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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.27 Valparaíso  2005

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552005000100051 

 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXVII, 2005, 555-559

RECENSIONES Y RESEÑAS

Montagut, T. - Sans Travè, J. M. (coords.), L'autogovern de Catalunya (Fundació Lluís Carulla, 2004), 119 págs.





Josep Maria Sans Travé, Director del Archivo Nacional de Cataluña, y Tomàs de Montagut, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Pompeu Fabra, presentan, a modo de introducción, los precedentes del autogobierno de Cataluña (pp. 13-15). Durante el proceso histórico que validó el pactismo (siglo XIII), se forjaron diversas instituciones políticas y administrativas entre las que destacaron las Cortes, también conocida como Diputación del General o "Generalitat". En el mencionado siglo, Cataluña estaba representada institucionalmente tanto por el príncipe como por el General o su Diputación. Dos siglos más tarde, en el XV, la "Generalitat" se convirtió en la única institución superior dotada de representación suprema de Cataluña, que residía en el mismo Principado.

Víctor Ferro, profesor que fue de la Universidad Pompeu Fabra, al estudiar la Diputación del General, como organismo creado por las Cortes, distingue entre "Generalitat, para referirse a la moderna institución, y Diputación, que hacía referencia a la antigua (p. "18). Asimismo, sitúa la Diputación del General de Cataluña en el contexto histórico marcado por el fenómeno del pactismo medieval (p. 18). Víctor Ferro entiende asimismo que en Cataluña y Aragón existió lo que se denominó "pactismo integral" (pp. 18-19). La intervención del General en la elaboración de la normativa jurídica que regía la vida pública del Principado era igualmente esencial, así como la recaudación y el pago del donativo otorgado al príncipe. La Diputación del General se ocupaba de la administración del erario público de Cataluña, como entidad separada del fisco real. De hecho, se constituyó como uno de los erarios públicos nacionales (no reales) más antiguos de Europa (p. 21).

Albert Estrada-Rius, profesor de Historia del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, comenta los orígenes y la evolución de la Diputación del General de Cataluña (1359-1413) (pp. 25-31). La Diputación del General de Cataluña era un órgano creado en el sistema político denominado pactista. Cada estamento formaba una corporación que en el lenguaje jurídico de la época era calificado de "universitas" o "generalitas". Asimismo, los tres brazos reunidos en Cortes Generales constituían una corporación superior que recibía la denominación de General de Cataluña. Los orígenes institucionales más remotos que se han documentado de la Diputación del General han sido las Cortes de Monzón de 1289 y de Barcelona de 1292 (p. 27). A partir de 1365 se establecieron unos tributos de nueva creación, el más importante de los cuales fue denominado "generalitats". Albert Estrada-Rius considera que fue, a partir de las Cortes de Barcelona de 1413, cuando la Diputación del General adquirió un carácter de permanencia y competencia nuevas (p. 31).

La plenitud política de la Diputación del General (1413-1479) (pp. 33-37) la analiza de forma un tanto original Isabel Sánchez de Movellán Torent. Señala como la Diputación comenzó a adquirir mayor protagonismo en la política del Principado a consecuencia de una cierta relajación del poder real respecto a los asuntos políticos que afectaban a todos los territorios; un fuerte desarrollo de la economía propia de la "Generalitat"; así como la proliferación de los donativos reales otorgados en Cortes. Sánchez de Movellán Torent entiende que la normativa aprobada el año 1413 podía ser considerada como la base jurídica de la institución, ya que de la misma partieron todas las reformas jurídicas aprobadas posteriormente y hasta la abolición de la institución en el siglo XVIII (p. 35). Las nuevas circunstancias convirtieron a la "Generalitat" en un órgano fiscalmente secundario a partir de 1469, año en que el Rey Juan II (1458-1479) celebró Cortes en Cervera, y se aprobaron los nuevos impuestos diferentes de las "generalitats" (p. 36).

Ernest Belenguer, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, hace un estudio de la reforma del General (pp. 39-43). A la muerte de Juan II, en 1479, el heredero Fernando II inició una serie de reformas que proporcionarían estabilidad tras la Guerra civil de 1462-1472. Pero los enfrentamientos surgidos entre los que se disputaban los cargos de la "Generalitat", las corrupciones y las deudas eran tan elevadas, que en 1488 el monarca suprimió "sine die" todos los cargos de la "Generalitat", y mantuvo esta situación hasta finales de 1493, tras incorporar el régimen de la insaculación (p. 42). De esta forma, la política real pretendía el control y la restauración crediticia de la monarquía.

Miquel Pérez Latre se refiere a la Diputación del General en el siglo XVI (pp. 45-49). Con el advenimiento de los Habsburgo, la política catalana cambió de manera irreversible. El monarca, elemento clave en el gobierno del reino, residiría a partir de ese momento fuera de Cataluña. En adelante, regiría la administración real de Cataluña, encargada de asegurar la paz y la justicia. El reinado de Felipe II se caracterizó por el progresivo alejamiento del Rey y una tensión política, cada vez más agudizada (p. 46). Hasta 1593, la Diputación del General fue guiada por grupos de poder pertenecientes principalmente al brazo militar. A partir de esa fecha, la Diputación fue sometida a una reforma importante, que se consolidó en sucesivas etapas: 1525-1532, 1561-1565, 1587-1593. Efectivamente, a partir de las Cortes Generales de 1585 los estamentos adoptaron un nuevo papel en el control de la Diputación del General.

Las transformaciones de este organismo a lo largo del siglo XVII han sido comentadas de la mano de Josep Capdeferro, profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Pompeu Fabra (pp. 51-55). Las Cortes celebradas por Felipe II (III de Castilla) en Barcelona, en el año 1599, pocos meses después de su acceso al trono marcaron el inicio del accidentado siglo XVII. Durante las casi cinco semanas que duró la asamblea, la Diputación y los tres estamentos midieron sus fuerzas. Con ello se puso en evidencia que la Diputación se resistía cada vez más a conformarse con su condición de institución delegada de los brazos, más aún cuando los estamentos cada vez se reunían con una frecuencia mayor, mientras que la Diputación estaba de forma permanente de guardia (p. 52). El año 1623 fue catastrófico para la historia de la Diputación, ya que se incrementaron las deudas del organismo y la Diputación se había convertido en un vigoroso contrapeso al poder regio. Las tensiones entre la institución y la Corona llegaron a su punto más álgido cuando a los conflictos políticos se sumaron las alteraciones sociales de 1640. En 1651 la ciudad de Barcelona fue abandonada por las principales instituciones que ya tenían la suya. Juan José de Austria, hijo natural de Felipe III, fue el artífice visible del retorno de los catalanes a la soberanía del Rey hispánico, y sometió a las instituciones catalanes al mecanismo de control de la insaculación (p. 55). De esta forma, consiguió elegir privadamente quiénes iban a ser los hombres que podían gobernar la "Generalitat" y otros organismos. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la Diputación había asumido que se había convertido en una institución subordinada a la Corona hispánica, ya que ésta obligaba a la "Generalitat" a participar en el sostenimiento de las guarniciones militares instaladas en Cataluña desde 1652 (p. 55).

El análisis del período comprendido entre 1700 y 1714 por parte de Joaquim Albareda (pp. 57-63), profesor de la Universidad Pompeu Fabra, comienza señalando que las Constituciones aprobadas en las Cortes de 1705 significaron el máximo despliegue del marco constitucional catalán. Una vez que Felipe V había aniquilado el Estado catalán, tuvo las manos libres para imponer un nuevo sistema político, fundamentado en el absolutismo y en el unitarismo: la Nueva Planta, de 1716. La estructura de poder ya no se fundamentaba en el pactismo, sino en una pirámide institucional, encabezada por el capitán general, una Real Audiencia con funciones gubernativas y los corregidores, cargos que fueron ocupados mayoritariamente por militares durante todo el siglo (p. 62). En adelante, las causas de la Real Audiencia se habían de resolver en castellano, y los corregidores intentaban introducir progresivamente esta lengua.

Un período más amplio, comprendido entre 1714 hasta la segunda República española (1931) (pp. 65-71) ha sido comentado de forma rigurosa por Sebastià Solé y Joan Lluís Pérez, ambos profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona. En 1714 desapareció un sistema político, social y jurídico, que ofrecía un conjunto importante de libertades y de garantías a los individuos y estamentos; se sobrecargó a Cataluña de tributos; se excluyó progresivamente la lengua catalana de todos los ámbitos de la vida pública, etc. Por estos motivos, los catalanes reivindicaron el Derecho y las instituciones anteriores a 1714. Cataluña gozó, de este modo, de dos paréntesis de libertades (1808-1814 y 1820-1823). La Diputación Provincial de Cataluña fue constituida en Vic el 30 de noviembre de 1812, y el 7 de agosto del año siguiente, ya reclamaba a las Cortes españolas la casa de la Diputación, donde Felipe V había instalado en 1714 la Audiencia. En 1822 las Cortes aceptaron que la Diputación compartiera el edificio con la Audiencia (p. 69). Entre 1814 y 1873 se denominó "provincialismo" a la defensa de las libertades, de las instituciones y de autogobierno de Cataluña (p. 70). Las fuertes presiones de los partidos políticos catalanes, sobre todo de derecha y de centro, consiguieron que en 1914 se constituyera la Mancomunidad de Cataluña, que fue el resultado de la unión de las cuatro diputaciones provinciales catalanes. Con la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), se adoptó una posición hostil contra Cataluña, hasta que en las elecciones municipales de 12 de abril de 1931 un partido nuevo, "Esquerra Republicana de Catalunya", obtuvo unos excelentes resultados.

Enric Fossas, miembro del Institut d'Estudis Autonòmics, trata el tema de la autonomía de Cataluña durante la II República (pp. 75-79). La "Generalitat" republicana (1931-1939) representó para Cataluña la recuperación de un poder político propio, por primera vez desde la pérdida de sus instituciones de gobierno en 1714, y constituyó el precedente inmediato de la "Generalitat" actual, si bien fue una etapa de gran inestabilidad política y social en España. Dos días después de las elecciones municipales el 12 de abril de 1931, Francesc Macià proclamó de forma unilateral la República catalana como un Estado de la Federación ibérica, si bien el 17 de abril Macià llegó a un pacto con los representantes del Gobierno provisional de la República española en virtud del cual la República catalana se convertía en "Generalitat de Catalunya", recuperando la denominación medieval (p. 76). El presidente Niceto Alcalá Zamora (1877-1949) promulgó el 15 de septiembre de 1932 el Estatuto catalán, pero ese texto no fue sometido al plebiscito de los catalanes. El Estatuto de 1932 definía Cataluña como una "región autónoma en el Estado español", y establecía la oficialidad del catalán y del castellano, al tiempo que concretaba las competencias de Cataluña en el marco de la Constitución, y diseñaba las instituciones de la "Generalitat". La cámara catalana tramitó la Ley de 25 de mayo de 1933, conocida como el Estatuto interior, que regulaba las relaciones entre Cataluña y España, y se presentaba como una constitución surgida de la voluntad de los catalanes, que establecía de forma autónoma la organización política interna de la "Generalitat". Pero las crisis constantes en los gobiernos de la República durante el año 1935 llevaron a la disolución de las Cortes y a la convocatoria del 16 de febrero de 1936, que permitió la victoria al Frente Popular. Dos años más tarde, mediante el Decreto firmado el 5 de abril de 1938, el General Franco derogó el Estatuto de 1932, por el que tanto había luchado la "Generalitat".

En una época más reciente, la autonomía de Cataluña en la Constitución de 1978, es estudiada por Enric Fossas 1978 (pp. 81-97). Con la muerte del General Franco, en noviembre de 1975, se abrió un período de transición hacia la democracia. El Real decreto-ley 41/1977, de 29 de noviembre, reconocía a la "Generalitat" el carácter de "institución secular". Esta norma estatal no se comportaba como una verdadera autonomía, sino que se limitaba a crear unos órganos de gobierno y administración, a los cuales se preveía transferir competencias y recursos provenientes de las diputaciones y de la Administración central. La Constitución española de 1978 no adoptó una solución concreta para la organización territorial del poder, ni creó un determinado modelo de Estado, sino que incorporó algunos elementos del Estado integral de la II República y también del federalismo alemán y del Estado regional italiano. De esta forma, se diseñó un "modelo autonómico", que se alejaba de los esquemas tradicionales y que ha supuesto el cambio de un Estado centralista a un sistema fuertemente descentralizado. Por otro lado, el Estatuto catalán, que entró en vigor el 1 de enero de 1980, se elaboró por la vía del art. 151.2 de la Constitución española, denominado "vía rápida", porque permitía asumir desde el principio el máximo nivel de competencias previstas en la Constitución (p. 85). El art. 1 de dicho Estatuto definía a Cataluña "como una nacionalidad", e indicaba que la "Generalitat" era "la institución en la cual se organiza políticamente el autogobierno de Cataluña" (art. 1.2). Uno de los principios en que se había de basar la organización territorial del Estado, según la Constitución de 1978, era el principio autonómico (art. 2), lo que implicaba una división del poder público entre las instancias generales, o los órganos centrales del Estado y las instancias territoriales (p. 90). Por otro lado, el art. 9.1 del Estatuto preveía que Cataluña tuviera competencias de autoorganización. Enric Fossas considera el sistema catalán como un "parlamentarismo racionalizado", en la medida en que pretendía facilitar la formación de gobiernos y asegurarse la estabilidad (p. 92). La organización institucional de la "Generalitat"no se limitaba a sus instituciones políticas de autogobierno y a su propia Administración, sino que también integraba entidades locales como elementos constitutivos de su estructura.

Carles Viver i Pi-Sunyer, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, hace un balance de los últimos veinticinco años (pp. 99-105), y destaca en este aspecto el reconocimiento que supuso la Constitución española de 1978 y el mismo Estatuto de Autonomía de 1979. Asimismo, reseña las competencias asumidas por la "Generalitat": Derecho civil, cultura, patrimonio histórico, artístico, monumental, régimen local, ordenación del territorio y urbanismo, etc. Cataluña ha recuperado de este modo elementos que configuraban su identidad propia como, por ejemplo, la lengua y también ha conseguido una destacable proyección exterior (p. 100). Pero el Estado también ha recuperado competencias importantes mediante el mecanismo sutil del criterio del "interés general" (p. 102), al tiempo que la "Generalitat" carecía de una competencia general en el ámbito de la ejecución (p. 104). Otra de las carencias, a juicio de C. Viver, ha sido la de la falta de reconocimiento de Cataluña "como una comunidad nacional diferenciada y las insuficiencias, cuantitativas y cualitativas, del sistema financiero de la "Generalitat", del cual depende en buena parte el ejercicio efectivo de las competencias legalmente reconocidas" (p. 105).

C. Viver también nos ofrece las perspectivas de futuro de la "Generalitat" (pp. 107-110). Comienza destacando las insuficiencias del autogobierno y la necesidad de hacer una "relectura de los textos constitucional y estatutario con el objetivo de conseguir cuotas más elevadas de poder" (p. 108). Por otro lado, a finales de 2001 y comienzos de 2002 cuatro de los cinco partidos con representación parlamentaria optaron por impulsar la reforma del Estatuto de autonomía de 1979. Pero en rigor, algunos de los objetivos perseguidos por estos partidos han ido más allá de una reforma estatutaria, ya que reclamaban la modificación de la Constitución española, así como de la normativa europea. Sin embargo, Carles Viver matiza que "estos límites no serán tanto jurídicos como políticos o fácticos" (p. 108). Además, la mejora del autogobierno no pasa sólo por regular mejor las relaciones con el Estado, sino también de adecuar las instituciones de la "Generalitat" a las necesidades y las posibilidades del siglo XXI.

Las numerosas ilustraciones que componen esta obra, así como un lenguaje ameno permiten al lector adentrarse de una forma sencilla en la historia del autogobierno de la "Generalitat". Finalmente, se recoge una memoria del año 2004 de los numerosos actos llevados acabo en Fundació Lluís Carulla, que ha hecho posible esta publicación (pp. 113-119).

Guillermo Hierrezuelo Conde

 

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