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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.27 Valparaíso  2005

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552005000100034 

 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXVII, 2005, 448-458

RECENSIONES Y RESEÑAS

De Dios, Salustiano - Infante, Javier - Torijano, Eugenia (editores), El Derecho y los juristas en Salamanca (siglos XVI - XX). En memoria de Francisco Tomás y Valiente (Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004), 715 págs.





María Paz Alonso Romero, profesora de la Universidad de Salamanca, hace un estudio comparativo del ius commune y el Derecho patrio en la Universidad de Salamanca durante los siglos modernos (pp. 43 - 148). En el mismo se refiere a las figuras de Antonio Pichardo Vinuesa (pp. 82 - 102), Juan de Solórzano Pereira (pp. 102 - 110), Francisco Ramos del Manzano (pp. 110 - 129) y José Fernández de Retes (pp. 129 - 148). El primero de ellos se presentó a la primera oposición a cátedra el 5 de marzo de 1590, y el 16 de febrero de 1668 dejaba de ocupar la cátedra de Prima de Leyes Fernández de Retes. La Facultad de Leyes en Salamanca experimentó cambios importantes durante los siglos XVI y XVII. En un principio se mantuvo el procedimiento tradicional, de acuerdo con el cual los propios estudiantes elegían por votación secreta entre los candidatos a ocuparlas, se tratase de cátedras en propiedad o temporales. Pero este sistema facilitaba la manipulación de las votaciones por medio de sobornos o compra directa de votos, así como enfrentamientos entre los distintos grupos de votantes. A partir de 1623, el Consejo Real, salvo en el paréntesis entre 1632 - 1642, optó por designar él mismo a los catedráticos, si bien el resto del procedimiento, la publicación de vacantes, la presentación de candidatos y las lecciones de opositores se mantuvieron igual que en el sistema anterior. La provisión de las cátedras aparecía documentada como "Procesos de cátedras", porque se tramitaban por vía procesal y constituían una de las competencias de la jurisdicción corporativa reconocida al rector y consiliarios. De los cuatro protagonistas a los que Alonso Romero se refiere, fue Fernández de Retes quien más se presentó a cátedras: un total de veintinueve. Le siguieron Ramos del Manzano con veintitrés, Pichardo Vinuesa con veintidós y Solórzano con trece. Para la obtención del grado de bachiller en la Facultad de Leyes en Salamanca se exigía asistir durante cinco años a las lecturas de los catedráticos, de acuerdo con un programa que se iniciaba con la Instituta, continuaba con el Código y culminaba con el Digesto. Los catedráticos en propiedad estaban obligados a desarrollar una relección anual _relectiones o repeticiones_ sobre las materias asignadas a su cátedra ese año. De esta forma, catedráticos aspirantes a cátedras, estudiantes de bachiller y pasantes contribuían a múltiples actividades académicas que enriquecían la Universidad. Las cátedras eran un excelente trampolín para acceder a los organismos superiores de la Monarquía (pp. 68 - 72). Antonio Pichardo opositó por vez primera a la cátedra de Código en 1590, aunque no logró ningún voto. A partir de ahí, hizo otros intentos hasta que por fin obtuvo la cátedra de Instituta el 12 de mayo de 1594, con 117 de los 404 votos. Cuatro años más tarde se hizo con una cátedra de Código. Y en 1621 abandonó la cátedra de Prima de Leyes, que había alcanzado en 1612, para ocupar el cargo de oidor de la Chancillería de Valladolid. Juan de Solórzano comenzó en las oposiciones a la cátedra a Vísperas de Leyes en 1600, pero no obtuvo ningún voto. Alcanzó la cátedra de Código el 17 de enero de 1605, con 274 votos de 459. Más tarde consiguió la cátedra de Vísperas de Leyes el 30 de abril de 1607, si bien dos años más tarde fue ascendido a oidor de la Audiencia de Lima, cargo que ocupó a lo largo de dieciocho años. Fue nombrado también consejero del Consejo de Castilla, plaza que había solicitado. Francisco Ramos, discípulo de Pichardo Vinuesa, consiguió por primera vez la cátedra de Código el 14 de noviembre de 1628, y un año más tarde la de Volumen, y nueve meses después la de Digesto Viejo, entre otras. José Fernández de Retes, sin embargo, tardó más de tres años en lograr la primera de las cátedras. El 14 de agosto de 1646 tomó posesión de una cátedra de Instituta, a la que le siguieron Código, Volumen, Vísperas y Prima, en una carrera académica que, desde su primera oposición, duró casi veinticinco años, la mayoría de ellos en la de Vísperas.

Un estudio de la Facultad de Derecho de Salamanca en el periodo de la posguerra (1939 - 1953), es desarrollado por Manuel Martínez Neira, profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid (pp. 148 - 207). Al finalizar el conflicto bélico, la Facultad de Derecho de Salamanca (como otras Universidades españolas) diseñó un sistema de cursos y exámenes extraordinarios para facilitar la reincorporación a la vida escolar de los jóvenes combatientes. En 1939 ya se celebraron los llamados "exámenes patrióticos", y en el curso académico 1939 - 1940 se ofrecieron sendos cursos semestrales, destinados a los jóvenes que habían interrumpido su carrera por motivo de la guerra. Con la apertura de este curso se inició asimismo el desarrollo normal del curso para el primer año de las distintas facultades, para aquellos alumnos que no acumulaban retraso. En éste debían resolverse cuestiones como el amplio número de profesores ausentes, ya fuera por encontrarse ausentes o sometidos a depuración. Desde el curso 1940 - 1941 el número de alumnos comenzó a ampliarse, y a incorporarse tímidamente las mujeres al aula. El plan de estudios, establecido por Decreto de 7 de julio de 1944 recogía sólo en parte las aspiraciones de la Facultad de Salamanca manifestadas en su dictamen de 1940, ya que los años académicos se dividían en cuatrimestres, no aparecía un año preparatorio, etc. La implantación del nuevo plan de estudios exigía distribuir a los catedráticos nuevamente por materias o grupos de materias. En el mencionado Decreto se establecía que, pasados cinco años, podrían proponerse las modificaciones que se estimasen pertinentes en los planes. De ahí que, antes de que concluyeran ese periodo, la Facultad recibió del Rectorado un proyecto de reforma del plan de estudios de Derecho. La Facultad de Salamanca ahora estimaba positivo el sistema vigente de cuatrimestres, si bien proponía algunos cambios en la distribución de las enseñanzas: ubicar los dos cuatrimestres de Historia del Derecho en el primer curso, y los dos de Hacienda Pública en el cuarto; distribuir el Derecho procesal civil y el penal en cuatrimestres distintos, así como prescribir el número de clases prácticas de cada materia. Finalmente, por Decreto de 11 de agosto de 1953 aparecieron los nuevos planes de estudios, que sufrieron una modificación en 1956, que afectó a las materias de Contabilidad, Sociología y Textos jurídicos. La enseñanza del periodo de licenciatura se dividía en cinco cursos anuales, y desaparecía la estructura cuatrimestral; por otro lado, el primer año tenía carácter formativo y selectivo, y los alumnos no podían matricularse en segundo sin haber superado las pruebas de selección que se calificarían en conjunto y con sistema de compensación. Al final del trabajo de Martínez Neira se recogen hasta doce apéndices, que se refieren a materias tan distintas como las fuentes impresas conservadas en la Biblioteca de la Universidad, los catedráticos de Derecho que abandonaron el Claustro de la Universidad o las enseñanzas impartidas en la misma (pp. 181 - 207).

Un estudio de los juristas en la Universidad de Salamanca (siglos XVI - XVIII) ha sido realizado por Luis E. Rodríguez-San Pedro y Juan Luis Polo Rodríguez, profesores ambos de la Universidad de Salamanca (pp. 209 - 248). En este periodo estudiado, la citada Universidad era fundamentalmente de juristas, y más en concreto, de canonistas, sobre la base de la matrícula manteísta u ordinaria. En el siglo XVIII, en cambio, el número de matriculados universitarios decayó en canonistas, mientras que Artes y Leyes, junto a Teología, pasaron a ser los estudios más solicitados. El prestigio de los estudios jurídicos, y la posibilidad de promoción de estos en la administración de la Iglesia y de la Monarquía explican, a juicio de los autores, que la salmantina se configurase como la menos regional de las Universidades de la Corona (p. 217). En la Universidad de Salamanca, la Facultad con mayor número de bachilleres había sido Cánones, que estaba cursada masivamente por los estudiantes ordinarios y manteístas. La obtención de una cátedra universitaria, tras la graduación, significaba la culminación de la promoción académica. De ahí, que la cátedra fuera ambicionada y hubiera de forma frecuente enfrentamientos colectivos en las provisiones de cátedras de la Universidad de Salamanca (p. 221). Las facultades jurídicas mantuvieron un predominio indiscutiblemente colegial: en cánones los colegiales mayores regentaban el 63% de las cátedras provistas; en Leyes conseguían el 72% de los puestos docentes. En otras palabras, de cada cinco cátedras vacantes, cuatro se proveían en un representante de cada colegio mayor _generalmente el becario más antiguo_, y la quinta quedaba reservada para los restantes sectores universitarios: colegiales menores, militares, regulares y manteístas.

Severiano Hernández Vicente, profesor de la Universidad de Salamanca, estudia los juristas y estudiantes en la citada Universidad (siglos XV - XVIII) (pp. 249 - 261). En realidad el Archivo de la Universidad de Salamanca constituye el prototipo de lo que no debería ser la organización de los fondos de un archivo. Para un estudio del mismo es necesario tener conocimientos previos de la tipología documental, las series documentales que componen el mismo, así como las competencias de los órganos universitarios. Para conocer el estudio de los profesores y estudiantes juristas que pasaron por las aulas de las Facultades de Cánones y Leyes es esencial saber cuáles son las series documentales que componen el fondo: Libros registro de exámenes mayores de latinidad, Libros registro de matrícula, Libros registro de bachilleramientos y Libros de actas de bachilleramientos. Un complemento a los mismos se encuentra en los denominados Libros de juramentos, en los que el secretario de la Universidad levantaba acta de la ceremonia de concesión de los grados. Para el caso del profesorado, el investigador debe acudir a los Libros registro de matrícula, a los Procesos de cátedras o a los Asueteros (p. 259). Severiano Hernández Vicente señala que "desgraciadamente, en el caso de Salamanca se carece de la información analítica de los juristas y del resto de los miembros de la institución, a diferencia de lo que ocurre para el caso de Coimbra, lo que impide obtener rápidamente la información sobre tal o cual estudiante o jurista" (p. 259).

Las ediciones de obras de Derecho en Salamanca en los siglos XVI y XVII (pp. 265 - 309) han sido comentadas por Lorenzo Ruiz Fidalgo, funcionario de la Biblioteca Nacional de Madrid. En las ediciones del siglo XVI encontramos grandes autores de la conocida como Escuela jurídica salmantina, con nombres como Alfonso de Castro, Diego de Covarrubias, Domingo de Soto, Francisco de Vitoria o Pedro del Mercado. Todos ellos, salvo Covarrubias, eran teólogos, que se acercaban a los conceptos jurídicos desde el punto de vista teológico. Muchos de los autores del siglo siguiente no llegaron a editar sus obras en Salamanca o si lo hicieron fue de forma residual. Hasta el punto de que si en el siglo XVI se llevaron a cabo 231 ediciones de libros de Derecho, en el siglo XVII tan sólo 123, entre las cuales no se encontraba ninguna obra básica y fundamental. Algunos de los juristas de este siglo XVII fueron Bermúdez de Pedraza, Cristóbal Hidalgo de Ocampo o Martín de Larriategui, entre otros. Este estudio finaliza con un catálogo de los juristas de sendos siglos (pp. 271 - 302).

Margarita Becedas González, que trabaja en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, ha escrito sobre los libros de Ius Hispanum o Derecho patrio en Salamanca entre los siglos XVIII y XIX (pp. 311 - 336). José Ortiz de la Peña se encargó entre 1772 y 1777 de materializar la colocación de los libros, de procesar los nuevos ingresos, de organizar el funcionamiento de la Biblioteca y de confeccionar todos los instrumentos bibliográficos. Diseñó la nueva clasificación de 52 bloques, en la que se recogían todas las nuevas materias y asignaturas de las distintas facultades que aparecían en el Plan de Estudios. Para las Facultades de Leyes y Cánones, creó cinco clases, distribuidas entre los números 40 y 52. En concreto al Derecho Hispano le dedica toda una clase _la 43, que a su vez estaba distribuida en cuatro secciones_, con la pretensión de resaltar así su autonomía frente a los textos romanos y canónicos. En esta clase fue intercalando todas las obras antiguas que le correspondían, como las ediciones del siglo XVI de las Partidas, de otras leyes y costumbres medievales o las leyes, las sentencias de los tribunales y acuerdos de las audiencias de los distintos reinos, así como las adquisiciones de obras contemporáneas. Entraban también en la clase 43 las leyes de Indias y los derechos nacionales de otros países, Ius Lusitanum, Ius Gallicum, Ius Italicum y, por último, Ius Germanicum. Pero la evolución de la disciplina y la variedad de temas tratados por autores españoles llevó a la necesidad de ampliar el número de clases, de modificar criterios y, en consecuencia, a limpiar la clase 43 de las obras que rebasaban el estrecho ámbito del Ius Hispanum, dejando tan sólo las obras sobre el Derecho real o patrio y la Historia del Derecho español (p. 317). Aparte de los textos legales y de las obras adquiridas en función de lo establecido por los sucesivos planes de estudio, se incluyeron como Ius Hispanum otra serie de títulos, manuales y obras de referencia en su mayoría donadas directamente o compradas por selección propia de la Universidad. Becedas González entiende que numerosas ediciones del siglo XVIII de los comentarios de Arnold Vinnen y de Heinecke al Derecho romano fueron clasificados en el Ius Hispanicum, cuando otros similares han ocupado desde el principio los números reservados para el Derecho civil. Al final de esta colaboración se recoge una relación de obras clasificadas en la clase estudiada, y que ingresaron en la Biblioteca universitaria de Salamanca entre los siglos XVIII y XIX (pp. 323 - 336).

Un estudio referente a la práctica seguida por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en cuanto corporación asesora del Consejo de Castilla en materia de censura de obras jurídicas en la segunda mitad del siglo XVIII, lo ofrece Javier Alvarado Planas, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (pp. 337 - 381). La censura de publicaciones estaba reservada, en términos generales, al Consejo de Castilla, si bien quedaban exceptuadas de ello los escritos de historia política, corso marítimo que comentasen o publicasen tratados internacionales, ya que las mismas estaban reservadas al Consejo de Estado (p. 343). A pesar de estas excepciones, era considerable el volumen de manuscritos que se presentaban en las dependencias del Consejo de Castilla, para obtener la preceptiva licencia de impresión. Una Real Orden de Fernando VI de 1757 mandaba que no se diera licencia para imprimir obras médicas sin ser previamente estudiada por un médico nombrado por el Presidente del Protomedicato; por otro lado, los libros de Historia se remitían al dictamen de la Real Academia de la Historia; y los libros de contenido religioso se remitían a la Vicaría Eclesiástica de Madrid. Para los escritos jurídicos se solicitaba dictamen del Colegio de Abogados de Madrid como corporación asesora en esta materia, si bien en algunos casos el Consejo de Castilla optaba por encargar las calificaciones a personas concretas ajenas al Colegio de Abogados. En 1756 se dictó una Instrucción a tenor de la cual la censura de las obras había de hacerse sobre su contenido en contra de la religión, las buenas costumbres o contra las regalías del monarca, así como si contenían alguna ofensa a la comunidad, o a particular, o representaban un agravio del honor y decoro de la Nación. Durante el último tercio del siglo XVIII apenas se introdujeron novedades en esta cuestión, y se mantuvieron invariables los criterios de censura. Una disposición de 2 de octubre de 1788 publicaba las reglas que habían de observar los autores, traductores y censores. La última disposición importante del Antiguo Régimen en materia de censura gubernativa fue la recogida en la Real Orden de 11 de abril de 1805. En el caso de los manuscritos de contenido jurídico, no existía una disposición que obligase al Consejo a requerir informe del Colegio de Abogados, si bien ése fue el trámite usual. A modo de ejemplo, hay que citar la censura hecha por los revisores del Colegio de Abogados en 1774 a una obra de Bartolomé Agustín Rodríguez de Fonseca, en el que se siguió un criterio de oportunismo político para censurarla. También se desaconsejó la licencia de impresión solicitada por Vicente de Seijo para su obra Inspección de todos los tribunales de España e Indias (1791). Del estudio de los expedientes custodiados en el Archivo del Colegio de Abogados de Madrid se observa la censura de forma frecuente por tener la obra la consideración de inútil, ya fuese porque la reimpresión no estuviera justificada, la existencia de obras mejores en el mercado, así como el perjuicio económico a los lectores o al autor (pp. 359 - 369). Pero también funcionó la censura, según consta en el Archivo citado, si la obra contenía proposiciones contrarias a las buenas costumbres, la fama de personas u oficios (pp. 369 - 379).

El estudio de Mariano Esteban de Vega, profesor de la Universidad de Salamanca, se refiere al Derecho y los juristas en la prensa salmantina de los siglos XIX y XX (pp. 383 - 400). El más detallado catálogo de esta prensa, realizado bajo la dirección de Teresa Santander y publicado en 1986, registró 467 publicaciones periódicas salmantinas para el periodo que va desde 1793 a 1981. El Colegio de Abogados de Salamanca promovió al menos tres publicaciones periódicas, la primera de ellas editada a partir del 1 de noviembre de 1907, bajo el título Derecho. Revista Profesional, que llegó a publicar 39 números. Álvaro Gil Sanz, uno de los juristas salmantinos más importantes del siglo XIX, participó en 1848 en El Correo Salmantino, periódico trisemanal promovido por los progresistas de la ciudad. Pero los catedráticos y estudiantes también participaron en más de una veintena de periódicos y revistas culturales. Entre ellas caben señalar las siguientes: entre 1904 y 1906 vio la luz Gente Joven. Semanario Literario Ilustrado, una publicación promovida por jóvenes como Fernando Felipe, Federico de Onís y José Sánchez Rojas. La publicación Cátedra. Boletín de Formación de la Jefatura de Distrito Universitario, revista directamente vinculada al SEU, salió a la luz en 1942 y desapareció tres años más tarde, tras algunas interrupciones.

Sobre la Procuraduría del número de Salamanca en el Antiguo Régimen (pp. 403 - 459), escribe Pilar Arregui Zamorano, profesora de la Universidad de Salamanca. La autora se remonta al año 1562, cuando una Real Cédula de Felipe II, dirigida al corregidor de Salamanca, establecía que el número de procuradores en Salamanca fuera de veinte, de forma que establecía un número limitado de procuradores en los tribunales de esa ciudad, y extiende su estudio hasta 1813, si bien la institución prolongó su existencia hasta la promulgación de la Ley provisional sobre organización del Poder Judicial de 1870 (p. 405). Pero la importancia de aquella norma radicaba en que establecía con carácter general en numerosas ciudades y villas castellanas de Castilla que eran cabeza de jurisdicción la institución de la procuraduría del número en el ámbito municipal. La Orden sobre el arreglo y organización provisional de los partidos judiciales de 13 de septiembre de 1813 establecía a los litigantes la libertad de elegir como procurador a cualquier persona idónea cuando no hubiera procuradores numerarios o, simplemente, cuando los existentes no fueran de su agrado. En 1566, a los pocos años de establecerse las procuradurías del número, las mismas ciudades que abogaron por su establecimiento clamaban por su desaparición, y el mismo monarca que, en un principio, se resistió a crearlas, terminó aceptándolas, aunque con la promesa de acabar con los inconvenientes que estaban acarreando. De esta forma, Felipe II estableció un plazo de cuatro años para que los lugares que desearan suprimir las procuradurías del número, lo pudieran hacer retornando a la situación previa a su creación mediante el pago del precio que valieran. El mismo plazo se daba a los titulares que desearan vender sus oficios, con la obligación de ofrecérselos, en primer lugar, al propio concejo por si éste deseaba consumirlos. Arregui Zamorano afirma que "no se sabe qué lugares utilizaron dicho plazo para borrar de sus cuadros las procuradurías del número, las fórmulas del pago que eligieron, ni las consecuencias que ello produjo en relación con los lugares que no quisieron o que, queriendo, no pudieron consumirlas" (p. 420). Pero lo cierto es que Salamanca no consumió sus procuradurías del número, y permanecieron en el tiempo hasta la promulgación de la Ley provisional de 1870. Este cargo era de nombramiento real, enajenable con carácter vitalicio y renunciable y exclusivo.

Sobre la doctrina del poder del príncipe en el jurisconsulto y canonista Martín de Azpilcueta (1492 - 1586), conocido como Doctor Navarro, escribe Salustiano de Dios, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Salamanca (pp. 461 - 565). José Antonio López Nevot nos ha deleitado con una ajustada semblanza de "Martín de Azpilcueta Jaureguízar (1492 - 1586)", en el Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), vol. I (A - L), Zaragoza - Barcelona, 2005, pp. 125 - 127, Nº 102. Obtuvo Azpilcueta en Salamanca por oposición la cátedra en propiedad de prima de cánones en 1537. Para Azpilcueta existían dos potestades claramente diferenciadas: la eclesiástica y la laica, según los fines sobrenaturales o naturales. Sin embargo, Salustiano de Dios considera que existe una contradicción en su pensamiento, ya que cuando trata de materias concretas como el derecho de las gracias o dispensas, parecería que hacía equivalente la potestad del Papa y la de los reyes y príncipes. En otras palabras, "a unos y otros príncipes, eclesiásticos y laicos, aplicará esquemas semejantes, como por otro lado venía haciéndolo la doctrina canonística y civilística del ius commune desde hacía tiempo" (p. 463). Azpilcueta alegaba que Cristo o Dios distinguió los oficios, de manera que el derecho temporal o humano correspondía al emperador y la vida eterna y espiritual a los Romanos Pontífices. Al preguntarse sobre el significado de la palabra "potestad" llegó a la conclusión de que era la potencia, la facultad de hacer algo, mientras "oficio", en cambio, se refería al acto, aquello que convenía hacer a alguien por razón de la persona que lo hace, rechazando la postura que en otro momento había mantenido y que consistía en contraponer potestad y acto como lo abstracto y lo concreto. De este modo, definía la "potestad eclesiástica" como la potestad inmediatamente constituida por Cristo, y sobrenaturalmente, para gobernar a los fieles conforme a las leyes evangélicas en las cosas sobrenaturales, pero también en las naturales si afectaban a las sobrenaturales. Por el contrario, la "potestad laica" representaba la potestad dada natural e inmediatamente por Dios a la comunidad de los mortales para gobernarse en las cosas naturales, a fin de que bien y dichosamente vivieran conforme a la razón natural (pp. 505 - 506). Azpilcueta distinguía claramente entre ambas potestades, ya que eran de desigual naturaleza, como mostraban las mismas diferencias de causa: material, formal, final y en cierto modo eficiente (pp. 508 - 509). Salustiano de Dios entiende que Azpilcueta "parecía incansable en el esfuerzo con tal de fortalecer su postura sobre el ámbito de la potestad eclesiástica, superior pero sólo indirecta en lo temporal" (p. 515). Para el canonista entre la potestad laica y la eclesiástica habría la diferencia de que mientras la laica nunca fue regular e inmediatamente instituida por Dios, sino debida por la razón natural, la eclesiástica estaba inmediatamente instituida por Cristo. Para Azpilcueta, las distinciones no estarían en el origen inmediatamente divino de ambas potestades, sino en que Dios no dio toda la potestad laica a alguien, a diferencia de la eclesiástica otorgada a San Pedro. Azpilcueta dejaba claro que, a su juicio, la potestad eclesiástica se recibía más inmediatamente de Dios que la laica, ya que esta última necesitaba la mediación del pueblo o de la comunidad, lo que quizá le valía para calmar sus dudas sobre el papel de la iglesia universal representada en el Concilio. Por otro lado, la potestad laica no debía determinar la libertad eclesiástica y sólo por vía singular los Papas podían conceder a los príncipes algunas cosas espirituales, como el patronato, o los frutos de las décimas, así como las mandas de las encomiendas de las órdenes militares (pp. 530 - 531). En el pensamiento del navarro el Papa, como cualquier otro príncipe que no reconoce superior, está desligado de la ley humana o humana positiva.

Otra figura como la de Diego de Simancas, también conocida como Jacobo de Simancas (pp. 567 - 587) ha sido analizada por José Luis Bermejo Cabrero, catedrático de Historia de las instituciones político-administrativas de España en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. En 1557 le fue ofrecido un puesto en el Tribunal de la Rota, si bien rechazó la propuesta, ya que eso implicaría su traslado a Roma. En 1552 publicó la primera edición de su obra Instituciones católicas, aunque años más tarde vio la luz una segunda, en la que se observan "profundas modificaciones, hasta el extremo de que pueden dar la impresión de tratarse de obras distintas" (p. 574). Su tratado De Republica fue editado en 1565 y a finales del siglo había publicado ya la sexta edición. Estaba dividido en nueve libros, que "se basan fundamentalmente en una amplísima antología de textos político-administrativos, que en sucesivas ediciones irán aumentando en número, hasta alcanzar una cifra muy elevada de textos" (p. 581). En 1566 publicó un breve tratado sobre el mayorazgo, y de esta forma se le considera como el primer autor que escribió una obra monográfica sobre este tema, además de original, aunque desde un punto de vista de los aspectos políticos, religiosos y sociales (p. 572).

Santos M. Coronas, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Oviedo, ha procedido a un análisis de Jovellanos y el grupo de legistas-poetas de la Universidad de Salamanca (pp. 589 - 612). Meléndez Valdés, como otros condiscípulos legistas, Arroyal, Corner o Caseda, escribieron sobre algunos de los problemas culturales y políticos de España. El primero de ellos estudió leyes en la Universidad de Salamanca (1772 - 1779) y durante diez años ejerció como profesor de Humanidades. Finalmente, el 9 de agosto de 1781 obtuvo en propiedad la cátedra de Humanidades (Prima de Letras Humanas) de la Universidad de Salamanca. Su carrera política comenzó propiamente con su ascenso a la magistratura como alcalde de crimen de la Audiencia de Zaragoza el 15 de septiembre de 1789, camino que le facilitó Jovellanos, consejero de Órdenes desde 1780 y miembro de las principales Academias y Sociedades de la Corte. Corner, llamado "El valenciano" pese a haber nacido en Mérida, en 1756, cursó la carrera universitaria en Salamanca al tiempo que Meléndez, formando parte con él del grupo literario aula poética de fray Diego González. Desde 1791, fecha en la que se inició la nueva etapa institucional de la Audiencia de Sevilla, hasta 1796 en que pasó a la fiscalía del Consejo de Castilla, Corner vivió y trabajó plenamente integrado en la capital andaluza. Asimismo, las Cartas persas de Montesquieu inspiraron a escribir a Jovellanos cada una o dos semanas sus Cartas de un Bachiller sobre diversos puntos. En 1797 fue nombrado ministro de Gracia y Justicia, y se presentaba como "el maestro común de esa generación que ha nacido ya bajo el signo de la reforma y que se extiende su influjo a los nuevos valores que encarna el joven Quintana" (p. 610). Sobre esta materia ver lo que recientemente ha publicado Carlos Moslaín, "Baltasar María Gaspar Melchor de Jovellanos Jové (1744 - 1811)", en Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, vol. I, pp. 441 - 449, Nº 434 y José Calvo González y José María Vallejo García-Hevia "Juan Antonio Meléndez Valdés", en el mismo Diccionario, vol. II, tomo I, Nº 604.

Un estudio referido a los comentarios de Ramón de Salas y Cortés (1753 - 1837) sobre el Código civil a propósito de la obra de Jeremy Bentham Tratados de legislación civil y penal (pp. 613 - 653), editada por primera vez en 1789, proviene de la pluma de Eugenia Torijano, profesora de la Universidad de Salamanca. En la Salamanca de los tres últimos decenios del siglo XVIII alcanzó especial relevancia un grupo de profesores e intelectuales abiertos a la renovación que abogaron de manera activa por la reforma de las instituciones a través de la reforma del Derecho. De este grupo intelectual formaba parte Ramón de Salas y Cortés (1753 - 1837), que se integró en la llamada Escuela iluminista salmantina, e hizo numerosos comentarios a la obra de Jeremy Bentham Tratados de legislación civil y penal, editada por primera vez en 1789. Eugenia Torijano escribe que "de los escritos de Salas podemos deducir que ya está inmerso en el método axiomático, no en vano su afán, junto con el de sus coetáneos en la Universidad salmantina, por incluir las enseñanzas de filosofía, economía, matemáticas y derecho natural presupone su total alienación con el pensamiento lógico deductivo que presidiera toda la nueva ciencia. En este sentido, Salas asume la lógica jurídica aplicada a la ciencia de la legislación cuyo colofón representaría Jeremy Bentham" (p. 624). Desde un punto de vista ideológico, Ramón de Salas se situaba en el llamado reformismo liberal, como quedaba patente en sus Lecciones de Derecho público constitucional. Eugenia Torijano, al estudiar la figura de Jeremy Bentham, señala que él mismo "supuso para el reformismo español un apoyo teórico fundamental por el que poder desarrollar los planes de reforma, pues con él culmina la idea del legislador a la carta... [que] tenía como cometido elaborar las leyes de un país extraño al suyo, pues se tenía el convencimiento de que su foraneidad suponía la redacción de unas leyes objetivas libres de los condicionantes del país" (pp. 632 - 633). Este universalismo de Bentham supuso un paso más en el particularismo que propugnaba Montesquieu a la hora de legislar. La ley, en consecuencia, para Bentham estaba presidida por unos principios universales, redactados por él mismo a la luz de los elementos concretos y prácticos que el conocimiento verdadero del ser humano desvelaba. De esta forma, la legislación se presentaba para Bentham como universal y libre de cualquier moral, y el legislador como el científico que había de afrontar la operación aritmética en que se convertía la legislación. Ramón Salas y Toribio Núñez asumieron los postulados marcados por el pensador inglés en la enseñanza del Derecho y en el Derecho natural, al concederle un nuevo enfoque de acuerdo siempre con los principios del utilitarismo. Sin embargo, a juicio de Eugenia Torijano, Salas da un paso más respecto a Bentham en los principios morales _base del orden político_ al no admitir que hubiera unos sentimientos innatos base de la legislación, que Bentham admitía. En este sentido ver las semblanzas a cargo ambas de José Calvo González, "Toribio Núñez Sessé" (1776 - 1834) y "Ramón de Salas Cortés" (1753 - c. 1837)", en Diccionario crítico de juristas, vol. II, tomo I, Nº 632 y 1092).

Un tema como las élites y juristas en la Salamanca de los siglos XIX y XX (pp. 655 - 668) es tratado por L. Santiago Díez Cano, profesor de la Universidad de Salamanca. Para un estudio de la dimensión social el autor ha utilizado la Guía estadística de Información general y de sociedad de Salamanca (1914), así como el Diccionario enciclopédico, ilustrado y crítico de los salmantinos ilustres y beneméritos que confeccionó Enrique Esperabé, y en donde la mitad de los personajes tenían que ver con el mundo del Derecho. Aproximadamente un tercio de los parlamentarios declaraban que su profesión era la de abogado, y cerca del 70% tenían formación jurídica, realizada en un porcentaje importante en la propia Universidad de Salamanca; en organismos más relacionados con el poder local, como son la Diputación o los Ayuntamientos, también tenían relación con el mundo del Derecho un alto porcentaje. Por otro lado, los juristas también estaban presentes en la élite económica, no tanto por el ejercicio de su profesión, sino por su relación con otras actividades, especialmente las que propiciaban la riqueza y beneficios en la provincia salmantina, como la propiedad de bienes inmuebles rústicos, los negocios financieros o alguna actividad industrial (p. 666).

La aportación de José Antón Oneca [de qua vid. Carmen Ortín García, "José Francisco de Paula Vicente Antón del Olmet Oneca (1897 - 1981)", en Diccionario crítico de juristas, vol. I, p. 102, Nº 72] a la Historia del Derecho penal contemporáneo en España ha sido relevante (pp. 669 - 703). Así lo ha puesto de manifiesto Javier Infante, profesor titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Salamanca. Antón Oneca, que ejerció una influencia notoria en los códigos penales históricos, tomó posesión de la cátedra de Derecho Penal de Salamanca el 1 de mayo de 1923. En 1932 fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo dentro del turno de juristas de reconocido prestigio. La Comisión depuradora del profesorado universitario, creada en 1936, instruyó un expediente contra Antón en 1937 y se cerró ese mismo año, con una resolución que inhabilitaba sine die a Antón para el desempeño de cargos directivos y de confianza. A finales de 1940 volvió a la Universidad y reingresó como catedrático en agosto de ese mismo año, hasta que finalmente alcanzó la anhelada cátedra en la Complutense en 1962, cuando ya había cumplido los 65. Entre sus publicaciones han destacado sus dos volúmenes de Derecho Penal (1928 - 1929), escritos en colaboración con su maestro Jiménez de Asúa [ad casum, Alejandro Martínez Dhier y Antonio Sánchez Aranda, "Luis Jiménez de Asúa (1889 - 1970)", en Diccionario crítico de juristas, vol. I, pp. 434 - 437, Nº 428]; si bien menos conocida es La utopía penal de Dorado Montero (1950) [no podemos dejar de mencionar la breve biografía que escribe Alejandro Martínez Dhier, "Pedro (Francisco García Martín Ramos Fraile) Dorado Montero (1861 - 1919)", en Diccionario crítico de juristas, vol. I, pp. 280 - 282, Nº. 271].

Bartolomé Clavero inicia esta obra con un análisis de la figura del tristemente desaparecido Tomás y Valiente (pp. 15 - 39). Tras doctorarse en materia de Derecho procesal histórico en Valencia, a pesar de que su vocación le llevaba hacia las letras, prosiguió su formación en la Complutense de Madrid como historiador del Derecho. Aunque accedió a la cátedra por La Laguna (Canarias), pasó a la Universidad de Salamanca y en 1980 se trasladó a la Universidad Autónoma de Madrid, pero no pudo rechazar la propuesta de ocupar la magistratura del Tribunal Constitucional, que ejerció durante doce años, en los cuales, como señala Bartolomé Clavero, "contribuye a la obra colectiva de una jurisprudencia constitucional que, por inaugural, llega a ser en efecto de un alcance constituyente aportando una especial sensibilidad para con dos polos [...], el polo de los derechos personales y el de los intereses públicos, no positivo el uno y negativo el otro, sino positivos ambos" (p. 32). Tomás y Valiente entendía que no había posibilidad de libertades, ni de libertades individuales ni tampoco de ninguna colectiva o comunitaria, fuera del Estado, y que, por consiguiente, los poderes constitucionales con toda su carga de intereses estrictamente públicos eran la premisa, antes y más que la propia garantía, de la libertad misma. Dejó una impronta favorable a las libertades que el Tribunal Constitucional, que presidió. En 1992 regresó a dicha universidad madrileña, donde ejerció su labor docente e investigadora hasta su prematura y violenta muerte en 1996 a los sesenta y tres años. Tras más de una década de paréntesis en la docencia se interesó más por temas europeos y euro-americanos; en otras palabras, por lo que se denominaba el Derecho común del constitucionalismo, para establecer una diferencia del ius commune histórico, carente de naturaleza constitucional. En su bibliografía destacan obras como Los validos en la Monarquía española (1963), Gobierno e Instituciones en la España del Antiguo Régimen (1982), El Derecho Penal de la Monarquía Absoluta (1969), o su conocido Manual de Historia del Derecho Español (1979). Del mismo modo que se inicia la obra-homenaje finaliza: con unas páginas elaboradas esta vez por José Delgado Pinto, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Salamanca, que rememora la insigne figura de Tomás y Valiente (pp. 705 - 715), a la que le atribuye las dotes precisas para ser un gran docente y para el dominio del auditorio (p. 710).

Guillermo Hierrezuelo Conde

 

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