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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.25 Valparaíso  2003

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552003002500024 

MOLAS RIBALTA, Pere, Los magistrados de la Ilustración (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales - BOE, Madrid, 2000), 148 págs.

A mediados del siglo XVIII los Consejos aunaban funciones de gobierno y jurisdiccionales, sin que, a juicio de sus propios miembros más críticos, este gobierno de los magistrados ofreciese grandes resultados prácticos, debido al alejamiento de sus integrantes para con las cuestiones de la práctica administrativa y de gestión de la hacienda pública. Es éste el punto de partida del estudio que Pere Molas Ribalta dedica a Los magistrados de la Ilustración, cuando recoge la opinión del letrado Juan Pablo Forner, miembro del Consejo de Castilla y a su llegada al mismo, 1796, respecto a la falta de preparación y experiencia de sus ministros en asuntos de gobierno y economía, manifestando así por tanto la necesidad de un cambio radical en el sistema educativo, de donde Molas Ribalta nos muestra que existen aspiraciones que nunca acaban de resolverse y que con el tiempo, además, se enquistan.

En el segundo de los capítulos del libro, tras un arranque de propósitos, el autor recoge el estado de la cuestión en esa segunda mitad de siglo. La Novísima Recopilación define el escalafón administrativo, de Consejo de Castilla a alcaldes de hijosdalgo, y los testimonios de época apuntan a que el mal pago a los funcionarios fue una constante en la administración española, a decir de sus integrantes. En 1771 se suprimen las Salas de hijosdalgos, lo que iguala más a Chancillerías y Audiencias; por éstas, y los diversos Consejos, y la Sala de Alcaldes de Casa y Cortes, los letrados y magistrados mueven su escalafón, acumulan cargos pese a algunas limitaciones legales, y establecen relaciones más o menos conflictivas con militares o miembros del clero, los otros integrantes de tales órganos. Cuestiones todas tan "esenciales" al oficio jurídico como las dotes de mando, la estatura, la sordera, amén de experiencia, antigüedad y conocimientos jurídicos, determinan la realidad final de las aspiraciones de los magistrados; las vías de acceso a la magistratura eran dos, principalmente, la pertenencia a los Colegios Mayores, y el ejercicio en los Reales Consejos.

A la primera de estas vías, la pertenencia a alguno de los seis Colegios Mayores de la Corona de Castilla _San Bartolomé, Oviedo, y Arzobispo en Salamanca, Santa Cruz en Valladolid, Cuenca y San Ildefonso de Alcalá_ se dedica el tercer capítulo. Los becarios, y al fin algunos manteístas, venían integrando el grupo mejor situado dentro de la alta magistratura castellana, dedicando el autor especial atención a algunas de las familias más consolidadas o reconocidas _Carvajal, Colón de Larreátegui, Ortega Cotes, Sánchez Salvador, Rojas Contreras, Herranz_ dentro de ese especial escalafón hereditario sin atención a valías sino a orígenes, clientelar y pleno de privilegios. Ello hasta que la llegada de algunos ministros de Carlos III, como Roda, anticolegial declarado, plantease cierto freno a esa ocupación de la función jurisdiccional y administrativa, pero no desde luego obstáculo absoluto de las carreras de colegiales como los Clemente de Aróstegui o los Mon y Velarde; sí la entrada de colegiales de otros colegios de cierto prestigio, como lo de Maese Rodrigo, Fonseca, o el colegio de San Clemente de Bolonia.

Los colegiales no sólo cubrían la magistratura; también las órdenes militares, o el clero, y asimismo, pese a su fama de alejamiento de la cultura, ciertas instituciones nacientes, como las Academias _la Española, la de Historia, la de Bellas Artes de San Fernando, etc._ o las Sociedades Económicas de Amigos del País. Jovellanos, crítico de los abusivos privilegios colegiales, encarna como ninguno esa figura del magistrado ilustrado integrado en el devenir cultural de su tiempo. Igualmente la economía sería campo de interés para algunos de ellos.

Pero como ya se ha dicho, ministros como Roda, o la expulsión de los jesuitas, supusieron un cambio para la recluta y configuración de la magistratura, y hacia 1766 el statu quo se verá sustancialmente alterado con la entrada de los abogados en sustitución de los colegiales; el capítulo IV recorre ese cambio de situación, ya apuntado desde el reinado de Felipe V, donde las figuras preeminentes son ya ahora manteístas o abogados regalistas, como las familias de Floridablanca o José de Gálvez; los hijos de los Consejeros de Castilla comienzan a inscribirse como abogados en vez de ingresar en los Colegios, así como a edificarse carreras sobre valías jurídicas o aportaciones de literatura jurídica. Los informes de Floridablanca sobre las cualidades de los magistrados, alejándolos del clientelismo o el parentesco en busca de mayor competencia, van a coincidir con el auge del escaso aprecio popular e institucional hacia quienes se ocupaban mal y a la vez de pleitos y administración, como las propias Cartas de Cabarrús reflejan.

Suele afirmarse la cualidad de la Ilustración española como una recepción de tal movimiento llevada a cabo por funcionarios. Los magistrados ocupan las Academias y dirigen buena parte de las nacientes Económicas de Amigos del País y sus actividades, e intervienen en la vida cultural de manera influyente. La ciencia del Derecho en España evolucionó a golpe de obra de magistrados ilustrados que alcanzaron en ocasiones tal calidad justo por la influencia de publicaciones relevantes; a su examen y devenir se dedica el sexto capítulo, Magistrados ilustrados. Así, las obras de José Bermúdez, Alvárez de Abreu, Casamajor i Josa, Elizondo, Covarrubias, Acedo Rico, o los inevitables Jovellanos y Campomanes. También la economía, la retórica, la literatura, la educación, fueron objeto de curiosidad, estudio y creación de los eruditos magistrados ilustrados, como Juan Pablo Forner, González de Barcia o Espinosa.

Los dolorosos reinados de Carlos IV y Fernando VII vendrían a representar una notable quiebra evolutiva, ya anunciada en los constantes ascensos y defenestraciones de magistrados y consejeros, los forzados adioses de Jovellanos o Floridablanca, o la encarnación en el mediocre Godoy de la inacabable decadencia. Su despotismo se cebó en los magistrados, y las reformas, so pena de paliar las deficiencias del sistema, tuvieron como objetivo depurar a los más hostiles o simplemente incómodos.

El capítulo séptimo revisa las divisiones que produjo la ocupación francesa; afrancesados de un lado, magistrados integrados en el gobierno de la resistencia por otro, y la desaparición o unificación de los Consejos. Y así, hasta el proceso constituyente, donde diversos magistrados van a ocupar relevantes papeles, como consejeros y diputados. Una vez aprobada la Constitución de 1812 se inicia el debate sobre la identidad y papel de la magistratura; se erige de ese modo una nueva planta judicial constitucional, eliminado sus funciones gubernativas. Desaparecen Chancillerías, Sala de Alcaldes, y aparecen la Audiencia de Madrid, o el Tribunal Supremo. Y los magistrados constitucionales, nombrados por el Consejo de Estado, van en gran número a continuar en sus funciones, pero ahora persiguiendo a sus otrora mentores, con la reinstauración absolutista. Vuelven los Consejos, desaparecen los Consejos, reaparecen los Consejos; es el Trienio y su constante oscilación. Los magistrados del Antiguo Régimen resisten casi siempre bien los avatares políticos, como Alcalá Galiano o Andrés Oller. Cuando en 1834 se supriman definitivamente los Consejos, muerto Fernando VII, el panorama de la magistratura ofrecerá de nuevo un ejemplo de la camaleónica capacidad de la magistratura que alumbró la llegada de la Ilustración para navegar las convulsiones sociales y políticas.

Este libro, Los magistrados de la Ilustración, cumple pues muy satisfactoriamente con el objetivo declarado de su autor, cual fue ofrecer a través de algunas biografías de quienes los encarnaron un panorama de los cambios que en la identidad de la magistratura, y hasta de la sociedad, se operaron durante la transición del Antiguo Régimen al convulso inicial constitucionalismo español. Esta manifestación de intenciones, y el resultado, un parcial si bien representativo cuadro social de la época, no evita del todo sin embargo que el lector pueda quizás echar en falta un mayor desarrollo en torno a las apasionantes líneas que el exhaustivo aparato doctrinal y bio-bliográfico del libro contiene, en especial, la presencia y también el olvido del movimiento ilustrado en el proceso y ethos constitucional español de 1978, y el oportuno análisis a que ello se hacía acreedor.

FELIPE NAVARRO MARTÍNEZ

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