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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.27 Valparaíso  2005

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552005000100065 

 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXVII, 2005, 597-601

RECENSIONES Y RESEÑAS

Sánchez de Movellán Torent, Isabel, La Diputació del General de Catalunya (1413 - 1479) (Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2004), 577 págs.





Este libro, que estudia la "Generalitat" en el siglo XV, en el periodo comprendido entre 1413 y 1479, se centra en el análisis de los tres reinados de esa época: Fernando I _de la dinastía castellana de los Trastámaras, reinó durante tan sólo tres años: 1413 - 1416_; Alfonso el Magnánimo _que reinó entre 1416 y 1458 y delegó en numerosas ocasiones sus poderes_ y Juan II de Aragón (1458 - 1479). Los hechos acaecidos en ese periodo influyeron en el mismo funcionamiento del gobierno de la Corona de Aragón y también se reflejaron en el Principado catalán. El pensamiento político y moral de esa época se caracterizó por el apogeo de un humanismo catalán, y quedó reflejado en los escritos de algunos jurisconsultos del momento, que trataron de una manera general el Derecho público catalán, comentaron también su Derecho propio (los Usatges y las Constitucions) y expresaron las ideas morales, filo sóficas y jurídicas: Felip de Malla (1380? - 1431) o Jaume Callís (1367/1369 - 1434), entre otros. La sociedad catalana se encontraba dividida en diversos estratos sociales o estamentos. Formaban parte de los estamentos más privilegiados los nobles y militares y una parte de los eclesiásticos. De hecho, la alta jerarquía eclesiástica integraba el primero de ellos en dignidad y preferencia en el ceremonial de la Corte. Por otro lado, la alta nobleza y la alta jerarquía eclesiástica poseían una gran parte del territorio de Cataluña, si bien a mediados del siglo XV muchas de estas jurisdicciones de naturaleza feudal pasaron a dominio real. El nobiliario y militar, agrupados en una misma capa social, estaban formados por todos los caballeros y doncellas pertenecientes a la nobleza de sangre, ya fuesen con títulos que les acreditaban como condes o vizcondes o, simplemente, como nobles sin título. Los ciudadanos conformaban el tercer estamento social y parlamentario. El conjunto de circunstancias sociales, económicas y políticas analizadas se convirtieron en los ingredientes que provocaron el estallido de la Guerra civil catalana de los años 1462 - 1472, que enfrentaron al Principado con su propio monarca reinante, Juan II, y que llevó al país a una gran crisis. La Diputación cumplía una de las funciones que tenía asignadas desde 1413: la observancia y el cumplimiento del Derecho catalán. El protagonismo de la Diputación, el brazo político del Principado, se reunió en un Consejo con los representantes de la ciudad durante los diez años de la guerra (p. 39). A la muerte de Juan II, Fernando el católico, hijo y sucesor de aquél, intentó consolidar su poder para evitar que las instituciones de Cataluña estuvieran por encima del Rey. Por este motivo, reformó la justicia, la Audiencia Real e implantó el sistema insaculatorio en las elecciones de los oficiales de la Diputación. Conjuntamente con la Corona había dos instituciones que también tenían un papel relevante en la dirección de los asuntos políticos del Principado de Cataluña. Estas instituciones eran las Cortes Generales del Principado y el Consell de Cent (órgano rector del municipio de Barcelona) (pp. 47 - 53).

A partir del siglo XV la Diputación del General de Cataluña comenzó a reunir al Rey con el organismo que representaba a los tres estamentos o brazos del Principado: el eclesiástico, el militar o el noble, y el real. En realidad, estos tres estamentos o brazos analizados aisladamente, sin la reunión con el Rey, no podían considerarse una institución jurídica propiamente dicha, sino una parte del todo. Diferente fue el caso del órgano delegado que crearon las Cortes Generales, la Diputación del General del Principado de Cataluña, una institución que gozaba de entidad jurídica propia e independiente, ya que su naturaleza consistía, en la época estudiada, en representar, de un lado, al General, y de otra parte, a los tres estamentos de Cortes, cuando no se habían reunido con el Rey. La Corte condal estaba formada por los nobles y eclesiásticos que eran los miembros más relevantes de la jerarquía feudal dominante, que otorgaban juramento al conde. Sánchez de Movellán considera que las asambleas celebradas los años 1214 ó 1218 podían considerarse como las primeras convocatorias de carácter general. La asistencia a la Corte General era, por otro lado, obligada, en la medida en que los convocados tenían el derecho y el deber de asistir en virtud de la relación de vasallaje que les unía con el señor.

Durante la alta edad media, la Curia o Corte era convocada por el príncipe, de una manera similar a como se habían hecho las antiguas asambleas condales. Pero en la baja edad media, concretamente a finales del siglo XIII (1283) cambió esta práctica, ya que se estableció la convocatoria real de celebraciones curiales de carácter anual. Pero la realidad política del Principado demostraba que la Corte era convoca da cuando el monarca necesitaba urgentemente un ajuste económico o asesoramiento, casi siempre político o militar. La celebración de las Cortes provocó, según señala Sánchez de Movellán Torent, un fenómeno social ya que diversas ciudades y villas catalanes demandaron la celebración de las mismas en sus respectivos municipios, en la medida en que proporcionaba numerosas ventajas económicas y daba renombre a las localidades (p. 70). En términos generales, el funcionamiento de las Cortes Generales contenía los cuatro elementos siguientes: el discurso de apertura de las Cortes, leído o no por el Rey; la reparación de los agravios cometidos por el Rey y sus oficiales; la solicitud del Rey de una ayuda o donativo a las Cortes, y, en algunas ocasiones, la aprobación de la legislación elaborada entre el Rey y los brazos (pp. 75 - 97).

El origen de la Diputación del General de Cataluña _Diputación del General o también llamada Generalitat_ habría que buscarlo a finales del siglo XIII, concretamente en los años 1288 y 1289, en los cuales aparecieron las primeras comisiones nombradas por las Cortes con la función de recabar el donativo real. A finales del siglo XIV ya se habían definido los elementos integradores de la Diputación: era un organismo con un cierto carácter de permanencia, encargado de recabar y administrar unos tributos propios. Se trataba, según señala Isabel Sánchez de Movellán de "una institución eminentemente económica, pero dependiente todavía de las Cortes Generales" (p. 105). Esta situación de dependencia de las Cortes Generales pervivió hasta principios del siglo XV y, más concretamente, hasta el otorgamiento del privilegio real de 3 de mayo de 1410. La normativa de 1413 establecía las bases de toda la ordenación normativa de la Diputación del General para el futuro, si bien diversas disposiciones aprobadas en las Cortes Generales modificaron puntos concretos de la normativa de 1413: 1420 - 1423, 1424, 1433, 1452 y 1455 (pp. 110 - 120). Las Ordenanzas aprobadas por la Diputación tenían únicamente una función reglamentaria de las disposiciones generales aprobadas en Cortes. El Llibre dels Quatres Senyals se presentaba como una recopilación de todas las normas reguladoras de la Diputación del General. Se supone que fue una recopilación elaborada por la misma Diputación y que comenzó durante el siglo XV (pp. 125 - 128). Sánchez de Movellán Torent nos ofrece un análisis de la primera recopilación (manuscrita, 1413 - 1422), la segunda y primera impresa (1495), así como de las dos compilaciones posteriores (1588 - 1589 y 1704) (pp. 129 - 138).

La Diputación del General estaba integrada por todo un séquito de oficiales: los del General, que ejercían y desarrollaban individualmente el oficio que tenían asignado en este órgano. La labor burocrática desarrollada en este órgano desde sus orígenes en 1359 hasta su ocaso a principios del siglo XVIII fue cambiando con el transcurso del tiempo. En el año 1413, durante el transcurso de las Cortes reunidas en Barcelona, se fueron promulgando un conjunto de normas que debían regir la Diputación del General en todo el siglo XV. Con la reglamentación de 1413 se promulgó la institucionalización definitiva de los diputados, como los oficiales de la Diputación, que eran elegidos por un término de un trienio entre catalanes que habían de residir en Barcelona, ya que era esta ciudad donde normalmente radicaba el consistorio. En 1455 se modificó el sistema de elección de los futuros diputados y se instauró un sistema mixto entre el electivo o de cooptación y el nuevo, el insaculatorio (pp. 159 - 163). Los diputados gozaban de una serie de derechos y prerrogativas como consecuencia de su cargo, pero también estaban sujetos a una serie de prohibiciones (pp. 169 - 180).

Los diputados del General recibían asesoramiento continuo de los dos abogados del General: uno de ellos tenía las funciones de abogado de las causas que se presentaban ante el consistorio cuando éste hacía las veces de Tribunal, y el otro ejercía de asesor juzgando estas causas (p. 181). Por otro lado, estaban los notarios o escribanos del General, que se rodeaban de unos ayudantes, y que eran los oficiales encargados de transcribir y registrar todas las actuaciones de la "Generalitat" (pp. 192 - 206). Cada trienio se renovaba el nombre de los dos abogados o asesores de la Diputación, y no podían volver a ser elegidos hasta que no pasasen al menos dos trienios desde que acabaron el ejercicio de su cargo. Los abogados del General estaban sujetos asimismo a unas obligaciones y prohibiciones e incompatibilidades derivadas de su cargo (pp. 191 - 192). Los diputados locales actuaban de manera delegada de los diputados principales o generales, los cuales tenían asignadas desde 1413 la representación de la Diputación del General en todo el Principado (pp. 215 - 225). Igualmente, el nombramiento tenía validez durante un trienio y no podían volver a ser elegidos en el trienio siguiente. Los síndicos o procuradores del General (pp. 225 - 229) eran designados por los diputados del General. Además existían unos oficiales encargados de la recaudación de las "generalitats", que eran nuevas formas tributarias que se normativizaron en las Cortes celebradas en Monzón, entre los años 1362 y 1363, donde se aprobaron unos capítulos que las definían como el tributo fundamental del nuevo sistema de recaudación: el defensor de las "generalitats", el exigidor de las deudas de las "generalitats" y los cobradores del impuesto. Todos ellos habían de prestar juramento de servir lealmente en su oficio y siempre tenían la posibilidad de renuncia a su cargo (pp. 231 - 261).

Con el nombre de "donativo" se hacía referencia a las contribuciones a fondo perdido que los estamentos hacían a favor del erario real para finalidades específicas (p. 277). El donativo real podía consistir en subvenciones o ayudas, así como en préstamos demandados por el Rey al General, que estaban sometidos a un interés específico y existía la obligación de devolver el dinero en un término determinado; si bien en la práctica habitual no eran devueltos. Por este motivo, Isabel Sánchez de Movellán incluye a esta última categoría como donativos (pp. 277 - 278). Las formas más comunes de adjudicación de los derechos del General eran: la venta o arrendamiento a los particulares, así como la encomendación (pp. 298 - 313). El sistema tributario y las "generalitats" _los derechos del sello de plomo y de cera, así como el derecho de entradas y salidas_ también son comentados por el autor (pp. 314 - 338). Otros derechos del General estaban representados en la guarda y custodia de los esclavos, que se caracterizaba porque no se presentaba fácil encontrar una institución jurídica semejante, y que era pagado por el propietario del esclavo a la Diputación, en virtud del cual se le garantizaba que en caso de que se produjera su fuga y no fuera capturado en el periodo previsto, la Generalitat le compensaría económicamente (pp. 344 - 353); pero también se impusieron nuevos tributos a la sal o al cáñamo, entre otros (pp. 358 - 359).

Las instituciones jurídicas para la administración de la Justicia estaban representadas en la Audiencia Real y el Consejo Real, cuya reglamentación empezó a configurarse en el Ordenamiento de Huesca de 1286 y, posteriormente, en las Ordenanzas de 1344 (pp. 422 - 440). Los oficiales de la Audiencia Real estaban presentes en la figura del canciller, vicecanciller y regente de la cancillería, el abogado fiscal y el procurador fiscal, el consejo de la Audiencia, etc.

Este libro se inscribe en el proyecto de investigación "Historia de una institución jurídica: la monarquía de la Corona de Aragón", dirigido por Tomàs de Montagut i Estraguès (prologuista del presente libro) y financiado por la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, Dirección General de Enseñanza Superior del MEC, proyecto PB96 - 0284. Al final de la obra se incluye un extenso apéndice documental y bibliográfico (pp. 477 - 567). Este trabajo mereció el Premio Próspero de Bofarull del Institut d'Estudis Catalans.

Guillermo Hierrezuelo Conde

 

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