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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.26 Valparaíso  2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552004002600060 

Estudios Histórico-Jurídicos 26, 695-699

BIBLIOGRAFIA

Rodríguez Gil, Magdalena, La "incorporación" de reinos. Notas y textos doctrinales del Derecho Común (Universidad de Extremadura, Cáceres, 2002), 245 págs.

 

Guillermo Hierrezuelo Conde


 

Magdalena Rodríguez Gil es una granadina que durante muchos años ha sido Profesora Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Complutense de Madrid y hace apenas tres años ha accedido por concurso-oposición a la cátedra del mismo nombre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura.

El estudio de la cuestión relativa a la Monarquía hispánica y los territorios y reinos conquistados y anexionados, y la consiguiente "incorporación" de los mismos se circunscribe, según la autora, prácticamente a las tesis de Juan Manzano, en 1948, que fue el primero que planteó la cuestión de la "incorporación", y José Manuel Pérez-Prendes, en 1989, refiriéndose a las Indias, ignorando la importante aportación o minusvalorándola de Florentino Pérez Embid, Alfonso García Gallo e Ismael Sánchez Bella. Al analizar el pensamiento de Juan Manzano y Manzano, Magdalena Rodríguez afirma que "para este historiador las Indias se incorporaron a la Monarquía por vía de accesión, a diferencia de otros reinos como Portugal, o Flandes, que se agregaron en forma aeque principaliter" (p. 18). José Manuel Pérez-Prendes revisó la teoría inicial de Manzano en su "Monarquía Indiana y Estado de Derecho", y defendió la tesis de que "las Indias no se incorporaron a la Corona castellano-leonesa por el testamento de Fernando" (pp. 18 - 19). En el periodo de la Reconquista, las absorciones de unos reinos por otros condujeron a acuñar el término "conceptual". Su posterior evolución lleva a Rodríguez Gil a entender que "el vocablo `incorporación' implica unión de fe y en la potestad del monarca" (p. 22). Juan Ginés de Sepúlveda (¿1489 - 1573) en su De rebus hispanorum ad novum orbem Mexicumque gestis, conocido coloquialmente como De orbe novo, abogaba por la tesis de que el principio romano de la supremacía política "pasó a través del `Derecho común', a ser médula del comportamiento de los Estados bajomedievales y modernos" (p. 27). La evangelización fue el baluarte utilizado para el afianzamiento de las monarquías cristianas en los territorios infieles, al mismo tiempo que fortaleció notoriamente el poder de los reyes, que se presentaban como los vicarios de Cristo en la tierra. Magdalena Rodríguez destaca en el pensamiento de Sepúlveda la distinción en su obra de "el hecho de la conquista que obviamente no engendra efectos jurídicos, del acto o acción de la toma de posesión, que sí los engendra" (p. 36), si bien en su pensamiento elaboró una dura crítica al trato de los indígenas como esclavos, más que como criados. En realidad, el término "incorporación", refiriéndose a los territorios de las Indias, se ha utilizado para referirse de una forma muy simplista a la anexión de las Indias a la Corona de Castilla. Por esta razón, señala Rodríguez Gil que debería habérsele dado una significación distinta, "pues no dejan de existir indicios, de los que se puede deducir una función sinónima y paralela", que puede ser comprendida como "absorción" de la potestad de monarcas distintos para lograr una "integración", es decir, para "hacer entrar en un conjunto, a entidades separadas". Quizá fuera más correcto hablar de "integración", que fue la situación que acaeció en los territorios descubiertos (pp. 49 - 50). A pesar de estas lucubraciones, el testamento de Isabel la Católica reseñaba que se había realizado la adquisición y se refería a la incorporación.

En su dictamen titulado Iuris Allegatio pro Rege Catholico Philippo II, ad succesionem Regnorum Portugalliae, Luis de Molina Morales defendía a ultranza el derecho de Felipe II, "actuó más astutamente como abogado de parte, que como creador de doctrina jurídica", y "tendió a amalgamar el derecho de representación, con el de transmisión" (p. 72). Asimismo, hizo una interpretación sectaria respecto a los derechos alegados por Catalina, atribuyéndole prioridad o preferencia a la condición masculina de Felipe, por razones de índole política o "razón de Estado" (pp. 76 - 77). A modo de conclusión, Magdalena Rodríguez, refiriéndose tanto a Molina como a Sepúlveda, escribe que en sus discursos ambos pusieron "su saber y medios al servicio de la Corona aun por encima de la propia objetividad y justicia" (p. 82). La controvertida cuestión del "estatuto jurídico" del indio favoreció una revisión normativa, que Rodríguez Gil estudia en las siguientes etapas: revisión (1512 - 1533), ordenación (1534 - 1548), sustitución (1548 - 1566) y, finalmente, prohibición (1568 - 1573).

Este libro destaca por su relativo valor historiográfico y por reproducir la fundamentación jurídico-política del consejero Luis de Molina y Morales en su ya citado dictamen Iuris Allegatio, del que recoge la edición en latín, existente en la Academia de la Historia, sig: 9/5625, en las págs. 85 - 169, y la traducción al castellano en las págs. 170 - 245 de la presente edición. Hay que ver lo que ha mejorado con el paso del tiempo Magdalena Rodríguez Gil desde aquella época en que defendió su tesis doctoral, dirigida por José Manuel Pérez-Prendes, sobre La donación en la Alta Edad Media en los reinos de León y Castilla, que mereció ser publicada en una edición reprográfica, de la que se hizo eco Antonio Pérez Martín, el sabio catedrático de la Universidad de Murcia, formado en Fráncfort del Meno y en Bolonia, resaltando carencias notabilísimas, pero olvidándose por otro lado de que también había algunos párrafos tomados sin cita de Henrich Brunner y de H. Planitz. Puso de relieve Pérez Martín en su valioso documento inédito, que hemos tenido la oportunidad de rescatar del olvido para darlo a conocer, que se trataba de un "conglomerado de frases sueltas en las que es difícil descubrir, si es que existe, el hilo conductor". Además, señalaba Antonio Pérez que "no se trata de una obra acabada y construída, sino de una deslabazada yuxtaposición de frases, tomadas quizás de diversos libros, sacadas de sus contextos y unidas sin digerir, lo que da como resultado un engendro, para mí muchas veces ininteligible" (p. 1). A continuación hacía una valoración general de la obra y destacaba que "la autora desconoce por completo la bibliografía moderna de más allá de las fronteras peninsulares", y que ni siquiera había manejado la tesis doctoral que defendió Philippe Jobert en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Dijon, en 1971, con el título de La donation dans le Haut Moyen Âge (450 - 1050), Essai sur l'histoire d'un concept juridique (p. 2). Otra de las "acusaciones" que realizó Antonio Pérez se refería a que de los 1632 documentos que Magdalena Rodríguez afirmaba haber consultado, en realidad quedaban reproducidos "plagados de errores" ya que todos ellos y sin excepción habían sido publicados con anterioridad (p. 2). La valoración proseguía en las páginas siguientes utilizando términos como "confuso", "inexacto", "deficiente", etc., para referirse al análisis que realizó Rodríguez Gil en algunas de las instituciones objeto de su estudio (p. 11), pero además "la exposición que Rodríguez Gil hace de la donación romana, contiene numerosos errores y confusiones, es en buena parte ininteligible y no significa ningún avance científico" (p. 7). La valoración de la Introducción realizada por Pérez Martín le llevó a calificarla "sin originalidad alguna y a base de tópicos usuales: predominio del derecho local, influencias germánicas y romanas, pervivencia del derecho visigodo, afirmación del derecho señorial" (p. 1). En las citadas páginas introductorias se concretaba la donación en los siglos VIII - XII en León y Castilla como objeto de estudio, sin dejar en el olvido la estructura socioeconómica y el Derecho privado, los sujetos y objetos intervinientes, etc. El método expuesto a lo largo de su tesis era descrito en el capítulo primero. El breve, aunque intenso, estudio que realizó Pérez Martín indica que Magdalena Rodríguez situó el primer momento de la evolución de la donación romana en las Instituciones de Gayo, aunque sólo se refería a la donación de forma incidental; el segundo momento con la Lex Cincia (204 a.C.); el tercero coincidía con la reforma de Constantino; el cuarto con la legislación del Código Teodosiano y el quinto con la legislación justinianea (pp. 4 - 5). No acudió, sin embargo, al Edicto de Teodorico o al Breviario de Alarico, ni al Liber Iudiciorum, etc. El capítulo tercero se refería a esta institución en el Derecho germánico, mientras que el cuarto a la donación en la época altomedieval, sin apenas profundizar en este periodo y dejando la duda de si la donación transmite la propiedad plena o no. El capítulo quinto estaba dedicado al carácter de la revocabilidad de la donación, pero limitándose a mencionar las opiniones de Merêa y Gama Barros. En los dos últimos capítulos estudiaba las donaciones con ejecutor testamentario y en las redacciones de Derecho local y territorial. Por otro lado, los mapas que reproducía de la Castilla altomedieval, nada tenían que ver con aquella época y son unos indicadores actuales, carentes de utilidad histórica. Por otra parte, transcribe pasajes alocadamente. Así, por ej., en las págs. 46 - 47, donde el texto "transcrito nos muestra _según Pérez Martín_ el nivel intelectual de la autora. El texto latino que se cita en la nota 8 se refiere a la revocabilidad de las donaciones que hace el patrono sin hijos a sus libertos cuando con posterioridad a la donación el patrono tuviera hijos. Es decir, no se trata de `supervivencia' de hijos del donante, sino de `superveniencia' de hijos del donante. Y no se crea _ratifica Pérez Martín_ el lector que se trata de un `lapsus' mecanográfico, que se ha deslizado una vez, puesto que la expresión `supervivencia' de hijos se repite por lo menos cuatro veces en las páginas 46 - 47. Por otra parte, parece que Rodríguez Gil tampoco entiende lo más mínimo la causa de ingratitud del donatario, ya que como causa distinta de ésta detecta el que los hijos `se condujeran contra la misma piedad'" (p. 5). A mayor abundamiento, precisaba Antonio Pérez Martín, en su documento inédito, lo que puede agruparse por nuestra parte en veinticuatro deficiencias que enumeramos: 1ª) "Se hacen frecuentes afirmaciones al contenido de fuentes jurídicas, sin citarlas adecuadamente" (p. 14). 2ª) Escribe Magdalena Rodríguez con "pasajes completamente ininteligibles para el común de los mortales" (p. 14) y quizás tampoco para las criaturas angélicas. 3ª) Abusa de "repeticiones innecesarias del mismo pensamiento o similar" (p. 15). 4ª) Hay "afirmaciones contradictorias puestas unas a continuación de otras" (p. 15). 5ª) Se observan "generalidades impropias de una tesis doctoral, justificables a lo sumo si estuviera dirigida a los alumnos de primer curso, en vez de a especialistas en la materia" (p. 16). 6ª) Cita bibliografía de Historia del Derecho "muy elemental" (p. 17). 7ª) "Uso, en algunos casos, de ediciones antiguas cuando existen ediciones modernas críticamente más perfectas y más accesibles" (p. 17). 8ª) "Bibliografía muy elemental citada (¿y realmente utilizada?) tanto en la lista general que se hace al final de la obra (págs. 379 - 389), como al tratar del germanismo y romanismo en la Edad Media, del régimen señorial, la donación, la `perfilatio', etc." (p. 17). 9ª) Carece de pensamiento propio (p. 14), mejor dicho, debe tener un pensamiento no propio. ¡Que piensen los demás! 10ª) "El modo de citar la bibliografía o las fuentes utilizadas es deficientísimo. Así, por ejemplo, con frecuencia el contenido de la nota no coincide con el texto correspondiente" (p. 17). 11ª) "Textos importantes, fácilmente accesibles, se citan de segunda mano" (p. 17). 12ª) "En las citas raramente se indican las páginas que interesan (la obra citada a veces se compone de varios tomos), se olvida el año, etc." (p. 17). 13ª) "Es completamente equivocado el modo de citar las fuentes jurídicas. La autora cita por lo general las compilaciones romanas con el título y los números relativos al libro y títulos que se encuentran en la cabecera de la página que contiene el texto citado, sin indicar el número de la ley y omitiendo a veces el libro y confundiendo libros con títulos y viceversa" (p. 18). 14ª) Abre citas, que luego no rellena y están en blanco, como sucede en pág. 194, nota 11 (p. 19). 15ª) "En ocasiones parece no conocer aspectos elementales de la Historia del Derecho, normalmente exigibles para aprobar la asignatura. Así, por ejemplo: cree que las instituciones (¡con minúscula!) de Gayo (¡entre comillas!) están recogidas en el Código Teodosiano; da la impresión de no saber que el Código Teodosiano se divide en libros y, en todo caso, desconoce el modo de citarlo, ya que utiliza un sistema propio, completamente arbitrario, que nada tiene que ver con el modo de citar seguido antigua o actualmente; confunde el Breviario de Alarico con el Liber Iudiciorum; desconoce que el Fuero Real se divida en libros, ya que tanto en la página 207 como en la 211, nota 12 cita un pasaje del mismo indicando el título y número de la ley, sin indicar para nada el libro al que dichos título y ley corresponden" (p. 19). 16ª) "Parece desconocer el sentido de la terminología jurídica histórica o contemporánea: a la expectativa de derecho la llama `perspectiva de Derecho'; identifica juramento y roboratio; ignora el concepto de derechos reales limitados ya que en el ejemplo que al respecto aduce, sobre el agua concedida al donatario tiene un derecho de propiedad plena y no un derecho real limitado; desconoce el sentido del derecho de retracto, ya que en el ejemplo alegado por Rodríguez Gil lo que el donante tiene no es un derecho de retracto (que sólo se da en casos de enajenación), sino que al cumplirse el evento señalado (muerte de la donataria sin hijos), el donante se transforma automáticamente en propietario" (pp. 19 - 20). 17ª) "Comete errores continuos en la transcripción de textos impresos: el signo de separación de líneas (/) que encuentra en un texto impreso lo omite en su transcripción, pero con la particularidad de que cuando este signo dividía una palabra por la mitad, Rodríguez Gil la transforma en dos palabras distintas; desconoce el sentido del signo & (= et) y cuando lo encuentra en un texto lo suprime en su reproducción", en una ocasión hasta una docena de veces como eran los apóstoles de Cristo; "trunca los textos sin indicarlo con puntos suspensivos y a veces dejando la frase sin terminar" y además la catedrática granadina "incomprensiblemente pone puntos suspensivos al final de un texto que ha reproducido íntegramente"; "cuando encuentra en documentos impresos una s larga, la transcribe por f; en la reproducción de documentos impresos en latín omite continuamente palabras y muchas de las que reproduce lo hace erróneamente" (p. 20). 18ª) Enumera Antonio Pérez Martín los innumerables errores en que incurre al reproducir palabras en latín, que luego traduce mal, y no digamos cuando se desliza (mejor sería decir patina) por la lengua de Voltaire o la de Goethe, pero es que tampoco anda sobrada de conocimientos en portugués (pp. 22 - 23). 19ª) Precisa el eruditísimo Pérez Martín algunas "deficiencias de cultura general", como la expresión "conditio sine qua non", que la profesora Magdalena Rodríguez Gil en un alarde de vulgarismo de aldea de la provincia de Teruel vierte como "sine quonam", "sine quanam", "sine quonum", "sine quanum", "sine quonon", "sine quonom" y "sine quanum" (p. 23). 20ª) "La abreviatura usual cf. o cfr. utilizada tan frecuentemente y que se resuelve por `confer' (latín) o `confronta' (castellano) Rodríguez Gil la ha convertido en `Cifra' siempre que la ha utilizado" (pp. 23 - 24). 21ª) "Utiliza una puntuación de la frase completamente arbitraria contra todas las reglas tradicionales de la gramática: uso de la coma donde no debe haber nada; empleo del punto y del punto y coma donde no debe haber ningún signo de puntuación; utilización de la coma en lugar del punto; uso del punto en vez de la coma o dos puntos; prescindir de la coma donde debe ponerla" (pp. 24 - 25). 22ª) "Frecuentemente utiliza los acentos contra todas las reglas de la gramática: acentuación de adjetivos demostrativos; acentuación de pronombres relativos; no acentuación de palabras esdrújulas; acentuación indebida de palabras llanas; acentuación indebida de monosílabos" (pp. 25 - 27). 23ª) "Utiliza a veces inadecuadamente las mayúsculas" (p. 27). 24ª) Propuso, por último, Antonio Pérez Martín que, siguiendo el criterio de Bartolo da Sassoferrato, se le retirase el título doctoral (p. 28). No fue escuchado o no tuvo éxito.

A modo de conclusión, Antonio Pérez no podía manifestar otra cosa que "estamos ante una obra muy deficiente, que no contribuye en nada al avance de los estudios histórico-jurídicos y que no supone una aportación digna de tenerse en cuenta para el mejor conocimiento de la donación alto-medieval" (p. 14). Lo que resulta inexplicable es que Rodríguez Gil haya salido profesora titular y catedrática en sendos tribunales prefiriéndola a otros opositores infinitamente más sesudos, formados y con publicaciones en Alemania y en Italia. Casualmente o sin casualidad, hay un personaje, un conocido iushistoriador que formó parte de primer tribunal de Adjuntos y de la ulterior comisión que elevó al estrellato a Rodríguez Gil: Gustavo Villapalos Salas, que también estuvo en su tribunal de tesis doctoral. No hace falta decir más. Lo que sí deja perplejo es que la autora en su libro La "incorporación" de reinos reproduzca una cita de Emilio Lledó de El silencio de la escritura y luego preceda la traducción de Molina inspirándose (según ella) en criterios de ortodoxia científica y de rigor metodológico nada menos que de José Ortega y Gasset.

 

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