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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.26 Valparaíso  2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552004002600065 

Estudios Histórico-Jurídicos 26, 711-716

BIBLIOGRAFIA

Sánchez-Arcilla Bernal, José, Jacobus, id quod ego. Los caminos de la ciencia jurídica (Dykinson, Madrid, 2003), 471 págs.

 

Manuel J. Peláez


 

El afamado catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Complutense de Madrid, José Sánchez-Arcilla, en la que ocupa desde hace años la dirección del departamento del mismo nombre, ya es conocido de los lectores de la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, donde fue recensionado uno de sus manuales en XXIV (2002), pp. 461 - 463. Por mi parte, hace ya tiempo que no me he ocupado de la densa bibliografía de J. Sánchez-Arcilla (salvo citas ocasionales), desde que comenté la aparición de su libro, que recogía su tesis doctoral, La administración de justicia real en Castilla y León (Madrid, 1980), en Información Comercial Española, nº 596 (abril - 1983), pp. 128 - 131.

En esta oportunidad nos encontramos ante un libro aparentemente sorprendente de Historia del Derecho, lleno de ñoclos iusfilosóficos fáciles de digerir, que el autor dedica a todas sus discípulas y a sus dos discípulos, y que hace extensivo "para todos aquellos historiadores del derecho a los que `dejan fríos' los problemas conceptuales y metodológicos: sólo se desprecia lo que se ignora". Paralelamente a esta recensión aparecerán otras dos, una escrita por Faustino Martínez en el Anuario mexicano de Historia del Derecho y otra a cargo de Manuel Santana en el Anuario de Historia del Derecho Español. Ha llegado a mis oídos que Santana no va a jugar limpio, no se va a mantener al fondo de la pista como sería de desear, sino que agresivamente proporcionará duros golpes a Jacobus, id quod ego. Santana debería tener más cuidado, pues sus golpes, si no son certeros, se saldrán de la cancha y a la larga perderá el partido y se desprestigiará, sobre todo si ha incurrido en la osadía de enfrentarse a un rival científicamente muy superior a él y con una proyección internacional consolidada en España y en los países latinoamericanos.

Partiendo de la metáfora de la sucesión de Irnerio y de que Jacobo sería el elegido para ponerse al frente de la Escuela de Bolonia, Sánchez-Arcilla aplica el cuento (que no fue otra cosa) a la evolución de la Historia del Derecho en España. Ya de buen comienzo habría que decirle que el inicio en 1883 es parcialmente incorrecto, pues no hace falta leerse a Manuel Martínez Neira para saber que ya en el plan de estudios de 1821 de las Facultades de Leyes españolas había dos cursos de Historia e instituciones del derecho español, junto a otras historias de contenido jurídico, y que la Historia jurídica, vinculada al Derecho Civil, al Internacional Público o al Canónico ya aparece en los planes de estudios reformados a partir de 1842, 1845, 1847, 1850, 1857, 1858, 1866, 1868 y 1880, y de hecho se veían y estudiaban con mayor profundidad las Instituciones jurídicas históricas de lo que se hace en nuestros días, o de lo que se ha hecho a partir de la para algunos carismática fecha de 1883, que para los franceses fue la de 1880.

En el libro de J. Sánchez-Arcilla se da una importancia descomunal a Alfonso García-Gallo, según él mismo elegido por Dios (menos mal que no añadió "por España y su revolución nacional - sindicalista") para la formación de los historiadores del derecho españoles a partir de 1939. El problema de García-Gallo es que fue un hombre que se formó en España, no en Europa, y esa inquietud transmitió a sus discípulos, que preferían adquirir su ilustración al lado del maestro en Madrid, cuando antes de él algunos historiadores del derecho se habían formado en Bolonia, Friburgo de Brisgovia y Berlín. Desaparecido del panorama historiográfico jurídico español García-Gallo, o ya menos influyente desde los años setenta, los lugares en Europa más frecuentes de turismo científico de los historiadores del derecho español han sido las ciudades de Bolonia, Roma, Francfort del Meno, Messina, Toulouse y París. Nos resulta harto incomprensible que no sean frecuentadas las Universidades de Turín, Aix-en-Provence III, Lille II (que dispone de un instituto de Historia Judicial), Grenoble III, Viena, Munich, Heidelberg, Harvard, Michigan, Burdeos "Montesquieu", Lyon III y Montpellier I, que cuentan con magníficas bibliotecas y donde la formación histórico-jurídica que se puede adquirir allí con las brisas y los fríos europeos es, sin duda mejor, que acudir a resguardarse en la Complutense de Madrid. Tampoco es bueno que la gente considere que para adiestrarse iushistóricamente el lugar adecuado sea la UNED. Sin duda allí está el mejor historiador del derecho español que se mantiene en el reino de la Iglesia militante, José Antonio Escudero López, y el que puede ser el número uno dentro de veinte años, Javier Alvarado Planas. Sin embargo, la UNED en Historia del Derecho sirve para hacer carrera académica, pero no para formarse, no para ver un modelo universitario al que admirar. Su biblioteca universitaria es de las peores que hay en España. Las dos encuestas de calidad universitaria hechas por Jesús de Miguel y su equipo situaron a la UNED como la peor Universidad española en un caso y la penúltima de la lista en otro. Se puede argumentar que la encuesta de Jesús de Miguel establece unos criterios en los que la ciencia y la investigación son muy poco valoradas. De acuerdo, pero existe la encuesta mundial llevada a cabo por la Universidad de Sanghai que establece el ranking de las quinientas mejores Universidades del mundo y ahí tampoco está la UNED, y eso que se favorece en dicha encuesta a las universidades grandes, pues no se establecen criterios de división, como de Miguel, sino de suma. Si la UNED, con el volumen que posee de profesorado y alumnado, contara algo en el panorama científico europeo, hubiera sido recogida. Y no vale decir que la UNED no aparece por no ser una universidad presencial, ya que sí que se recoge la Open University con 62.6 puntos. Las únicas españolas que entran dentro de las quinientas mundiales son las de Barcelona (con 90.4 puntos), Autónoma de Madrid (76.1), Complutense (67.7), Literaria de Valencia (57.9), Granada (45.6), Autónoma de Barcelona (44.1), Sevilla (43.6), Politécnica de Valencia (41.1), Málaga (40.4), Zaragoza (40.1), Oviedo (39.9), Valladolid (39.9) y Salamanca (39.5). Tampoco está integrada entre las quinientas mejores del mundo ninguna Universidad concordataria o privada española, a las que se concede muy poco valor científico. Por el contrario, sí hay muchas Católicas y privadas europeas y norteamericanas. Y, por supuesto, está la UNAM, la segunda de habla castellana, tras la de Barcelona, con 89.7 puntos, y la Universidad de Chile con 46.2 puntos. Conclusión: aborrezcamos del sistema formativo que impuso García-Gallo. Mandemos a la gente a formarse a Europa y dejémonos ya de tanta prosa nacional.

Por otra parte, vemos necesario abandonar muchos prejuicios del pasado. Los historiadores del derecho tienen que abordar el siglo XX. Ya son muchos los que lo hacen con acierto como Antonio Merchán, por ej., en su obra dedicada a los Doctores iuris de la Real Fábrica de Tabacos, estableciendo un marco cronológico de investigación y de estudio entre 1955 y 2000. Además, siguiendo el criterio italiano, conforme al cual ya no se denomina nuestra asignatura Storia del diritto italiano, sino que lo que en España es el área de conocimiento de Historia del Derecho y de las Instituciones, allí son dos: "Storia del diritto medievale e moderno" (que alcanza hasta 1942 respecto al Derecho privado) y "Storia delle istituzioni politiche", de esta forma la Edad antigua, la España romana y los denominados Derechos de la antigüedad deben quedar para los romanistas que cuentan con un área propia de conocimiento en España. En Italia ha pasado a denominarse Diritto romano e diritti dell'antichità. La Historia del Derecho y de las Instituciones debería comenzar en el siglo V, con las invasiones bárbaras, y terminar respecto al Derecho Público en 1978, en el Civil con las reformas de los primeros ochenta del pasado siglo XX, en el mercantil dependerá, pues por un lado terminará con el Código de comercio de 1885 y por otro con la reciente Ley orgánica concursal 22/2003, de 9 de julio, en el Penal con el Código penal de la democracia de 1995, en el procesal con la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero. Respecto al ámbito territorial, ya no se debería explicar e investigar exclusivamente el derecho en España y los siglos de dominación en América, sino que desde el punto de vista docente, el área de Historia del Derecho y de las Instituciones tiene que prescindir del adjetivo español que la caracterizaba y proyectarse a otros países europeos como Francia, Italia, Alemania y Portugal. Eduardo de Hinojosa y Alfonso García-Gallo ataron con cadenas de hierro a los historiadores españoles del derecho. Es la hora de romper las cadenas, de liberarse de la esclavitud, de desprenderse del lastre y abandonar tantos tópicos. Mientras no fomentemos una mayor dosis de heterodoxia científica, frente a tanta momia iushistórica, no se avanza y uno se estanca.

Aprovecha Sánchez-Arcilla para decir muchas cosas a la vez que se detiene en el debate metodológico sobre la Historia del Derecho, que siempre es lo mismo, aunque esta vez el catedrático de Madrid lo plantea de modo diferente (Hinojosa, García-Gallo, Gibert, Escudero, Pérez - Prendes, S. de Dios y de Dios, Tomás y Valiente, los hermanos Peset, David Torres Sanz, Font i Rius, Lalinde, Clavero y el "neojuridicismo" de Villapalos _en este caso trátase de cosa nueva_ que según Sánchez-Arcilla [p. 303] tenemos que conocer y deducir a través de cómo "otros autores en sus publicaciones reproducen a veces con gran fidelidad planteamientos, cuestiones y bibliografía que se recogen por Villapalos" que no las ha publicado con su nombre todavía. ¡Pues, no sé a qué está esperando!). No me gustan este tipo de planteamientos. Dígase lo que han escrito los franceses, alemanes, italianos, norteamericanos, chilenos, argentinos, holandeses y austriacos. No estoy en absoluto de acuerdo en mantener que siempre haya que acordarse de esta casi quincena de autores españoles. Hace falta renovar la metodología con nuevos aires e ideas como hizo Carlos Petit en sus memorias de oposiciones. J. Sánchez-Arcilla recoge el pensamiento de Gustavo Bueno sobre lo que es una ciencia, acoge ideas de Noam Chomski, T. S. Kuhn y Poulantzas. A todos estos últimos los suprimiría. No tienen nada que ver con nuestra ciencia y no sirven para articular un sistema conceptual iushistórico. Lo que hace falta es conocer qué han entendido o entienden por Historia del Derecho algunos autores como R. Schröder, P. Viollet, F. Frensdorff, L. Wickert, P. Ourliac, J. Gaudemet, R. Levene, C. von Schwerin, J. Adamus, J. Bardach, P. Grossi, Ch. Donahue, N. Rouland, G. Dolezalek, H. Hübner, E. Cortese, A. Wijffelds, Zorraquín Becú, G. Thielmann, P. Nève, A. Guzmán Brito, A. Kränzlein, R. Evans - Jones, J. Krynen, M. Morabito, I. Soffietti, F. Liotta, J. M. Carbasse, J. Hilaire y un etc. casi interminable.

Lo mejor que tiene el libro de Sánchez-Arcilla son las observaciones personales y datos de experiencia de oposiciones y de memorias que ha visto el propio autor de este libro. No da nombres concretos, pero proporciona tantos antecedentes que sin duda se reconoce al personaje. Es conocido que en una titularidad presidida por J. A. Escudero concurrieron dos candidatos que habían copiado los proyectos docentes, pero también es bien cierto que el tribunal, ante la magnitud del plagio, tuvo la honradez de invitarles a retirarse sin ningún tipo de benevolencia, ni conmiseración, poniéndoles de manifiesto a qué se arriesgaban si hacían el primer ejercicio. Tanto José Antonio Escudero como Feliciano Barrios actuaron con exquisito rigor científico, deontológico y profesional. Otra cosa distinta es que en aquella oposición la discípula de J. Sánchez-Arcilla, Carmen Losa (mujer valiosa, pero con escaso número de publicaciones y muy poca proyección internacional en Europa) no fuese valorada por tres miembros de la comisión y fuera suspendida, considerándose que sus planteamientos eran de raíz equivocados y su ejercicio destilaba un tono heroico, y la verdad no estamos en nuestros días para talantes falangistas, ni para que nos recuerden al pastor lusitano Viriato o el periodo menos significativo del Concejo de Madrid. En lo de la oposición de M. Santana no entro, ya que no sé de qué sabe este hombre, ni de qué ha escrito, ni me atrevo a valorar su preparación jurídica si es que la tiene o su formación histórica, aunque el ejemplo al que Sánchez-Arcilla acude basado en tres o cuatro citas para dejar fuera de juego una monografía de Santana, no parece consistente y respecto a citar el Curso de Historia del Derecho de José A. Escudero con referencia al Decreto de 7 de marzo de 1820 no es razón para desacreditarlo. Hay que entrar más a fondo, como se meten las lagartijas entre las rocas. Eso son anécdotas, aunque tampoco vamos a exigirle ahora a J. Sánchez-Arcilla conocimientos de herpetología. Por otro lado, con tantas lucubraciones, Sánchez-Arcilla no aclara la cuestión principal: si posee o no formación jurídica Santana. Coincido totalmente con el catedrático de Madrid y con muchos otros que si no se tiene el primero, segundo y tercer ciclo de la carrera de Derecho, incluida la tesis doctoral en Leyes, no se debería ser catedrático del área de conocimiento de Historia del Derecho y de las Instituciones. Pero es que tampoco se debería ser profesor Titular de Universidad. De esta forma evitaríamos encontrarnos con gente como Max Turull que escribe mucho, cuando en realidad debería meterse por vericuetos jurídicos con menor frecuencia, y sobre todo no de forma tan insolente y atrevida, ignorando a conciencia las aportaciones científicas de Tomàs de Montagut i Estraguès sobre la Hacienda medieval o ninguneando a Josep M. Font i Rius.

Se pregunta Sánchez-Arcilla qué resta de la Escuela de García-Gallo. La respuesta se la pondré yo: la Escuela de José Antonio Escudero, cuyo número dos es Feliciano Barrios. Esta Escuela es superior en número de miembros a la de su maestro. Jacobus es Escudero, aunque coincido con J. Sánchez-Arcilla en que en las dos grandes obras de Escudero "predomina el componente histórico (`el pasado') frente al componente jurídico" (p. 84). Es más, la escuela de Escudero ha heredado del propio García-Gallo ese amor a lo mesetario, a lo nacional, a España. De hecho sus integrantes son con diferencia los que menos publican en Alemania, Francia e Italia y las casi quince revistas que hay en esos países de Historia del Derecho y de las Instituciones apenas recogen trabajos suyos o se ocupan de las investigaciones de la Escuela de Escudero. Bartolomé Clavero y Carlos Petit tienen un índice de impacto y una proyección en Europa superior al de toda la Escuela de Escudero junta. El número de entradas de publicaciones de Aquilino Iglesia Ferreirós en la Biblioteca Francesco Calasso del Istituto di storia del diritto italiano de la Universidad de Roma La Sapienza es mayor que las entradas de todos los miembros de la Escuela de J. A. Escudero. ¿Qué ocurre? Han seguido la línea del maestro García-Gallo, que logró abrir las siete llaves del sepulcro del Cid que le había puesto Joaquín Costa, y deseuropeizó la Historia del Derecho en España. Efectivamente tienen razón quienes dicen que García-Gallo fue un innovador.

Otra cuestión distinta es la de la calidad. Pese a lo que da a entender Sánchez-Arcilla, la cantidad de publicaciones y de páginas escritas ha aumentado en los últimos treinta años enormemente en España, pero ¡ojo, Sánchez-Arcilla!, tanto o más la calidad. No se puede comparar el nivel científico de trabajos de investigación de algunos ayudantes, muchos profesores titulares actuales y de noveles catedráticos con los que hace ochenta, setenta, cincuenta, cuarenta o treinta años escribieron los Laureano Díez-Canseco Berjón, Tomás Piñán, Segura (en sus tres generaciones de romanistas e historiadores del derecho, que da la impresión de que han ido a peor), Prieto Bances, Azcárraga, García González, Cerdá Ruiz-Funes, Ignacio de la Concha y José Antonio Rubio Sacristán. Compárense sus investigaciones y las de José María Vallejo García-Hevia, Javier Alvarado, José Cano, F. Javier Baltar, Patricia Zambrana, Aniceto Masferrer, Consuelo Maqueda, Faustino Martínez Martínez, Josep Serrano Daura, etc. No digamos si el elenco de la lista iniciada por Díez-Canseco lo comparamos con los ya citados Bartolomé Clavero o Carlos Petit, o con Mariano Peset, mencionado casi cuarenta veces en los dos últimos lustros en la prestigiosa revista de la Universidad de Oxford, History of Universities.

García-Gallo fue un auténtico sabio, con unas publicaciones de primerísimo orden, pero tuvo una proyección de una mediocridad sorprendente en Europa (excluido Portugal). Quién no se lo crea, que consulte los últimos cincuenta y cinco años de revistas como Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung (Weimar, Colonia, Viena), Revue historique de droit français et étranger (París), Le Moyen Age (Bruselas), Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (Leiden), Rivista di storia del diritto italiano (Turín) y Studia et Documenta Historiae et Iuris (Ciudad del Vaticano). Pueden verse también los últimos veinticinco o treinta años de la Revue d'histoire des Facultés de Droit et de la science juridique (París), Czasopismo Prawno-Historyczne (Varsovia), Ius commune. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte (Francfort del Meno), Materiali per la storia della cultura giuridica moderna (Bolonia), Recueils de Mémoires et Travaux de la Société d'Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays de droit écrit (Montpellier), The Journal of Legal History (Londres), Memoires de la Société pour l'Histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands (Dijon) y Rheinische Vierteljahrsblätter (Bonn). ¿Quién cita allí a García-Gallo? ¿Cuándo y en qué números de unas y otras publicó alguna vez García-Gallo?

El panorama actual en España es muy positivo. Hemos ido a más. La pluralidad de enfoques resultará enriquecedora y no compartimos el pesimismo de las páginas finales de J. Sánchez-Arcilla, ni que tenga que ponerse de relieve una Historia [jurídica] del derecho. Aquí lo que hace falta es publicar y difundir los resultados en Europa y América. Olvidarse de las fuentes de la Historia del derecho y profundizar en las instituciones históricas del Derecho de familia, Derecho de propiedad, Derecho de sucesiones, Obligaciones y Contratos, Derecho penal, Derecho sindical y corporativo, Derecho procesal civil, Derecho procesal penal, Derechos humanos, Derecho de la protección social, Derecho marítimo, Derecho agrario, Derecho fluvial y de las aguas interiores, Derecho industrial, Derecho urbanístico, Derecho minero, Derecho de caza, etc., y retomar de nuevo las investigaciones de Historia del derecho canónico y de las instituciones eclesiásticas, el Derecho musulmán y la Historia del Derecho internacional, del Derecho diplomático y consular y de los Tratados, o aventurarse por la Historia jurídica de las relaciones laborales. Las instituciones político - administrativas ya están demasiado manidas y es lo menos jurídico de nuestra área de conocimiento, ya que no se estudian con un planteamiento moderno propio del Derecho administrativo. Además, la investigación con método clásico en Historia administrativa la hacen mejor los historiadores generales que los procedentes de las Facultades de Derecho. Hay que cambiar los manuales y los primeros los del prof. Sánchez-Arcilla, que no responden en absoluto a la concepción juridicista que ahora predica. Para escribir esos libros de fuentes e instituciones político-administrativas no hace falta tener la carrera de Derecho. Hasta Max Turull o Braulio Díaz Sampedro podrían hacerlo. Lo que veo difícil es que lleguen a escribir ninguno de estos dos últimos un tratado de Historia del derecho de obligaciones, pero José Sánchez-Arcilla sí puede hacerlo, porque tiene todo: inteligencia, formación, tiempo, buenas bibliotecas a su alcance y equipo.

Jacobus, id quod ego es un buen libro lleno de aciertos, pero escrito demasiado rápido, lo que ha originado algunas erratas y algún "a" del verbo haber sin "h". En una segunda edición, que suponemos que la habrá, el A. podrá entrar más de lleno en asuntos concretos y con nombres propios y, al menos, su primer apellido. En cualquier caso, Jacobus es un balón de oxígeno ante los tres artículos con que nos ha obsequiado en los últimos tiempos Manuel Martínez Neira, en lo que coincido con Sánchez-Arcilla en lo que dice en pp. 2 - 7, y a lo que añado que al osado historiador de las Universidades, originario de Málaga, le falta picardía, imaginación, salero y contextualización, y las más de las veces da la impresión de ser un simple reproductor de textos legales encadenados uno detrás de otro. Volviendo a Jacobus, creo que su publicación es una oportunidad para que nos felicitemos todos los historiadores españoles del derecho y aplaudamos el voluntarioso esfuerzo y agudo planteamiento y resultado con que una vez más nos ha deleitado a la comunidad científica iushistórica el Dr. José Sánchez-Arcilla Bernal, quien no pudo ser el sucesor de García-Gallo por mucho que lo hayan postulado como Jacobus sus discípulas Carmen Losa y Raquel Medina.

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