SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
 número26Serrano Daura, Josep: Lliçons d'Història del Dret IAlvaro d'Ors (1915 - 2004) índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

Compartir


Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.26 Valparaíso  2004

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552004002600068 

Estudios Histórico-Jurídicos 26, 721-723

BIBLIOGRAFIA

Suárez Blázquez, Guillermo, Dirección y Administración de Empresas, II: Actividad aseguradora mutua de empresas terrestres y marítimas (Universidad de Vigo, Vigo, 2002), 268 págs.

 

Guillermo Hierrezuelo Conde


 

Guillermo Suárez, en la actualidad profesor Titular de Derecho Romano de la Universidad de Vigo, lo fue también en la Universidad de Alicante donde obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en 1991. En su labor científica destacan monografías especializadas en el Derecho hereditario romano, como La colación de los emancipados en el Derecho hereditario romano clásico (1995), Colación de los descendientes (Roma 1995 y Madrid 1996), o La dote de la mujer romana en el Derecho de sucesiones (1997); asimismo el primer volumen de la presente obra Dirección y administración de empresas en Roma (2001). En el libro que nos ocupa destaca que el título no se corresponde en absoluto con el contenido, ya que estudia la "actividad aseguradora" en la Roma clásica, en el Derecho intermedio español y el Llibre del Consolat de Mar (= LCM), que no tienen relación alguna con la dirección y administración de empresas. No es un libro de Administración y Dirección de Empresas, sino una obra con cinco estudios de Derecho Romano y de Historia del Derecho. No se puede actuar de esta forma y engañar al alumnado y a los lectores de su obra, dándoles gato por liebre. Lo que no es, no es, como que en España no existe el área de Sistemas Jurídicos Comparados. Pensamos que las autoridades académicas de la Universidad de Vigo deberían poner a Suárez Blázquez en su sitio, para que no utilizara el nombre de tan prestigiosa institución para tratar de confundir de esta forma a la comunidad académica y a la comunidad científica. Suum cuique tribuere. Por otro lado el autor introduce enormes dislates deformando el contenido de las palabras. El Derecho romano preclásico, clásico, postclásico o justinianeo no conocieron en absoluto el seguro marítimo, como el LCM tampoco conoció el seguro marítimo. La primera normativa de seguros son las Ordenanzas barcelonesas de 12 de abril de 1432 y el primer contrato de seguro de la Historia está recogido en un documento notarial de Grosseto de 22 de abril de 1329. La confusión institucional que introduce Suárez Blázquez es enorme. En Grecia se conoció el anfiteroploun y el heteroploun y en Roma el foenus nauticum. Esto es un préstamo marítimo, no un seguro, cuestión que hace más de ciento treinta años ha ido dejando clarísima la doctrina sobre la historia del seguro desde E. Beusa (1884) y C. F. Reatz (1870), pero da la impresión de que hay personas interesadas en mezclar instituciones y que no se enteran o no quieren enterarse de lo que se escribe.

El capítulo primero está dedicado a la actividad que el autor denomina equivocadamente "aseguradora marítima mutua" en la Roma clásica (pp. 9 - 115). En el mismo hace referencia a los flujos empresariales, que practicaron intensamente los pueblos mediterráneos anteriores a la civilización romana (Gadir, Sexi, la factoría de Vélez - Malaga, Tarento, Etea, etc). Ulpiano en el siglo III d. C. ya hacía referencia al auge de las relaciones internacionales entre empresas terrestres y marítimas (pp. 14 - 16), cuando hablaba de buques de mercancías (onerariae) y de naves de pasajeros (vectorum ductrices), que estaban capitaneadas por empresarios marítimos. Pero, a partir de los siglos II - V d. C., Roma fue golpeada por graves y continuas crisis económicas y financieras que menguaron la actividad económica, y comenzó una época en la que se fomentaron los intereses corporativos y se establecieron límites a la libertad del mercado con una fuerte intervención y control por parte del Estado. La naturaleza jurídica de la avería gruesa estaba regulada en la Lex Rhodia de Iactu, recogida en el Título XIV, II del Digesto, y fue origen de varias teorías: la gestión de negocios, el enriquecimiento injusto, la equidad, la asociación de partícipes, las personas hermanadas por los mismos riesgos, la "locatio conductio operis faciendi", la comunidad de peligros y riesgos, el consorcio de riesgos en una aventura marítima, la sociedad entre los interesados, o la que le atribuyó el carácter de institución independiente, especial y típica (pp. 30 - 33). Guillermo Suárez señala que "la Lex Rhodia de Iactu es incluída por la doctrina romanística en los apartados del contrato consensual de la locatio conductio", y concluye incomprensiblemente que "la actividad aseguradora mutua marítima se debería incluir en el contexto de las instituciones generales del Derecho Marítimo de Empresa Romano, es decir, en el ámbito de las empresas terrestres y marítimas" (p. 39). Incluso se atreve a señalar que los elementos del seguro marítimo eran los siguientes: el capital sujeto a riesgos del mar, las pérdidas y daños cuantiosos, la transferencia y división de riesgos, la protección colectiva, la seguridad y las prestaciones en la medida de cada necesidad individual (pp. 47 - 54). La naturaleza jurídica del consorcio de prestaciones mutuas tenía su fundamento en la "unión temporal de empresarios y pasajeros, personas libres unidos por intereses comunes: la protección y salvaguardia de sus bienes de los peligros y riesgos del mar" (p. 56). En el supuesto de daños en la nave por culpa o negligencia del magister navis, o del resto de la tripulación naviera había que distinguir distintas responsabilidades: la del naviero respecto a su personal, los daños en la custodia de la estriba perseguibles con la actio recepticia, las entregas indebidas protegidas por la actio oneris aversi, que evitaba el enriquecimiento injusto, y los daños por actos ilícitos civiles de carácter penal. En los supuestos de "daños voluntarios" causados en la nave, el principio que se aplicaba era que el daño sufrido por la nave debía ser resarcido proporcionalmente. En la medida en que el magister era el presidente del consorcio de empresas y miembros cooperativos, Ulpiano le atribuía la máxima responsabilidad de la custodia de la nave y de la mercancía, y podía ejercer las actiones locati conducti si deseaba ejercer el derecho de protección de la carga en sede judicial. En el proceso judicial de cálculo y liquidación de contribución podían ejercitarse las siguientes acciones: la actio in factum, la actio utilis communi dividundo según la doctrina más antigua, o la actio depositi, las actiones locati conducti y la actio praescripti verbis según los romanistas, opinión que no comparte Guillermo Suárez para estas últimas (pp. 96 - 110).

El capítulo segundo estudia la actividad marítima de préstamos en el Derecho intermedio español (pp. 117 - 187). A partir del siglo VI d. C. y hasta el VIII d. C., estuvieron en vigor las compilaciones postclásicas de iura et leges, y la compilación oficial teodosiana Codex Theodosianus. En el bajo imperio se le aplicó las sententiae receptae pavlo. Posteriormente, Suárez Blázquez, refiriéndose a la baja Edad Media, señala que "el derecho regulador de los daños marítimos fue desarrollado en el Fuero Real y en Las Partidas", ya que "la legislación del Fuero Real recoge, de modo incompleto, las prácticas de comercio y aseguradoras mutuas del Mundo Antiguo; normativa que sí aparece más completa en Las Partidas" (p. 128). Afirma que Las Partidas no recibieron sólo el Derecho comercial marítimo internacional del Derecho justinianeo, sino también toda la tradición jurídica clásica de las etapas anteriores, como el Ius Gentium internacional, lo que es muy discutible, ya que da la impresión de que en lo referente al Derecho marítimo recogen exclusivamente y no llegan mucho más allá del Codex y del Digesto. Además, Las Partidas adoptaron la misma estructura clásica de la empresa marítima romana: el señor de la nave, el maestro de la nave, los gobernadores, los pilotos de las naves, el escribano y los nautas. Los empresarios terrestres podían presentarse como mercaderes o compañías, es decir, sociedades de mercaderes. Los daños que estaban excluidos eran los siguientes: los daños ocasionados con dolo y engaño o culpa y negligencia del dueño de la nave (magister navis) o de los marineros, los daños nacidos de actuaciones delictivas y criminales del magister o del gubernator navis en el ejercicio de las maniobras de la navegación, y los daños por culpa de los que andan en el mar locamente (pp. 150 - 155). Para la resolución de las controversias que pudieran plantearse, el monarca Alfonso X creó una jurisdicción especial de Derecho marítimo en todos los puertos de mar de sus Reinos, y serían los jueces marítimos los únicos competentes para conocer materias y causas sobre la navegación comercial de ultramar. Las características de estos procesos marítimos eran las siguientes: especialidad y sumariedad, y el juez tenía la obligación de aplicar los principios de economía procesal y de urgencia a todas las actuaciones. Además, los procesos principiaban con una protesta verbal, sin necesidad de demanda escrita, y el juez procedía a escuchar, bajo juramento, a las partes, tomándoles testimonio y confesión a los expedicionarios de la empresa comercial.

El capítulo tercero estudia el LCM (pp. 189 - 253), que recogía la compilación de usos marítimos más importante del Derecho marítimo medieval, y que contribuyó a "formación de un `derecho marítimo común europeo'" (p. 191). Los cónsules tenían competencia exclusiva para todos los pleitos y causas que afectasen a cuestiones marítimas como fletes, daños sufridos por mercancías cargadas en naves, salarios de marineros, subastas, echazones, armamento de naves, galeras y barcos, etc. El personal al servicio de la empresa marítima en el LCM citado, era el siguiente: el patrón, heredero del magister navis greco-romano, el naochero _antiguo gubernator navis romano_, el escribano, los marineros y los empresarios terrestres. Las obligaciones del seguro mutuo tuvieron dos fuentes de producción: las disposiciones del LCM, herederas de las costumbres internacionales marítimas del Mundo antiguo, y los pactos, convenios y acuerdos de los empresarios terrestres con los empresarios marítimos frente a los daños y siniestros que generase el mar. Esta afirmación de Suárez Blázquez es un total desatino: reitero que el LCM no recoge la institución del seguro marítimo. El texto del LCM se terminó de redactar entre 1348 y 1352 y las Ordenanzas de seguros marítimos barcelonesas (Barcelona es la cuna normativa del seguro en España, pero Mallorca lo es de la institución asegurativa respecto a nuestro país) son las de 12 de abril de 1432, 21 de noviembre de 1435, 21 de noviembre de 1452, 14 de noviembre de 1458 y 3 de junio de 1484. La contribución del consorcio de prestaciones mutuas seguía siendo en el LCM, el mecanismo equitativo que se utilizaba por los empresarios y pasajeros para desarrollar el seguro solidario de prestaciones mutuas, cuantificar y dividir las pérdidas, los daños y los deterioros materiales, determinar la transferencia y la división de riesgos entre todos los obligados a las prestaciones mutuas, y calcular la cuantía proporcional a la que estaba obligado cada miembro del consorcio a indemnizar a los demás.

En el Apéndice, se hace referencia a la regulación existente en la actualidad (pp. 243 - 253). Suárez Blázquez señala que "la actividad aseguradora marítima mutua `declinó' a partir de la Edad Moderna" (p. 243), ya que ofrecía graves inconvenientes a los mercaderes, como cuando los miembros que practicaban esta actividad sólo participaban en las pérdidas económicas. Esta situación provocó el desarrollo del seguro marítimo privado en la Edad Media. Asimismo, Guillermo Suárez defiende la postura de que "las raíces del seguro comercial privado se encuentran en la actividad aseguradora mutua, aunque su nacimiento como negocio se encuentre, probablemente, en la actividad mercantil y jurisdiccional de los Consulados" (p. 244), lo cual es completamente erróneo. En los ordenamientos modernos, menciona la relativa a los daños, accidentes y averías del Código de comercio español de 1885 (arts. 806 - 809), que establece la distinción entre avería simple o particular y gruesa o común, y, a nivel internacional, las Reglas de York y Amberes, que hacen referencia a la avería gruesa, que encuentra su fundamento en la Lex Rhodia de iactu (D. 14, 2, 2). Refiriéndose al contrato de seguro Suárez Blázquez reseña su importancia económica, que hoy día encuentra su regulación en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro, que fue modificada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión del seguro privado, y desarrollada por el Reglamento de la Ley de seguros, Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto. En la actualidad, en España pueden desarrollar esta actividad las sociedades anónimas o bien las sociedades mutuas y cooperativas de seguro.

 

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons