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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.26 Valparaíso  2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552004002600056 

Estudios Histórico-Jurídicos 26, 688-691

BIBLIOGRAFIA

Puy Muñoz, Francisco (coord.), Los derechos en el constitucionalismo histórico español (Universidad de Santiago de Compostela, Santiago, 2002), 283 págs.

 

Guillermo Hierrezuelo Conde


 

Refiriéndose a los Derechos fundamentales contemplados en la Constitución de Cádiz de 1812, Manuel Segura Ortega, Profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, nos relata algunos de los acontecimientos de la guerra de la independencia, y la posterior creación de las Juntas locales y provinciales para llenar el vacío de poder, hasta la creación en Aranjuez de la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino (pp. 15 - 43). Y fue esta Junta la que convocó a Cortes, hasta que finalmente se aprobó la Constitución en el año 1812. Los principios básicos de la Constitución de 1812 estaban regidos por la soberanía nacional, la separación de poderes, que se recogió por primera vez en un texto español, la nueva representación en Cortes y la confesionalidad del Estado e intolerancia religiosa (art. 12). Segura Ortega comparte la opinión de que "parece que la labor del poder legislativo puede ser limitada por el Rey en el sentido de que se podía negar a sancionar una ley y devolverla a las Cortes (art. 144), pero, en realidad sólo podía hacerlo dos veces ya que si la ley se presentaba por tercera vez el Rey tenía la obligación de sancionarla (art. 149)". Al analizar el poder judicial, la citada Constitución reconocía a los tribunales la potestad exclusiva de aplicar las leyes en el art. 242, y prohibía cualquier acto de intervención por parte del Rey o de las Cortes (art. 243). La representación adquirió un carácter nacional (arts. 27 y 28) y desapareció el mandato imperativo (art. 100). Al referirse a la cuestión religiosa, Segura Ortega subraya que "constituye la única excepción al espíritu liberal de la Constitución de Cádiz " (p. 27). A su juicio "el principal fallo de la Constitución de Cádiz fue la consagración de la intolerancia religiosa que, como ya se dijo en su momento, contradecía su espíritu liberal" (p. 41). Pero, sin duda, uno de los pilares básicos en los que estaba sustentada la Constitución gaditana era el reconocimiento y efectiva protección de los Derechos fundamentales por primera vez en la Historia del constitucionalismo español, si bien es cierto que "no contiene una declaración de Derechos en sentido estricto aunque ello no impide que un buen número de Derechos aparezcan a lo largo de todo el texto" (pp. 28 - 29). En el art. 4 se hacía una referencia genérica a Derechos como "la libertad civil, la propiedad y los demás Derechos legítimos de todos los individuos". Pero, sin duda, el más importante de todos estaba representado en la libertad de pensamiento (art. 371), a excepción, por supuesto, de los asuntos religiosos respecto de los cuales no se consagraba libertad alguna. En otras palabras, reconocía una libertad política, pero no la religiosa. Algunos de los Derechos reconocidos en la Constitución de 1812 eran el de la inviolabilidad o seguridad personal (art. 287), en relación con el habeas corpus del art. 290, y el Derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 306). Le haremos una observación a Segura Ortega. ¿Quisiera saber a dónde han ido a parar toda una amplia y coloreada gama de trabajos en torno a la Constitución de 1812 aparecidos en el Anuario de Historia de Derecho Español en los últimos doce años o el número monográfico que a dicha Constitución dedicó la Revista de Estudios Políticos en 1962, al cumplirse su ciento cincuenta aniversario?

El análisis de los Derechos fundamentales en la Constitución española _y de impronta liberal, progresista, moderada y conciliadora_ de 1837 (pp. 45 - 82) proviene de la mano de Joaquín Rodríguez-Toubes Muñiz, que imparte docencia como profesor en la misma Universidad de Santiago de Compostela. En realidad, "quiso reproducir el espíritu de la Constitución de Cádiz en un nuevo texto que no fuese esta vez motivo de enfrentamiento, sino ocasión de encuentro" (p. 46) e implantó la "monarquía constitucional". Una de las aportaciones más novedosas en este texto constitucional, que en el aspecto negativo era la de haberse suspendido con frecuencia por estados de sitio y situaciones de excepción, fue la de haber establecido la división de las Cortes en dos cámaras electivas (Senado y Congreso de los Diputados), al tiempo que introducía un Título I con once artículos en los que recogía algunos de los más importantes Derechos fundamentales, como la libertad de imprenta, sin ningún tipo de censura previa y la exigencia de jurados para la calificación de este tipo de delitos (art. 2); el Derecho de petición (art. 3), que se introdujo como novedad en esta Constitución para "todo español"; la igualdad de acceso a los empleos y cargos públicos (art. 5); la inviolabilidad personal (arts. 7 - 8) que prohibía las detenciones y el allanamiento del domicilio ilegales; la igualdad ante la ley que, aunque no estaba expresamente contemplada, se encontraba recogida de forma implícita en el mismo art. 4; la jurisdicción predeterminada y legalidad penal (art. 9), y la propiedad privada (art. 10), que no estaba enunciada expresamente como Derecho fundamental, pero sí implícitamente al afirmarse que ningún español podía ser privado de ella sin su consentimiento. Aparte de estos Derechos, otros también de naturaleza fundamental estaban enumerados fuera del Título I, como los Derechos de sufragio activo (arts. 15 y 22) y pasivo (arts. 23). En el aspecto negativo, Joaquín Rodríguez-Toubes destaca que "no se recogen en esta Constitución la libertad religiosa y la libertad de cultos", por considerar la mención expresa como algo "inoportuno" que podía ser motivo de discordia (p. 73). Otros Derechos ausentes en el texto constitucional fueron las libertades de opinión y de expresión, los Derechos de asociación y de reunión, así como la inviolabilidad del correo o el Derecho a la educación. En palabras de Rodríguez-Toubes Muñiz, la Constitución de 1837 tenía como objetivo fundamental "controlar el poder e impedir la arbitrariedad" (p. 78).

Nora María Martínez estudia la Constitución de 1845 y sus proyectos de reforma (pp. 83 - 109), y atribuye a la misma el carácter de "Constitución de facción" (p. 86). A similitud de su predecesora, el Título I de este nuevo texto ofrecía un listado de Derechos y libertades que coincidía con los reconocidos en 1837: la nacionalidad (art. 1); la libertad de prensa (art. 2), que fue desarrollada por la Ley de 6 de julio de 1845; la aplicación de las mismas leyes en el territorio estatal (art. 4), pero no contemplaba la unidad de fuero, lo que favorecía _en palabras de Martínez-Yáñez_ a las clases sociales más poderosas; y tampoco se recogía una declaración de confesionalidad en el texto constitucional, ni se prohibía el ejercicio de otras religiones (art. 11).

A María Carolina Rovira Flórez de Quiñones le corresponde el análisis de los Derechos humanos en la Constitución de 1869 (pp. 111 - 133). En este periodo constitucional se dictaron normas de la relevancia de la Ley municipal y la Ley orgánica provincial de 21 de octubre de 1868, el Decreto de 9 de noviembre sobre el ejercicio del sufragio universal, el Decreto de 26 de noviembre que reformó la organización del Tribunal Supremo de Justicia, etc. Los principios que aparecían enunciados en las primeras líneas de la Constitución estaban referidos a la soberanía, que residía en la Nación, y a la elección de los representantes de la Nación, que se efectuaría por el sistema de sufragio universal. Los Derechos del Título primero era factible suspenderlos temporalmente en circunstancias extraordinarias por una ley: ningún español ni extranjero podía ser detenido ni preso sino por causa de delito (art. 2); la inviolabilidad de domicilio de español y extranjero (art. 5); la libertad de domicilio para los españoles, que sólo quedaba limitada por sentencia ejecutoria (art. 6); y los Derechos de libertad de expresión por cualquier medio, Derecho de reunión y Derecho de asociación (art. 17). Otros Derechos fundamentales mencionados se referían a la inviolabilidad del domicilio de un español o extranjero residente en España, la libertad de la correspondencia, Derecho al juez competente, el principio de legalidad tributaria, etc.

El análisis de la Constitución de 1876, vigente hasta el golpe de Estado protagonizado por el General Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923, procede de la mano de Sonia Esperanza Rodríguez Boente (pp. 135 - 175). Destaca la autora los cuatro principios fundamentales que informaron esta Constitución: la doctrina conocida como "constitución interna", el "doctrinarismo", el ser una Constitución consensuada, y, finalmente, la de ser la "tercera" Constitución, basada en el Derecho consuetudinario o usos o convenciones constitucionales (pp. 149 - 156). La Constitución de 1876 se limitó en la mayor parte de los casos a una mera declaración de la existencia del Derecho, dejando para un posterior desarrollo su delimitación. En el Título primero se tenían en consideración una serie de Derechos fundamentales (pp. 158 - 170) mencionados en el Título primero "De los españoles y sus Derechos" (arts. 1 - 17), y entre los que se enunciaba la nacionalidad y los Derechos de los extranjeros (arts. 1 - 2); la detención (art. 3); la inviolabilidad del domicilio (art. 6.1); el registro de papeles y efectos (art. 6.2); la obligación _no el Derecho_ de defender la patria cuando fuera llamado por la ley (art. 3.1); la obligación de contribuir a los gastos (art. 3.1); el secreto de la correspondencia, en la medida en que establecía la prohibición absoluta a la autoridad gubernativa para retener o abrir la correspondencia confiada al correo (art. 7), etc. Rodríguez Boente realiza una dura crítica a esta Constitución de 1876 ya que "apenas esboza los Derechos fundamentales que consagra" y "define con menor amplitud los Derechos de los españoles que la Constitución de 1869" (p. 170).

Respecto a los Derechos humanos enunciados en la Constitución de 1931, aprobada el 9 de diciembre y vigente hasta 1939, Milagros Otero Parga, profesora titular de la Universidad de Santiago de Compostela (pp. 177 - 206), escribe que uno de los aspectos más problemáticos y controvertidos de la citada Constitución estuvo representada en el polémico art. 26 que se ocupaba de la "cuestión religiosa". Otero Parga destaca de la amplia lista de Derechos humanos y de garantías de los mismos que "procuró la solución de los tres problemas básicos que asolaban el país en aquel momento: el llamado problema religioso, el problema social y el problema militar" (pp. 185 - 186). En realidad, como señala Otero Parga, la Constitución del 31 no fue capaz de resolver ninguno de los tres principales problemas del momento: el religioso, el social y el regional. El texto constitucional dedicaba el tercero de los títulos a los Derechos y deberes de los españoles: el primero, bajo la rúbrica "garantías individuales y políticas" (arts. 25 - 42), y el segundo dedicado a la "familia, economía y cultura" (arts. 43 - 50). Dentro de las garantías individuales y políticas se mencionaban la igualdad (art. 25), el Derecho a profesar libremente cualquier religión (art. 27), el principio de legalidad penal (art. 28), inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia (art. 31), el Derecho a la libertad, que incluía la libertad de opinión (art. 34), el sufragio universal para ambos sexos (art. 36), los Derechos de reunión y asociación (arts. 38 - 39), etc. En el capítulo segundo, dedicado a la "familia, economía y cultura", se introducían importantes modificaciones y novedades respectos a los textos anteriores: la familia como institución especialmente protegida y situada bajo la salvaguarda del Estado (art. 43), la riqueza artística e histórica del país (art. 45), el trabajo como Derecho fundamental del ser humano (art. 46), etc. Son muchas las observaciones que se pueden hacer a esta colaboración de la prof. Otero. Da la impresión de que para ella no existan las Actas del Congreso de los Diputados y el encendido debate que se suscitó en torno al art. 26 y la defensa ardorosa que de la redacción del mismo llevaron a cabo los radicales socialistas y la posición de defensa de la Iglesia, de sus derechos y de la Compañía de Jesús en particular por parte de los republicanos católicos como Ángel Ossorio y Gallardo o Manuel Carrasco Formiguera. Por otro lado, Otero desconoce toda una amplísima bibliografía especializada sobre la Constitución de 1931 e incluso cinco tesis doctorales defendidas en Universidades francesas y publicadas en torno a la misma.

Francisco Puy se refiere a los Derechos humanos en las Leyes Fundamentales de España, recogidas en el Fuero de los Españoles de 1945, en el Fuero del Trabajo de 1938, en la Ley Constitutiva de las Cortes de 1942, en la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1946, en la del Referéndum Nacional de 1945, en la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958, y en la Ley Orgánica del Estado de 1967 (pp. 207 - 283). Francisco Puy, al analizar las Leyes Fundamentales, señala que "declararon de forma razonable la lista casi completa de los Derechos humanos entonces reconocidos, y aseguraron su efectividad con las garantías entonces activadas, y los limitaron, controlaron y suspendieron de forma homologable a como hacían los demás países del hemisferio occidental" (p. 212). El Derecho a la dignidad estaba reconocido en el Fuero de los Españoles, al igual que el Derecho al honor o al matrimonio, protegiendo la unidad y la indisolubilidad del mismo (art. 22). En la Ley de Principios del Movimiento Nacional se contemplaban y establecían las limitaciones pertinentes al Derecho a la propiedad (principio X), pero los Derechos individuales que tenían que ver con las situaciones familiares se encontraban regulados en las Leyes Fundamentales, que tipificaban jurídicamente la familia como la "célula primaria natural y fundamento de la sociedad". Como Derechos sociales se protegían el Derecho al trabajo, primero de los Derechos sociales (principio X de la Ley de Principios del Movimiento Nacional), el Derecho fundamental a la sindicación según el modelo de la sindicación vertical, unidad, cooperativa e integrada en el Estado, la libertad de empresa, el Derecho al ocio remunerado por la empresa, como contraprestación de las empresas al trabajo de sus obreros (Declaración XI, 1 del Fuero del Trabajo), el Derecho a la huelga, etc.

El propio Francisco Puy reconoce como novedad del presente libro la de "estudiar las partes declarativas de las constituciones históricas españolas y sólo ellas, dejando fuera del foco especulativo las partes dogmáticas", además de recurrir a "una sola fuente: las constituciones o leyes fundamentales españolas, y ninguna otra" para comprender los Derechos humanos (p. 10). Este planteamiento es un completo desacierto. En el libro de conjunto se hace una descripción de algunos Derechos recogidos en todas las constituciones españolas, a excepción de la actualmente vigente de 1978 y de la de Bayona, carta otorgada que no tuvo prácticamente vigencia efectiva y que son abundantes los historiadores del constitucionalismo español que acostumbran a prescindir de ella.

 

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