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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.26 Valparaíso  2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552004002600024 

Estudios Histórico-Jurídicos 26, 607-613

BIBLIOGRAFIA

De Dios, Salustiano - Infante, Javier - Robledo, Ricardo - Torijano, Eugenia (coords.), Historia de la propiedad. patrimonio cultural, III: Encuentro interdisciplinar, Salamanca, 28 - 31 de mayo de 2002 (Madrid, 2003), 604 págs.

 

Guillermo Hierrezuelo Conde


 

Esta edición, patrocinada por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, prosigue la labor iniciada hace varios años con la Historia de la propiedad en España (1999), que fue continuada con un segundo volumen, dedicado a los bienes comunales que se publicó en 2002. En la elaboración del presente tomo han participado no sólo juristas e historiadores, sino arquitectos, archiveros, bibliotecarios y lingüistas de reconocido prestigio, que han dejado su impronta en esta obra.

Javier Alvarado, catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad Nacional a Distancia (UNED), escribe sobre el patrimonio en el Derecho de la Edad Media (pp. 21 - 52). Los longobardos consideraban al Derecho romano como ordenamiento general aplicable en caso de vacío legal; los francos continuaron aplicando el derecho contenido en el Código Teodosiano, a través del Breviario de Alarico, a la población galorromana y visigoda. Pero tras la caída del Imperio romano de occidente en el 476, el Código Teodosiano permaneció invariable y no fue actualizado, lo que provocó su desfase de la vida real y la vulgarización o provincialización del Derecho. A partir de este momento, en España se comenzó a recibir el Derecho del Imperio romano de oriente, realizado por Justiniano. De hecho, algunas de las instituciones o costumbres jurídicas romanas se impusieron a las de los godos, aunque otras pervivieron en la legislación visigoda. El Liber Iudiciorum con el tiempo quedó desfasado, lo que hizo necesario una nueva reglamentación que diera solución a los nuevos conflictos que surgieran. Para Javier Alvarado "en la medida en que este derecho nuevo nacía para completar o adaptar el antiguo derecho, cabe seguir hablando de pervivencia de la tradición jurídica visigoda" (p. 45). Javier Alvarado además es de la opinión de que el derecho municipal o local medieval nació como un instrumento jurídico para favorecer la repoblación y facilitar, de este modo, el asentamiento de poblaciones en zonas fronterizas con los musulmanes con una serie de privilegios económicos, sociales y políticos, que se recogieron en los fueros municipales y cartas pueblas (p. 50).

Jesús Vallejo colabora con su aportación sobre el "Derecho como cultura. Equidad y orden desde la óptica del ius commune" (pp. 53 - 70). Citando al jurista romano Celso, puede interpretarse que el Derecho únicamente regula hechos generales, y no aquellos acontecimientos que sólo sucedan una vez. Los glosadores y comentaristas de la Baja Edad Media y Edad Moderna promovieron una cultura jurídica que estuvo viva en esos momentos históricos. Jesús Vallejo entiende que "en cuanto manifestación o proyección de una cultura, el Derecho es vía de acceso para su entendimiento, un instrumento que posibilita su conocimiento" (p. 61). La potestad jurisdiccional, que correspondía al juez, tenía la facultad de constituirse como una potestad de naturaleza legítima y pública, y decía el Derecho ("ius dicere"), al mismo tiempo que establecía la equidad ("aequitatem statuere"). La equidad se presentaba como dual, ya que había que distinguir una equidad superior que se situaba por encima del Derecho en la medida en que era previa al mismo Derecho, y una equidad ruda ("rudis aequitas"), conformada por principios indisponibles. Por ello, Jesús Vallejo describe la función de hacer leyes como "concretar en preceptos precisos los principios de esa equidad previa y superior, o, en otras palabras, transformar la equidad ruda en equidad constituida" (p. 64). En realidad, quien hacía las leyes tenía la función de interpretar la equidad ruda, en cuanto que la convertía en constituida mediante un proceso interpretativo. Cuando el juez actuaba como titular de jurisdicción, tenía la facultad de interpretar el Derecho declarado, la equidad constituida, pero nada impedía que, al realizar esta interpretación, aplicase de forma directa al caso concreto de principios de equidad ruda sin previa definición normativa.

Otro tema como es el patrimonio doméstico y su simbología y la cultura popular castellana a través del ajuar mobiliario del hogar durante el Antiguo Régimen ha sido desarrollado por Máximo García Fernández, profesor de la Universidad de Valladolid (pp. 71 - 102). La acumulación de enseres, así como la variedad y la calidad del mobiliario era la mejor muestra externa de la riqueza de cada familia, pero también los libros, las pinturas, las joyas, el menaje de mesa, los objetos de adorno y cualquier otro signo que fuera muestra de ostentación, como la posesión de platos, tenedores y cuberterías, juegos de manteles, baúles, etc. El desembolso de las familias rurales por estos conceptos era muy inferior al de las ciudades, entre un 40% y un 60% menor que en la ciudad de Palencia. En el s. XIX la burguesía fue adquiriendo nuevos hábitos como paseos, bailes, tertulias, encuentros en balnearios y playas, etc., que modificaban muchos de los valores tradicionales. De esta forma, se introdujo el término "cultura material" para referirse a las mejoras en el mobiliario, hogar, vestido personal y modales de la gente acomodada. En esta época se introdujo el comedor, el cuarto de estar, el vestíbulo, el gabinete, etc., así como otros cambios en la organización y estructura de los salones o los dormitorios. Hacia 1830 se habían duplicado los poseedores de bibliotecas, pero en el caso concreto de Palencia a mediados del s. XVIII únicamente el 15% de las familias tenía algún libro.

El tema de la herencia ecológica y cultural de la ganadería trashumante y su situación actual en Castilla y León le corresponde en su desarrollo a Jesús Sanz Fernández (pp. 103 - 154). En Castilla y León históricamente la trashumancia _aunque si los desplazamientos son inferiores a 100 km. se habla de trasterminancia_ de los ganados principalmente la oveja merina, pero también cabras, yeguas y vacas, ha sido la base en la que se ha sustentado la economía de la zona. Para su desarrollo fue necesario establecer descansaderos, puentes, instalaciones, edificios, puertos, cañadas y vías pecuarias, etc., lo que permitió asimismo una mejora de las zonas en las que se realizaba esta actividad. La lana de las ovejas merinas, muy apreciada, pronto obtuvo una serie de privilegios y de protección de la Corona, que fomentó el desarrollo de los mercados. En la actualidad, apenas sí se conserva una mínima parte de todo el legado que contribuyó al desarrollo de la trashumancia, que se enmarca como "patrimonio cultural", que intenta recuperarse y que contribuye a su desarrollo sostenible. De hecho, en el transporte del ganado se emplea fundamentalmente el ferrocarril y el camión. Esta actividad durante el periodo del Antiguo Régimen se desarrolló en bienes de propios arrendados por los pueblos a los trashumantes, pero con la reforma agraria liberal pasaron a convertirse en montes de utilidad pública propiedad de los pueblos o se privatizaron de otras formas. Los territorios donde actualmente se practica la trashumancia son las comarcas de Sanabria y Aliste/Tábara, las montañas de León, la montaña palentina, Las Loras, en Palencia, y Las Parameras burgalesas, el sistema ibérico septentrional, el sistema central, etc. Sanz Fernández considera que "estamos asistiendo, quizás, al último acto de la definitiva crisis de la trashumancia tradicional del ganado lanar", ya que el monopolio antes existente ha desaparecido, y la demanda de la lana fina merina ha dejado de presentarse como un producto con una cotización remuneradora en los mercados. Sin embargo, se está potenciando la trasterminancia de corderos y cabritos, y la trashumancia de ganado vacuno para carne de la raza autóctona avileña negra (pp. 149 - 154).

Jesús Urrea dedica su estudio a la desamortización y la conservación de los bienes artísticos muebles (pp. 155 - 171), es decir, a lo que se denomina patrimonio histórico artístico o patrimonio cultural. El Real Decreto de 27 de febrero de 1767 que suprimía la Compañía de Jesús y la extrañaba de todos sus bienes fue el primer caso que en España se produjo en el que afectaba a una parte importante del patrimonio artístico. Con el inicio de la guerra de la independencia (1808 - 1814) los daños materiales al patrimonio español fueron más cuantiosos. El 2 de octubre de 1818 y 13 de septiembre de 1827 se dictaron sendas Reales cédulas que prohibían la exportación al extranjero de pinturas y otros objetos antiguos o de autores no vivos. Con el inicio de la primera guerra carlista de sucesión los atentados contra la propiedad de los bienes artísticos se multiplicaron. Multitud de normas desamortizadoras incrementaron los daños, como fue el caso de los Decretos de 25 de julio, 3 de septiembre y 11 de octubre de 1835; 1 y 24 de marzo de 1836, etc. La normativa de protección del patrimonio español en realidad quedó en letra muerta durante la regencia de María Cristina (1833 - 1840), lo que originó una expoliación de objetos artísticos españoles que se subastaban en el exterior.

Bernardo Rossi-Doria, profesor de la Universidad de Palermo, escribe sobre "La tutela dei beni culturali nell'Italia moderna: la tradizione degli Stati preunitari, l'unità, la contemporaneità" (pp. 173 - 199). Italia, que se constituyó como consecuencia de la unión de los pequeños Estados reconocidos como italianos, recibió un significativo e importante patrimonio cultural (p. 177). En los dos periodos sucesivos que los franceses ocuparon los Estados pontificios (entre 1798 - 99 y 1809 - 14) el pontífice Pío VII se exilió y comenzó una época de expoliación, determinada por factores de naturaleza institucional y nacionalista. A Pío VII y sus predecesores hay que reconocerles el haber adoptado determinadas medidas para promocionar la reglamentación sobre la actividad de conservación y restauración (p. 187). Tras la formación del nuevo Estado italiano, se constituyó una Commissione delle Belle Arti, con la finalidad de proteger los bienes culturales, y en 1881 se instituyó la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, pero no fue hasta 1909 cuando se dictó la primera auténtica ley sobre la tutela de los bienes artísticos. En 1939 el Estado otorgó dos nuevas leyes, que ampliaron la regulación hasta entonces vigente: una de ellas sobre el patrimonio artístico y la otra instituyó el Istituto Centrale per il Restauro (ICR). Décadas más tarde, en 1964 el Parlamento creó una Comisión de investigación sobre el patrimonio cultural.

El tema de la creación de un sistema nacional de archivos (1858 - 1936) le corresponde a Pedro López Gómez, profesor de la Universidad de La Coruña (pp. 201 - 255). En el s. XIX se diseñó un sistema nacional de archivos españoles para organizar los archivos, bibliotecas y museos del Estado, que estableció las bases de lo que en la actualidad se conoce como "sistema español de información". Diseñado en el XIX "pretendía ser centralizado, y omnicomprensivo de todos los archivos del Reino, lo que evidentemente no consiguió, pero a través de sus recursos humanos y una política de incorporación y creación de nuevos centros, tejió una red de archivos que en el primer tercio del s. XX se extenderá, de modo similar a lo que ocurre en otros países latinos, como Francia, Portugal o Italia, a todo el territorio nacional" (p. 205). Algunas de las normas más importantes en esta materia fueron el R. D. de 17 de julio de 1858 que creó el cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios, la Junta Superior Directiva de archivos y bibliotecas y el Archivo General Central de Alcalá de Henares; el R. D. de 28 de marzo de 1866, de creación del Archivo Histórico Nacional; el R. D. de 12 de junio de 1867, que organizaba las bibliotecas públicas, los archivos generales y los museos arqueológicos, etc. El Archivo General de Simancas recibió en el s. XVIII la documentación de la última época de los Austrias, pero a consecuencia de la invasión francesa y los saqueos sus fondos menguaron. El Archivo General de Indias, creado en 1775, recibió importantes remesas de documentos procedentes del Archivo General de Simancas y del Consejo de Indias anteriores a 1760. El Archivo de la Corona de Aragón, el más antiguo de los archivos reales peninsulares, y que posteriormente adquirió la naturaleza de general, también procedió a su ampliación con fondos muy diversos. Posteriormente, surgieron nuevos archivos como el Archivo General Central, creado por el R. D. de 17 de julio de 1858, y que pretendía afrontar la falta de funcionalidad del Archivo de Simancas, y el Archivo Histórico Nacional, creado por R. D. de 28 de marzo de 1866, y cuyo fundamento estaba en la política nacionalizadora y privatizadora del régimen liberal, que se incautó de los bienes de monasterios, conventos, corporaciones, archivos y bibliotecas, etc. Una vez configurada la red de archivos administrativos a finales del s. XIX, se notaba la ausencia de una red territorial de archivos históricos. La incorporación de los archivos históricos regionales al sistema custodiado por el cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios a partir de 1851, aceleró este proceso. La ciencia archivística creada en el XIX ofrecía un método que permitía la clasificación y descripción de los archivos con arreglo a los principios de procedencia y de orden originario, que aún hoy se mantienen vigentes.

Pilar Llopart, profesora de la Universidad de Barcelona, analiza el tema de la propiedad intelectual y las tecnologías de la información que se manejan en la biblioteca (pp. 257 - 282). A partir de los años sesenta del pasado siglo se inició una carrera en el desarrollo de las telecomunicaciones: la telefonía móvil, la televisión por cable, los ordenadores personales, las videoconferencias, el correo electrónico, internet, etc., hicieron realidad la revolución de las nuevas tecnologías de la información. Estas nuevas tecnologías han hecho posible reunir la misma información en un espacio menor, pero, y lo que es más importante, diferente. Estos avances han planteado la lógica problemática de los derechos de autor de los compiladores, programadores informáticos, productores de bases de datos, realizadores, intérpretes, guionistas, fotógrafos, diseñadores, etc., en la medida en que se ha facilitado la imitación o la copia pura y simple. La normativa española ha tenido que adaptarse a la legislación comunitaria, como ha sido el caso de las Directivas 96/9/CE sobre la protección jurídica de bases de datos, la 97/36/CE sobre televisión por cable o la 2000/31 sobre comercio electrónico, entre otras. La sofisticación de los soportes de información ha aumentado los precios de los libros y revistas debido a los incrementos de los costes, a la mayor cantidad de información y al pago de derechos a los autores, por lo que las bibliotecas han tenido que hacer una selección de las nuevas compras. Por estos motivos, las bibliotecas en ocasiones tienen que pagar por la información más de lo que sería razonable.

El argumento sobre el que reflexiona Inmaculada Aguilar Civera, profesora de la Universidad de Valencia, es el del "Patrimonio arquitectónico industrial. El depósito de aguas de Salamanca: una valoración" (pp. 283 - 305). Al analizar la legislación histórica en materia de monumentos destaca la Real Cédula de 6 de junio de 1903, por la que el Estado recomienda a la Real Academia de la Historia recoger y conservar los monumentos antiguos. En las últimas décadas se ha ampliado el concepto de patrimonio monumental al del patrimonio cultural y natural, tal y como queda patente en la Ley de patrimonio, de 1985. Aguilar Civera prefiere hablar, en términos vigentes, de "patrimonio industrial" por considerarlo más correcto para referirse a aquel "que tiene una finalidad productiva, industrial, viva expresión del comercio y que tiene su fundamento en unas necesidades socio-económicas" (pp. 288 - 291). Aguilar Civera expone el informe elaborado por él mismo y la valoración para su posible declaración como bien de interés cultural respecto al depósito de aguas del paseo del Rollo de Salamanca construido en 1914, ya que cumplía los requisitos de valor testimonial,Bibliografía

Una materia tan compleja como la de la restauración y conservación en arquitectura es analizada en detalle por Giuseppe Cristinelli, profesor de la Universidad de Venecia (pp. 307 - 318). G. Cristinelli establece una distinción entre los conceptos de restauración y el de conservación. El primero de los términos lo identifica con el de la reestructuración, siendo casi imposible la distinción entre ambos (p. 312). Giuseppe Cristinelli entiende que "la restauración misma, para satisfacer su instancia fundamental de conservación, de la materia y en la materia, inevitablemente va a tener repercusiones, rigurosamente controladas y limitadas, también en el aspecto del objeto, manifestándose en el conjunto de sus características de configuración y formales" (pp. 313 - 314). Quizá, por ello entienda que los términos restauración y conservación son inadecuados para las finalidades perseguidas, y que la conservación debe aplicarse a la integridad del objeto, y la restauración al procedimiento para conseguirla. En definitiva, la conservación pura se contrapone a la restauración, entendida como continua mutación formal (p. 315).

El tema de los patrimonios arqueológicos y etnográficos en la legislación estatal ha sido tratado de forma brillante por José Luis Moreu Ballonga, catedrático de Derecho civil de la Facultad de Derecho de Zaragoza (pp. 319 - 404). La normativa de los hallazgos de interés histórico-artístico en España encuentra su regulación en la Resolución de 24 de marzo de 1802 y la Cédula del Consejo de 6 de julio de 1803, y posteriormente en el Código Civil español de 1889 respecto al tesoro. Posteriormente se dictaron la Ley de excavaciones de 7 de julio de 1911, la Ley de 13 de mayo de 1933 y la vigente Ley del patrimonio histórico español de 25 de junio de 1985 (LPHE), que incluye en su ámbito los bienes de interés paleontológico, arqueológico y etnográfico, como los yacimientos y zonas arqueológicas. El art. 40 de la Ley española de 1985 considera que integran el patrimonio histórico español los bienes que menciona "hayan sido o no extraídos", es decir, incluso antes de ser hallados, y, en consecuencia, no son "res nullius", sino que pertenecen al dominio público. Este artículo se aplica tanto a las cosas que están en "superficie" como en el "subsuelo". El art. 42.1 exige que toda persona que desee realizar excavaciones o prospecciones arqueológicas, incluso en su propio terreno, necesita autorización administrativa expresa de la Administración responsable del patrimonio. En cuanto a la problemática de la calificación legal como dominio público de los hallazgos "interesantes" se regula en los párrafos segundo del mismo art. 42 y párrafos primero a cuarto del art. 44 (pp. 337 - 359). El art. 40 declara pertenecer al patrimonio histórico español bienes "interesantes" que estén "en el mar territorial o en la plataforma continental". En lo que se refiere a los hallazgos de bienes inmuebles de interés para el patrimonio histórico español, Moreu Ballonga señala que la Ley de 1985 no manifiesta de forma clara si se les aplica otros apartados de la citada Ley, y la misma carencia observamos en las leyes autonómicas (pp. 384 - 385).

Sobre la protección jurisdiccional del patrimonio cultural, Lorenzo M. Bujosa Vadell, profesor Titular de Derecho procesal de la Universidad de Salamanca (pp. 407 - 439) señala que "no puede hablarse de un posible "Derecho procesal de patrimonio cultural" más que en una fase muy primaria de elaboración" (p. 409). De hecho, la Constitución española de 1978 aplica en este caso el proceso ante los órganos jurisdiccionales ordinarios y, en concreto, se está refiriendo a los juzgados y tribunales contencioso-administrativos, aunque en determinados casos también intervendrán los juzgados y tribunales penales. El art. 8.2 de la Ley española del patrimonio histórico español de 1985 establece la llamada "acción pública" para la defensa de los bienes integrantes del patrimonio histórico español, lo que permite iniciar el procedimiento administrativo y el proceso a cualquier persona, sin necesidad de alegar una posición subjetiva específica lesionada o amenazada (pp. 412 - 427). Otra consecuencia de la consideración de "acción pública" es que el Ministerio Fiscal debe actuar como defensor del patrimonio cultural, en la medida en que el Código Penal español de 1995 le atribuye la calificación de delito público (pp. 427 - 429).

El análisis del estatuto jurídico de la propiedad histórica (pp. 441 - 458) que hace Juan Manuel Alegre Ávila, profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria y ex letrado del Tribunal Constitucional, nos acerca a la regulación española sobre esta materia. La Ley del patrimonio histórico español le atribuye el estatuto jurídico de bien de interés cultural, como nivel máximo de protección, al tiempo que el Estado deviene competente para dictar una Ley general en esta materia, que posteriormente sería desarrollada por las Comunidades Autónomas, como la Ley de 30 de mayo de 1990, del patrimonio histórico de Castilla-La Mancha, la Ley de 30 de septiembre de 1993 del patrimonio cultural catalán, la Ley de 3 de julio de 1991 del patrimonio histórico de Andalucía, etc. La Ley de 1985 pretende ser un "código unitario" de los bienes históricos que integran el patrimonio español (pp. 448 - 450). Alegre Ávila destaca que "el segundo nivel de protección es el de los Bienes Muebles del Inventario General del art. 26 LPHE, de extensión a los no declarados de interés cultural que tengan una `singular relevancia' (art. 26.1 LPHE)", y que concibe el mencionado inventario como un instrumento ordinario de protección de la riqueza mueble (pp. 449 - 450).

Concepción Barrero Rodríguez, profesora Titular de Derecho administrativo de la Universidad de Sevilla, se refiere al régimen jurídico de los bienes inmuebles de interés cultural (pp. 459 - 491). La única categoría que la Ley del patrimonio histórico español de 1985 le atribuye a la protección de los bienes inmuebles es la declaración de interés cultural. La Ley del patrimonio histórico español se centra en los siguientes aspectos: las limitaciones de policía administrativa, el planeamiento urbanístico y el fomento, como acciones para tutela de los bienes inmuebles de interés cultural. El art. 38 de la Ley española consagra con carácter general la libre disposición de los bienes históricos por su titular siempre y cuando la operación se desarrollase en el territorio nacional, si bien la Administración ejerce un derecho de adquisición preferente, de tanteo o retracto. El titular de los bienes está sometido a las siguientes limitaciones: la conservación (art. 36.1), así como permitir el acceso a estos bienes bajo ciertas condiciones a los nacionales españoles (art. 13.2).

Analizado el tema anterior, Dionisio Fernández de Gatta Sánchez, profesor Titular de Derecho administrativo de la Universidad de Salamanca, nos introduce en el régimen jurídico de los bienes muebles históricos (pp. 493 - 524). La regulación aplicable a los bienes muebles establece disposiciones menos rigurosas que para los inmuebles, si bien algunas medidas y técnicas de protección de los bienes muebles "se crearon y pusieron en marcha en relación con los bienes inmuebles, siendo, en la actualidad, comunes a ambos tipos de bienes" (p. 495). Los bienes muebles han estado regulados en las siguientes normas: las Reales Cédulas de 26 de marzo de 1802 y de 6 de julio de 1803, la Real Orden de 13 de junio de 1844, la Ley de 7 de julio de 1811 sobre excavaciones artísticas y científicas y la conservación de las ruinas y antigüedades, la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional, etc. El art. 27 de la vigente Ley de 1985 le atribuye la consideración de bienes de interés cultural a los bienes muebles cuando se hallan contenidos en un inmueble declarado bien de interés cultural en el caso de que la declaración citada reconozca a tales bienes muebles "como parte esencial de su historia" (p. 502). La Ley del patrimonio histórico español establece tres categorías de este tipo de bienes: los bienes muebles de interés cultural, los bienes muebles inventariados o integrados en el inventario general y los restantes bienes muebles del patrimonio histórico (pp. 505 - 508). Respecto al inventario general de bienes muebles, Fernández de Gatta destaca que "ha sido uno de los grandes fracasos de la legislación histórica y cultural" (p. 509).

El antiguo colegial bolonio del San Clemente de los Españoles, Fernando López Ramón, catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Zaragoza, nos aporta una serie de reflexiones sobre la indeterminación y amplitud del patrimonio cultural (pp. 525 - 547). Las dos notas que caracterizan al patrimonio cultural son la indeterminación del concepto de bien cultural y la amplitud. La primera de ellas en la medida en que se integran en el mismo los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico (art. 1.2 de la Ley de 1985), así como los patrimonios documental y bibliográfico y los elementos geológicos; y las ampliaciones normativas del patrimonio cultural a lo largo de las décadas. Hasta la década de los noventa, las Comunidades Autónomas apenas dictaron normas en materia de archivos, bibliotecas y museos, pero en la actualidad la situación es bien diferente, existiendo una continuidad de las regulaciones autonómicas con respecto a la Ley del patrimonio histórico español. En realidad, como entiende López Ramón, "la mayor parte de las leyes autonómicas ha incrementado el catálogo de los intereses protegidos en los correspondientes Patrimonios Culturales" (p. 538), y es de la opinión de que los bienes inmateriales o las lenguas no deberían estar incluidos en el patrimonio cultural (pp. 543 - 545).

Antonio Pau, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Registrador de la Propiedad, estudia la protección del patrimonio cultural (pp. 549 - 564) y considera que "el régimen jurídico de la protección del Patrimonio Histórico Español agota la totalidad de su régimen jurídico" (p. 551). Uno de los mecanismos para protegerlo es el régimen registral regulado en la Ley del patrimonio histórico español (arts. 12, 36 y 38). Al registro general pueden acceder tanto bienes inmuebles como bienes muebles. El registro general es un registro administrativo, y el conocimiento de sus datos está registrado por la Ley. Antonio Pau comparte la opinión de que la "duplicidad de registros patrimoniales _el registro general y el de la propiedad_ responde a una inadecuada delimitación entre uno y otro" (p. 557). Además, a su juicio, la competencia autonómica excluye la estatal, en la medida en que la citada legislación sobre patrimonio histórico excluye la estatal en su respectivo territorio (p. 561).

A modo de conclusión, Javier Barcelona Llop, profesor Titular de la Universidad de Cantabria aporta algunas ideas que merecen tenerse en cuenta (pp. 565 - 604). Barcelona Llop destaca que "el Derecho del Patrimonio Cultural es esencialmente protector, obedece a la necesidad de garantizar la función cultural inherente a determinados bienes, con independencia de su titularidad" (p. 568). Hay que tener presente que la sentencia del Tribunal Constitucional español de 18 de septiembre de 1998 acepta expresamente que formen parte del patrimonio histórico español bienes no clasificados ni inventariados. J. Barcelona es, además, de la opinión de que "no todo bien cultural inmaterial tiene por qué recibir protección jurídica singular" (p. 578). Felicitamos al catedrático de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de Salamanca, Salustiano de Dios y de Dios por este nuevo acierto, ayudado por el eficaz, a la vez que polémico Javier Infante, y Eugenia Torijano, mujer posiblemente de verdadero mérito pero de la que desconocemos cuál es la aportación científica que lleva a cabo para poner su nombre en el frontispicio del libro. La Historia del Derecho en Salamanca ha reverdecido en los últimos años, desde que Salustiano de Dios es catedrático, frente al páramo científico en el que el Seminario iushistórico se vio sometido a partir de que lo abandonó el tristemente desaparecido Francisco Tomás y Valiente. ¡En Salamanca se vuelve a publicar y con calidad! Desde la segunda cátedra, por supuesto.

 

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