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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.26 Valparaíso  2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552004002600030 

Estudios Histórico-Jurídicos 26, 626-630

BIBLIOGRAFIA

Escudero, José Antonio, Curso de Historia del Derecho. Fuentes e instituciones político-administrativas (3ª ed., Madrid, 2003), 985 págs.

 

Guillermo Hierrezuelo Conde


 

La tercera edición de esta obra, publicada en 2003, se ha visto acrecentada con la bibliografía posterior a 1995, aunque se presenta más reducida que la primera, publicada en 1985. Muchas cosas nuevas aparecen en la misma. Al inicio de la obra, en las Cuestiones preliminares (pp. 15 - 44) menciona Escudero una de las colaboraciones de Javier Alvarado en el vol. LXXI (2001) del Anuario de Historia del Derecho Español, pp. 621 - 687 titulada La Historia del Derecho ante el siglo XXI. En la misma se plantea la duda de si la Historia del Derecho puede catalogarse como ciencia histórica o jurídica (p. 42), sin resolver nada que no supiéramos, pero planteándolo con una notable dosis expositiva de originalidad. J. A. Escudero señala que una de las aportaciones recientes más importantes de Alvarado respecto al hipotético germanismo del Derecho español altomedieval ha sido la defensa de que "los denominados germanismos obedecen a la vulgarización del Liber y a la recepción del derecho franco" (p. 401). Se acuerda Escudero de una de las últimas publicaciones de A. d'Ors, cuyo título es el de Derecho y sentido común. Siete lecciones de Derecho natural como límite del Derecho positivo (1995). En la bibliografía francesa cabe mencionar, asimismo, la monografía de J. M. Trigeaud, Métaphysique et éthique au fondement du Droit (1995).

En el segundo de los capítulos (pp. 45 - 67), recoge un trabajo elaborado por el mismo Escudero, bajo la rúbrica de Tríptico escandinavo (en recuerdo de Gunnar Tilander), y publicado en el Anuario de Historia del Derecho Español, vol. LXX (2000), 425 - 447. En el tercero (pp. 71 - 91) incluye, al estudiar los celtas, el libro de García Casado Los Celtas. Un pueblo de leyenda (1995), y con los tartessos (pp. 85 - 89), el de Torres Ortiz, Tartessos (2002), al que Escudero le otorga la calificación de "la más moderna y equilibrada exposición de conjunto" referida a esa materia y que la publicó la Real Academia de la Historia (p. 89). Algunas opiniones de H. Summer Maine en su obra El Derecho antiguo. Considerado en sus relaciones con la historia de la sociedad primitiva y con las instituciones modernas (traducción de A. Guerra) (1995) han sido añadidas en el cuarto capítulo (pp. 93 - 105).

En la primera parte del Derecho visigodo (pp. 193 - 205) ha incorporado diversas ideas de las recientes investigaciones de Derecho germánico del importantísimo libro de Alvarado Planas, El problema del Germanismo en el Derecho español. Siglos V - XI (1997). De hecho, y, como señala Escudero, "entrado el siglo XXI, prácticamente nada de lo que se creía en los años cuarenta del siglo XX sigue en pie" (p. 196). También aparecen las colaboraciones de Anicet Masferrer Domingo, sobre "La pena de infamia en el Derecho histórico español. Contribución al estudio de la tradición penal europea en el marco del ius commune" (2001) y de Letinier y Michel, en sus investigaciones sobre La función judicial de los Concilios Hispanos en la Antigüedad tardía (1996), o la de Alicia Perea El Tesoro visigodo de Guarrazar (2001).

La introducción al Derecho, a la sociedad y a la economía del Islam español (pp. 267 - 285) ha sido ampliada con los trabajos de Magdalena Martínez Almira. El primero de ellos estudia La dimensión jurídica del tiempo en el Muhtasar de Halil (1999), y el segundo La legislación sobre musulmanes en los Furs de Valencia, que se encuentra incluido en las Actas del Congreso Droit et Histoire (2001), pp. 157 - 186. La falta de estudiosos sobre la Historia del Derecho musulmán en España, y estas últimas aportaciones de Martínez Almira, llevan a Escudero a considerar positivamente la labor realizada por Magdalena Martínez (p. 275). Aguilera Pleguezuelo analiza la Administración en Al - Andalus, en su monografía Estudios de las normas e instituciones del Derecho islámico en Al - Andalus (2000). En la época de la Reconquista, Escudero hace una revisión relativa a la batalla de Covadonga, datada en el 722, y para ello cita a los especialistas Montenegro y Del Castillo, a través de su artículo Pelayo y Covadonga: una revisión historiográfica, editado en La Época de la Monarquía Asturiana, Real Instituto de Estudios Asturianos (2002), pp. 111 - 124, que la vuelven a fechar en el 718. Además, añade Escudero: "estos profesores han mostrado buenas razones para defender que la rebelión de Pelayo no sublevó a un pueblo marginal y montaraz de astures, sino a los habitantes del ducado visigodo Asturiense" (p. 305).

En la Alta Edad Media, Margarita Serna Vallejo se refiere a la colección de decisiones judiciales del Tribunal de la isla francesa de Oléron (pp. 348 - 349), compuesta por veinticuatro capítulos de 3 de diciembre de 1286. Esta mención aparece en "La historiografía sobre los Rôles d'Oléron (siglos XV a XX)", publicada en el Anuario de Historia del Derecho Español, vol. LXX (2000), pp. 471 - 498. En esta época, el Derecho situaba en una posición privilegiada al hombre respecto a la mujer, que es el tema del que se ocupa Gámez Montalvo, en el Régimen jurídico de la mujer en la familia castellana medieval (1998) (p. 356). La figura del jurista Pere Albert, canónigo barcelonés del s. XIII y antiguo estudiante en Bolonia, ha sido estudiada en la tesis doctoral presentada por Elizabeth Ferran i Planas, con el título El jurista Pere Albert i les Commemoracions, y que fue leída en la Universidad Pompeu Fabra en 2001. La valoración que Escudero hace de esta obra es muy positiva por las interesantes aportaciones que recoge "al haber descubierto el signum autógrafo del jurista catalán" y "combinar el mundo jurídico de los usus terrae con las nuevas aportaciones del derecho común, lo que le llevará a una visión integradora del territorio bajo la figura del princeps terrae" (p. 396). La labor realizada de la mano de Arcadi Garcia i Sanz, El jurista Pere Albert i la seva obra, en Revista Estudis Històrics i Documents d'Arxius de Protocols, nº. 14 (1996), pp. 7 - 38 también aporta información de cierta importancia.

La recepción del Derecho común (pp. 399 - 441) ha sido completada con la obra de Zambrana Moral, titulada Iniciación histórica al Derecho concursal. Planteamientos institucionales y publicada por la Universidad de Málaga (2001), que ha advertido en el Fuero de Logroño el sentido meramente penal de la quiebra (p. 429). Asimismo, se incluyen comentarios sobre el Derecho judicialista creado a través de las fazañas, incorporadas más tarde al Fuero de Castrojeriz, y que fue otorgado por García Fernández en el año 974. Este Fuero ha sido comentado por el mismo Sánchez Domingo en El Fuero de Castrojeriz: modelo jurídico condal en la repoblación de Castilla, en las Actas de las I Jornadas de Historia del Derecho "Ramón Carande", recogidas en la obra colectiva titulada Las innovaciones en la Historia del Derecho (2000), pp. 67 - 86 (pp. 407 - 412 y 424).

Al comentar la consolidación del Derecho castellano, José Antonio Escudero añade los trabajos de Sánchez Domingo, relativos a El Derecho Común en Castilla, Comentario a la Lex Gallus de Alonso de Cartagena (2002). Las Costums de Orta de 1296 y las de la Bailía de Miravet han sido estudiadas recientemente por Josep Serrano Daura (en 1996 y en 1999, respectivamente). Ribalta Haro comenta en su Tesis doctoral, las Consuetuts de Barcelona, que era la denominación vulgar de Les `Ordinacions d'en Santacília'. Servituds, relacions de veïnatge i límits al dret de propietat en el dret (històric) català (2001) y señala que las Ordinacions, que fueron reproducidas en posteriores recopilaciones oficiales, han llegado hasta nuestros días a través de la Compilació de Dret Civil de Catalunya (1960).

El reinado de Alfonso VI (1072 - 1109), la Cancillería, la Curia y el Imperio de este monarca, al que se le otorgó el título de "emperador de toda España", ha sido objeto de análisis en los dos volúmenes que integran la obra de Gambra (1997) y cuyas observaciones, referidas a este monarca, han sido comentadas de la mano de Escudero en las pp. 503 - 504. Una visión reciente sobre el cambio institucional en la política interior de los Reyes Católicos y la Hermandad General ha sido aportada por Suárez Bilbao (1998) (pp. 519 - 520), en donde señala el valor genérico que el vocablo "Hermandad" tuvo en la Edad Media, en cuanto que se aplicó tanto en sentido religioso como en el económico de las corporaciones de oficios. José Manuel Calderón Ortega ha escrito sobre Las Cortes de Tarazona de 1484 y 1495 y su influencia en la evolución histórico institucional de la Corona de Aragón en los albores de la Edad Moderna, en la obra colectiva Universitarios y personajes ilustres de la Corona de Aragón y su papel en la construcción de España y el Nuevo Mundo (2000), pp. 65 - 77 y ha hecho algunas aportaciones que es conveniente consultar (pp. 540 - 541).

En la Administración territorial y local destaca el estudio de Antoni Planas Rosselló, en su libro El Sindicat de Fora, corporación representativa de las villas de Mallorca (1315 - 1834) (1995), el cual concluye que el sindicat de Fora de las villas de Mallorca actuaba a través de diversos órganos desde su creación en 1315 hasta que fue suprimido en 1834 (p. 580). En las localidades de la Catalunya Nova, Serrano Daura habla de un régimen premunicipal hasta la segunda mitad del siglo XIII (2000) (p. 580). Por otro lado, las instituciones de Gipuzkoa y oficiales reales en la provincia (1491 - 1530) han recibido un nuevo planteamiento de parte de Orella Unzué (1995). Además, las garantías que debían respetarse en los casos de Corte están enumeradas en la colaboración de Paqui Gámez Montalvo (1998) (p. 587).

La literatura sobre el Estado moderno relativa al Derecho castellano se ha acrecentado en los últimos años. A la bibliografía existente sobre la instauración de la Monarquía borbónica en España se ha añadido el estudio de San Miguel Pérez (2001), que entiende que la Casa de Borbón, "con la excepción de los Romanoff, se trata de la única gran Casa europea de la Edad Moderna" (p. 627). Suárez Bilbao ha escrito, por otro lado, sobre El Fuero Judiego en la España Cristiana. Las fuentes jurídicas. Siglos V - XV (2000), siendo de los pocos libros españoles recientes que han merecido ser recensionados en la Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung. Asimismo, una visión renovada de la figura del Ministro Campomanes (1723 - 1802) ha sido postulada por Vallejo García - Hevia, en su obra La Monarquía y un Ministro, Campomanes (1997).

Para ampliar la documentación que recoge el mismo Escudero, cita una de sus numerosas publicaciones, esta vez en el Anuario de Historia del Derecho Español, y referida a la génesis de la Nueva Recopilación, en el vol. LXXIII del año 2003 (pp. 688 - 689). González de San Segundo, especialista en los Derechos indígenas de estirpe prehispánica, prefiere hablar, por otro lado, de derechos u ordenamientos jurídicos para referirse al complejo normativo prehispánico, en lugar de costumbres indígenas (p. 696). En el estudio del Estado moderno Salustiano de Dios y de Dios cuenta con algunas colaboraciones como El absolutismo regio en Castilla durante el siglo XVI, publicado en Ius Fugit, nos. 5 - 6 (1997), pp. 53 - 236, y la colaboración de Regina Pérez Marcos en Teoría y práctica de gobierno en el Antiguo Régimen (2001), pp. 11 - 28 (pp. 707 - 708). En la Administración territorial y local en la España moderna han aparecido algunos estudios más cercanos en el tiempo sobre el municipio de Logroño, elaborados por Martínez Navas, que recuerda que la potestad de ordenanza municipal estuvo limitada al Concejo en las competencias material y espacialmente (p. 766); el de Santiago de Compostela lo conoce Escudero a través de la mente preclara de Cebreiros Álvarez, discípulo de Emma Montanos Ferrín, etc.

Con la llegada del s. XIX se produjeron sustanciales cambios en España. Un estudio sobre esta época nos lo ofrece Martire, con la monografía 1808. Ensayo histórico - jurídico sobre la clave de la emancipación hispanoamericana (2001). Sáenz Berceo, que ha estudiado el régimen señorial en Castilla en el caso concreto del Estado de Baños y Leiva, ha señalado que aunque en muchos casos las alteraciones fueron de cierta importancia, en otros apenas tuvo efecto alguno, como ocurrió en el señorío riojano de Baños (p. 837). Algunas de las aportaciones más importantes de Alvarado, están referidas a este período histórico, al que se refiere en La codificación del derecho militar en el siglo XIX, en los Estudios sobre Ejército, Política y Derecho en España (1996), pp. 277 - 300, y nos recuerda que en 1869 fue creada una Junta de Ordenanzas para estudiar el proyecto de Sichar, constituyéndose once años más tarde la Comisión de Codificación militar, que finalmente fue la que promulgó el Código Penal del Ejército en 1884 (pp. 913 - 914). En la codificación del Derecho ultramarino, su colaboración más reciente es Constitucionalismo y Codificación en las provincias de Ultramar. La supervivencia del Antiguo Régimen en la España del siglo XIX (2001), en la que Javier Alvarado interpreta que la no aplicación a los territorios de América fue a consecuencia de los abusos de los criollos. Efectivamente, no hicieron uso adecuado de las libertades reconocidas en la Constitución de 1812, y quedaron regulados por la legislación del Antiguo Régimen, que en este momento se encontraban reguladas en la Recopilación de las Leyes de Indias, las Ordenanzas de Intendentes, la Novísima Recopilación, etc. (pp. 914 - 915).

J. A. Escudero López es la máxima autoridad en Historia de las Instituciones político-administrativas en España y puede ser, si sigue publicando, el número uno de todos los tiempos, superando a Claudio Sánchez Albornoz, pero difiero de la idea sostenida por Ana María Barrero y M. Peláez de que Escudero no es un historiador del Derecho, de que el Derecho no le interesa. A mi modesto entender, y llevando la contraria a personas tan conspicuas como la Srta. Barrero y el Sr. Peláez (e igualmente al organizador de sendos conciliábulos donde se dijeron estas cosas, el Dr. Josep Serrano Daura), José Antonio Escudero es uno de los mejores historiadores del Derecho español vivo, incluso me atrevería a asegurar que es el más acreditado y poderoso de todos los iushistoriadores actuales que escribe en lengua castellana, y por otro lado las Instituciones políticas y administrativas son Derecho tanto o más que la Historia del Derecho civil, la Historia del Derecho penal, la Historia del Derecho procesal, la Historia del Derecho mercantil, la Historia del Derecho urbanístico, la Historia del Derecho concursal y la Historia del Derecho laboral. Su obra es la de un jurista y, aunque hay quien sostenga que el lugar más adecuado para él hubiera sido una Facultad de Ciencias Políticas en una cátedra de Historia de las Instituciones políticas, como existen abundantemente en Italia, me atrevo a afirmar que _como sucede en Suiza y en Francia_ la Historia de las Instituciones políticas se ha de explicar en la Facultad de Derecho. La obra de Escudero no es buena, es muy buena. Se constata incluso porque ha sido objeto de imitación por parte de algunos como Isabel Lorca Martín de Villodres en su tesis doctoral o José Sánchez-Arcilla en su Historia del Derecho y de las Instituciones en sus diferentes versiones, unas realizadas con Emma Montanos y otras por cuenta propia. Sólo hay que ver lo que escribe sobre el Partido liberal, el Partido conservador y el P.S.O.E., para observar que ha seguido muy de cerca el manual de Escudero en su versión de 1985. Sánchez-Arcilla no es, sin embargo, un copista, ni un copión, es un picopia. El picopia toma de aquí, de allá y de acullá, pero lo hace inteligentemente, sin citar prácticamente a nadie, en contraste con José A. Escudero que cita a todo el mundo, incluso a los que no deberían ser citados. Además, Sánchez-Arcilla en su manual copia las pp. 294, 295, 296, 297, 401, 571, 573 y 578 de Francesco Calasso, Medio evo del Diritto, sin acordarse de indicarlo. No obstante, lo de Sánchez-Arcilla no es plagio en sentido estricto ni lato sensu considerado, pese a que así se haya dicho y puesto por escrito, sino que forma parte de un modelo intelectivo-generativo-concluyente de simples concordancias imitativas en un proceso redaccional de convergencia paralela, que nada tiene que ver con lo que pone de manifiesto el análisis crítico de Benjamín González Alonso en Renacimiento y miseria de la Historia Institucional, publicado, hace más de dos décadas, en la Revista de Estudios Políticos, nº. 33 (1983), pp. 169 - 185, donde se hace una valoración bastante completa de las coincidencias existentes en la información recogida en la tesis de J. Sánchez-Arcilla, leída en 1980 y publicada ese mismo año que llevaba por título La administración de justicia real en Castilla y León en la baja Edad Media (1252 - 1504), y las de Salustiano de Dios, titulada El Consejo Real de Castilla (1385 - 1522), así como la de Torres Sanz, sobre La administración central castellana en la Edad Media, ambas defendidas en 1979 y publicadas tres años más tarde (pp. 175 - 185). Seamos realistas, Sánchez-Arcilla Bernal se ha informado y ha tomado datos de Salustiano de Dios, como también lo hace del Curso de Escudero, sin citarlo, pero no ha plagiado el Curso. Integra lugares comunes y se ahorra el desmenuzamiento de la lectura de unos y otros, tanta letra pequeña y tanta cita erudita. Sánchez-Arcilla está para las grandes construcciones y no se puede levantar la catedral de León estando pendiente de las baldosas de una capilla lateral, del color de la cinta de la capa del Bastardo de Calabria o de los hilos de oro de la túnica del infante Don García, hijo de Alfonso VII el Emperador. Pensamos que no hace falta explicar el paralogismo y sí de una vez por todas cerrar el tema: Sánchez-Arcilla no plagia, no hay en sus escritos más de diez palabras seguidas tomadas de alguien sin que ponga comillas. Quiero dejar ya definitivamente claro este asunto como persona ajena a las escuelas oficiales de historiadores del Derecho y no perteneciente a ninguna de ellas, lo que me permite escribir con claridad y libertad. Lamentablemente al recibir el libro de Sánchez-Arcilla, Jacobus, id quod ego. Los caminos de la ciencia jurídica (Madrid, 2003) surgen nuevos interrogantes y no basta sólo indicar lo que dice un autor, poniendo su nombre, hay que integrar como texto suyo todo lo que dice con las correspondientes comillas. Parece ser que aquí Sánchez-Arcilla en parte lo ha vivido, lo que no podemos asegurar es que lo haya logrado del todo. Lo veremos o lo verán otros en próximas recensiones, ya que con la presente es mi intención despedirme del complejo mundo de la Historia del Derecho y retornar al Derecho Eclesiástico del Estado y a la Historia de las Relaciones Internacionales.

 

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