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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.26 Valparaíso  2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552004002600051 

Estudios Histórico-Jurídicos 26, 676-680

BIBLIOGRAFIA

Ortuño Pérez, María Eugenia, La institución de heredero en el derecho sucesorio de Cataluña y sus antecedentes romanos (Madrid, Edisofer: Libros jurídicos, 1999), 239 págs.

 

Carmen Ortín García


 

No han de verse, en estas líneas, más que unos deshilvanados trazos que intentan advertir de la novedad e interés de este trabajo. Si la prudente extensión que toda recensión debe tener resulta insuficiente para glosar las ideas expuestas por la autora, resulta aun más insuficiente mi autoridad para completarlas o enfrentarlas a las mías. Desde siempre se ha advertido, con razón, que la doctrina romanística española ha sido un tanto ingrata con el Derecho de Sucesiones; son muchos y muy importantes los Institutos que componen este apartado del Derecho y apenas se ha dedicado a los mismos un trabajo dogmático completo; por eso hemos de considerar un acierto que María Eugenia Ortuño, de prestigioso magisterio _así la califica Armando Torrent en el prólogo de la obra_ haya fijado su atención en un tema tan importante como es la institución de heredero. Porque, a nuestro modo de ver, la heredis institutio, como cualquier otro instituto mortis causa que analicemos, no debe considerarse un mero tema discutible en una más o menos elegante didáctica de cátedra sino un tema siempre candente en la práctica jurídica de cualquier período histórico en que lo ubiquemos. Si el derecho y la vida van unidos, la institución de heredero es un ingrediente de la vida misma; pero sobre todo _y siempre desde nuestro punto de vista_ tendremos que considerarlo como un fiel exponente de la tradición jurídica que con las talas y reajustes necesarios, permanece aun hoy con el mismo criterio del primitivo Derecho Romano.

El libro sigue un esquema de estudio y desarrollo que podríamos llamar tradicional: originando el objeto del trabajo, se analizan cronológicamente las modificaciones hasta llegar a los objetivos inicialmente propuestos, objetivos que fácilmente se aprecian por la lectura de la obra que por bien escrita, además de fácil es amena. En la primera parte de las dos en que se divide el libro, la A. arranca con un delineamiento del Derecho hereditario romano recogiendo las más importantes discusiones científicas, en cuyo mismos términos se sigue debatiendo en la moderna romanística, porque la sucesión mortis causa es mucho más que un mero modus adquirendi lo es hoy, pero mucho más lo fue en Roma; concordante con ello la A. consume el contenido del primer capítulo, sin olvidar incluir en él el siempre eterno debate sobre la prevalencia de la sucesión testamentaria o ab intestato, tomando partido sin concesión alguna a la gratuidad en las afirmaciones o razonamientos. Sobre este particular la autora se pronuncia por la postura mantenida por el más importante sector doctrinal, haciendo especial referencia a los razonamientos de Perozzi (pág. 46): originariamente la adquisición de los bienes por los hijos a la muerte del pater se produce por la fuerza de la costumbre; era un acto tenido como derecho y reconocido por todos. A pesar de los poderes que ostenta el padre, a su muerte, se produce un reemplazo automático en su posición jurídica por parte de su hijo, sin necesidad de ningún acto de disposición (del padre), ni de aceptación (del hijo); no hay pues acto de disposición. La transmisión patrimonial es una consecuencia lógica de ese reemplazo en la soberanía doméstica por parte del sui, con el fin de conseguir mantener la unidad familiar incluso después de la muerte del causante y en caso de no existir sui, el causante debería procurar (mediante la adrrogatio por ejemplo) un sucesor: "si intestato moritur suus heres". Por consiguiente, no podía hablarse en la Roma primitiva de supremacía de un tipo de sucesión sobre otro. Hay que esperar a una época algo más tardía para reconocer la incuestionable prevalencia de la sucesión testamentaria por la aplicación del principio: nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest (Inst. 2, 14, 5). Junto a estas consideraciones personales, de forma paralela y fiel al planteamiento dogmático de su investigación, afronta la A. las teorías del sector doctrinal que reconocen la prevalencia originaria de la sucesión ab intestato: M. Kaser, P. Jörs-W. Kunkel; los italianos Coli y Arangio Ruiz y entre los españoles A. Torrent. Sin olvidar que autores de la categoría de Bonfante y Fadda, entre otros, mantienen posturas contrarias, dedicándoles una exposición detenida también. Que la exigencia del carácter necesario de la institución de heredero, es una particularidad interesante _y preocupante también_ para la A., nos lo había anunciado ya el propio título de la obra. Este requisito y su evolución componen los dos siguientes capítulos, segundo y tercero concretamente.

Aunque el asunto, menester es reconocerlo, cuenta ya con serios y concluyentes estudios, por el contrario el requisito imprescindible de la heredis institutio para la solidez del testamento sufría una importante orfandad. En el campo evolutivo donde la profesora Ortuño nos brinda una importante labor de camino, que no de posada, y lo creemos así, porque la investigación histórica obliga no sólo a llevar una minuciosa cuenta particular de la evolución del instituto que nos ocupa, sino a mucho más: para llegar a entender bien lo que es y fue la institución de heredero es necesario conocer los presupuestos que nutren el Derecho sucesorio romano, en general, y en especial los referentes a esta institución, pero sobre todo _y nos parece lo más relevante_ aplicarlos a cada tiempo, es decir, a las sucesivas ordenaciones del derecho hereditario, que mostrarán _eso sí_ concordancias y discordancias con nuestro primitivo sistema hereditario.

De manera que si todo estudio monográfico de una puntual cuestión acarrea siempre serias dificultades metodológicas, en este caso la complejidad se verá acrecentada, para conseguir _como consigue la A._ dar una amplísima vista panorámica, desde ese amplio y complicado mirador que es el derecho sucesorio; donde es necesario aunar parentesco, derechos, obligaciones, costumbres... siempre bajo el telón de fondo de la voluntas testatoris.

Una especial atención nos merece el apartado 1,1 (del capítulo III de la primera parte, pág. 93) sobre el principio voluntas o favor testamenti. No creemos necesario hacer ahora mención de los formalismos y solemnidades requeridas para una correcta institución de heredero, como tampoco de la dulcificación que esta rigidez en las formas van paulatinamente sufriendo. Nos detendremos únicamente en la supresión de formalidades que tuvo su colofón en una constitución de Constantino de fecha incierta (probablemente entre 330 a 339) de la que se tiene conocimiento a través de Justiniano (CI. 6, 23, 15). Esta importante constitución provocó una transformación primero en los requisitos exigidos para la validez del testamento, segundo en la desvinculación de la eficacia del testamento a la heredis institutio y lo que es más importante se reconoce supremacía a la voluntad por encima de formalidades con las incidencias que estas importantes modificaciones tuvieron a la llegada al poder Justiniano (de las que la A. da cumplida cuenta), culmina la primera parte.

Con la rúbrica genérica de antecedentes visigodos y altomedievales empieza la segunda parte y se desarrolla el núcleo central del trabajo. Aunque se discute, parece que fue el año 988 el inicio emblemático de la realidad política catalana, cuando el Conde Borrell pide (inútilmente) ayuda al rey franco Hugo, y deja por ello de prestarle vasallaje. Anteriormente Cataluña había formado parte del antiguo reino visigodo. Después de la invasión árabe, que se extiende hasta territorio francés Carlomagno sintió la necesidad de constituir una zona fronteriza, fuertemente vigilada para evitar una nueva invasión árabe. La dependencia con Francia se rompe con el Tratado de Corbell entre Jaime I el Conquistador y Luis IX de Francia.

Desde el punto de vista del Derecho público, en la época visigoda los territorios sobre los que se realiza su asentamiento no perdieron su condición de provincia romana, manteniendo una relación de foederati. En el ámbito del Derecho privado y especialmente en el campo sucesorio, tiene aplicación sobre todo el Derecho romano, pero también el Derecho consuetudinario visigodo, llegando a fusionarse algunas de sus normas con las romanas. La recopilación de leyes llevada a cabo por Alarico II dio como fruto la Lex Romana Visigothorum que llegó a considerarse el cuerpo normativo de Occidente, como la obra de Justiniano lo fue de Oriente; aparece aquí el término testamentum pero no la sistematización del mismo. La legislación visigoda posterior [Código Leovigildo (572 - 586)] no aportó ninguna novedad como aprendemos por las citas de S. Isidoro. Sin embargo a la A. no se le escapa hacer referencia al Liber Iudiciorum, en cuyo contenido encontramos una importante referencia la institución de heredero en una ley de Chindasvinto (LV 4, 5, 1) para advertirnos que esta famosa ley solamente pretende poner límite a una potencial aplicación arbitraria de la figura de la desheredación.

Estamos de acuerdo, en resumen, con los que piensan que el Derecho sucesorio visigodo se configuró "como un sistema de reservas dentro de una hipotética libertad de testar" y que aún no existía en la legislación promulgada hasta ese momento una exigencia expresa como lo hacía el Derecho romano clásico a la institución de heredero.

El capítulo segundo, nos sitúa ya en los albores de la Baja Edad Media, cuando se toma conciencia de que el Principado de Cataluña constituye un Estado soberano. La situación geográfica de Cataluña, sus relaciones políticas y comerciales, propiciaron la toma de contacto con otras culturas, que dio lugar a su pronta participación en el proceso de recepción del Derecho romano, que se venía produciendo por la escuela de Glosadores, con cierta reticencia, eso sí, por parte de la sociedad catalana que consideró un evidente peligro para el derecho feudal autóctono, la eminente expansión y aplicación del Derecho romano. Quisiéramos nosotros apuntar aquí la salvedad que el rechazo no fue unánime. Hay campos que se oponen a la recepción como son la nobleza y el campesinado, pero también hay otros grupos favorables a la expansión como las nuevas clases de artesanos y comerciantes y sobre todo de los juristas y estudiantes formados ya en el extranjero fundamentalmente en Bolonia, tanto, que a pesar de este rechazo inicial, el derecho arraiga, y las leyes empiezan a contar con él (cuando la Justicia ya es tarea del Rey).

La labor de los glosadores se puede decir que entra en crisis a mediados del s. XII pero en esas mismas fechas surgen los comentaristas que, aunque preocupados sobre todo por la práctica del Derecho siguen sin embargo estudiando los textos romanos. Aunque inicialmente destacaron las figuras de Jacques de Revigny y Pierre de Belleperche, otras figuras, como el italiano Cino da Pistoia, reciben también la influencia de las formas escolásticas de la lógica y la dialéctica. A la reseña de estos estudios jurídicos (commentaria, consilia, tractatus) y su influencia en nuestra institución de heredero dedica también la A. una atención importante (pág. 147 ss.) pero algo más incompleta.

Con respecto al período comprendido entre los siglos XV - XVIII, la A. hace un acercamiento más exhaustivo de la formación histórica de la sociedad política catalana con el Derecho, para investigar la génesis de las normas, cuando en el campo jurídico se siente la necesidad de una recopilación con el fin de aunar la diversidad normativa existente en orden a la mejor utilización. Porque la pluralidad de normas en un mismo territorio, plantea el problema de sus relaciones recíprocas; pluralidad que se resuelve _en nuestra opinión_ en la relevancia que una puede tener para con las demás; y en este caso la impermeabilidad de cada norma parece restringirse en el sentido de que en un determinado ordenamiento originario, no puede tener valor las normas de otro ordenamiento si no es en base a las normas del primero, sin perjuicio de las necesidades sociales que el momento histórico puede demandar.

La tarea debió ser ardua, porque tuvo que transcurrir un largo período de tiempo para concluir la labor recopiladora consiguiéndose definitivamente en tiempos de Felipe II (III de Castilla), quien en las Cortes celebradas en Barcelona en 1599 se declaró el sistema de fuentes del Derecho catalán.

Una breve exposición del duro revés que significó para el Derecho catalán tanto el Decreto de Nueva Planta como el Movimiento Codificador (finales del s. XVIII y principios del XIX) propiciado por las Cortes de Cádiz se recoge en los capítulos IV y V como antesala de la definitiva codificación.

Precisamente sobre el Código de sucesiones por causa de muerte en el Derecho civil especial de Cataluña versa el último capítulo de la obra dando especial relieve a su artículo 125; en él se recoge fielmente, la doctrina romana del carácter fundamental de la institución de heredero recogida por Gayo (2, 229): "caput et fundamentum totius testamenti". Otras consecuencias inmediatas complementan el carácter universal de la sucesión testamentaria: la regla nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potet; la institución de heredero ex re certa pero sobre todo, la práctica habitual en Cataluña, acorde con el Derecho romano clásico de instituir a un solo heredero en la totalidad de la masa hereditaria, asegurando así, un mejor desarrollo económico.

He de confesar, por no guardarme nada, que he disfrutado con la lectura del capítulo III, no tanto por incorregible inclinación al derecho sucesorio, sino porque con ella he completado mis torpes buceos en la densa obra legislativa de Pedro III el Ceremonioso; disposiciones, que algunas de ellas alcanzaron aplicación nacional, además de convertir el s. XIV en el siglo de oro de la legislación catalana. Quisiera hacer constar que la materia está tratada con verdadero lujo de datos doctrinales; y como no nos duelen prendas hemos de admitir que da una cierta (y no criticable), preferencia a la doctrina catalana, pero sin obviar, por otro lado en ningún momento, su postura personal en cada uno de los problemas que se le van presentando, entrando en polémica incluso, con opiniones de gran peso en la romanística. La obra, en fin, nos ha parecido un magnífico laberinto de datos: políticos, sociales, históricos, culturales y legales, tan perfectamente manejados, que el lector lejos de sentirse perdido, llega fácilmente a la salida habiendo acumulado un valioso bagaje de conocimientos. El tema es un clásico, pero el buen hacer de la A. ha conseguido demostrar que los hitos de la investigación romanística no tienen agotados sus fondos. La obra que como señalábamos al principio está prologada por Armando Torrent, ya de por sí como este prefacio es garantía suficiente de que se trata de un concienzudo trabajo de investigación.

 

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