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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.27 Valparaíso  2005

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552005000100070 

 

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXVII, 2005, 615-619

RECENSIONES Y RESEÑAS

Vaquer Aloy, Antoni (dir.), El Dret privat del Pallars Sobirà (Generalitat de Catalunya, Departament de Justicia, Barcelona - Lérida, 2001), 224 págs.





Con esta obra, el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, continúa en su labor de recuperación del patrimonio histórico-jurídico de Cataluña. Como señala Antoni Vaquer Aloy, el art. 2 de la Compilación de Derecho civil de Cataluña menciona al Pallars Subirà como una de las comarcas catalanas donde existe un Derecho local. A juicio de Antoni Vaquer "a mención que se hace en el Preámbulo de una norma tan reciente como es la ley 22/2000, de 29 de diciembre, de acogimiento de personas mayores, a `algunas comarcas pirenáicas de Lérida' permite pensar que está incluido el Pallars Subirà" (p. 13).

Joan J. Busqueta, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Lérida, nos acerca al condado de Pallars (pp. 17 - 31). Tras el dominio musulmán, este territorio se vio afectado por una reorganización a comienzos del siglo IX, junto a los de Ribagorza, por los condes de Tolosa, bajo la protección de los reyes carolingios. La dependencia de Tolosa se prolongó hasta finales del año 872, cuando después de un periodo de fuerte agitación política, emergió una dinastía independiente, la de los condes de Pallars y Ribagorza, alrededor de la figura del conde Ramón II (872 - 920). Pero a su muerte se produjo la división política del Pallars y Rigaborza en dos condados independientes y separados el uno del otro. A la muerte del conde Suñer I, en el año 1011, aparecieron dos dinastías condales encabezadas por los hijos de Suñer, Ramón IV (1011 - 1047) _del Pallars Jossà_ y Guillermo II (1011 - 1035) _del Pallars Subirà_, que sería el origen de la formación de estos dos condados. A finales del siglo XII, los territorios del Pallars Jossà, pasaron a Alfonso el Casto, y consecuentemente a la corona real, por lo que, a partir de ese momento y durante más de tres siglos, el condado del Pallars Superior conformó el único condado de Pallars, que después de los descendientes de Guillermo II, perteneciente a la dinastía de los "Artaus", estuvo regido por dos dinastías más: durante el siglo XIII por la casa feudal de los Comenge o de Coserans, y a partir de Roger I, por la familia de los Mataplana, con Hugo I (p. 18). Con Fernando II el Católico, y tras una guerra que duró cuatro años (1484 - 1488), se puso fin al territorio condal y al último bastión de la Cataluña feudal, otorgándose el condado _ya marquesado_ a la casa de Cardona.

Uno de los intelectuales jurídicos más relevantes por sus escritos con que actualmente cuenta Cataluña, Jaume Ribalta i Haro, profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Lérida, y Esther Arroyo i Amayuelas, profesora de Derecho civil de la Universidad de Barcelona, han estudiado el tema "De las `donaciones' a los `acogimientos'. La Ley 22/2000, de acogimiento de personas mayores" (pp.33 - 80). Esta norma tan reciente ha supuesto, sin duda, la consagración de medidas de protección de los ancianos en el ámbito privado, como alternativa al ingreso de las personas ancianas en instituciones geriátricas (preámbulo). En la misma se contempla el acogimiento entre personas físicas, en virtud del cual los acogedores se comprometen a cuidarles (art. 2.1), a cambio de una contraprestación económica (art. 1.1 y 2.3) y con el deber de comportarse mutuamente como han de hacerlo padres e hijos (preámbulo). Sin embargo, no nos encontramos ante una institución novedosa, sino que tiene un origen consuetudinario y poco conocido. Puede que el precedente del negocio jurídico de acogimiento de personas mayores se remonte a las Costums de Tortosa (p. 40) y que surgiera como consecuencia de la práctica asistencial de los monasterios medievales (pp. 40 - 41). De hecho, algunos historiadores tienen constancia de que en la Hispania visigótica laicos se habían radicado de forma definitiva en los monasterios, con instituciones como las puellae Dei o los conversi (p. 42). Esta herencia visigótica va a pervivir en la alta edad media peninsular. Sin embargo, aunque estuvo a punto de desaparecer, no perdió su consistencia en los problemáticos siglos XIX - XX. La práctica tradicional seguida en algunas comarcas de Cataluña y Aragón contemplaba la posibilidad de "donarse" a una familia (o a un convento). Ha estado circunscrita, por otro lado, a algunas comarcas del pirineo leridano, sobre todo Pallars y consistía en el juramento de una persona y de sus bienes a una familia, con la que podían o no existir vínculos de parentesco, en virtud del cual aquélla la acogía como un miembro más, pero sin que la familia pudiera disponer "inter vivos" o "mortis causa" de los mismos. En caso de que los que acogieran fueran monasterios, éstos se comprometían a proveer las necesidades de los donantes, ya fuera de forma permanente o temporal. De hecho, con el término "familiaritas" se identificaba la relación jurídica por la cual una persona (física o jurídica) se vinculaba espiritualmente y también materialmente a una persona jurídica con una canónica regular y, más concretamente, un monasterio (pp. 41 - 62). Esta "familiaritas" se caracterizaba por un sentimiento espiritual, propio de la alta edad media. Además, conllevaba una entrega de la persona, del cuerpo y del alma. Pero esta entrega iba acompañada de una disposición de bienes a favor de la iglesia o monasterio. Éstos recibían al que se ofrecía en el seno de su "familia", lo acogían como hermano y familiar y le hacían partícipe de todos los beneficios espirituales de la comunidad como uno más de sus miembros. El elemento personal de esta institución estaba representado en los sujetos de la relación de "familiaritas", y el formal en la ceremonia del juramento o tradición; por otro lado, la contraprestación de la "familiaritas" la constituía la oblación de los bienes de parte del familiar. Antes de la entrada en vigor de la ley 22/2000 coexistían dos instrumentos de asistencia a las personas mayores de naturaleza jurídica bien distinta: el contrato de acogimiento y el servicio social de acogimiento (denominado "familiar"). Esta última estaba prevista para los ancianos sin recursos. El acogimiento debía, por otro lado, constituirse en escritura pública (forma "ad constitutionem") y se formalizaba mediante la inscripción del mismo en el registro administrativo correspondiente.

El tema de los privilegios, libertades y explotación de los recursos naturales en Pallars Subirà en los siglos XIV - XVIII (pp. 81 - 109) ha sido estudiado por Josep M. Bringué i Portella, Doctor en Historia y catedrático de Instituto, hombre muy vinculado por tradición territorial al territorio. El marquesado de Pallars, muchos años antes de unirse a la casa de Cardona, estuvo dividido en condado alto y condado bajo, o en Pallars Subirà y Pallars Jossà. Bringué i Portella, tras estudiar la historia de Pallars, concluye que "las guerras de Pallars en el siglo XI estaban relacionadas con la implantación del feudalismo" (p. 83). En la segunda mitad del siglo XIV los condes tuvieron que recabar ayuda de las comunidades para poder hacer frente a las crecientes dificultades monetarias, como consecuencia de la caída de la renta feudal. En 1372, Hugo Roger II y el Consell General, Vista o Parlament de las comunidades del condado hicieron una capitulación, por la cual las comunidades hacían una donación de 15.000 sueldos de una sola vez y otros 35.000 más cada año. Como contrapartida el conde se comprometía a no imponer ni demandar gravamen alguno, y el privilegio de los "raonadors": dos representantes elegidos por los prohombres de cada lugar, parroquia o valle, que controlarían la justicia señorial y vigilarían la aplicación de las Costums de la tierra (p. 86). Pero no todas las comunidades presentes en la Vista General tenían el mismo nivel de libertades y privilegios. Desde 1313 hasta 1360 las comunidades de los valles de Àneu y Cardós consiguieron recoger por escrito parte de los usos, costumbres, privilegios y libertades tradicionales (p. 88). Las diferencias entre los valles de Àneu y Cardós y el resto del marquesado estaban representados en tres pilares: las comunidades disponían del control absoluto sobre un territorio y de la explotación de los recursos naturales sin intervención del señor, así como los instrumentos de control de la justicia señorial, unido a una participación activa en su ejercicio. El mecanismo de que disponían las comunidades, para la defensa de su jurisdicción y de su territorio y la exclusividad de sus derechos frente a los individuos o comunidades vecinas, era la capacidad de imponer una pena sobre los infractores (p. 96). La comunidad también podía delimitar el tipo de bestias que tenían acceso a las tierras comunales o bien reducir el tiempo de entrada a los montes. Además, se contemplaba el derecho de los habitantes a hacer uso de los pastos comunales, pero no todos disponían de rebaños o ganado, por lo que se preveía la posibilidad de aparcerías de ganado (pp. 104 - 105), que acostumbraban a prolongarse en 4 años para las vacas y ovejas. Aunque la propiedad de los bosques era comunal, los aprovechamientos de estos derechos públicos o comunales acostumbraban a hacerse de forma individual o particular. En efecto, el acceso al bosque se planteaba como un derecho, una facultad. Pero otra cosa bien distinta era la explotación de los bosques y de los pastos para un negocio propio (p. 107), ya que podían ser arrendados a un único comerciante una parte o por un tiempo de espacio determinado: era lo que se conocía como el sistema de conlloc (p. 107).

Santiago Espiau Espiau, catedrático de Derecho civil de la Universidad de Lérida, ilustra el tema de la propiedad de los montes y las sociedades de vecinos de Pallars Subirà (pp.111 - 158). A finales del siglo XIX, entre 1895 y 1899 se constituyó en Pallars Subirà una sociedad de vecinos, que se convirtió en propietaria de los montes, que hasta aquel momento habían tenido carácter comunal. Este movimiento asociativo respondía a la política desamortizadora llevada a cabo por la Hacienda Pública que, en este período, pretendía o había procedido a su venta, en el marco de un proceso más general de actuación contra los bienes comunales, y cuyas primeras manifestaciones se habían producido ya a partir de la promulgación de la denominada ley Madoz de 1 de mayo de 1855 (p. 111). Para hacer frente a la venta de los bienes comunes se generalizó el recurso de adquirirlos los propios vecinos a través de asociaciones o sociedades constituidas al efecto. De este modo, se permitía la subsistencia de la explotación de los bienes comunales; pero con el transcurso de los años se perdieron estos vínculos de solidaridad y se procedió a su disolución. En el primer tercio del siglo XX se produjo una redistribución de la propiedad de los bosques y montes de Pallars Subirà, modificándose una situación que se venía prolongando al menos desde el siglo XV. Con la restauración borbónica de 1874 se abrió una nueva etapa en la que se redujeron las ventas y se paralizó la desamortización de bienes municipales hasta 1895. Las escrituras de constitución de la sociedad de vecinos también regulaban las obligaciones que incumbían a cada uno de sus integrantes: el régimen de utilización establecida, las prestaciones económicas, etc.

Antoni Vaquer Aloy, profesor titular de Derecho civil de la Universidad de Lérida, nos ofrece un estudio del encargo fiduciario a los dos parientes más próximos del causante (pp. 159 - 187). El Código de Sucesiones catalán se ocupa en el art.149, bajo la rúbrica "La institución de heredero por fiduciario" _sección del cap. IV del T. III_ de la elección de heredero por los dos parientes más próximos. El testamento es, en Derecho civil catalán, un acto personalísimo, de tal manera que el testador ha de manifestar personalmente su voluntad, sin que, por tanto, pueda expresarla a través de representante (el testamento por comisario sobre el que con tanto acierto escribió Álvaro Núñez Iglesias, en tesis doctoral que fue dirigida por Manuel J. Peláez), ni tampoco es posible que la capacidad del testador por parte de un representante legal. No obstante, existen supuestos en los que la voluntad del testador sustituye la voluntad de un hipotético causante: en la sustitución pupilar (artículos 171 ss. del Código de sucesiones) y, por otro, se admiten excepcionalmente supuestos en los que el testador "delega" en otras personas la elección del heredero. La facultad de elección la confiere el testador a los "dos parientes más próximos", que, según el art. 149 se concreta en estos términos: "dos parientes consanguíneos, de un sexo u otro, que [...] tuvieran plena capacidad para disponer, no hayan renunciado a tal facultad, y pertenecieran el uno a la línea paterna y el otro a la materna y, en cada una de ellas, el de parentesco más próximo en relación con los hijos o los descendientes y con preferencia el de más edad" (pp. 167 - 170). Los dos parientes han de elegir como único heredero a aquel de los hijos que estimen "como el más apto para regir la casa" (p. 170). La elección ha de efectuarla los dos parientes "personalmente" y con el requisito formal de escritura pública. Ambos parientes completan, de este modo, la voluntad del causante.

La ya citada Esther Arroyo i Amayuelas analiza en otro trabajo aquí recogido la institución del notariado catalán en la época moderna y dos manuscritos del distrito notarial de Sort (pp. 189 - 224). Los teóricos del notariado de más renombre han sido Josep Comes (1655 - 1729), Vicent Gibert (siglo XVIII) y Pere Joan Perera (p. 189). Por otro lado, el Formularium (incompleto) del notario de Sort, Josep Aités Grau (1679 - 1722) se ubica a mediados del siglo XVII, y, como su propio título indica, el valor de esta obra era que recopilaba multitud de formularios. Por el contrario, el Ars Notariae de los notarios de Sort, Agustí Ciutat y Agustí Duat Ciutat, se planteaba como una explicación teórica sobre el arte de la notaría. La influencia del ius commune es notoria en todas las obras, tanto en los manuscritos como en las publicadas. Los manuscritos que aquí se estudian proceden de la notaría de la villa de Sort, y fueron redactados por los notarios Josep Aités y Agustí Ciutat Benavent y Agustí Duat Ciutat (siglo XVIII). Estos manuscritos están reproducidos a partir de la pág. 207 en el presente libro.

En unos momentos en que la singularidad y el hecho diferencial del Pallars son reivindicados por algunos que hablan de autonomías de gestión dentro o al margen de la Generalitat de Catalunya, y la figura de Ferran Rella aparece como la de un sucedáneo del conde Hug Roger III para el siglo XXI, no están de más obras como ésta que nos recuerdan la historia jurídica de lo que pudo ser y no fue un Estado pirenáico independiente de Francia y España, mientras que algunos sueñan en que pueda serlo en los próximos siglos, e incluso publican artículos hablando del Principado Constitucional del Pallars o de la República Democrática Pirenáica del Pallars, proponiendo hasta una doble capitalidad administrativa y cultural.

Guillermo Hierrezuelo Conde

 

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