenamientos jurídicos nacionales europeos (especialmente Alemania, Francia, Italia e Inglaterra) y con otros proyectos de armonización jurídica o de Derecho uniforme (como los Principios de Unidroit o el Convenio de Viena sobre Derecho de los contratos de 1980).

El cuarto artículo ("El carácter europeo del Derecho inglés", pp. 161 - 228) vuelve al estudio histórico comparado, en un intento de desmontar uno de los tópicos más asentados en contra de la posible unificación fundamental del Derecho privado europeo, cual es el de la convivencia en el seno de la Unión Europea de dos sistemas jurídicos contrapuestos, el civil law y el common law; el A. pone de relieve aquí los muchos caracteres que acercan el Derecho inglés a una tradición europea común _de la que, en realidad, nunca ha salido desde la conquista normanda de la isla en 1066_, sobre todo en virtud de las aportaciones de una doctrina científica fuertemente vinculada a los principales movimientos jurídicos del continente.

Los dos últimos artículos del volumen se centran en la evolución histórica y la perspectiva comparada de dos instituciones peculiares y controvertidas del Derecho privado, una propia del campo de las obligaciones _el enriquecimiento injustificado ("Enriquecimiento sin causa: la moderna orientación de los ordenamientos jurídicos continentales", pp. 229 - 271)_ y otra del Derecho de sucesiones _el albacea testamentario ("¿Heres fiduciarius? Auge y declive del albacea testamentario", pp. 273 - 325). Ambos trabajos ponen de manifiesto las insuficiencias del Derecho privado romano para resolver determinados problemas jurídicos surgidos en épocas posteriores y la necesidad de acudir a otros expedientes adoptados a partir del Derecho canónico u otros ordenamientos jurídicos del período intermedio, pero con flexibilidad suficiente como para no introducir fisuras en la sistemática aprendida en las fuentes romanas. Ambas aportaciones constituyen ensayos ejemplares de la aplicación cabal de un método de estudio histórico - dogmático de nuestras instituciones jurídico - privadas capaz de discutir críticamente las soluciones vigentes y abordar las nuevas necesidades derivadas del desarrollo jurídico contemporáneo.

En suma, puede decirse que nos encontramos ante un libro de obligada lectura de cara a los desafíos jurídicos que la nueva Europa unida plantea al historiador del Derecho consciente de su tarea. Tal vez podrían formularse objeciones de principio a muchas de las posiciones del autor (y así se ha hecho en ciertos lugares con ocasión de otras aportaciones del llamado "neopandectismo", del que el prof. Zimmermann es quizá cabeza visible en la actualidad, vid. por ej. los trabajos publicados en Rechtshistorisches Journal 12 [1993], pp. 276 ss. ), pero no hay duda de que se trata de un clásico vivo, cuya figura ha ido progresivamente ganando peso entre los historiadores del Derecho (sobre todo en el círculo germánico y en el anglosajón), y sus obras se han hecho acreedoras de la máxima atención por parte de cualquier estudioso actual de las disciplinas histórico - jurídicas. De ahí que resulte especialmente digna de encomio esta iniciativa de acercar un bien escogido repertorio de sus trabajos al lector de lengua española, en una edición muy cuidada y en una traducción que, si bien podría mejorarse en algunos puntos (evitando solecismos y barbarismos poco elegantes), no deja de mostrarse superior a la media de las que estamos acostumbrados a leer en estas disciplinas.

[Recensiones: S. Cámara Lapuente, en Revista Jurídica de Navarra 30 (julio - diciembre 2000) pp. 532 - 539; Id. , en ADC 54 (enero - marzo 2001) pp. 390 - 398] (F. J. A. ).

II. CONGRESOS Y REVISTAS

Actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho romano. La prueba y los medios de prueba: de Roma al derecho moderno (Madrid, 3 - 5 de febrero de 2000. Universidad Rey Juan Carlos, Facultad de CC. Jurídicas y Sociales, Campus de Vicálvaro), Madrid, Edisofer S. L. , 2000, 799 páginas.

El congreso al que se refiere esta reseña tuvo lugar sólo seis meses después del congreso anterior, celebrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires en agosto de 1999, dedicado a la propiedad y los derechos reales y cuyas actas se han publicado tan sólo en el año 2001. A pesar de este acelerado ritmo, que acaso fue responsable de una asistencia menos nutrida que en ocasiones anteriores, en el congreso se presentaron 47 comunicaciones que son las que ahora se publican, precedidas de una presentación del principal organizador del evento, el profesor A. Torrent, y de una interesante conferencia inaugural del profesor M. Talamanca con el título "Diritto e processo nell'esperienza romana: uno sguardo dal presente". Las actas incluyen también una comunicación sobre la importancia del derecho romano en la formación del abogado que no tiene nada que ver con el tema de la reunión.

Tema que era, en esta ocasión, la prueba y los medios de prueba de Roma al derecho moderno. Es sabido que los juristas romanos no prestaron demasiada atención a la materia de la prueba por entender que envuelve principalmente cuestiones de hecho que, en cuanto tales, no eran directamente de su incumbencia como expertos en el ius. Pero, por otro lado, la prueba de los hechos se encuentra en el centro del proceso y de ella depende la solución jurídica que se dé al caso litigioso. De modo que toda relación jurídica sustantiva puede dar lugar con mayor o menor inmediatez a problemas de prueba que se plantean, de hecho, de muy diversas maneras, dependiendo tanto de la configuración técnica de la relación deducida en juicio como de la ordenación general del procedimiento judicial y de la legislación. Es así como ya desde el derecho romano se ofrecen al estudioso múltiples posibilidades de investigación en el campo de la prueba: carga de la prueba, medios de prueba, valoración, etc. , por mencionar sólo los tópicos más frecuentados.

Un poco de todo ello hay en las actas de este congreso. Predominan las comunicaciones sobre los distintos medios de prueba (confesión, juramento, documentos, testigos), y en especial sobre la prueba testifical. Algunas tratan de las presunciones, otras de la carga de la prueba y algunas más abordan la materia probatoria con criterio histórico - jurídico general, o bien, por el contrario, desde perspectivas más circunscritas como el privatismo del proceso civil romano, la no racionalidad de la prueba en el proceso arcaico, el auxilium judicial o la ilicitud de la prueba. Hay también un grupo de comunicaciones referidas a la prueba en sectores o ante problemas jurídicos concretos, como puedan ser la propiedad, el testamento militar, la costumbre o las servidumbres. Sin relación directa con el tema de la prueba, dos comunicaciones se ocupan de la pervivencia de la idea romana en el proceso civil moderno y de la etapa in iudicio en relación con las teorías procesalistas de la justicia. Por último, una interesante ponencia sobre la doctrina del eikós trata de los inicios de la técnica de la prueba en el marco de la argumentación retórica.

La relación de contribuciones al congreso se puede ver en el apartado de artículos, recensiones y otros trabajos de estas reseñas. (F. C. B. )

Actas del II Congreso Internacional y V Iberoamericano de Derecho Romano (Los derechos reales), Madrid, Edisofer S. L., 2001, 928 páginas; coord. A. Torrent Ruiz.

Los días 18 a 21 de agosto de 1999 se celebró en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires el congreso cuyas actas se publican ahora. La conferencia inaugural fue pronunciada por el profesor García Sánchez, que disertó sobre el influjo del Cristianismo en el Derecho romano. Las comunicaciones presentadas se organizaron en cinco áreas temáticas a las que sirvieron de introducción otras tantas ponencias generales a cargo de los profesores Miquel González (sobre la propiedad y su transmisión), Torrent Ruiz (sobre posesión e interdictos), Ghirardi (sobre las servidumbres prediales), Díaz Bautista (sobre el usufructo y demás derechos reales sobre cosa ajena) y Rascón García (sobre derechos reales de garantía); la ponencia de Miquel ha sido incluida en este volumen de actas como una comunicación más. Por otra parte, la distribución por áreas de las 52 comunicaciones resulta un tanto desigual, oscilando de las 16 incluidas en el área de propiedad a las solo 3 en la de servidumbres. Conviene anotar también la descolocación de algunas comunicaciones que por su carácter generalísimo o por su tema no encajan bien en el lugar en el que han sido insertadas; éste es el caso, particularmente, de la comunicación del profesor Rodríguez - Ennes sobre la influencia del Proyecto de Código civil de 1851 en los Códigos Iberoamericanos, incluida en el área de propiedad, y la de la profesora A. de Quintanilla sobre la usucapión, incluida en último lugar en el área de los derechos reales de garantía.

Ésta era la primera vez que el congreso anual de la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano se celebraba en América. La asistencia fue masiva, y desde luego muy superior la participación de romanistas iberoamericanos (argentinos en su mayoría) a la de los congresos anteriores celebrados en España. En contrapartida, algunas comunicaciones de profesores españoles fueron leídas in absentiam de sus autores. La organización fue excelente y la estancia muy agradable. Los resultados científicos, como es propio de reuniones de esta naturaleza, son bastante desiguales.

La relación de contribuciones al congreso se puede ver en el apartado de artículos, recensiones y otros trabajos de estas reseñas. (F. C. B. )

La responsabilidad civil de Roma al Derecho moderno. Actas del IV Congreso Internacional y VII Congreso Iberoamericano de Derecho Romano, Burgos, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2001, 942 páginas; coord. A. Murillo Villar.

En este grueso volumen (con una magnífica portada en la que aparece el "Hospital del Rey", sede de la Facultad de Derecho de Burgos) se integran las Actas del último Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano celebrado hasta la fecha, que tuvo lugar en la recia capital burgalesa los días 1, 2 y 3 de febrero de 2001. En dicho Congreso, según nos informa en su Presentación (p. 19) el organizador del mismo y coordinador de la presente publicación, se dieron cita unos ciento cincuenta estudiosos del Derecho romano de ambos lados del Atlántico (con claro predominio de profesores españoles, todo hay que decirlo) y se leyeron cincuenta y cinco comunicaciones (de las cuales sólo aparecen aquí cincuenta y tres, por razones de tiempo editorial), además de pronunciarse dos conferencias magistrales (referidas ambas al problema de la responsabilidad civil en el Derecho moderno), que también aquí ven la luz. El volumen se ha dedicado a la memoria del profesor Alfredo Calonge Matellanes, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Salamanca, recientemente fallecido, con posterioridad a la celebración de dicho Congreso; de él nos ofrecen sendas semblanzas los profesores Justo García Sánchez (Oviedo) (pág. 13) y Pelayo de la Rosa (Salamanca) (págs. 14 - 15).

Resultaría extremadamente prolijo entrar aquí a reseñar con detalle el contenido de aquellas conferencias y de todas y cada una de las muchas comunicaciones aquí publicadas, referidas a los más variados aspectos del problema de la responsabilidad civil en el Derecho romano antiguo, en el Derecho de la Recepción y en el moderno Derecho privado, de modo que, con el fin de que los lectores puedan hacerse una idea de la variedad de temas y pluralidad de enfoques allí manifestados, nos limitaremos únicamente a indicar los autores y títulos de las mismas, a saber: J. Mª. León González, "Significado y función de la culpa en el actual derecho de daños (Especial consideración de la culpa de la víctima)" (conferencia inaugural) (pp. 21 - 40); J. Mª. Piñar Gutiérrez, "Estructura de la responsabilidad civil de los notarios" (conferencia) (pp. 41 - 58); A. Alemán Monterreal, " Sobre el riesgo y la responsabilidad del accipiens en el aestimatum" (pp. 59 - 68); M. B. Álvarez, "Las acciones adiecticiae qualitatis como antecedente de las modernas acciones de responsabilidad" (pp. 69 - 84); L. E. Antúnez, "Responsabilidad y funcionarios públicos" (pp. 85 - 92); S. Bello Rodríguez, "Un rescripto de Adriano sobre el crimen de abigeatus. ¿Civiliter vel criminaliter agere?" (pp. 93 - 104); A. Calzada González, "Reflexiones en torno al pactum quo minus solvatur" (pp. 105 - 114); F. Camacho de los Ríos, "Límites a la reparación del daño" (pp. 115 - 148); F. R. Camacho, "La responsabilidad civil en el derecho romano y el derecho civil boliviano" (pp. 149 - 160); S. A. Caminos, " La responsabilidad en la Glosa Magna con respecto a los nautae, stabularii y los caupones, D. IV. IX" (pp. 161 - 170); R. de Castro - Camero, " D. 4. 3. 5 (Ulp. 11 ad ed. ): A propósito de la responsabilidad subsidiaria por dolo" (pp. 171 - 186); A. Castro Sáenz, "Responsabilidad y duplicidad formularia: los casos del depósito y comodato en época clásica" (pp. 187 - 208); R. Chavira Villagómez, "Evolución de la responsabilidad civil en el derecho mexicano" (pp. 209 - 216); H. della Costa, "Factores de responsabilidad en el derecho romano" (pp. 217 - 228); J. Daza, "El problema de los límites de la responsabilidad contractual en el derecho romano clásico" (pp. 229 - 250); M. N. Delfino, "La omisión de la culpa en el proyecto de Código civil Argentino" (pp. 251 - 268); A. Díaz Bautista, "La función reipersecutoria de la poena ex lege Aquilia" (pp. 269 - 284); M. V. Díaz - Melián de Hanisch, "Breve génesis del deber de responder. La esencia de la responsabilidad civil" (pp. 285 - 294); T. Dicenta Moreno, "La responsabilidad subsidiaria del magistrado en la tutela y curatela patronal" (pp. 295 - 302); E. Domínguez López/B. Malavé Osuna, "La responsabilidad del horrearius por las mercancías depositadas en los almacenes" (pp. 303 - 322); P. Domínguez Tristán, "¿Aestimatio autem periculum facit eius qui suscepit? Análisis de D. 19. 3. 1. 1 Ulp. 32 ad ed. " (pp. 323 - 334); Mª. T. Duplá Marín, "La aditio mandato creditorum y la responsabilidad hereditaria" (pp. 335 - 350); M. Fuenteseca Degeneffe, "Una visión de la trayectoria del arbitrium damni decidendi" (pp. 351 - 378); J. García Sánchez, "Casuismo jurisprudencial romano en un jurista civitatense del siglo XVII: Juan Fernández de Limia y el periculum emptoris" (pp. 379 - 412); C. García Vázquez, "Extinción de la responsabilidad por depósito o consignación de cosa debida" (pp. 413 - 428); A. E. Guillén, "La responsabilidad por los daños ocasionados por animales. Su recepción en la legislación y jurisprudencia argentinas" (pp. 429 - 438); Mª. C. Lázaro Guillamón, "La medida de la responsabilidad por accidente de tráfico a propósito de D. 19. 2. 13 pr. " (pp. 439 - 454); A. López Pedreira, "El problema de la doble venta de una cosa: del Derecho romano clásico al artículo 1473 del Código civil español" (pp. 455 - 468); S. B. Louzán Rossi/J. L. Melo Laso, "El hombre frente a los riesgos en la actualidad y los antecedentes de la responsabilidad en Roma" (pp. 469 - 524); N. Louzan de Solimano/M. S. Ponti, "El relativismo del distingo actual entre responsabilidad contractual y extracontractual" (pp. 525 - 552); O. Marlasca Martínez, "Tala ilícita de árboles y otro tipo de daños en la Lex Visigothorum" (pp. 553 - 560); A. Montañana Casaní, "Régimen jurídico de la responsabilidad por vicios ocultos en el contrato de compraventa en los Fueros de Valencia" (pp. 561 - 572); A. Murillo Villar, "Responsabilidad derivada del incumplimiento de un legado alternativo" (pp. 573 - 588); J. A. Obarrio Moreno, "La responsabilidad del depositario y su recepción en las fuentes y en la doctrina medieval" (pp. 589 - 602); P. Panero Oria, "D. 10,3,28 (Pap. 7 Quaest. ): Responsabilidad por alteraciones en la cosa común" (pp. 603 - 616); E. Pendón Meléndez, "Medidas ejecutivas reconocidas a los publicanos" (pp. 617 - 632); E. Mª. Polo Arévalo, "Sumptus funeris: Responsabilidad por los gastos y deudas de funeral" (pp. 633 - 666); E. E. I. Quinteros Voltes, "Aspectos del Derecho romano en el Código civil uruguayo respecto a la responsabilidad civil" (pp. 667 - 674); J. R. Robles Reyes, "Un caso de responsabilidad corporativa en CJ. 11,10,5" (pp. 675 - 682); R. Rodríguez López, "Responsabilidad por daños en bienes públicos: Indemnitati reipublicae satisfacere debere" (pp. 683 - 696); R. P. Rodríguez Montero, "Impericia y responsabilidad" (pp. 697 - 704); C. Rosenfeld, "Profesiones liberales en la responsabilidad extracontractual y sistema actual" (pp. 705 - 718); C. Rosenfeld, "Reacción del hombre frente a una acción dañosa en los delitos de injuria, infamia y furtum" (pp. 719 - 738); V. Sáiz López, "Interpretación doctrinal de las disposiciones contenidas en el título de lege Aquilia del Codex" (pp. 739 - 758); E. Sánchez Collado, "In ambiguis contra stipulatorem. El favor debitoris en los negocios jurídicos" (pp. 759 - 786); C. Santos Rojo, "Antecedentes del ordenamiento romano en la responsabilidad del arrendador de los artículos 14 y 29 de la Ley de arrendamientos urbanos" (pp. 787 - 798); J. L. Saucedo Justiniano, "Responsabilidad civil. Roma. Doctrina y legislación comparada" (pp. 799 - 818); A. Surgik, "A questâo da responsabilidade civil do estado perante o direito romano" (pp. 819 - 838); A. Tabosa Pinto, "A responsabilidade civil do tutor" (pp. 839 - 852); G. Tomás Martínez, "La responsabilidad del habitator en la actio de effusis et deiectis y su alcance actual (artículo 1910 del Código civil)" (pp. 853 - 866); A. Torrent, "Quotiens culpa intervenit debitoris, perpetuari obligationem" (pp. 867 - 878); C. Trabado Álvarez, "Casuística jurisprudencial sobre responsabilidad civil extracontractual por daños causados por animales domésticos" (pp. 879 - 894); E. Varela, "La sistematización de la responsabilidad del comodatario en las leyes de Partidas" (pp. 895 - 906); T. Wallinga, "Effusa vel deiecta en Roma y Glasgow" (pp. 907 - 916); J. L. Zamora Manzano, "La extinción de la responsabilidad en el delito de injurias: el perdón del ofendido y la exceptio veritatis" (pp. 917 - 936).

El libro concluye con un texto del profesor Murillo Villar de presentación del libro (igualmente coordinado por él) titulado "Estudios de Derecho Romano en memoria de Benito Mª Reimundo Yanes" (Burgos, 2000) _también reseñado en estas páginas_, donde se recogen asimismo las emotivas palabras del profesor A. Torrent en recuerdo del profesor allí homenajeado y también recientemente fallecido, pronunciadas en el acto de presentación de dicho libro celebrado durante las jornadas del Congreso. (F. J. A. )

El derecho de familia y los derechos reales en la romanística española (1940 - 2000), R. López - Rosa y F. del Pino Toscano (eds. ), Huelva, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2001, 527 páginas; prólogo de R. López - Rosa.

El presente volumen recoge los resultados de las Segundas Jornadas Andaluzas de Derecho Romano, congreso celebrado en la Universidad de Huelva durante los días 24 y 25 de marzo de 2000, en el que se dieron cita profesores de las Universidades de Andalucía, junto con algunos profesores invitados especiales (como el prof. Crifò, de Roma, y el prof. García Sánchez, de Oviedo), para debatir en torno a las dos grandes áreas del Derecho privado que dan título al libro. Como indica el prof. López Rosa en su Prólogo, el objetivo perseguido en esa reunión fue el de tratar de conseguir "una perspectiva del fenecido siglo XX en tales materias, que pudiera servir a nuestros investigadores _ en los umbrales de una nueva centuria _ a modo de orientación en futuros quehaceres científicos". En este sentido, además de la visión historiográfica retrospectiva, el libro ofrece también una muestra de los trabajos recientes de jóvenes romanistas andaluces (principalmente) en relación con los problemas planteados en estos dos sectores del ordenamiento privado romano. La razón para escoger estas áreas fue, por un lado, su importancia intrínseca (especialmente la siempre discutida naturaleza de la familia romana arcaica, que determina además el significado de la herencia y la propiedad a lo largo de la evolución histórica romana, y su influencia en la historia de nuestros ordenamientos actuales), así como, por otro, la falta de unos estudios de conjunto sobre estas disciplinas en la romanística española moderna _ como justamente ponen de relieve P. Resina y R. Herrera en sus introducciones respectivas _, lagunas que este volumen no pretende, obviamente, colmar, sino únicamente señalarlas y animar a nuevos trabajos, necesariamente interdisciplinares, que cubran aspectos aún intransitados por los autores de lengua española (lo que lleva de suyo la falta de una terminología apta y suficientemente depurada a este respecto).

La obra se divide, pues, en dos grandes apartados (Derecho de Familia y Derechos Reales), encabezados cada uno de ellos por sendos estudios historiográficos, a cargo de los profesores P. Resina (Almería), pp. 23 - 47, y R. Herrera (Jaén), pp. 233 - 258, respectivamente. En ellos, amén de hacer reflexiones de carácter general sobre cada una de estas áreas jurídico - privadas (esp. P. Resina en torno al concepto de familia en la Roma antigua), se pasa revista someramente a las principales aportaciones de la doctrina romanista española posterior a la Guerra Civil en estos campos; naturalmente, a pesar del ánimo de exhaustividad que preside ambos estudios, hay lagunas y olvidos en cada uno de ellos (inevitables, dada la magnitud de la tarea), pero, con todo, no dejan de ser absolutamente útiles y encomiables repertorios bibliográficos para cualquier interesado en estas cuestiones. Hubiera sido deseable la inclusión en estas recopilaciones de los principales trabajos escritos en castellano también fuera de España, así como de aquellos que, aun no siendo estrictamente obra de romanistas, hubieran tocado los problemas de recepción del Derecho romano en estas áreas (especialmente teniendo en cuenta las nuevas orientaciones de esta disciplina, bien apuntadas por R. Herrera en su contribución); es comprensible, no obstante, su exclusión, dada la enorme complejidad que hubiera tenido en tal caso su elaboración.

Tras los respectivos estudios histórico - bibliográficos, el libro presenta las distintas comunicaciones a ese congreso, que abordaron los más variados aspectos de esos campos iusprivatísticos y desde perspectivas muy diversas. En aras de la brevitas, renunciamos a un comentario pormenorizado de cada una de ellas, quedando aquí únicamente constancia de sus títulos.

En el apartado de Derecho de Familia: F. Betancourt y C. Gómez - Ruiz, "D. 23,2,57 a, (¿?): Si legitime concepti fuissent" (pp. 67 - 93); M. Camacho de los Ríos, "Ius cognationis y Derecho público" (pp. 95 - 102); M. E. Fernández Baquero, "La familia en Roma: entre los mores maiorum y la norma escrita" (pp. 103 - 123); M. Guerrero Lebrón, "El filius familias como legitimado activo en la actio iniuriarum" (pp. 125 - 135); Mª R. López - Barajas Mira, "Operae libertorum y delegación" (pp. 137 - 142); F. del Pino - Toscano, "El matrimonio entre el descendiente del tutor y su ex - pupila en el libro 9 disputationum de Claudio Trifonino" (pp. 143 - 187); J. M. Ribas Alba, "Iudicium patris: los efectos del reconocimiento de la voluntad del testador" (pp. 189 - 207); R. Rodríguez López, "CTh. 11,27. De alimentis" (pp. 209 - 220); y M. Salazar Revuelta, "Intervención del pater familias en la configuración de los esponsales en época preclásica" (pp. 221 - 229).

En el apartado de Derechos Reales: J. M. Alburquerque, "Consideraciones en materia de protección vial: el interdicto `ne quid in via publica itinereve publico fiat, quo ea via idve deterius sit fiat' (D. 43. 8. 2. 20)" (pp. 259 - 296); A. Alemán Monterreal, "En torno a D. 13,7,35,1" (pp. 297 - 304); J. Belda Mercado, "La transmisión de la propiedad a través de la permuta y la compraventa" (pp. 305 - 315); S. Castán Pérez - Gómez, "Las comunidades de bienes familiares en los ordenamientos jurídicos de la Antigüedad" (pp. 317 - 335); R. de castro - Camero, "Usus sine fructus" (sic) (pp. 337 - 351); A. Castro, "D. 41,7,2: Reflexiones sobre la traditio in incertam personam y otras puntualizaciones sobre la occupatio" (pp. 353 - 368); E. Domínguez López, "Las pretensiones fiscales sobre los tesoros: Derecho romano y Código civil" (pp. 369 - 380); J. García Sánchez, "Marco legal de las limitaciones por razón de vecindad en las Partidas" (pp. 381 - 405); C. García Vázquez, "Breves observaciones sobre la extinción de las servidumbres prediales" (pp. 407 - 431); M. C. Jiménez Salcedo, "Las relaciones de vecindad. Especial referencia a los actos de emulación y abuso de derecho en Derecho romano" (pp. 433 - 447); M. B. Malavé Osuna, "Pecunia, monilia y mobilia, como objeto del tesoro" (pp. 449 - 459); A. Ortega Carrillo de Albornoz, "Adquisición de los frutos naturales por el usufructuario: Derecho romano y Código civil" (pp. 461 - 474); E. Pendón Meléndez, "Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de algunos tipos de agua" (pp. 475 - 498); y, finalmente, L. M. Robles Velasco, "Privilegios hipotecarios en favor de los municipios en el Derecho romano post - clásico" (pp. 499 - 507).

El volumen se cierra con un completo índice de fuentes, lo que es muy poco usual en este tipo de libros y sin duda convierte a éste en un excelente instrumento de trabajo para el futuro. (F. J. A. )
Seminarios Complutenses de Derecho Romano 11 (1999 [2000]) 146 páginas.
Para la relación de contribuciones véase a continuación la reseña de artículos, recensiones y otros trabajos.
Seminarios Complutenses de Derecho Romano 12 (2000 [2001]) 365 páginas.
Para la relación de contribuciones véase a continuación la reseña de artículos, recensiones y otros trabajos.

III. ARTÍCULOS, RECENSIONES Y OTROS TRABAJOS*

A. Alemán Monterreal: 1) "El fraus creditorum, ¿praesumptio?", en Actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho romano. La prueba y los medios de prueba: de Roma al derecho moderno, Madrid, 2000, páginas 49 - 57; 2) "Garantías del acreedor hipotecario en caso de legado de la cosa hipotecada", en Actas del II Congreso Internacional y V Iberoamericano de Derecho Romano (Los derechos reales), Madrid, 2001, páginas 829 - 837.

J. L. Alonso: "El cobro de los créditos de la herencia yacente", en Labeo 47 (2001) páginas 209 - 244.

M. B. Álvarez: 1) "La prueba documental en el Derecho romano y su recepción en el Derecho argentino", en Actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho romano. La prueba y los medios de prueba: de Roma al derecho moderno, Madrid, 2000, páginas 59 - 75; 2) "Los derechos reales de garantía en el Derecho romano y su recepción en el Código civil argentino", en Actas del II Congreso Internacional y V Iberoamericano de Derecho Romano (Los derechos reales), Madrid, 2001, páginas 839 - 853.

F. J. Andrés Santos: 1) "La jurisdicción de los magistrados municipales en el Digesto de Justiniano y su relación con las leyes municipales hispanas", en Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua 24 (2000) páginas 277 - 297; 2) Recensión de J. M. Rainer, Einführung in das römische Staatsrecht. Die Anfänge und die Republik, en Hispania Antiqua 24 (2000 [2001]) páginas 413 - 415; 3) "Notas sobre el concepto de `humanismo jurídico'", en RFDUC 94 (2001) páginas 31 - 47; 4) "Encomienda y usufructo en Indias", en Actas del II Congreso Internacional y V Iberoamericano de Derecho Romano (Los derechos reales), Madrid, 2001, páginas 645 - 669 = "Encomienda y usufructo en Indias. Reflexiones romanistas en torno a la doctrina de Juan de Solórzano y Pereira", en TR 69 (2001) páginas 245 - 270; 5) en colaboración con F. Cuena Boy y A. Mateo Sanz, "Producción romanística española de los años 1998 y 1999", en REHJ 22 (2000) páginas 487 - 557; 6) "Ius gentium en la obra de Tácito", en Actas del X Congreso Español de Estudios Clásicos, vol. II, Madrid, 2001, páginas 531 - 538; 7) recensión de O. Bianco/S. Tafaro (a cura di), Il linguaggio dei giuristi romani, en Revista de Estudios Latinos 1 (2001) páginas 239 - 244; "Diritto romano a Valladolid", en Index 29 (2001) páginas 509 - 512; 8) "Observaciones críticas en torno a la ley Flavia Municipal", en Actas del I Congreso Internacional de Historia Antigua (Valladolid, 23 - 25 de noviembre de 2000), Universidad de Valladolid - Centro Buendía, Valladolid, 2001, páginas 299 - 303.

L. E. Antúnez y Villegas: 1) "Apuntes sobre la regla actore non probante reus absolvendi y el derecho procesal laboral del Perú", en Actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho romano. La prueba y los medios de prueba: de Roma al derecho moderno, Madrid, 2000, páginas 77 - 82; 2) "Propiedad, posesión, tenencia. Apuntes para dialogar", en Actas del II Congreso Internacional y V Iberoamericano de Derecho Romano (Los derechos reales), Madrid, 2001, páginas 355 - 398.

Ch. Baldus: "In memoriam Ferdinando Bona (1930 - 1999)", en SCDR 11 (1999 [2000]) páginas 13 - 14.

S. Bello Rodríguez: "Testamento (otro medio de prueba)", en Actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho romano. La prueba y los medios de prueba: de Roma al derecho moderno, Madrid, 2000, páginas 83 - 90.

L. Bernard Segarra: 1) "Sobre el valor de la confessio in iure certae pecuniae. Especial mención a su recepción en Furs y Les Costums de Tortosa", en Actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho romano. La prueba y los medios de prueba: de Roma al derecho moderno, Madrid, 2000, páginas 91 - 104; 2) "La hipoteca dotal y su recepción en los Furs", en Actas del II Congreso Internacional y V Iberoamericano de Derecho Romano (Los derechos reales), Madrid, 2001, páginas 855 - 862.

J. Manuel Blanch Nougués: 1) recensión de R. Domingo, Auctoritas, en ADC 53,IV (octubre - diciembre, 2000) páginas 1575 - 1579; 2) "Der Ungeborene (nasciturus) im römischen, spanischen und iberoamerikanischen Recht. Ein Wertungsproblem im Lichte der Rechtstradition", en OIR 6 (2000) páginas 102 - 123.

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R. Rodríguez López: 1) "Probatio ad probationem", en Actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho romano. La prueba y los medios de prueba: de Roma al derecho moderno, Madrid, 2000, páginas 683 - 695; 2) "Ius emphiteuticarium: regulación jurídica y práctica documental en los siglos VI - VII", en Actas del II Congreso Internacional y V Iberoamericano de Derecho Romano (Los derechos reales), Madrid, 2001, páginas 801 - 811.

R. P. Rodríguez Montero: 1) "Del derecho privado en Galicia al derecho privado de Galicia: impresiones en torno a un proceso histórico. (A propósito de la obra de Luis Rodríguez Ennes, Aproximación a la historia jurídica de Galicia, Santiago de Compostela, 1999)", en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 4 (2000) páginas 673 - 687; 2) Prueba de la inmemorialidad y constitución de servidumbres de paso: apuntes para un estudio jurisprudencial", en Actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho romano. La prueba y los medios de prueba: de Roma al derecho moderno, Madrid, 2000, páginas 697 - 703; 3) "Reflexiones críticas sobre el reconocimiento de la usucapión como forma de constitución de las servidumbres de paso en la vigente Ley 4/1995, de 24 de mayo, de Dereito civil de Galicia", en Actas del II Congreso Internacional y V Iberoamericano de Derecho Romano (Los derechos reales), Madrid, 2001, páginas 561 - 613; 4) recensión de V. Mannino, La tolleranza dell''usus servitutis nell'esperienza giuridica romana, en SDHI 66 (2000) páginas 571 - 576; 5) "Poder político y religión en Roma: notas para la descripción histórica de una interrelación", en Anuario da Faculdade de Dereito da Universidade da Coruña 5 (2001) páginas 1113 - 1126.

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C. Santos Rojo: "El juramento en los Furs de Valencia y en Las Costums de Tortosa", en Actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho romano. La prueba y los medios de prueba: de Roma al derecho moderno, Madrid, 2000, páginas 729 - 737.

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A. Tabosa Pinto: 1) "La prueba ilícita en el proceso romano", en Actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho romano. La prueba y los medios de prueba: de Roma al derecho moderno, Madrid, 2000, páginas 761 - 770; 2) "Da proprietas, como direito individual", en Actas del II Congreso Internacional y V Iberoamericano de Derecho Romano (Los derechos reales), Madrid, 2001, páginas 319 - 328.

M. Talamanca: "Diritto e processo nell'esperienza romana: uno sguardo dal presente", en Actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho romano. La prueba y los medios de prueba: de Roma al derecho moderno, Madrid, 2000, páginas 11 - 47.

J. A. Tamayo Errazquin: "Algunas consideraciones sobre un legado de usufructo gravado con un fideicomiso de alimentos en Derecho clásico romano", en Actas del II Congreso Internacional y V Iberoamericano de Derecho Romano (Los derechos reales), Madrid, 2001, páginas 759 - 769.

G. Tomás Martínez: "Fiducia: posible influencia de su sentido jurídico en otros contextos", en Actas del II Congreso Internacional y V Iberoamericano de Derecho Romano (Los derechos reales), Madrid, 2001, páginas 911 - 920.

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G. Turiel de Castro: "Ideas generales básicas de la recepción del tema de la posesión desde Justiniano hasta el Código civil actual", en Actas del II Congreso Internacional y V Iberoamericano de Derecho Romano (Los derechos reales), Madrid, 2001, páginas 509 - 516.

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IV. ANEXO (PUBLICACIONES DE 1999 NO RECOGIDAS
EN LA ENTREGA ANTERIOR)

L. Bernard Segarra: "La dote y el regreso a través de la actio mandati en D. 17. 1. 47 pr. ", en Estudios jurídicos en homenaje al Prof. Vidal Guitarte, Castellón, 1999, vol. 1, páginas 91 - 94

A. Calzada González: "Una nota sobre la sucesión ab intestato en favor de iglesias y monasterios", en Estudios jurídicos en homenaje al Prof. Vidal Guitarte, Castellón, 1999, vol. 1, páginas 145 - 149.

A. Castro: 1) "Sulla fictio iuris", en Labeo 45 (1999) páginas 486 - 491; 2) "Los dioses primigenios", reseña de Kerényi, La religión antigua, en Mercurio 9 (1999) página 23.

A. Fernández de Buján: "El camino de Santiago: estatuto jurídico del peregrino compostelano", en Derecho y Opinión 7 (1999) páginas 317 - 331.

M. J. García Garrido: "Thesaurus communis iurisprudentiae", en Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata, Bâle - Genève - Munich, 1999, páginas 159 - 165.

E. Gómez Royo: "Aspectos de la techne jurisprudencial en el ámbito de la ley Aquilia", en Estudios jurídicos en homenaje al Prof. Vidal Guitarte, Castellón, 1999, vol. 1, páginas 385 - 391.

J. Mª. Llanos Pitarch: "El Derecho romano desde la perspectiva de hoy", en Estudios jurídicos en homenaje al Prof. Vidal Guitarte, Castellón, 1999, vol. 2, páginas 497 - 501.

P. Marzal Rodríguez: "Sobre el testamento mancomunado en la doctrina del derecho común", en Estudios jurídicos en homenaje al Prof. Vidal Guitarte, Castellón, 1999, vol. 2, páginas 605 - 610.

Mª. S. Mollá Nebot: "Principios del Derecho romano y principios del método romano. Algunas particularidades para su enseñanza", en Estudios jurídicos en homenaje al Prof. Vidal Guitarte, Castellón, 1999, vol. 2, páginas 641 - 645.

A. Montañana Casaní: "La viuda y la sucesión en la Ley de las XII Tablas", en Estudios jurídicos en homenaje al Prof. Vidal Guitarte, Castellón, 1999, vol. 2, páginas 647 - 651.

A. Obarrio Moreno: "La Universidad: una vía de recepción del Derecho romano en Indias (s. XVI - XVIII)", en Estudios jurídicos en homenaje al Prof. Vidal Guitarte, Castellón, 1999, vol. 2, páginas 701 - 703.

Mª. V. Sansón Rodríguez: "Observaciones sobre el concepto de status y de posesión de estado en el Derecho romano, a propósito del artículo 39. 2 de la C. E. y de la reforma del Código civil de 1981 en materia de filiación", en Anales de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna 16 (1999) páginas 473 - 492.

A. Valiño: 1) "Aspectos de la causae cognitio y de la restitutio in integrum", en Estudios jurídicos en homenaje al Prof. Vidal Guitarte, Castellón, 1999, vol. 2, páginas 883 - 889; 2) "En torno a la prohibición de la división de una finca y su calificación como servidumbre", en Actualidad Civil 23 (1999) páginas 643 - 651.

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