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Revista de estudios histórico-jurídicos

versão impressa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.27 Valparaíso  2005

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552005000100018 

 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXVII, 2005, 369-428

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO

Producción romanística española de los años 2002 y 2003


Francisco Cuena Boy

Antonio Mateo Sanz

Universidad de Cantabria, Santander

España

Francisco Javier Andrés Santos

Universidad de Valladolid

España

Mª. Teresa González-Palenzuela Gallego

Universidad de Extremadura

España

Dirección para correspondencia






I. LIBROS
*

AA.VV. (a cargo de F. Amarelli y F. Lucrezi), El proceso contra Jesús, Madrid, Dykinson, 2002, lxxxiv + 263 páginas; traducción de A. Fernández de Buján; introducción de F. Fernández de Buján.

Este libro es la traducción española del original italiano (Il processo contro Gesù), aparecido en la colección `Quaestiones' de la editorial Jovene (Nápoles 1999, cf., al respecto, S.A. Fusco, en SDHI 66 [2000], pp. 603 - 608; M. Miglietta, en Labeo 46 (2000), pp. 318 - 321; id., en AG 221 (2001), pp. 473 - 493), sin más añadidos que una larga introducción a la edición española a cargo del profesor Federico Fernández de Buján, y una addenda bibliográfica hacia el final del volumen (pág. 231), en que se relacionan algunas de las obras pertinentes en torno al mismo tema aparecidas desde la publicación del original italiano.

En su denso y emotivo ensayo introductorio ("Jesús callaba. Renuncia al derecho de defensa", pp. VII - LXXVII), F. Fernández de Buján hace una extensa glosa, a caballo entre la indagación historiográfica y la reflexión teológica, a los pasajes evangélicos en que se señala el silencio de Jesús en su proceso (o, más bien, procesos) (Mt. 26,23 y otros), a través de la cual trata de "explicar" (en la medida de lo posible, tratándose de la persona a quien se refiere) la razón última de esa renuncia voluntaria del imputado a su propia defensa. Tras un concienzudo análisis del contexto en que tan sorprendente postura se inscribe, haciendo uso de los Evangelios como auténticos documentos históricos (en la línea del magisterio de las Encíclicas Divino Afflante y Tertio Millenio Adveniente), el A. llega a la conclusión de que tal comportamiento no es ajeno a una actitud general y un talante de Jesús transmitido por las fuentes evangélicas, lo que le lleva, en última instancia, a plantearse el problema mayor del "Silencio de Dios", ante el cual el historiador del Derecho debe ceder el paso al teólogo, e incluso al cristiano común, que busca ante todo "escuchar" mejor ese Silencio, entendido como un misterio insondable.

Entrando ya en lo que constituye el cuerpo original del libro, éste se abre con un "Prólogo" de Francesco P. Casavola (pp. LXXXI - LXXXIII), en el que también se hace eco del problema del silencio de Jesús en su proceso, que atribuye a la aplicación de un procedimiento judío arcaico (el ryb) en el que la parte ofendida es también juez e intenta superar ese contraste con el llanto o el silencio.

Sigue a este prólogo una extensa "Nota introductoria" (pp. 1 - 34) a cargo de Carlo Venturini, en la que trata de enmarcar el proceso de Jesús dentro de la historia de la jurisdicción criminal romana en Italia y en las provincias en el siglo I (en sentido amplio), desde el desarrollo del sistema de las quaestiones perpetuae a la introducción del procedimiento extra ordinem y su extensión a las provincias; el A. pone de relieve el progresivo incremento de las facultades discrecionales de los gobernadores provinciales en la sustanciación de los procesos penales contra ciudadanos y peregrini y el paralelo retroceso de la provocatio, con una paulatina regulación jurídica de esas facultades a través de los mandata imperiales.

Tras esta "Nota introductoria" aparecen ya los siete capítulos centrados en el verdadero objeto del volumen, en los que otros tantos autores van comentando, desde un punto de vista preferentemente histórico-jurídico (aunque no faltan tampoco interesantes consideraciones de tipo cultural, religioso y filológico), sendos versículos de los Evangelios que, a modo de hitos fundamentales, delinean el drama de la Pasión de Cristo.

En el capítulo I ("Y Jesús llegó a Jerusalén y entró en el Templo [Marc. 11, 11]: Posición socio-política de Jerusalén y función institucional del Templo", pp. 35 - 55), Alfredo Mordechai Rabello nos presenta una detallada descripción de la Jerusalén y la Judea de la época de Jesús, con sus agudos contrastes internos (saduceos, fariseos, esenios y grupos "revolucionarios" incontrolados) y su clima de enfrentamiento, más o menos contenido, con la autoridad imperial romana, representada por los prefectos o procuradores, en una atmósfera de efervescencia político-religiosa, donde la figura del Templo o Santuario ocupa una posición central.

En el capítulo II ("Lo llevaron ante Caifás, sumo sacerdote [Matth. 24, 57]: La jurisdicción del Sanedrín", pp. 57 - 72), la profesora Daniela PIattelli nos aclara, de la mano de los resultados que la crítica neo-testamentaria ha alcanzado en los tiempos más recientes, que, según se desprende de las fuentes históricas y rabínicas (principalmente, la Mishnah), el término `sanedrín', usado en relación con el proceso de Jesús en los textos evangélicos, hace referencia a un consilium con simple facultad consultiva, y no a un verdadero órgano judicial, lo cual se comprende teniendo en cuenta que los Evangelios en ningún caso pueden considerarse como fuentes técnicas para el conocimiento del Derecho y el procedimiento aplicados en la Judea de su tiempo.

En el capítulo III ("Lo llevaron y lo entregaron al gobernador Poncio Pilatos [Matth. 27, 2]: La jurisdicción del prefecto de Judea", pp. 73 - 89), Bernardo Santalucia hace un excelente estudio técnico de los poderes jurisdiccionales en el ámbito penal del gobernador romano de la provincia de Judea, sobre todo a base de la información facilitada por las fuentes extraevangélicas, a fin de evitar los apriorismos derivados de los relatos de los evangelistas. De su pormenorizado análisis se desprende que la jurisdicción criminal en la Judea de la época de Cristo debía de estar repartida entre el prefecto romano (que tendría una competencia general sobre toda clase de delitos que pusieran en riesgo la seguridad del Estado en la provincia, con capacidad para ejercer el ius gladii sobre los no romanos) y las autoridades judías, i.e. el Sanedrín (que entendería de delitos de índole religiosa, pero sin capacidad para imponer la ejecución capital); no obstante, esta delimitación de competencias no siempre estaría perfectamente clara, ya que siempre podía haber conductas situadas en un terreno híbrido entre el delito religioso y el civil, de manera que, en tales supuestos, el gobernador preferiría normalmente abstenerse de juzgar, como debió de ser el caso objeto de este libro.

El capítulo IV ("Preguntó si el hombre era galileo y, cuando supo que estaba sometido a la potestas de Herodes, lo hizo conducir ante Herodes [Luc. 23, 6 - 7]: El envío al tetrarca de Galilea y Perea", pp. 91 - 129), a cargo de Massimo Miglietta, se dedica a ese curioso relato, sólo transmitido por el Evangelio de Lucas, del proceso de Jesús ante Herodes Antipas. El autor afirma que el pasaje tiene apoyo en las fuentes jurídicas (Cels. D. 48, 3, 11; cf. Macer D. 48, 3, 7) y que el protagonismo de Herodes en el proceso a Jesús está puesto de relieve también en la tradición de los Evangelios apócrifos, por lo que su autenticidad resulta verosímil (máxime teniendo en cuenta que Lucas demuestra ser mejor conocedor que los otros evangelistas de los hechos relacionados con Antipas). El A. concluye que el episodio tal vez tiene más que ver con el deseo de Pilato de contar con todos los elementos cognoscitivos necesarios para resolver el caso de Jesús que con razones de índole jurídica o procedimental, puesto que, si tal fuera el caso, el prefecto debería haberse abstenido finalmente de juzgar.

En el capítulo V ("Los jefes de los sacerdotes y el Sanedrín buscaban un falso testimonio [Matth. 26, 59]: Las acusaciones y las pruebas", pp. 131 - 168), la magistrada Barbara Fabbrini aborda de manera muy técnica el iter procesal de la condena de Jesús por parte del consejo del Sanedrín, estudiando las distintas fases del procedimiento y, especialmente las pruebas utilizadas, y concluye que el tribunal judío actuó con plena conformidad a las reglas procesales de su Derecho (si bien para ello debe asumir la discutida tesis de A. Jaubert sobre una duración del proceso de más de un día) resultando decisiva, a su juicio, la propia declaración de Jesús proclamando su filiación divina ante el consejo; a continuación, analiza igualmente el ejercicio probatorio ante Pilato, admitiendo que el prefecto, a falta de verdaderas pruebas, hubo de dictar la sentencia condenatoria movido por la presión del Sanedrín y la existencia de signos e indicios de posible sedición en el acusado, confirmados por fama et rumores en la masa popular.

El capítulo VI ("¿A quién queréis que se libere, Barrabás o Jesús? [Matth. 27, 17]: El privilegium pascual", pp. 169 - 180), elaborado por Lucio Bove, analiza el extraño episodio (recogido en todos los Evangelios canónicos, pero carente de referencias paralelas externas, ni siquiera en Flavio Josefo) de la consulta popular sobre la liberación de un preso por el gobernador romano con motivo de la Pascual judía. El A., aun poniendo en duda la historicidad del caso, no considera inverosímil esa posibilidad, sobre la base de un texto de la Mishnah (Pesachim VII, 6ª) que habla de la exclusión de la inmolación del cordero pascual "por uno al que haya sido prometido que se le dejará salir de prisión", que tal vez es reflejo de una antigua costumbre judaica (luego continuada por Herodes y los romanos) de liberar a un preso político ante la turba clamans de Jerusalén con ocasión de la Pascua; asimismo, el episodio no sería ajeno a la actitud calculadora de Pilato, que podría buscar en la opinión del pueblo un expediente de resolución de la disonancia cognitiva en que se hallaba, autolimitando así su potestas con el fin de evitar desórdenes.

Por fin, en el capítulo VII (Hecho flagelar Jesús, lo entregó a fin de que fuese crucificado [Matth. 27, 26]: El suplicio, pp. 181 - 195), la profesora Eva Cantarella describe, de manera crudísima y exacta, los terribles pormenores de la ejecución por crucifixión en época romana, con las penas accesorias que la acompañaban.

Tras los capítulos que integran el cuerpo del libro, los editores (F. Amarelli y F. Lucrezi) recapitulan en un "Epílogo" (pp. 197 - 212) los problemas, metodológicos y prácticos, de la elaboración del libro y las principales aportaciones que, a su juicio, presenta, señalando particularmente el hecho de que constituye, a su juicio, un acabado ejemplo de un trabajo histórico tendencialmente unitario, no reducido al ámbito de una sola especialidad, sino construido por un mosaico de visiones plurales, a menudo en enriquecedora polémica entre sí.

El libro se cierra con una extensa nota bibliográfica (a cargo de Massimo Miglietta) sobre los distintos capítulos del libro (a la que se suma la "addenda" para esta traducción, anteriormente citada) y un exhaustivo índice de fuentes. (F.J.A.)

AA. VV. (R. Domingo coord.), Textos de derecho romano, ed. corregida y aumentada, Pamplona, Aranzadi S.A., 2002, 557 páginas, 15 fotografías y 1 mapa.

Se incorpora a esta nueva edición el profesor de filología latina y epigrafía jurídica de la Universidad de Navarra Álvaro Sánchez-Ostiz, que se ha encargado de unificar los criterios de edición y traducción y de introducir algunas novedades en los §§ 3 ("Iura et leges") y 4 ("Negotia").

Juan Miguel Alburquerque Sacristán, La protección o defensa del uso colectivo de cosas públicas en Derecho romano: especial referencia a los interdictos de publicis locis, Madrid, Dykinson, 2002, 252 páginas.

Este estudio se sitúa en una línea investigadora propugnada por el prof. Antonio Fernández de Buján, la cual, buscando la convergencia de la Historia y la Dogmática, intenta evidenciar cómo el derecho actual termina reencontrando los principios acuñados por la jurisprudencia romana. Este reencuentro se advierte en el tema que el prof. Alburquerque _discípulo de Fernández de Buján_ estudia en la presente monografía: el de los interdictos de publicis locis, relacionados con la tutela de las res publicae in publico usu.

En un primer capítulo introductorio, el A. se refiere a la base textual para el estudio de estos interdictos _principalmente los títulos VII al XV del libro cuadragésimo tercero del Digesto_ y, tras precisar su posición acerca de la posible existencia de un "derecho administrativo romano", define qué debe entenderse por uso público y qué cosas pueden considerarse res publicae in publico usu, esto es _siguiendo a Di Porto_ aquéllas cuyo uso queda tutelado mediante interdictos populares.

Tras esta introducción, el A. va fijando su atención en los diferentes interdictos que protegen dichas res publicae in publico usu. Así, el segundo capítulo estudia el interdicto ne quid in loco publico vel itinere fiat, que _con diversas formulaciones_ tiene por objeto defender los lugares públicos frente a intromisiones que los deterioren y obras no autorizadas, siempre que tales obras no hayan sido acabadas, y que no se hayan realizado con violencia o clandestinamente _supuesto en el que procedería el ejercicio del interdicto quod vi aut clam, del que el A. también se ocupa, para señalar las diferencias existentes entre ambos_. Corresponde el ejercicio del interdicto a cualquiera que se considere incomodado por las obras en curso respecto al uso que venía haciendo del lugar público. La posible extensión del interdicto como útil y su relación con la acción de injurias cierran este capítulo.

El tercer capítulo se dedica al interdicto ne quid in via publica itinereve publico fiat, quo ea via idve iter deterius sit fiat, dirigido no sólo contra quien hiciere algo que perjudique el normal uso de las vías públicas fuera de las ciudades, afectando a su estructura o sus cualidades, sino también contra quien mantenga lo hecho en perjuicio de tales vías. A propósito de la doble formulación del interdicto _prohibitoria y restitutoria_, se extiende el autor sobre la distinción entre vías públicas, privadas y vecinales, observada por la jurisprudencia romana. En el análisis de los textos jurisprudenciales sobre estos interdictos, advierte el autor una tendencia a flexibilizar su aplicación, extendiéndola a supuestos en que la perturbación es consecuencia de una actividad lícita realizada en el fundo del demandado, incluso cuando tal actividad no afecte sino indirectamente al tránsito por la vía, como sería el caso de la emisión de malos olores que la infesten. Un último interdicto contemplado por el pretor en esta sede prevenía cualquier violencia contra los usuarios de las vías públicas.

El capítulo cuarto estudia el interdicto de loco publico fruendo, que defendía el disfrute del terreno adjudicado a un arrendatario público. Señala el A. que, para la jurisprudencia romana, este interdicto _que defiende el aprovechamiento privado de un bien público_ se justifica por la utilitas publica que supone proteger así los ingresos públicos, en cuanto se defiende a quien los disfruta a cambio de una contraprestación para el Erario. Esa razón de fondo de la utilidad pública explica que el A. se ocupe en el presente trabajo de este interdicto, que pudo extenderse a supuestos en que el bien público disfrutado no era un terreno, como podría haber sido el caso de las pesquerías.

El quinto capítulo estudia el interdicto de via publica et itinere publico reficiendo, con el que se previene cualquier perturbación de los trabajos destinados a reparar las vías públicas.

Los capítulos sexto a noveno se ocupan de los medios de defensa del otro gran conjunto de bienes destinados al uso público que aseguraban las comunicaciones, a saber, las vías fluviales. Así, estudia el A. en el capítulo sexto el interdicto ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur, destinado a prohibir cualquier obra hecha en el cauce del río público, o en su orilla, que entorpezca la navegación. Éste es el capítulo más extenso de la obra, pues en relación con este primer interdicto sobre los ríos se extiende el A. sobre la distinción entre cauces públicos y privados, que para la jurisprudencia clásica _en una línea argumentativa que va desde Casio Longino a Ulpiano_ estribó fundamentalmente en considerar ríos públicos a los cauces naturales de aguas perennes; más discutible resulta, para el A., la idea, defendida por algunos romanistas, de que otra característica definitoria de los ríos públicos era su navegabilidad. El interdicto protegía el río y sus orillas _razón por la que el A. examina ampliamente los conceptos de cauce y orillas, en cuanto elementos componentes del río_, pero juristas como Labeón lo extendieron a la defensa del litoral, en el ámbito de la navegación marítima; legitimado pasivamente para el interdicto estaba _como en el caso de las vías públicas_ no sólo quien hubiera realizado la obra que perjudicase la navegación, sino también quien conservase la obra perjudicial realizada por otro.

El capítulo séptimo presenta el interdicto ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat, atque uti priore aestate fluxit; aquí no se protege la navegación, sino el flujo y el curso mismo de las aguas, prohibiendo aquellas obras que pudieran alterarlos. A este interdicto prohibitorio añadía el pretor uno restitutorio para deshacer las obras perjudiciales.

El octavo capítulo se dedica al interdicto ut in flumine publico navigare liceat, que protege, no tanto el estado del río y sus elementos, o su flujo y su curso, cuanto uno de sus posibles usos: la navegación. No obstante esta originaria finalidad del interdicto, la jurisprudencia clásica lo extendió como útil en favor de los arrendatarios de derechos de pesca en lagos o estanques públicos.

Cierra el trabajo el capítulo noveno, dedicado al interdicto de ripa munienda, por el que se protege a quien refuerza las orillas de los ríos o terrenos próximos a ellas, siempre y cuando no entorpezca la navegación y preste fianza por el daño temido, ya sea a los vecinos, ya sea a los poseedores de terrenos en la orilla opuesta. (A.M.S.)

Ana Alemán Monterreal, El contrato estimatorio desde el Derecho romano a su regulación actual, Sevilla, Dykinson, 2002, 123 páginas.

La Autora se propone con el presente trabajo, según nos informa, ofrecer una visión lo más completa posible del tema del aestimatum y esclarecer algunos aspectos problemáticos que presenta la figura, tanto en las fuentes romanas como en las legislaciones posteriores en que fue objeto de recepción. Y efectivamente, respecto al primer objetivo, la obra nos acerca, de una manera clara y sistemática, a las cuestiones más importantes respecto del aestimatum: las fuentes jurídicas en que se recoge, su concepto, naturaleza jurídica y objeto, las obligaciones de las partes, etc.

En cuanto a lo segundo, la A. analiza algunos aspectos que habían sido debatidos ya por los propios juristas romanos, como la naturaleza jurídica del contrato estimatorio (y así lo podemos apreciar en las disquisiciones acerca de la acción que compete para el supuesto de aestimatum, si la acción de venta, locación, mandato, etc. en D. 19, 3, 1 pr. , D. 19, 5, 13 pr., D. 17, 2, 44 o Inst. 4, 6, 28), o la cuestión del riesgo (D. 19, 5, 17, 1 y PS. 2, 4, 4), o la de las obligaciones del accipiens (D. 19, 3, 1, 1). También son objeto de estudio otras cuestiones planteadas posteriormente por la doctrina, como la del carácter real o consensual de este contrato, la naturaleza alternativa o facultativa de las prestaciones del accipiens, el tema de la transmisión de la propiedad de la res aestimata, etc.

Sin duda, todos los interrogantes que se plantean están relacionados entre sí: las respuestas a unos dependen de la solución por la que se haya optado para otros. Pero la escasa información que nos ofrecen las fuentes no permite resolverlos con certeza. En este sentido, hay que tener en cuenta que en la época clásica el aestimatum no se incluía en el elenco de los contratos del derecho civil y que su tipificación, por la vía de la concesión de una actio in factum por el pretor, era sólo incipiente. Por otra parte, en la época justinianea se le incluye dentro de la categoría más amplia y variopinta de los contratos innominados, con lo que tampoco se abunda en individualizar sus caracteres específicos. Por último, las regulaciones posteriores receptoras del "contrato estimatorio" presentan diferencias de matices que, a su vez, han propiciado la diversidad de posiciones en la doctrina civilista y mercantilista que se mantiene hasta la actualidad.

La obra se articula en nueve apartados, donde se analizan cada uno de los problemas, tanto en las fuentes romanas como en su recepción, más un apartado final de conclusiones. Sobre cada cuestión la A. nos expone su propia opinión, una vez examinadas las fuentes jurídicas, con un correcto tratamiento histórico-crítico, y después de repasar con minuciosidad la literatura sobre el tema. Con todo ello la obra permite, gracias a toda la información que suministra y a lo fácil de su lectura, poner a nuestro alcance elementos para la propia reflexión sobre esta figura.

Contiene índice de abreviaturas y de fuentes. (Mª.T.G.-P.)

José Luis Alonso, Estudios sobre la delegación I. La doble atribución patrimonial (Primera parte), y II. La doble atribución patrimonial (Segunda parte), Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, 2001 y 2002, 484 páginas conjuntamente ambos volúmenes.

Este trabajo de José Luis Alonso se relaciona con su tesis doctoral, que abordó las relaciones entre delegación y mandato. De esta tesis era una suerte de introducción el estudio de la doble atribución patrimonial que, ampliado posteriormente por el A., se nos presenta hoy bajo la forma de una amplia monografía editada en dos volúmenes, merecedora del premio Federico del Rosso, otorgado por el jurado del VI premio romanístico internacional Gérard Boulvert.

El prólogo adelanta la principal idea defendida por el A.: que "la delegación es concebida por los clásicos como un mecanismo negocial dirigido a reemplazar una doble datio, y cuya eficacia es tendencialmente la misma que ésta tendría". "Datio" y "delegatio" enunciarían dos conceptos análogos que hoy podrían comprenderse bajo el más amplio de "atribución patrimonial", aunque los clásicos no llegaron a definir este concepto, y tampoco reconocieron un concepto amplio de "datio" que comprendiera, no sólo la adquisición efectiva, sino también el doble acuerdo del delegante con el delegado y el delegatario que conduce a aquella adquisición.

El primer capítulo busca definir la noción clásica de la delegatio; su primer apartado se dedica a examinar las acepciones y construcciones de "legare" y "delegare", y el uso que de ambos términos hace la jurisprudencia; a continuación, estudia el A. las similitudes y diferencias de dos conceptos que, en su opinión, los clásicos consideraron como independientes: el de cesión procesal y el de delegación. Porque, si bien las fuentes emplean los términos "delegare" y "delegatio", con acusativo de cosa _nomen, actionem_, en el sentido de cesión de acciones en sede procesal, no cabe deducir de ello que sólo el uso de los términos con acusativo de persona _delegare debitorem_ refleje una delegación en sentido técnico, como sostuvo V. Salpius.

La cuestión terminológica se enlaza con otra conceptual, que el autor estudia extensamente en el segundo apartado de este primer capítulo del trabajo: ¿incluía la noción clásica de delegatio la cesión de créditos por vía procesal? V. Salpius entendió que sí, pero limitando tal delegatio de carácter procesal a la que se produciría en virtud de una litis contestatio _no a una procuratio in rem suam, con lo que apartaba este supuesto de cesión de la noción de delegatio_, y sólo para el caso de la sustitución del deudor; todo ello, sobre la base de un texto crucial, D. 46, 2, 11, pr. Otros autores, basándose también en este texto, han defendido que "delegatio" pudo designar para los clásicos una cesión por virtud de la litis contestatio de la acción cedida, fuera por sustitución del deudor o del acreedor, mientras un tercer grupo de autores no cree que existiera una delegación procesal por medio de la litis contestatio. De modo más general, la doctrina mantiene la distinción entre cesión procesal y delegación, y subraya las diferencias entre ambas en cuanto a la revocabilidad, intervención del deudor y subsistencia de garantías, pero estas diferencias, entiende el A., no bastarían para excluir que los clásicos hubieran podido considerar la cesión como un modo determinado de delegación. A partir del examen de las fuentes, el A. comprueba que la jurisprudencia clásica empleó delegare y delegatio también en el sentido de cesión de acciones, de donde se deduce, primero, que no es cierta la correspondencia de los complementos sugerida por Salpius _de cosa (actionem, nomen) para la delegación en sede procesal, y de persona (debitorem) para la delegación strictu sensu_, y, segundo, que los clásicos también usaron aquellos términos para referirse a la cesión de acciones. Pese a esto último, ¿cabe afirmar que emplearon también "delegatio" en un sentido más técnico, de transmisión extraprocesal del crédito? así lo cree el a., que subraya la flexibilidad con que los clásicos empleaban el lenguaje jurídico, y que les permitía designar con un mismo término _usado con una acepción más técnica o más general_ figuras jurídicas que no ofrecían una unidad de concepto.

Este uso indistinto del término para designar realidades diversas puede explicarse por los puntos de contacto apreciables entre delegación y cesión; sin embargo, el autor subraya que los clásicos separaron conceptualmente las figuras por sus evidentes diferencias, no sólo prácticas, sino estructurales, y es que: a) la delegación se basa en un iussum _o "asunción anticipada ad extra de una actuación ajena" como la define el A. (p. 68)_ dirigido indistintamente al delegado o al delegatario. Este iussum del delegante es un acto doble, en el sentido de que asume, frente al delegado, la actuación del delegatario, y viceversa; en cambio, no hay tal actuación de carácter doble _pese a haberlo sostenido parte de la doctrina_ en la cesión procesal de créditos. b) La delegación fusiona en un solo acto jurídico una doble atribución patrimonial: del delegado al delegante, y de éste al delegatario; pero para perfeccionar ese doble fin del iussum se ha de acudir a un acto atributivo, sea una traditio o una stipulatio (así, por ejempo, si el delegante quisiera donar al delegatario, al delegar a su deudor para que entregue la cantidad al delegatario, la entrega perfeccionaría sendas atribuciones patrimoniales: del delegante al delegatario a título de donación y del delegado al delegante a título de pago. La donación la perfecciona el delegante donante por medio de la traditio que realiza el delegado, quien a su vez realiza el pago al delegante en la persona del delegatario donatario). Para perfeccionar este doble fin del iussum es necesario un acto atributivo, como la traditio o la stipulatio; en cambio, la litis contestatio que perfecciona la cesión procesal no es tanto un acto atributivo, cuanto consuntivo; esto es, no tiene un efecto atributivo, en cuanto la res in iudicium deducta todavía puede resolverse en una absolución que frustre el pretendido derecho del cesionario: "no es lo mismo obtener la cantidad en efectivo o la voluntaria promesa de entregarla que obtener la posición de demandante de un derecho en litigio, es decir, negado por el demandado" (p. 70). c). De esta segunda diferencia que consiste en no tener la cesión procesal de créditos o deudas un carácter atributivo, deriva una tercera, que consiste en que en la cesión de créditos el pago realizado por el cedido al cesionario procurator no extingue la relación "de cobertura", como denomina el A. _siguiendo una nomenclatura introducida por la pandectística_ a la que ligaba al cesionario con el cedente, quien podría ejercitar de nuevo la acción; en este caso, en cuanto la acción puede ejercitarse, puede decirse que no ha habido datio de cobertura. En la cesión procesal de deudas, en cambio, faltaría la datio que el autor denomina "de valuta", que sería la realizada por el deudor cedente a su acreedor cesionario por intermedio del cedido.

Precisadas estas diferencias estructurales entre la delegatio y la cesión procesal de acciones, el A. centra el tercer apartado de este fundamental primer capítulo en describir la configuración jurisprudencial de la delegatio, a partir del análisis de aquellas fuentes que emplean las voces delegare y delegatio para aludir a esos supuestos de doble atribución patrimonial, doble atribución que, por lo demás, se trasluce en otras muchas fuentes que no utilizan aquellos vocablos. Todos estos supuestos presentan la delegatio como un acto jurídico _sea una traditio, sea una stipulatio_ concluido entre el delegado y el delegatario por voluntad del delegante, que funde dos atribuciones patrimoniales: la que el delegado debía realizar en favor del delegante y la que éste desea realizar en favor del delegatario. Lo más habitual es que el delegante del crédito sea acreedor del delegado _delegare debitorem_ o que delegue una deuda un deudor del delegatario, o que sucedan ambas cosas a la vez, pero las fuentes también recogen otros supuestos que el A. analiza, en los que la delegatio serviría para articular un préstamo, una donación o la constitución de una dote. Si en un sentido más estricto, la delegación es esa declaración de voluntad que dispone esa doble atribución patrimonial, en sentido más ampio, la jurisprudencia clásica habría incluido bajo el concepto de delegatio el negocio, más complejo, compuesto por dicha declaración de voluntad y el acto que la ejecuta, sea una estipulación o una entrega. Por su parte, junto al sentido genérico de disposición que declara la voluntad del delegante, el iussum tiene el más técnico de "asunción frente a un tercero de lo hecho por otro", y se caracteriza porque no genera obligación en quien lo recibe, siendo informal y revocable, y extinguiéndose, cuando no fue ejecutado, por la muerte del iubens.

A la vista de esta configuración de la delegatio como negocio complejo que se ejecuta por medio de una traditio o una stipulatio concluida entre delegado y delegatario, se entiende que los capítulos siguientes de la obra se dediquen a la doble atribución patrimonial en la delegación de dar _esto es, aquella que se ejecuta por medio de una traditio_ y a la doble atribución patrimonial en la delegación de prometer _en que el instrumento ejecutivo resulta ser una estipulación_. En estos capítulos analiza el A. los textos que presentan tales negocios ejecutivos, y los peculiares problemas que cada uno de estos negocios ejecutivos plantea: una problemática compleja que excede la necesaria brevedad de este comentario. (A.M.S.)

José Arias Ramos, Lecciones de la antigua Roma, Anexos de El Miliario Extravagante, 6, Cortes de la Frontera (Málaga), 2003, 40 páginas.

Procede dar cuenta aquí de la publicación de cinco estudios, inéditos hasta ahora, del que fuera durante tantos años catedrático de derecho romano de la Universidad de Valladolid, Don José Arias Ramos, que entre otras cosas notables nos legó un excelente manual que ha llegado a convertirse en un clásico entre los de nuestra asignatura en España. En esta ocasión, como anexo a una publicación periódica especializada en el estudio de los itinerarios romanos, su hijo Gonzalo Arias ha rescatado los cinco trabajos cuyos títulos transcribimos a continuación, aunque en la presentación nos anuncia la existencia de otros que esperamos puedan ir viendo la luz en venideros Anexos de El Miliario Extravagante. Los estudios ahora publicados son los siguientes: I. Una ceremonia internacional ante Numancia: La deditio de C.H. Mancino; II. Las embajadas en la antigua Roma; III. El foedus en la política exterior de Roma; IV. La proliferación legislativa y la lección de Roma; V. Papel del Derecho Romano en la formación de Europa. (F.C.B.)

Pietro Bonfante, Instituciones de Derecho romano, traducción de la 8ª ed. italiana por Luis Bacci y Andrés Larrosa, 5ª ed., 2ª reimpr., Madrid, Reus, 2002, 711 páginas.

Que sepamos, la anterior reimpresión de las Instituciones de Pietro Bonfante, en la solvente traducción de Bacci y Larrosa (1929), databa de 1965. Ésta de la que ahora damos noticia no destaca por su calidad técnica, pero al menos facilita de nuevo el acceso a una obra esencial de quien fue y sigue siendo uno de los más grandes romanistas de la época moderna. Note el lector escrupuloso, en todo caso, que la traducción que se ofrece no es de la décima y última edición italiana de las Instituciones sino de la octava, y que entre esas dos ediciones la obra experimentó cambios de importancia. (F.C.B.)

Alfonso Castro Sáenz, Herencia y Mundo Antiguo. Estudio de Derecho sucesorio romano, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 2002, 416 páginas.

Este libro recopila en forma sistemática una serie de trabajos del A. sobre el fenómeno sucesorio que en su mayoría han sido o van a ser publicados en otras sedes. No obstante la heterogénea procedencia de sus materiales, la obra dista de ser una de las misceláneas al uso, puesto que, como se advierte en la presentación, todos y cada uno de los estudios que se incluyen en ella han sido concebidos y redactados desde un principio como partes de un todo. Un todo que, en la estructura formal que ahora recibe, aparece dividido en cuatro partes y diez capítulos cuyo contenido comprende, aparte otros temas de carácter introductorio o epilogal, la investigación de la naturaleza testada o intestada de la primitiva sucesión romana; la exploración de los fundamentos sociales y jurídicos de las vertientes testamentaria, intestada y legítima de la sucesión; una explicación innovadora de la usucapio pro herede precedida de una interesantísima aproximación al concepto y estructura de la hereditas desde el punto de vista de la posesión y de algunas pertinentes observaciones acerca del paralelismo entre bonorum possessio e in bonis habere; finalmente, el análisis de los diferentes enfoques jurisprudenciales sobre la aceptación de la herencia (en particular sobre la aditio nuda voluntate).

La incompleta relación anterior permite hacerse una idea bastante aproximada de la finalidad que el A. ha perseguido con este conjunto de estudios, que vienen a configurar un ambicioso intento de explicación global (aunque no exhaustiva) de las sucesiones en Roma traspasada por dos ideas fundamentales: la prioridad histórica de la sucesión testamentaria sobre la sucesión intestada y la esencialidad del prisma posesorio para el análisis de la herencia y sus problemas.

En la presentación y en el primer capítulo de la primera parte, ambos inéditos, el fenómeno sucesorio es encuadrado dentro de un amplísimo marco de referencias culturales (literarias, históricas, filosóficas, etc.) indispensables _según el acertado criterio del A._ para captar su sentido profunda y genuinamente romano. La idea conductora del capítulo segundo de la primera parte y de toda la segunda (capítulos 3, 4 y 5) _en realidad, como ya queda dicho, una de las ideas-fuerza de toda la obra_ es la prioridad histórica y prevalencia original de la sucesión testamentaria sobre la intestada, así como la posibilidad de hacer testamento incluso en presencia de here des sui (lex XII Tab., V, 4). Los argumentos con los que se defiende esta posición, y la forma misma de presentarla, son bastante persuasivos. Estrechamente relacionados unos con otros, entre esos argumentos destacan la preeminencia casi absoluta del paterfamilias y la correspondiente subordinación de los filii, la debilidad de la posición del heres _incluso del heres suus_ que revela la usucapio pro herede inicial según la manera en que la entiende el A., el sentido de la tutela testamentaria y de la amplísima facultad de legare (D. 50, 16, 120), los fuertes límites morales de la libertad de testar originaria _que propiciaban la coincidencia usual de la voluntas testatoris con lo que será más tarde el orden sucesorio abintestato de las XII Tablas_ y su posterior decadencia y lenta sustitución por limitaciones jurídicas de naturaleza inicialmente formal y después también sustancial (querela inofficiosi testamenti y bonorum possessio contra tabulas), el carácter voluntario y divisible del consortium ercto non cito, etc.

En toda esta reflexión tendente a mostrar la precedencia de la sucesión testada se echa de menos quizás una confrontación más directa con la tesis política de la familia romana primitiva y, en consecuencia, una mayor o más explícita coordinación de la idea que se patrocina con la concepción dogmática de la herencia como sucesión en la titularidad de la potestas familiar. En esta misma línea, aunque el A. domina sin lugar a dudas las fuentes y la literatura, un laboreo más detenido sobre los textos probablemente habría podido contribuir a minimizar la impresión, que se tiene en ocasiones y a la que ayuda el empleo frecuente de un estilo literario en sentido propio, de hallarnos ante un trabajo a medio camino entre el ensayo y la investigación romanística. En este sentido, alguien podría llegar a pensar que el A. no está libre del todo del reproche que él mismo dirige a ciertos defensores de la tesis contraria a la suya, a quienes censura por reflexionar "desde la óptica del que reflexiona, no desde la evidencia del objeto de la reflexión" (p. 124). Pecado, el que se acaba de señalar, del que en realidad nadie está nunca completamente a salvo y contra el que siempre hay que luchar. Especialmente cuando, como sucede en el caso que nos ocupa, la evidencia o certeza del objeto es escasa y la única forma de legitimar una interpretación personal es trabajar tan ceñidamente a las fuentes como sea posible.

La tercera parte (capítulos 6, 7 y 8), bajo el título general "Posesión y herencia", se asienta en la ya mencionada aproximación posesoria al concepto y estructura de la hereditas. Ideas que se repiten una y otra vez, hasta configurar una suerte de clave interpretativa de los fenómenos que se analizan, son, entre otras, la de la muerte del de cuius como derelictio absoluta que posibilita la ocupación de la herencia sin cometer hurto, la concepción de la hereditas como res nullius in bonis (mejor que como res nullius simplemente), la diferencia entre aditio jurídica y aditio posesoria y, consiguientemente, la posibilidad de que se dé la usucapio pro herede lucrativa no sólo en la sucesión voluntaria sino también, primitivamente, en la sucesión automática.

La vulnerabilidad de la herencia _subraya el A. en el capítulo 6_ obedece mucho más a la ausencia de poseedor que a la de titular jurídico de la misma; de ahí que la importancia del elemento posesorio se ponga de manifiesto especialmente durante la situación de yacencia hereditaria. Ahora bien, mientras la ficción de retrotraer la aceptación del heredero al momento de la delación y _más tarde y de forma complementaria_ la de considerar prolongada en la propia herencia la personalidad jurídica del causante permiten solventar la dinámica jurídica del patrimonio hereditario antes de que haya un sucesor, estos mismos expedientes se muestran inviables en principio ante la cuestión posesoria, en la medida en que la hereditas es incapaz de tener animus possidendi y no puede por tanto poseer (cfr. D. 47, 4, 1, 15). Ante este problema, el A. se inclina un poco rápidamente a pensar que, por razones prácticas y de utilidad, se permitiría una suerte de "detentación" de la posesión por la propia herencia a través de la actividad del servus hereditarius.

El punto de vista posesorio preside también el sólido examen de los paralelismos entre bonorum possessio e in bonis habere del capítulo 7, donde cabe dudar, no obstante, que la expresión dominium divisum sea la más adecuada para reflejar con exactitud el sentido preciso del duplex dominium de que Gayo nos habla (Gai. 1, 54).

Desglosada en certezas e hipótesis, la interpretación del capítulo 8 en torno a la usucapio pro herede de los tiempos primigenios se basa en la (jurídicamente) ilimitada libertad dispositiva del paterfamilias y en la vulnerabilidad posesoria de la hereditas. En el apartado de las certezas, una inteligente combinación de estos dos elementos conduce a afirmar la posibilidad de que alguno de los sui heredes no instituidos por el paterfamilias alcance, mediante usucapión, la condición de heredero que la voluntad del causante no le facilitó; condición necesaria para ello es que el suus llamado no haya entrado en posesión de la herencia en el plazo de un año. De esta manera, funcionando como un "mecanismo de compensación dentro de la familia", la primitiva usucapio pro herede permitía que el orden legal se impusiese por vía posesoria incluso en la sucesión testada. Sin embargo, factores como la pérdida de importancia política de la familia, la patrimonialización de las sucesiones y el desarrollo de querela inofficiosi testamenti y la bonorum possessio cum re acabaron determinando la desvirtuación de la figura, cada vez más abierta a ser utilizada por sujetos extraños al grupo familiar, y condujeron a limitar la adquisición por este medio a la concreta cosa hereditaria poseída. Todo ello antes de otros desarrollos que en la época clásica harán de la usucapio pro herede una modalidad de usucapión sólo diferenciada de la ordinaria por el plazo uniforme de un año de posesión tanto para muebles como para inmuebles. Por lo que respecta a las hipótesis, acaso una de las principales sea la que _descansando en la distinción entre aditio jurídica y aditio posesoria_ hace depender la viabilidad efectiva de la usucapio pro herede no tanto de la aceptación de la herencia (es decir, de que la herencia no haya sido aún aceptada) cuanto de la aprehensión posesoria de los bienes por el heredero. Si este punto de partida es admitido, la aceptación de la ulterior hipótesis de una usucapio pro herede contra el heres suus, y la explicación en esta clave de las fuentes correspondientes (básicamente Gai. 2, 52 - 59 y 3, 201), no se presenta ya tan dificultosa. Las páginas dedicadas a estos problemas se cuentan, posiblemente, entre las más brillantes del libro; sin embargo, alguna duda no llega a ser eliminada del todo. Me refiero, por un lado, al apoyo quizás no tan inequívoco que textos como D. 25, 2, 6, 6; D. 47, 4, 1, 15 y D. 47, 19, 2.1 pueden prestar realmente a las consecuencias que el A. extrae de la distinción entre aceptación de la herencia y aprehensión posesoria de los bienes hereditarios; por otro, a la anticipación de una suerte de beneficium abstinendi civil (!) que de hecho plantea la hipótesis de la primitiva usucapio pro herede frente al suus heres que no entra (que voluntariamente se abstiene de entrar) en posesión de los bienes hereditarios. Queden sencillamente apuntados estos temas, en los que no es posible detenerse aquí, a modo de invitación o llamada al A. para profundizar ulteriormente en el desarrollo de estos importantes aspectos de sus teorías.

De la cuarta y última parte del libro quiero referirme únicamente a la reflexión del capítulo 9 sobre los modos de aceptación de la herencia, guiada una vez más por la distinción entre aditio posesoria y aditio jurídica en términos tales que la primera es considerada "evidentemente dominante en la época protohistórica" (o sea, como "única forma posible de suceder en la comunidad precívica"). El problema en el que se centra el análisis es básicamente el de si la aditio nuda voluntate existe ya en la época clásica como un tercer modo de aceptación hereditaria al lado de la cretio y la pro herede gestio. El A. rechaza esta posibilidad y valora la noticia contraria que Gayo parece transmitir (Gai. 2, 167) como el fruto de una posición heterodoxa y conservadora de este apartado jurista. En cambio, la corriente jurisprudencial dominante tiende a considerar la aditio nuda voluntate no como una forma específica de aceptación, sino como un modo idóneo de manifestarse la pro herede gestio. La razón de ello es la entronización del elemento espiritual o volitivo (el animus possidendi) en la estructura del fenómeno posesorio, un proceso que se inicia con Trebacio (cfr. D. 11, 7, 14, 11) y cuya culminación se dará con Juliano, ecléctico superador de las diferencias de escuela (D. 41, 2, 39; D. 29, 2, 20 pr.). Siendo esto así, el A. prefiere buscar el origen de la aditio nuda voluntate en la espiritualización de la pro herede gestio más que en la paulatina desritualización de la cretio. Finalmente, la argumentación que se acaba de resumir es respaldada por la ausencia de referencias a la aditio nuda voluntate en los textos de Paulo y Ulpiano (D. 29, 2, 88; D. 29, 2, 21, 1) y por la manera en que el autor de los Fragmenta Augustodunensia (F.A. 2, 44 - 45) entendió el pasaje de Gayo que motiva esta discusión.

Cumpliendo con el oficio de reseñador, antes de rematar este ya largo comentario quiero añadir algunas observaciones que atañen al aspecto formal del trabajo reseñado. Desde este punto de vista, se puede quizás lamentar que la intención unitaria que preside la obra no haya sido tan intensa como para propiciar una auténtica refundición de sus diversas piezas que hubiera podido evitar la frecuente reiteración de temas, contenidos e ideas. Al margen de esto, el trabajo editorial es en conjunto de gran calidad, no obstante las numerosas erratas que no han sido eliminadas. En particular, los complementos instrumentales que resultan tan útiles en obras de esta naturaleza (bibliografía, índice de fuentes e índice analítico) se pueden considerar verdaderamente modélicos, tanto en su concreta plasmación tipográfica como en su concepción, un tanto distinta de la habitual en los casos de la bibliografía y las fuentes.

Nos hallamos, en suma, en presencia de un libro importante, de agradable lectura, sólidamente fundamentado, valiente en todos sus plateamientos y original en muchos de ellos por el que es de justicia felicitar a su A. (F.C.B.)

Antonio Díaz Bautista (con la colaboración de Juan R. Robles Reyes y Adolfo Díaz-Bautista Cremades), Cuestiones prácticas de derecho romano, Murcia, DM Librero-Editor, 2003, 255 páginas.

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem (D. 1, 3, 17). Bajo el transcrito lema de Celso se presenta este "libro de preguntas" con la intención de que pueda servir como complemento al estudio comprensivo de un manual por parte de los alumnos. Con esta finalidad, el hallazgo de la solución correcta a la mayoría de las cuestiones que se plantean exige relacionar unas instituciones con otras, buscando superar de esta forma el estudio fragmentario y aislado de cada tema o parte de la asignatura.

El total de 1067 preguntas, con cuatro opciones de respuesta cada una, se distribuye entre las distintas partes en que suele articularse un programa tradicional de la asignatura, desde la historia y el derecho público y fuentes hasta las sucesiones mortis causa, y, dentro de cada una de esas partes, por lecciones en número de 51. Las páginas finales recogen escuetamente la solución correcta de cada pregunta. (F.C.B.)

Rafael Domingo (Director), Javier Ortega y Beatriz Rodríguez-Antolín, Principios de derecho global. Aforismos jurídicos comentados, Pamplona, Thomson-Aranzadi, 2003, 365 páginas.

A pesar de su título y de la incorporación de un colaborador más, este libro constituye, en realidad, una segunda edición del también preparado por R. Domingo y B. Rodríguez-Antolín con el título de Reglas jurídicas y aforismos (Pamplona, 2000; cf. reseña de F.C.B. en REHJ 24 [2002] 355 - 356). En esta edición, además del prólogo de Antonio Garrigues Walker que encabeza el libro, se han sumado nuevos aforismos y regulae iuris (hasta alcanzar el número de 770), se han aumentado los comentarios correspondientes, con más referencias a la literatura del ius commune y a la jurisprudencia y legislación modernas, se han enriquecido los índices y, en general, se ha mejorado mucho la impresión, de modo que resulta un libro notablemente más agradable a ojos del lector. Por lo demás, siguen siendo pertinentes los comentarios expresados en la citada reseña a la edición anterior. (F.J.A.)

[Otras reseñas: G. Hierrezuelo Conde, en AHDE 73 (2003) páginas 720 s.]

Mª. Teresa Duplá Marín, El servus hereditarius y la teoría de la herencia yacente, Valencia. Tirant lo Blanch, 2003, 269 páginas; prólogo de Ricardo Panero Gutiérrez.

Este libro se presenta como un trabajo pionero, al constituir la primera monografía específica sobre el servus hereditarius, una figura capital en todo el dominio de la hereditas iacens romana. Asimismo, la originalidad de la obra estriba en su propósito de describir la disciplina romana de la herencia yacente desde el plano de una teoría unificada, y no de la aparente pluralidad de teorías sostenidas por los juristas romanos a este respecto, como ha venido sosteniendo la romanística tradicionalmente. Con estos fines, el desarrollo de la obra se articula en torno a cinco capítulos, y uno más de conclusiones. El primero de ellos ("Servus hereditarius: id quod ad personas pertinet", pp. 39 - 51) es de carácter introductorio y terminológico, dirigido a determinar las características particulares que definen la figura del servus hereditarius a través de las fuentes jurisprudenciales, concluyendo que, predominantemente, los juristas romanos emplearon esa expresión para denominar al esclavo perteneciente a una herencia (ex re hereditaria) durante el período que media entre el fallecimiento del causante y la adición de la misma, por lo que, de manera transitoria, carece de dueño definido.

A partir del segundo capítulo se entra en el núcleo de la obra, referido a los actos civiles que pueden llevarse a efecto por parte de ese sujeto peculiar previamente definido. La estructura interna de dichos capítulos es siempre doble: en primer lugar, un análisis de la disciplina de tales actos cuando quien los realiza es un esclavo y, a continuación, su regulación en el caso de que el sujeto sea un servus hereditarius. En todos ellos se evidencia también el juego de las diversas teorías jurisprudenciales en relación con la hereditas iacens y su influencia respecto a la capacidad de obrar reconocida al esclavo.

Así, el capítulo II ("De stipulatione servorum", pp. 53 - 96) se centra en el negocio estipulatorio, que el servus hereditarius puede realizar en cuanto tal esclavo, presuponiendo la continuación de la personalidad del difunto hasta la adición de la herencia; sin embargo, el ejercicio de las acciones derivadas de la estipulación queda suspendido en tanto no se produzca la adición de la herencia por parte del heredero _en virtud de la aplicación de la teoría de la retroactividad de la aditio hereditatis_, de modo que no todas las formas de estipulación fueron validadas por los juristas. El capítulo III ("De usucapionibus", pp. 97 - 138) parte del problema de la admisibilidad de la adquisición posesoria corpore et animo proprio por parte del servus hereditarius, que supone la necesidad de admitir el mantenimiento del peculio del esclavo durante el período de yacencia hereditaria a fin de imputarle la posesión adquirida y, en consecuencia, la posibilidad de llegar a usucapir por esa vía; tal posibilidad se confirma por la admisión del ejercicio de la actio Publiciana por el heredero _una vez adida la herencia_ para recuperar la posesión perdida por el servus hereditarius. El capítulo IV ("De servis heredibus instituendis", pp. 139 - 179) analiza la problemática de la institutio de un servus hereditarius, que no es posible con respecto a su propio dueño (puesto que, en tal caso, se convierte en heres necessarius y, por tanto, no hay hereditas iacens), pero sí respecto de un tercero, en cuyo caso puede producirse un conflicto entre dos herencias yacentes (aquella a la que pertenece el servus hereditarius y aquella en la que ha sido instituido), de forma que la adición de una depende de la otra. Por fin, el capítulo V ("De legatis", pp. 181 - 245) se refiere a otro problema de Derecho hereditario, cual es el de la institución de legados en favor del servus hereditarius, que esta vez sí se admite con relación al propio dueño del esclavo, pero con la limitación en tal caso del retraso del dies cedens hasta la adición de la herencia a la que el esclavo pertenece; por el contrario, si el legado procede de un tercero, el servus puede adquirirlo _bien el legado mismo, bien una "expectativa" de derecho sobre el objeto en cuestión_ en tanto no se produzca la adición de la herencia a la que él mismo pertenece. Esto dio lugar a un régimen heterogéneo de soluciones en cuanto a la testamenti factio passiva del esclavo hereditario, pero, en relación con su capacitas, no puede afirmarse esto necesariamente, porque las fuentes informan acerca del retraso en la determinación de la capacitas del servus hereditarius al tiempo de la adición de la herencia a la que él pertenece (Gai. D. 31, 55, 1), pero solamente en relación con los legados concedidos por terceros, mientras que dejan un vacío en cuanto al supuesto de que sea el propio dueño del esclavo el que conceda el legado. En este ámbito, un caso especial contemplado en las fuentes es el del legado de usufructo, para el que los juristas negaron toda posibilidad de adquisición durante el período de yacencia hereditaria, guiados por motivaciones de principio en orden a los caracteres propios del derecho de usufructo (en cuanto que derecho personalísimo).

El libro se cierra con un breve capítulo "a modo de conclusiones" (pp. 255 - 261) y una bibliografía. Carece de índice de fuentes. (F.J.A.).

Estudios jurídicos in memoriam del Profesor Alfredo Calonge, Salamanca, Asociación Iberoamericana de Derecho Romano, 2002, 2 vol., 1076 páginas.

Volumen I: P. de la Rosa Díaz, "Presentación", pp. 15 - 16; "Curriculum vitae del Prof. Dr. D. Alfredo Calonge Matellanes", pp. 17 - 21; M. Alonso Pérez, "Reflexiones jurídicas de Cicerón sobre la tertia aetas: consecuencias jurídicas", pp. 27 - 41; B. Alonso Rodríguez; "El Doctor Bartolomé Frías de Albornoz, primer Catedrático de Instituta en la Universidad de México", pp. 43 - 59; A. Arrimadas García, "Algunas observaciones sobre el testamento ológrafo", pp. 61 - 71; F. Betancourt, "Sobre la recepción del derecho romano en Colombia (siglos XVII - XVIII)", pp. 73 - 96; C. de Cabo Martín, "El conocimiento de las sociedades esclavistas: propuesta metodológica sobre la `Constitución Romana'", pp. 97 - 109; A. Calzada González - J.A. Obarrio Moreno, "El testamento nuncupativo y su recepción en la praxis y en doctrina de la Corona de Aragón", pp. 111 - 133; F. Camacho Evangelista, "Efectos abstractos del rito sacral de la mancipatio", pp. 135 - 150; F. Camacho de los Ríos, "Compensatio lucri cum damno", pp. 151 - 167; L. Capogrossi Colognesi, "L'unificazione dell'Italia romana e la gestione della complessità", pp. 169 - 188; F. Gómez-Carbajo de Viedma, "Significado técnico y jurídico de condicio en las Instituciones de Gayo, las Reglas de Ulpiano y las Sentencias de Paulo", pp. 189 - 211; S. Castán Pérez-Gómez, "Formas testamentarias potsclásicas especiales: 1. testamentum tempore pestis", pp. 213 - 235; G. Crifò, "La condizione femminile in Roma", pp. 237 - 245; J. de Churruca, "Opiniones de personas cultas en la primera mitad del siglo II sobre los cristianos como grupo social", pp. 247 - 264; J. Daza Martínez, "Influencia de Lactancio en la legislación de Constantino", pp. 265 - 287; P. de la Rosa Díaz, "Reflexiones sobre la emancipatio", pp. 289 - 297; G. de las Heras, "Magistratum aut sacerdotium", pp. 299 - 312; A. Díaz Bautista, "La reivindicación de cosas genéricas", pp. 313 - 323; P. Domínguez Tristán, "Constitutio scimus: efectos jurídicos durante la confección del inventarium", pp. 325 - 336; A. Fernández Barreiro, "El estado de derecho y los derechos humanos como conquista cultural", pp. 337 - 351; A. Fernández de Buján, "El camino de Santiago: estatuto jurídico del peregrino compostelano", pp. 353 - 373; M. Fuenteseca Degeneffe, "Primera etapa histórica del ius emphyteuticum", pp. 375 - 394; J. García Camiñas, "La acción edictal de la calumnia la cuádruplo", pp. 395 - 420; A. García y García O.F.M., "La recepción del derecho romano en España hasta el s. XVI", pp. 421 - 434; J. García Sánchez, "La acción de jactancia: una institución fundada en la normativa romana postclásica, aplicada en la práctica procesal canónica hispana de la Edad Moderna", pp. 435 - 486; C. García Vázquez, "Consideraciones sobre el depósito judicial", pp. 487 - 502; H.R. Gavernet, "Derecho romano y tercer milenio", pp. 503 - 513; E. Gómez-Royo - J.M. Espinosa Isach, "Consideraciones en torno a la condictio incerti", pp. 515 - 529; R. Herrera Bravo, "Fundamentos romanísticos del derecho comunitario europeo", pp. 531 - 548; J. Iglesias, "Miniaturas histórico-jurídicas", pp. 549 - 564.

Volumen II: J.M. León González, "Acotaciones históricas al artículo 1.107 del Código civil", pp. 579 - 595; A. López Pedreira, "La sustitución vulgar en las fuentes romanas y su incidencia en el Código civil español", pp. 597 - 612; R. López Rosa, "Familia y civitas a propósito de la lex Cincia", pp. 613 - 623; N. Louzán de Solimano, "Obligación: significado", pp. 625 - 633; E. Lozano Corbí, "La expropiación de la propiedad privada, por causa de utilidad pública, desde la República hasta Justiniano. Estudio especial de Livio 40, 51", pp. 635 - 641; A. Luna Serrano, "La influencia del derecho romano en el derecho civil catalán", pp. 645 - 655; E. Llamas Pombo, "De la perpetuatio obligationis a la autonomía del equivalente pecuniario", pp. 657 - 672; E. Llamas Valbuena, "La compraventa de bienes inmuebles a cuerpo cierto o tanto alzado", pp. 673 - 682; J. Madruga Méndez, "La abogacía en Roma", pp. 683 - 691; C. Maluquer de Motes Bernet, "Hacia un acercamiento y lectura de la obra de Alfredo Calonge Matellanes", pp. 693 - 704; R. Mentxaka Elexpe, "Algunas consideraciones sobre los derechos reales de garantía en la Lex Visigothorum 5, 6, 1 - 4", pp. 705 - 724; A. Murillo Villar, "Donatio omnium bonorum praesentium et futurorum (non valet)", pp. 725 - 737; A. Ortega Carrillo de Albornoz, "El concepto romano de tesoro y el artículo 352 del Código civil", pp. 739 - 750; M.E. Ortuño Pérez, "Las reformas procesales adoptadas por Justiniano, como medidas de control de la migración", pp. 751 - 762; R. Panero Gutiérrez, "Reflexiones sobre las XII Tablas: T. 1, 6 y 7 pr.", pp. 763 - 782; P. Panero Oria, "Lenae et lenones", pp. 783 - 798; A. Pérez Vivó, "Un caso de solidaridad ex lege: la responsabilidad de los magistrados por la datio tutoris", pp. 799 - 811; D. Piatelli, "Donna e Torah", pp. 813 - 821; L. Portero Sánchez, "La política religiosa del Estado español: 1978 - 2000", pp. 823 - 837; C. Rascón García, "Omne solum viro forti patria est", pp. 839 - 845; P. Resina Sola, "La cláusula penal en la sucesión universal mortis causa antes de la partición de la herencia", pp. 847 - 882; E. Ricart, "Sobre los nomina hereditaria", pp. 883 - 889; E. Rodríguez Díaz, "L. 29, D. lib. trig. ad Sab. 17, 2 y el reparto de las pérdidas y ganancias entre los socios", pp. 891 - 898; L. Rodríguez-Ennes, "Algunas precisiones en punto a la vida y obra de Sexto Cecilio Africano", pp. 899 - 909; R. Rodríguez Montero, "Sobre el posible interés del estudio de la formación, contenido y desarrollo del denominado derecho civil gallego: algunos argumentos justificativos", pp. 911 - 927; E. Sánchez Collado, "Las fundaciones en el Bajo Imperio: prohibiciones de disponer de los administradores", pp. 929 - 951; G. Suárez Blázquez, "Derecho de legítimas en las Partidas", pp. 953 - 976; A. Tabosa Pinto, "La representaçao política no governo da Roma antiga", pp. 977 - 998; M. Talamanca, "Contributi alla palingenesia della giurisprudenza romana. I. Dig. 18.1.34 e la struttura del lib. 33 ad edictum di Paolo", pp. 999 - 1031; A. Torrent Ruiz, "Accesoriedad de las garantías personales y beneficium excussionis", pp. 1033 - 1048; G. Turiel de Castro, "Acerca de la resolución del contrato de arrendamiento de vivienda por necesidad del arrendador", pp. 1049 - 1052; E. Varela Mateos, "Magia y derecho en Roma", pp. 1053 - 1064; A. Viñas, "Algunas claves históricas del saber jurídico", pp. 1065 - 1076.

Alejandrino Fernández Barreiro, Ramón Rodríguez Montero, Julio García Camiñas, Prácticas de Derecho romano: curso 2001 - 2002, Santiago de Compostela, Tórculo Edicións, 2001, 133 páginas.

Un nuevo libro de prácticas que, aunque editado en 2001, sólo ha empezado a distribuirse comercialmente el año siguiente. Contiene 64 supuestos ordenados alfabéticamente desde "Acrecimiento" a "Venta de vendimia" que ocupan las primeras 79 páginas. Cada uno de ellos consta de un párrafo en el que se enuncian los hechos del "caso", una indicación de los textos a considerar en la solución, una remisión numérica que _a falta de mejor explicación_ cabe entender referida a los parágrafos de un manual de instituciones de derecho romano y entre dos y cinco preguntas concretas. El resto del libro lo forma un cuestionario con un total de 500 preguntas distribuidas en conceptos generales, proceso civil, familia, reales, obligaciones y sucesiones que parecen formar una especie de repetitorio para el repaso de la asignatura.

La ausencia de toda introducción explicativa de la finalidad de la obra y de los criterios seguidos en su composición, junto con las particularidades señaladas en el párrafo anterior, parece indicar que estamos ante un libro escolar conectado íntimamente con la docencia desarrollada por los autores y destinado a sus alumnos del campus coruñés. (F.C.B.)

Antonio Fernández de Buján y Fernández, Derecho público romano y recepción del derecho romano en España, Europa e Iberoamérica, 6ª ed., Madrid, Civitas, 2002, 392 páginas.

Singular fortuna la de este manual escolar que en sólo siete años ha conocido seis ediciones. Esta última presenta como principal novedad la adición de un capítulo independiente (el número XVIII) sobre la recepción del derecho romano en España: una cincuentena de páginas con varias secciones dedicadas a lo que el A. llama la primera recepción del Derecho romano _esto es, a la Hispania prerromana y la Hispania romana respectivamente como marco previo y como proceso de aquella recepción_, al derecho romano-visigodo y la época del ius commune y a la "influencia directa" (es expresión del A. en el prólogo) del derecho romano en el Código Civil español; esta última parte consiste en la transcripción resumida de un trabajo del A. titulado "El Derecho Romano como antecedente histórico en el Tratado de Derecho Civil Español, Común y Foral de Castán Tobeñas". Hay también cuatro nuevos mapas de la Hispania romana.

Véase la reseña de ediciones anteriores por F.J.A. en REHJ 21 (1999) páginas 551 - 553 y REHJ 22 (2000) páginas 502 - 503 y por F.C.B. en REHJ 24 (2002) página 362. (F.C.B.)

Federico Fernández de Buján, Sistema contractual romano, Madrid, Dykinson, 2003, 495 páginas; incluye CD.

El presente volumen es un manual para uso de los estudiantes de esta materia en las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas. Las principales características que, a nuestro juicio, adornan a esta obra son la claridad expositiva, el afán didáctico, el cuidado estilo literario, la correcta selección y traducción de los textos clásicos escogidos, la orientación marcadamente práctica y _last, but not least, especialmente tratándose de un libro de estudio_ la impecable presentación. Internamente, el libro se articula en diez capítulos, en los cuales se pasa revista a los principales contratos del derecho romano clásico (básicamente, los consensuales, en la medida en que se considera que su disciplina es quizá la que mejor permanece en las regulaciones modernas de la materia contractual y tienen, tal vez, una mayor proyección para el futuro) y se hacen algunas observaciones de carácter general sobre la problemática contractual, tanto por lo que se refiere a Roma como al mundo moderno, y sobre el futuro desarrollo del derecho de los contratos y las líneas de construcción de un derecho privado de alcance europeo.

El primer capítulo (pp. 15 - 97) es de carácter introductorio, dedicado a la iniciación del lector a una serie de conceptos clave del derecho romano de obligaciones (derecho, acción, vínculo obligatorio, clases de obligación, prestación y sus requisitos, contenido y extinción de las obligaciones, etc.), que no exige en él ningún conocimiento previo, por lo que quien hubiera realizado ya un curso general de derecho privado romano podría pasar directamente a los capítulos siguientes. El segundo de ellos (pp. 99 - 136) desarrolla la teoría general del contrato en el derecho romano (lo que significa, en realidad, un análisis de los conceptos fundamentales de la materia contractual, incluido el de la responsabilidad ex contractu, válidos para cualquier época en el derecho europeo continental). A partir del capítulo tercero comienzan a analizarse detalladamente varias figuras contractuales básicas para el tráfico comercial romano y, en gran medida, también moderno, en especial la compraventa, a la que se dedican dos capítulos (el tercero, pp. 137 - 192, y el cuarto, pp. 193 - 254) que conforman la parte central del libro, seguida del arrendamiento (en sus diversas especies del derecho romano clásico, que llegan hasta las modernas codificaciones) en el capítulo quinto (pp. 255 - 302), el mandato (un tipo contractual muy bien conocido por el autor, al que ha dedicado más de un estudio específico) en el capítulo sexto (pp. 303 - 373), la sociedad en el capítulo séptimo (pp. 375 - 416) y, por fin, fuera ya de los contratos consensuales, pero no de los contratos bonae fidei _que constituyen el verdadero núcleo conceptual de la obra_, la fiducia y el depósito, en el capítulo octavo (pp. 417 - 440). En todos estos capítulos la exposición teórica y doctrinal de tales figuras viene de la mano directa de los textos jurisprudenciales que le sirven de fundamento y va acompañada de una serie de casos prácticos ilustrativos.

Los dos últimos capítulos versan sobre la evolución actual de la temática contractual en el marco del nuevo derecho privado europeo y de la normativa internacional de unificación jurídica de esta materia (normas unidroit, propuestas de codificación europea del derecho de contratos, etc.), en los que se pone de manifiesto la utilidad y vigencia de los conceptos dogmáticos construidos sobre la base de la tradición romanista.

Dado que se trata de una obra eminentemente didáctica, el libro carece de referencias bibliográficas a la literatura especializada, y tampoco presenta un índice de fuentes citadas (déficit este último cuya subsanación sería seguramente deseable para futuras ediciones). (F.J.A.)

M. Fernández Prieto, La difamación en el derecho romano, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, 487 páginas; prólogo de Justo García Sánchez.

La presente monografía sobre la difamación en el derecho romano constituye sin duda una valiosa aportación al tema, en la medida en que su Autora consigue combinar una acertada sistemática, una análisis riguroso de las fuentes y exhaustivo de la literatura especializada, una valoración ponderada y una redacción clara y concisa.

La obra se estructura en seis capítulos, el último de los cuales contiene la valoración crítica y las conclusiones puntuales de la Autora respecto de lo analizado en los capítulos precedentes.

En el primer capítulo la A. nos sitúa en el ámbito del delito de iniuriae, dentro del cual encuentra cabida el supuesto concreto de la difamación. La evolución del delito de injurias en el Derecho romano, en sus rasgos más sobresalientes, pero también en los puntos más controvertidos en la doctrina, es seguida por la A. desde la época de la ley de las XII Tablas hasta el derecho justinianeo. Dicha evolución podría resumirse como una progresiva ampliación y espiritualización del delito de injurias. Así, el punto de partida es el concepto de iniuria que se desprende de los fragmentos reconstruidos de la Ley de las XII Tablas y de los textos clásicos relativos como lesiones corporales leves o menos graves que los supuestos concretos y tipificados de membrum ruptum y os fractum, y para las que se establece una pena pecuniaria fija de 25 ases. La introducción por parte de los pretores a través de los edictos de una actio iniuriarium aestimatoria, en la que la pena pecuniaria era estimada in bonum et aequum, en función de la ofensa causada y de nuevos supuestos (convicium, adtemtata pudicitia y quid infamandi causa fiat), no contemplados hasta entonces, a los que les era de aplicación una acción similar supuso, merced a la obra interpretadora de la Jurisprudencia, que el concepto de iniuria se ensanchara, abarcando todo supuesto de lesión corporal o moral a una persona libre. La lex Cornelia de iniuriis (81 a. C.) vino a suponer un paso más en la evolución de la iniuria, al introducir para algunos supuestos concretos un juicio público _quaestio de iniuriis_ que, a pesar de ciertas peculiaridades, permite afirmar que a partir de ese momento se inicia la doble vía de un civiliter y un criminaliter agere para la sanción de las iniuriae. En época postclásica la extensión de la quaestio de iniuriis a otros supuestos parece indicar que la represión criminal de la iniuria se había impuesto a la civil. Con Justiniano, finalmente, no sólo se afianza el concepto legal de injurias como lesiones físicas y ofensas al pudor y a la dignidad, sino que además se vuelve a destacar la existencia de una alternativa (pública-privada) para su persecución.

En el capítulo segundo la A. se centra en el edicto ne quid infamandi causa fiat, tratando de esclarecer sus posibles antecedentes, la fecha probable de su aparición y las razones de la misma. En este sentido, se pronuncia a favor de quienes sostienen que la Ley de las XII Tablas no castigaba con la pena capital la difamación propiamente, sino el malum carmen incantare, esto es, el pronunciamiento de palabras mágicas o encantamientos dirigidos a causar un mal a alguien. El supuesto de la difamación encontró cobertura jurídica con el edicto especial ne quid infamandi causa fiat, surgido tras el edicto general que introdujo la actio iniuriarum aestimatoria y tras los edictos de convicium y de adtemptata pudicitia, entre el año 200 a. C. y el 100 a. C. Dichos edictos especiales sólo encuentran sentido si se admite que el concepto de iniuria en el edicto general de iniuriis aestimandis sólo sancionaba las lesiones físicas producidas a una persona, y no las morales, para las cuales precisamente el pretor otorgó los edictos especiales. Posteriormente, en época de Labeón, el concepto de iniuria se habría generalizado, abarcando tanto las lesiones corporales como las morales, y entre ellas, la difamación.

A la hora de delimitar el concepto de infamia que encierra el edicto, cuestión que aborda en el capítulo tercero, la A. distingue un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Es el elemento subjetivo _animus infamandi_ el que mejor sirve para caracterizar a la infamia, si bien en todo caso se exige que la ofensa imputada no sea conforme a la verdad y que suponga un riesgo de perjudicar la fama o estima social del ofendido. Para la A., en el edicto tenían cabida, en cuanto realizados con animus infamandi, "todos los supuestos que, en cuanto imputaban a una persona un comportamiento contrario a las normas jurídicas o morales, pacíficamente admitidas por la comunidad, le hacían perder su estima social, su honor o dignidad personal...", y no sólo los que le hacían infame en sentido técnico, correspondiendo en todo caso al pretor su apreciación.

Los capítulos cuarto y quinto llevan por rúbrica, respectivamente, "Legitimación" y "Condemnatio", y abordan el estudio de estos aspectos en la actio iniuriarum, aplicable a partir de cierto momento a los supuestos de difamación.

La iniuria podía realizarse, según nos indica la A., directa o indirectamente, y también real o "virtualmente". En definitiva lo que la A. trata de distinguir es el sujeto _activo o pasivo_ de la iniuria , del legitimado _activa o pasivamente_ en la actio iniuriarum, que no siempre es la misma persona. Cada uno de los supuestos de sujetos pasivos de la iniuria y legitimados activos para la actio iniuriarum es estudiado en su singularidad, así como los sujetos activos y legitimados pasivamente, con especial atención al régimen de la noxalidad.

En el capítulo quinto _Condemnatio_ fundamentalmente se analizan los caracteres de la actio iniuriarum en cuanto acción penal: la intransmisibilidad activa y pasiva; su carácter de actio vindictam spirans; la cumulatividad de la pena entre coautores y la cumulatividad con otras posibles acciones penales o reipersecutorias; el carácter de noxalidad que, en el caso de la infamia presenta cierta peculiaridad (la verberatio del esclavo por el dominus); el carácter infamante de la condena; la anualidad de la acción pretoria derivada del edicto "ne quid infamandi causa fiat" y posteriormente _con certeza en el derecho justinianeo_ de la actio general; y su carácter estimatorio _condemnatio in quantum aequum sibi videbitur sobre la base de una taxatio realizada por el actor, o por el pretor si la injuria era atroz_. Cierra el capítulo la consideración de cuál es el órgano competente para realizar la estimación, cuestión controvertida por los testimonios contradictorios de las fuentes.

La obra contiene índice bibliográfico e índice de fuentes. (Mª.T.G.-P.)

Margarita Fuenteseca Degeneffe, De emphyteutico iure, Madrid, Dykinson, 2003, 221 páginas.

Se trata de un nuevo estudio general sobre la institución de la enfiteusis, cuyo objetivo es probar que el ius emphyteuticarium del Derecho justinianeo es el punto de llegada de un instituto que sigue una línea histórica ininterrumpida desde el Derecho greco-helenístico hasta el Derecho romano tardío y que, a partir de éste, se transmite al Derecho medieval hasta las codificaciones modernas. Este propósito se plasma en un trabajo distribuido en ocho capítulos en los que, siguiendo un orden cronológico, se describe el desarrollo histórico de la institución desde sus antecedentes griegos hasta la actualidad. El primero de dichos capítulos (pp. 11 - 21) se dedica al origen greco-helenístico de la figura mediante el comentario de documentos epigráficos y papirológicos _en particular, la Tabula Heracleensis y la inscripción de Thisbe (ca. s. III)_, en los que, siguiendo a Mitteis, ve prefigurados la A. los rasgos esenciales de la enfiteusis tardorromana. En el capítulo II (pp. 25 - 49) se vuelve al estudio del `ius in agri vectigales' (sic) como testimonio de la primera manifestación de la locación perpetua en el Derecho romano, mediante el análisis de las tres fuentes básicas al respecto: Paul. D. 6, 3, 1 pr. (que define lo que son los agri vectigales), Gai. 3, 145 (donde la A. ve la influencia de la idea "greco-bizantina" del synállagma en la locatio in perpetuum romana) y un texto del agrimensor Higinio (de condic. agr. 116 - 117, ed. Bluhme, 1848), alusivo al reparto censorio de tierras, que aporta la visión socioeconómica del fenómeno. El capítulo III (pp. 51 - 65) se centra en determinadas peculiaridades de ese `ius in agri vectigales', en concreto en cuáles eran los tipos de tierras sobre las que cabía su constitución (tierras de comunidades locales, o de propiedad estatal en provincias) y la forma jurídica que adoptaba (conventio informal generadora de una obligatio ultro citroque), así como el problema de su usucapibilidad (que la A. descarta en el Derecho clásico ex D. 6, 2, 12). El capítulo IV (pp. 67 - 88) trata de la posición jurídica del vectigalista, en relación con la cual defiende la clasicidad de la actio in rem vectigalis en favor de éste (D. 6, 3, 1, 1), lo que, a su juicio, concuerda con su consideración de auténtico propietario bonitario (a partir de D. 6, 2, 12, 2), por lo que puede justificarse la teoría del duplex dominium en el Derecho clásico tal como se refleja en Gai. 1, 54 y, especialmente, Gai. 2, 40. El capítulo V (pp. 89 - 118) analiza los desarrollos ulteriores de las figuras enfitéuticas en el Bajo Imperio, fijando su atención inicialmente en la regulación de los latifundios en las provincias norteafricanas (leges saltus), que definió soluciones análogas al `ius in agri vectigales' para el cultivo de tierras en suelo provincial, para centrarse después en las figuras del ius perpetuum (sobre fundi rei privatae) y el ius emphyteuticum (sobre fundi patrimoniales), construidas por la legislación imperial a partir del siglo IV y que constituyen el precedente inmediato del ius emphyteuticarium justinianeo. Éste es objeto de estudio exclusivo en el capítulo VI (pp. 119 - 140), distinguiéndose entre el régimen general y el particular de la enfiteusis sobre bienes. En esta época, el ius emphyteuticum culmina su evolución, adquiriendo sus caracteres distintivos como auténtico ius in re en favor del emphyteuta.

Los capítulos siguientes están dedicados a la evolución romanística de esta institución y su plasmación en las legislaciones modernas. El capítulo VI (pp. 141 - 166) analiza la distinción entre dominium directum y dominium utile formulada por los glosadores sobre la base del ius emphyteuticarium justinianeo y de la distinción clásica entre propietario ex iure Quiritium y propietario in bonis, aplicada a la realidad socioeconómica del Medievo, y comenta la reacción al respecto de la escuela humanista (Cuyacio y Donelo), tendente a la restauración de los conceptos romano-clásicos, continuada posteriormente por la doctrina pandectista (Windscheid). Finalmente, en este capítulo señala los vínculos entre la doctrina medieval del dominium divisum y la regulación moderna del instituto de la enfiteusis, en concreto en las codificaciones italiana, francesa, alemana y portuguesa. El último capítulo (pp. 167 - 185) se centra en la regulación española del Código civil y del Derecho especial de Galicia (efectuando un curioso flashback hasta la antigua Gallaecia romana para explicar las peculiaridades de los foros tradicionales gallegos), constatando que el Derecho común español reproduce sustancialmente la configuración del ius emphyteuticarium del Derecho justinianeo, con pocas variaciones y adaptaciones, lo cual, con todo, no constituye sino una pieza de arqueología jurídica, dada la poca vigencia de la figura en nuestros tiempos.

Unas escuetas conclusiones sintetizan finalmente los principales contenidos de la obra. Índice de fuentes y bibliografía. (F.J.A.)

Ana G. Bustelo, Dies incertus II: "cum in familiam nupserit"; "cum magistratum inierit"; "cum pubes erit"; dies aetatis, Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad, 2000, 156 páginas.

Aunque con pie de imprenta del año 2000, este Nº 11 de los Cuadernos Compostelanos de Derecho Romano sólo ha empezado a distribuirse ya bien entrado el año 2002. Se trata, evidentemente, de la segunda parte de la investigación que la A. viene dedicando desde hace algunos años al tema del dies incertus (sobre la primera, vid. nuestra reseña en REHJ. 21 [1999] p. 555), a la que deberá seguir una parte tercera, anunciada ya en la Introducción del trabajo actual, sobre algunos tipos de cláusulas de las que se prescinde en esta ocasión.

Con la salvedad que se acaba de hacer, el libro se concentra en el examen de las tres cláusulas calificadas de dies incerti por Paulo, D. 36, 2, 21 pr., y que son éstas concretamente: "cum in familiam nupserit" (I), "cum magistratum inierit" (II) y "cum pubes erit" (III); a esta última cláusula se deben añadir, por su analogía con ella, las relativas al cumplimiento de una determinada edad o dies aetatis (IV). En el texto mencionado Paulo señala que el dies incertus produce el mismo efecto que la condicio, o sea, el retraso del dies cedens. En relación con esto, la A. se aparta de la discusión que se ha dado en la doctrina acerca de si la categoría del dies incertus incluye sólo los casos de dies incertus an, como son todos los mencionados por Paulo, o también los de dies incertus quando, por entender que la clasificación del término a la que aluden esas denominaciones no es de origen romano. Igualmente avanza su convicción de que la calificación de una cláusula determinada como condicio o dies es por completo independiente de que el disponente haya empleado la conjunción "si" o la conjunción "cum"; por la misma razón, tampoco el empleo de "cum" puede identificarse con el término cierto.

Las fuentes que califican la cláusula "cum in familiam nupserit" y sus variantes como condicio son más abundantes que las que se refieren a ella como dies incertus. En todo caso, el estudio de esta cláusula es conducido básicamente sobre tres textos (D. 40, 5, 41, 16; D. 35, 1, 72, 5 y D. 35, 1, 91) cuyo análisis cuidadoso conduce a la conclusión de que no hubo, para la jurisprudencia clásica, ninguna diferencia esencial entre el término incierto y la condición. En el primero de esos pasajes nos encontramos con una manumisión directa subordinada a una sola condición (y no a dos distintas acumuladas, como han pensado otros autores) consistente en la rendición de cuentas por el statuliber a la hija del testador cuando ésta se case in familia: "cum filia mea in familia nupserit", por separado, es, como dice Paulo (D. 36, 2, 21 pr.), una condición o dies incerta, pero en D. 40, 5, 41, 16 forma parte de la condición de rendir cuentas, sirviendo para señalar el tiempo hasta el cual el esclavo debe dar cuentas de la administración realizada. Algo parecido sucede, en opinión de la A., en el segundo pasaje, en el que la mors legatarii de la cláusula "si non nubserit, cum morietur" indica también el plazo marcado por el testador para el cumplimiento de la condición "si non nubserit"; por otro lado, sin embargo, en el texto en cuestión implícitamente se viene a considerar esta cláusula como una condición inmoral y por lo tanto nula, de donde la admisión inmediata de la legataria al legado aunque se case o se haya casado. El tercer pasaje ofrece, entre otras cosas, una clasificación que opone las condiciones que infinitum tempus habent a aquellas otras que ad certum tempus adscriptae sunt y menciona la cláusula "si nubserit" como uno de los ejemplos de las primeras. Se pregunta la A. si son estas condiciones que tienen un infinitus tempus (es decir, un tiempo indeterminado durante el cual se pueden cumplir o incumplir, y no un momento concreto) las que pueden ser calificadas indistintamente como condicio o como dies incertus. Su respuesta es afirmativa, y en consecuencia, provisionalmente se puede afirmar que el dies incertus es siempre una condición, pero no todas las condiciones son dies incerti sino sólo las que tienen un tempus infinitus. Comprobado esto en relación con la cláusula "si nubserit", se trata ahora de verificar si también se cumple en relación con los demás ejemplos de dies incerti.

La cláusula "cum magistratus inierit", o más bien la cláusula análoga "si (cum) consul factus erit" es calificada de condición en numerosos pasajes. Respecto de la cuestión que se acaba de plantear, piensa la A. que tal condición pertenece al grupo de las que tienen un "tiempo infinito", dada la prolongación de la incertidumbre durante un tiempo de duración indeterminada.

En cuanto a la cláusula "cum pubes erit", aparte de su mención en D. 36, 2, 21 pr. como dies incerta, varios pasajes la califican de condición o la equiparan a ella. No obstante, la A. se fija especialmente en D. 35, 1, 54 pr., donde aprecia la coincidencia de Javoleno y Casio en considerar que un legado dejado para cuando el legatario alcance la pubertad ("cum pubes esset") está supeditado a condición más que a término, aunque por otro lado ambos juristas discrepan respecto de la aplicación a dicho legado del pago en anualidades (annua bima trima die) que el testador había dispuesto para los legados no sujetos a un dies. Más dificultosa es la inclusión de la cláusula "cum (si) pubes esset" entre las condiciones quae infinitum tempus habent, pues parece, en efecto, que está vinculada a una fecha determinada: la de llegada a la pubertad; con argumento más ingenioso que convincente, la A. resuelve este problema interpretando que la condición "si llega a la pubertad" significa lo mismo que si se hubiera dicho "si no muere antes de llegar a la pubertad", con lo cual la incertidumbre respecto de su cumplimiento ya no se circunscribe a un momento concreto, sino que es una "incertidumbre mantenida" durante un período de tiempo que podrá prolongarse hasta la fecha exacta en que la persona de que se trate llegue a la pubertad.

Dada su analogía con el dies pubertatis, se examinan después de éste las cláusulas que encierran un dies aetatis. El material utilizado, que la A. ha dispuesto en un orden puramente cronológico, consiste en una serie de pasajes en los que se refleja el régimen jurídico de tal tipo de cláusulas y que en conjunto confirman su naturaleza condicional: D. 36, 1, 48 (46); D. 40, 4, 16; D. 28, 6, 33 pr.; D. 35, 1, 36, 1; D. 36, 2, 22 pr.; D. 34, 1, 18, 2; D. 40, 5, 41, 10; D. 36, 2, 26, 1; D. 40, 5, 23, 3; D. 36, 1, 76 (74), 1; D. 30, 30, 4 - 5 (en realidad del pr. al § 7); D. 30, 49 pr, - 3; D. 40, 7, 19 y CI. 6, 53, 5; los fragmentos del Digesto van desde Javoleno hasta Ulpiano, la ley del Código es del año 226. En el examen de cada texto, la A. procede metódicamente de la manera siguiente: primero comenta con brevedad el contenido del pasaje y los problemas que se plantean en él; hace después un repaso crítico de las interpretaciones doctrinales de las que ha sido objeto, sin rehuir el juicio sobre las alteraciones formales o sustanciales que se puedan señalar en él; por último expone su propia interpretación y los resultados que extrae de ella. En líneas generales, los análisis realizados son persuasivos y bien fundamentados. Así, por ejemplo, parece bastante lograda la demostración exegética de que algunos pasajes (D. 36, 1, 48 [46]; D. 34, 1, 82, 2; D. 36, 2, 26, 1, y especialmente CI. 6, 53, 5) no contemplan en realidad supuestos de dies aetatis, por lo que no pueden servir para cuestionar o relativizar la naturaleza condicional de este tipo de cláusulas. Lo mismo se debe decir de la interpretación de aquellos otros fragmentos, relativos a manumisiones (D. 40, 4, 16; D. 40, 5, 41, 10; D. 40, 5, 23, 3 y D. 40, 7, 19), en los que el propósito de favorecer la libertad conduce a la interpretación del dies aetatis como plazo y no como condición; de la demostración del carácter general de la regla annus inceptus pro completo non habetur con independencia del verbo _impleo o pervenio_ empleado en la disposición (D. 36, 1, 48 [46]; D. 30, 49, pr. - 3; CI. 6, 53, 5; el supuesto de D. 36, 1, 76 [74], 1, como muy bien explica la A., es excepcional); y la de la nula influencia del empleo de la conjunción "si" o "cum" en el carácter condicional del dies aetatis (D. 36, 2, 22 pr.). La inclusión del dies aetatis entre las condiciones quae infinitum tempus habent es igualmente acertada.

Dicho todo esto, quedan por registrar todavía algunos puntos menores de duda o de discrepancia con la A. Por lo que respecta a D. 36, 1, 48 (46), la duda se refiere a si la interpretación de la cláusula "cum ad anni sedecim pervenisset" como referida no al fideicomiso, sino a la tutela del fiduciario sobre el fideicomisario (p. 59), es plenamente compatible con toda la parte anterior del fragmento. En lo relativo a D. 34, 1, 82, 2, es discutible la afirmación de la A. según la cual los dos últimos fideicomisos a favor del liberto (el de alimentos y vestidos y el fideicommissum militiae) se encuentran ambos subordinados a la realización del mismo hecho: que el liberto viva con el fiduciario (p. 81); parecería más bien que el liberto tiene derecho a los cibaria et vestiaria durante el tiempo que vive con el fiduciario (no si vive con él) hasta que éste cumpla los veinticinco años, mientras que la militia sólo le será debida si no ha abandonado al fiduciario antes de que llegue a dicha edad. Por último, hablar de plazos sucesivos para explicar la entrega de los centum en el primer fideicomiso de D. 36, 2, 26, 1 (pp. 95 s.) no es demasiado acertado y puede inducir a confusión; la razón es que la cantidad se debe íntegramente desde el principio y el pago de los intereses (trientes usurae dice el texto) no va disminuyendo el capital (la sors ipsa que deberá ser entregada al fiduciario cuando llegue a los veinticinco años).

En el apartado de conclusiones se sintetizan los resultados de la investigación, que en algún caso vienen a ratificar algunos de los que en la primera entrega se proponían con carácter provisional en relación con el dies incertus. El libro concluye con el habitual índice de fuentes. (F.C.B.)

Manuel Jesús García Garrido, Responsa. Casos prácticos de derecho romano planteados y resueltos, 9ª ed., Madrid, Ed. Académicas S.A., 2002, 535 páginas; 10ª ed., Madrid, Ed. Académicas, 2003, 493 páginas.

Estas nuevas ediciones continúan _en palabras del A._ la tradición de las anteriores, ofreciendo una revisión del texto y la incorporación de nuevos casos y decisiones jurisprudenciales (hasta alcanzar, en la 10ª ed., el número de 134). La última de ellas presenta la novedad significativa de un cambio en la ordenación de los casos, plasmado en la colocación de los supuestos de derecho de familia por detrás de los de obligaciones y con carácter previo a los de sucesiones, rompiendo con ello la sistemática habitual en esta obra y acercándose a los planteamientos de Savigny.

Más indicaciones en nuestras reseñas a ediciones anteriores en REHJ 21 (1999), p. 556, 22 (2000), p. 504, y 24 (2002), p. 364. (F.J.A.)

Manuel Jesús García Garrido, Derecho privado romano. Casos, Acciones, Instituciones, 11ª ed., Madrid, Ed. Académicas S.A., 2001, 728 páginas; 12ª ed., Madrid, Ed. Académicas S.A., 2003, 736 páginas.

Nuevas ediciones de este clásico de la manualística romanista española, en las que, como novedad principal, se da una mayor relevancia al fenómeno de la Recepción del Derecho romano en Europa, como antecedente de la tendencia actual a la unificación del Derecho privado europeo impulsada desde muy diversas instancias. Además de esto, en estas ediciones se profundiza en la idea, ya presente en ediciones anteriores, de insistir en aquellas cuestiones más vinculadas a las relaciones comerciales y financieras del mundo romano, en la medida en que se considera que pueden ser de mayor utilidad para la formación de los iusprivatistas modernos. Asimismo, se ha incrementado el número de casos planteados y resueltos _como viene siendo tradicional en esta obra_ hasta llegar, en la 12ª edición, a la cifra de 130.

Para más indicaciones, véanse las reseñas de ediciones anteriores en REHJ 21 (1999), p. 557, 22 (2000), p. 504, y 24 (2002), p. 364. (F.J.A.)

Macarena Guerrero Lebrón, La protección jurídica del honor post mortem en Derecho romano y en Derecho civil, Granada, Comares, 2002, 141 páginas; prólogo de C. Velasco.

"El honor es una idea que subyace en la conciencia social a la que el Derecho concede cobertura", nos recuerda la A. También el honor del fallecido ha sido y es objeto de consideración y protección por el ordenamiento jurídico. Pero el hecho de que la personalidad se extinga, tanto en Roma como hoy, con la muerte de la persona plantea cuestiones complejas, como la de determinar quién es titular del derecho al honor, quién está legitimado activamente para tutelarlo y cuál es el fundamento de esa tutela. Con este libro, resultado de las investigaciones llevadas a cabo para culminar su tesis doctoral, la A. pretende contestar a esas preguntas, analizando la protección que el ordenamiento jurídico romano y el derecho civil moderno otorgan frente a las ofensas al honor del fallecido. El eje central de la obra es el intento de esclarecer si se puede hablar de un derecho al honor que se prolonga tras la muerte de una persona, con el obstáculo dogmático que supone en este sentido la intransmisibilidad de los derechos personalísimos.

En el primer capítulo se analizan los medios de defensa del honor post mortem en el Derecho romano, esto es, la respuesta del ordenamiento jurídico romano frente a los supuestos de iniuria contra el fallecido. Lugar destacado ocupa el tratamiento de la actio iniuriarum, acción que competía con carácter general frente a los diversos supuestos de iniuria y, en particular, del aquí considerado. La acción _de naturaleza in factum y carácter penal e infamante_ correspondía a los herederos del difunto frente al autor de la ofensa, pues, como sostiene la A., basándose en una a mi juicio correcta interpretación literal y sistemática de las fuentes relativas, éstos son el sujeto pasivo de la iniuria y no el difunto ni la herencia yacente, como afirman otros autores. Con lo cual no se produce la pretendida derogación de la regla general de intransmisibilidad de la actio iniuriarum desde el punto de vista de la legitimación activa. Fundamento de la concesión de la acción por las iniuriae al difunto es, según la A., la protección de la dignidad de los herederos que, a través de dichas injurias, se sienten ofendidos o ven perjudicada su reputación. Sería éste, por tanto, un supuesto de injurias indirectas.

El capítulo segundo tiene por objeto el estudio de la protección jurídico-civil de la memoria del fallecido, rúbrica consecuente con el hecho de que en nuestro ordenamiento jurídico actual las ofensas al difunto sólo tienen protección en la vía civil: la establecida en el art. 4 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pues el Código penal vigente, en su reforma de 1995, no tipifica las injurias o calumnias a los fallecidos y, por otra parte, a pesar de la declaración del art. 18.1 de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional niega la posibilidad de recurso de amparo cuando las ofensas se dirigen al honor de la persona fallecida, por considerar que en este caso no se puede hablar de un derecho fundamental.

En el supuesto de ofensas a persona fallecida, la Ley Orgánica establece en su art. 4 la legitimación activa para ejercitar la acción civil a tres órdenes de personas: en primer lugar, aquellas designadas a tal fin en el testamento del fallecido; de no existir esta persona por falta de designación o por haber muerto con anterioridad a la ofensa, corresponderá la legitimación activa a determinados familiares (cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada); y en tercer lugar, subsidiariamente, podrá actuar el Ministerio Fiscal. La A. se preocupa especialmente por establecer el distinto fundamento de la actuación de cada uno de estos legitimados: el respeto a la voluntad del difunto en el primer caso; la propia agresión personal sufrida por los familiares como consecuencia de la ofensa al difunto, unido a la intención de restablecer la reputación del finado (basada en un deber moral de solidaridad familiar) en el segundo caso; y finalmente, en el caso de Ministerio Fiscal, se trataría de garantizar que las conductas ofensivas a los difuntos, a falta de actuación de los otros legitimados, no queden impunes. Para salvar el inconveniente de la intransmisibilidad del derecho al honor, la A., apoyándose en la Exposición de motivos de la Ley Orgánica, estima que se realiza una fictio iuris en el sentido de entender la memoria como una prolongación de la vida del difunto, esto es, se considera que en ese ámbito concreto el difunto aún vive.

Tras estudiar el iter procedimental y las medidas cautelares, reparadoras o compensatorias y preventivas, la A. formula sus consideraciones finales, siendo la conclusión última de la investigación la de que la tutela de la memoria del fallecido no ha experimentado grandes cambios desde el derecho romano hasta nuestros días. En ese sentido, es una pena que el trabajo no se haya extendido hacia el tratamiento de la protección del honor post mortem en la época que separa al Derecho romano del actual, en las distintas Escuelas Jurídicas y el tratamiento primero moral y luego publicístico, que realizaron de los derechos de la personalidad. Allí podría quizás encontrarse explicación para algunas diferencias entre ambos ordenamientos.

Así, frente a la regulación del Derecho romano, la protección civil prevista en la L.O. supone, a mi juicio, el reconocimiento por el ordenamiento jurídico de un valor digno de protección: el respeto a la memoria de los difuntos. Está claro que en ningún caso se puede hablar en sentido técnico de un derecho al honor del fallecido, ni de la transmisibilidad del derecho al honor a los herederos del difunto. Simplemente, el ordenamiento jurídico encomienda la defensa de ese valor a las personas que más motivos pueden tener para tutelarlo: el designado a tal fin en testamento, en su defecto los familiares, los cuales se pueden sentir afectados o no, y en última instancia, el Ministerio Fiscal. La legitimación activa de este último constituye, en mi opinión, un indicio de que el respeto a la memoria de los difuntos es considerado, en sí mismo, un bien a tutelar y no sólo por el daño indirecto que la ofensa puede causar a los herederos o parientes. En otro sentido, mientras que en Roma la condena por la actio iniuriarum era pecuniaria, y el heredero obtenía una indemnización caso de prosperar la acción, hoy sólo en determinados casos se concederá indemnización a los familiares cercanos, y precisamente sólo en la medida en que éstos hayan sido afectados. Por otra parte, la L.O. prevé algunas medidas reparadoras de la ofensa (difusión de la sentencia condenatoria y el derecho de rectificación), que se dirigen especialmente a restablecer la memoria del ofendido, esto es, el valor conculcado.

Para terminar, el trabajo de Macarena Lebrón resulta sin duda interesante por la temática en sí y por su acertado tratamiento: la sistemática de la obra, las fuentes legales y bibliográficas consultadas y la interpretación ponderada que hace de las mismas. Es de una lectura agradable por su redacción clara y sencilla; el formato de la edición también contribuye en ese sentido.

Contiene índice de abreviaturas y de fuentes. (Mª.T.G.-P.)

Juan Iglesias, Iter iuris. Escritos histórico-jurídicos, Madrid, Marcial Pons, 2002, 123 páginas.

Este nuevo libro del profesor Iglesias reúne los trabajos siguientes: "Discurso histórico del derecho romano; "El derecho en su historia (del ayer al presente y al mañana"; "Derecho (cogitata et visa)"; "Estudio y enseñanza del derecho romano (visión retrospectiva)"; "Todo un maestro"; "Miniaturas histórico-jurídicas (***)". Los cuatro primeros y el sexto han sido publicados con anterioridad en otros lugares. El quinto, dedicado al profesor Fernando Sáinz de Bujanda, deberá aparecer también en el "Libro-Homenaje" a este profesor incluido en la colección Maestros Complutenses del Derecho. (F.C.B.)

Pablo Krüger, Historia, fuentes y literatura del derecho romano, reimpr. de la ed. de Madrid, La España moderna, s.f., Pamplona, 2003, 365 páginas.

Oportuna sin ningún género de dudas puede considerarse esta reimpresión, en digna traducción española de comienzos de la pasada centuria, de un clásico de la literatura romanística como es la Historia de Paul Krüger, conocedor como ha habido muy pocos del derecho romano desde el punto de vista, precisamente, de sus fuentes y su literatura. Si acaso, hubiera sido deseable unir a la pura y simple reimpresión del texto algún tipo de introducción o de presentación destinada a situar el autor y su obra en el contexto de la ciencia romanística de finales del siglo XIX, que es cuando esta Historia se publicó inicialmente en alemán (1888), así como a evaluar su influencia y su posible significación en el actual momento de crisis y cambio de nuestros estudios. (F.C.B.)

Carmen Lázaro Guillamón, La adquisición de las servidumbres por el transcurso del tiempo: Derecho romano, derecho germánico, tradición romanística y Furs de València, Castellón de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2002, 236 páginas; prólogo de E. Gómez Royo.

La Autora aborda en este libro un tema que constituye, en sus propias palabras, el nexo de unión entre dos instituciones del derecho romano _possessio y iura in re aliena_ que han sido estudiadas tradicionalmente como dos figuras independientes. Ese nexo viene dado por la posesión de las servidumbres prediales y la posibilidad de su adquisición mediante la posesión continuada durante cierto tiempo. El estudio parte del análisis de las fuentes romanas y se prolonga a través del marco de la recepción del derecho romano hasta los Furs de Valencia, a fin de constatar en qué medida el derecho foral valenciano es heredero de aquel y si sintió o no el influjo de otros elementos, de ahí que el examen se extienda a las fuentes del derecho germánico. Con todo ello, la obra constituye una manifestación más de la vigencia y aplicación de la Dogmengeschichte o historia de los dogmas en la romanística española, método que la A. combina acertadamente con el histórico crítico para el tratamiento de las fuentes y con el recurso a la literatura jurídica especializada.

La obra se estructura en tres capítulos, dedicados respectivamente a las fuentes romanas, las fuentes germánicas y la recepción del derecho romano, seguidos de un apartado de conclusiones.

En el primer capítulo, el más amplio, la A. nos muestra la evolución que en el derecho romano experimentan la posesión y las servidumbres prediales, así como la posibilidad de adquisición de éstas por el transcurso del tiempo. En la época de las XII Tablas es posible la usucapión de las servidumbres, esto es, su adquisición por el usus _entendido éste como ejercicio de un poder de hecho o de unas facultades sobre una cosa o sobre una persona por el paterfamilias_. Este régimen va a cambiar a medida que se van configurando el concepto clásico de propiedad (dominium) como un derecho pleno y absoluto sobre una cosa corporal, y el concepto clásico de possessio, como ejercicio de hecho de las facultades del propietario sobre la cosa (corporal). A su vez, el concepto de iura in re aliena, en que ahora se acoge a las servidumbres prediales, supone su consideración como res incorporales. Y puesto que sólo cabe possessio sobre cosas corporales, sólo éstas podrán ser usucapidas, con lo cual desaparece la posibilidad de adquirir las servidumbres por el transcurso del tiempo. En este sentido, la Lex Scribonia, que prohibía la usucapión de las servidumbres prediales, o fue el principio del cambio, o vino a confirmar lo que era una consecuencia lógica de la evolución conceptual desarrollada por la jurisprudencia.

La doctrina de la imposibilidad de poseer las servidumbres encuentra confirmación en el hecho de que el pretor no concediese los interdictos posesorios para tutelar su ejercicio de hecho. Sin embargo, la A. encuentra en las fuentes indicios que le permiten afirmar que en época clásica se habría comenzado a perfilar el tema de la tutela interdictal del ejercicio de derechos, y esto es, a su juicio, un primer paso hacia el reconocimiento de la posesión de derechos.

La evolución de la propiedad, la posesión y los iura in re aliena en el derecho postclásico y justinianeo supone la admisión de la possessio de derechos y, por tanto, de las servidumbres prediales; con ello se hace posible la tradición (traditio), que se sustancia en el uso o ejercicio consentido (scientia y patientia) de la servidumbre y la prescripción adquisitiva, que se sustancia a través de la longi temporis praescriptio.

El capítulo primero concluye con la referencia a las fuentes del Derecho romano vulgar en Occidente, donde se constata la posibilidad de la adquisición de las servidumbres por el transcurso del tiempo y la extensión del término romano servitus a supuestos que corresponden más que a las servidumbres prediales romanas, a limitaciones legales de la propiedad.

En el capítulo segundo, en el que se analizan las fuentes del derecho germánico, la A. nos aproxima al concepto de Gewere, comprensivo de cualquier forma de goce o aprovechamiento sobre la cosa y capaz de admitir la concurrencia de una pluralidad de derechos autónomos sobre la misma cosa. Por ello, no tiene sentido la idea romana de iura in re aliena y, en cambio, se impone la llamada servitus iuris germanici, que supone la quiebra del principio romano de tipicidad de las servidumbres, así como el de nemini res sua servit y el de servitus in faciendo consistere nequit: cualquier limitación a la propiedad a favor de terceros (incluyendo el aprovechamiento comunal de los bienes) tiene cabida en la servitus iuris germanici, y esto no es más que uno de los aspectos de la Gewere. Por ello, es posible la adquisición de la servidumbre por la prescripción germánica de año y día, en cuanto que es posible la prescripción de una Gewere sobre la cosa. Por otra parte, la práctica jurídica a partir del s. X irá dando acogida, por influjo del derecho romano, a la prescripción adquisitiva de treinta años.

En el capítulo tercero, finalmente, se abordan las fuentes legales y doctrinales del Derecho común hasta llegar a los Furs de Valencia.

Los Glosadores van a encontrarse ante textos contradictorios, pues se afirma por un lado que las res incorporales (y por tanto, las servidumbres) no son objeto de possessio y por otro lado se habla de una quasi possessio de las servidumbres. La contradicción es resuelta, como era de esperar, a favor de la prescripción de las servidumbres, admitiéndose la longi temporis praescriptio justinianea para las servidumbres con causa perpetua, interpretando por tal, no la aptitud del fundo sirviente para prestar una utilidad continuada al fundo dominante, como entendieron los juristas romanos, sino como aquella servidumbre en que no es preciso una actuación humana. Por otra parte, también era posible la prescripción extraordinaria de treinta años para las servidumbres con causa discontinua.

La idea de la perpetuidad de la causa para la prescripción adquisitiva de las servidumbres la encontramos acogida igualmente en el ámbito del derecho canónico, concretamente en la tarea interpretadora de los glosadores canonistas. Los textos de los Libri Feudorum y de Lo Codi también plasman la posibilidad de constituir servidumbres por el transcurso del tiempo.

En cuanto a los Furs de Valencia, punto final del recorrido histórico-jurídico, la A. constata que se ha mantenido exclusivamente la tradición romanista en la prescripción adquisitiva de las servidumbres, esto es, que se acogió la longi temporis praescriptio del derecho justinianeo, aunque con la singularidad de que el plazo es de diez años, omitiéndose la referencia a los veinte años para el caso de ausencia, como también se aprecia en la Glosa. Esta circunstancia corrobora, según la A., que en la elaboración de los Furs se manejó la Glosa.

La obra de Carmen Lázaro constituye sin duda una valiosa profundización en el ámbito de la dogmática de los derechos reales, mostrando cómo los conceptos fundamentales _dominium, possessio, iura in re aliena, res incorporalis, quasi possessio, usucapio, longi temporis praescriptio, etc._ y las conexiones entre ellos se adaptan a las exigencias sociales y económicas en cada momento, gracias a la obra interpretadora de los juristas.

Contiene índice bibliográfico y de fuentes. (Mª.T.G.-P.)

Antonio Mateo Sanz, Observaciones sobre el régimen jurídico de la minería en tierras públicas en época romana, Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad, 2001, 227 páginas.

Sucede con este libro lo mismo que con el de Ana G. Bustelo reseñado más arriba: aunque lleva fecha del año 2001 se ha empezado a distribuir en septiembre de 2002.

La obra se ocupa "[d]el problema del régimen jurídico de las minas públicas en Roma en su época republicana y el problema, no menos complejo, de las transformaciones que tal régimen pudo sufrir con el devenir histórico y, más en concreto, con el tránsito al sistema político del Principado [...].

"Por un lado, la escasez de fuentes sobre la época republicana obliga a los estudiosos a moverse en el terreno de la hipótesis, en el que el principal mérito de una opinión estriba, a nuestro juicio, en ofrecer una reconstrucción del régimen jurídico minero que respete los escasos datos de las fuentes textuales y los que ofrecen otros campos de interés para esta investigación, como la geología de los yacimientos o los datos arqueológicos de las explotaciones mineras antiguas.

"En el extremo opuesto, el estudio del tema bajo el Principado presenta la dificultad de conocer y criticar las soluciones que, a partir de los bronces de Vipasca, han ofrecido los distintos autores al problema del régimen jurídico minero observado por el Fisco imperial [...] El descubrimiento de los bronces de Vipasca animó la discusión, muy viva a finales del s. XIX y comienzos del XX, acerca de las raíces romanas de los estatutos mineros medievales. Pero los bronces pueden también estudiarse en el contexto de la continuidad del régimen minero de la explotación minera en tierras públicas, dentro de la propia historia del Derecho Romano.

"El conocimiento de las fuentes sobre la minería de la época republicana y el estudio del régimen jurídico del metallum Vispacense nos llevaron a preguntarnos, primero, si la minería en tierras públicas pudo experimentar algún cambio de régimen jurídico como consecuencia del tránsito al régimen político del Principado; segundo, en qué pudo consistir tal cambio; y, tercero, cuáles fueron las razones que llevaron a él. La tercera parte de este trabajo trata de sugerir una respuesta a estos interrogantes [...] Esta parte y sus conclusiones son, pensamos, lo más novedoso del trabajo." (De la Introducción)

Juan Alfredo Obarrio, El testamento nuncupativo y su recepción en la Corona de Aragón, Valencia, Minim edicions, 2002, 189 páginas.

Se inscribe esta obra en una línea de investigación largamente practicada por el A. y que tiene que ver más con la recepción del derecho romano que con el derecho romano histórico en sí mismo considerado. En consecuencia, el estudio del testamento nuncupativo romano se concentra en un solo capítulo (el primero, páginas 11 - 26) en el que se hace un a modo de presentación de esta figura jurídica. Los tres capítulos siguientes se ocupan respectivamente del testamento oral en el derecho visigodo, de la transformación y declive de las formas testamentarias en la Alta Edad Media y de la recepción del testamento nuncupativo en la Baja Edad Media. Esta última parte, acaso la más interesante desde un punto de vista general, analiza en varias secciones los desarrollos legislativos y doctrinales producidos sobre la institución en examen. De los debidos especialmente a la escuela de los comentaristas y al llamado mos italicus tardío se extrae un esquema de análisis (naturaleza jurídica, testigos, animus testandi, adveración y publicación, praxis notarial) que, con algunas adaptaciones, se aplica en los tres últimos capítulos al estudio del testamento nuncupativo en cada uno de los territorios que conformaron la Corona de Aragón: Valencia, Cataluña y Aragón. Hay finalmente un nutrido índice de fuentes jurídicas y doctrinales y una bibliografía seleccionada. (F.C.B.)

Juan Alfredo Obarrio, Estudios de tradición romanística: El proceso en el Derecho Foral valenciano, Valencia, Minim edicions, 2002, 400 páginas.

El interés del A. por la recepción del derecho romano y la tradición romanística le conduce en esta ocasión al estudio de una institución tan fundamental como es el proceso en el derecho foral valenciano, concebido éste como un ius proprium dentro del ius commune. En la introducción se ofrece una justificación del trabajo y un panorama de las fuentes legales y doctrinales utilizadas, tan numerosas como diversas. Un segundo capítulo, asimismo de carácter introductorio, se refiere muy sintéticamente a la recepción del proceso romano-canónico a través de la tecnificación y profesionalización de la función judicial que supuso la actuación de la Cort o el Justicia desde mediados del siglo XIII aproximadamente. El tema específico del trabajo es desarrollado en tres capítulos de desigual extensión dedicados al proceso civil ordinario, el proceso penal y el proceso sumario. La parte final de la obra la integran un apéndice documental de cuyo sentido no se informa al lector, el índice de fuentes y el índice bibliográfico.

El estudio del proceso civil se divide en cuatro apartados sobre la demanda o "clam", la prueba, el período de alegaciones y la sentencia (incluyendo aquí los medios de impugnación, los efectos y la ejecución). En el capítulo sobre el proceso penal se analizan cuatro procedimientos, a saber, el acusatorio, el inquisitivo, el procedmiento in fraganti y el contumacial. En cuanto al proceso sumario, se estudia su origen, concepto y tipología.

Para facilitar la comprensión del fenómeno de la recepción en el ámbito jurídico-procesal, así como la comparación de los procedimientos regulados en el derecho foral valenciano con el proceso romano-canónico, hubiera sido deseable una sucinta exposición de conjunto de los caracteres esenciales de éste. Por otro lado, el papel que les cabe a las fuentes jurídicas romanas en la economía del trabajo es ciertamente de importancia muy secundaria, toda vez que el A. se sirve de ellas, primordialmente, para señalar los antecedentes romanos de tal o cual rasgo, elemento o principio de los procedimientos que va analizando (por ejemplo, el iusiurandum calumniae, el juramento decisorio, la restitutio in integrum o el principio de cosa juzgada; en cambio, el A. omite cualquier referencia al significado romano de la litis contestatio) o el origen igualmente romano de alguno de esos mismos procedimientos (por ejemplo, el procedimiento in fraganti, el contumacial y el sumario).

En todo caso, y aun a pesar de las numerosísimas erratas que afean la edición (incluido un corrimiento de la paginación que ha perjudicado la exactitud de las remisiones que se hacen en el índice de fuentes), la obra tiene una utilidad indudable por la gran cantidad de información que reúne sobre el proceso en los Furs de Valencia, una de las instituciones menos estudiadas del ius proprium que rigió en este territorio histórico. (F.C.B.)

Mª. Cruz Oliver Sola, Los modos de adquirir la propiedad en derecho romano y su influencia en el sistema de derecho de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2002, 114 páginas.

Se trata de un pequeño volumen con el que la Autora expone los modos de adquisición de la propiedad en el Derecho romano y en la Compilación de derecho civil de Navarra, a fin de constatar el influjo del primero en el derecho foral navarro y las diferencias respecto del derecho del Código civil español. Consta de dos partes, dedicadas respectivamente al Derecho romano y al sistema de derecho navarro y de un epílogo, donde se recogen como anexos dos documentos de la práctica jurídica. (Mª.T.G.-P.)

Javier Paricio, De la justicia y el derecho. Escritos misceláneos romanísticos, Madrid, El Faro Ediciones del Instituto de Historia y Metodología de la Ciencia Jurídica de la Universidad Complutense, 2002, 673 páginas.

Un breve prólogo del A. nos introduce en esta selección de cuarenta y seis escritos publicados con anterioridad en diferentes sedes nacionales y extranjeras. Los trabajos de carácter más técnico se recogen en una primera parte titulada "artículos romanísticos" (pp. 19 - 584), mientras que en la segunda, bajo el título de "varia" (pp. 585 - 641), se incluyen dos colaboraciones periodísticas, un par de reseñas y un puñado de semblanzas de romanistas de renombre. Completan la edición, muy cuidada y de aspecto agradable, los índices analítico y de fuentes destinados a facilitar la consulta de la obra. Los escritos recogidos conservan su factura original, sin actualizaciones bibliográficas y con sólo algunos retoques de carácter formal. Sus títulos son los siguientes:

Artículos romanísticos: 1) El derecho romano en la encrucijada; 2) Sobre el de usurpationibus de Appio Claudio; 3) La huella de Quinto Mucio Escévola; 4) La vocación de Servio Sulpicio Rufo; 5) El ius publice respondendi ex auctoritate principis; 6) Labeón. Dos episodios histórico-jurídicos de comienzos del Principado; 7) Una aproximación a la biografía del jurista Próculo; 8) Valor de las opiniones jurisprudenciales en la Roma clásica; 9) La legislación en la época de los Severos; 10) Sobre la llamada "ley de Citas"; 11) Observaciones sobre las quinquaginta decisiones de Justiniano; 12) Digesto y predigestos; 13) Apuntes sobre el pretendido origen arbitral del proceso privado romano; 14) Sobre las fórmulas procesales romanas; 15) Génesis y naturaleza de los juicios de buena fe; 16) Sobre el primer título del Edicto pretorio; 17) Iurare sibi non liquere. Los juramentos judiciales de no ver claro; 18) La responsabilidad del juez en el derecho romano clásico; 19) La denuncia de obra nueva en el derecho justinianeo; 20) Apuntes sobre la actio fiduciae; 21) Del origen de la obligatio: obligatio rei y obligatio personae; 22) Sobre la idea de contrato en Gayo; 24) Sobre el senadoconsulto Macedoniano; 25) Formulae commodati; 26) Una observación sobre Gai. 3.146: arrendamiento - compraventa; 27) El contrato de sociedad en derecho romano; 28) Acción funeraria; 29) Sobre la valoración del daño aquiliano; 30) La relevancia jurídica de unos esponsales; 31) Las donaciones entre prometidos en derecho romano; 32) Sobre la fórmula de la actio rei uxoriae; 33) Rescriptos de Gordiano III en materia dotal; 34) ¿Tres modos de aceptación de la herencia?

Varia: 35) Labeón, o de la Justicia; 36) De la Justicia y el Derecho; 37) La Storia de Mario Bretone; 38) Rebeldes a la República de José Luis Murga; 39) Fritz Schulz; 40) Ursicino Álvarez en la historia de la moderna romanística española; 41) En la muerte de Franz Wieacker; 42) Giovanni Pugliese: Tres imágenes finales; 43) Francisco Hernández-Tejero; 44) Alberto Burdese; 45) Arnaldo Biscardi; 46) Juan Iglesias. (F.C.B.)

Esther Pendón Meléndez, Régimen jurídico de la prestación de servicios públicos en Derecho romano, Madrid, Dykinson, 2002, 426 páginas; prólogo de A. Fernández de Buján.

Este trabajo publica la que fue tesis doctoral de su autora, defendida en la Universidad de Cádiz en el año 2000. A modo de premisa, la A. parte de que no existió una ciencia del Derecho administrativo en Roma, aunque sí pueda hablarse de una compleja experiencia administrativa romana. Cuestión previa, y relacionada con esta premisa, que aborda la A. en la introducción del trabajo, es precisar _dada la innegable relación del derecho administrativo moderno con el concepto de "estado"_ si puede hablarse de "Estado" para definir la organización política de Roma: una muy discutida pregunta a la que _siguiendo a su maestro A. Fernández de Buján_ responde afirmativamente.

Puesto que hubo en Roma un "Estado", resulta plenamente justificado estudiar cómo dicho estado resolvió su deber de prestar servicios sociales y colectivos a los ciudadadanos. Este régimen de tal prestación de servicios es el objeto de la monografía, que la A. estructura en sendos capítulos, dedicados al estudio de las sociedades de publicanos y al de otras organizaciones que intervinieron en dicha prestación de servicios.

En el capítulo sobre las sociedades de publicanos, trata la A. cuestiones como la del momento histórico de su aparición, que data en los comienzos de la república, o el del ámbito de las actividades de estas sociedades. La A. defiende un concepto amplio de publicano, en el sentido de entender que el término abarcaba en el mundo romano, no sólo a los recaudadores de impuestos o a los arrendatarios de los bienes públicos, sino también a los contratistas de obras y abastecimientos públicos. Defendido este significado amplio del concepto, aborda el problema de la naturaleza jurídica de estas sociedades, discutiendo _otra vexata quaestio_ si tales sociedades gozaron de personalidad jurídica. Así lo entiende la A., quien analiza las peculiaridades que presentan, tanto la adquisición de tal personalidad, como la disolución de la sociedad, en cuanto son éstos los momentos en que más claramente se advierte el diferente régimen jurídico de tales sociedades respecto a las ordinarias; una diferencia que se manifiesta también en la necesidad de aprobación previa de la sociedad de publicanos por parte de los poderes públicos _fueran el senado o el emperador_, y en la pervivencia de la sociedad más allá de la muerte de alguno de sus socios, que podría llegar a ser sucedido por su heredero, quizá no tanto por razón de un acuerdo fundacional o sobrevenido de los restantes socios, piensa la A., cuanto por la aplicación de las leges locationes que conformaban la contrata pública asumida por tal sociedad.

La A. estudia a continuación la composición de las sociedades de publicanos, subrayando que la procedencia social de sus miembros no resulta homogénea _en el sentido de quedar reservada esta profesión a los miembros del ordo equester_, y analizando los supuestos en que el ordenamiento incapacitaba para concurrir a las contratas públicas o para formar parte de la sociedad. Se detiene también en el estudio del procedimiento de adjudicación, contenido y duración de las contratas públicas, y el sistema de garantías del cumplimiento ofrecido por los contratistas. Especial atención dedica a las distintas categorías de personas que intervienen en la vida de la sociedad _mancipes, praedes, socii, etc._: sostiene en este punto la A. que debe distinguirse entre los socios primigenios, que habrían contado con el estatus social y la riqueza requeridos para intervenir en la fundación de la sociedad, y los participes, que se incorporarían a ella con posterioridad. Cierra este capítulo una amplia exposición de las funciones específicas _de recaudación o realización de las obras o suministros públicos_ llevadas a cabo por estas societates publicanorum.

El capítulo segundo de la obra se dedica a "otras organizaciones", título bajo el que la A. acoge el estudio de los collegia y de las sodalitates, aunque centrándose especialmente en los primeros. El empleo de ambos término resulta menos preciso que el de "societas" aplicado a las sociedades de publicanos, y la A. dedica el primer apartado de este segundo capítulo a repasar las distintas opiniones de los autores modernos respecto al significado de "collegium" y "sodalitas", y de otros términos afines, como "corpus". La intención de la A., con este repaso, consiste en acotar los límites de su estudio, límites que establece en la consideración de aquellos collegia que funcionaron como asociaciones profesionales encargadas de un servicio público, en contraposición a los dedicados a actividades privadas. Aquéllos se remontan a la época arcaica de Roma, bajo el reinado de Numa Pompilio, y su nacimiento ha sido diversamente explicado por los autores modernos _Coli, Serrigny, de Robertis_, cuyas tesis resume la autora.

Aborda también la A. la cuestión de si la iniciativa para que los collegia desarrollaran una actividad pública partía de sus miembros o de los poderes públicos, señalando que éstos actuaron sobre las corporaciones que reunían a profesionales dedicados a una misma actividad, transformándolas paulatinamente en organizaciones semipúblicas encargadas de desarrollar servicios públicos. La A. ve impulsada esta transformación por dos circunstancias políticas del Imperio: la voluntad imperial de sustituir la influencia política de las sociedades de publicanos, y el deseo de asegurar una prestación uniforme de los servicios públicos en todo el territorio del Imperio. Los sucesivos pasos de esta transformación _incluida la fundamental lex Iulia de collegiis, así como senadoconsultos y constituciones imperiales_ son señalados por la A. en el primer apartado de este capítulo segundo de su obra.

Un segundo apartado aborda el problema de la naturaleza jurídica de estas corporaciones, centrado en discutir si gozaron de personalidad jurídica. Entiende la A., siguiendo en este punto a Orestano, que no fue así en época republicana y en el principado de manera general, aunque determinadas corporaciones contaron ya entonces con un patrimonio común y con la posibilidad de intervenir en juicio por medio de un representante, reconocida en el edicto pretorio, mientras que Marco Aurelio permitió a las corporaciones reconocidas oficialmente, tanto recibir legados, como manumitir sus esclavos, conservando derechos sucesorios sobre los bienes de estos libertos. Así, para la A., la personalidad jurídica de los collegia habría sido el resultado de una dilatada evolución histórica, indisociable del proceso de transformación de tales colegios en organizaciones semipúblicas.

La estabilidad de los collegia y su evolución se refleja en su estructura interna, que la A. examina en un tercer apartado de este segundo capítulo. Los colegios funcionaron sobre la base de unos estatutos o lex collegii, que sorprenden, tanto por su similitud en múltiples aspectos _lo que ha hecho pensar en un posible modelo, extendido en virtud del reconocimiento oficial de los sucesivos colegios_, como por el carácter parcial de la regulación que contienen, que hace pensar que ésta pudo verse completada por decisiones internas del propio colegio o conforme a la costumbre. La lex collegii se ocupaba de aspectos tan fundamentales como las condiciones de admisión de los miembros _que en algunos casos podían ser esclavos_, o los derechos de éstos frente al colegio. Siguiendo el modelo de organización de las res publicae, los colegios contaron con una caja y un patrimonio comunes, una asamblea decisoria y representantes elegidos por ésta, si bien a partir del s. II d. C. aparecen funcionarios públicos al frente de los colegios; queda también constancia epigráfica de otros cargos internos colegiales.

La parte final y más extensa de este segundo capítulo es el apartado cuarto, una larga exposición de los tipos de colegios que conocemos a través de las fuentes, agrupados para su estudio por la A. atendiendo a tres criterios: primero, el que distingue entre corporaciones privadas y públicas, útil para la época republicana y de comienzos del Imperio _momento a partir del cual la A. ha defendido la transformación progresiva de los colegios en corporaciones semipúblicas_; segundo, el que atiende a su ámbito local o provincial; y tercero, el de la actividad profesional propia del colegio.

Cierra el trabajo un apartado de conclusiones relativamente amplio y un índice de fuentes. (A.M.S.)

Felipe del Pino Toscano, Un estudio palingenésico: D. 42, 8, Huelva, Publicaciones de la Universidad, 2003, 241 páginas.

Objeto de este libro es la revisión crítica de las fuentes y su presentación en relación con un título completo del Digesto, a saber, el título Quae in fraudem creditorum facta sunt ut restituantur (D. 42, 8). Esa revisión se ajusta a las pautas del método filológico-crítico que viene defendiendo el profesor Fernando Betancourt, catedrático de la Universidad de Sevilla, como continuación superadora del método histórico-crítico, y cuyo núcleo esencial se puede expresar con la fórmula de origen d'orsiano "palingenesia crítica y sistema de acciones". Fórmula que indica la conveniencia de proceder en la investigación en orden inverso al que siguió Lenel, cuya Palingenesia Iuris Civilis quedó condicionada por la previa elaboración del Edictum Perpetuum.

En esta obra, el A. se centra exclusivamente en el "punto de partida necesario" del método mencionado, esto es, en el análisis palingenésico exhaustivo de D. 42, 8, dejando para otra ocasión el examen del status quaestionis edictal que, unido a lo que ahora se ofrece, podría conducir a conclusiones más decisivas. Dicho análisis palingenésico se lleva a cabo a lo largo de cuatro capítulos, el primero de los cuales tiene un evidente carácter introductorio y de encuadramiento metodológico. Los capítulos segundo, tercero y cuarto, de desigual extensión, recogen la palingenesia del contenido de D. 42, 8 respectivamente por juristas, por obras y por masas, con la crítica correspondiente, en los dos primeros, de las reconstrucciones propuestas en su día por Lenel. Un capítulo final sintetiza las conclusiones generales del trabajo sobre la estructura palingenésica de D. 42, 8. Hay también un índice de abreviaturas y un índice de fuentes.

Sin traicionar el pensamiento del A., no es posible dar aquí una idea siquiera aproximada del rico contenido de una obra que destaca por la seriedad de su planteamiento y por la mesura de sus desarrollos concretos. Ello no obstante, se debe al menos señalar que la desagregación y recomposición analítica del título estudiado, según los criterios mencionados en el párrafo anterior, permite al A. sostener que dicho título es el resultado de una "fusión" imperfecta de dos edictos sobre el fraus creditorum (EP.3 §§ 225 y 268) realizada por los compiladores con el propósito de establecer un remedio revocatorio único: la acción Pauliana; de esta forma, la dualidad de remedios del derecho clásico, compuesta por una acción o proceso revocatorio en sentido propio como remedio principal (EP.3 § 225), y por un interdictum fraudatorium de naturaleza complementaria (EP.3 § 268), se desvanece en la nueva regulación de D. 42, 8 al no haber en ella ninguna mención de aquel interdicto, cuya ausencia se deja notar igualmente en la ordenación de la materia interdictal del libro 43 del Digesto. En consecuencia, la denominada actio Pauliana del derecho justinianeo debería ponerse en estrecha relación con aquel proceso revocatorio del § 225 del Edicto que ya en el derecho clásico tenía el carácter de principal. (F.C.B.)

Prácticas de derecho romano, E. Gómez Royo (coordinador), L. Bernard Segarra, G. Buigues Oliver, J.M. Espinosa Isach, E. Gómez Royo y A. Montañana Casaní (autores), Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, 166 páginas.

Contiene este libro un total de 112 casos prácticos de derecho romano (113 contando el último, basado en el testamento de Antonio Silvano) distribuidos en tres secciones de derechos reales, obligaciones y sucesiones cada una de ellas encabezada por una sencilla introducción. Hay también al principio nueve páginas con unas "Consideraciones generales sobre la formación de la ciencia jurídica en Roma" y otras ocho con una selección de textos acerca de la organización política y jurídica romana. Los casos presentan el formato habitual compuesto de un breve enunciado (alguno con una apariencia sorprendentemente "moderna") y cierto número de cuestiones jurídicas relacionadas con él; no se citan fuentes en el planteamiento de los supuestos ni se sugiere tampoco su manejo para la solución de las cuestiones. (F.C.B.)

José Ramón Robles Reyes, La competencia jurisdiccional y judicial en Roma, Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2003, 182 páginas; prólogo de A. Díaz Bautista.

Tras unas páginas en las que el autor expone la breve historia de la elaboración del texto y refiere las fuentes y método que ha utilizado, la obra se divide en tres capítulos de desigual extensión y complejidad. En el primero de ellos (pp. 13 - 31) se analiza el significado, clases y funciones de la `iurisdictio' en el marco del proceso romano y sus similitudes y diferencias respecto al terminus technicus `competencia' del lenguaje forense español moderno. En particular, presta el autor una singular atención a la distinción (importante desde el punto de vista sociológico) entre la jurisdicción civi' (pública) y la jurisdicción doméstica del paterfamilias (a la que asimila la del pontifex maximus en el ámbito religioso), que marca una diferencia esencial entre los modos de impartir justicia de la antigüedad romana y los del mundo moderno.

El segundo capítulo ("Criterios delimitadores de la competencia", pp. 33 - 133) constituye el núcleo central del trabajo. En él pasa revista a los diversos criterios que se tuvieron en cuenta en el Derecho romano antiguo para determinar el órgano jurisdiccional competente ante un determinado litigio, sin establecer diferencias marcadas entre las diversas épocas y los distintos tipos de procedimiento que tuvieron vigencia en la dilatada historia del Derecho romano. En este sentido, se estudian de manera conjunta el criterio general de la competencia jurisdiccional civil en atención al domicilio de las partes (en particular, del demandado) y, a continuación, los variados criterios especiales empleados en función de diversos momentos o circunstancias, a saber: el territorio, la cuantía del objeto procesal, el lugar de cumplimiento de la obligación, los distintos tipos negociales (v. gr. compraventa, fideicomisos, legados, estipulaciones) y tipos de acciones (reales, personales, penales) o las personas intervinientes en el litigio (en especial, el problema de los legati y el ius domum revocandi). Por último, se comenta el problema de la derogabilidad voluntaria de la competencia jurisdiccional en virtud de la sumisión convencional de las partes, un principio admitido con carácter general ya seguramente en la época arcaica (ex Iul. D. 2, 1, 5) y progresivamente sometido a restricciones.

Finalmente, en el capítulo tercero (pp. 135 - 155) se ocupa de la recepción de estos criterios en el Derecho histórico español, particularmente en el código de las Siete Partidas y en las Leyes de Enjuiciamiento civil españolas de 1881 y 2000 (si bien estas últimas sólo son objeto de atención en notas a pie de página), concluyendo que la legislación alfonsina se inclinó por un deseo de conseguir la unidad jurisdiccional en torno al criterio del domicilio de los litigantes, pero admitiendo el juego de gran número de excepciones a este principio, en la línea del Derecho imperial del Dominado, así como algunas innovaciones debidas a las circunstancias del momento histórico (p. ej. las referencias de Part. 2, 31, 7 a la jurisdicción especial universitaria).

Bibliografía e índice de fuentes. (F.J.A.)

María Salazar Revuelta, Evolución histórico-jurídica del condominio en el derecho romano, Jaén, Publicaciones de la Universidad, 2003, 216 páginas.

El tema del condominio ha sido tratado reiteradamente por la doctrina romanística, si bien en relación con aspectos concretos. La Autora de este libro se propone, por ello, ofrecer un análisis global de la figura desde una perspectiva histórica, pero también dogmática, en el sentido de encajar conceptualmente para cada época del derecho romano los supuestos en que varios sujetos son titulares de un mismo bien.

La obra se estructura en dos partes. En la primera, "Planteamientos generales", la A. nos aproxima al concepto de condominio en el derecho romano, a sus caracteres, terminología y a las distintas teorías sobre su naturaleza jurídica, poniendo de manifiesto la necesidad de distinguir a estos efectos las diversas etapas de la evolución jurídica romana.

La segunda parte lleva por rúbrica "Evolución histórica del régimen jurídico del condominio romano", coincidiendo prácticamente con el título del libro. Dentro de ella se distinguen tres apartados relativos respectivamente a los orígenes del condominio, a la época preclásica y clásica y al derecho postclásico y justinianeo.

En el primero de esos apartados se analiza la figura del consortium ercto non cito, que aparecía a la muerte del paterfamilias entre los hermanos y que constituía un momento intermedio entre la propiedad colectiva y la propiedad privada. La principal fuente de conocimiento de este consorcio son los nuevos fragmentos de Gayo (Gai. 3, 154 a y b). El dominio de los consortes era un dominio plúrimo integral, esto es, todos eran propietarios del todo y podían disponer de él, salvo prohibición de alguno de los consortes, situación ésta que, en el consortium inter fratres, nacía de la muerte del paterfamilias, pero que, sin embargo, se mantenía apoyada en la voluntad de los consortes; precisamente por ello, podía ser disuelta antes de la Ley de las XII Tablas, con la voluntad de todos. La ley de las XII Tablas introdujo la acción de división de la herencia (familiae erciscundae), que se ejercitaba en la forma de legis actio per iudicis arbitrive postulationem y, por tanto, el derecho de los consortes a exigir la disolución de la sociedad.

En el segundo apartado se refiere la A. al condominio en el derecho preclásico y clásico, siendo el que abarca la mayor parte del libro. El primer aspecto que destaca es el de la progresiva distinción por parte de los juristas clásicos entre communio y societas, calificados por la A. como "dos tipos de indivisión" que se diferencian en que la societas tiene un origen convencional y la communio resulta de ciertos hechos; la confusión entre ambas es, por tanto, de factura justinianea.

Efectivamente, los juristas distinguen ambos conceptos, a pesar de que a veces están muy próximos, como cuando Gayo habla de societas propia civium romanorum para referirse al consorcio ercto non cito, contrapuesta a la societas iuris gentium, que nace nudo consensu. Pero propiamente, societas alude a este vínculo personal del que surgen obligaciones entre los socios, en virtud del simple consentimiento, y, en cambio, para referirse a la indivisión, a la situación jurídico-real consistente en que varios sujetos tienen una cosa en común como propietarios, hablan de res communis o rem communem esse, etc., lo cual evidencia, a mi juicio, el contenido exclusivamente patrimonial que presenta la propiedad en el derecho clásico. Cuando los juristas se preguntan si hay societas o no entre los copropietarios, se plantean si hay vínculo personal nacido del mero consentimiento iuris gentium a efectos de determinar si pueden utilizar la actio pro socio para exigir las prestaciones recíprocas entre ellos, además de la actio communi dividundo, que nace del rem communem habere, y que se dirige a la división. Precisamente, como bien dice la A., el tratamiento diferenciado que en la redacción definitiva del Edicto se concede a la actio pro socio y a la actio communi dividundo es síntoma de la clara diferenciación entre communio y societas, o, dicho de otra manera, entre una relación de carácter jurídico real y una relación de naturaleza obligacional que a veces vienen unidas (la sociedad es una de las posibles fuentes de condominio, como dice Ulpiano en D. 17, 2, 31: "communiter autem res agi potest etiam citra societatem, ut...").

La idea de un dominium pro parte, esto es, una copropiedad por cuotas ideales, característica del derecho clásico y "más acorde con el régimen de libertad y autonomía que caracteriza a las nuevas relaciones jurídicas romanas" se encuentra por primera vez expresada en Quinto Mucio, nos informa la A. Cada propietario tiene un dominio absoluto sobre su parte, pudiendo disponer de ella libremente. Sin embargo, vestigios del antiguo dominio solidario son el ius prohibendi sobre los actos de disposición de la cosa común por uno de los comuneros y el ius adcrescendi.

Como fuentes de la situación de copropiedad son analizados los casos de sociedad (sólo su frustración o disolución), la compra hecha en común, los modos originarios de adquirir la propiedad, las relaciones de vecindad y la sucesión, principal causa de propiedad indivisa.

Al estudiar el régimen jurídico del condominio en derecho clásico la A. se refiere a los distintos actos de disposición jurídica pro parte, respecto de los cuales se puede comprobar en las fuentes la total libertad de disposición de la cuota, tanto los que modifican la titularidad del condómino como los que no. En cambio, los actos de disposición jurídica in solidum requieren el consentimiento de todos los condóminos: así lo demuestran los textos relativos a la constitución de servidumbre sobre fundo común y a la manumisión del esclavo común. En cuanto a los actos de disposición material, todos aquellos actos que no supongan alteración de la cosa y que no perjudiquen a los demás dueños de la misma, pueden ser realizados libremente por cada condómino; no así los que supongan modificación, pues respecto de ellos los condóminos pueden ejercitar el ius prohibendi, el cual, en el parecer de los clásicos, prevalece sobre el ius faciendi de cada copropietario.

Termina el apartado relativo al derecho clásico con el estudio de los medios de tutela jurídica del condominio, ejercitados pro parte y también in solidum, así como la actio communi dividundo dirigida únicamente a la división de la cosa común, a falta de otros cauces voluntarios de división.

Todos los aspectos examinados permiten a la A. concluir que el condominio clásico no es otra cosa que una modalidad de la propiedad, con los mismos caracteres, modos de adquisición y protección que el "dominio solitario".

En cuanto a la evolución del condominio en el derecho justinianeo, la A. nos ofrece un esquema general de las transformaciones operadas, entre las cuales es de destacar la configuración de la communio como fuente de obligaciones, como consecuencia en el orden teórico de las nuevas funciones de la actio communi dividundo, ejercitable también manente communione para exigir las respectivas obligaciones de los copropietarios y ejercitar el ius prohibendi. Frente a la relevancia de la voluntad individual de los condóminos, expresada en el ius prohibendi, se impone ahora el principio de la mayoría en la gestión del bien común. Communio y societas se confunden; el condominio presenta ahora una vertiente jurídico-real y otra jurídico-obligacional.

Contiene índice bibliográfico y de fuentes. (Mª.T.G.-P.)

Lourdes Salomón, Sine vitio nancisci possessionem. La adquisición de la posesión de los legados en el derecho romano clásico, Madrid, Dykinson, 2003, 247 páginas.

El trabajo de Lourdes Salomón se enmarca dentro de la línea de investigación iniciada por su maestro, el Prof. Juan Miquel, sobre la adquisición de la propiedad por tradición en el derecho romano a partir de las Instituciones de Gayo. El propio Juan Miquel y su discípula Mª Victoria Sansón han seguido esta línea analizando, respectivamente, el tema de la iusta causa y de la potestas alienandi en cuanto requisitos de la adquisición de la propiedad por tradición. Ahora, Lourdes Salomón se detiene en la traditio, entendida en su sentido amplio, esto es, en cuanto conlleva la adquisición de la posesión.

El punto de partida es la consideración del supuesto típico _prototipo_ de tradición, la entrega material de la cosa por el tradens al accipiens, y los supuestos de tradición espiritualizada admitidos por los clásicos, en los que la entrega material no se realiza efectivamente, por entenderla la conciencia social como innecesaria. Distinto es el caso atípico contenido en D. 21, 3, 1, 5: la aprehensión material de la cosa por el accipiens con el consentimiento del tradens, que se expresa con la locución "sine vitio nancisci possessionem". La singularidad de este supuesto es que se adquiere la tenencia material de la cosa corpore et animo por el accipiens sin que haya entrega ni realice el tradens comportamiento alguno, simplemente con su consentimiento, lo cual se deriva de la expresión sine vitio nancisci, esto es, el poseedor obtiene una posesión justa, nec vi, nec clam, nec precario.

Al estudio de este "subrogado de la traditio" dedica la A. la primera parte del libro, a fin de determinar su clasicidad o no, su posible origen y su sentido. Después de repasar las diversas posturas mantenidas al respecto por la doctrina romanística, aborda la exégesis de D. 21, 3, 1, 5 y de otros textos, en los cuales encuentra una sólida base para defender el carácter clásico de este modo de adquisición derivativa de la posesión, equivalente a la tradición, que en la época de Ulpiano, bien pudo haber sido el modo habitual de realizar la transmisión de la posesión de los fundos. Subrogado o equivalente de la tradición lo es en cuanto que tiene, sin serlo, los mismos efectos que ésta; pero la diferencia está en que el elemento volitivo adquiere una mayor relevancia, pasa a primer plano al exigirse expresamente el consentimiento del vendedor, mientras que en la tradición, la voluntad, no es que esté ausente, sino que queda incorporada o subsumida en el acto material de la entrega. De la misma manera, dice la A., que la posesión en el derecho clásico experimenta una progresiva desmaterialización, también en la tradición, en cuanto modo de adquisición de la posesión, se sigue esta misma evolución. Por ello, considera la A. el supuesto de sine vitio nancisci possessionem de D. 21, 3, 1, 5 (aprehensión de la cosa por el comprador con el consentimiento del vendedor) como un modo de transmisión a medio camino entre la entrega material y la transmisión causal, los dos polos respecto de los que se sitúan los sistemas tradicionales de transmisión.

En la segunda parte, la A. aborda la posible vinculación entre la adquisición de la posesión de los legados, que se realiza normalmente por la aprehensión de la cosa legada por el legatario con el consentimiento del heredero, con el subrogado de traditio estudiado hasta ahora. ¿Constituyen la misma figura, es decir, es también dicha aprehensión un subrogado de la traditio? El primer argumento en contra que nos presenta es el de que la tradición es una figura propia de las relaciones inter vivos, no mortis causa, donde se adquiere directamente de un difunto. Los juristas romanos _dice_ no hablan nunca de la tradición en el ámbito de las relaciones mortis causa (sin embargo, la propia A. matiza luego que cuando el legado se configura como una relación obligatoria entre heredero y legatario, se trata de relaciones inter vivos y de hecho las fuentes hablan entonces de tradición)

La adquisición de la posesión de los legados sólo puede ser correctamente estudiada si se la sitúa es el contexto de las disposiciones mortis causa y , por tanto, se la contrapone a la adquisición de la posesión por el heredero (no por el comprador ni mediante la traditio): como el heredero, el legatario debe tomar posesión él mismo del legado, pero a diferencia del heredero, el legatario debe hacerlo con el consentimiento del heredero. Este régimen jurídico es corroborado por el análisis del interdictum quod legatorum (a partir de cuya introducción se establece el requisito del consentimiento que, hasta entonces, era tácito) y de las fórmulas de disposición de los distintos tipos de legados. Según la A., sólo en el caso del legado damnatorio el legatario para adquirir la posesión se pueden aplicar excepcionalmente los principios de la tradición. Y por otra parte, la fórmula del legado sinendi modo es la que mejor expresa el comportamiento que han de mantener legatario y heredero en orden a la adquisición de la posesión del legado.

En definitiva, la adquisición de la posesión por la aprehensión de la cosa sine vitio, admitida en D. 21, 3, 1, 5 en relación con la cosa comprada, y en D. 41, 2, 5 y otros textos en relación con los legados, ha sido considerada por la doctrina como subrogado de la tradición. A juicio de la A. esta afirmación sólo vale para el primer caso, no así para los legados. Pero entre ambos supuestos se han producido "contaminaciones" en la transmisión de los textos, en el sentido de que lo que según la palingenesia había sido establecido en relación con los legados, esto es, la adquisición de la posesión por la simple aprehensión de la cosa sine vitio, fue trasladado por los compiladores a la sede general de la adquisición de la posesión (también inter vivos).

A lo largo del trabajo la A. nos expone el proceso y el resultado de sus investigaciones con gran claridad, con lo que el libro es de lectura fácil. Además, el planteamiento del tema y el análisis de las fuentes y de la bibliografía especializada es riguroso. Todo ello hace de la obra una valiosa aportación en relación con el tema de la adquisición de la posesión en general y, en particular, de los legados.

Contiene índice bibliográfico e índice de fuentes. (Mª.T.G.-P.)

Carlos Sánchez-Moreno Ellart, Professio liberorum. Las declaraciones y los registros de nacimientos en derecho romano, con especial atención a las fuentes papirológicas, Madrid, Dykinson, 2002, 191 páginas; prólogo de M.J. García-Garrido.

Sin demasiadas concesiones al lector, con un estilo sintético y concentrado, este libro se ocupa de un tema que apenas ha merecido atención por parte de la romanística española y que, en cualquier caso, estaba reclamando una síntesis actualizadora de la documentación y las interpretaciones dispersas por una variedad de publicaciones no siempre de carácter histórico-jurídico. Enfoca el A. el análisis de las declaraciones y el registro de nacimientos desde la época de Augusto (que es cuando, en conexión con la promulgación de las leyes Iulia et Papia y Aelia Sentia, fue establecido el registro) hasta la de los emperadores Severos. Las fuentes utilizadas son sin duda abundantes, en especial las fuentes papirológicas, de las que aquí, por primera vez, se ofrece un panorama completo. El esquema de libro comprende básicamente el estudio de las declaraciones de nacimiento en las fuentes literarias (II), en las jurídicas (III) y en las papirológicas (IV), seguido de un apartado de documentación (V) y de unas conclusiones (VI) que parecen más una continuación del discurso que una presentación resumida de resultados. Hay también una relación bibliográfica y un índice de fuentes.

La compleja exposición del A. sobre un tema ya de por sí complicado hace de todo punto imposible dar una idea completa, en una simple reseña, de los diversos aspectos de la materia tratada en la obra: la naturaleza, modalidades y efectos de las professiones liberorum (y la relación de éstas con las testationes de nacimientos) así como el funcionamiento de los correspondientes registros y documentos. Anotemos, de todos modos, algunas de las ideas manejadas por el A.: el término professio indica toda declaración del nacimiento de un ciudadano con independencia del procedimiento que se utilizara para ello (in albo o in actis); por su lado, la testatio es una declaración ante testigos que, en el ámbito que aquí interesa, puede referirse al contenido de la tabula albi (reservadas acaso a los hijos legítimos las professiones in albo), o bien utilizarse como declaración del nacimiento de un ilegítimo; en el primer caso la testatio recibe el nombre de descriptum et recognitum. Por otra parte, el inicio de la regulación de las declaraciones de nacimiento de los ciudadanos se sitúa en tiempos de Augusto, como lo prueba alguno de los papiros analizados (P. Mus. Cairo Inv. 29812 = CPL 148 = FIRA III 2), mientras que a Marco Aurelio habría que atribuirle (pese a lo que parece indicar la Vita Marci, 9, 7 - 9), no la creación de la professio liberorum sino una reforma consistente quizás en generalizar a legítimos e ilegítimos el procedimiento de la professio in actis (testatio privada del nacimiento y declaración apud acta) y en la introducción de un sistema de copia autenticada por funcionario. De las fuentes jurídicas (cfr. en especial D. 22, 3, 29, 1) se desprende la idea de que las professiones liberorum eran un medio de prueba entre otros posibles _téngase en cuenta que para el A. la professio no era obligatoria, sino sólo incentivada_ cuyo valor dependía de la libre apreciación por parte del juez. En cuanto a su ámbito probatorio, de una limitación inicial a los requisitos exigidos por las leyes de Augusto para sus propios fines (piénsese por ejemplo en el ius liberorum) se pasa paulatinamente a la prueba de otros extremos: identidad, edad, status civitatis o libertatis y _lo más importante_ filiación.

Son de gran interés las páginas del capítulo IV dedicadas a la descripción física de los documentos y al contenido y estructura interna de los de cada tipo, aunque la clasificación de la que se parte (descripta et recognita, testationes y documentos autenticados por la autoridad) es declarada insuficiente. Igualmente importantes son los análisis que se dedican en el mismo capítulo a la distinción entre professio y testatio como actos de diferente naturaleza, de la que el A. desconfía por no hallar en las fuentes papirológicas base suficiente en la que sustentar la diferencia entre uno y otro tipo de acto más allá de la fuerza probatoria respectiva de cada uno de ellos. En cuanto a la naturaleza de las certificaciones autenticadas de la professio caracterizadas por un recognovi del funcionario, las cuales aparecen documentadas a partir de un determinado momento (desde Septimio Severo) y aparentemente vienen a reemplazar a los anteriores descripta et recognita (testationes privadas ex tabula albi) como fruto de una posible reforma, el A. parece reconocer a esas copias el carácter de documentos semipúblicos, en el sentido de una convalidación pública de un documento privado prueba, a su vez, de un acto público (la misma professio en cuanto declaración ante la autoridad). Por lo que respecta a los registros de nacimientos, piensa el A. que el Kalendarium incluía a los ciudadanos sin más, esto es, independientemente de su legitimidad. Por otro lado, las varias hipótesis sobre la existencia de uno o de varios asientos relacionados con una única declaración, motivadas por las indicaciones de la tabula y la pagina que figuran en ciertos documentos (por ej., P. Mich. III 166), son repasadas sin que se llegue _nos parece_ a un resultado definitivo.

El capítulo sobre documentación (V) contiene la transcripción y el comentario individual de diecinueve papiros (presentados en orden cronológico salvo la inversión de los dos últimos) que constituyen la base fundamental en la que se apoya toda la investigación. Pese a la inevitable reiteración de problemas y aspectos ya tratados con anterioridad, la utilidad de esta parte está fuera de duda, tanto por la reproducción del texto de los documentos y la reunión de los mismos en un corpus de fácil consulta como por la exposición sistemática de los puntos más importantes que suscita la lectura de cada uno de ellos.

Los párrafos anteriores no aspiran a ser más que un imperfectísimo reflejo del rico y denso contenido de un libro que es desde ahora de indispensable consulta para los interesados en el tema de la professio liberorum. (F.C.B.)

Antonio Silva Sánchez, La patrimonialidad de la prestación y la protección del interés no patrimonial (en el derecho romano y en la dogmática jurídica moderna), Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2003, 339 páginas.

Este libro _producto de la tesis doctoral de su A._ se ocupa de uno de los temas centrales del Derecho de obligaciones: el contenido de la prestación. Más allá de limitarse a efectuar un análisis de los problemas de la patrimonialidad de la prestación o de la medida del interés del acreedor _como reza su título_, el texto ofrece una visión panorámica de la naturaleza de la prestación como objeto de la obligatio romana, estudiando con carácter general sus orígenes históricos y sus elementos constitutivos, y las diversas posturas doctrinales al respecto en la romanística moderna. En efecto, tras una introducción en que el A. señala las principales interpretaciones en torno a su objeto de estudio central y las orientaciones metodológicas que han guiado su trabajo, los dos primeros capítulos de los cuatro en que se divide el libro están dedicados a la difícil cuestión del origen y evolución histórica de la obligatio romana y a los caracteres y requisitos de la prestación, materias estas en las que, tras analizar los principales argumentos doctrinales, se adhiere fundamentalmente a las posiciones dominantes en la disciplina. Más crítico con la doctrina y las fuentes se muestra el A. en el capítulo tercero (pp. 75 - 226), en el que afronta el tema central de su investigación, esto es, la cuestión de la patrimonialidad de la prestación y la valoración del interés no patrimonial del acreedor. En él se manifiesta decidido partidario del requisito de la patrimonialidad _que viene a entenderse como pecuniariedad_ de la prestación en el derecho romano clásico, derivado en gran medida del carácter pecuniario de la condena en el procedimiento clásico per formulas. Ello le lleva a hacer un estudio pormenorizado del problema de la valoración del interés del acreedor cuando el mismo no es esencialmente económico (es decir, cuando existe una affectio por parte del acreedor), donde se presta una especial atención al funcionamiento de la stipulatio poenae, así como al problema de la condemnatio pecuniaria y su evolución desde el proceso formulario hasta la cognitio extra ordinem, sobre el cual concluye que dicha modalidad de condena hubo de servir en Roma como garantía para facilitar el cumplimiento efectivo de la prestación por parte del deudor.

Como corolario de lo anterior, el último capítulo del libro se dedica a la proyección de este requisito de la patrimonialidad de la prestación romana en la legislación y la doctrina jurídica modernas, especialmente española e italiana (pp. 227 - 300). En este sentido, este capítulo reproduce básicamente la estructura de los capítulos anteriores referidos a la experiencia jurídica romana, pero en relación con el Derecho civil moderno (i.e. análisis de los conceptos de obligación y prestación, del carácter patrimonial de ésta última, del interés del acreedor y de la relación entre patrimonialidad e interés) y, más en concreto, con el Código civil español, en el cual _de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia dominantes_ no ve que haya una exigencia explícita del requisito de la patrimonialidad o pecuniariedad para que exista prestación (al igual que sucede en otros Códigos de estirpe romanista), sino que únicamente puede hablarse de un valor patrimonial en cuanto elemento instrumental para la satisfacción del interés del acreedor en caso de incumplimiento del deudor.

Una "síntesis conclusiva final" resume algunos de los puntos centrales tratados a lo largo del libro. Cierra el volumen un índice de fuentes y bibliografía. (F.J.A.)

Guillermo Suárez Blázquez, Dirección y administración de empresas II: Actividad aseguradora mutua de empresas terrestres y marítimas, Orense, edición del autor, 2002, 268 páginas.

Las características formales y sustanciales de esta nueva entrega del profesor Suárez Blázquez sobre el tema son básicamente las mismas que poníamos de relieve en nuestra reseña de la entrega inicial [vid. REHJ 24 (2002) pp. 395 s.], si bien con la inclusión de una lista de fuentes que no remite a los lugares donde presumiblemente son citadas o analizadas cada una de ellas. Dividido en dos grandes capítulos, el libro se ocupa primeramente de "la actividad aseguradora marítima mutua en Roma clásica" y después de "la actividad marítima mutua en el derecho intermedio español", concluyendo este segundo capítulo con una breve aproximación al derecho actual. El núcleo del capítulo inicial lo constituye la tesis personal del A. según la cual "los antecedentes del seguro marítimo privado y, sobre todo, de las mutuas aseguradoras actuales, se encuentran en la Lex Rhodia, D. 14, 2. Los usos marítimos arbitraron las bases internacionales, que serán desarrolladas posteriormente por la jurisprudencia romana, republicana y clásica, para la formación del seguro marítimo mutuo, institución que tiene como fin indiscutible... la salvación de la nave" (p. 35). El Fuero Real, las Partidas y el Libro del Consulado del Mar, en lo que ofrecen de interés para el asunto que el A. se ha propuesto investigar, son el objeto del capítulo segundo, que como ya hemos dicho incluye una especie de apéndice sobre el derecho actual centrado en las Reglas de York y Amberes de 1974 y el Código de Comercio español de 1885 (en este orden). (F.C.B.)

Carmen Tort-Martorell Llabrés, La revocación de la donatio mortis causa en el derecho romano clásico, Madrid, Dykinson, 2003, 183 páginas.

Esta monografía se inscribe en la tendencia de la reciente romanística española a prestar nueva atención a la compleja figura de la donatio mortis causa (vid. también E. Rodríguez Díaz, Algunos aspectos de la donatio mortis causa en el Derecho romano, Oviedo 2000, cf. REHJ 24 [2002] 390 - 391). En esta ocasión, como indica su título, el trabajo se centra en una cuestión concreta del régimen jurídico de esta figura en el Derecho clásico, si bien a lo largo del texto se desgranan asimismo numerosas observaciones interesantes sobre el origen de la institución, su evolución histórica, sus diversas modalidades y, en definitiva, su ubicación dogmática general.

El libro se estructura en cuatro grandes apartados, incluida la introducción y las conclusiones. En la Introducción (pp. 9 - 32), la A. parte de la anécdota de la famosa donación de Telémaco a Pireo relatada por Homero (Od. 17, 73 - 83), y citada a menudo en las fuentes jurídicas romanas (v. gr. Marci. D. 39, 6, 1) para caracterizar conceptualmente el instituto de la donatio mortis causa, y, a continuación, efectúa un detallado análisis del status quaestionis en la doctrina romanista en torno a esta controvertida figura, a caballo entre el Derecho de obligaciones y el de sucesiones. El segundo capítulo ("Reseña de la donatio mortis causa", pp. 33 - 76) se dedica a perfilar los rasgos básicos de la institución en el Derecho clásico, realizando un análisis de su evolución histórica y de sus diversos tipos admitidos en la época clásica (donatio mortis causa "real", "promisoria" y "liberatoria", por entender que la donatio mortis causa `sola cogitatione mortis' sólo encontró acogida en el Derecho postclásico y justinianeo). El tercer capítulo ("La revocación", pp. 77 - 162) constituye la parte central del trabajo y en él aborda la A. el auténtico objeto de su investigación. En un primer apartado hace una valoración terminológica de las expresiones utilizadas en las fuentes para hacer referencia a ese acto jurídico revocatorio. A continuación, analiza con detalle la significación del sintagma `donatio mortis causa' para designar a este instituto, con el fin de deducir a partir de él las diversas causas de revocación extraídas de las fuentes con anterioridad. Éstas, desde su punto de vista, sólo se acogen en época clásica a razones objetivas (en consonancia con la causa objetiva que permite la constitución del negocio, esto es, la existencia de un peligro cierto y determinado para la vida del donante), de las cuales las más corrientes serían la supervivencia del donante al peligro previo, o bien la premoriencia del donatario al donante; la posibilidad de revocación de la donatio mortis causa por causas subjetivas (ex paenitentia o ad libitum) sólo se habría introducido, a juicio de la A., a partir de la época postclásica. Estas consideraciones conducen a la A. a un análisis final de la justificación dogmática de la posibilidad de revocar para el donante y de los instrumentos procesales al efecto (condictio, reivindicatio), del cual concluye que es posible concebir la donatio mortis causa clásica como un negocio obligacional sujeto a determinadas condiciones iuris, i. e. elementos esenciales sin los cuales carece de efectividad (a saber, estar motivado por un peligro objetivo para la vida del donante, conceder un derecho personal, no transferible, al donatario, y, por último, obtener eficacia definitiva con la muerte del donante), de modo que, si falla cualquiera de ellas, es factible plantear la revocación del mismo.

Finalmente, en las "Conclusiones" (pp. 163 - 175), la A. recapitula los resultados que ha ido anunciando a lo largo de la exposición, y se reafirma en su idea de que es posible dar una explicación unitaria de los distintos tipos de donatio mortis causa y de las diversas vías de revocación de la misma en época clásica a partir de la definición inicial del instituto, que justifica a su vez la complejidad de su desarrollo histórico.

Presenta bibliografía final, pero no índice de fuentes. (F.J.A.)

Alejandro Valiño Arcos, La aemulatio en el derecho romano: su examen en sede de las relaciones de vecindad y de calumnia procesal, Santiago de Chile, Ediciones del Instituto de Historia del Derecho Juan de Solórzano y Pereyra, 2002, 247 páginas.

Una noción de aemulatio como conducta cuya represión no se vincula a la disciplina de una institución en particular, o sea, como fenómeno jurídico general cuyo rasgo constante es la intención maliciosa o animus nocendi por parte del agente, es el punto de partida _ explica el A. en las páginas introductorias de su trabajo_ que le ha permitido reunir en una sola obra dos temas tan distantes en principio como las relaciones de vecindad y la calumnia procesal. En realidad, sin embargo, el alcance del libro es un poco distinto del que esta noción inicial parece indicar y también del que se refleja en el título. En efecto, los tres primeros capítulos ofrecen un amplio tratamiento de las relaciones de vecindad cuyo contenido es grosso modo el siguiente: el examen de la posibilidad de ubicar esas relaciones en el marco del derecho de obligaciones o, preferiblemente, en el de los derechos reales y el estudio de los recursos que las tutelan (cap. I); la observación especial de un texto (D. 8, 5, 8, 5, Ulp. 17 ad ed.) como referente de la regulación de la immissio en el derecho comparado y como pieza fundamental en la construcción de varias de las teorías que tratan de explicar el fundamento de la licitud de determinadas immissiones y la ilicitud de otras (cap. II); y el análisis crítico de estas mismas teorías, a saber: la teoría del uso normal de las cosas como criterio de tolerabilidad de la immissio, la de la prohibición de los actos de emulación (incluyéndose aquí el estudio de la aemulatio en las fuentes romanas), la de la necesidad social y la de la immissio como límite necesario del dominio (cap. III). Objeto del cuarto y último capítulo es el examen de la conducta emulativa en el curso del proceso y como presupuesto para la imposición de costas.

El libro destaca por la riqueza de su contenido y el equilibrio y la precisión de sus argumentaciones, desarrolladas en un estilo claro y correcto. Ello no obstante, en los tres primeros capítulos, pero especialmente en el tercero, que es sin duda ninguna el principal de los consagrados el estudio de la aemulatio en sede de relaciones de vecindad, predomina un enfoque que da primacía a la reflexión sobre la consistencia de cada una de las teorías antes referidas por encima del examen de las fuentes romanas en sí mismas consideradas. Dada esta opción metodológica, dichas fuentes son solamente objeto, por regla general, de una suerte de metadiscurso que restringe su analisis al significado y la importancia que obtienen en el seno de cada teoría. Por otra parte, es también de observar que la inserción de sendas secciones sobre la condena en costas en el derecho italiano y en el derecho español al inicio del capítulo IV no parece suficientemente justificada por el objetivo que se declara (p. 176) de acreditar la influencia del derecho romano sobre las legislaciones modernas, siendo así que tal objetivo no es en realidad perseguido hasta sus últimas consecuencias.

La relación de la bibliografía utilizada, muy numerosa, llena diez páginas del final de la obra. Ésta se cierra con un índice de fuentes que puede calificarse de incompleto, ya que no incluye las fuentes literarias (muy pocas en todo caso) ni las fuentes jurídicas modernas. (F.C.B.)

Alejandro Valiño Arcos, Del arbitraje en "els Furs de València" y sus similitudes con la regulación romana, Valencia, Ajuntament de Valencia, 2002, 104 páginas.

El libro tiene por finalidad investigar la posible influencia del Derecho romano en la redacción de los Furs de Valencia (s. XIII) a través del estudio de una institución particular, como es el arbitraje (tema del que se ocupa el autor igualmente en SDHI 69 [2003], pp. 489 ss.). Dicha influencia ya quedó en gran medida demostrada por A. Mª Barrero en un importante artículo publicado en AHDE 41 (1971), pp. 639 ss., y, en este sentido, el trabajo que reseñamos constituye una corroboración pormenorizada de las tesis de aquélla (con algunas correcciones menores) con relación a la figura concreta del arbitraje. El método utilizado para ello por el autor ha sido el del cotejo de los textos de los Furs (sobre todo en su versión latina de 1281 - 1283, en la edición crítica de Dualde de 1950 - 1967) referidos a esta cuestión con las principales fuentes romanas sobre el arbitraje, contenidas especialmente en CI. 2, 55 y D. 4, 8. Tras una breve introducción en que el autor pone de manifiesto estas posiciones metodológicas, el libro se dedica al estudio sistemático de la institución del arbitraje en los Furs, a través de cinco grandes apartados: 1) El examen de la importancia de la institución en el contexto de esa fuente del ius proprium valenciano y la datación de los fueros que nos informan al respecto (en especial, Fori 30.1 a 30.4, en la versión latina). 2) La descripción del arbitraje como actividad jurisdiccional, donde se analizan los problemas de su actuación (a través de las figuras del receptum y el compromissum y su protección pretoria en Roma, y su compleja traslación a la regulación valenciana) y la imposibilidad de apelación de la sentencia arbitral (vid. Fori 101, 16). 3) Un estudio de la problemática que plantea la institución arbitral en el Derecho romano, donde se examinan las importantes cuestiones del Derecho aplicable en el procedimiento arbitral y la responsabilidad del árbitro, así como el problema de la fuerza ejecutiva de la sentencia arbitral (lo que se conecta necesariamente con el punto anterior). 4) El análisis de las rúbricas de los Furs (en versión latina) y el Codex Iustinianus en relación con la institución arbitral, en que se constatan los paralelismos existentes en cuanto a la figura del arbitrium ex compromisso (único existente en la fuente valenciana, frente a la duplicidad del Derecho romano) y la sujeción a la stipulatio poenae. 5) Una descripción detallada de los principales rasgos definitorios de la figura del árbitro en los Furs: sus funciones, la capacidad para desempeñar tal función (o, más bien, la lista de incapacidades al respecto, donde se muestra un estrecho seguimiento del precedente romano), su carácter remunerado (que contrasta, en cambio, con la gratuidad esencial del arbitraje romano clásico) y la capacidad para poder suscribir el compromissum (esto es, la legitimación para ser parte en un procedimiento arbitral, lo que en sí no está vinculado al desempeño de la función de árbitro).

Índice de fuentes y bibliografía. (F.J.A.)

Antonio Viñas, Teoría del derecho y experiencia jurídica romana, Madrid, Dykinson, 2002, 137 páginas.

El contenido de este opúsculo responde con mucha mayor fidelidad a la primera de las dos expresiones que conforman su título que a la segunda. Los datos concernientes a la experiencia jurídica romana, mediatizados principalmente por las concepciones de Orestano, se utilizan con gran parquedad, preferentemente como elementos integrados en recorridos históricos más amplios o como términos de contraste de ideas y modos de hacer diferentes. Así las cosas, el tipo de reflexión que se desarrolla en el libro se acerca bastante al género literario de la historia de las ideas, sin dejar por ello de hacer algunas propuestas con el propósito último de avanzar hacia una normativa jurídica de vocación universal.

Los tópicos revisados con mesura y ponderación, y desarrollados con una pulcritud estilística francamente elogiable, son algunos de los que caben en lo que no deja de ser, como ya se ha advertido, una teoría del derecho: el carácter científico del derecho, que el A. argumenta desde la adopción de un concepto amplio y flexible de ciencia; la relación del derecho con la moral y la ética, imprescindible _sostiene con toda razón_ para superar el dilema entre legalidad y legitimidad; las consecuencias que es posible derivar de la actualización de la teoría institucional, con interesantes análisis sobre la relación entre Estado y Sociedad y sobre la prioridad del derecho al Estado; la posibilidad de elevarse desde el estudio histórico de las experiencias jurídicas individuales a una experiencia jurídica global o concepción jurídica de carácter general; la necesaria apertura del saber jurídico, sin merma de su especifidad, a la realidad social y a otras disciplinas como la historia, la sociología y la economía. (F.C.B.)

[Recensiones: B. Malavé Osuna, en REHJ 25 (2003) páginas 570 - 571]

II. CONGRESOS Y REVISTAS

Seminarios Complutenses de Derecho Romano 13 (2001 [2002]). Juan Iglesias, Premio Príncipe de Asturias, 446 páginas.

Para la relación de contribuciones, véase a continuación la reseña de artículos, recensiones y otros trabajos.

Seminarios Complutenses de Derecho Romano 14 (2002 [2003]), 287 páginas.

Para la relación de contribuciones, véase a continuación la reseña de artículos, recensiones y otros trabajos.

A autonomia da vontade e as condições gerais do contrato. De Roma ao direito atual. Anais do V Congreso Internacional y VIII Iberoamericano de Derecho Romano, Fortaleza, UNIFOR, 2003, 776 páginas; organizado por Agerson Tabosa Pinto.

La eficacia y el buen hacer del profesor Agerson Tabosa Pinto son responsables de la rápida publicación de las actas de este Congreso, tan sólo unos meses después de su celebración en Fortaleza , Ceará, Brasil del 21 al 24 de agosto de 2002.

Al margen de las intervenciones protocolarias del propio profesor Tabosa Pinto, organizador del evento, y del Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano, profesor J. García Sánchez, al Congreso se presentaron las siguientes conferencias y comunicaciones: G. Turiel de Castro, "De la buena fe del derecho romano a las condiciones generales de la contratación en derecho moderno", que fue la conferencia inaugural (pp. 35 - 55); A. Santos Justo, "A vontade e o negócio jurídico no direito romano. Breve referência aos direitos português e brasileiro" (pp. 59 - 93); M.B. Álvarez, "El error en derecho romano y su recepción en derecho argentino" (pp. 95 - 118); J.L. Saucedo Justiniano, "La autonomía de la voluntad y las condiciones generales del contrato del derecho romano al derecho actual" (pp. 121 - 156); A. Núñez Martí, "Concepto de culpa, en su consideración penal" (pp. 159 - 171); M. Guimarães Taborda, "A jurisprudência clássica romana e a construção de um direito negocial fundado na fides" (pp. 173 - 176); S. Louzan Rossi y J.L. Melo Laso, "Desigualdad en el contrato en Argentina, en la actualidad y sus antecedentes en Roma y el derecho romano" (pp. 179 - 188); O.L. Rodrigues Junior, "Autonomia da vontade, princípio da relatividade dos efeitos do contrato (res inter alios acta, aliis neque nocet neque prodest) e doutrina do terceiro cúmplice" (pp. 191 - 217); J. García Sánchez, "La lesión enorme como fundamento del equilibrio de prestaciones en los contratos onerosos" (pp. 221 - 273); A. Alemán Monterreal, "Consideraciones sobre la autonomía de la voluntad en los contratos de arrendamiento de servicio: CIL, III, p. 948 Nº X y IX; CIL, III, p. 949 Nº XI" (pp. 275 - 300); A.Mª. Rodríguez González, "La autonomía de la voluntad, la forma y el receptum argentarii" (pp. 303 - 328); G.A. Dillon, "La autonomía de la voluntad y las condiciones generales del contrato de venta en el derecho romano y en el Código civil argentino" (pp. 331 - 352); C. López-Rendo Rodríguez, "Autonomía de la voluntad y arras en la compraventa. Fuentes jurídicas romanas y su regulación en los textos legales medievales" (pp. 355 - 424); L.E. Antúnez Villegas, "La autonomía de la voluntad en los contratos de adhesión" (pp. 427 - 436); Á. Villaça Azevedo, "Utilidade do direito romano na caracterização dos contratos atípicos, especialmen te o de utilização de unidade em `shopping centers'" (pp. 439 - 472); M.V. Díaz-Melián de Hanisch, "Del contrato en general: efectos" (pp. 475 - 486); N.A. Raymundo, "Supuestos de nulidad en la compraventa a la luz de los senadoconsultos Hosidiano y Volusiano" (pp. 489 - 508); M. Fuenteseca Degeneffe, "Las condiciones generales de la contratación en perspectiva histórica" (pp. 511 - 561); R. Chavira Villagómez, "La autonomía de la voluntad y el interés social en los contratos" (pp. 563 - 569); Mª. Vital da Rocha, "Considerações sobre o alcance da expressão autonomia da vontade na atualidade" (pp. 571 - 576); N.D. Louzan de Solimano, "Teoría de la imprevisión en Roma. ¿Sería la solución para la asimetría provocada en los contratos?" (pp. 581 - 590); M. Susana Ponti, "Crisis en Argentina: asimetría provocada en los contratos. ¿Es posible restaurar el equilibrio en la relación de cambio?" (pp. 595 - 610); L. Dias-Martins Filho, "Considerações sobre a autonomia da vontade nos negócios jurídicos e sua aceitação em face ao direito tributário brasileiro" (pp. 613 - 625); L. Rodríguez Ennes, "La crisis de la autonomía de la voluntad y la aparición del moderno contrato de trabajo" (pp. 629 - 657); M.E. Cazayous de Dillon, "Las condiciones generales del contrato y la autonomía de la voluntad en el contrato de locación de cosas: del derecho romano al derecho argentino" (pp. 659 - 679); A. Surgik, "Da fiducia cum creditore ao contrato de alienação fiduciária em garantia" (pp. 681 - 708); T. Dicenta Moreno, "El liber kalendarii como documento crediticio" (pp. 709 - 731); N. Stringini, "El dolo como vicio del consentimiento contractual" (pp. 733 - 762).

En la sesión de clausura el Presidente de la Asociación presentó los Estudios jurídicos in memoriam de Alfredo Calonge y el organizador del Congreso recordó al colega venezolano Gelasio Cermeño Tapia, recientemente fallecido. (F.C.B.).

III. ARTÍCULOS, RECENSIONES Y OTROS TRABAJOS

M. Abellán Velasco: "Expansión territorial y organización político-administrativa del Imperio romano", en Portalderecho: www.iustel.com, 12 páginas.

A. Agudo: "Enseñanza del derecho romano. Lógica. Retórica. Tópica y dialéctica", en Portalderecho: www.iustel.com, 13 páginas.

J.M. Alburquerque Sacristán: 1) "Pactos", en Portalderecho: «http://www.iustel.com» www.iustel.com, 12 páginas; 2) "El cauce y las orillas de los ríos públicos en derecho romano. Visión interdictal y jurisprudencial (D. 43, 12, 1.7 y D. 43, 12, 1, 5)", en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 7 (2003) páginas 37 - 61; 3) "Reflexiones en tema de derivaciones de agua de un río público", ibidem, páginas 861 - 867.

A. Alemán Monterreal: "La incidencia de la bona fides en el quantum indemnizatorio: a propósito de la responsabilidad del vendedor por los vicios o defectos ocultos", en Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, a cura di L. Garofalo, I, Milano, 2003, páginas 141 - 153.

R. Altamirano Velázquez: "Recepción del derecho romano en México y Centroamérica", en Portalderecho: www.iustel.com, 14 páginas.

J. Álvarez-Cienfuegos Coiduras: "Episcopalis audientia", en Portalderecho: www.iustel.com, 6 páginas.

F.J. Andrés Santos: 1) rec. de O. Bianco _ S. Tafaro (a cura di), Il linguaggio dei giuristi romani, en REHJ 23 (2001[2002]) páginas 658 - 664; 2) "Patriotismo y res publica en Justo Lipsio", en Nova et vetera: Nuevos horizontes de la Filología latina, Madrid, 2002, vol. II, páginas 845 - 858; 3) en colaboración con F. Cuena Boy, Mª.T. González-Palenzuela Gallegos y A. Mateo Sanz, "Producción romanística española de los años 2000 - 2001", en REHJ 24 (2002) páginas 347 - 425; 4) "Ciudadanos, peregrinos, latinos", en Portalderecho: www.iustel.com, 19 páginas; 5) "La recepción del Derecho Bizantino en la Edad Moderna a través de los libros jurídicos", en Actas del VI Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita vol. II, Madrid, 2002, páginas 289 - 298; 6) "El iudex en la legislación municipal hispana", en Scripta Antiqua in honorem Ángel Montenegro Duque et José María Blázquez Martínez, Valladolid, 2002, páginas 417 - 428; 7) rec. de J. Mª. Royo Arpón, Ciudad abierta. Ciudad de ciudadanos, en SCDR 14 (2002 [2003]) páginas 281 - 283; 8) rec. de R. Zimmermann, Estudios de derecho privado europeo, ibidem, páginas 283 - 287; 9) "Ius commune vs. common law en el siglo XVII: el caso de Arthur Duck", en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 7 (2003) páginas 63 - 103; 10) "Literatura jurídica latina en la España Bajomedieval. Estado de la cuestión y perspectivas", en Iacobus (Centro de Estudios del Camino de Santiago, Sahagún, León) 15 - 16 (2003) páginas 333 - 351.

J. Belda Mercado: 1) "Evolución histórico-jurídica hacia la consensualidad en la emptio-venditio romana", en Anuario da Faculdade de Dereito da Universidade da Coruña 6 (2002) páginas 161 - 178; 2) "A propósito de la libertad contractual y el principio de la autonomía de la voluntad en el derecho romano: los contratos innominados", en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 6 (2003) páginas 365 - 387.

S. Bello Rodríguez: "La responsabilidad del naviero en el transporte de mercancías según D. 19, 2, 31", en RIDA 49 (2002) páginas 45 - 55.

Mª. Benítez López: "Hipoteca", en Portalderecho: www.iustel.com, 15 páginas.

J.Mª. Blanch Nougués: 1) "Delitos y penas", en Portalderecho: www.iustel.com, 14 páginas; "Delitos privados. Caracteres de la obligatio ex delicto", ibidem, 15 páginas; 2) "La responsabilidad de los administradores de las piae causae en el derecho romano justinianeo", en RIDA 49 (2002) páginas 129 - 146.

Mª.L. Blanco Rodríguez: "Sucesión testamentaria", Portalderecho: www.iustel.com, 17 páginas.

A. Caballé Martorell: "Pluralidad de herederos. Responsabilidad por deudas hereditarias", en Portalderecho: www.iustel.com, 8 páginas

F. Camacho de los Ríos: "Possessio iuris", en Portalderecho: www.iustel.com, 7 páginas.

E. Cantarella: "Matrimonio e sessualità nella Roma repubblicana. Una storia romana di amore coniugale", en SCDR 13 (2001[2002]) páginas 21 - 35.

C. Carrasco García: 1) "La exceptio non numeratae pecuniae en los tratados de Pandectas del siglo XIX", en Labeo 49 (2003) páginas 160 - 194; 2) "La exceptio non numeratae pecuniae en los tratados de Pandectas: una aproximación al método de la Pandectística y sus resultados", en AHDE 73 (2003) páginas 425 - 456; 3) recensión de C. Petit, Max Radin. Cartas romanísticas (1923 - 1950). Estudio y edición, con una nota de lectura sobre "California y el Derecho romano", en Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad 6 (2003) páginas 278 - 284.

Mª.J. Casado Candelas: "Enfiteusis y superficie", en Portalderecho: www.iustel.com, 12 páginas.

F.J. Casinos Mora: 1) "La repercusión del senadoconsulto Juvenciano en materia de reclamación de herencia", en REHJ 23 (2001[2002]) páginas 53 - 74; 2) "Auctoritas in P.S. 2.17.1 - 3", en Labeo 48 (2002) páginas 110 - 120; "Nueve siglos de romanismo jurídico", en Rivista di Diritto Romano 2 (2002) http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/, 49 páginas.

S. Castán Pérez-Gómez: "Formas testamentarias posclásicas especiales: 2. Testamentum ruri conditum", en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo IV, Madrid, 2003, páginas 5681 - 5699.

A. Castresana: "Valor vinculante del documento: los contratos literales", en Portalderecho: www.iustel.com, 7 páginas.

A. Castro Sáenz: 1) "Consentimiento y consorcio en el matrimonio romano y en el canónico: un estudio comparativo", en REHJ 23 (2001[2002]) páginas 75 - 112; 2) "Metodología y ciencia jurídica: hacia un concepto de derecho romano", en REHJ 24 (2002) páginas 15 - 34; 3) "Cuatro cónsules en la correspondencia de Cicerón: Pompeyo, Cicerón, César y Servio en la hora de la guerra civil", en Estudios Clásicos 122 (2002) páginas 27 - 60; 4) "Filosofía del derecho y mundo romano", en Portalderecho: www.iustel.com, 7 páginas; 5) "Cicerón", ibidem, 6 páginas.

J. de Churruca: "Eine besondere Auffassung der Rechtsregel Ne bis in idem im griechischen Kirchenrecht des vierten Jahrhunderts", en Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly, Köln - Weimar - Wien, 2002, páginas 113 - 127.

J.P. Coriat: "Jean Gaudemet", en SCDR 13 (2001[2002]) páginas 17 - 20.

I. Cremades: "Observaciones sobre derecho de juristas como derecho consuetudinario y certeza del derecho", en SCDR 14 (2002 [2003]) páginas 15 - 55.

F. Cuena: 1) "Imperio romano e Imperio hispano en el Nuevo Mundo. Continuidad histórica y argumentos jurídicos en el Tratado Comprobatorio de Bartolomé de las Casas", en Boletín del Instituto Riva-Agüero 26 (1999 [2002]) páginas 125 - 142; 2) "Obligaciones: concepto, objeto y clasificación", en Portalderecho: www.iustel.com, 13 páginas; 3) "Para una comparación histórico-jurídica de las piae causae del derecho romano justinianeo con el waqf del derecho islámico", en Anuario da Faculdade de Dereito da Universidade da Coruña 6 (2002) páginas 273 - 312; 4) en colaboración con F.J. Andrés Santos, Mª.T. González-Palenzuela Gallegos y A. Mateo Sanz, "Producción romanística española de los años 2000 - 2001", en REHJ 24 (2002) páginas 347 - 425; 4) "La cronología y el estilo al servicio de la interpretación de las leyes en el Arte Legal de Bermúdez de Pedraza", en Actas del VI Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita vol. II, Madrid, 2002, páginas 299 - 310; 5) rec. de C. Masi Doria, Spretum imperium. Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, en Index 30 (2002) páginas 315 - 335; 6) "La investigación en Derecho romano. Consideraciones sobre algunos métodos en particular", en Jornadas Romanísticas (O Direito Romano na Península Ibérica, 4 e 5 de Dezembro de 2000, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra), Coimbra, 2003, páginas 109 - 135; 7) "Sobre bienes mostrencos y vacantes. Observaciones sobre la recepción del derecho romano en Indias", en Homenaje a Luis Rojo Ajuria. Escritos jurídicos, Santander, 2003, páginas 257 - 267; 8) rec. de E. Dovere, De iure. Studi sul titolo I delle Epitomi di Ermogeniano, en SCDR 14 (2002 [2003]) páginas 229 - 235; 9) "La prueba de la costumbre: del derecho romano al derecho indiano de los indígenas", en Actas y Estudios del XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano (San Juan, 21 al 25 de mayo de 2000) I, San Juan, 2003, páginas 119 - 142.

A. Díaz Bautista: 1) "Garantías personales", en Portalderecho: www.iustel.com, 11 páginas; 2) "La buona fede nel Senatoconsulto Giuvenziano", en Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, a cura di L. Garofalo, I, Milano, 2003, páginas 489 - 503.

R. Domingo: 1) "Sobre el supuesto tercer edicto del título De in ius vocando (Lenel, EP § 13)", en Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly, Köln - Weimar - Wien, 2002, páginas 135 - 139; 2) "Jurisprudencia clásica", en Portalderecho: www.iustel.com, 8 páginas; 3) "Juan Iglesias (1917 - 2003)", en REHJ 25 (2003) páginas 583 - 585.

E. Domínguez López: 1) "Evolución de la responsabilidad del comodatario desde el derecho romano al derecho actual", en Portalderecho: www.iustel.com, 8 páginas; 2) crónica del Congreso sobre "El derecho de familia: de Roma al derecho actual", en REHJ 25 (2003) páginas 577 - 581; 3) "El daño moral. Intento de concretización de un concepto", en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 7 (2003) páginas 263 - 270; 4) rec. de A. Ortega Carrillo de Albornoz, Derecho privado romano, en RHDFE 81 (2003) páginas 257 - 258; 5) "El divorcio en las constituciones del Bajo Imperio", en SDHI 69 (2003) páginas 247 - 272; 6) crónica del Congreso sobre "El derecho de familia: de Roma al derecho actual", en REHJ 25 (2003) páginas 577 - 581.

P. Domínguez Tristán: "Curatela", en Portalderecho: www.iustel.com, 16 páginas.

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A. Torrent: 1) "Sul diritto penale matrimoniale", en Labeo 48 (2002) páginas 127 - 131; 2) "Estudios sobre la servitus oneris ferendi. I. Utilitas, tipicidad", en Cunabula Iuris. Studi storico-giuridici Gerardo Broggini, Milano, 2002, páginas 419 - 436; 3) "De la fideiussio indemnitatis al beneficium excussionis. Precedentes clásicos del beneficio de excusión", en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo IV, Madrid, 2003, páginas 5775 - 5788.

C. Tort Martorell: "Donaciones", en Portalderecho: www.iustel.com, 10 páginas.

A. Valiño Arcos: 1) "Bemerkungen zu D. 47, 10, 44 (Iav. 9 post Lab.)", en Forum Historiae Iuris (Enero 2002) 2) "La facultad de hipotecar en el condominio romano", en Labeo 48 (2002) páginas 72 - 103; 3) "¿Cesación de la intromisión e indemnización del daño causado a través del ejercicio de la actio negatoria?", en REHJ 24 (2002) páginas 35 - 42; 4) "Missiones in possessionem. Stipulationes praetoriae. Restitutiones in integrum", en Portalderecho: www.iustel.com, 27 páginas; 5) "La recepción del arbitraje romano en els Furs de València", en SDHI 69 (2003) páginas 483 - 539; 6) "A propósito de la condena en costas en el derecho justinianeo", en RIDA 50 (2003) páginas 401 - 442.

E. Valiño: "Clases de acciones", en Portalderecho: www.iustel.com, 11 páginas.

E. Varela Mateos: 1) "Tutela", en Portalderecho: www.iustel.com, 9 páginas; 2) "Sucesión intestada", ibidem, 11 páginas; 3) "Breve nota sobre la responsabilidad del depositario en el derecho romano y en las leyes de Partidas", en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo IV, Madrid, 2003, páginas 5789 - 5801.

C. Venturini: "Il processo accusatorio romano tra punti fermi e problematiche aperte", en SCDR 14 (2002 [2003]) páginas 195 - 215.

A. Viñas Otero: 1) "Magistraturas", en Portalderecho: www.iustel.com, 13 páginas; 2) "Tribunos de la plebe. Ediles", ibidem, 9 páginas.

T. Wallinga: "Los Casus Codicis de Wilhelmus de Cabriano", en Actas del VI Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita vol. II, Madrid, 2002, páginas 261 - 271.

A.B. Zaera García: "El negocio de las rentas inmobiliarias en Roma: la explotación de la insula", en REHJ 24 (2002) páginas 43 - 53.

P. Zambrano Moral: rec. de R. Domingo, Auctoritas, en Studi Senesi 114/3 (2002) páginas 612 - 615.

J.L. Zamora Manzano: "Algunas observaciones sobre la explotación de recursos geológicos en los fundos privados durante el derecho romano clásico", en Revista de Ciencias Jurídicas (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 7 (2002) páginas 149 - 162.

IV. ANEXO

(Publicaciones del año 2001 no recogidos en la entrega anterior)

F.J. Andrés Santos: 1) "Ius gentium en la obra de Tácito", en Labeo 47 (2001) páginas 438 - 446; 2) "Roma y los juristas. El modelo romano en la jurisprudencia europea del siglo XIX", en Minerva. Revista de Filología Clásica 15 (2001) páginas 281 - 299.

C. Carrasco García: "Res communes omnium: ¿categoría jurídica del derecho romano con vigencia en la actualidad?", en Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental 3/35 (Noviembre 2001), páginas 19 - 36.

A. Castro: "Emptio venditio y consensus. Contribución al estudio del origen de la compraventa romana: contrato-fin y contrato-medio", en Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, vol. II, 2001, páginas 11 - 72.

R. Domingo: "Un siglo de derecho romano en España", en Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, vol. II, 2001, páginas 487 - 509.

A. d'Ors: "Familiam non habere (D. 28, 5, 46 [45])", en Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, vol. II, 2001, páginas 511 - 517.

X. d'Ors: "Sobre el cap. 29 de la lex Flavia municipalis: una nueva interpretación", en Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, vol. III, 2001, páginas 1 - 64.

F. Fernández de Buján: 1) "Acerca de la posible extensión del concepto de furtum usus", en Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, vol. II, 2001, páginas 389 - 411; 2) "Conceptos y dicotomías del ius", en Religión y Cultura 46 (2000) páginas 111 - 144.

P. Fuenteseca: "La obligatio como vinculum iuris (civilis) y la obligatio rei pignoris causa", en Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, vol. III, 2001, páginas 439 - 503.

M.J. García Garrido: "De nuevo sobre las supuestas ficciones jurisprudenciales", en Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, vol. IV, 2001, páginas 53 - 71.

R. López Rosa: rec. de O. Malavé Osuna, Legislación urbanística en la Roma imperial. A propósito de una Constitución de Zenón, en Studi Senesi 113, III Serie, L, fasc. 3 (2001), páginas 609 s.

J. Miquel: "Tre autografi di due amanuensi del Codex secundus", en Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, vol. V, 2001, páginas 423 - 437.

J.L. Murga: "El officium", en Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, vol. VI, 2001, páginas 1 - 31.

J. Paricio: "Formulae commodati", en Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, vol. VI, 2001, páginas 163 - 185.

B. Periñán: "Forum debitoris y locus solutionis", en SDHI 67 (2001) páginas 317 - 349.

A. Torrent: "Estudios sobre la servitus oneris ferendi. III. Obligationes propter rem", en Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, vol. VIII, 2001, páginas 197 - 246.



* Desafortunadamente, los canales de distribución de la producción editorial no son siempre tan eficaces como cabría esperar, en ocasiones son francamente ineficaces. Ésta es la razón por la cual nos vemos obligados a consignar en una simple nota la publicación de dos monografías cuya adquisición ha sido, hasta el cierre de estas reseñas, del todo imposible. Se trata de Javier Belda Mercado, Perspectiva histórica de la fiducia romana, Granada, Universidad - Instituto de Historia del Derecho - Departamento de Derecho Romano, 2002, y de Felipe del Pino Toscano, Los recursos procesales contra el fraus creditorum en el derecho romano clásico, Sevilla, 2003.



Dirección para correspondencia:

Francisco Cuena Boy, Catedrático de derecho romano en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria. Avenida Los Castros s/n. 39005, Santander. España. Correo electrónico: cuenafj@unican.es

 

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