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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.27 Valparaíso  2005

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552005000100069 

 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXVII, 2005, 610-615

RECENSIONES Y RESEÑAS

Sotés Elizalde, María Ángeles, Universidad franquista: debate sobre la libertad de enseñanza (1939 - 1962) (Pamplona, Ediciones de la Universidad de Navarra, 2004), 585 págs.





Con ocasión del llamado Alzamiento Nacional contra el Gobierno de la República española, pasados dos meses y medio, se concedieron al general Francisco Franco todos los poderes por el Decreto de 29 de septiembre de 1936, y tan sólo dos días más tarde se creó la Junta Técnica del Estado. El 21 de noviembre de 1937 se promulgaron los nuevos Estatutos del Sindicato Español Universitario (S.E.U.), que ya recogían la unificación de todas las organizaciones sindicales; pero no fue hasta la Ley de 23 de septiembre de 1939 cuando quedaron expresamente incluidos en el S.E.U. la Agrupación Escolar Tradicionalista (A.E.T.) y la Federación de Estudiantes Católicos (F.E.C.). Por Ley de 30 de enero de 1938, la Administración Central del Estado se organizó en Departamentos Ministeriales, al frente de los cuales había un Ministro asistido de un Subsecretario. El Ministerio de Educación Nacional, que hasta entonces había recibido el nombre de Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (copiando la terminología francesa e inspirándose ahora en el fascismo italiano) comprendía los Servicios de Enseñanza Superior y Media; Primera Enseñanza; Enseñanza Profesional y Técnica; y Bellas Artes. Una de las primeras reformas que hizo Pedro Sainz Rodríguez, que ocupó el cargo de Ministro de Educación Nacional, fue la de reformar la legislación republicana para que las órdenes religiosas pudieran ejercer la enseñanza; al tiempo que el Estado cooperaba con la sociedad en la enseñanza y compaginaba enseñanza estatal y privada, bajo la inspección del Estado, respetando el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos, pero recuperando la moral católica. José Pemartín, Jefe del Servicio de Enseñanza Superior y Media, entendía que el sentido católico y patriótico debía estar presente en todas las especialidades universitarias, pero rechazaba la idea de una Universidad católica no estatal. Admitía centros de enseñanza privados junto a los oficiales en la segunda enseñanza, siempre bajo la intervención directa del Estado. Para Pemartín, el sentido católico y patriótico debía estar presente en todas las especialidades universitarias, pero rechazaba la idea de una Universidad católica no estatal. Asimismo, proponía crear, en algunas de las Universidades más importantes, Facultades de Teología, como una rama de la Facultad de Filosofía y Letras. Por otro lado, admitía centros de enseñanza privada junto a los oficiales en la segunda enseñanza, siempre bajo la intervención directa del Estado. Pedro Sainz Rodríguez reformó el Bachillerato, mediante la promulgación de la Ley reguladora de los estudios de Bachillerato de 20 de septiembre de 1938, porque pensaba que era la forma más rápida y segura de preparar a la juventud española para los cambios que se iban a llevar a cabo. El Proyecto de Ley de reforma universitaria, presentado por Pedro Sainz Rodríguez, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 27 de abril de 1939, y quedó incluido dentro de un plan de reformas de toda la "cultura nacional" que el Ministerio de Educación Nacional acometía. El Proyecto de Ley se inspiraba en una serie de directrices y, a partir de ellas, se organizaban las Universidades conforme a catorce Bases generales: la revitalización histórica de la Universidad española representada en el ideal de la Hispanidad; la función orientadora y rectora de la Universidad con respecto al resto de las enseñanzas; la formación patriótica inspirada en el sentido religioso; la confirmación de lo conseguido en 1924 con respecto a la personalidad jurídica de las Universidades; la acentuación de su carácter cultural y educativo; la modificación en la formación y selección del profesorado; el establecimiento del examen del Estado para poder aspirar a la obtención de título profesional; y una reducción del número de centros o de Facultades para la mejor dotación económica de los subsistentes (pp. 43 - 53). José Ibáñez Martín, nombrado Ministro de Educación Nacional el 9 de agosto de 1939, creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), en 1939; el Consejo Nacional de Educación, en 1940; y nuevos Colegios Mayores, a partir de 1942. En marzo de 1940, las Universidades remitieron un informe al Ministerio de Educación Nacional con las opiniones e iniciativas de las Facultades sobre la reforma universitaria (pp. 64 - 99). Los Colegios de Abogados y de Médicos de la provincia de Segovia también respondieron al cuestionario del Ministerio de Educación Nacional (pp. 100 - 104), así como el Consejero Nacional del S.E.U. (pp. 104 - 107). El 13 de agosto de 1940 se creó el Consejo Nacional de Educación, máximo órgano de la Administración Consultiva del Ministerio y que desempeñaba de una forma sistematizada las funciones atribuidas, ya que era necesario para llevar a cabo la reforma de la enseñanza en todos sus grados. Ejercía la tarea asesora de todas las entidades y corporaciones relacionadas con la educación nacional, al tiempo que coordinaba a los órganos técnicos asesores que pudieran crearse a nivel local, provincial y universitario. En el discurso pronunciado por Ibáñez Martín, en el acto de apertura del curso 1940 - 41 en la Universidad de Valladolid, habló de la labor de reconstrucción material de edificios e instalaciones de Escuelas, Institutos y Universidades, y de la reconstrucción espiritual, consistente en generar una alta cultura y una enseñanza orientadas por el espíritu de unidad nacional (pp. 119 - 122). La primera edición del Anteproyecto para la Organización de las Universidades Nacionales fue de 1941. En el mismo se definían las Universidades Nacionales como "corporaciones de maestros y escolares, gobernados por un rector, a las que el Estado encomienda la misión de realizar u orientar las actividades científicas, culturales y educativas de la Nación, al servicio de los ideales hispánicos y del engrandecimiento y prosperidad nacional" (pp. 142 - 143). El capítulo II proponía las normas a seguir en cuanto a la creación de Universidades y fijaba los Distritos Universitarios con sus respectivas provincias. El art. 8 se refería la derecho de la Iglesia católica en materia de Universidades. El S.E.U. se mostró en contra del anteproyecto, porque estimaba que el sindicato no tenía suficiente representación, y que los numerosos servicios en que se dividía la Universidad quebraban la unidad universitaria (pp. 145 - 152). El primer anteproyecto de Ley para la Organización de las Universidades Nacionales fue objeto de 44 enmiendas, presentadas por los Rectores y por la Sección primera del Consejo Nacional de Educación. A raíz del análisis de este anteproyecto, se redactó un segundo anteproyecto con las modificaciones introducidas por ellos. De hecho, Sotés Elizalde señala que "esa segunda edición era prácticamente el Informe de los Rectores, al que se añadieron citas de las enmiendas presentadas por escrito en la Sección Primera del Consejo Nacional de Educación" (pp. 165 - 192). En 1942 se redactó una tercera edición del anteproyecto universitario, ya informado por el Consejo de Rectores, la Sección Primera y la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Educación, y la Delegación Nacional de F.E.T. y de la J.O.N.S. A partir de este momento se denominó anteproyecto de Ley de ordenación de la Universidad española. En el mismo, los artículos que anteriormente se referían a temas que competían a la Iglesia y al Estado conjuntamente, quedaban en suspenso, y el Proyecto de Ley sobre ordenación de Universidad de 1943 fue el primero que examinaron las recién creadas Cortes (p. 194). Este Proyecto constaba de un amplio preámbulo que examinaba la Universidad en las diferentes épocas históricas, desde la Edad Media hasta el momento del Proyecto. Asimismo se hacía una crítica de la Universidad desde la segunda mitad del s. XIX, a partir de la Ley Moyano, hasta la II República. En el articulado donde anteriormente había figurado "materia mixta religiosa" y "materia mixta política" había una serie de novedades. En el art. 3 se establecía que "la Universidad, inspirándose en el sentido católico consubstancial con la tradición universitaria española, acomodará sus enseñanzas a las del dogma y de la moral católica según los principios del Derecho Canónico vigente". Sobre "materia mixta política" el nuevo art. 4 decía: "La Universidad española, en armonía con los ideales del Estado nacionalsindicalista, ajustará sus enseñanzas y sus tareas a los puntos programáticos del Movimiento". En general, todo lo correspondiente a "materia mixta política" del último anteproyecto, se desarrolló en el Proyecto como competencia del Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Superior de F.E.T. y de la J.O.N.S. (S.E.P.E.S) y del S.E.U. En las Cortes fueron admitidas a trámite más de cincuenta enmiendas; otras se quedaron como observaciones porque no habían sido presentadas dentro del plazo reglamentario con el número de firmas necesario. La inclusión del nuevo art. 9, que reconocía a la Iglesia en materia universitaria sus derechos docentes conforme a los sagrados cánones y a lo que en su día se estipulase mediante acuerdo entre ambas supremas potestades, fue percibida por determinados procuradores como ambigua. A los procuradores les preocupaba que, si se aceptaba el derecho de la Iglesia a enseñar en el nivel universitario y se dejaba el desarrollo de ese derecho a un futuro acuerdo entre la Iglesia y el Estado, pudiera acordarse la validez profesional de los títulos expedidos por las Universidades de la Iglesia (p. 211). El art. 16 del proyecto _17 de la Ley_ contemplaba la institución de alguna Facultad universitaria en Universidad donde no existiera, o la creación de Facultades nuevas, siempre por Ley. Tras todos los trámites necesarios, la Ley sobre ordenación de la Universidad española se promulgó el 29 de julio de 1943.

Una vez promulgada la Ley de ordenación de Universidad, comenzaron a desarrollarse muchos de sus puntos por vías de Decretos y de Órdenes ministeriales. El 7 de julio de 1944 se promulgaron siete Decretos que reglamentaban el funcionamiento interno de las Facultades universitarias. Por orden de 12 de marzo de 1945 se reglamentó la concesión de dispensa de escolaridad a los alumnos de las Universidades. Esta orden fue complementada de una Circular de 13 de marzo. El 17 de julio de 1945 se promulgó en España la Ley de educación primaria, inspirada en los principios de la religión católica y en el Movimiento Nacional. Se reconocía a la Iglesia el derecho de crear escuelas de Enseñanza primaria y escuelas de Magisterio con potestad de expedir títulos, y el derecho de vigilancia e inspección de centros públicos y privados. En 1949 se elaboró un anteproyecto de ley que modificaba los arts. 18 y 58 de la Ley de ordenación de la Universidad, y se establecía la enseñanza colegiada y la enseñanza libre, amén de la oficial, como dos modalidades distintas de enseñanza universitaria, nuevas en la Ley. Los alumnos libres se examinarían ante Tribunales universitarios, pero no se mencionaba la forma de examinarse de los alumnos de la colegiada. Sin embargo, en el proyecto de Ley la modalidad colegiada quedó excluida, por lo que, como señala María Ángeles Sotés, "la batalla ya estaba perdida para los partidarios de la Universidad libre" (p. 278). Esta omisión recibió duras críticas de Eustaquio Guerrero (pp. 292 - 294). En realidad, el proyecto llevaba a diferenciar entre los profesionales españoles que habían cursado sus estudios en la Universidad y la de quienes asistieron a un centro privado. De ahí que recibiera numerosas críticas como la de Pedro Laín Entralgo, por lo que la Ponencia emitió su informe el 24 de junio de 1949, en el que aceptaba las líneas generales, si bien introducía algunas enmiendas como la que consignaba que la enseñanza universitaria oficial y libre ya no sería una clasificación según el centro donde se cursase, sino según el modo de cursarla. Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, Ministro de Educación Nacional, inició una reforma de la enseñanza media y de forma paralela renovó los Rectorados y Decanatos de las Universidades estatales.

Sotés Elizalde, tras el estudio del art. XXXI del Concordato entre la Santa Sede y España, de 1953, afirma que "este artículo fue el más importante en lo que a libertad de enseñanza de la Iglesia se refiere, aunque el reconocimiento civil de los estudios cursados en los Centros organizados y dirigidos por la Iglesia se volvía a remitir a un futuro acuerdo entre el Estado y la Autoridad Eclesiástica. Los derechos docentes ya estaban contemplados en las respectivas Leyes de Enseñanza primaria, media y universitaria. El derecho de instituir Colegios Mayores había sido establecido en los Reglamentos de los Colegios Mayores y en la Ley de Ordenación de la Universidad para las Corporaciones públicas, privadas y para los particulares, de modo que la Iglesia entraba dentro de esa disposición" (p. 326).

La Escuela de Derecho de Navarra se inauguró el 17 de octubre de 1952. Los alumnos de la Escuela de Derecho no asistían a las clases de la Universidad de Zaragoza, pero tenían que cumplir con los planes y reglamentos de la Facultad de Derecho de dicha Universidad, ya que desde febrero de 1953 la Escuela de Derecho del Estudio General de Navarra estaba adscrita a la Universidad Cesaraugustana (p. 372). Junto a la enseñanza oficial, se reconocía la enseñanza libre para quienes no pudiesen concurrir a los Centros, más que de una forma esporádica. La selección del profesorado se hacía con criterios uniformes para todos los Centros y se contemplaba la posibilidad de intercambio con la Universidad.

El Proyecto de Ley de ordenación de enseñanzas técnicas, de 20 de julio de 1957, constaba de diecisiete artículos, diez disposiciones transitorias y cinco finales. Regulaba las Escuelas Especiales de Ingenieros, las Escuelas Superiores de Arquitectura y las Escuelas de Peritos, Ayudantes, Aparejadores y Facultativos (p. 380). Pero a este texto se propusieron numerosas enmiendas (pp. 385 - 398). Este proyecto fue sometido a una importante discusión en las Cortes (pp. 404 - 439). El proceso legislativo de la Ley de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas representó un paso más hacia la eliminación del monopolio estatal de la Enseñanza Superior.

Tras la Guerra Civil, en España solamente existía la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, que era la única entidad autorizada para otorgar el título oficial de periodista.

En 1959 el Estudio General de Navarra contaba con tres Escuelas de Estudios superiores (Derecho, Medicina e Historia), que podían corresponderse con tres Facultades. Sin embargo, la Ley de Ordenación de la Universidad sólo reconocía como Facultades las de las Universidades del Estado, y expresaba que para crear una nueva Universidad se requería un mínimo de tres Facultades. Pero para que sus títulos tuvieran plena validez, sin estar adscrita a la Universidad estatal, sólo quedaba obtener de la Santa Sede la erección del Estudio General de Navarra en Universidad y, posteriormente, demandar el desarrollo del art. 9 de dicha Ley y del art. XXXI del Concordato de 1953. En 1960 la Santa Sede erigió en Universidad el Estudio General de Navarra. Dos años más tarde se firmó el Convenio entre la Santa Sede y España sobre reconocimiento a efectos civiles de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizados en España en Universidades de la Iglesia (pp. 503 - 534 y 537 - 541).

Sotés Elizalde nos ofrece un estudio construido sobre normas jurídicas e información del Ministerio de Educación Nacional y de su principal órgano de difusión, que era la Revista Nacional de Educación, así como con las publicaciones de la Acción Católica, la Compañía de Jesús, la Federación de Amigos de la Enseñanza o el Sindicato Español Universitario, y con otras publicaciones periódicas de la época: Arbor, Razón y Fe, La Hora, Ecclesia, etc. Este tipo de trabajos como el de Sotés Elizalde no deberían ser escritos por personas que carecen de la carrera de Derecho. No se puede escribir tanto de normas y leyes teniendo una formación universitaria en Pedagogía. El profesorado del área de conocimiento de Teoría e Historia de la Educación debería evitar introducirse con tanta frecuencia en la investigación de la Historia de las Universidades. Constituye además un notable atrevimiento cuando incluso se dedican a estudiar las Facultades de Leyes, las Escuelas de Cánones, que deberían ser terreno escrupulosamente reservado para juristas, y no para todos, sino tan sólo para aquellos altísimamente competentes, por lo que se refiere al marco histórico de los siglos XII al XVIII, en el conocimiento del Derecho común.

Guillermo Hierrezuelo Conde

 

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