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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.26 Valparaíso  2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552004002600045 

Estudios Histórico-Jurídicos 26, 660-662

BIBLIOGRAFIA

Mateo, Antonio, Observaciones sobre el régimen jurídico de la minería en tierras públicas romanas (Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2001), 227 págs.

 

Patricio Lazo


 

A lo que a veces se ha dado en llamar "derecho minero romano" _me refiero, concretamente, a Negri_ se ha aportado la mayor parte de las veces con trabajos de gran calidad, como corresponde a una disciplina científica que ha alcanzado altos grados de desarrollo. El trabajo en comento contribuye, y satisfactoriamente, a mantener esta impresión. Debe desde ya destacarse que el A., discípulo del desaparecido maestro español A. d'Ors, había irrumpido en la escena romanística con un muy interesante trabajo acerca de la naturaleza de la actividad del manceps, del redemptor y de los publicanos, todos ellos personajes familiares a quienes investigan sobre el derecho público romano. Ha sido probablemente la cercanía con estos temas lo que ha motivado al A. el acercamiento a una de las actividades económicas de mayor importancia en la Antigüedad, como lo era la minería.

Esta monografía se divide en tres partes, a más de la Introducción, a saber: Primera: El régimen jurídico republicano de la minería pública; segunda: El régimen jurídico-fiscal de las minas de Vipasca; tercera: El tránsito de la minería pública en Hispania desde la República al Imperio. La obra cuenta, además, con índice de fuentes. Desde el punto de vista de la exposición de las materias, el A. expresa que las respuestas a las interrogantes que lo llevaron a esta investigación están desarrolladas en la tercera parte y recaban su fundamento en las dos anteriores.

En lo que sigue intentaré sintetizar algunos de los aspectos que el A. desarrolla en su obra y que me parecen los más valiosos.

La primera parte aborda la cuestión del modo de explotación minero propio de la época republicana. Se trata éste de un tema nada fácil y que, debido a la insuficiente información que proporcionan las fuentes de esta época en relación con el tema minero, ha llevado a la elaboración de un significativo número de estudios. En efecto, de acuerdo con la exposición del status quaestionis que ofrece el A., los argumentos oscilan entre la afirmación de la explotación directa de las minas por parte de los poderes públicos (Frank), la recaudación de impuestos por parte de los mismos poderes públicos (Richardson), el arrendamiento de la actividad minera a publicanos (Brunt, Domergue), y, finalmente, el arrendamiento de la recaudación de impuestos también a publicanos (Calboli).

Para el A., en cambio, el régimen jurídico no habría sido uno solo, sino que éste habría sido distinto, dependiendo de los tipos de yacimientos. Así, las explotaciones a cielo abierto (dentro de las cuales tenía un régimen especial la explotación de oro) habrían mantenido un régimen jurídico distinto al que se observa para la minería subterránea, que presentaba la posibilidad de extraer minerales raros, como el minio y el rejalgar. El hecho de que se tratase de la explotación subterránea de metales comunes, o bien de que los yacimientos se encontrasen en la región macedónica habría contribuido también a la diversidad de regímenes jurídicos. Asimismo, la facilidad o dificultad para la individualización del objeto de aprovechamiento, habría incidido fuertemente en la determinación del régimen jurídico: ahí donde el aprovechamiento fuese difícil de individualizar, por la rareza del mineral, la explotación se habría hecho en forma directa por las sociedades mineras, que, por lo demás, explotaban monopolísticamente el yacimiento; si, por el contrario, el disfrute minero era fácilmente identificable y se trataba de tierras públicas no atribuidas a un concesionario en particular, la explotación era libre, al punto de no requerir siquiera un permiso administrativo. Estas características habrían hecho posible el arrendamiento de la recaudación de impuestos, a cargo de los publicanos. Ello significaba, en buenas cuentas, que la explotación minera se organizara por parte de los concesionarios _cuando era el caso_ a través de la explotación directa con los propios medios, o bien a través del arrendamiento de la extracción a terceros, o bien por medio de la formación de sociedades con terceros no concesionarios. Con todo, una fórmula recurrente habría sido la llamada locatio censoria, esto es, el arrendamiento que podía ser de la sociedad minera, o bien del cobro de ciertos impuestos a los mineros asentados en tierras públicas.

La segunda parte la dedica el A. al régimen jurídico-fiscal de las minas de Vipasca. Como se sabe, los bronces de Vipasca se han convertido en una de las principales fuentes del conocimiento del régimen jurídico minero durante la época del Principado. El A. identifica dos problemas que no han quedado resueltos por la doctrina: se refiere, concretamente, a la forma o formas de adquisición y contenido del derecho minero. Para abordar el primer problema, el A. agrupa las tesis en dos grupos: de un lado se encuentran las que denomina "aparceras", por cuanto todas, con diferencias de matices, proponen entender que Fisco y minero se repartían por partes iguales el mineral que era extraído por el último; al otro lado, se encuentran las tesis que aceptan la existencia de la venta de los pozos. Dentro de cada grupo hay un número no menor de aportaciones de estudiosos.

Las tesis "aparceras" merecen crítica, por cuanto configuran un régimen insostenible: la desigualdad entre lo que habría recibido el minero a cambio de lo que habría entregado al Fisco romano, habrían hecho imposible que alguien quisiera aventurarse en una empresa minera; sencillamente, un régimen de aparcería como el que quieren los sostenedores de esta tesis habría resultado económicamente inviable. Además, una verdadera aparcería no existiría, en realidad: no obstante que el Fisco vendería la mitad del pozo, recibiría a cambio la mitad del rendimiento de éste; luego, el minero no habría obtenido retribución alguna por el trabajo realizado en la parte fiscal.

El texto de Vip. II, 5 (puteum a fisco venditum continuis sex mensibus intermissum alii occupandi ius /[es]to ita cum venae ex eo proferentur ex ore pars dimidia fisco sava sit) da ocasión para una interesante crítica a la postura de Mispoulet. De acuerdo con este autor, este capítulo consagra el derecho del Fisco a recibir la mitad de lo que logre extraer el nuevo minero (esto es, del que ocupa el pozo que el antiguo propietario había debido abandonar). Para nuestro A., en cambio, se trata del derecho que asiste al Fisco de vender de nuevo su mitad al actual ocupante. La ocupación de los pozos no sería gratuita, sino que el nuevo ocupante debería pagar nuevamente la pars dimidia fisci, esto es, el precio correspondiente a la mitad del pozo. A su turno, la expresión ex more, que ha dado pie para afirmar el reconocimiento a un derecho consuetudinario, no tendría este sentido, sino uno diferente: tendría por objeto evitar que el nuevo ocupante alegue el desinterés del Fisco en el pozo, por haberlo vendido ya.

Contra la opinión de quienes quieren ver un cierto paralelismo entre la situación de los saltus africanos y los coloni de Vipasca, afirmando con ello de paso las tesis "aparceras", el A. se apoya tanto en lex Irnitana 79, como en la opinión de A. d'Ors, para sostener que la expresión coloni que se lee en los bronces, se utiliza en un sentido amplio, como sinónimo de habitante y no en el sentido más restringido de ocupante de tierras fiscales.

La tercera y última parte la dedica el A. a intentar responder a dos preguntas: la primera, si acaso produjo algún efecto de importancia en el régimen jurídico minero el paso de la República al Principado; la segunda, si de haber existido tal cambio, en qué consistió y por qué razones (p. 17). La intuición del A. es que tal cambio efectivamente se produjo. Ahora bien, los testimonios acerca del papel que en esto cupo a Augusto y a sus sucesores en la dinastía Julio-Claudia, permitirían descartar la posibilidad de que sean éstos quienes hubiesen configurado el nuevo régimen fiscal de las minas, esto es, aquel en el cual es el Fisco el verdadero gestor de la actividad minera. Vespasiano aparece entonces como el principal agente de este importante cambio. Es esta la conjetura que preside la línea argumental de esta última parte y que el A. se esforzará por probar.

Vespasiano se habría propuesto eliminar el mal estado en que se encontraban las finanzas públicas, para lo cual habría puesto en marcha una serie de políticas destinadas a este fin. Parte de esta tarea la llevó a cabo interviniendo en el ager publicus de Italia. Esta intervención habría tenido una importante repercusión tanto para las finanzas como para un mejor conocimiento de la situación de la tierras en las distintas regiones. Por lo mismo, no resulta extraño que esta misma actividad haya incorporado en algún momento al ager publicus provincial. De ahí la pertinencia de la pregunta que el A. se hace, en el sentido de si pudo esta reorganización del suelo haber alcanzado a las minas, toda vez que estas forman parte de lo que, en términos amplios, puede denominarse "suelo". El A. intenta responder afirmativamente a esta cuestión; sería el emperador Vespasiano el más probable artífice de la adaptación del régimen de la minería a la administración fiscal, que venía experimentando no pocos cambios desde hacía ya bastante tiempo. Nuevamente, los argumentos del A. aprovechan las pocas fuentes existentes para desplegar, a partir de ellas, las hipótesis de reconstrucción. Las expresiones occupare y usurpare, así como la dicotomía adsignati y ocupati, presentes en Vip. I, 9 y Vip. II, 18, respectivamente, sugerirían la integración de las minas públicas en el aparato administrativo; en su actuación, el Fisco habría diferenciado entre los pozos que ya se encontraban ocupados, de los demás; estos últimos habrían sido asignados a los colonos como parte del programa de control de la actividad minera sobre suelo público.

Los aspectos reseñados no son más que parte de un abanico más amplio y rico de cuestiones que, a lo largo de toda esta monografía, son desarrollados con acribia. Los argumentos del A. vuelven verosímiles sus intuiciones y convencen. La valoración de la obra no puede sino ser la mejor y se configura como un sólido aporte a la investigación romanística, en particular, aquella que apunta hacia lo que el mismo A. gustaría en llamar "derecho administrativo romano". Agréguese a lo anterior que con mucha probabilidad, esta obra contribuirá a abrir nuevos cauces de investigación e incitará a debatir. Es de esperar que no sólo romanistas sepan sacar provecho de esta obra, sino también los estudiosos del derecho de minería, disciplina esta última que, al menos, en Chile, cuenta con cultivadores de prestigio y de alto nivel científico; es decir, suficientemente preparados como para valorar los aportes que la romanística puede hacer a su disciplina.

 

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