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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.27 Valparaíso  2005

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552005000100036 

 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXVII, 2005, 459-466

RECENSIONES Y RESEÑAS

Escudero López, José Antonio (coord.), Los validos (Dykinson, Madrid, 2004), 631 págs.





Esta obra se abre con un estudio del coordinador sobre privados, validos y primeros ministros (pp. 15 - 33), en concreto José Antonio Escudero López, autor ya muy conocido e incontables veces citado en esta misma sede que nos alberga, la REHJ, en el que denomina privado a "aquella persona que tiene acceso al Monarca y disfruta de la amistad y confianza, y que como consecuencia de ello controla determinados resortes del gobierno y del poder" (p. 18). De aquí deduce que podía haber uno o varios privados; en cambio, la calificación de valido solía hacer referencia al "exclusivismo de esa amistad y confianza, y por ende al exclusivismo también en el poder y el mando" (p. 18). De modo que, cuando hubiera un privado, era tenido por valido; pero podía darse el hipotético caso de que un Monarca tuviera simultáneamente varios privados, pero no varios validos. De hecho, se dice que Felipe II tuvo varios privados, pero no que tuviera valido. Por eso llamó la atención que al reinar Felipe III (1598 - 1621) tuviera un único amigo y hombre de confianza. Han sido numerosos autores los que han defendido que el Rey tuviera amigos o privados, pero menos los que defendían al privado único, favorito real o valido. Los validos gozaban de dos notas características: el encumbramiento a través de la amistad con el Rey y el haber logrado mediante ello una intervención directa en las tareas de gobierno (pp. 21 - 22). Escudero entiende que todos los validos tenían la misma consideración: mandaban en tanto en cuanto el Rey lo quería y confiaba en ellos, sin que importase el puesto institucional que desempeñaran: Condestable, Ministro, Consejero, Caballerizo, Sumiller, etc. Los validos fueron ocasionalmente y desde el principio calificados como Ministros, debiendo ser entendido ese calificativo como genérico (pp. 24 - 25). En 1824 se autorizó al Secretario o Ministro de Estado a hacer uso del título de Presidente del Consejo de Ministros, y a partir del Estatuto Real de 1834, la presidencia del Consejo llegó a recaer en Ministros que no eran de Estado. Un sexenio más tarde, el general Espartero accedió al puesto y desde entonces el primer ministro o Presidente del Consejo de Ministros era una figura orgánica distinta, autónoma e independiente, que representaba al partido político que había alcanzado el poder y a quien correspondía, tras ser nombrado por el Monarca, la propuesta de designación del gabinete ministerial.

Luis Suárez Fernández, que fue catedrático de Historia medieval (no jurista) y es Académico de número de la Real de la Historia, ha estudiado de una forma parca los orígenes del validaje (pp. 35 - 40), y advierte que en la persona Ruy López Dávalos, que se benefició de la crítica situación de las guerras contra Portugal, estaban los tres elementos que caracterizaban al valido: servicio militar directo al Rey; acumulación de rentas y grandes tesoros; y un ascenso en la escala de la nobleza (p. 36). Pero en 1400 fue desterrado, si bien el exilio tuvo una duración breve. Tras el fallecimiento del Monarca Enrique III, el privado Dávalos fue subsumido dentro del nuevo esquema. Pero después del golpe de estado de Enrique, las Cortes se mostraron sumisas y aquél hizo todo lo posible para asegurarse en el poder. Tras largos enfrentamientos, la eliminación de Ruy López Dávalos fue una advertencia de establecer un nuevo sistema de gobierno, el validaje de Álvaro de Luna, de origen bastardo y que llegaría a Condestable de Castilla, que tuvo que hacer frente a las numerosas revueltas habidas durante quince años, y que por su linaje no tenía competencia para ejercer las funciones de Rey. El validaje fue adquiriendo sus formas, y se caracterizaba por su eficacia, aunque a muchos les perjudicase. Álvaro de Luna intentó posteriormente otro golpe de estado para eliminar a sus enemigos, pero no pudo acabar con la vida del Príncipe de Asturias. A partir de este momento, la nobleza proclama el validaje como ilegítimo y tiránico. De este modo, se solicitó del Rey la firma de un mandato directo y Don Álvaro fue ejecutado en 1453. Este fue, a juicio de Luis Suárez, el primer ensayo de validaje, hasta tal punto que en el siglo XVI todavía se abogaba porque los Monarcas, incluso a pesar de representarse como autoritarios, reconocían que no podían asumir simultáneamente las dos funciones de reinar y gobernar.

Los privados castellanos del siglo XV y, principalmente, Álvaro de Luna (1390? - 1453) y Juan Pacheco, marqués de Villena, han sido estudiados por José Manuel Calderón Ortega, profesor de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad de Álcalá (pp. 41 - 62). De hecho, en el siglo XV estos dos personajes reunieron muchos de los atributos del duque de Lerma, Olivares o Luis de Haro, que se les ha considerado como los validos más representativos de los tiempos modernos (p. 40). Álvaro de Luna supo desplegar todas sus habilidades para inclinar hacia su persona a la Corte y a Juan II en particular. Sus habilidades quedaron patentes en la relación sentimental que mantuvo con Inés de Torres, favorita de la reina Catalina. Tras el golpe de estado de 14 de julio de 1420, Juan II alabó a Luna por haber evitado un derramamiento de sangre, y le cedió un asiento en el Consejo Real, entre otros honores, mientras los demás nobles eran expulsados de la Corte. A esa fecha, Álvaro de Luna se había convertido en el verdadero árbitro de la situación, desplazando al mayordomo mayor (p. 47). Por el contrario, Juan Pacheco pertenecía a la nobleza y esperó a que Álvaro de Luna tuviera menos influencia en la Corte para divorciarse de su primera mujer y buscar una alianza matrimonial más interesante para la consecución de sus objetivos, sin incurrir en los errores de Álvaro de Luna. El extrañamiento de éste como consecuencia de la Concordia de Castronuño dejó el campo libre a Pacheco para actuar de acuerdo con sus ambiciones. Calderón Ortega, a modo de conclusión, señala que "Álvaro de Luna fue el primer gran privado al que podríamos definir con caracteres modernos y no cabe duda de que señaló el camino a Pacheco para no reproducir los errores que le condujeron a la ruina" (p. 61).

Antonio Feros, profesor (no jurista) de la Universidad de Pennsylvania, nos presenta un cuadro de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas (1553 - 1625), quinto marqués de Denia y duque de Lerma a partir de 1599, en su etapa como valido del Monarca Felipe III, fallecido en 1621 (pp. 63 - 80). A. Feros, al estudiar a este personaje, ha afirmado que "la experiencia bajo Lerma ayudó a crear un nuevo paradigma político en la monarquía hispana" (p. 72). Inmediatamente después de la subida al trono de Felipe III, el 13 de septiembre de 1598, Lerma fue públicamente reconocido como ministro principal del Rey, como su único valido, y con capacidad de representarle ante las instituciones de gobierno (consejos, juntas, dignatarios de otras monarquías, etc.); y ello a pesar de que en los documentos que él mismo escribió o inspiró, Lerma se presentaba a sí mismo como simple ministro - consejero del Monarca y como una forma de incrementar, en la teoría y en la práctica, el poder del Monarca. Lerma tenía el derecho a enviar las órdenes del Rey a los consejos en papeles firmados por él mismo, y no por el Rey como había sucedido en el reinado anterior, pero ello no significaba que el Rey diera a Lerma derecho a sustituirle en el momento de la toma de decisiones, o en la firma de Decretos Reales (pp. 72 - 73). Desde mediados del siglo XVII, sin embargo, Lerma comenzó a tener la consideración de un personaje secundario, y Olivares fue el que se convirtió en el nuevo modelo a seguir, en un intento de corregir los errores cometidos por su antecesor. Ricardo Gómez Rivero, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche, nos amplía la información sobre Lerma y el control de cargos (pp. 81 - 119). Al duque de Lerma hay que atribuirle el mérito de la justicia distributiva, esto es, el reparto de gracias a sus familiares y amigos. Tras la muerte de Felipe II se pasó de un gobierno personalista a otro de valimiento o favoritismo, propugnado por Felipe III, en la persona de Gómez de Sandoval, que juró el cargo como miembro del Consejo de Estado. Este valido también situó a gentes de su confianza en la jefatura del Consejo de Castilla y en las consejerías de la Cámara. Sobre los poderes de Lerma (pp. 121 - 175), José Antonio Escudero, miembro de la Real Academia de la Historia y Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la UNED, amplía información, y señala que en el siglo XVII el régimen de gobierno a través de validos presentaba un contorno institucional muy preciso (p. 122). Felipe II, poco antes de su muerte, advirtió al príncipe que convenía que se siguiera sirviendo de sus colaboradores, aunque no se confiara exclusivamente a ninguno, pero este consejo no surtió el efecto esperado. Al llegar Felipe III al trono, éste dictó una insólita orden según la cual la firma de Lerma tendría el mismo valor que la firma del Rey. De hecho, algunos años después, el 23 de octubre de 1612, dictó una Real Cédula recordando que se cumpliese cuanto el duque dijera u ordenase. La expresa o tácita delegación del poder en Lerma no significó que el Monarca se desentendiera de sus tareas de gobierno, sino que se produjo "un desdoblamiento en las supremas instancias del poder, constituyéndose de hecho una especie de diarquía, que siempre respetará el principio de que quien jurídicamente manda es el Rey" (p. 155). En 1618 el Monarca le comunicó el despido a Lerma, a consecuencia del descrédito en que había caído por diversos sucesos acaecidos el año anterior. La privanza pasó a su hijo mayor, Cristóbal Gómez de Sandoval Rojas y la Cerda, marqués de Cea y primer duque de Uceda.

Regina Mª. Pérez Marcos, profesora titular (no jurista) de Historia del Derecho y de las Instituciones (no jurista) de la UNED, analiza la figura del duque de Uceda (1581 - 1624), valido de Felipe III (pp. 177 - 241). Los Sandoval habían sido los primeros miembros de la nobleza castellana que ofrecieron apoyo, servicio y total lealtad a Carlos I a su llegada a España. Pérez Marcos destaca que "todo parece indicar que el duque de Cea vivió a la sombra de su padre hasta 1606 - 1607, [...] que se distanció de él, ante el temor de que el nuevo matrimonio que anunciaba contraer perjudicara su propia herencia[...]" (p. 194). El año 1615 fue crucial en la consolidación política del duque de Uceda: procedió a una ruptura total con su padre, que todavía manejaba los negocios; el nombramiento de los servidores de la Casa del príncipe; y las críticas generalizadas sobre la gestión del valido (pp. 199 - 200). La progresiva inclinación del Rey a la privanza de Uceda supuso continuas disputas con el conde de Lemos, en la que éste contó con un apoyo relativo y siempre condicionado a los intereses de Lerma (p. 205). En el periodo 1615 - 1618 se produjo una sustitución paulatina de Lerma por Uceda, proyectada de antemano por Uceda, que pretendía continuar con la política de afianzamiento de su clan familiar en el poder. Pero las responsabilidades en el gobierno del duque de Uceda eran mucho más limitadas que las que había ostentado su padre y Lerma, según quedaba explícito en la Cédula dirigida al Consejo de Estado el 17 de noviembre de 1618. De hecho, cercenaba la función de coordinación de los Consejos que realizaba el valido, al mismo tiempo que liberaba a los Consejos de la obligación de decir al valido todo lo que quisiera saber y, por tanto, de su sometimiento (p. 215). Pérez Marcos entiende que "el vacío dejado por Lerma no volvió a ser ocupado por un solo valido que fuese capaz de controlar la Corte y de asumir la dirección política del gobierno de la monarquía", lo que provocó la aparición de diversos grupos o individuos que buscaban poder e influencia (p. 216). De todos modos, "la implicación de Uceda en el gobierno fue escasa y dejó pocas huellas", ya que se limitaba a permanecer en el entorno próximo al monarca, influyendo ocasionalmente en las respuestas a las consultas (p. 222). En realidad, apenas ejerció la función más importante del valido, esto es, la coordinación y distribución de tareas de los Consejos. A la muerte de Felipe III se inició la sustitución inmediata de los servidores del Rey anterior, y protagonizada por los nuevos validos Baltasar de Zúñiga y su sobrino Gaspar de Guzmán. De hecho, el duque de Uceda murió confinado en Alcalá de Henares el 31 de mayo de 1624.

El valido de Felipe IV (1621 - 1665), Baltasar de Zúñiga (1561 - 1622) (pp. 243 - 276) ha sido objeto de investigación por parte de Carmen Bolaños Mejías, profesora de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNED. En 1619 el Rey cambió el régimen de despacho que hasta entonces había seguido, en la que sometía al nuevo valido a importantes restricciones, ya que a partir de ese momento, sería el Rey quien firmara de su propia mano todas las órdenes y distribuiría las mercedes. El duque de Uceda asumió su cargo con moderación y respeto al resto de las instituciones. Ese mismo año el Rey le nombró comendador mayor de la orden de León y Ayo del Príncipe. En 1621 ocupó el oficio más prestigioso de la monarquía, al encomendársele la dirección del gobierno como ministro principal, quien contaba con una dilatada experiencia diplomática y de gestión. Bolaños Mejías llega a afirmar que "una clave para entender el valimiento de Zúñiga es interpretarlo como el tiempo necesario para hostigar y marginar a la facción contraria" (p. 269). Con la inesperada muerte de Zúñiga se interrumpió el modelo de división de funciones, en la medida en que no había nadie para sustituirle adecuadamente, por lo que Olivares tuvo que concentrar en su persona todas las funciones posibles y ejercerlas como valido del Rey.

Otro valido, Luis Méndez de Haro y Guzmán (1598 - 1661), figura poco conocida en el reinado de Felipe IV, ocupa el estudio de Andrés Gambra Gutiérrez (pp. 277 - 309). Luis Méndez llegó a ocupar el cargo como valido como sustitución del protovalido y cesado Olivares, que se había ganado la repulsa general, por alguien que ofreciese una imagen de primer ministro que no fuese valido o la de un valido que aparentase no serlo. Se optó por la segunda opción, ya que para lo primero era necesaria la institucionalización formal del cargo de primer ministro que, si bien estuvo cerca de producirse, no llegó a hacerse realidad en época de los Austrias. Luis de Haro en todo momento fue del círculo de partidarios de Olivares e, incluso, cuando el conde-duque Olivares abandonaba la Corte en 1643 de forma secreta le esperaba para despedirse. Una de las virtudes de Luis Méndez de Haro fue la de ser capaz de imponer paulatinamente unas pautas de gobierno distintas, acorde con las nuevas circunstancias; y logró evitar las maniobras de sus opositores con la intención de desplazarle de su puesto (pp. 294 - 296). Con el Decreto de 26 de febrero de 1643 los asuntos fueron oficialmente restituidos a los correspondientes consejos, si bien pronto resurgió la figura del nuevo valido y el monopolio por el valido del despacho con el Rey, si bien en todo momento intentó disimular de forma permanente la privanza de Haro. Y ello a pesar de que los Validos recibieron de forma solemne la denominación de "primeros y principales ministros" (p. 307).

El valimiento de Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde - duque de Olivares (1587 - 1645) (pp. 311 - 322) planteó, a juicio de Irving A. A. Thompson, profesor (no jurista) de la Universidad de Keele, algunas novedades respecto a la etapa anterior. En el siglo XVII en España se estaban formulando los neologismos "valido" y "valimiento", lo que parece indicar, a juicio de Irving A. Thompson, que se estaba produciendo un cambio conceptual (p. 313). El valimiento tal como lo ejerció Olivares se caracterizó porque los mismos predominaban tanto en la Corte como en el Consejo, tanto en materias de gracia como en las de Estado, áreas que antes habían estado separadas. Además, Olivares gozaba del "eminente favor", siendo él quien poseía la mayor influencia sobre "la voluntad del Rey". Su esfera de acción se centraba en el patronazgo, los nombramientos, la concesión de audiencias o la presentación de memoriales. Por otro lado, el valido, que no gozaba de personalidad institucional, se diferenciaba del simple privado en que interfería los procesos normales del sistema sinodal. En efecto, el "valido universal" parecía usurpar no sólo el deber de Consejo, sino también el oficio del Rey. Por medio de su influencia sobre el patronazgo y sobre el nombramiento a los cargos administrativos, los validos construyeron alrededor de sí una red nacional de clientes. Finalmente, hay que señalar que Olivares y los grandes validos de su generación eran políticos, empleando su poder e influencia no sólo para fines personales, sino para fines más serios (pp. 316 - 317).

María del Carmen Sáenz Berceo, profesora titular de la Universidad de la Rioja, nos retrata la figura de Juan Everardo Nithard (1607 - 1681) (pp. 323 - 352), valido extranjero de la época, que le marcaría toda su trayectoria en la vida pública española. Desde que Nithard llegó a la Corte de Felipe IV hasta la muerte del mismo en 1665, desempeñó la función de confesor de la Reina. Tras este acontecimiento se acrecentó la influencia de Nithard en la vida política, pasando de confesor a valido, no por pretensión personal de ningún tipo sino tan sólo por intentar ayudar a la Reina a resolver los problemas de gobierno ante los que no tenía experiencia ni capacidad para decidir. El nombramiento de Nithard como Consejero de Estado en 1666 no fue bien aceptado entre las personas que esperaban dicho nombramiento. Asimismo, el pueblo rechazaba la condición de extranjero de este personaje. Ese mismo año fue nombrado Inquisidor General, teniendo ya la condición de español por naturalización, para que tuviera participación en las altas esferas del gobierno y formara parte de la Junta de Gobierno. Nithard concluyó su papel como valido y su estancia en España en 1669, fecha en que dejó España y partió con dirección a Roma. Juan de Austria, el hijo bastardo de Felipe IV, en todo momento intentó expulsarle de España e incluso llegó a planear su muerte, ya que no colaboraba en sus pretensiones de hacerse con los más altos cargos y preeminencias.

María del Camino Fernández Giménez, profesora de Historia del Derecho y de las Instituciones de la UNED, ha comentado la figura del último valido o primer ministro, como fue Fernando de Valenzuela (1636 - 1692) (pp. 353 - 405). Este valido estuvo presente en la Corte durante los últimos años del reinado de Felipe IV y más tarde se ganó la confianza de Mariana de Austria y de Carlos II (1665 - 1700). Este personaje fue nombrado primer ministro, cargo que ocupó sólo tres meses, si bien se desconoce el título correspondiente a este cargo. En 1677 fue condenado a la pena de destierro a ultramar en las Islas Filipinas, si bien a los diez años se declaró su libertad y ordenó que fuese trasladado a México. En el siglo XVII, el valido acaparó el despacho a boca, mientras el despacho escrito, para preparar las consultas llegadas de los Consejos y resumir las peticiones y memoriales, quedaba en manos del Secretario del Despacho universal. Valenzuela no pertenecía, asimismo, a una familia de alta alcurnia, de ahí que la nobleza uniera sus esfuerzos hasta conseguir que fuera desterrado. A partir de 1673 la reina madre le concedió diversas dignidades en muy breve espacio de tiempo, provocando un vertiginoso ascenso de poder e influencia en la vida social y política. En 1676 el Monarca lo nombró Capitán General del reino de Granada, en sustitución del conde de Santiesteban que había sido nombrado Virrey de Cerdeña. Un año más tarde, el 22 de enero, fue detenido y llevado a prisión, y días más tarde se anularon todas las mercedes concedidas hasta el momento, aunque como señala Fernández Giménez, "deja una serie de incógnitas a propósito de la anulación específica del nombramiento de primer ministro", y señala que "es de suponer así que, si existió un nombramiento formal de primer ministro, se diera también un Decreto formal de cese" (pp. 384 - 385).

Ignacio Ruiz Rodríguez, profesor titular de Historia del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, y discípulo de Gonzalo Martínez Díez se ocupa de la figura del hijo bastardo, reconocido como tal, de Felipe IV, Juan José de Austria y Aragón (1629 - 1679) (pp. 407 - 445), que está considerado por algunos como el último de los validos de la monarquía española y para otros lo que con el paso del tiempo sería la figura del primer ministro, aunque los perfiles aparecieran poco nítidos. A pesar de que Felipe IV le ofreció en 1648 el virreinato de Nápoles a Juan José de Austria, sin embargo éste no aceptó, como había ocurrido en otras ocasiones, este nombramiento. Ruiz Rodríguez considera que la causa era la de sus orígenes, además de un resentimiento personal. Aunque no renunció al cargo ofrecido en Sicilia en ese mismo año (p. 418). Asimismo ocupó el virreinato en Cataluña entre 1653 y 1656, teniendo que enfrentarse a las difíciles relaciones con Madrid. En 1656 fue nombrado Gobernador General de los Países Bajos, coincidiendo con los años finales de la guerra hispano - francesa. A la muerte de su padre en 1665 se le abrió el camino para poder erigirse en uno de los personajes más importantes del último de los períodos del reinado de los Austrias menores, y comenzó una dura oposición a los validos Nithard y Valenzuela, hasta que consiguió la caída de ambos. Una ampliación sobre esta figura ha sido realizada por Mª Teresa Manescau Martín (pp. 447 - 545), profesora que fue de la Universidad de La Laguna. Felipe IV, en su testamento, no dejó tarea política alguna para su hijo natural, Juan José de Austria, aun cuando era uno de los miembros más renombrados de la monarquía española debido a sus éxitos en Italia y Cataluña. En el testamento se establecían las instrucciones para el gobierno de la monarquía y la creación de una Junta de Gobierno que asesorará a la regente durante los años que tuviera que gobernar hasta la mayoría de edad del futuro Rey Carlos II. En 1669 se nombró a Juan Alteza, virrey de Aragón y vicario general de los reinos de la Corona de Aragón, de forma que se le confería el título de representante del Rey para todo el territorio de esa Corona, lo que le convertía en el superior de los virreyes de Cerdeña, Mallorca, Valencia, Aragón y Cataluña. En 1674, Juan José fue el promotor de una Junta de Comercio encargada de fomentar y fortalecer el comercio y la industria del Reino, que a partir de ese momento propiciaría el florecimiento económico. Manescau Martín, al estudiar la personalidad de Juan José de Austria, ha llegado a señalar que "don Juan se había impuesto a través de lo que se ha llamado el primer golpe de Estado de la Historia Moderna de España y para ello había contado con el apoyo de las masas populares y parte de la aristocracia", y que "ejerció su ministerio no como un valido sino como un otro yo regio" (p. 509).

Sobre Juan Francisco Tomás Lorenzo de la Cerda Enríquez Afán de Ribera Portocarrero y Cárdenas, VIII Duque de Medinaceli (1637 - 1691) y primer ministro de Carlos II (pp. 547 - 571), Mª Dolores Álamo Martell, profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, ha realizado un análisis de los datos más relevantes. El duque de Medinaceli prestó importantes servicios al Monarca como el de sumiller de corps, caballerizo mayor de Carlos II, gentilhombre de cámara, presidente del Consejo de Indias, consejero de Estado, de Guerra, y capitán general del mar océano, del ejército y costas de Andalucía. Pero su cargo más relevante fue el de primer ministro de Carlos II, nombrado en virtud de Real Decreto de 21 de febrero de 1680 y desempeñado a lo largo de cinco años (pp. 549 - 550). Fue la primera vez que un noble de alto linaje recibió el mandato expreso del Rey para que se encargara del gobierno de la monarquía. De esta manera, se oficializó su posición de poder al recibir el título de primer ministro (pp. 558 - 560). El 9 de enero de 1685 el Rey ordenó su salida de la Corte, lo que era tanto como desterrarle.

Otro de los validos fue Manuel Joaquín Álvarez de Toledo y Portugal (1650 - 1707), noveno conde de Oropesa (pp. 573 - 581), que estudia José Ramón Rodríguez Besné, profesor titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Vigo en el campus de Orense. Bajo Carlos II el valido siempre ostentó el cargo de presidente de Castilla. Esto significaba, según señala Rodríguez Besné, que "el cargo de primer ministro estaba asociado con un cargo previo" (p. 575). Ocupó los cargos de gentilhombre de su Majestad, consejero de Estado, presidente del Consejo de Castilla y de Italia y primer ministro de Carlos II. Carlos II revocó el Decreto de su nombramiento el 2 de octubre de 1700.

La cuestión de la Junta de Gobierno de la minoridad del Rey Carlos II (pp. 583 - 615) ha sido el tema que le ha correspondido tratar a María del Carmen Sevilla González, catedrática de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de La Laguna y abogada en ejercicio. La citada Junta de Gobierno, cuya actuación se desarrolló entre 1665 y 1667, fue establecida testamentariamente el 14 de septiembre de 1665 por el mismo Felipe IV para el príncipe Carlos, su único hijo supérstite, que quedó instituido como único heredero del Rey en la cláusula 10 a la edad de cuatro años. En la cláusula 57 el testador se limitó a manifestar la existencia de su hijo Juan José de Austria, aunque no le instituyera heredero ni se le legasen bienes ni derechos de ningún tipo. Finalmente, se instituyó por el testador la Junta de Testamentarios o albaceas en la cláusula 67, que tenía como misión velar por el cumplimiento de las últimas voluntades del causante (p. 600). Las competencias de la Junta de Gobierno se limitaban al puntual y diario asesoramiento de la Reina, sin su presencia. La Reina - gobernadora debía aceptar el parecer de la Junta, cuestión que realmente encerraba una gran complejidad.

La última de las colaboraciones, presentada por Emilio La Parra López (pp. 617 - 631), catedrático de Historia contemporánea (no jurista) de la Universidad de Alicante, está dedicada a Manuel Godoy Álvarez de Faria (1767 - 1851), personaje que vivió en la monarquía de Carlos IV y que está considerado como el último valido cortesano de la monarquía española. Sin embargo La Parra López considera que en realidad en este personaje no se dieron las cualidades para esta figura, ya que careció de capacidad para formar la voluntad del Monarca y contrarrestar la influencia de otros consejeros (p. 617). El fulgurante ascenso de Godoy en la milicia, en la política y en la Corte pareció carecer de límites y únicamente se truncó cuando Carlos IV fue obligado a abdicar a la Corona. Desde 1788 hasta 1808, Godoy gozó de la entera confianza de los soberanos españoles y recibió de ellos gracias, riquezas, títulos y cargos políticos, hasta convertirse en el hombre más condecorado y el más poderoso de la monarquía. El Real Decreto de 15 de noviembre de 1792 anunciaba la sustitución del conde de Aranda por Godoy en la secretaría de Estado, que, aunque carecía de bagaje personal, podía presumir de contar con los honores, títulos y riquezas exigibles en el ambiente cortesano. Incluso fue nombrado como Príncipe de la Paz, a pesar de que el título de príncipe estaba reservado al heredero de la Corona (pp. 622 - 623). La Parra es un experto mundialmente reconocido en el estudio de las relaciones Iglesia - Estado en los últimos lustros del siglo XVIII y primeros del XIX.

José Antonio Escudero recoge en este volumen las ponencias que dirigió sobre "Los validos", en uno de los Cursos de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos, celebrados en Aranjuez en el verano de 2003, que a su vez era fruto del trabajo del Proyecto de Investigación (BHA 2000 - 0196), que trataba de Los validos en la España del Antiguo Régimen. Una vez más nos encontramos ante un magnífico volumen de Historia institucional, que para mí es Historia del Derecho, aunque siempre existirán críticos de este planteamiento escuderiano de contemplar la Historia de las instituciones con una mentalidad propia de las Facultades de Filosofía y Letras y de Geografía e Historia, no de las de Derecho, ni de las de Ciencias Políticas, o como las estudian en la Universidad de Rennes II o lo hace Piero Aimo en Pavía, o con la impronta metodológica que se le da a la investigación en la revista Storia, Costituzione, Amministrazione. En cualquier caso, José Antonio Escudero ya ha alcanzado la cúspide de ser el mejor historiador español de las instituciones políticas de todos los tiempos. Hace años que veníamos diciendo que si proseguía con su tarea iba a superar a Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña. El año 2005 no sólo ha supuesto el cambio de Pontífice romano. Por lo que a la Historia de las instituciones político - administrativas (no a la Historia del Derecho) se refiere, en el ámbito de habla hispana y portuguesa, en 2005, Escudero ha llegado al más alto pináculo y superado a Sánchez - Albornoz, Paulo Merêa, Ricardo Levene, Guilherme Braga da Cruz, Zorraquín Becú, Ramon Llàtzer de Dou Bassols, etc. y a todos los que en España, Portugal y la América hispánica y lusófona cultivaron esta ciencia desde el siglo XVII hasta el 2005.

Guillermo Hierrezuelo Conde

 

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