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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.27 Valparaíso  2005

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552005000100068 

 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXVII, 2005, 606-610

RECENSIONES Y RESEÑAS

Serrano Daura, Josep (coord.), Actes de la 6ª Jornada d'Estudis locals. La guerra de successió i Catalunya (Bot, Terra Alta, 2004), 154 págs.





Esta obra, que recoge las conferencias impartidas en la sexta jornada organizada por el área de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universitat Internacional de Catalunya, con sede en Barcelona, y celebrada en la localidad de Bot, hace un planteamiento histórico-jurídico de la guerra de sucesión en Cataluña, que tuvo lugar en los primeros años del siglo XVIII.

La primera ponencia, impartida por Vicenç Subirats i Mulet (pp. 21 - 39), jurista e historiador, estudia la comanda de Orta y la Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña establecida por su Majestad con Decreto, dictado por Felipe V, el 16 de enero de 1716, que abolió todo el Derecho público catalán y las diversas instituciones, así como la anulación de las diferentes administraciones: general, territorial y local. Con esta norma se establecía que la voluntad real se presentaba como la suprema instancia, la cual sería auxiliada por la Real Audiencia, presidida por el Capitán General o Comandante General del Ejército del Rey, que constituía el eje vertebral de aquel sistema centralizado. En la administración territorial, la antigua división del territorio del Principado en las diferentes veguerías, quedó modificada por los corregimientos, al frente de los cuales estaba el corregidor, que era como un auxiliar del capitán general dentro del territorio del corregimiento. Buena parte del territorio del corregimiento de Tortosa, de los de Orta hasta Miravet y otras villas, estuvieron sometidos a las fuerzas felipistas durante el año 1706. Y, finalmente, al frente de las ciudades, villas y localidades había un batlle, que nombraba la Real Audiencia cada dos años. Subirats i Mulet se refiere a la obligación impuesta por el régimen absolutista de sustanciar las causas en la Real Audiencia en lengua castellana. Analiza también las repercusiones que tuvo en la comanda de Orta y la villa de Bot (pp. 30 - 35). La villa de Orta era de jurisdicción señorial, y los jurados eran nombrados por todos los miembros del consejo, sin tener el barón más protagonismo que el de recibirles juramento por medio del bayle. La villa de Bot, cuya extensión cubría tan sólo un área de 34,70 km2 y se encontraba protegida por unas murallas con diferentes puertas, también pertenecía a la jurisdicción señorial, y por constar de sesenta casas le correspondía tener tres regidores con nombramiento de la Real Audiencia.

Asimismo se recogen parte de las Actas (los trabajos no publicados) de la 5ª jornada de Estudios locales de Bot (pp. 41 - 94), celebrada el 26 de octubre de 2002, y dedicadas a la figura y obra de Joan Amades i Gelats, nacido el 23 de julio de 1890 en Barcelona. La primera ponencia (pp. 51 - 59), presentada por Sixto Sánchez-Lauro, profesor titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Barcelona, se refiere a la corona de Aragón y la monarquía borbónica. Parte del origen de la Corona de Aragón como concepto e institución para luego abordar la Guerra de Sucesión al trono y la extinción de la Corona de Aragón, como consecuencia de dicha guerra y los diferentes Decretos de Nueva Planta de 1707, 1711, 1715, 1716 y 1717. El sistema sucesorio agnaticio o semiagnaticio excluía a la mujer del gobierno regio en los territorios pirenaicos. Ramiro II encomendó, aunque conservó nominalmente el título de rey de forma vitalicia, a Ramón Berenguer IV el gobierno y jurisdicción (principatum et ius) sobre los aragoneses, reservando para su hija Petronila el señorío o dominio (dominatum) del reino. Sánchez-Lauro concluye que "la Corona de Aragón se nos presenta en la Baja Edad Media como una forma política pluralista, caracterizada por la existencia de cuatro centros de poder, Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca. Cada uno tiene sus propias instituciones jurídico-públicas y su propio sistema jurídico" (p. 53). Aunque, sí existía una coordinación de carácter político, representada en la persona del rey, conde o señor, que posibilitaba la integración de la Corona y sus órganos de gobierno. Después de estos avatares, a comienzos del siglo XV se produjo, tras la muerte de Martín I en 1410 sin sucesión, un cambio en la corona de Aragón. En las últimas décadas del siglo XV se llevó a cabo la unión política de la Corona de Aragón con los reinos de Castilla y León, iniciada con el matrimonio de los herederos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, en 1469 y consumada en 1479 con el fallecimiento de Juan II. Posteriormente, Carlos I consolidó la integración de la Corona de Aragón en la Monarquía católica, aunque conservó su personalidad. Pero, tras numerosos avatares en los siglos posteriores, "la Corona de Aragón recupera la normalidad política e institucional en la segunda mitad del siglo XVII, volviendo a reafirmarse la Monarquía Universal en estos territorios" (p. 55). Tras la muerte sin sucesión directa de Carlos II de Austria, en 1700, comenzó lo que se conoce como Guerra de sucesión al trono de España, a pesar de la existencia de un testamento que nombraba como heredero en primer lugar al borbón Felipe de Anjou. Hacia 1704 - 1705 la corona de Aragón aceptó continuar en el camino común, pero el establecido por Carlos III de Austria en lugar del configurado por Felipe V, si bien seguía defendiendo el acceso de un determinado rey a la monarquía hispánica, que hiciera un reconocimiento más amplio del pluralismo tradicional. El resto de los territorios de la península, sin embargo, mantuvo su fidelidad y apoyo a Felipe V. Pero en 1707 las tropas borbónicas conquistaron los reinos de Valencia y Aragón, y Felipe V dictó un Decreto de supresión de fueros, que suprimía las instituciones públicas y el Derecho propio de Aragón y Valencia, e imponía el régimen de gobierno y sistema jurídico de Castilla. Cuatro años más tarde, Felipe V publicó un Decreto en el que establecía un nuevo gobierno de Aragón y una nueva organización o planta de su Real Audiencia de Zaragoza, que reducía, entre otras importantes reformas, la autonomía de la Audiencia, que pasaba a ser un órgano provincial de la Monarquía hispana. De hecho, en Valencia desapareció todo su ordenamiento tradicional, mientras que en Aragón sólo subsistió en el aspecto civil. En Cataluña y Mallorca Felipe V obró con más prudencia que en Valencia y Aragón, aunque el afán destructor de las instituciones públicas produjo también la falta de producción de un Derecho propio basado en la tradición nacional de esos reinos.

Josep Maria Mas i Solench, presidente de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, estudia el Derecho civil catalán, antes y después del Decreto de Nueva Planta (pp. 61 - 75). La práctica cotidiana se recopiló entre los siglos XI y XII en el texto Usatges de Barcelona, reconocido por Jaime I, el conquistador. Sobre el proceso de elaboración de los Usatges están abiertas muchas incertidumbres que no han cerrado los trabajos de Carlo Guido Mor, Guillem Maria de Brocà i Montagut, Ferran Valls i Taberner, Ramon d'Abadal i de Vinyals, Josep Maria Font i Rius, Joan Bastardes Parera, Manuel J. Peláez, Frederic Udina Martorell, Aquilino Iglesia Ferreirós, Tomàs de Montagut, etc. En las cortes celebradas en Monzón, en el año 1553, se manifestó la necesidad de realizar una nueva compilación, que se concretó en las cortes posteriores de 1564, celebradas en Barcelona, y las de Monzón, de 1588. Finalmente, apareció impreso un nuevo texto los años 1588 - 1589, en tres volúmenes, con el título de "Constitucions i altres drets de Cathalunya". En 1701 - 1702 se acordó una nueva impresión, que se publicó en 1704, de la compilación anterior de 1588 - 1589, añadiendo las disposiciones aprobadas y promulgadas con posterioridad. De modo que, en palabras de Josep M. Mas i Solench, para conocer el Derecho civil de esta época hay que acudir a las compilaciones anteriores y a la doctrina de los estudiosos de la materia (p. 63). Todas estas compilaciones estaban divididas según la tradicional división en Derecho: de las personas, de la familia, de la propiedad, de las sucesiones y de los contratos (pp. 64 - 68). Mas Solench afirma que "en realidad éstas _refiriéndose a las Cortes reunidas por el monarca el 14 de enero de 1702_ fueron las primeras cortes celebradas después de las de 1599 [...] ya que las intermedias de 1626 y 1632 no fueron clausuradas y, por tanto, no aprobaron textos legales" (p. 68). Dos años después de celebradas las cortes en 1704, apareció una nueva edición de las "Constitucions i altres drets de Catalunya", considerada como la tercera compilación. El 16 de enero de 1716, Felipe V al promulgar el citado decreto, establecía que en el Principado se formase una Audiencia en la cual presidiese el Capitán General o Comandante General. También queremos hacer alguna mención al siglo pasado, cuando en 1960 se promulgó la "Compilació de Dret civil especial de Catalunya", que recopiló, con las dificultades del momento, una buena parte del Derecho catalán, aunque no en su totalidad; pero un avance mayor representó el Estatuto catalán de 1979, que permitió la constitución del Parlament de Catalunya, y el restablecimiento de la Generalitat.

Víctor Ferro i Pomà, profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Pompeu Fabra, estudia el tema de la Guerra de sucesión y un hecho tan relevante como el 11 de septiembre de 1714, en las localidades de Barcelona y Bot (pp. 77 - 82). La Guerra de sucesión en la comarca de la Terra Alta y, concretamente, en Bot, fue recibida con un descontento general hacia el régimen señorial, en la medida en que era poco generoso y cometía múltiples abusos y extralimitaciones. Sin embargo, las autoridades de la ciudad de Barcelona continuaron resistiendo y crearon "las condiciones que hicieron posible la gesta del 11 de septiembre", y la recuperación borbónica desde las tierras del Ebro hasta Almansa (p. 78). Quizá fuera porque Barcelona se presentaba como la antigua residencia de los soberanos de la Corona y de sus principales autoridades judiciales y administrativas del país.

En los Anexos se recogen las primeras jornadas de Estudios locales, organizadas en 1998 también por el Ayuntamiento de Bot y la Universitat Internacional de Catalunya (pp. 97 - 121). El ya citado Vicenç Subirats Mulet estudió en aquella ocasión la villa de Bot y su término municipal (pp. 99 - 110), llegando a la conclusión de que el "acta de millorament", datada el 15 de mayo de 1691, sobre una inspección hecha a esta villa, es una "clara demostración que sobre Bot existía la jurisdicción civil y criminal" (p. 101). Como todo pueblo, el templo o la iglesia ha sido uno de los elementos más admirados del paisaje urbano. Los datos que han llegado hasta nosotros sobre las características y la toponimia del término de Bot han sido, en realidad, muy escasos, y según Subirats Mulet se debió a que los jueces de la villa se presentaban como los responsables del pago de los censos; y sólo excepcionalmente unos pocos propietarios de fincas tributaban directamente, detallándose el nombre del titular, el tipo de finca, la ubicación, etc. Por otro lado, defiende Vicenç Subirats que la extensión del término actual de Bot no ha sufrido variación alguna respecto al que se constituyó en la baja Edad Media (p. 104).

Josep Serrano Daura, profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universitat Internacional de Catalunya, estudia el Derecho propio de la comanda de Orta (pp. 111 - 121). En el siglo VII, el pueblo visigodo promulgó un nuevo código jurídico, conocido como Liber Iudiciorum, que contenía no sólo elementos romanos, sino también canónicos y germánicos; y se convirtió en el único ordenamiento jurídico de todos los habitantes del Reino. Pero tras las invasiones musulmanas (año 711), en su lugar se implantó una nueva fuente del Derecho: la costumbre, como la primera y más importante en el Principado. Este nuevo Derecho consuetudinario se integró en el sistema jurídico histórico propio de Cataluña, surgido en la Alta Edad Media en los siglos de la conquista, después de la desaparición del Reino visigodo. A partir de este momento histórico, el Liber Iudiciorum pasó a tener una función residual. Todos los condados o distritos administrativos fueron sometiéndose al condado de Barcelona, que se convirtió en el primus inter pares de los condados catalanes. Entre los siglos XI y XII, el predominio del Derecho consuetudinario se vio frenado por la aparición de un texto jurídico: los Usatges de Barcelona; aunque de forma paralela tuvo especial incidencia en Cataluña _y en toda Europa_ la recepción del Derecho común, que se empezó a manifestar en las postrimerías del siglo XII, momento en el que el sistema feudal entraba en decadencia. Señala Serrano Daura que en Miravet, con su código de 1319, ya se incorporaron, con el carácter de primera fuente supletoria, las "Constituciones" de Cataluña, como leyes emanadas de las "Corts Generals" del país, y después los Usatges de Barcelona y el Derecho común (p. 115). De hecho, considera que las Consuetudines Ilerdenses, de 1228, se referían a las leyes romanas; mientras que el Código de Orta, de 1296, ya se remitía a los iura communia o Derechos comunes, acreditando la recepción también del Derecho de la Iglesia (p. 115).

Como Anexo también se incluyen dos trabajos de las segundas jornadas de Estudios locales, celebradas en 1999 (pp. 123 - 154). Allí Vincenç Subirats se refirió al municipio de Bot y sus oficiales (pp. 129 - 144), y estudió a los habitantes de Bot durante los siglos XVI - XVII. Bot era una villa perteneciente a la comanda de Orta, y el comendador de Orta _también llamado preceptor_ era su señor, el que ostentaba el dominio directo sobre todo el territorio de la comanda. Todas las relaciones entre el señor y los vasallos se canalizaban por medio de unos oficiales que representaban a unos y a otros, y que tenían como función gestionar de forma ordinaria o extraordinariamente las cuestiones de jurisdicción, de gobierno y de administración que se suscitaran. Los oficiales señoriales de ámbito general, y que debían residir en Orta, como capital de comanda, eran: el alcalde, el escribano o notario, el asesor y el nuncio; el oficial señorial de ámbito municipal por excelencia era conocido como "batlle". Entre los oficiales municipales se encontraban los jurados, el "mostassaf", el síndico y el escribano o notario, si bien también existían otros oficiales o auxiliares y órganos colegiados (pp. 135 - 140).

Josep Serrano Daura comenta el territorio _el espacio físico sobre el que se establece una determinada comunidad humana_, y la población _los habitantes de aquel territorio que viven y trabajan allí_ de la comanda de Orta (pp. 145 - 154). Desde el siglo XII con la conquista cristiana hasta mediados del siglo XIV, con el cambio de dominio de la Orden del Temple por la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, se definieron prácticamente los límites territoriales de la comanda de Orta. Alfonso I de Aragón, llamado el Conquistador, venció a los musulmanes y conquistó el castillo de Orta entre 1132 y 1133. En 1153 el mismo Ramón Berenguer IV donó el castillo y los términos de Miravet a la Orden del Temple, incluyendo el término de Bot, con la indicación de que pertenecían a los términos de Orta. El 20 de julio de 1165 Alfonso I concedió una carta de población común para los términos de Orta y Bene, con la reserva expresa a su favor de los castillos respectivos. Serrano Daura señala que "es la primera carta de población que conocemos, de las que se concedieron en la Terra Alta, que declara que los términos de Orta y de Bene eran del Reino de Aragón y que a sus pobladores se les concedían los fueros de Zaragoza" (p. 147). Años más tarde, como sabemos, en 1177, Alfonso I donó el castillo de Orta a la Orden del Temple, sin que se fijasen los límites territoriales exactos. Varios siglos más tarde, y teniendo en cuenta entre otras cosas el origen catalán mayoritario de los pobladores de la comanda, en el año 1359, el rey declaró que el territorio de Orta pertenecía al Principado.

El presente libro, de complejo contenido, es un nuevo acierto organizativo y científico de ese pujante historiador del Derecho y de las Instituciones que es Josep Serrano Daura.

Guillermo Hierrezuelo Conde

 

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