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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.26 Valparaíso  2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552004002600031 

Estudios Histórico-Jurídicos 26, 626-633

BIBLIOGRAFIA

Fernández de Buján y Fernández, Antonio, Derecho público romano y recepción del derecho romano en España, Europa e Iberoamérica (6ª ed., Madrid, Civitas Ediciones, 2002), 391 págs.

 

Carmen Ortín García


 

Hace sólo unos días, concretamente el doce de mayo del presente año dos mil cuatro, que la Universidad de Málaga tuvo el honor de recibir al Profesor Antonio Fernández de Buján que en su calidad de miembro de la Comisión de Legislación nos informó sobre las propuestas de reformas en materia de Jurisdicción voluntaria. No es mi propósito hacer mención (porque a nadie sorprendería) del éxito de la conferencia, sólo quiero decir que tan afortunado evento, coincidió casualmente con mi lectura de su magnífica monografía Derecho público romano ya en su sexta edición. Esta coincidencia y una íntima razón son las que me "invitan" a hacer esta breve reseña. Han pasado muchos años, preñados de sucesos, que me han permitido (por su amistad con mi maestro Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Málaga y discípulo de Pablo Fuenteseca) saber, más de cerca, sobre la persona del autor de este interesante libro; hoy la vejez me autoriza a confirmar que su profesionalidad _reconocida por todos_ no es más que una fiel compañera de su talante humano.

Me resulta difícil y no lo voy a intentar, resumir el contenido de un libro tan denso y rico en matices y datos, en el espacio forzosamente limitado de una recensión y más difícil hacer balance de los méritos de este ejemplar profesor o simplemente enumerar cuanto en la obra es merecedor de elogios; me voy a limitar a un breve apunte de cada capítulo entreteniéndonos algo más en el capítulo XVIII que despierta especial interés por novedoso, como ya anuncia el propio autor en el prólogo; y lo haremos _honradamente lo digo_ después de vencer un tremendo pudor que me provoca mi falta de autoridad.

El desarrollo de la obra lo ajusta el A. al siguiente esquema: en los dos primeros capítulos recoge de forma precisa y clara, aunque resumida, tanto la denominación convencional de Derecho romano, como las diferentes fuentes (en orden cronológico), metodología, enseñanza, acontecimientos según la época, etc., o las diferentes etapas históricas, dentro de la relatividad que supone dividir la historia de Roma y su Derecho en períodos determinados. Sin embargo, destacaríamos, por el interés que despierta, los apartados: primero el apartado B) del capítulo I (p. 25) que bajo la rúbrica "Valor actual del Derecho Público Romano", parece querer llamarnos la atención (ya desde el inicio de la obra) que las primitivas leges publicae, votadas por el pueblo, en el período republicano, sustentan el contenido de nuestro Derecho Público, que además lo debemos considerar inderogable. Segundo en el apartado D) del capítulo II (p. 55) ahonda en su tesis, manteniendo que el ius publicum es el elemento esencial del Derecho Europeo, como ya confirma el propio título de dicho apartado. La influencia del Derecho Romano en la Codificación del Derecho Civil en los países europeos es indiscutible, pero la recepción se produce de forma paulatina y sobre todo por vía universitaria: en el siglo XII se crean las primeras Escuelas de Derecho en Inglaterra, primero en Oxford y poco después en Cambridge; Alemania tardó dos siglos más, concretamente a finales del siglo XIV en Heidelberg. Los portugueses fueron más receptivos en nuestra opinión, seguramente influenciados por la labor legislativa de Alfonso X el Sabio (Fuero Real y Partidas); pero sobre todo por una reacción general que se produce en el siglo XIII contra el Derecho Común. Añadiríamos también que el valor del Derecho Romano hoy lo ratifica su estudio en las Universidades italianas, españolas, escocesas, belgas, polacas, húngaras, suizas, austriacas, francesas (como Derechos de la antigüedad, nombre que ahora hace fortuna en Italia y da nombre a la nueva área de conocimiento IUS/18, "Diritto romano e diritti dell'antichità", que no sólo se estudia en Derecho, sino también en otras carreras como las de Arqueología, Estudios Europeos, Relaciones Internacionales, Historia Medieval e Historia Antigua), algunas de las alemanas y holandesas, bien pocas de las inglesas y en la casi generalidad de los países latinoamericanos, especialmente en los más cultos. También se estudia en Harvard, la Universidad más importante del mundo, que cuenta con un fondo bibliográfico de más de seis mil quinientos volúmenes de Derecho Romano.

Ya más adelante, nos confirma el A. su autoridad en esta materia, al llegar al capítulo XVII que personalmente nos ha resultado enriquecedor por razones varias pero sobre todo por su especial magisterio y la cantidad de datos que aporta respecto a la labor, en la práctica jurídica, de los Comentaristas completando y superando el método de la Escuela Boloñesa iniciada por Irnerio seguida por los glosadores; tampoco debemos dejar de mencionar la extraordinaria brillantez de exposición en el apartado dedicado a Las Partidas (p. 252) tipificándola de monumento del Derecho Común. Muy ilustrativos resultan los dos siguientes capítulos (III y IV) al efecto de conocer mejor los orígenes de la Civitas romana en la Italia primitiva; aunque es lícito sospechar que los datos estén manipulados, por la incertidumbre sobre algunas fuentes y por lógicos intereses de algunos pueblos, se tienen noticias (parece que comprobadas) que fueron tres etnias (sabinos, etruscos y latinos) los que originaron la formación de Roma; y decimos "formación" y no "fundación" porque compartimos la opinión de Juan Miquel (p. 63) que la primera Civitas fue el resultado de un proceso de integración de las diversas (y dispersas) aldeas que se encontraban en las colinas romanas y que una vez integradas asumen, además, la lengua de los latinos (el latín) por ser la de mayor riqueza y perfección gramatical, siendo la lengua por excelencia durante muchos siglos; la organización política gira alrededor de grupos domésticos (familia agnaticia) en la que destaca como sujeto único de relaciones jurídico-patrimoniales el pater, y en la que la unión de sus miembros no lo determinan los lazos biológicos, sino la sumisión al mismo paterfamilias; cuando el término agnación le cede su sitio al de cognación, aparece la gens: conjunto de familias con un antecesor común. A pesar de la corta extensión de los capítulos el A. sabe entresacar los datos precisos para dar una idea muy amplia de lo que fue esta antiquísima época (753 - 510 a.C.).

La época republicana conforma los capítulos del V al XI; extensión justificada por incluir una importante exposición, clara y sistemática de la Codificación de la Ley de las XII Tablas, un hito en la historia de Roma. Comienza por el tradicional relato de Tito Livio (3, 34, 6), pero la particular "entonación" didáctica del A. induce al lector "oirla" con la tensión que si de una clase se tratara; respecto al contenido de cada una de las Tablas, no se le escapa al A. de advertirnos de la importancia que la interpretatio tiene, no sólo por parte de los miembros del Colegio Pontifical sino también la realizada por juristas laicos. Como el A. no entra en conclusiones deducimos nosotros la existencia en estos capítulos de dos opiniones contrapuestas sobre esta ley decenviral; los que la ven como una lex Comitialis o los que la consideran por el contrario una ley patricia concedida a la plebe. De su trascendencia posterior nadie discute.

Después de un concienzudo estudio del Principado de Augusto en el capítulo XII y del Imperio Absoluto en el XIII (reseñando la importancia de la ley de citas) nos brinda el A. a continuación un interesantísimo análisis histórico-crítico de las fuentes del Derecho y del Derecho Penal Romano que agotan los capítulos siguientes; y así llegamos al capítulo XVIII que nos exige una detenida atención por novedoso como anunciábamos al inicio.

La recepción del primitivo Derecho romano, con sus altibajos a lo largo de los siglos, siempre ha sido caballo de batalla para historiadores y juristas conscientes de su importancia. En nuestra opinión, la presencia de Roma en España, con motivo de la segunda Guerra Púnica, es uno de los sucesos más trascendentales de nuestra historia; tanto que su presencia _en una cronología exclusivamente hispánica_ debería marcar el comienzo de una nueva era; porque Roma, no sólo consiguió someter al mundo a un mismo patrón de cultura, sino que, a España, como provincia romana, la indujo a una unidad hacia la cual había de tender ya siempre toda su historia.

Pero también, por otro lado _y siempre a nuestro modo de ver_ , España y en compensación, fue para Roma una copiosa fuente de ingresos que le permitió restaurar las "arcas del Estado" sensiblemente empobrecidas con tantas guerras y alguna derrota; tanto es así, que los historiadores cuentan que Cádiz (ciudad unida a Roma por medio de un pacto y pionera en adoptar su lenguaje y su derecho) mandó una embajada protestando de que se nos hubiese enviado un intendente de abastos (praefectus annonae) con la intención de recaudar impuestos, "igualándonos" con las demás ciudades sometidas a Roma (civitates stipendiariae) no les faltaba razón a los gaditanos, recordemos que _y sólo por poner un ejemplo_ Plinio pone fin a su famosa Historia natural con un elogio a España, considerándola el segundo en importancia (después de Italia) entre los países entonces conocidos; por ello, quizá, tampoco esté exento de razón Ortega cuando dice: "La historia de Roma nos la cuentan con un ritmo creciente, tan próximo a la perfección, que más que una crónica nos parece escuchar una sinfonía" (como nos recuerda el autor en el prólogo de esta obra, p. 18).

En el campo estrictamente jurídico, creemos también, que la romanización _ahora del derecho_ no es fruto o consecuencia de la dominación bélica de los pueblos, cuando Roma ocupaba, sólo imponía por la fuerza la paz y el orden a los pueblos conquistados, pero a los mores mayores (incluso religiones y lenguas) siempre fue respetuosa, quizá por ello, cuando el Derecho romano consigue imponerse como norma general, los pueblos no lo consideran pérdida de libertad, sino una ventaja y hasta un privilegio.

A lo largo de todo el capítulo destaca del autor la extremada minuciosidad en la confirmación de los datos, su sorprendente capacidad de síntesis, sin olvidar el autor apoyarse en mapas, tablas cronológicas e índice analítico, para mayor claridad expositiva, que consiguen transmitirnos esa particular forma que tiene el autor de ver la instituciones romanas como una manifestación popular, de adscribir los fenómenos jurídicos a cada pueblo y a cada tiempo, de impregnar a las leyes romanas de tanta vivacidad y evidencias, que la obra, aunque de difícil contenido, se haya convertido en los últimos años en uno de los principales componentes de la "dieta académica" en España en el estudio del Derecho público romano, y que interesa no sólo a estudiantes o investigadores, sino al simple lector, que sólo busca información de las distintas épocas romanas de las que está alejado por el tiempo, pero que no obstante, puede aún sentirse próximo, por la abundancia de noticias de descubrimientos arqueológicos por ejemplo, hechos _por cierto_ que al A. no se le escapa citar (ver pág. 263); porque Antonio Fernández de Buján, una vez más, demuestra con sobrados testimonios en la obra, que un buen docente, no debe limitarse a la profesión que ejerce sino que debe encontrar tiempo en el quehacer de cada día para adentrarse por campos diversos del mundo cultural, histórico y artístico y aunque el autor de forma expresa nos define la docencia como "la necesidad de transmitir subordinando la erudición a la claridad", él consigue en el libro, no sólo que estos dos valores ocupen el mismo plano de forma armónica, casi mágica, sino la difícil tarea de compaginar con precisión Historia y Derecho.

Los resultados alcanzados en esta monografía justifican el que esperemos, y acaso debamos exigirle, al A., que no deje de seguir hurtando tiempo a la labor docente y legislativa para ofrecernos obras historiográficas como ésta que sacien la curiosidad que todos tenemos sobre aquel pueblo romano del que se nutre nuestro vigente Derecho. Esperamos y se lo agradecemos de antemano, que su actual proyecto, pronto vea la luz y complete aún más la magnitud de la construcción novedosa y amplísima que está llevando a cabo de un Derecho Administrativo Romano y de un Derecho Tributario Romano.

 

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