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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.27 Valparaíso  2005

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552005000100007 

 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXVII, 2005, 143-161

HISTORIA DEL DERECHO EUROPEO

Cuestión señorial y arbitrismo en la España del trienio liberal: Observaciones sobre un proyecto de ley de Manuel María Cambronero (1765 - 1834)


José Antonio López Nevot

Universidad de Granada

España

Dirección para correspondencia


RESUMEN

En el artículo se estudia la problemática del régimen señorial en la España del Trienio Liberal, a través de un proyecto de ley interpretativa del Decreto abolicionista de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 1811, publicado en 1821 por un jurista anónimo, aunque todo parece indicar que se trata de Manuel María Cambronero (1765 - 1834). En el citado proyecto de ley, si bien Cambronero propone la abolición de todos los servicios y prestaciones personales, ya tuvieran por origen la jurisdicción señorial, ya cualquier otro, aunque fuese el contrato, por otra parte declara protegidos los señoríos solariegos y territoriales, favoreciendo así los intereses de los antiguos señores.

Palabras clave: Régimen señorial - feudo - Manuel María Cambronero - Trienio liberal.


ABSTRACT

This article discusses the problem posed by the noble domain in the Spain of the Liberal Triennial through an interpretive bill of the abolitionist Law of the Cadiz Courts as of August 6th, 1811, published in 1821by an anonymous jurist, although apparently it was Manuel María Cambronero (1765-1834) who did. In said bill, although Cambronero proposes, on the one hand, the abolition of all personal services and assistance, whether their origin is found in the domain jurisdiction or in any other, even if it were the contract, it declares, on the other, that ancestral and territorial domains be protected, thus favoring the interests of the ancient lords.

Key words: Noble domain - Fief - Manuel María Cambronero - Liberal Triennial.


 


I. LA PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ANÓNIMO

En 1821 ve la luz pública en Madrid un libro de prolijo título y autor desconocido: Los principios de la Constitucion española y los de la justicia universal aplicados á la legislacion de señoríos, ó sea Concordia entre los intereses y derechos del Estado y los de los antiguos vasallos y señores. El libro aparece firmado por un jurisconsulto español, quien dedica su obra a las Cortes1.

No era el primer libro que sobre la cuestión señorial se publicaba aquel año: le habían precedido dos opúsculos firmados, respectivamente, por Antonio Mira Percebal y Muñoz2 y Mariano Amadori3. De hecho, en Los principios se citan las obras de ambos autores. Ahora bien ¿quién escribió Los principios? En 1856, Antonio de la Escosura Hevia atribuyó sin titubeos la autoría a Manuel María Cambronero4. Benito Gutiérrez Fernández, quien se sirvió de Los principios para la redacción de sus Estudios fundamentales sobre el Derecho civil español, evitó pronunciarse sobre la identidad de su autor, limitándose a suponer que "fue un jurisconsulto español, que con ser abogado de gran concepto, no pasó ignorado, aunque por modestia u otras causas, prefiriese ocultar su nombre"5. El bibliógrafo Palau y Dulcet asegura que tuvo en su poder un ejemplar del libro "con una nota manuscrita que consignaba que el autor se llama Cambronen (sic), pero una gran mayoría sostiene que es Sempere y Guarinos"6. Por su parte, Luis García de Valdeavellano citaba en 1978 Los principios como obra de Manuel María Cambronero, sin cuestionar su autoría7. Un biógrafo de Sempere, Juan Rico Giménez, no dudó en 1981 en atribuirle Los principios, pese a no alegar en favor prueba alguna8; en 1997, sin embargo, ha optado por rechazar la autoría de Sempere, fundándose en las diferencias sintácticas y estilísticas, el aparato de citas y la teoría sobre el origen de la propiedad recogida en el texto, pero sobre todo en el hecho de que el jurista valenciano no llegara nunca a reconocer su paternidad sobre la obra; finalmente, y basándose en las noticias aportadas por Palau, sugiere la posibilidad de que el verdadero autor sea Manuel María Cambronero9.

En cualquier caso, no parece aventurado formular algunas observaciones dirigidas a precisar la identidad de nuestro autor. En primer lugar, resulta significativo que el anónimo redactor de Los principios encubriese su verdadero nombre bajo el apelativo de un jurisconsulto español, quizá como protesta de patriotismo frente a cualquier sospecha de afrancesamiento; en ese sentido, debe recordarse que tanto Juan Sempere y Guarinos (1754 - 1830) como Manuel María Cambronero (1765 - 1834) colaboraron con el gobierno de José I Bonaparte y se vieron obligados por ello a emprender el exilio. En segundo lugar, el autor es un jurista persuadido de la ineludible necesidad _ya expresada, según nos recuerda, por Montesquieu_ de interpretar las leyes a la luz de la Historia; sólo conociendo profundamente el origen, desenvolvimiento y espíritu de las leyes del pasado, puede el legislador aspirar a su reforma10. Según tendremos oportunidad de comprobar, Los principios son un libro escrito por un jurista versado en la Historia del Derecho español, circunstancia que, huelga decirlo, concurre en Sempere, pero también en Cambronero. Diversas razones nos inducen a pensar que el autor de Los principios es este último jurista.

II. NOTICIA BIO-BIBLIOGRÁFICA DE UN MAGISTRADO DE LA ILUSTRACIÓN

Manuel María Cambronero nació en la ciudad de Orihuela, en el reino de Valencia, en 1765. A los veinte años de edad ya era doctor en ambos Derechos11. Fue compañero de Juan Meléndez Valdés en la Arcadia salmantina, donde adoptó el nombre poético de Fabio12. La carrera profesional de Cambronero, como la de Sempere, es la típica de un magistrado de la Ilustración13. Formado en la Real Academia de Derecho Público de Santa Bárbara14, de la que llegaría a ser Presidente en 183015, fue, según Lasso Gaite, "brillante Letrado ante los Tribunales superiores, [...] Fiscal y Auditor de Guerra" y "ministro honorario del Consejo de Hacienda"16. En 1789 era Secretario de la Presidencia del Consejo de Castilla, siendo promovido en tal fecha al cargo de oidor de la Audiencia y Chancillería de Valladolid17; en 1794 ingresó en la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País18, y en 1801 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de la Historia19.

Durante el reinado de José I, Cambronero ocupó altos cargos en la Administración del Estado bonapartista, alcanzó honores y mercedes y ejerció en general una destacada actividad en la vida política, jurídica y cultural del país. El 8 de marzo de 1809 fue nombrado consejero de Estado, junto a otros representantes de la magistratura ilustrada, como el también consejero de Hacienda conde de Guzmán, los consejeros de Indias Bernardo de Iriarte y Benito de la Mata Linares, el conde de Montarco, Meléndez Valdés y el marqués de Caballero20; como consejero de Estado, Cambronero formó parte, y presidió después, la sección de Justicia y Negocios Eclesiásticos21, participando en las comisiones del Consejo designadas sucesivamente para examinar el proyecto de decreto sobre la liquidación y abono de la deuda pública22, preparar la aplicación del Código Napoleón en España23, examinar los títulos nobiliarios y proponer los proyectos de nueva concesión24, y tratar sobre una eventual convocatoria de las Cortes25, asunto que exigió su asistencia al Consejo Privado de José I26. En 1810 y junto a otros consejeros de Estado, acompañó al monarca en su viaje por tierras andaluzas27, encargándose interinamente, desde febrero hasta mayo, del despacho de los negocios del Ministerio de Justicia por lo que respecta a los reinos de Andalucía28. En diciembre de 1811 fue elegido Director de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País29. Al proyectarse la creación de la Gran Academia o Instituto Nacional, inspirado en el modelo del Instituto de Francia, se incluyó a Cambronero en la nómina de los miembros que debían integrar su sección jurídica30. Anotemos finalmente que fue distinguido con la Real Orden de España, creada por José I en 1809 31.

Como no podía ser menos, los servicios prestados por Cambronero a la Monarquía josefina determinaron que, una vez decidida la suerte de la guerra, emprendiera el camino del exilio. El nombre de Manuel María Cambronero figura, junto a los de otros quince consejeros, en una lista de personas que en 1813 permanecían en Zaragoza a la espera de ser evacuadas a Francia32. Demerson sugiere la posibilidad de que en diciembre de 1813 Cambronero se hallase en Montauban33, ejerciendo una generosa y desinteresada labor en favor de sus compañeros de exilio, y actuando como intermediario entre españoles y nativos: "tal es, en todo caso, el papel que le veremos asumir más tarde en Nîmes, y después en Alès: él será el portavoz, escuchado y respetado, de los refugiados del Gard"34. A comienzos del año siguiente se instala en Toulouse junto a su mujer y su hija, aunque en su estancia en la ciudad sólo dura hasta marzo35; en 1815 el alcalde de Nîmes alude al comisario de los refugiados españoles: según Demerson, "este comisario que tan celosamente se ocupa de sus compatriotas, que emplea su crédito en defender los intereses de éstos y que logra de las autoridades un ablandamiento de las medidas decretadas es, también ahora, don Manuel María Cambronero [...]: una de las figuras más nobles y más dignas del partido afrancesado"36. Sabemos que en 1817 seguía en Francia, pues en tal fecha pide autorización para residir en Montauban37.

Ignoramos cuándo regresó del exilio francés. Según Rafael Gibert, el jurista oriolano volvió "en seguida de su emigración, converso a la patria y a la tradición"38. Sin embargo, parece verosímil suponer que Cambronero no regresara a España hasta la amnistía decretada en septiembre de 1820 para todos aquellos que habían obtenido un cargo en el gobierno intruso, o manifestado su adhesión al mismo. Es en tal fecha cuando publica en Madrid el opúsculo La institución de los mayorazgos, examinada histórica y filosóficamente, con un proyecto de Ley para su reforma, "obra polémica, que señala los perjuicios económicos y fiscales de las vinculaciones"39. En el prólogo de la obra, Cambronero se define como "un ciudadano interesado sinceramente en el bien público [...], primogénito, litigante, profesor de jurisprudencia, abogado, juez, padre en fin de numerosa familia, (que) ha sido colocado por la Providencia en las diferentes posiciones en que más se pueden conocer y sentir las consecuencias de estas amortizaciones seculares"40. Lo cierto es que Cambronero hubo de pleitear en Valencia y en Madrid para recobrar el patrimonio vincular de sus mayores41. También parece fuera de duda que gozó del favor regio. Así, redactó, a iniciativa del monarca, una Consulta sobre la sucesión a la Corona42. Durante la segunda etapa absolutista del reinado de Fernando VII intervino activamente en las tareas codificadoras. Fue vocal de la Junta nombrada el 11 de enero de 1828 para la composición y examen del Proyecto de Código de Comercio, ocupándose de la ponencia del libro III, De los contratos comerciales en general43. El 5 de noviembre de 1831 presentó a Fernando VII su Plan de una obra de jurisprudencia nacional con el título de Ensayo sobre los orígenes, progreso y estado de las leyes españolas, redactado en septiembre de 180344, y elogiosamente informado por el Colegio de Abogados de Madrid45. En 27 de mayo de 1832 recibió del monarca el encargo de formar un Código civil, "en consideración a sus conocimientos en la ciencia de las leyes y en la parte administrativa de la Justicia"46. Cambronero llegó a redactar una parte del proyecto, dedicada a la tutela, la curatela, la ausencia y las personas morales, valiéndose de los trabajos realizados por la Comisión de Cortes que redactó parte del proyecto de Código civil durante el Trienio Liberal. La muerte le sorprendió el 5 de enero de 1834, impidiendo la conclusión de sus trabajos.

En el Plan de una obra de jurisprudencia nacional se advierte la presencia de ideas que, años después, volverán a aparecer en Los principios de la Constitución española. Cambronero preconiza la elaboración de un compendio sistemático "que presente el estado actual de nuestras leyes, empezando por el descubrimiento de su origen"47; y justifica: "pues sin el conocimiento profundo de las leyes de una nacion, es muy difícil atinar con la reforma de las que puedan exigirla, ni con la conservacion de las que existan conformes al principio invariable de la justicia"48; lamenta el jurista oriolano la carencia en España de ediciones de fuentes normativas del pasado, indispensables para la formación de una historia civil y de las leyes del reino49, y "la situación en que se hallaba entre nosotros el estudio del derecho de la razon", por la escasa influencia de la obra de autores extranjeros como Grocio o Montesquieu50.

Prestemos ahora atención a la segunda obra de Cambronero, dedicada a La institución de los mayorazgos; el opúsculo fue redactado con ocasión de discutirse en las Cortes la ley desvinculadora de mayorazgos, del mismo modo que Los principios de la Constitución española se escribieron durante el debate parlamentario de la ley interpretativa del Decreto de 1811 sobre señoríos; el propósito, factura y estilo literario de los dos libros guardan notables semejanzas: ambos son textos polémicos, de circunstancias, que sin embargo dedican amplio espacio _sobre todo Los principios_ a la historia de la institución estudiada, ya sean las vinculaciones o los señoríos, para proponer a continuación un proyecto de ley glosado por su autor. Por otra parte, no deja de resultar significativo que en ambos libros aparezca siempre erróneamente citado el apellido Sempere como Sampere51, circunstancia que obliga a descartar la hipótesis de que Sempere y Guarinos sea el autor de Los principios y, al mismo tiempo, induce a pensar que lo sea Cambronero.

III. UNA HISTORIA DEL RÉGIMEN SEÑORIAL EN ESPAÑA

Volvamos a nuestro libro. Los principios de la Constitucion española aparecen divididos en dos partes claramente diferenciadas: un Discurso histórico legal sobre la feudalidad y los señoríos en España, y Los principios propiamente dichos. La primera parte _el Discurso_ es, con mucho, la más extensa del libro, pues alcanza las 160 páginas, frente a las 51 que ocupa la segunda. Consiste el Discurso en un tratado histórico-jurídico sobre "el origen, progresos y último estado" del régimen señorial en España, escrito con una finalidad pragmática: justificar el programa legislativo defendido por su autor en la segunda parte del libro, donde pone su erudición histórica y jurídica al servicio de una política contemporánea.

En el Discurso aparecen mencionados los más eximios representantes de la historiografía ilustrada europea: Gibbon, Robertson, Giannone, Voltaire y, por encima de todos, Montesquieu; juristas como Cuyas o Heineccio; autores contemporáneos, como Bentham; los españoles Francisco de Espinosa, Juan de Mariana, Jerónimo Blancas, Lorenzo Matheu y Sanz, Juan Lucas Cortés, Andrés Marcos Burriel, Enrique Flórez, Rafael de Floranes, Ignacio Jordán de Asso y Miguel de Manuel; finalmente, Juan Sempere y Guarinos a través de su Memoria primera sobre la constitución gótico - española, y Francisco Martínez Marina, cuyo Ensayo histórico - crítico es profusamente citado en las páginas del Discurso. Pero Cambronero acude sobre todo al manejo directo de las fuentes normativas y documentales, si bien echa de menos en el acervo nacional no ya "historias civiles perfectas, mas [...] aun colecciones diplomáticas que deben preceder á las historias"52.

El Discurso analiza el devenir histórico del régimen señorial en España, desde sus presuntos orígenes en el reino visigodo, hasta los albores del siglo XIX. El autor empieza por admitir el carácter polisémico del vocablo señorío, que, según la definición de las Partidas, podía entenderse como dominio, jurisdicción, o "autoridad y [...] derechos de los señores feudales"53, si bien la tercera y última acepción había terminado por prevalecer. Ello explicaría la equívoca asimilación entre señorío y poder feudal54. Ahora bien ¿existió feudalismo en la Península?

Cambronero discrepa tanto de quienes sostenían la pujanza del feudalismo en España _Robertson y la generalidad de los autores extranjeros_, como de quienes negaban su existencia, al menos en Castilla y León _verbi gratia, Martínez Marina_, y opta por una solución conciliadora, en reconocido paralelismo con la tesis de Burriel55. Según nuestro jurisconsulto, las instituciones feudales fueron "más ó menos templadamente admitidas, según los diferentes estados que se formaron en la península al reconquistarla de los árabes"56.

Definidos los elementos de los feudos como "un beneficio en cosas raices ó muebles, y en honores ó dignidad; la prestacion de oficios personales y reales (y) la proteccion y autoridad [...] de unas personas sobre otras"57, el autor advierte gérmenes feudales tanto en la antigua Germania como en las distintas provincias del Imperio romano antes de que se asentaran en ellas los pueblos germánicos; los visigodos, al establecerse en Hispania, no habrían hecho sino conservar unos usos feudales de raigambre germánica, otorgándoles mayor estabilidad gracias a la propiedad sobre la tierra recibida en el reparto58. El jurista oriolano destaca en ese sentido la vigencia de relaciones de dependencia personal y económica testimoniadas por la legislación visigoda, como las que ligaban al liberto con su patrono59, o al patrocinado con su señor60, ejemplo estas últimas de "verdadero señorío feudal", pues en ellas concurrían "concesión de tierra, prestacion de servicio militar, y homenage ó pacto de fidelidad personal hácia el donante"61. Aceptada la idea de feudalidad en el reino visigodo, niega sin embargo la existencia de una jurisdicción de los señores sobre sus vasallos62, o de prestaciones "gravemente depresivas de la dignidad y los derechos que reparte la naturaleza"63. Pero, en general, el juicio que le merece la monarquía visigoda es desfavorable, y atribuye su caída a "la falta de sus leyes políticas y (a) la imperfeccion y parcialidad de su gobierno"64, juicio que le distancia del goticismo de Martínez Marina65, y que enlaza con la tesis formulada por Sempere en su Memoria primera sobre la constitución gótico-española66.

A continuación, Cambronero examina el desarrollo del feudalismo y la formación de los señoríos en todos y cada uno de los reinos hispánicos medievales; abstracción hecha de Cataluña, donde se instauró tempranamente el "régimen político feudal", tal como se había desenvuelto en Francia, y por influencia de su dominación política67, el autor advierte ciertos rasgos feudales comunes a los reinos: existencia de señores y vasallos, de homenaje, o de servicio militar.

El autor pone especial cuidado en demostrar que los señoríos, nacidos de repartimientos de conquista, donaciones, compras u otros títulos legítimos68, fueron en su origen de índole meramente solariega o territorial; en otras palabras, se fundaron en el dominio sobre la tierra69; la jurisdicción _extendida a partir del siglo XIII_ y otras prerrogativas que el autor califica de feudales, no eran consustanciales a los señoríos, sino una cualidad accesoria, accidental y sobrevenida, que podía adquirirse por concesión regia _como la jurisdicción alfonsina, en Valencia70_, pero también por prescripción, y así lo reconoció en Castilla Alfonso XI en la ley 2 del título XXVII del Ordenamiento de Alcalá71. Cambronero rechaza por absurda la opinión que atribuía en general a la usurpación el fundamento de la jurisdicción señorial, opinión ya combatida por Montesquieu72.

En cuanto a la condición social de los colonos solariegos, nuestro jurisconsulto no duda en afirmar que fue mucho más benigna en Castilla y León que en el resto de Europa y en otros reinos hispánicos más influidos por los foráneos73.

Bajo el reinado de los Reyes Católicos, la jurisdicción señorial no sufrió merma alguna, llegándose a insertar la citada ley de Alcalá en el Ordenamiento de Montalvo74. Los propios monarcas de la casa de Austria _observa Cambronero_ que redujeron los privilegios nobiliarios, se guardaron de perturbar la propiedad territorial y solariega y, mucho menos, la jurisdicción señorial75. De ahí que las manifestaciones de la jurisdicción señorial hubiesen perdurado hasta entonces, aunque reducidas al "estéril y oneroso" derecho de nombrar oficiales de justicia y a la obligación de satisfacer sus emolumentos76.

El autor dedica numerosas y densas páginas a la singular incidencia de la expulsión de los moriscos en 1609 _que califica de "calamitosa resolución"77_ sobre la historia del régimen señorial en el reino de Valencia. Abramos un inciso. En 1813, el diputado valenciano Pedro Aparici y Ortiz había elevado a las Cortes una Memoria en la que sostenía la ilegitimidad del título de adquisición por los señores de los bienes inmuebles dejados por los moriscos expulsos; en opinión de Aparici, los bienes de los moriscos pertenecían a la Corona, como consecuencia necesaria de la confiscación decretada por Felipe III, y no a los señores, quienes habían abusado de la tolerancia regia bajo pretexto de resultar perjudicados económicamente por la expulsión78. Pues bien, el autor del Discurso asevera que, de acuerdo con el Derecho valenciano, el dominio útil de los bienes inmuebles de los moriscos expulsos debía incorporarse al dominio directo de los señores territoriales, quienes a partir de entonces podrían disponer de las tierras a su arbitrio. De ahí _añade_ que Felipe III hubiera hecho merced de los bienes raíces de los moriscos a los señores de quienes habían sido vasallos; por ende, los señores habían pactado libremente las prestaciones con los nuevos pobladores que acudieron a cultivar las tierras, lo que redundó en unas condiciones mucho más ventajosas para los colonos que las que habían soportado los moriscos. Por ello Cambronero considera injustificada la resistencia de los nuevos pobladores a satisfacer las prestaciones a los señores, actitud que prefiguraba la de los pueblos durante el proceso que condujo a la abolición del régimen señorial en España79.

El Discurso concluye afirmando que el tiempo, las luces del siglo, todo conspiraba para que los derechos señoriales quedaran reducidos "á la suave y equitativa naturaleza de enfiteusis"80, institución que, como veremos al examinar la segunda parte del libro, será considerada como la solución más beneficiosa para los hombres de señorío81. A comienzos del Ochocientos sólo restaban vestigios del "gótico edificio feudal"82.

IV. LA ABOLICIÓN DEL RÉGIMEN SEÑORIAL

Ya hemos advertido que el Discurso se dirigía a justificar un programa legislativo defendido por su autor en la segunda parte del libro. Para comprender adecuadamente el alcance de ese programa es necesario recordar que las Cortes de Cádiz habían afrontado la abolición del régimen señorial, expidiendo al efecto el célebre Decreto de 6 de agosto de 1811. El Decreto incorporaba a la nación los derechos _señoríos, en su imprecisa terminología_ jurisdiccionales, de cualquier clase o condición que fuesen, al tiempo que abolía las prestaciones reales y personales derivadas de título jurisdiccional, a excepción de las procedentes de "contrato libre en uso del sagrado derecho de propiedad"; pareja suerte debían correr las facultades monopolísticas ejercidas por los señores, englobadas bajo la denominación de privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos83.

Ahora bien, los legisladores de Cádiz, partiendo del desglose entre la vertiente territorial y la jurisdiccional de los señoríos _históricamente indisociables_, decretaron la incorporación de la segunda, para salvaguardar la primera, es decir, el dominio sobre la tierra, como propiedad particular en manos de los antiguos señores. Así, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto, los llamados "señoríos territoriales y solariegos" quedaban desde entonces en "la clase de los demás derechos de propiedad", siempre que "no fuesen de aquellos que por su naturaleza deban incorporarse a la nación, o de los en que no se hayan cumplido las condiciones con que se concedieron, lo que resultará de los títulos de adquisición"84.

La interpretación del Decreto abolicionista, lejos de ser unánime y pacífica, suscitó una ardua controversia, centrada sobre todo en el destino de las prestaciones satisfechas por los hombres de señorío. Resumamos las claves de esa controversia85. El artículo 6 del Decreto dejaba incólumes los contratos celebrados entre los antiguos señores y vasallos, que deberían considerarse desde entonces como contratos de particular a particular. Ahora bien ¿quiénes debían probar el origen contractual o jurisdiccional de las diversas prestaciones? En esa cuestión radica el alcance de la abolición del régimen señorial. Los pueblos y sus justicias pretendieron que correspondía a los señores demostrar, con la presentación de los títulos originales de adquisición, que sus señoríos _de acuerdo con lo prevenido por el artículo 5 del Decreto_ no eran de naturaleza incorporable, y que se habían observado en ellos las condiciones de la concesión; sólo tras verificar la legitimidad de los señoríos, éstos serían considerados como propiedad particular. En el ínterin debía cesar el pago de las prestaciones hasta entonces satisfechas a los señores.

Las dudas sobre el verdadero sentido del Decreto _originadas en este caso por el recurso del conde de Altamira contra un auto proveído por la justicia de la villa de Elche_ motivaron la consulta de la Audiencia de Valencia al Tribunal Supremo, cuyo dictamen, emitido el 27 de marzo de 1813, estimó que los poseedores de señoríos solariegos podrían continuar en el disfrute y percepción de las prestaciones sin necesidad de exhibir sus títulos, mientras no fuesen demandados, y que incumbía a los pueblos demandantes demostrar que los antiguos señores no poseían con justicia. Consultado el Gobierno, éste remitió el expediente a las Cortes, cuya Comisión de señoríos redactó un proyecto de Decreto aclaratorio del de 1811, presentado en la sesión de 30 de agosto de 1813; a su tenor, se invertía la carga de la prueba, al hacer recaer sobre los poseedores de señoríos territoriales y solariegos la obligación de acreditar, con una previa presentación de los títulos, que sus señoríos no eran de naturaleza incorporable y que no se habían dejado de cumplir en ellos las condiciones de su concesión; los contratos celebrados entre los antiguos señores y vasallos se considerarían como de particular a particular si del examen de los títulos resultaba que los señoríos quedaban elevados a propiedad particular. Aunque el 2 de septiembre se inició la discusión del proyecto, pocos días después quedó interrumpida.

Al regreso de Fernando VII, la nobleza solicitó del monarca el reintegro de las prestaciones no satisfechas por los pueblos, y la declaración expresa de nulidad del Decreto de 1811; en ese sentido, una Real Cédula de 15 de septiembre de 1814 dispuso que los señores jurisdiccionales fuesen restituidos en la percepción de todas aquellas rentas, frutos y prestaciones derivados de su dominio territorial que no tuvieran origen en la jurisdicción y privilegios exclusivos, dejando diferida sine die la decisión sobre la nulidad, subsistencia o derogación del Decreto abolicionista.

El restablecimiento del régimen constitucional en 1820 abrió una nueva etapa, "quizá (la) más apasionante"86 y sin duda la más radical87, en la historia del proceso abolicionista. Las Cortes encomendaron a la Comisión primera de Legislación, presidida por José María Calatrava _e integrada, entre otros, por Francisco Martínez Marina_ la elaboración de un proyecto de ley interpretativa del Decreto de 1811, que sería concluido el 8 de octubre de 182088. Dicho proyecto _inspirado en el propuesto por la Comisión de señoríos en 1813_ se dirigía sobre todo a disipar las dudas suscitadas por la inteligencia del artículo 5 del Decreto; se trataba, en suma, de resolver si el Decreto de 1811 comprendía o no la abolición de los derechos territoriales. Es precisamente en ese momento polémico cuando se redactan y presentan Los principios a las Cortes. El libro se escribe, por ende, bajo el impulso de acontecimientos inmediatos, y con el designio de influir en el debate parlamentario; el mismo autor excusa los posibles defectos de su obra, entre otras razones, por "la premura del tiempo para llegar oportunamente con (sus) ideas á las próximas sesiones legislativas"89. Sabemos que el libro se publicó antes del 31 de marzo de 1821, pues en tal fecha fue objeto de recensión en El Censor90; pocos días atrás, Mariano Amadori había dado a la imprenta su Memoria sobre los señoríos territoriales y solariegos y, aún antes, Antonio Mira había hecho lo propio con su Pensamiento conciliatorio91. Tal profusión publicística92 es un ejemplo más de "la controversia que dentro y fuera del Congreso dividia á los sabios, [...] tenia a los tribunales en la incertidumbre, y á los señores y á los pueblos en continua guerra" 93.

Antes de volver a Los principios, confrontemos los escritos de Mira y Amadori. La disparidad de criterios que separa ambos textos refleja, en cierto modo, el antagonismo entre exaltados y doceañistas en el seno de las Cortes. El Pensamiento conciliatorio es un claro alegato antiseñorial, cuyo autor, Antonio Mira Percebal y Muñoz, se declara Profesor de Derecho, "letrado desconocido y de pocos años de ejercicio" y "propietario con algunas fincas sugetas á censo enfitéutico en pueblo que fué de señorío"94; en su escrito, Mira niega la sinonimia entre señorío territorial y solariego y dominio sobre la tierra: "el señorío se refiere á las personas, y el dominio á las cosas: y solo podia llamarse señorío territorial y solariego el que obtenian los señores sobre sus vasallos como partícipes de la soberanía ó del poder supremo que se apropiaron ó les concedieron los Reyes en aquellos pueblos separados de la Corona"95. De acuerdo con su interpretación del artículo 5 del Decreto de 1811, la exhibición de los títulos era condición necesaria para comprobar si los señoríos eran o no reversibles, debiendo suspenderse mientras tanto el pago de las prestaciones96; de ahí que rechace el argumento justificativo más caro a los señores: la prescripción por posesión inmemorial97.

Por último, Mira pergeña un proyecto de ley interpretativa desenvuelto en once artículos. El artículo 1 ofrece como medio de redención de las prestaciones territoriales la capitalización de su valor al seis por ciento; los colonos se hallarían obligados a redimir sólo la mitad del capital en cinco años y plazos iguales, quedando la mitad restante a beneficio de los propios colonos98.

En el extremo opuesto cabría situar la Memoria de Amadori, quien declarándose deudor de las doctrinas de Montesquieu, Destutt de Tracy y Bentham, formula una interpretación del Decreto de 1811 inequívocamente favorable a los intereses de los antiguos señores99. Como no podía ser menos, Amadori se adhiere al dictamen del Tribunal Supremo, al tiempo que impugna el informe de la Comisión de señoríos de 1813100. Tampoco le convencen las razones de oportunidad política esgrimidas para justificar la abolición de los señoríos territoriales y solariegos: una eventual transferencia de las propiedades de la nobleza a los pueblos, más que la afección de una nueva clase de propietarios a la causa constitucional, provocaría el descontento de los despojados y, en última instancia, su connivencia con las fuerzas de la reacción. El discurso de Amadori se cierra con las siguientes proposiciones conclusivas: 1) el propósito de los legisladores de Cádiz fue destruir el feudalismo para hacer inviolable la propiedad, que no es un derecho nacido de la ley, sino un hecho originario y natural reconocido y protegido por aquélla; 2) el Decreto no abolió de ningún modo los señoríos territoriales y solariegos ni las prestaciones y derechos derivados de la propiedad del suelo y de contrato libre; 3) tampoco exigió que para elevarse a propiedad particular aquellos señoríos, sus poseedores hubiesen de presentar los títulos de adquisición, quedando despojados, entretanto, de la percepción de las prestaciones y 4) la posesión inmemorial es el mejor de los títulos y prescribe hasta contra la nación101.

V. EL PROYECTO DE LEY INTERPRETATIVA DE CAMBRONERO

La idea que preside Los principios es la necesidad de conciliar "las nuevas instituciones con lo que habia de justo y saludable en las antiguas, separando de ellas lo que era falto de equidad y depresivo"102. Así pues, nos hallamos ante un texto inspirado en una tendencia moderada, ajena desde luego a "injustos é impolíticos esperimentos"103.

El anónimo autor de Los principios empieza por analizar "el benéfico y sabio decreto de las Cortes extraordinarias"104, formulando al respecto dos cuestiones: 1) si el Decreto comprendía la abolición de los señoríos territoriales y solariegos y, en consecuencia, debían ser incorporados a la nación, y 2) si los antiguos señores se hallaban obligados a presentar los títulos de adquisición.

Por lo que se refiere a la primera cuestión, nuestro jurisconsulto defiende a ultranza la propiedad territorial y solariega, en una línea argumentativa análoga a la seguida por Amadori105, y contraria a la postulada por Mira106. Persuadido de la necesidad de respetar "el sagrado derecho de propiedad"107, recuerda a tales efectos que la Constitución en su artículo 4 se ofrecía a conservar y proteger la propiedad y los demás derechos legítimos; protección que debía extenderse a la territorial y solariega, considerada por nuestro autor un género de propiedad legítimo, saludable, e incluso benéfico. Ahora bien, era necesario depurarla de cuanto "pudiera tener de extraño, de accidental á ella misma, de absurdo ó depresivo tal vez"108, y desnudarla de "todas las prerrogativas feudales"109. Entre ellas, la jurisdicción señorial; pero ésta ya había sido abolida generalmente por el texto constitucional, al determinar que la creación y composición de los tribunales era obra del poder legislativo110. En cuanto a la presentación de los títulos, el autor recuerda la discrepancia entre el dictamen del Tribunal Supremo y el de las dos comisiones de las Cortes, inclinando la balanza en favor del dictamen de aquel Tribunal, "encargado del depósito de la ley"111.

Acto seguido, examina y critica el proyecto de ley interpretativa de la Comisión, que, a su juicio, contradecía el espíritu del Decreto de 1811112. A tenor del proyecto, se exigía a los poseedores de señoríos territoriales y solariegos la previa presentación de los títulos para verificar que sus señoríos eran de los que debían considerarse como propiedad particular; mientras no obtuvieran sentencia ejecutoria favorable, los pueblos quedaban exonerados de pagar cosa alguna a sus antiguos señores113. Proposición que nuestro autor impugna, por considerarla más que interpretativa, derogatoria del artículo 5 del Decreto, en tanto en cuanto despojaba de su posesión a los antiguos señores, para transferirla, no a la nación, sino a los pueblos114. Critica asimismo el hecho de que se invierta la carga de la prueba, obligando a los antiguos señores a demostrar que sus señoríos no eran de naturaleza incorporable o que se habían observado las condiciones con que fueron concedidos; por lo demás, considera que la antigüedad de ciertos señoríos y las injurias sufridas por los archivos señoriales tras siglos de guerras incesantes, hacían ilusoria o imposible la presentación de los títulos exigida por el proyecto115. Descartada la presentación de los títulos, nuestro jurisconsulto recurre al argumento alegado por Amadori116 y combatido por Mira: la posesión inmemorial, de la que dimana la prescripción y que, en su opinión, constituye el título de propiedad por excelencia117. Por otra parte, censura que el proyecto atribuya el conocimiento de las cuestiones relativas a la indemnización de los antiguos señores a los juzgados de primera instancia, y no a las Audiencias, como hacía el Decreto de 1811, favoreciendo así la posibilidad de que las decisiones judiciales no fuesen imparciales118.

A continuación, el autor somete a la consideración de las Cortes su propio proyecto de ley interpretativa119 , integrado por veinticinco artículos, y fundado en "la concordia entre los intereses de la nacion y de los antiguos señores y colonos"120. El artículo 1 declara abolidos todos los servicios y prestaciones personales, ya tuvieran por origen la jurisdicción señorial, ya cualquier otro, "aunque sea el contrato", a diferencia del artículo 4 del Decreto de 1811, que dejaba a salvo las prestaciones derivadas de contrato libre121. Y es que para nuestro jurisconsulto, "toda prestacion personal perpetua" es una servidumbre122 incompatible con el sistema constitucional123. En el artículo siguiente nos ofrece su concepto de prestaciones personales: "todas las que no se hallan especialmente afectas ó cargadas sobre tierras, casas ú otra especie de bienes raices"124. No obstante, se prevé la indemnización de las prestaciones personales derivadas de título oneroso, como precio o servicios al Estado125.

Es justamente en las prestaciones personales donde se halla "la línea entre la feudalidad ó sus vestigios, y la propiedad territorial acensuada"126. A regular esta última se contraen los restantes artículos del proyecto. El artículo 4 asegura a los colonos el disfrute del dominio útil sobre los bienes inmuebles que por cualquier título hubiesen recibido de los señores, disposición aplicable asimismo a quienes los hubiesen recibido a título de feudo, foro o subforo127. A sensu contrario, el artículo 7 declara que la ley protege los señoríos territoriales y solariegos, "conservados en clase de propiedad particular por el decreto de las Cortes generales y estraordinarias de 6 de Agosto de 1811", omitiendo cualquier referencia a la necesidad de presentación de los títulos, si bien se deja a salvo el derecho de incorporación de los señoríos al Estado128. De acuerdo con el artículo 8, tanto los que tenían o adquirían por virtud de la ley el dominio útil, como los que gozaban del directo, no podrían ser despojados de uno o de otro dominio, ni de los derechos reales de ellos derivados, sin preceder citación, audiencia y decisión judicial129. Solución beneficiosa sobre todo para los antiguos señores, que podrían continuar en la percepción de las prestaciones, mientras no recayese sentencia judicial desfavorable.

El proyecto recoge algunas providencias supuestamente dirigidas a mejorar la suerte de los colonos, a quienes según el artículo 9 debía llamarse en lo sucesivo enfiteutas130: el artículo 13 les concede la facultad de reducir a numerario la prestación pactada en especie131; el 14 se limita a reproducir literalmente el artículo 9 del proyecto de la Comisión, que preveía la redención de los laudemios y las prestaciones anejas a las enfiteusis con arreglo a una Real Cédula de 17 de enero de 1805132. De acuerdo con el artículo 10, los enfiteutas gozarían de la libre facultad de permutar, hipotecar o enajenar el dominio útil de las fincas, sin perjuicio del derecho de tanteo que en el supuesto de venta correspondía al titular del dominio directo133; el derecho de tanteo sería recíproco para los titulares de ambas clases de dominio _directo y útil_, tal y como disponía el proyecto de la Comisión pero, a diferencia de lo preceptuado en dicho proyecto, aquel derecho no se declara intransferible y ha de ejercitarse en un plazo de dos meses134.

Por otra parte, el proyecto fija un plazo de tres años tanto para que los antiguos señores soliciten en las Audiencias la indemnización de los privilegios o derechos abolidos por el Decreto de 1811135, como para que los fiscales y pueblos intenten las demandas sobre tanteo, incorporación y reversión de los señoríos territoriales y solariegos al Estado136. La fijación de un plazo ya ha sido justificada por el autor, afirmando que "el supremo interés del estado, la paz y la certidumbre que ha menester la propiedad, piden que se ponga un límite a los pleitos"137.

VI. CONCLUSIÓN

Resulta cuando menos dudoso que la propuesta recogida en Los principios hallase eco en la discusión parlamentaria del proyecto de ley interpretativa, y es presumible que gozase del mismo predicamento que obtuvo la Memoria de Amadori138. Tal vez la réplica más rotunda a los argumentos defendidos en ambas obras sea un discurso de Martínez Marina _miembro, recordemos, de la Comisión_, leído en las Cortes en sesión de 6 de abril de 1821; el clérigo asturiano empieza por manifestar su perplejidad ante el contraste de pareceres suscitado por el dictamen de la Comisión, aludiendo a las publicaciones que, en fecha reciente, habían impugnado el proyecto: "Señor, yo no puedo dejar de admirarme y de manifestar al Congreso la sorpresa que me ha causado la divergencia de opiniones sobre el argumento que ocupa nuestra atencion: materia de hecho, en que, atendidas las luces del siglo, no debiera haber sino concordia y uniformidad de pensamientos. Me admiro al contemplar el giro y curso de los discursos y razonamientos publicados en estos dias por varios jurisconsultos y reproducidos por algunos Sres. Diputados, y el camino que han tomado para impugnar el dictámen de la comision; tanto más, cuanto no cabe duda, y estoy seguro de la imparcialidad, celo, ilustracion y sabiduría de todos los señores que han hablado sobre el presente argumento"139.

Acto seguido, Martínez Marina responde así a los razonamientos invocados para defender la propiedad territorial y solariega: "El derecho de propiedad es obra de la ley. Si la posesion y tenencia de las cosas no tiene esta garantía, antes está en contradiccion con las disposiciones de las leyes, no puede haber propiedad. Y esto es lo que se verifica de casi todos los señoríos territoriales y solariegos, no solamente de aquellos cuyos derechos, fincas y bienes son por su naturaleza reversibles á la Nacion, sino tambien de todos los que en cualquiera manera se han poseido contra el tenor de las leyes y expresa voluntad de la misma Nacion"140; y añade: "[...] la prescripcion, atendidos los principios de justicia universal y la práctica constante de nuestra antigua jurisprudencia, no pudo ni puede tener lugar sino respecto del poseedor de buena fé, ó del que ha gozado quieta ó pacíficamente de su propiedad, sin resistencia ni oposicion, sin que ninguno contradijese ó reclamase la posesion durante el término prefijado por la ley. Mas ¿cómo se han aventurado algunos á asegurar que la ley puede favorecer al poseedor de mala fé, ó ampararlo en la posesion de bienes inajenables por naturaleza y derechos imprescriptibles? ¿De bienes y derechos siempre reclamados, siempre resistidos?" 141.

Poco cabe añadir a las elocuentes palabras de Martínez Marina: consignemos que el proyecto de la Comisión se elevó a ley el 3 de mayo de 1823, tras superar un azaroso debate entre doceañistas y exaltados, y haber sido devuelto dos veces con la negativa de la sanción regia142, y en vísperas de la reacción absolutista, por lo que apenas alcanzó vigencia efectiva; en cualquier caso, su tenor favorecía _al menos, en apariencia_ a los pueblos, al imponer a los poseedores de señoríos territoriales y solariegos la obligación de presentar los títulos. El artículo 5 autorizaba la suspensión en el pago de las prestaciones "mientras que por sentencia que cause ejecutoria no se declare que los señoríos territoriales y solariegos no son de los incorporables a la Nación, y que se han cumplido en ellos las condiciones con que fueron concedidos"143, criterio contrario al defendido por el autor de Los principios.

 

NOTAS

1 He aquí el título completo del libro: Los principios de la Constitucion española y los de la justicia universal aplicados á la legislacion de señoríos, ó sea Concordia entre los intereses y derechos del Estado y los de los antiguos vasallos y señores. Precede un Discurso histórico legal sobre la feudalidad y los señoríos en España. Dedicado a las Cortes por un jurisconsulto español. Madrid. Imprenta de D. Mateo Repullés.1821. Puede verse una elogiosa recensión del libro en El Censor, periódico político y literario, Nº 35, sábado, 31 de marzo de 1821, pp. 370 - 375.         [ Links ]

2 Antonio Mira Percebal y Muñoz, Pensamiento conciliatorio en la cuestión pendiente sobre señoríos territoriales y solariegos, del ciudadano Don [...], Profesor de Derecho (Madrid, Imprenta de la Viuda de López, 1821).         [ Links ]

3 Mariano Amadori, Memoria sobre señoríos territoriales y solariegos, por [...] (Madrid, Imprenta de la Minerva Española, 1821);         [ Links ] fue asimismo objeto de reseña en El Censor, Nº 33, sábado, 17 de marzo de 1821, pp. 231 - 235.

4 "Publicóse este opúsculo [Los principios] en 1821, sin el nombre de su autor, pero sabemos que es el Sr. Cambronero" (Antonio De La Escosura Hevia, Juicio crítico del Feudalismo en España y de su influencia en el estado social y político de la nación (Madrid, 1856), p. 103, n. 5.         [ Links ] Vid. también p. 5.

5 Benito Gutiérrez Fernández, Códigos ó estudios fundamentales sobre el Derecho civil español (Madrid, 1863), II, pp. 153.         [ Links ]

6 Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano (2ª ed., Barcelona, 1968), XX, p. 372.         [ Links ]

7 Luis G[arcía] de Valdeavellano, Sobre la cuestión del feudalismo hispánico, en Homenaje a Julio Caro Baroja (Madrid, 1978), pp. 1001 - 1030,         [ Links ] publicado después en El feudalismo hispánico y otros estudios de Historia medieval (Barcelona, 1981), pp. 7 - 62, esp. p. 42, n. 63.         [ Links ]

8 Juan Rico Giménez, Sempere Guarinos entre la Ilustración y el Liberalismo, en Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna, 1 (1981), pp. 37 - 70, esp. p. 66.         [ Links ]

9 Juan Rico Giménez, De la Ilustración al Liberalismo (el pensamiento de Sempere y Guarinos) (Alicante, 1997), pp. 230 - 231.         [ Links ]

10 Los principios, cit., pp. 1 - 2.

11 Vid. Juan Francisco Lasso Gaite, Crónica de la Codificación española. 4. Codificación Civil (Génesis e historia del Código) (Madrid, 1970), I, p. 99, n. 3.         [ Links ]

12 Georges Demerson, Don Juan Meléndez Valdés y su tiempo (1754 - 1817) (traducción revisada por Ángel Guillén, Madrid, 1971), I, p. 83, n. 56.         [ Links ]

13 Tomamos la expresión a préstamo de Pedro Molas Ribalta, Los magistrados de la Ilustración (Madrid, 2000).         [ Links ]

14 Molas Ribalta, Los magistrados, cit., p. 98.

15 Lasso Gaite, Crónica de la Codificación, cit., p. 99, n. 3.

16 Ibídem.

17 Molas Ribalta, La Chancillería de Valladolid en el siglo XVIII. Apunte sociológico, en Pedro Molas Ribalta y otros, Historia social de la Administración. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII (Barcelona, 1980), pp. 87 - 116, esp. p. 108.         [ Links ]

18 Molas Ribalta, Los magistrados, cit., p. 91.

19 Ibídem, p. 89.

20 Juan Mercader Riba, José Bonaparte Rey de España (1808 - 1813). Estructura del Estado bonapartista (Madrid, 1983), p. 143         [ Links ] y Molas Ribalta, Los magistrados, cit., p. 123.

21 Ibídem, pp. 147 - 148. Vid. también Demerson, Don Juan Meléndez Valdés, cit., I, p. 488.

22 Mercader Riba, José Bonaparte, cit., pp. 154 y 358 - 359.

23 Ibídem, p. 158.

24 Ibídem, p. 321.

25 Ibídem, p. 162, n. 131.

26 Ibídem, pp. 66 - 67 y 177.

27 Ibídem, p. 149.

28 Ibídem, p. 164.

29 Ibídem, p 441. Según Manuel Espadas Burgos, La Sociedad Económica Matritense y el hambre de 1812, en Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y su obra. Comunicaciones presentadas en el Pleno de la Asamblea celebrado en San Sebastián, los días 9 al 11 de diciembre de 1971 (San Sebastián, 1972), pp. 207 - 222, esp. p. 212, el nombramiento oficial no se produjo hasta enero de 1812.

30 Mercader Riba, José Bonaparte, cit., p. 546. Vid. Demerson, Don Juan Meléndez Valdés, cit., I, p. 544.

31 Mercader Riba, José Bonaparte, cit., p. 328.

32 Vid. Mercader Riba, José Bonaparte, cit., p. 146 y Demerson, Don Juan Meléndez Valdés, cit., II, p. 29.

33 Según Demerson, Don Juan Meléndez Valdés, cit., II, pp. 95, 126 y 383, Meléndez Valdés compuso en Montauban su Oda XXXI, dedicada "a mi amigo, Don Manuel María Cambronero, por su sensibilidad y su amor a la patria, escrita en diciembre de 1813"

34 Demerson, Don Juan Meléndez Valdés, cit., II, pp. 95 y 97.

35 Ibídem, II, p. 95.

36 Ibídem, II, p. 109.

37 Ibídem, II, p. 97, n. 88.

38 Rafael Gibert, Ciencia jurídica española (Granada, 1983), p. 35.         [ Links ]

39 Rafael Gibert, La disolución de los mayorazgos (Granada, 1958), p. 5, n. 1.         [ Links ]

40 Manuel María Cambronero, La institución de los mayorazgos, examinada histórica y filosóficamente, con un proyecto de ley para su reforma (Madrid, Imprenta de Collado, 1820), pp. 1 - 2.         [ Links ]

41 Lasso Gaite, Crónica de la Codificación, cit., p. 99, n. 3.

42 Rafael Gibert, Ciencia jurídica, cit., p. 35.

43 Vid. Jesús Rubio, Sainz de Andino y la Codificación mercantil (Madrid, 1950), pp. 112 - 113.         [ Links ]

44 Escrito inédito hasta 1858, año en que fue publicado en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia 13 (1858), pp. 5 - 25 y 161 - 169.         [ Links ]

45 Lasso Gaite, Crónica de la Codificación, cit., p. 97.

46 Cit. por Juan Baró Pazos, La Codificación del Derecho Civil en España (1808 - 1889) (Santander, 1993), p. 65.         [ Links ]

47 Cambronero, Plan de una obra de jurisprudencia nacional, cit., p. 7.

48 Ibídem. Sobre la orientación metodológica expuesta por Cambronero en el Plan de una obra de jurisprudencia nacional, véase Francisco Tomás Y Valiente, El pensamiento jurídico, en Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola, III: Iglesia. Pensamiento. Cultura (Madrid, 1988), pp. 327 - 408, esp. pp. 376 - 377.         [ Links ]

49 Cambronero, Plan de una obra de jurisprudencia nacional, cit., p. 9.

50 Ibídem, p. 10.

51 Cambronero, La institución de los mayorazgo, cit., p. 2, y Los principios, cit., pp. 20, n. 2 y 3, 26, 46, n. 1, y 47, n. 1.

52 Cambronero, Los principios, cit., pp. 2 - 3.

53 Ibídem, p. 7.

54 Ibídem, p. 8.

55 Ibídem, pp. 4 - 5.

56 Ibídem, p. 4. En La institución de los mayorazgos, cit., p. 26, sostiene Cambronero que "especialmente en las provincias de Castilla y Leon, fue mas templado este sistema de parcialidad y de desórden".

57 Cambronero, Los principios, cit., p. 9.

58 Ibídem, p.18.

59 Ibídem, pp. 32 ss.

60 Ibídem, pp. 36 ss.

61 Ibídem, p. 39.

62 Ibídem, p. 45.

63 Ibídem, p. 48.

64 Idídem, p.49.

65 Vid. José Antonio Escudero, Estudio introductorio a la Teoría de las Cortes de Francisco Martínez Marina, publicado primero en el vol. I, XV - CLXXX, de la Teoría de las Cortes de la Junta General del Principado de Asturias, y después en Administración y Estado en la España Moderna (Valladolid, 1999), pp. 327 - 465, esp. p. 403.         [ Links ]

66 Vid. Juan Sempere, Memorias para la Historia de las Constituciones españolas. Memoria primera sobre la Constitución gótico _ española (París, 1820), pp. 174 - 176.         [ Links ]

67 Cambronero, Los principios, cit., pp. 92 y 101.

68 Ibídem, p. 179.

69 Ibídem, pp. 61 y 80.

70 Ibídem, p. 129.

71 Ibídem, p. 110.

72 Ibídem, p. 63.

73 Ibídem, p. 80.

74 Ibídem, p. 140.

75 Ibídem, pp. 143 y 157.

76 Ibídem, pp. 144, 158 y 167.

77 Ibídem, p. 146.

78 En Salvador de Moxó, La disolución del régimen señorial en España (Madrid, 1965), pp. 202 - 218.         [ Links ]

79 Cambronero, Los principios, cit., pp. 146 - 157.

80 Ibídem, pp. 137. En La institución de los mayorazgos, Cambronero llama "útil contrato" a la enfiteusis (Cambronero, La institución de los mayorazgo, cit., p. 45). Sobre la "entrañable afinidad históricamente" existente entre señorío y enfiteusis, véase. Bartolomé Clavero, Enfiteusis, ¿Qué hay en un nombre?, Anuario de Historia del Derecho Español 56 (1986), pp. 467 - 519, esp. p. 480.         [ Links ]

81 Sobre la mitificación de la enfiteusis, Vid. Clavero, Enfiteusis, cit., p. 489.

82 Cambronero, Los principios, cit., p. 185.

83 En de Moxó, La disolución, cit., pp. 191 - 192.

84 Ibídem, p. 191.

85 Para lo que sigue, véanse: Diario de las Sesiones de Cortes. Legislatura de 1820 (Madrid, 1873), III, pp. 1768 _ 1774;         [ Links ] y Rafael García Ormaechea, Supervivencias feudales en España (Sobre el problema de los señoríos), en Revista General de Legislación y Jurisprudencia 160 (1932), pp. 569 - 663,         [ Links ] publicado con apéndices y como libro bajo el título Supervivencias feudales en España. Estudio de legislación y jurisprudencia sobre señoríos (Madrid, 1932; 2ª ed., Pamplona, 2003, edición y estudio de Pedro Ruiz Torres);         [ Links ] Moxó, La disolución, cit., y Francisco J. Hernández Moltalbán, La cuestión de los señoríos en el proceso revolucionario burgués: el Trienio Liberal, en Bartolomé Clavero et alii, Estudios sobre la revolución burguesa en España, Madrid, 1979, pp. 113 - 158,         [ Links ] y La abolición de los señoríos en España (1811 - 1837), Valencia, 1999, passim,         [ Links ] y Agustín Ruiz Robledo, La abolición de los señoríos, en Revista de Derecho Político, núm. 20. Invierno 1983 - 1984, pp. 121 - 149.         [ Links ]

86 de Moxó, La disolución, cit., p. 87.

87 Hernández Moltalbán, La abolición, cit., p. 209.

88 Vid. Diario de las Sesiones de Cortes. Legislatura de 1820 (Madrid, 1873), III, Sesión de 19 de octubre de 1820, p. 1774.         [ Links ]

89 Cambronero, Los principios, cit., p. 3.

90 Véase nota 1.

91 Vid. Hernández Moltalbán, La abolición, cit., pp. 395 - 398.

92 En ese sentido, Juan Antonio Alejandre García, Un paréntesis en la Censura Inquisitorial de libros y folletos: Lecturas en la España del Trienio Liberal, en Cuadernos de Historia del Derecho 10 (2003), pp. 9 - 47, esp. p. 11,         [ Links ] dice que, durante el Trienio Liberal, el reconocimiento del libre derecho a difundir las ideas, ya se tratara de planteamientos políticos, de disquisiciones filosóficas o de reflexiones teológicas o religiosas, dio lugar a la eclosión de innúmeros folletos, periódicos, (y) libros de todo género".

93 Gutiérrez Fernández, Código, cit., p. 153. Sobre la actitud de los pueblos, véase Documentos con que los síndicos de Osuna manifiestan la nulidad de posesion de mas de 25000 fanegas de tierra que los Señores Duques de este Estado han disfrutado, y disfrutan en la actualidad en daño de este vecindario. Dáse a luz por un amante del bien público para desengaño de alucinados (Sevilla, Imprenta Mayor de la Ciudad, 1821). Debo a la amabilidad del historiador Francisco Luis Díaz Torrejón el conocimiento de dicho texto.

94 Mira, Pensamiento, cit., p. 1. de Moxó, La disolución, cit., p. 131, califica a Mira de "espontáneo y fogoso arbitrista en la solución del grave problema señorial".

95 Ibídem, p. 6. Véase también pp. 8, 9, 21 y 25.

96 Ibídem, pp. 16 y 23.

97 Ibídem, pp. 23 ss.

98 Ibídem, pp. 31 - 33.

99 Vid. García de Valdeavellano, Sobre la cuestión del feudalimo, cit., p. 41.

100 Amadori, Memoria, cit., pp. 28 ss.

101 Ibídem, pp. 64 - 65.

102 Ibídem, p. 4.

103 Ibídem, p. 167.

104 Ibídem, cit., pp. 175 - 176.

105 de Moxó, La disolución, cit., pp. 105 - 106.

106 Cambronero, Los principios, cit., pp. 178 - 191.

107 Ibídem, pp. 175 y 204 - 205.

108 Ibídem, p. 166.

109 Ibídem, p. 177.

110 Ibídem, p. 165.

111 Ibídem, p. 181.

112 Ibídem, p. 191. En gran medida, las críticas del autor al proyecto se fundan en el voto particular formulado por Joaquín Rey, diputado y miembro de la Comisión primera de Legislación (Cambronero, Los principios cit., pp. 186, 189 y 191). Véase Diario de las Sesiones de Cortes. Legislatura de 1820 (Madrid, 1873), III, Sesión de 19 de octubre de 1820, pp. 1775 - 1782.         [ Links ]

113 Cambronero, Los principios, cit., pp. 182 - 183.

114 Ibídem, pp. 182 y 191.

115 Ibídem, p. 187.

116 Amadori, Memoria, cit., pp.21 - 26.

117 Cambronero, Los principios, cit., pp. 188 - 189.

118 Ibídem, pp. 169 - 170.

119 Proyecto de ley interpretativa, y para que tenga ejecucion y complemento el decreto de las Cortes generales y estraordinarias de 6 de Agosto de 1811 sobre señoríos (Cambronero, Los principios, cit., p. 202). Dicho proyecto mereció tiempo después el juicio aprobatorio de Benito Gutiérrez, quien glosó algunos de sus artículos: "Durante la discusión, y antes de que el Proyecto fuese ley, un jurisconsulto notable presentaba á las Córtes otro, del cual preferiríamos algunos artículos, porque en nuestro concepto precisan mejor el carácter de los Señoríos que se debian suprimir, y los que se podian conservar" (Gutiérrez Fernández, Código, cit., p. 167).

120 Cambronero, Los principios, cit., p. 193.

121 Ibídem, pp. 202 - 203.

122 Ibídem, p. 202.

123 Ibídem, p. 202. Páginas atrás ya se había sostenido que las prestaciones perpetuas e irredimibles, aunque procedieran de contrato, debían abolirse en favor de los antiguos vasallos, aunque salvando la indemnización de los señores (Cambronero, Los principios, cit., p. 168).

124 Ibídem, p. 202.

125 Art. 3 del proyecto (Cambronero, Los principios, cit., p. 202).

126 Cambronero, Los principios, cit., p. 202.

127 Art. 5 del proyecto (Cambronero, Los principios, cit., p. 203).

128 Cambronero, Los principios, cit., p. 203.

129 Ibídem, p. 204.

130 Ibídem, p. 204.

131 Ibídem, p. 206.

132 Ibídem. Sobre la problemática existencia de un derecho de redención en las leyes sobre señoríos, Vid. Clavero, Enfiteusis, cit., pp. 495 ss.

133 Cambronero, Los principios, cit., p. 205.

134 Art. 12 del proyecto (Cambronero, Los principios, cit., p. 205)

135 Art. 17 del proyecto (Cambronero, Los principios, cit., p. 207).

136 Art. 18 del proyecto (Cambronero, Los principios, cit., p. 208).

137 Cambronero, Los principios, cit., p. 173.

138 En cuanto al opúsculo de Antonio Mira, hay constancia de que en sesión de 19 de abril de 1822 presentó su proyecto, pasando a la Comisión segunda de Legislación [Diario de las Sesiones de Cortes. Legislatura de 1822 (Madrid, 1872), III, p. 925].         [ Links ]

139 Diario de las Sesiones de Cortes. Legislatura de 1821 (Madrid, 1871), III, p. 917.         [ Links ]

140 Ibídem, p. 918.

141 Ibídem, p. 920.

142 Acompañando, eso sí, la primera negativa con otro proyecto de ley aclaratoria, redactado por Nicolás María Garelli, Secretario del Despacho de Gracia y Justicia. El texto del proyecto real puede verse en de Moxó, La disolución, cit., p. 253.

143 En de Moxó, La disolución, cit., p. 255.

 

Dirección para correspondencia: Catedrático de Historia del Derecho. Facultad de Derecho. Área de Historia del Derecho. Universidad de Granada. Plaza de la Universidad, 1, 18001 Granada. España. Correo electrónico: jalnevot@ugr.es

Recibido: 16 de noviembre Aprobado: 23 de noviembre de 2004.

 

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