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 número27Sánchez de Movellán Torent, Isabel, La Diputació del General de Catalunya (1413 - 1479) (Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2004), 577 págs.Serra Puig, Eva (coord.), Cort General de Montsó (1585): Motsó - Binèfar. Procés del protonotari. Textos jurídics catalans. Lleis i costums II/6 (Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia i Interior, Barcelona, 2001), 281 págs índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.27 Valparaíso  2005

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552005000100066 

 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXVII, 2005, 601-604

RECENSIONES Y RESEÑAS

Sánchez González, María de los Dolores del Mar, La codificación penal en España: los códigos de 1848 y 1850 (Boletín Oficial del Estado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004), 453 págs.





El Código penal español de 1848, con sus 494 artículos, ha sido uno de los textos jurídicos criminales que más ha prolongado su aplicación en el tiempo. De hecho, su precedente de 1822 tuvo dudosa o casi nula vigencia, por lo que se siguieron aplicando la VIIª Partida, la Nueva Recopilación de 1567 y la Novísima Recopilación de 1804 (libro XII), que no contemplaba disposición derogatoria expresa alguna a la anterior Recopilación. Este nuevo Código penal surgió como derogación del anterior de 1822 y tras la vuelta al régimen absolutista de Fernando VII, el Deseado.

Como señala la profesora doctora María de los Dolores del Mar Sánchez González, las críticas a la tramitación del Código de 1848 se centran básicamente en dos aspectos: en primer lugar, la presentación del proyecto de ley de autorización impedía a las Cámaras el debate sobre el articulado, y en segundo lugar, que no se hubiese consultado antes de la elaboración del texto con las Universidades, Tribunales y otros especialistas en la materia (p. 75). Pero esta última deficiencia fue subsanada ya que por R. O. de 27 de abril de 1848 se envió el Código, antes de la entrada en vigor de la ley, a los Regentes de las Audiencias y se solicitó la formulación de observaciones (pp. 152 - 171). En numerosas intervenciones de los debates parlamentarios, como la del conde de Fabraquer en el Congreso el 10 de marzo de 1848, se arguyó que quizá hubiese sido mejor y más necesario proceder a una reglamentación del Código civil, antes que penal. Ya antes de la entrada en vigor de la ley se realizaron frecuentes consultas de las distintas Audiencias, como la de Albacete, así como a personalidades como alcaldes y jueces (pp. 177 - 195).

Uno de los apartados más conflictivos de las disposiciones generales del Código de 1848 fue la introducción del principio de legalidad, así como la distinción bipartita en la clasificación entre delitos y faltas (pp. 100 - 104); de forma que si era delito se castigaba con pena aflictiva o correccional y si se trataba de una falta con penas leves, como el arresto menor y la caución o multa, pero sin mediar cualquier otro tipo de definición. De esta forma, se evitaba cualquier posible confusión con los cuasi-delitos, como sucedía en el proyecto de 1834. Pero dentro de las circunstancias eximentes de responsabilidad contempladas en el art. 8 los supuestos más conflictivos estaban recogidos en los apartados dedicados a la locura o demencia, salvo si obrase en intervalo lúcido _cuestión muy controvertida en los debates del Congreso_, y la menor edad, refiriéndose al menor de 9 años, así como al mayor de 9 años y menor de 15 que obrase sin discernimiento (pp. 104 - 110). El caso de la embriaguez (pp. 111 - 113), supuesto contemplado dentro de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad, estaba regulada en el art. 9 y planteaba numerosos interrogantes, en la medida en que tan solo estaba considerada como circunstancia atenuante en ciertos casos, para evitar que el ebrio creara para sí mismo esa situación. No menos conflictiva se planteaba la regulación de las formas de comisión y los grados de participación en el delito (pp. 113 - 124), ya que los delitos consumado, frustrado y la tentativa estaban penadas (art. 3), pero respecto de la conspiración y proposición para delinquir, tan sólo aparecía reconocida en algunos casos y las faltas solo se castigaban en el supuesto de que éstas fueran consumadas. En cuanto a las formas de participación en el delito, el Código que comentamos castigaba tanto al autor, al cómplice, como al encubridor (art. 11 y 13 - 14). El Código distinguía en el art. 126 (pp. 124 - 136) entre penas aflictivas y correccionales, si bien se recogían otras clasificaciones de penas, como leves (arresto menor), penas comunes y penas accesorias; divisibles e indivisibles; simples y compuestas; corporales y no corporales.

También encontramos algunos aspectos novedosos y otros conflictivos en la regulación de determinados delitos: los delitos políticos y la pena de muerte (pp. 136 - 142), los delitos religiosos (pp. 142 - 144) y la omisión de algunos delitos (p. 144). La pena de muerte estaba admitida en los casos contemplados, y siempre que se utilizara el garrote y sobre un tablado (art. 89). Por otro lado, la concepción que de los delitos políticos aparecía recogida en el Código de 1848 era diametralmente opuesta a la vigente hasta entonces, ya que sólo tenían tal consideración la rebelión y la sedición, quedando excluida de tal categoría la traición. A pesar de ello, en el Código de 1848 se suprimió un buen número de conductas que en épocas anteriores habían sido tipificadas, como los daños causados por el ganado, la ausencia del hurto doméstico, el uso de armas prohibidas, la fuga de presos, etc.

Debido a la publicación del texto jurídico objeto de estudio, numerosos comentaristas de la época hicieron valoraciones al nuevo código. De este modo, Joaquín Francisco Pacheco en su obra El Código penal concordado y comentado (1848), señalaba la singular importancia de las leyes penales y la necesidad de la justicia criminal, así como que la ley criminal tenía que adecuarse a la evolución de las sociedades (pp. 198 - 199). Algunos vocales de la Comisión de Códigos como José de Castro Orozco y Manuel Ortiz de Zúñiga, que publicaron ese mismo año tres volúmenes del Código penal explicado para la común inteligencia y fácil explicación de sus disposiciones, lo calificaron de "verdadera revolución" (p. 200).

Con posterioridad a las modificaciones introducidas por el Gobierno, tuvieron lugar otros cambios contemplados en el R. D. de 21 de septiembre de 1848 (pp. 237 - 266), que en su exposición de motivos manifestaba que era debido a las "incoherencias entre unos y otros artículos". Algunas de las nuevas modificaciones fueron las siguientes: el art. 47 referente a las costas procesales, pero se excluían de las mismas las producidas por los promotores, abogados y procuradores, sin que en ninguno de los informes se mencionase la necesidad de hacer esta excepción que fue sugerida por la Comisión; se adicionó también el apartado segundo del art. 224, que ampliaba los supuestos sobre falsificación de pasaportes, al observarse la posibilidad de realizar alteraciones de dicho documento por otros medios no señalados hasta entonces. Se modificó asimismo el último apartado del art. 334 para ampliar las circunstancias contempladas, y el art. 423 donde se penalizaba además el robo sin armas en lugar deshabitado, supuesto que no se encontraba tipificado en el antiguo Código. Pero una de las correcciones más importantes llevadas a cabo por el Gobierno fue la reestructuración de todo lo concerniente a las faltas; de este modo, los títulos I y II del libro de faltas se redujeron _como señala María Dolores del Mar Sánchez González_ a uno, y se introdujeron tres artículos nuevos (arts. 470 - 472), "mediante el trasvase de algún supuesto y la consiguiente tipificación de otros nuevos, además de que también sufren variaciones las cuantías de las penas asignadas a los supuestos trasladados" (p. 241). El art. 3 de la Ley de autorizaciones, por la que se ponía en marcha el nuevo texto, autorizaba al Gobierno a realizar las mejoras urgentes que fuesen necesarias con la única condición de dar cuenta a las Cortes tan pronto como fuera posible. Fruto de ello fueron los Reales Decretos de 21 y 22 de septiembre de 1848.

La transformación del Código de 1848 en el de 1850 (pp. 267 - 309) surgió a raíz del primero de los informes elaborado por la Audiencia de Canarias el 3 de enero de 1849, que señalaba la dificultad de aplicación del primero de los textos cuando se carecía de otro de procedimientos. De hecho, solicitaba la modificación de aquellos artículos más problemáticos como el art. 47; la modificación de la prisión correccional por vía de apremio mencionada en el art. 49; así como los arts. 181, 222, 338, 350, 356, 415 y 423, entre otros. La aplicación del texto del 48 llegó, en realidad, a alcanzar tintes dramáticos, hasta el punto de que el fiscal de la Audiencia de Mallorca sugirió el 31 de enero de 1849 que se proveyera, ante la dificultad que había existido para la consecución de los mismos, de más ejemplares del Código a alcaldes, tenientes y síndicos. Sánchez González, al comentar el tercer informe de la Audiencia de Valencia, de 24 de marzo de 1849, destaca que "considera insuficientes las reglas dadas por los artículos 61, 62 y 66 para aplicar la pena en los casos de tentativa y delitos frustrados" (p. 270). Asimismo, solicita la aclaración de la circunstancia sexta del art. 10, que establecía como agravante obrar con premeditación conocida, con el fin de evitar dudas y malinterpretaciones posibles. Otros informes estudiados por Sánchez González son: el de la Audiencia de Pamplona de 2 de julio de 1849, el de la Audiencia de Oviedo, emitido tan sólo tres días más tarde, etc. (pp. 271 - 281). Sánchez González también se refiere a las consultas específicas sobre aspectos relacionados con el Código de 1848, en materias referentes a las atribuciones de las autoridades administrativas, como los jefes políticos, los Ministros de Gobernación, etc., así como el cumplimiento de las condenas (pp. 281 - 287).

Mediante el Real Decreto de 7 de junio de 1850 (pp. 288 - 294) se llevó a cabo una reforma en profundidad, ya que modificaba distintas disposiciones del Código penal. La Dra. Sánchez González llega a la conclusión de que "tan sólo quince de los artículos modificados por este Decreto tienen su fundamentación directa o indirecta en las observaciones e informes enviados por Audiencias, fiscales y tribunales" (p. 288). Algunas de las modificaciones introducidas por este R. D. fueron las siguientes: en el art. 2 se incorporó un párrafo en el que se señalaba la obligación de los tribunales de comunicar al Gobierno los supuestos en que la aplicación del Código resultase excesiva una pena, habida cuenta de las circunstancias aplicables al caso. Con la nueva redacción del art. 4 se consideraban punibles la conspiración y la proposición para delinquir. Por otro lado, entre las circunstancias atenuantes del art. 9 se pretendía determinar la condición de habitualidad de embriaguez, y el art. 52.1 eximía de la pena de argolla al correo pariente de un sentenciado a muerte, cuando reuniera los requisitos de ser mayor de 60 años o mujer. Mediante el R. D. de 8 de junio de 1850 se hacía una serie de reformas y adiciones en la ley provisional dictada para la ejecución del Código penal (pp. 294 - 298): el art. 2 añadía un párrafo a la regla 3ª. para que los alcaldes y tenientes de alcalde no admitieran ningún tipo de escritos, ni autorizasen informes orales de los letrados en los juicios verbales de faltas, a excepción del acta del juicio; mientras que el art. 3 incluía a partir de la regla 21ª., veintisiete nuevas disposiciones.

El R. D. de 29 de junio de 1850, que publicaba la edición reformada del texto, refundía el Código penal y la ley provisional para su ejecución y rectificaba el articulado, declaraba como única oficial y legal esta nueva norma. Pero como entiende Sánchez González, "sin que haya un decreto que lo autorice, sin ninguna disposición que lo avale, el gobierno aprovecha la publicación para realizar una reforma en el capítulo III, que supone la inclusión de dos supuestos nuevos _los atentados contra la autoridad y el desacato_ y la consiguiente alteración esencial en el articulado debida a la reordenación del mismo" (pp. 299 - 300). Por otro lado, "el Código de 1850 en puridad no puede considerarse el mismo Código que el de 1848 ya que en esos dos años ha sido profusamente modificado por el gobierno mediante decretos (en esencia el fondo es el mismo, pero más de una quinta parte del articulado _más de cien artículos_ sufre modificaciones, algunas sustanciales como el endurecimiento de determinadas penas relativas a delitos políticos)" (p. 332). El nuevo texto recibió numerosas críticas no sólo por parte de la doctrina penalista de la época, como Manuel Ortiz de Zúñiga (personaje tan documentadamente estudiado por José Calvo González en el Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, vol. II, tomo I), Antonio Corzo, Pedro Carrillo y Sánchez, entre otros (pp. 312 - 319), sino también de la prensa jurídica (pp. 319 - 330).

Sánchez González realiza en esta monografía, publicada por la editorial del Boletín Oficial del Estado y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, un estudio crítico y sistemático de cómo se gestó el Código de 1848, su problemática y el proceso de transformación en el de 1850, y llega a la conclusión bastante acertada de que "las cosas hubiesen sido distintas si antes de realizar cualquier reforma en la legislación se hubiese adaptado primero la Administración de justicia al constitucionalismo" (p. 332). La obra ofrece un extenso apéndice documental que es prueba manifiesta de las fuentes documentales que, con el rigor propio de un jurista de primerísimo relieve, ha manejado la prof. Sánchez González (pp. 335 - 453). Este apéndice consta de disposiciones legales que afectan a la materia penal; cuadros comparativos con las modificaciones introducidas por el Senado en el Código penal de 1848; las modificaciones introducidas por los RR. DD. de 21 de septiembre de 1848 y 7 y 29 de junio de 1850; y un cuadro final con los artículos modificados en las distintas reformas llevadas a cabo. No falta, por supuesto, la amplia bibliografía manejada y utilizada por la autora que con esta obra se consagra como una especialista de primera magnitud en el estudio del Derecho penal histórico de España.

Guillermo Hierrezuelo Conde

 

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