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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.27 Valparaíso  2005

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552005000100064 

 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXVII, 2005, 595-597

RECENSIONES Y RESEÑAS

Sainz Guerra, Juan, La evolución del Derecho penal en España (Universidad de Jaén, Jaén, 2004), 867 págs.





La presente obra es la culminación (hasta el momento) de una de las líneas de investigación de Juan Sainz Guerra, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Jaén. Aparte del interés personal en el tema, se presenta con una finalidad eminentemente práctica, como manual, como una guía tanto para profesores como para alumnos de la signatura de Historia del Derecho Penal que se oferta con carácter optativo en los nuevos Planes de Estudio de la Universidad de Jaén, en el primer curso de la carrera jurídica.

Ya en la introducción, Sainz Guerra manifiesta no solo los objetivos sino también los obstáculos (básicamente metodológicos) y las propias limitaciones de su trabajo, así como su pretensión de ir subsanándolos con la práctica docente.

Estructura su obra en un total de veintitrés capítulos que más bien constituyen lecciones, como afirma el propio autor, con la subdivisión en epígrafes propia de un programa de la asignatura. Así, comienza por conectar el derecho penal con la sociedad y nos muestra las líneas generales de su evolución para pasar, directamente, al concepto de delito y al de dolo y culpa. Realmente, se echa en falta lo que podríamos llamar una evolución externa del derecho penal, es decir, las características generales de este sector del ordenamiento jurídico en cada etapa histórica con un mayor grado de desarrollo del que nos ofrece el segundo epígrafe; así como las líneas básicas de la codificación y legislación penal especial. Igualmente, a nuestro modesto entender, el segundo capítulo, dedicado a la historiografía jurídica debía, tal vez, de haberse situado antes de entrar en el concepto de delito y en el de dolo y culpa.

Como acabamos de indicar, el segundo capítulo analiza la historiografía jurídica penal: los precursores (Covarrubias y Suárez), la Ilustración (Lardizábal y José Marcos Gutiérrez) y la ciencia jurídica penalista española en la época de la codificación (Joaquín Francisco Pacheco, el correccionalismo español en el pensamiento de Francisco Giner de los Ríos, Concepción Arenal, Luis Silvela y Rafael Salillas).

Seguidamente, se ocupa de los sujetos del delito, principalmente el delincuente y su responsabilidad y, de forma algo escueta, del denominado sujeto pasivo. Las circunstancias del delito se ubican en los dos siguientes capítulos, de un lado las eximentes (capítulo cuarto), y de otro, las agravantes y atenuantes (capítulo quinto). Lección aparte se dedica a los grados de participación en la comisión del delito (autoría, complicidad, encubrimiento, inducción y receptación), a la tentativa y frustración, a la codelincuencia y a la figura del delincuente potencial. Creemos que hubiera sido más lógico exponer este tema al hilo del delincuente. Además, descubrimos ciertos errores en el título, por un lado la receptación es el punto c) y debería ser el d) y el orden no coincide con el que aparece en el índice. Por otra parte, el epígrafe dos figuras en el índice como "la comisión del delito: a) la tentativa, b) la frustración y c) el delito consumado", mientras que al hilo de la obra se indica "la comisión del delito: a) tentativa, b) consumación y c) frustración". Sin embargo, nunca llega a desarrollar la consumación de forma independiente. Asimismo, en el índice se menciona la codelincuencia en el epígrafe tres y no vuelve a aparecer en el desarrollo del capítulo.

En la séptima lección se expone la relación entre delito y sanción desde la justificación de la pena y los criterios para su aplicación (evolución del arbitrio judicial al principio de legalidad); así como la extinción de la responsabilidad criminal por cumplimiento de la condena, muerte del reo, perdón del ofendido y derecho de gracia; sin obviar la responsabilidad civil derivada de la infracción penal. De nuevo, nos extraña que en el índice se anuncie un epígrafe tres "la responsabilidad criminal por actos cometidos por un tercero", que luego no se desarrolla en el tema, siendo totalmente omitido.

El tratamiento de las penas se inicia en el capítulo nueve donde se alude, con carácter general, al concepto de pena y a sus clases, para entrar en la tipología específica, comenzando con las corporales, entre las que sitúa la pena de muerte (aunque nosotros preferimos darle un tratamiento independiente e incluir entre las corporales las que se caracterizan por causar un daño en el cuerpo del delincuente sin llegar a ocasionarle la muerte) y las que denomina aflictivas (incluyendo aquí la marca, que podría ser, más bien, infamante). El autor continúa con las penas en el siguiente tema ocupándose de las privativas de libertad (servidumbre, cárcel, trabajos forzados, destierro y prisión por deudas), de las penas patrimoniales (confiscación de bienes y pecuniarias) y de las infamantes. Al menos, eso es lo que figura en el índice, ya que luego se refiere a la pena de infamia, que implicaría un concepto más restringido que el de pena infamante. Quizás el desarrollo de las penas en tan solo dos capítulos resulte demasiado escueto para un manual que muestra la evolución del Derecho penal; sin embargo se ve compensado porque al hilo de los delitos incide en las sanciones específicas previstas para cada uno de ellos en nuestra legislación histórica (sistema jurídico romano-visigodo, sistema jurídico altomedieval, sistema jurídico de la Recepción y sistema jurídico de la codificación).

A partir del capítulo diez aparece la tipología delictiva, aunque ya nos anunciaba desde el índice que no todos los tipos penales habían sido abarcados en el libro por problemas de espacio. Comienza J. Sainz Guerra con los delitos religiosos que conecta con la defensa de la religión católica (apostasía, herejía, blasfemia, hechicería y otros delitos análogos). Continúa con los delitos políticos a los que dedica dos capítulos, desarrollando la traición de forma independiente en el tema once, mientras que en la lección doce se ocupa de las alteraciones de orden público (la revuelta o la asonada, la rebelión y la sedición —de nuevo con diferencias en el título respecto al índice— y la asociación ilícita), los delitos contra las buenas costumbres y la diversión como delito. Seguidamente, se examinan los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones públicas: la prevaricación y el cohecho.

Dos son también los capítulos que se destinan a los delitos de falsedad, de un lado la falsificación de moneda y en lección aparte, la falsificación de documentos (regios, papales y privados) y la de pesas y medidas.

Los delitos contra la Administración de Justicia son el objetivo del capítulo dieciséis, en particular, la acusación y denuncia falsas, el perjurio y el falso testimonio y el quebrantamiento de condena.

Una única lección se dedica al homicidio, encabezando el desarrollo de los delitos corporales y englobando el asesinato, el parricidio y el infanticidio; pasando en el capítulo dieciocho a analizar otros delitos corporales, de un lado el aborto y, de otro, la castración, mutilación y lesiones que se incluyen en un solo epígrafe, a diferencia del índice donde se ubican en epígrafes independientes.

Los delitos contra la honestidad también se examinan en dos capítulos. En el primero, se desarrolla el rapto, la violación y el adulterio y en el segundo, el estupro, el incesto, el amancebamiento, la bigamia, la sodomía, la prostitución y el rufianismo. Por su parte, los delitos contra el honor son el núcleo central de la lección veintiuno donde, otra vez, descubrimos diferencias significativas respecto al índice. Así, en éste, aparece la injuria y la calumnia en epígrafes independientes, mientras que en el texto figura "el delito de injurias y el de calumnia" en un único epígrafe, añadiéndose otro que no se menciona en el índice: "otros delitos contra el honor".

Concluye J. Sainz Guerra con dos capítulos relativos a los delitos patrimoniales, uno para el hurto y el robo (que se exponen en el mismo epígrafe cuando en el índice se anunciaban dos) y otro para el delito de daños (incendio y otros estragos), el alzamiento de bienes y la usura.

Podemos finalizar felicitando al autor por habernos ofrecido una panorámica bastante general, a la vez que completa, de los rasgos básicos de la evolución del derecho penal en España, aunque, tal vez, el resultado sea demasiado extenso para el fin manualístico que Sainz Guerra se propone en la introducción. Recoge una adecuada selección bibliográfica y es de agradecer el recurso a la literatura no jurídica que resulta aclaratorio y al mismo tiempo ameniza la lectura. Asimismo, destaca la utilización de fuentes normativas, lo cual no suele ser frecuente en los manuales. Tan solo recomendamos una revisión del índice y un ajuste del mismo al contenido del texto ya que, en ocasiones, puede inducir a confusión y ocasionar dificultades al lector. Son simplemente aspectos formales. De otra parte, hemos echado en falta un tratamiento independiente y algo más extenso de la venganza privada y de la paz y tregua por la trascendental importancia que dichas instituciones tuvieron en el derecho penal, sobre todo medieval. En cualquier caso, se trata, sin duda, de un ambicioso proyecto que viene a cubrir una importante laguna en este particular sector del ordenamiento jurídico histórico.

Patricia Zambrana Moral

 

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