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Revista de estudios histórico-jurídicos

Print version ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  no.25 Valparaíso  2003

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552003002500029 

REDONDO, Gonzalo, Política, cultura y sociedad en la España de Franco (1939 - 1975). Tomo I: La configuración del Estado español, nacional y católico (1939 - 1947) (Pamplona, Eunsa, 1999), 1.143 págs.

La aparición del presente libro del canonista e historiador Gonzalo Redondo debe celebrarse como verdadero acontecimiento literario de un autor que cada día pesa más en la historiografía española del pasado siglo XX. Redondo se amamantó de posiciones tradicionalistas y del pensamiento de Menéndez y Pelayo, para luego resituarse tras saborear las mieles del liberalismo cuando escribió su tesis doctoral sobre Las empresas políticas de José Ortega y Gasset, convirtiéndose en un historiador respetado con notables dosis de excelencia en el cultivo de la historia de la Iglesia (hay quien dice que el mejor de la Península Ibérica respecto al siglo XX), mientras que en la propia Universidad de Navarra la otra cara de la moneda la ofrece José Ignacio Saranyana, con su Anuario de Historia de la Iglesia, aparentemente liberal y tolerante, pero profundamente conservador en su contenido, aun siendo de notable calidad algunos de los trabajos recogidos en esa publicación periódica.

El régimen franquista (1939 - 1975) tuvo como principal objetivo la consolidación de lo conseguido durante la Guerra Civil (1936 - 1939), así como la transmisión de lo logrado a las nuevas generaciones. Franco abogó en todo momento por una Monarquía en los descendientes y herederos de Alfonso XIII, basada en la unión política y religiosa de la Nación española. De hecho, uno de los postulados en los que se inspiró este régimen fue la convalidación moral por la misma Iglesia, así como evitar cualquier tipo de enfrentamiento con la alta jerarquía eclesiástica. Se impuso, de este modo, un régimen de autoridad firme, sobre todo en los años cuarenta, que lo asimiló al nazismo o fascismo, en el que se intentó avivar el nacionalismo español. Haciendo un análisis retrospectivo pueden distinguirse cuatro etapas claramente diferenciadas: la primera de ellas (1939 - 1947) supuso el asentamiento de los principios de la coalición vencedora en la Guerra Civil; una segunda que comprendió desde 1947 a 1956, y la tercera (1956 - 1965) que supuso un auténtico cambio generacional. En la última de ellas, que comenzó en 1965, se enfrentó el tradicionalismo de los gobernantes y la renovación cultural de la Iglesia.

El mismo Franco, hombre alabancioso y moñista, tanto él como su esposa doña Carmen Polo, reconoció que construyó un Estado católico, social y representativo (p. 78). De este modo, pretendía recuperar la tradición gloriosa de siglos anteriores, un Estado fuerte y unitario eminentemente nacional, así como un Estado nacional, al mismo tiempo que creaba un nuevo Estado de Derecho, a partir del reconocimiento de un principio cristiano: el hombre como persona.

La Ley de 1 de marzo de 1940 consideraba a la masonería y al comunismo responsables máximos de la tragedia española, en una inspiración que Franco, el implacable dictador, tenía muy dentro de su cabeza, e incluso permitía aplicar a sus afiliados sanciones de privación de libertad con condena de hasta 30 años de reclusión mayor en no pocos casos. Con el fin de la Guerra Civil en 1939, numerosos intelectuales y políticos tuvieron que exiliarse al extranjero. Los que permanecieron en España simplemente fueron censurados, encarcelados o, en el peor de los casos, ejecutados, como ocurrió con el poeta Miguel Hernández o el dirigente comunista Heriberto Quiñones. El 1 de octubre de 1939, en conmemoración del tercer aniversario del ascenso al poder de Francisco Franco, indultó a los antiguos miembros de las fuerzas armadas republicanas que hubieran sido sentenciados a penas inferiores a seis años. El 4 de junio de 1940 se amplió la amnistía a todos los presos políticos que cumplieran condenas de menos de seis años. Posteriormente, se dictaron otros indultos, que beneficiaron a otros muchos presos políticos.

Al final de la Guerra Civil, Franco se encontró con una España destruida, y tuvo que comenzar una política de reconstrucción nacional, pero sin que la piel de toro quedara sometida a ninguna potencia extranjera, como Italia o Alemania. Franco decidió, finalmente, no entrar en la Segunda Guerra Mundial, más preocupado por la devolución del oro español depositado en Francia y la obtención de créditos internacionales, que por el conflicto bélico.

A partir de 23 de septiembre de 1939 comenzó una fase en que las relaciones Iglesia - Estado fueron incrementándose en su intensidad, que originaron momentos de falta de entendimiento entre el Gobierno y la jerarquía eclesiástica. En los primeros años de la postguerra española surgieron posturas radicales. De hecho, el radicalismo tradicionalista del cardenal Segura, que asumía la idea de que la Iglesia debía orientar la labor del Estado y defender sus derechos, le llevó a continuos enfrentamientos con las autoridades del nuevo Estado. Por el contrario, la Acción Católica adoptó una postura de apoyo al nuevo régimen (pp. 266 - 267).

Francisco Franco deseaba la instauración de la España una y unida que habían creado los Reyes Católicos. Pero el momento histórico era bien distinto: la influencia del siglo XIX liberal imbuía la sociedad entonces existente. Todos los esfuerzos de la postguerra estuvieron orientados hacia la reconstrucción de la unidad. En este objetivo común también colaboró la jerarquía eclesiástica. Fueron años en los que los alimentos básicos escaseaban. De ahí que se adoptaran medidas de urgencia para paliar la falta de petróleo, o de cualquier otro producto básico.

El Convenio con la Santa Sede sobre nombramientos episcopales, de 7 de junio de 1941, se limitaba a determinar el procedimiento para la designación de los obispos, ya que en 1941 existían 21 diócesis vacantes. En realidad, según G. Redondo, Franco no tuvo especial interés en designar a los obispos para las sedes españolas, aunque sí en mantener los privilegios tradicionales concedidos por la Santa Sede a España (p. 410). Lo cierto es que este Acuerdo supuso la reviviscencia del derecho tradicional del patronato que los Reyes Católicos habían venido ejerciendo desde comienzos del siglo XVI por concesión expresa de la Santa Sede.

A partir de 1942 la diplomacia española experimentó un cambio notable, que se recogió fundamentalmente en el culturalismo tradicionalista católico, alejándose de las ideas pro-nazis (p. 519). A comienzos de 1943 se intentó estrechar lazos con la Santa Sede, así como un acercamiento con las naciones del continente europeo que habían adoptado una política de neutralidad. Al mismo tiempo se inició una férrea lucha ideológica contra el comunismo que amenazaba con expandirse por todo el mundo.

Uno de los momentos más graves para la política franquista fue cuando los suministros a España de gasolina por parte de Gran Bretaña y de Estados Unidos quedaron supeditados por sus respectivos Gobiernos a la suspensión de envíos de volframio a la Alemania nazi. Jordana, Ministro de Asuntos Exteriores español, indicó que si no querían que los nazis dispusieran de este mineral, acaparasen esos gobiernos toda la producción española. Tras esta declaración, el 29 de enero de 1944 los aliados suspendieron los envíos de carburante a España. En fechas posteriores a febrero de 1944 se comenzó un proceso de resolución de la crisis y de relajamiento de la tensión.

El 13 de julio de 1945 se aprobó en las Cortes el Fuero de los Españoles. Este Fuero reconocía la libertad de asociación, la libertad de enseñanza, así como el derecho de propiedad y del trabajo. El principal de los problemas que planteaba era el estatismo, ya que no fue hasta 1967 cuando se reconoció y reguló en España la libertad religiosa, a pesar de la redacción del art. 6 del Fuero de los españoles. De hecho, los protestantes españoles encontraron recortados sus derechos civiles, teniendo la condición de ciudadanos de segunda clase. Este artículo, si bien no implicó una libertad plena, favoreció al menos la tolerancia de la libertad religiosa.

El 16 de junio de 1946 se mejoró la situación de la Iglesia en España con un nuevo acuerdo oficial con el Estado, relativo a la provisión de los beneficios no consistoriales, es decir, los nombramientos eclesiásticos en los que tenía alguna participación el Estado, como los cabildos y los párrocos. En el mismo quedaba patente que la Santa Sede no reconocía al Estado español ninguno de los privilegios tradicionales de la Corona española.

El 1 de mayo de 1947 se convocó en las industrias instaladas a ambas orillas de la ría del Nervión, en Bilbao, la primera huelga general de la postguerra española. El manifiesto de la huelga estaba firmado por la Junta de Resistencia, un organismo dependiente del Gobierno vasco en el exilio, que se encargó de la convocatoria. Tuvo un marcado carácter de reacción contra la acción política de la dictadura, sin ningún tipo de reivindicaciones profesionales específicas. Aunque inicialmente tuvo una duración prevista de un día, se extendió oficialmente hasta el 8 de mayo. La huelga, al final, acabó por resolverse al llegar patronos y obreros a acuerdos concretos (pp. 1.033 - 1.036). Redondo recoge y comenta el fraude electoral.

Otro momento trascendental en la política franquista hay que situarlo en el referéndum de la Ley de Sucesión, celebrado el 6 de julio de 1947, que tuvo claras consecuencias políticas. A pesar de la proclama de victoria arrolladora a favor del régimen, Luis Suárez, tras hacer un minucioso estudio de los fondos del Archivo Francisco Franco, ha sido capaz de percatarse de que los datos oficiales difieren bastante de los reales, ya que mientras que los primeros aportan 14.145.163 de votos a favor, 722.656 en contra y 336.592 nulos, el propio Luis Suárez ha computado 12.628.983 por el sí, 643.501 por el no, 295.202 en blanco y 25.699 nulos (p. 1.052). La diferencia, en consecuencia, es abismal.

La obra que nos presenta Gonzalo Redondo está documentada en una muy abundante información documental y en publicaciones de revistas españolas de la época, como Ecclesia o Arbor, así como los dominicales españoles ABC, Ya o La Voz de España, el londinense The Observer, y el más internacional The New York Times. Al final de la obra se recogen las fuentes documentales, publicaciones periódicas y libros consultados (pp. 1.057 - 1.104), y un índice de nombres (pp. 1.105 - 1.129). Puede catalogarse, no sólo por la extensión sino por la información que contiene en sus páginas, como una auténtica enciclopedia del primer franquismo, en una persona que cuenta ya con 103 archivos particulares de la España del siglo XX (a pesar de que no ha conseguido ni el de José Solís Ruiz, ni el de Ramón Serrano Suñer, tras haberlo intentado por varios medios) en el Centro de Estudios sobre la España de 1923 a 1975 que ha erigido en Pamplona. Sus dos tomos anteriores bajo el título Historia de la Iglesia en España 1931 - 1939, publicados en Madrid en 1993 son un referente seguro a través de sus 1229 páginas para cualquiera que quiera penetrar en las turbulentas relaciones entre la Iglesia española y la República, hasta en sus manifestaciones más de detalle. Redondo está logrando hacer la cuadratura del círculo y esperamos y deseamos que en el cuarto tomo, que va desde 1947 a 1956, nos siga sorprendiendo tan gratamente como lo ha hecho hasta ahora, sin necesidad de encapicotarse y no cultivando artes extrañas de espatulomancia, sino con claridad, precisión y con el rigor que le caracterizan. Esperemos que Dios dé a Redondo tantos años como al Papa San Agatón para que pueda terminar los dos volúmenes que le restan y no tenga que hacer como aquél tantos milagros.

GUILLERMO HIERREZUELO CONDE

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