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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.28 Valparaíso  2006

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552006000100012 

 

Revista de Estudios Histórico–Jurídicos 2006, XXVIII, 401 – 424

HISTORIA DEL DERECHO INDIANO

 

Yanaconazgo y derecho romano: ¿una conjunción extravagante?

 

Francisco Cuena Boy

Universidad de Cantabria
España

Dirección para correspondencia


RESUMEN

El yanaconazgo es una institución de origen incaico que los españoles tuvieron mucho interés en conservar. Los juristas llevaron a cabo una eficaz labor de "normalización jurídica" de dicha institución mediante la naturalización suficiente de la misma dentro de los cuadros del ius commune. El procedimiento seguido para ello consistió en la búsqueda selectiva de paralelismos entre el yanaconazgo hispano–peruano, profundamente transformado en relación al de la época anterior, y el colonato romano del Bajo Imperio. De esta forma, sobre la base de una seductora semejanza en la motivación económica y fiscal de ambas situaciones, aunque completamente al margen del abismo histórico que separa sus contextos respectivos, lograron dar consistencia dogmática a los aspectos principales del régimen legal del yanaconazgo mediante su engarce con las leyes romanas sobre los colonos adscripticios. Quedó así cumplida, respecto de una situación preestablecida en el terreno de los hechos, una labor de legitimación ideológica y científica que ofrece perfiles interesantes para la reflexión acerca de los motivos y las técnicas de los juristas indianos en cuanto intérpretes y administradores de un orden jurídico enlazado con el ius commune.

Palabras Clave: Yanaconazgo – Colonato – Ius commune – Derecho indiano – Derecho romano.


ABSTRACT

Yanaconazgois an Inca institution that the Spaniards showed great interest in preserving. Jurists did an effective "juridical regulation" of such institution by means of its own naturalization in the ius commune context. The procedure consisted of the selective search for parallelisms between the Hispanic–Peruvian yanaconazgo,deeply transformed in relation to the previous era, and the Roman settlement of the Late Empire. In this way, on the basis of a seductive similarity in the economic and fiscal motivation in both situations, although completely marginal to the historical abyss which keeps their respective contexts apart, the jurists could give dogmatic soundness to the main features of the yanaconazgo’s legal system by means of its links to the Roman laws concerning appointed colonists. Thus, an effort to be recognized ideologically and scientifically has been made, offering –with respect to a pre–established, factual condition– interesting considerations for a reflection upon the motives and techniques of the Indiano jurists as far as their interpretation and administration of a juridical system attached to the ius communeis concerned.

Key words: Yanaconazgo– Settlement – Ius communeIndiano law – Roman law.


 

I. Aun a riesgo de parecer impertinente, quiero comenzar esta exposición con una pregunta del siguiente tenor: ¿qué nos dicen los textos del Corpus Iuris Civilis justinianeo acerca de los yana1 del Tawantinsuyu? La respuesta es evidente: nada, no nos dicen nada en absoluto.

Entonces, ¿cuál es la razón por la que el capítulo de la Política Indiana en el que Solórzano se ocupa de los yanaconas está literalmente sembrado, plagado incluso, de referencias a los textos jurídicos romanos?

A primera vista, la distancia existente entre estas dos preguntas es tan enorme que parece completamente insalvable, aunque podemos intentar acortarla. Por ejemplo, con el fin de buscar una respuesta satisfactoria a la segunda cuestión, podemos volver a plantear la primera dándole una formulación diferente: ¿es posible que los textos del Corpus iuris civilis hayan podido decirle algo sobre el yanaconazgo y los yanaconas a un jurista español del siglo XVII inmerso en la tarea de exponer el derecho aplicable en Indias? En esta ocasión la respuesta afirmativa nos salta a la vista desde las propias páginas de Solórzano.

Las preguntas con las que he comenzado vienen a cuento porque cada vez me va pareciendo más necesario abordar una reflexión general de carácter metodológico sobre la contribución que se puede esperar del estudio y conocimiento del derecho romano en orden a profundizar en la inteligencia del derecho indiano, esto es, en la comprensión de alguno de sus aspectos estructurales y de muchas de sus figuras e instituciones particulares2. Sin embargo, este propósito tan ambicioso no está
maduro todavía. Por ese motivo, mientras llega la esperada maduración –si es que ha de llegar, al menos por medio de mi persona–, me ha parecido que un camino útil y practicable, por el que podía irme acercando a lo que aquella reflexión aún incipiente significará acaso en su día, es el estudio de una institución indígena que los españoles tuvieron interés en conservar en la nueva situación nacida de la conquista: el yanaconazgo.

Si se me permite decirlo de esta manera, en mi opinión el yanaconazgo representa un caso límite, pues no se trata de una figura que haya tenido origen, ni antecedente siquiera, en el derecho de la metrópoli o en el derecho común de estirpe europea. Tampoco se trata, a diferencia de otras3, de una institución que fuera íntegramente creada por la legislación que se daba para las Indias. El yanaconazgo, en efecto, en cuanto elemento residual procedente de la estructura económica y social del Tawantinsuyu tardío4, se presenta a los ojos de un observador objetivo como una realidad ajena por completo al universo jurídico de los españoles y por lo tanto, en principio, como una realidad inconmensurable para las concepciones y los instrumentos jurídicos a los que éstos estaban habituados.

Ello no obstante lo asombroso es que tan exótica realidad acabara siendo insertada y comprendida por los juristas de la colonia dentro de los marcos conceptuales del ius commune. Resultado insólito –repito, a los ojos de un observador objetivo, o ingenuo si se prefiere– que por el camino más natural y directo conduce al problema en el que aquí nos deberemos fijar: ¿cómo llegó a producirse aquella curiosísima asimilación?

II. Para empezar, no es discutible que los juristas hispanos, precedidos en parte por los cronistas de las cosas de Indias, sometieron la plural realidad que formaban los yana a un drástico reajuste que no hace de ningún modo justicia a la complejidad de situaciones que la componían en época del incario5. De todas
esas situaciones, los españoles extrajeron un rasgo común y lo convirtieron por interés propio en el aspecto principal y definitorio de la figura que se aprestaban a conservar: el servicio, la idea de que los yana o yanacona eran individuos que prestaban servicio6. Hubo, como veremos, otras características de los yana prehispánicos que posiblemente desempeñaron también un papel en aquella asimilación o apropiación de la figura por los ideólogos del nuevo poder, pero siempre de forma subordinada y funcional a esta idea medular.

La afirmación que se acaba de realizar requiere una justificación que sólo podrá ser producida partiendo de una mínima descripción de la realidad de los yana con que se encontraron los españoles en el Perú.

A decir de Murra7, los yana constituían el grupo social más alejado del campesinado clásico andino, grupo, además, que en la etapa final del incario estaba desempeñando un papel importante en la transición de la prestación rotativa a la servidumbre. Explica el mismo estudioso8 que el común denominador de los diversos grupos de yana "era el hecho de que todos los yana estaban exentos de las prestaciones rotativas [...]. Todos habían perdido su condición de campesinos, miembros de un grupo étnico y de parentesco; ya no se los enumeraba en el quipu, y formaban parte del creciente sector de la población que recibía su sustento completo de los depósitos del estado, pues dedicaba todo su tiempo a éste". Las características comunes enumeradas por Murra no deben conducirnos al error de creer que los yana formaban un grupo totalmente homogéneo. En efecto, por debajo de la capa de uniformidad que las mismas suponen, por la mera circunstancia de repetirse en relación con diferentes grupos de población, hay fuertes indicios de la existencia de varias clases de yana, dependiendo la diferencia entre
ellas del origen de cada una y, sobre todo, de su función. Concretamente, Murra9 considera posible la presencia de yana entre los servidores de las momias reales, entre las criadas de las hermanas y esposas del rey y entre los criados que atendían a los favoritos del rey; también menciona la existencia de yana adscritos a templos y lugares sagrados, para trabajar las tierras de éstos, y de yana reales que se ocupaban de la hacienda del inca; yana pudo ser igualmente el grupo de población formado por la gente otorgada por los reyes a miembros de la parentela real y a los curaca en ejercicio de la "generosidad" redistributiva. Aunque las dudas sin resolver respecto de todos y cada uno de los grupos reseñados por Murra todavía son muchas y muy importantes10, se debe llamar la atención sobre el hecho de que en todos ellos se trata de grupos de población puestos directamente bajo la dependencia del poder político–religioso y, según todas las apariencias, sin más medios de subsistencia que los proporcionados directamente por el Estado y pertenecientes a él. A lo que conviene añadir, en aras de la precisión, que no todos los sirvientes del Estado eran yana ni se les consideraba como yana, y que, por otro lado, las connotaciones que engloba este término quechua hacían posible su aplicación, en relaciones determinadas, incluso a personajes individuales de alto rango político y elevado estatus social.

La fisonomía compuesta que exhiben estos yana prehispánicos es un formidable obstáculo que hace prácticamente imposible postular un origen único o un momento fundacional para la categoría. Por ello, a la pregunta de cómo llegaba alguien a ser yana y de cuándo surgen los yana como grupo social aparte, Murra aporta varias respuestas que deben ser tomadas como complementarias. Una de ellas destaca entre las demás11 por lo que permite inferir acerca de la transformación de los yana en una institución formal del Estado en la fase final del Tawantinsuyu: Sarmiento de Gamboa (1572) y Cabello Valboa (1586) refieren que en el último cuarto del siglo XV el rey Topa (Tupac Inca Yupanqui) derrotó a un hermano traidor que se había rebelado contra él armando un ejército con los numerosos criados que el propio rey le había concedido y otra mucha gente de la que se apoderó al llegar a la región que le había sido asignada como inspector o supervisor del censo. Muchos de los rebeldes capturados se salvaron de una ejecución segura por
la intervención de Mama Ocllo, hermana y esposa de Topa, que le pidió que les perdonara y los empleara al servicio del Estado; en adelante, los perdonados fueron conocidos como yanayaco y quedaron excluidos del censo12. Esta noticia tiene el interés de proponer el cautiverio de guerra como origen o causa de la formación, si no de los yana en general, sí por lo menos de un grupo de ellos y quizá de uno de los grupos más importantes. A la vez, la derrota y la sujeción subsiguiente, posiblemente incluyendo el traslado forzoso de los vencidos, ayuda a explicar el estado de desarraigo que parece haber caracterizado a los yana: excluidos del censo, sin vínculo con un grupo étnico y de parentesco y, en definitiva, colocados en situación de directa dependencia del Estado.

Igual que el origen de los yana no fue uno solo, igual que hubo diferentes grupos de yana, tampoco las funciones desempeñadas por estos sirvientes fueron del todo homogéneas. Dentro del concepto general de servicio permanente al Estado, los yana pudieron en unos casos labrar las tierras y cuidar los rebaños de sus señores; en otros prestar servicios de carácter personal o doméstico; y en otros, al parecer, servicios de carácter administrativo13.

En los párrafos anteriores únicamente he intentado presentar un esbozo de las líneas principales que parecen haber caracterizado la situación de los yana prehispánicos. Reconozco que la información manejada, aun contando con el aval que representa la autoridad de Murra, puede no ser suficiente. Admito asimismo la posibilidad de que la interpretación que he ofrecido de algunos datos no sea del todo satisfactoria. Sin embargo, estas dificultades no deben ser tan importantes que nos impidan seguir adelante para preguntarnos ahora por la manera en que los españoles, valiéndose de la información mucho más abundante y mucho más concreta con la que sin duda contaban, decidieron perpetuar una institución indígena que les interesaba por motivos económicos evidentes.

III. Nunca estuvieron los españoles dispuestos a renunciar al trabajo indígena. Se comprende por tanto que trataran de aprovecharse, convirtiéndola a sus fines de explotación económica del país, de una institución preexistente que podía proporcionarles control sobre la fuerza de trabajo de un sector importante de la población andina14. Esto por un lado. Por otro, la misma continuidad de la figura, por más ficticia y facticia que fuera en realidad, debió de valorarse al inicio como una ventaja, en la medida en que podía contribuir a limar la resistencia de los naturales y favorecer la adaptación de los mismos a los modos económicos impuestos por sus nuevos dominadores15. Estas razones de fondo se encuentran sin
duda ninguna en la base de la apropiación del yanaconazgo por los españoles.

Hablando de esta apropiación –aunque él no la denomina así–, Murra nos recuerda la inclinación de los europeos "a confundir las categorías sociales andinas, particularmente si de tal modo aumentaban el número de mujeres y hombres disponibles para su propio uso"16. En esta lúcida frase aflora la sustancial metamorfosis que iba a suponer el yanaconazgo de la colonia respecto de la realidad anterior de los yana.

Con todo, ¿qué retuvieron los españoles de esta realidad anterior? Por descontado la idea del yanaconazgo como relación de servicio y de los yanaconas como servidores permanentes, pero también otros aspectos de no menor interés. Por ejemplo, el rasgo de no estar sujetos los yana a prestaciones rotativas influyó seguramente en el hecho de que los yanaconas quedaran excluidos del sistema mitayo y en particular de la mita minera17, y el alejamiento de los yana respecto de los grupos étnicos y de parentesco característicos de la sociedad aborigen pudo encontrar traducción imperfecta (o lejano paralelo) en la desvinculación de los yanaconas respecto de sus comunidades originarias, ya estuvieran las mismas cedidas en encomienda, ya se encontraran en cabeza del rey. A la inversa, la condición propia de los yana incaicos como servidores exclusivos del Estado y sustentados íntegramente a costa de los recursos estatales parece haber sido abandonada desde el principio y no se conservó ni siquiera para los llamados yanaconas del rey, denominación, dicho sea de paso, que no resulta nada fácil identificar con una clase determinada, unitaria y bien definida de yanaconas18. Lejos de aquella posición inicial, el caso más corriente durante la colonia fue el del yanacona situado al servicio de un español cuya posición económica no tenía por qué ser especialmente boyante19. Por último, la exención tributaria de facto de
la que parecen haberse beneficiado inicialmente los yanaconas, y que en cualquier caso desapareció a raíz de las ordenanzas que a continuación mencionamos, pudo haber sido también de origen prehispánico20.

En las primeras décadas tras la conquista el yanaconazgo se desarrolla en un ambiente de general anomía que favorece constantes abusos por parte de los españoles21. De esta manera, cuando llegan en 1574, precedidas por una visita general al altiplano dos años antes, las ordenanzas del virrey Francisco de Toledo sobre los yanaconas de Charcas se encuentran con una situación profundamente enraizada, dífícil por ello de corregir, aunque carente del necesario soporte legal. Así pues, la regulación de Toledo tendrá que medirse con esa realidad o situación, que tratará de encauzar dando al yanaconazgo una "forma legal"22 destinada a regir duraderamente.

Entre otras cosas, disponen las ordenanzas que los yanaconas residentes en las chacras desde al menos cuatro años atrás no pueden ser echados de ellas ni marcharse a otra chacra o repartimiento sin permiso de la Real Audiencia o de su presidente; en relación con lo cual, se tiene cuidado de advertir que el hecho de que deban quedarse en las haciendas donde residen no supone reconocimiento de derecho alguno –ni en posesión ni en propiedad– sobre las tierras en las que están instalados (II, X, 7). Dado que los yanaconas deben trabajar en las chacras donde residen en beneficio de los dueños de ellas, se manda pagarles justo y debido salario; en concepto de tal se les debe proporcionar tierras, bueyes y aperos de labranza, así como a cada yanacona un vestido por año. Se regulan con bastante exactitud las condiciones en que deben trabajar en las tierras de sus amos, incluyendo, entre otras, normas dirigidas a compatibilizar esa obligación con el cuidado de las parcelas de las que obtienen su sustento, normas sobre la jornada laboral, sobre el descanso en días festivos o sobre la exención de mujeres, muchachos y viejos de la prestación del mencionado servicio (II, X, 11). Se ordena la intervención de la autoridad a fin de que los indios huidos sean devueltos a sus haciendas (II, X, 12). No obstante lo anterior, en homenaje a la libertad de que gozan los yanaconas, como todos los naturales, se prohíbe hacer ninguna mención de ellos en la venta de las chacras (II, X, 13)23.

Este último punto fue tocado de nuevo por una provisión del propio Toledo de 15 de febrero de 1581 mediante la cual, de forma mucho más clara que en las ordenanzas, se prohibió incluir los yanaconas en las ventas o traspasos de chacras y se les dio libertad para desvincularse de la hacienda y buscar nuevo acomodo en caso de no haberse respetado la prohibición. En esa fecha se dispuso también que fueran tenidos como yanaconas a todos los efectos, previa visita, los indios que llevasen más de diez años residiendo en chacra de español.

Como he dicho antes, la regulación del virrey Toledo tenía vocación de permanencia. Sin embargo, a la larga parece que el marco legal del yanaconazgo que definieran sus ordenanzas tendió a ser desbordado por la conjunción entre la propia actitud de la población indígena y el juego de los encontrados intereses económicos de los españoles24. En efecto, no faltan indicios de que el número de los indios ingresados al servicio de éstos en calidad de yanaconas fue creciendo paulatinamente aun después de implantada la legislación de 1574 y al margen de las definiciones contenidas en ella. En este sentido, es revelador un informe fiscal de finales de 1691 en el que se distingue entre yanaconas de servicio preciso o adscripticio y yanaconas de servicio voluntario, coincidiendo estos últimos con los indios que se habían ido incorporando voluntariamente a las haciendas de españoles con posterioridad a la visita general de 1572 –para ser más precisos, con los incorporados tras la libertad declarada por las dos reales cédulas de 1601 y 1609 de servicios personales–, en tanto que los primeros eran fundamentalmente aquellos de los que se podía probar ser descendientes de los registrados como yanaconas por el virrey Toledo en aquella misma ocasión25. Indios que buscaban
escapar de la mita, mitayos que evitaban regresar a sus comunidades después de cumplido el servicio, indios que huían de sus repartimientos, indios forasteros o desarraigados de toda laya parecen haber sido candidatos idóneos a convertirse en yanaconas26. En un contexto marcado además por la regresión de las encomiendas, el interés de los estancieros españoles en hacer pasar por servidores de este tipo a cualesquiera indios residentes en sus haciendas, aunque en muchos casos se tratara en realidad de simples fugitivos, no hacía más que alentar la propagación irregular del yanaconazgo. A la vista de esta evolución, que aquí no hemos hecho más que esbozar, seguramente no es exagerado sugerir que con el paso del tiempo el yanaconazgo tendió a funcionar más y más, no ya sólo como una institución de naturaleza política en la línea de lo argumentado por Díaz Rementería27, sino como una especie de red que recogía a buena parte de los elementos indígenas que se escurrían por los márgenes de otras piezas del sistema y los devolvía al servicio de los españoles.

IV. Conviene poner fin a estos breves apuntes sobre el yanaconazgo durante su etapa inicial, probablemente la más decisiva de su desarrollo, señalando los rasgos principales de aquella "forma legal" que dieron a la institución las ordenanzas y otras disposiciones del virrey Toledo. Partiendo de esta base, en las dos secciones siguientes de nuestro trabajo examinaremos lo que ya desde este momento nos atrevemos a calificar como "normalización jurídica" del yanaconazgo, expresión con la que se quiere aludir a su inserción por obra de la doctrina de los letrados en los cuadros del derecho común.

Al igual que los demás indios, los yanaconas son vasallos libres de la Corona con obligación de trabajar y de pagar el tributo. Como ya quedó dicho, su actividad laboral se desarrolla al margen de las encomiendas y del sistema de la mita, pero
la relación de servicio en la que se encuentran o en la que entran ex novo es de carácter permanente –como ya lo fuera la de los yana–, lo que en unión de otros rasgos les aproxima a una situación de servidumbre que de cualquier modo no se confunde con la esclavitud –tampoco con la situación de los yana28–. Así, la libertad formal que se les reconoce no incluye la posibilidad de abandonar libremente y sin permiso las chacras de sus amos, a las que serán devueltos si huyeren de ellas y de las que, por otro lado, los amos mismos no los pueden expulsar. Establemente asentados en la hacienda y con obligación de trabajar en ella para beneficio del dueño, deberán recibir de éste una retribución consistente básicamente en lotes de tierra y elementos necesarios para cultivarla. El tipo de relación establecida con estas parcelas, que les son cedidas a título de salario, excluye que los yanaconas puedan adquirir sobre ellas derecho ninguno, de manera que lo que en verdad se les cede es el uso y disfrute de la tierra bajo unas condiciones que no parecen estar muy alejadas de lo que hubiera podido ser una tenencia en precario29. En todo caso, el hecho de que los yanaconas deban recibir salario por su trabajo obligatorio en las chacras subraya que estos sirvientes no son esclavos. Lo mismo se puede decir de su capacidad para comprar y vender y para hacerse un patrimonio que, a juzgar por lo que indica algún ejemplo conocido, no excluye los bienes raíces30. Otro aspecto que refuerza la idea de libertad es la terminante prohibición de que los yanaconas sean incluidos en la enajenación de las chacras, a modo de pertenencia de ellas o de qualitas fundi, aunque una racionalidad económica en absoluto difícil de comprender condujera de hecho al predominio de la misma práctica que se había querido evitar (esto es, a la transmisión de los yanaconas junto con la hacienda a la que pertenecían)31. Por lo que respecta al tributo que los yanaconas deben a la Corona, como vasallos de ella que son, es el hacendado al que sirven y en cuyas tierras residen el legalmente encargado de pagarlo por ellos.

Un asunto de especial interés es el de cómo se llegaba a adquirir el estatus de yanacona. A este respecto, la visita y el empadronamiento cumplidos por Toledo nos proporcionan un punto de partida, sólido si se quiere pero también un tanto peculiar porque, en definitiva, lo que hizo el virrey peruano fue dar sanción y cobertura legal a una situación anterior con la que él se había encontrado. Situación caracterizada por la existencia de un elevado número de yanaconas, pero sin que nos sea dado saber con certeza las vías por las que tantos y tantos indios habían llegado a adquirir esa condición32. Un punto que parece claro a partir de aquella visita y de las ordenanzas que la siguieron –por más que no haya en ellas ninguna previsión directa y explícita en este sentido– es el carácter hereditario de la condición de yanacona, reiterada en múltiples ocasiones siempre en relación con los descendientes de aquellos que fueran censados por Toledo. Ante esto podríamos preguntarnos si el mencionado carácter hereditario se debió a la pervivencia de un rasgo que ya se hallaba presente en el régimen de los yana prehispánicos; aunque también pudo jugar su papel el concepto, vulgar pero sin duda muy extendido, de la condición servil de los yanaconas; y asimismo el hecho señalado por Díaz Rementería de que las haciendas (y las parroquias en las ciudades) vinieran a hacer las veces de lugares de reducción y naturalización de los yanaconas en reemplazo de encomiendas y comunidades.

Sea lo que fuere de esta cuestión, lo cierto es que la práctica de las visitas y empadronamientos iniciada en 1572 se repitió con cierta frecuencia en las décadas posteriores con la finalidad de establecer, reconocer o declarar quiénes eran o no yanaconas con arreglo a derecho. Las autoridades indianas promovían estas iniciativas ante la apremiante sospecha de cambios en la distribución de la población indígena que acarreaban el aumento del número relativo de yanaconas con el consiguiente perjuicio para la mita y las comunidades. Y puesto que el carácter hereditario del estatus no es capaz de explicar por sí solo ese aumento33, forzoso será preguntarse por otras vías de entrada en la relación de yanaconaje. Una de ellas, con asiento preciso en la provisión de Toledo de 1581, era la prescripción del derecho de encomenderos y caciques a reclamar los indios que llevasen más de diez años residiendo en hacienda de español; comprobada la existencia de este requisito mediante visita en la chacra, la adquisición del estatus de yanacona se consideraba definitiva. Pero había quizás otra vía cuya consistencia y cuyo verdadero significado jurídico son más difíciles de aprehender: el ingreso voluntario en la relación de yanaconaje, la sujeción voluntaria del indio al servicio de un español. Consistencia y significado difíciles de aprehender porque, por una parte, este camino no contaba con otro fundamento que no fuera el ejercicio de su libertad personal por el indio, a todas luces insuficiente para justificar una práctica
irregular desde el punto de vista legal, poco deseable y mal vista fuera del sector de los hacenderos a quienes favorecía; y por otra, porque, con independencia de que la relación de servicio se hubiese originado en un acuerdo privado entre el indio y el español, al cabo de diez años de residencia del primero en la chacra se abriría para el segundo la vía ya comentada de la prescripción, por la que podría regularizar la situación de yanaconaje de hecho existente hasta ese momento34.

V. Escribe Francesco de Martino que el colonato del Bajo Imperio romano nació de una necesidad: "sin un vínculo permanente hubiera sido difícil asegurar el cultivo en muchos lugares y por consiguiente no sólo los necesarios aprovisionamientos alimenticios, sino también el cobro de los impuestos"35. Por lo poco que llevamos visto, parece que casi lo mismo se podría decir de las razones por las que los españoles renovaron el yanaconazgo tras la conquista. La percepción de esta seductora semejanza en la raíz y motivación económica y fiscal de ambas situaciones, al margen del abismo histórico que separa sus respectivos contextos, pudo alentar la búsqueda de paralelismos de carácter jurídico entre el colonato romano y el yanaconazgo hispano–peruano36. Máxime cuando el beneficio que cabía esperar de una averiguación de esa naturaleza –dotar al yanaconazgo de la siempre conveniente densidad doctrinal y científica, facilitando de esa manera su operatividad práctica– sólo era asequible a través del ingreso y explicación de la figura dentro de los marcos propios del ius commune. Es así como el perfil del yanaconazgo emergió de la operación de "normalización jurídica" llevada a cabo por los juristas indianos37 con algunos rasgos dogmáticos relativamente bien definidos, aunque lo cierto es que no hubo necesidad de esperar a la plasmación doctrinal de dicho perfil para que la asimilación con el colonato que estaba en su base alcanzara operatividad en el terreno de la práctica38.

Veamos pues cuáles son los puntos o aspectos concretos en los que la comparación con el colonato del Bajo Imperio se muestra conducente a la explicación del yanaconazgo en la visión, por ejemplo, de Juan de Solórzano. El título De agricolis censitis vel colonis del Código de Justiniano (C. 11.48) proporciona el hilo conductor de la comparación. Dentro de lo regulado en ese título, la situación de los adscripticios
(coloni adscripticii) se considera la más cercana a la de los yanaconas en razón de ser unos y otros hombres libres cuya libertad, sin embargo, se encuentra fuertemente coartada como consecuencia de su vinculación hereditaria a la tierra39. Aunque, por otro lado, supuesta la libertad de los yanaconas para agregarse y permanecer en las haciendas de los españoles, cultivándolas por su propio interés, también podría parangonarse su situación con la de los colonos parciarios de los romanos (coloni partiarii) o la de los vasallos solariegos de España. Solórzano registra en efecto este paralelo40, interesante para los defensores del yanaconazgo, pero está muy lejos de corroborarlo al considerar, como luego veremos, que la libertad de los yanaconas es poco más o menos inexistente. A mayor abundamiento, y como demostración de que la sujeción en que se encuentran los yanaconas no representa una novedad en la historia, se traen unos cuantos ejemplos más de libertad condicionada que se dieron entre los romanos: parabolani (CI. 1, 3, 17 y 18), metallari (CI. 11, 7), curiales (CI. 10, 22), cohortales (CI. 12, 57), fabricenses (CI. 11, 10) y murileguli (CI. 11, 8, 11)41.

Glosando la real cédula del servicio personal de 24 de noviembre de 1601 Solórzano se planteará todavía la asimilación de los yanaconas a los que llama "adventicios" o "conducticios". Ello no obstante, el problema se puede dar por resuelto con la elección de los adscripticios como el término de comparación más adecuado para estos también llamados "indios de servicio"42.

Una vez fijado el punto de partida, el resto del capítulo sobre los yanaconas no contiene una exposición ordenada y completa del régimen del yanaconazgo conforme a sus leyes reguladoras. Desde luego, no faltan en él referencias a alguno de los aspectos principales de dicho régimen, pero en conjunto se puede decir que esas noticias son de carácter fragmentario y sólo cobran un sentido más pleno merced a su engarce con las leyes romanas sobre los adscripticios que se van citando en las notas. Este modo de proceder tiene indudable interés como exponente del rendimiento dogmático de la asimilación del yanaconazgo al colonato romano (específicamente a la situación de los coloni adscripticii) y, en última instancia, como índice de la eficacia de la operación de normalización jurídica cumplida con esa asimilación.

Concretemos aquellas referencias. El capítulo 5 de la mencionada cédula del servicio personal, que ordenaba el respeto a la libertad de los indios tanto para ir a las chacras como para abandonarlas a su voluntad, parecía favorecer la equiparación doctrinal de los yanaconas con los "adventicios" o "conducticios", dejando en el aire la comparación con los los adscripticios desarrollada por Solórzano. Conocedor no sólo de la legislación, sino también de la realidad social del Perú43, nuestro autor se libra con facilidad del problema interpretando el citado capítulo 5 a la luz del capítulo 9 de la misma cédula, en el cual queda claro que la libertad de los yanaconas para ir donde quieran y con el dueño que quieran no les libera de la obligación de trabajar mediante concierto con sus empleadores a cambio del correspondiente jornal, a lo que podrán ser compelidos si no lo hicieran voluntariamente44. Pero lo verdaderamente notable es que para concluir que los yanaconas "no pueden desamparar sus habitaciones y que si lo hicieren pueden ser por fuerza vueltos a ellas" Solórzano no ve necesario acudir a las previsiones expresas que en tal sentido había en las ordenanzas del virrey Toledo45, sino a las "leyes y doctrinas" que lleva referidas y que ahora condensa en la cita de cuatro leyes del título De agricolis censitis vel colonis46.

Por otra parte, cuando las ordenanzas del virrey peruano mandan a los que poseyeren yanaconas –tal es el verbo que emplea Solórzano– que no les apuren
ni les hagan trabajar demasiado, ese mandamiento tiene su correlato en una ley imperial que dispone lo mismo "en semejantes vasallos"47. Y si lo que interesa es avalar el criterio de que basta la aspereza excesiva en el trato para privar a los amos de "sus vasallos adscripticios o yanaconas", nada mejor que el argumento a fortiori que se construye enlazando lo dispuesto en las Instituciones de Justiniano respecto a los propietarios que maltratan a sus esclavos y la doctrina paralela de Bártolo sobre los adscripticios mismos48.

Hay un último aspecto que resulta de indudable interés. Se recordará que las ordenanzas de 1574 habían prohibido hacer en las ventas de las heredades ninguna mención de los yanaconas que residían en ellas por manera que se pudiese entender que indios libres eran vendidos en unión de los fundos. Ello no obstante, los yanaconas no podían abandonar libremente las tierras ni tampoco los propietarios de las chácaras los podían echar a su voluntad; además, el estatus de yanacona era hereditario. Consecuencia de todo ello fue, en palabras de Solórzano, que "quedaron estos indios como por parte, digámoslo así, de las mismas chácaras y heredades y con ellas pasan a cualquier poseedor"49. Cuestión no clara del todo es si este resultado se debe atribuir a la propia legislación de Toledo o a su aplicación un tanto distorsionada. El caso es que, acercándose al final de su capítulo, Solórzano dice que los poseedores de yanaconas "no los pueden vender, donar ni cambiar de por sí, ni aun reservándolos para sí por virtud de algún pacto en caso que enajenen las heredades a que están aplicados, aunque por el contrario les será y es permitido traspasarlos como accesorios de ellas cuando las vendan, ora hagan esas ventas llanamente, ora diciendo que con todos sus derechos y pertenencias"50. No sin bastante dificultad, la primera declaración ("no los pueden vender, donar ni cambiar de por sí") se podría relacionar con la prohibición de que los yanaconas sean expulsados de las chácaras, aunque, si bien se mira, lo que la cita en su conjunto trasluce es la estricta vinculación de estos indios a las tierras en las que sirven. Formalmente, las ordenanzas son respetadas, pues cuando se vende una heredad "llanamente", o añadiendo la fórmula "con todos sus derechos y pertenencias", no se hace mención de los yanaconas; pero lo cierto es que éstos son materialmente vendidos y traspasados con la finca en calidad de accesorios o pertenencias de ella51. Vuelvo a repetir que este resultado no figuraba tal vez entre
los objetivos deliberados de la regulación de Toledo; tampoco es fácil advertir su posible armonía con las repetidas declaraciones de defensa y respeto a la libertad de los indios que se cogen a manos llenas en la legislación anterior y posterior a las ordenanzas52. De hecho, en todo caso, la situación en la que vivieron los yanaconas no fue mejor ni distinta. Y en el momento de dar vestidura jurídica a esa situación, Solórzano recurre otra vez a las leyes romanas –por tanto, a la asimilación con los adscripticios53– y no a ordenanzas y provisiones virreinales ni a cédulas reales de ningún tipo.

VI. A partir del párrafo número 21 de su capítulo –y previa protesta de que no se debe cambiar fácilmente y sin graves motivos la ley existente–54, Solórzano expone su opinión contraria en principio al mantenimiento del yanaconazgo. El argumento principal y casi exclusivo de que se vale es que este género de servicio es totalmente incompatible con la libertad de los indios que se sujetan a él55.

Para probarlo le basta acudir al concepto de libertad56 y contrastar con él la situación de los yanaconas, "indios forzados en casas y labranzas ajenas", siendo así que en derecho se rechaza como contrario a la libertad poner a un hombre libre condición o gravamen de no abandonar o de residir siempre en determinado lugar57.

Por lo mismo, y puesto que la libertad de los naturales –sin excluir a los yanaconas– está reconocida y amparada por multitud de cédulas y ordenanzas, no basta la voluntad de los indios ni la prescripción "para tenerlos como por adscripticios y mancipados a este servicio"58. En cuanto a la voluntad porque, siendo la libertad indisponible conforme a las "reglas ordinarias del derecho común"59, tanto menos podrán renunciar a la suya los indios, jurídicamente considerados como rústicos y menores. Y en cuanto a la usucapión o prescripción, porque las mismas reglas impiden que pueda darse en menoscabo de la libertad60. No deja de ser llamativo que Solórzano guarde silencio en este punto sobre la provisión de 1581 que dispuso que se tuviesen por yanaconas los indios que llevaran más de diez años residiendo en la hacienda de algún español. El capítulo 2º de la real cédula del servicio personal de 1601 había prohibido toda prescripción contraria a la libertad de los indios y seguramente es aquí donde se encuentra la razón de ese silencio. No obstante, como ya se ha señalado, la citada cédula no llegó a ser puesta en práctica y la "prescripción" prevista por la norma de 1581 se mantuvo en funcionamiento.

Por otro lado, entre las razones que alegaban los partidarios de mantener el servicio de yanaconas se incluía la supuesta utilidad que obtenían de él los propios indígenas. Argumento muy fácil de refutar para Solórzano sólo con recordar la conocida regla de que no es beneficio aquello que repugna a quien se le hace y no puede ser renunciado por él61.

Por último, la defensa del yanaconazgo podía basarse también en las múltiples situaciones de libertad condicionada que, de los romanos en adelante, era posible encontrar un poco por todas partes: el ejemplo de unas provincias podía tomarse y valer para otras si la razón era la misma, y en las Indias –podía argüirse– se daban "las mismas causas y aun más urgentes" que en otras partes62. Según lo
más probable, esta alegación se refería a la posibilidad de percibir en la base del yanaconazgo la presencia de una necesidad económica idéntica o muy parecida a aquella en la que se sustentaban esas otras situaciones63. Sin embargo, tomando el rábano por las hojas, Solórzano desvía en parte el argumento al recordar que a los indios, vasallos libres de Castilla, no se les puede aplicar un género de servicios y vasallajes que entre los romanos y demás naciones se originó por las guerras y otras razones inexistentes en Indias. Negada de esta forma la similitud en la que pudiera haberse amparado el razonamiento analógico, la conclusión de que los indios se deben gobernar por sus propias leyes y no por las leyes ajenas o de las guerras fluye con naturalidad64.

A la luz de cuanto precede, ¿podría decirse que Solórzano sentía hacia el yanaconazgo una antipatía tan categórica que le obligara prácticamente a defender su supresión inmediata? Sin duda sería ésta una conclusión excesiva. "Si fuera lícito dar mi voto en esta materia –escribe–, o para cuando suceda que de ella se vuelva a tratar, tuviera por mejor que también se quitara del todo este género de servicio"; pero entretanto, y dado el caso de que "se permitan o disimulen" los yanaconas, él se conformaría con que sus poseedores los trataran conforme mandan las ordenanzas del virrey Toledo65. Posición que es posible matizar un poco mejor recordando la realista opinión que Solórzano expresa acerca del propósito puramente económico de la blandura que se debe emplear en la cobranza de los tributos de los yanaconas:
no darles "ocasión de ausentarse y desamparar las labranzas"66.

VII. La asimilación del yanaconazgo al colonato romano no fue ni quiso ser tan exhaustiva como para postular la plena igualdad jurídica de ambas instituciones. Esta pretensión hubiera sido no sólo absurda en el plano científico sino completamente inviable en el terreno de la praxis social, y para convencerse de ello basta pensar que el yanaconazgo y el colonato pertenecen por su raíz primera a dos mundos tan distantes y tan distintos desde cualquier punto de vista como el incaico del Tawantinsuyu tardío y el romano del Bajo Imperio. Puede decirse por tanto que el objetivo de aquella asimilación consistió en facilitar la naturalización suficiente dentro del derecho castellano y el derecho común de una determinada institución indígena que los españoles habían transformado en profundidad; naturalización, por otra parte, que nunca fue concebida por quienes la llevaron a cabo como un proyecto exclusivamente erudito, sino dirigida al propósito de elaborar un referente teórico necesario para el funcionamiento adecuado de dicha institución. Situadas las cosas en esta perspectiva de intención más funcional que científica, no tiene nada de extraño que la comparación del yanaconazgo con el colonato acabara limitándose a sólo determinados aspectos, tanto aquellos en los que el parecido entre las dos figuras podía ser superficialmente más obvio como aquellos otros –no muy distintos en realidad– en los que el régimen que de derecho o de hecho se aplicaba a los yanaconas podía resultar más controvertido. En este sentido, el núcleo de la comparación quedó integrado sustancialmente por los temas que hemos visto discutir a Solórzano: la libertad formal de los yanaconas y los adscripticios, no obstante su vinculación hereditaria a la tierra y la consiguiente prohibición de abandonarla; la inclusión implícita de unos y otros en la transmisión de las fincas a las que están asignados; y la adquisición del estatus de yanacona o colono mediante prescripción o usucapión; también, aunque ya en un plano muy secundario, el "buen tratamiento" que deben dispensar los amos a sus sirvientes y la cuestión del tributo.

Otros aspectos en los que la comparación hubiera sido igualmente factible no llegaron a interesar a los juristas de entonces y tampoco suelen ser destacados por los observadores modernos, que por regla general se limitan a repetir el tópico de la asimilación de los yanaconas a los adscripticios. Por ejemplo, la capacidad patrimonial del yanacona –aun con las restricciones sobreañadidas por la condición jurídica de rústico o menor que se le aplicaba, como a todos los indios por lo demás– parece haber sido bastante más amplia que la que tuvo el colono adscripticio. Las fuentes romanas dejan bien claro, en efecto, que el adscripticio no puede tener un patrimonio propio, sino sólo un peculium del que no puede disponer sin el consentimiento del propietario del fundo y que, cuando muere el
colono, vuelve a ese propietario iure peculii67. Desde este punto de vista, hubiera sido más adecuado un parangón de los yanaconas con los liberi coloni, vinculados también a la tierra pero con pleno poder de disposición sobre su patrimonio68. Por otro lado, en el ámbito del matrimonio el cotejo de los yanaconas con los adscripticios pone de manifiesto diferencias mucho más importantes que cualquier parecido que se quiera apuntar. Así, el paralelismo que cree ver Díaz Rementería69 entre la ordenanza relativa al matrimonio del yanacona con india de repartimiento –la número 10 de las de 1574– y la ley de Justiniano sobre el matrimonio de los adscripticios con personas de mejor condición, no pasa de ser una correspondencia puramente exterior –circunscrita a la occasio legis, diríamos– que no permite aventurar ningún parecido entre las soluciones respectivas70. Estrechamente relacionado con la regulación del matrimonio, de la cual en parte depende, está el carácter hereditario de la condición, sea de yanacona, sea de colono adscripticio. A este respecto, más allá del rasgo común que supone en sí misma la transmisión o comunicación del estatus por el hecho de la filiación, no hay coincidencias reseñables entre las dos situaciones. En particular, las numerosas constituciones imperiales que deciden sobre la condición que deben seguir los hijos nacidos de uniones mixtas entre colonos y libres, o incluso de uniones entre colonos y esclavos71, carecen de correspondencia en las leyes reguladoras del yanaconazgo.

Dada la relativa facilidad con que los indios de otra condición diferente pa
saban a ser yanaconas, o al menos la facilidad con que al parecer lo intentaban, un punto prometedor para la comparación con el colonato hubiera podido ser la adquisición contractual del estatus72. Ello no obstante, en nuestro anterior apartado hemos visto cómo y con qué razones rechazaba Solórzano que la voluntad de los indios pudiera ser suficiente para convertirlos en yanaconas: esto habría sido tanto como permitirles renunciar a su libertad; y por otro lado, aunque nunca se pudo impedir eficazmente su funcionamiento, esta vía de acceso al yanaconazgo siempre se consideró irregular73.

Este inventario de temas para la comparación, de por sí incompleto, lo sería aún mucho más si omitiéramos un último aspecto de importancia central tanto para el yanaconazgo como para el colonato bajoimperial; hablamos del aspecto fiscal. En relación con el colonato, es tanta la importancia de esta cuestión que estudiosos de la talla de Jones o Carrié74 han defendido la tesis de que la vinculación perpetua de los colonos a la tierra se originó a consecuencia de la reforma de los impuestos introducida por el emperador Diocleciano75, aunque el propio Jones (no así Carrié) reconoce que, en un plazo no demasiado largo, aquella vinculación llegó a obedecer más al interés coincidente de los propietarios agrícolas y del Estado romano en impedir el abandono y asegurar la explotación de las tierras que a las iniciales exigencias de orden fiscal. Por lo que respecta a los yanaconas, la hacienda real tuvo la constante preocupación de sujetarlos al pago del tributo que les correspondía como vasallos de la Corona76, y por eso el yanaconazgo
vino a suponer un cauce alternativo para organizar la tributación de los indios que se encontraban en esa situación. Pues bien, hecha abstracción de cualquier otro factor que no sea el que en este momento estamos considerando, es evidente que la eficacia de la recaudación dependía en ambos sistemas del conocimiento y control del número y la ubicación de los individuos sujetos a gravamen, lo que hacía del empadronamiento de los yanaconas y de la inscripción en el censo de los colonos una necesidad técnica ineludible. El interés fiscal puede haber influido también en el carácter hereditario del estatus que constituye, por así decir, la prolongación natural de la vinculación perpetua a la tierra. Por último, tanto el impuesto personal de los coloni adscripticii –la capitatio– como el tributo de los yanaconas era pagado a través de los propietarios de los fundos o de los dueños de las haciendas a cuyo nombre figuraban inscritos77.

VIII. Concluyamos. Que los juristas españoles acudieran a la comparación de los yanaconas con los coloni adscripticii es muy comprensible: no hay en el derecho romano otra institución que se preste mejor que el colonato a la operación de "normalización jurídica" del yanaconazgo que ellos perseguían78. Sin embargo, aquella comparación tuvo ser que por fuerza muy selectiva. Hay que advertir al respecto que el empeño de los juristas no se dirigía a la importación en bloque del colonato del Bajo Imperio romano ni tampoco a la construcción desde los cimientos de una institución completamente nueva, sino al reciclaje de los restos de la preexistente institución indígena de los yana y, sobre todo, a la ordenación y legitimación de una situación de hecho que los españoles habían logrado consolidar aprovechando y aprovechándose de aquellos mismos restos. Las líneas de la comparación vinieron dadas por estos propósitos y sólo dentro de esas coordenadas podía ser útil la comparación con los adscripticios. Había, por lo demás, una contradicción intrínseca que ningún análisis jurídico de semejanzas y diferencias hubiera podido resolver. Una contradicción insalvable, de la que era muy consciente Solórzano, y que se refleja en la diferencia de lenguaje entre las leyes y demás documentos que tratan de los yanaconas y las constituciones de los emperadores romanos que se refieren a los adscripticios: mientras que la fraseología de los primeros es invariablemente afirmativa de la libertad de los yanaconas,
el vocabulario de las segundas traduce el avance inexorable de una orientación en virtud de la cual la adscriptitia condicio se diferenciaba cada vez menos de la condición propiamente servil79.

Puede que ambos caminos, el del yanaconazgo y el del colonato, se hayan aproximado por un momento en la mente de los juristas, puede incluso que durante un breve trecho hayan podido dar la impresión de discurrir en paralelo. Al final, sin embargo, la meta de los que transitaban por cada uno de ellos era distinta y la bifurcación inevitable.



NOTAS

1 Dado el significado de pluralidad de la desinencia –cuna, lo más correcto en relación con el período prehispánico sería hablar de yanacona o yanacuna, no obstante lo cual, preferimos mantener la denominación de yana para los sirvientes del Tawantinsuyu con el fin de facilitar al lector la tarea de reconocer cuándo nos referimos a ellos y cuándo a los yanaconas de la época colonial.

2 Sin perjuicio de las excepciones que representan los valiosos estudios de algunos autores (entre ellos A. Cattan Atala, A. Levaggi, A. Guzmán Brito, B. Bernal Bugeda, J. Barrientos Grandon y F.J. Andrés Santos), lo cierto es que la atención dedicada hasta ahora al derecho romano en relación con el estudio del derecho indiano ha sido en general esporádica y marginal. En cierta medida, esta situación está empezando a cambiar como consecuencia de los avances en la investigación de los vínculos estructurales que unían el orbe jurídico indiano al universo del ius commune de matriz romano–canónica. Véase en esta línea B. BRAVO LIRA, Derecho común y derecho propio en el Nuevo Mundo (Santiago de Chile, 1989)         [ Links ] (con el importante prólogo de A. Guzmán Brito, «Sobre la historia de las nociones de derecho común y derecho propio», pp. xi–xxxviii); J. Barrientos Grandon, Historia del Derecho Indiano del descubrimiento colombino a la codificación I. Ius commune–Ius proprium en las Indias occidentales (Roma, 2000). Un mayor adelanto en el estudio de las obras culminantes de la literatura jurídica indiana debería conducir, si no me equivoco, al mismo resultado; cfr. M. Bellomo, Perchè lo storico del diritto europeo deve occuparsi dei giuristi indiani, en RIDC. 11 (2000) pp. 21 ss.         [ Links ]

3 Como por ejemplo el Protector de Indios. VéaseF. Cuena Boy, El Protector de Indios en clave romanística: una propuesta del siglo XVII, en Libro Homenaje in Memoriam Carlos Díaz Rementería (Huelva, 1998), pp. 219 ss.;         [ Links ] Id., Utilización pragmática del derecho romano en dos memoriales indianos del siglo XVII sobre el Protector de Indios, en REHJ. 20 (1998), pp. 107 ss.

4 Cfr. M. A. González de Sansegundo, Notas sobre la pervivencia de servicios personales de origen prehispánico y su regulación por el Derecho Indiano, en El mismo, Un mestizaje jurídico. El Derecho Indiano de los indígenas (Estudios de Historia del Derecho) (Madrid, 1995), pp. 152 s.: "[la] realidad laboral que se da durante la presencia española en América procede en buena parte de la supervivencia de ciertas estructuras y elementos organizativos de origen claramente prehispánico o autóctono, y de su adaptación inevitable al nuevo estado de cosas"; aunque no lo estudia en este trabajo, entre los ámbitos donde "la supervivencia prehispánica puede resultar especialmente considerable" menciona este autor la situación laboral de ciertos grupos sociales, y entre ellos la de los yanaconas (ibid., p. 155 n. 37).

5 Al respecto, Véase J. V. Murra, La organización económica del Estado inca (5ª ed., México
d.f., 1989), pp. 230–245,         [ Links ] con valoración de toda la documentación relevante. Hago aquí una precisión: dada la complejidad de situaciones mencionada en el texto, sólo por pura comodidad terminológica me he servido y me serviré del vocablo "institución" para referirme al yanaconazgo anterior a la conquista; ya que en realidad, más que una institución unitaria y bien definida, bajo ese nombre se debe englobar una variedad de situaciones distintas por su origen y su función sin perjuicio de que todas ellas puedan haber compartido algunas características.

6 El Vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada Miyna Qquichua del Inca (1608), de Diego González de Holguín (Lima, 1952), p. 363, traduce la raíz Yana por "Criado, moço de seruicio"; cfr. S. Villar Córdova, La institución del yanacona en el Incanato (Lima, 1966), pp. 12 ss.;         [ Links ] Diego de Avendaño, Thesaurus Indicus (Amberes, 1668), I, tít. I, cap. XIV, núm. 153         [ Links ](cito por la trad. de A. Muñoz García, Pamplona, 2001): "Hay entre nuestros occidentales unos llamados Yanaconas, voz que significa Servidores, que se dedican a varios tipos de trabajo"; hablando de los indios que están en servicio en relación con la Bula de la cruzada, el mismo Avendaño, Thesaurus, cit. ibíd., tít. 5º, cap. 28º, núm. 224 (trad. de A. Muñoz García: Diego de Avendaño, Oidores y oficiales de hacienda. Thesaurus Indicus, vol. I, tít. 4º y 5º, Pamplona, 2003), señala que "en nuestro lenguaje coloquial entendemos como gente de servicio sólo los que realizan un trabajo servil o cuasi servil en labores domésticas y, como dije, se llaman mozos".

7 Murra, cit. (n. 5), pp. 230 s.; una información muy sucinta de lo que fue el yanaconaje en el incario ofrece C. Díaz Rementería, Nuevas aportaciones sobre el yanaconazgo charqueño, en REHJ. 12 (1987–1988) p. 164;         [ Links ] este estudio, por el cual citaremos en las notas siguientes, es la versión íntegra del trabajo publicado por el autor en la Revista Chilena de Historia del Derecho 12 (1986) pp. 305 ss., bajo el título En torno a la institución del yanaconazgo en Charcas.

8 Murra, cit. (n. 5), p. 245; cfr. también Villar Córdoba, cit. (n. 6), pp. 24 ss.: "Los yanaconas como clase social especial".

9 MURRA, cit. (n. 5), pp. 232–240.

10 Por ejemplo, el carácter hereditario del estatus de yana (cuestión que Murra se plantea en relación con los sirvientes adscritos al servicio de las momias reales), la existencia de yana de sexo femenino o la posible pero insegura aparición de diferencias sociales entre los yana motivadas por el desempeño de funciones distintas.

11 El origen de los yana adscritos al servicio de las momias reales debería situarse en el reinado de Pachacuti (mediados del siglo XV), que dio inicio al culto a los reyes difuntos al embalsamar a su padre y adjudicó retroactivamente cierto número de yana y aclla a cada antepasado. Cierto papel en el origen de los yana podría haber jugado también la decisión de los soberanos de proyectar a escala "nacional" la costumbre de los curaca de exigir algunos servicios domésticos a su comunidad. Algunas fuentes hablan de una especie de reclutamiento administrativo de yana en el momento de elaboración del censo. Haciéndose eco de las ideas de Ella Dunbar Temple, VILLAR CÓRDOBA, cit. (n. 6), pp. 22, 83 ss., sostiene que, aunque el origen de los yana no fue único, la "condición tributaria" (es decir, la entrega de jóvenes al Inca como tributo) fue la raíz más frondosa del yanaconaje incaico.

12 Cfr. MURRA, cit. (n. 5), pp. 234 s., 242 s., con mayores detalles.

13 Algo reticente respecto de esto último se muestra MURRA, cit. (n. 5), p. 238; de las funciones desempeñadas por los yana se ocupa también VILLAR CÓRDOBA, cit. (n. 6), pp. 63 ss., algunas de cuyas apreciaciones -como por ejemplo que los yana gozaban de propiedad privada o individual incluso de bienes inmuebles (cfr. ibíd., pp. 89 s.: tierras, palacios, etc.)- merecen las mayores reservas.

14 Con agria ironía escribe MURRA, cit. (n. 5), p. 247: "Suponemos que [los europeos] se sintieron encantados de descubrir que existía un grupo servil para suplementar las almas que les fueron otorgadas en encomienda".

15 Emancipados por Pizarro, los yana se aliaron con los españoles durante la conquista; cfr. H. Favre, Los incas (Barcelona, 1975), pp. 108 ss.         [ Links ] Al quedar sin sus antiguos amos, es probable sin embargo que muchos de ellos fueran puestos por los españoles a su servicio. En esta línea de la continuidad con la institución prehispánica, tiene interés que en 1604 el cabildo de la catedral de La Plata diga todavía que "los yanaconas son aquellos que desde el tiempo de los ingas estaban señalados para su servicio y de sus capitanes y personas principales y para la labor de sus haciendas, que éstos son los que don Francisco de Toledo halló reducidos y recogidos en las chácaras y mandó se visitasen en ellas, que, a lo menos, si no son ellos mismos, suceden en este lugar" (cit. por Díaz Rementería, cit. (n. 7), p. 181).

16 Murra, cit. (n. 5), pp. 244 s.; cfr. p. 240: "En las primeras décadas posteriores a la invasión, los europeos esclavizaron a mucha gente a quienes denominaron yana, pero que nunca habían sido de condición servil antes de 1532. Los emplearon en la minería, el comercio y la arriería, todas ellas actividades no andinas".

17 Aunque no del trabajo en las minas, ya que Juan De Matienzo, Gobierno del Perú (1567) (ed. Paris–Lima, 1967), 1ª parte, cap. 8º, p. 25,         [ Links ] describe los yanaconas como aquellos indios "que ellos, o sus padres, salieron del repartimiento o provincia donde eran naturales, y han vivido con los españoles sirviéndoles en sus casas, o en chácaras o heredades, o en minas"; ibíd., p. 28: "La tercera manera de yanaconas son de los que están en las minas de Potosí y Porco"; de estos yanaconas que sirven en las minas vuelve a ocuparse Matienzo en la 1ª parte, cap. 41º, tít. 5º, pp. 145 ss. de su tratado.

18 Examina con gran amplitud este asunto Díaz Rementería, cit. (n. 7), pp. 174 ss., 216 ss.

19 El amo solía ser un hacendado, aunque también había yanaconas en el medio urbano y en el minero; apunta J. Basadre Ayulo, Algunas consideraciones sobre el yanaconaje en la legislación indiana peruana, en IX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano
(Madrid, 5–10 de febrero de 1990).         [ Links ] Actas y Estudios (Madrid, s. d.), II, p. 60, que el sistema del yanconaje se utilizó para poner mano de obra a disposición de muchos españoles que no eran encomenderos.

20 Véase M. A. González de Sansegundo, El tributo indígena y la presencia de elementos autóctonos en su configuración por el Derecho Indiano, en El mismo,Un mestizaje jurídico, cit. (n. 4), p. 165; en la nota 126 cita las ordenanzas del oidor Doctor Gregorio González de Cuenca (1566) en las que éste se refiere a la exención del tributo de que gozaban los yana prehispánicos.

21 Con anterioridad a las ordenanzas de 6 de febrero de 1574, las normas promulgadas en relación con los yanaconas se limitan por lo general a reiterar el principio de la libertad del indígena, sin duda porque no era respetado por los propietarios de haciendas. En definitiva, ello supone que los yanaconas se veían reducidos a un estado de auténtica esclavitud; Véasepor ejemplo la R.C. dada en Talavera el 13 de febrero de 1541 sobre "que no se trate a los indios naborias como esclavos ni se les venda y traspase, ni se les haga trabajar en las minas", y la R.C. dada en Fuensalida el 26 de octubre del mismo año "para que los indios anaconas sean libres" (en R. Koneztke, Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica 1493–1810 (Madrid, 1958), I (1493–1592), pp. 200 s. y 205 s.,         [ Links ] respectivamente). Sobre la situación anterior a la visita general del virrey Toledo en 1572, cfr. Díaz Rementería, cit. (n. 7), pp. 168 ss.

22 Así la denomina R. Konetzke, América latina (Madrid, 1992), II: La época colonial, p. 183.         [ Links ]

23 Se pueden señalar aún otras normas en relación, por ejemplo, con el cambio de estatus que puede acarrear al yanacona el matrimonio con india de repartimiento (II, X, 10), con el comercio que se les permite a los yanaconas (II, X, 11), con la prohibición de que los amos compren productos a los yanaconas y contraten con ellos (II, X, 11) o con el tributo que los hacendados debían pagar a la corona por sus yanaconas (II, X, 14). Para una exposición más completa del contenido de las ordenanzas, Véase DÍAZ REMENTERÍA, cit. (n. 7), pp. 213 ss.

24 Nos referimos a la tensión entre la voluntad de asegurar suficiente mano de obra para el servicio de los yacimientos mineros y el interés de los hacendados en mantener o incrementar el número de sus yanaconas. Y entre esos dos polos, el interés concurrente de la corona por la tributación de estos indios de servicio manteniendo a la vez los suministros necesarios a Potosí y otras ciudades.

25 Véase DÍAZ REMENTERÍA, cit. (n. 7), pp. 172, 178 s.; sin referencia a fuente ni momento concretos, BASADRE AYULO, cit. (n. 19), p. 61, recuerda una distinción entre yanaconas antiguos (presumiblemente procedentes de los que fueron empadronados por Toledo) y yanaconas nuevos. Tratando de los pleitos de los indios yanaconas sobre su libertad, una "R.C. al Presidente de la Audiencia de Los Charcas ordenándole que atienda con gran cuidado a la observancia de las ordenanzas en cuanto a los indios yanaconas", dada en Madrid a 15 de agosto de 1685, recuerda los "requisitos que piden las ordenanzas... obligando a que por instrumentos, visitas o en otra forma de las permitidas por ellas y por derecho [se compruebe] la descendencia de aquellos asignados en el principio por el virrey Don Francisco de Toledo" (Véase KONETZKE, Colección de documentos, cit. (n. 21), II, 2, pp. 771 s.).

        [ Links ]

26 Cfr. KONETZKE, América Latina, cit. (n. 22), II, p. 184;         [ Links ] A. VÁZQUEZ DE ESPINOSA O. CARM. († 1630), Compendio y descripción de las Indias Occidentales (Madrid, 1969), p. 483,         [ Links ] describía los yanaconas del Obispado de Santiago de Chile en los siguientes términos: "estos son indios Ladinos que por no estar en sus pueblos y naturalezas, o porque huyen de las molestias que en ellos pueden tener o porque peregrinan, se acomodan a servir a los españoles, los cuales están repartidos en las dichas estancias con sus mujeres e hijos, a 4 y a seis y a más, conforme se han poblado, como si fueran sus naturalezas"; también p. 327: "muchos indios así forasteros que llaman yanaconas"; p. 430: "Yanaconas y otros advenedizos"; Gaspar DE ESCALONA Y AGÜERO, Arcae Limensis. Gazophilacium regium Peruvicum administrandum, calculandum, conservandum (Madrid, 1647), II, II, 19, 9: "Porque en estos ultimos años muchos tributarios, pareciendoles mejor condicion la de los Ianaconas, que la suia por ser menos su tributo, y estar essentos de mitas, y servicios personales se huìan de sus encomiendas, y se venian a las Ciudades, y heredades, empadronandose por Ianaconas, en perjuizio de sus encomenderos"; según la R.C. de 1685 citada en la nota anterior, se consideraba perjudiciales a los yanaconas "por el gran número que había de ellos y los más forajidos y ladrones... confusión que habría causado la mudanza y fuga de sus pueblos o ya por la mita o por las chácaras o por su mal natural o por todo junto".

27 En palabras de DÍAZ REMENTERÍA, cit. (n. 7), p. 307, "la relación de yanaconaje supuso la formación y consolidación de una manera diferente de encuadrar al indígena en el esquema de la sociedad política indiana"; sobre la naturaleza política del yanaconazgo como cauce alternativo para el gobierno de los indios insiste este autor en las páginas 316 y 320 del mismo trabajo; cfr. también EL MISMO, Nuevas aportaciones, cit. (n. 7), pp. 218 ss.

28 Al respecto, Véase VILLAR CÓRDOBA, cit. (n. 6), pp. 38 ss.

29 "[...] que les den lo primero chacras en que siembren [...] para que con lo que de ellas sacaren se puedan alimentar y vestir" (ordenanzas, II, X, 11). A diferencia de lo dicho en el texto, Juan DE SOLÓRZANO Y PEREYRA, De Indiarum iure, sive de iusta Indiarum Occidentalium gubernatione, tomus secundus (ed. Lugduni, 1682), I, III, 5,         [ Links ] señala que los yanaconas tanquam propria possidebant las tierras que recibían de los dueños de las haciendas; con anterioridad a las ordenanzas de 1574, MATIENZO, cit. (n. 17), 1ª parte, cap. 8º, p. 31, había propuesto de lege ferenda "que a los yanaconas que están en las chácaras no les puedan quitar las tierras que les tienen dadas".

30 Los yanaconas tenían la libera testandi facultas: Véase SOLÓRZANO Y PEREYRA, De Indiarum iure, cit. (n. 29), I, III, 14 (no lo menciona en la Política Indiana). Es de suponer que en el ejercicio de tal facultad estarían sometidos a las mismas condiciones que regían para los indios en general: Véase F.J. ANDRÉS SANTOS, Especialidades testamentarias de los indios, en REHJ. 21 (1999), pp. 105 ss.

        [ Links ]

31 Véase DÍAZ REMENTERÍA, cit. (n. 7), pp. 184 ss.; cfr. J. A. GUEVARA GIL, Propiedad agraria y derecho colonial. Los documentos de la hacienda Santotis, Cuzco (1543 – 1822) (Lima, 1993), pp. 38 ss.

        [ Links ]

32 Es probable que muchos de ellos hubieran sido sometidos a su servicio por los españoles, pero también se puede pensar en otros casos en un ingreso voluntario en ese tipo de relación.

33 Según DÍAZ REMENTERÍA, cit. (n. 7), p. 205 n. 130, el estatus de yanacona sería hereditario únicamente para los que descendían directamente de los visitados por el virrey Toledo, o a lo sumo, en virtud de la provisión de 1581, de los que habían vivido durante más de diez años en la chacra. Fuera de estas dos situaciones –es decir, en los casos de relación de servicio nacida de acuerdo libremente aceptado por el indio–, procede hablar del yanaconazgo como fenómeno social y de yanaconas de hecho que los hacendados pretenderán incluir en los padrones para obtener su "legalización". Cfr. AVENDAÑO, Thesaurus Indicus I, cit. (n. 6), tít. 1º, cap. 14º, núm. 154: "Además: aunque concedamos que los Indios hubieran podido hacer tal perjuicio a su libertad, con todo no pudieron estorbar en lo más mínimo la de los hijos".

34 Véase la nota anterior.

35 F. DE MARTINO, Schiavi e coloni tra antichità e medioevo, en EL MISMO, Uomini e terre in Occidente tra tardo antico e medioevo (Napoli, 1988), pp. 93 s.

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36 Sobre trabajo libre y coerción en América Latina, Véase J. BANAJI, Lavoratori liberi e residenza coatta: il colonato romano in prospettiva storica, en E. LO CASCIO (a cura di), Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico, Roma, 1997, pp. 267 ss.,         [ Links ] con interesantes observaciones sobre los yanaconas y naborías.

37 El capítulo que Juan DE SOLÓRZANO PEREYRA, Política Indiana, II, IV (ed. de F. Tomás y Valiente y A. M. Barrero, Madrid, 1996),         [ Links ] dedicado a los yanaconas lleva este significativo título: "Del servicio personal de los indios que en el Perú llaman yanaconas, teniéndolos como por adscripticios y diputados para que labren y cultiven sus heredades sin permitirles se ausenten de ellas". Véase también ESCALONA Y AGÜERO, Gazophilacium cit. (n. 26), II, II, 19.

38 Anterior a la obra de Solórzano, un buen ejemplo de esa operatividad práctica puede ser el parecer de 1608 de la Real Audiencia de Charcas recordado por DÍAZ REMENTERÍA, cit. (n. 7), pp. 188 s.

39 Política, cit. (n. 37),II, IV, 11 y 12 n. 9, donde nos encontramos ya con la cita de todo el título C. 11.48 y específicamente de las leyes 7 y 8 (vinculación a la tierra), de CI. 1, 12, 6, 9 (colonus vel adscripticius se ipsum furatus) y de Partidas, 3, 18, 89 con su glosa. En CI. 1, 12, 6, 9 es de destacar la inclusión de los adscripticios junto con los esclavos en un mismo género de personas de condición servil: "Sane si servus aut colonus vel adscripticius, familiaris sive libertus et huiusmodi aliqua persona domestica vel condicioni subdita [...]". Criticable parece la cita de Partidas, 3, 18, 89 y especialmente la de su glosa: esa ley regula "Como deve ser fecha la carta quando alguno se quiere fazer ome de otro", por lo que podría acaso valer como ilustración de las escrituras a que alude Solórzano en el párrafo número 12; pero la glosa de Gregorio López advierte que "in isto regnu, non est in usu iste contractus" (glo. la carta) y que, por consiguiente, el padre no puede someter a los hijos a tal servidumbre (glo. por sus hijos). La asimilación de los yanaconas a los adscripticios es recogida también por ESCALONA Y AGÜERO, Gazophilacium, cit. (n. 26), II, II, 19, 8: "De aqui ha resultado, reputarse por ascripticios, y como dize el derecho, addictos glebae"; en la n. g cita CI. 11, 48, 2, 6, 7 y 11.

40 Política, cit. (n. 37), II, IV, 9, en cuyas notas 5 y 6 se cita respectivamente D. 19, 2, 25, 6 y Partidas, 4, 25, 3 con su glosa. La colonia partiaria del derecho romano clásico era un arrendamiento rústico con la particularidad de que la renta consistía en una parte de la cosecha recogida por el arrendatario (colonus partiarius); de esta forma, los riesgos eran compartidos por el colono y el propietario del fundo, pudiendo plantearse alguna duda acerca de si el contrato era de arrendamiento o de sociedad: "alioquin partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucrum cum domino fundi partitur" (D. 19, 2, 25, 6); ya sólo por esto se comprende la distancia que lo separa del yanaconazgo. En cuanto a los vasallos solariegos, el dato que se destaca para su comparación con los yanaconas es que el hecho de que sean vendidos por sus señores no les convierte en esclavos; este dato no es mencionado en la ley de Partidas citada ni en la glosa que la acompaña; en cambio, sí es recordado por MATIENZO, cit. (n. 17), 1ª parte, cap. 8º, p. 30.

41 Política, cit. (n. 37), II, IV, 13.

42 Dice SOLÓRZANO, Política, cit. (n. 37), II, IV, 3) que el nombre de yanaconas "en el lenguaje de aquella tierra quiere decir indios o hombres serviciales o de servicio, a que corresponde el vocablo de que usan en la Nueva España llamándolos 'naborios'"; cfr. más arriba, n. 6.

43 El virrey Luis de Velasco tomó medidas dirigidas a la aplicación de la referida cédula, pero la Real Audiencia de La Plata suspendió su ejecución; Véase ESCALONA Y AGÜERO, Gazophilacium cit. (n. 26), II, II, 19, 5–7; cfr. DÍAZ REMENTERÍA, cit. (n. 7), pp. 186 ss., 194 s.

44 Esta argumentación la toma Solórzano de Fr. Miguel AGIA, Tratado que contiene tres pareceres graves en derecho sobre la verdadera inteligencia, declaración y justificación de una Cedula Real de su Magestad, su fecha en Valladolid en vynte y quatro dias de Noviembre del año passado de seyscientos y uno, que trata del servicio Personal, y repartimiento de Indios, etc., (Lima, 1604, ed. de F. J. AYALA, Servidumbres personales de indios, Sevilla, 1946), p. 93

45 Esto se puede explicar porque en el punto en cuestión las ordenanzas toledanas entraban en evidente conflicto con la real cédula de 1601. En ella se confirmaba la vigencia de las ordenanzas en lo que no fueran contrarias a la nueva norma, cuyo capítulo 5 decía "que puedan yr [los yanaconas] de su voluntad con quien y a las chacaras que quisieren... y que no puedan ser y no sean detenidos en ellas contra su voluntad con paga ni sin ella". Véase De Indiarum iure, cit. (n. 29), I, III, 40; cfr. también el núm. 66.

46 Política, cit. (n. 37), II, IV, 19 y 20; en la n. 17, correspondiente al párrafo número 20, la cita de CI. 11, 48, 6, 8, 11 y 23.

47 Política, cit. (n. 37), II, IV, 34 n. 35: CI. 11, 48, 23, 2.

48 Política, cit. (n. 37), II, IV, 34 n. 36: I. 1.8.2, donde se recoge un rescripto del emperador Antonino Pío que ordenó la venta forzosa de los esclavos tratados con crueldad por sus propietarios; Política, cit. (n. 37), II, IV, 34 n. 37: BARTOLUS in CI. 11, 50, 2; esta ley niega a los adscripticios el derecho de demandar a sus señores por causas civiles (con la sola excepción de los casos de exacción indebida) a la vez que, por su carácter público, les deja abierta la vía de la acusación criminal.

49 Política, cit. (n. 37), II, IV, 5; Diego DE AVENDAÑO, Thesaurus Indicus I, cit. (n. 6), tít. I, cap. 14º, núm. 153, llega a decir que los yanaconas, domésticos de los españoles, parecen "propiedad legal" de los mismos.

50 Política, cit. (n. 37), II, IV, 35.

51 Una explicación jurídico–formal de este fenómeno parece basarla Solórzano, aunque en otro capítulo de su libro (Política, cit. [n. 37], II, XVIII, 26 n. 19), en la regla expressa nocent, non expressa non nocent: D. 35, 1, 52; D. 50, 17, 77; D. 50, 17, 195. En AGIA, cit. (n. 44), pp. 65 s., 93, todo el problema queda reducido a la culpa de los escribanos en la forma de redactar las escrituras de compraventa y enajenación; de esta manera, sin necesidad de ningún cambio sustancial, puede ser suficiente remedio redactarlas de forma que no se dé a entender que los indios son esclavos de las haciendas, "aunque –concluye– no tendria por injusto en forma de relacion simple, referir en las escripturas el numero de indios de servicio, que tiene cada chacara".

52 En De Indiarum iure cit. (n. 29), I, III, 81, hay un párrafo revelador que, significativamente también, se omite en la Política; dice así: "Rursus et illud adjicio, stante nimirum hac Yanaconarum, sive adscriptitiorum permissione, practicari non posse illud alium Novarum, quos vocant, legum capitulum, quod iubet, ne ullo titulo, vel causa, Indi vendi, donari, aut ex aliis personis in alias transferri, vel directe, aut indirecte in contractum deduci possint, quod multis aliis schedulis postea etiam prohibitum reperitur, et in mandatis, sive instructionibus Proregum enixe cavetur [...]. Etenim... natura huius servituti talis est, ut fundi possessores sequatur, et sub hac speciali lege concedi solitum est".

53 Política, cit. (n. 37), II, IV, 35 n.38: CI. 11, 48, 2, 7 y 8; la primera de estas tres leyes dispone que el vendedor o donante de un predio no puede pactar la retención de los colonos para sí (coloni adscripticii, según aclaración de la Glosa –cfr. glo. colonos ad CI. 11, 48, 2– convenientemente recordada por el propio Solórzano); de acuerdo con la segunda, la venta de los colonos sin la tierra es ilícita; la tercera no parece cuadrar tanto en este contexto, ya que se refiere a la reclamación de los prófugos o fugitivos cum emolumentis tributariis. En Política, cit. (n. 37), II, IV, 35 n. 39, la idea de que el intento de vender o enajenar de por sí estos "colonos o yanaconas" ha de entenderse como voluntad de vender, donar o enajenar el fundo a que estaban adscritos se apoya con la cita de una ley más (CI. 11, 48, 3) que no tiene relación muy directa con el asunto.

54 Política, cit. (n. 37), II, IV, 21 n.18; se trata de una doctrina de Aristóteles (Política, II, 1269a) a la que Solórzano recurre con cierta frecuencia; aquí la basa, además, en D. 1, 3, 23 y D. 1, 4, 2.

55 No vale por tanto el especioso razonamiento que alguien pudo esgrimir en pro de que los yanaconas conservaban su libertad, y según el cual, mientras que en los verdaderos y propios esclavos no es usual considerar diferencias jurídicas, en los hombres libres esas diferencias existen y son numerosas: Política, cit. (n. 37), II, IV, 10 nts. 7 y 8: D. 1, 5, 5; Inst. 1, 3, 5, glo. multae ad Inst. 1, 3, 5, glo. in rub. CI. 11, 48.

56 La libertad es "una facultad de hacer un hombre de sí lo que quisiere, y vivir à donde y con quien quisiere":Política, cit. (n. 37), II, IV, 22 con n.21, donde cita D. 1, 5, 4; Inst. 1, 3, 1 y Partidas, 4, 22, 1.

57 Política, cit. (n. 37), II, IV, 22 n. 22: D. 35, 1, 71, 2; D. 40, 4, 44; este segundo fragmento no secunda el concepto que Solórzano quiere basar en él, a saber, que en la antigüedad la condición de no poder salir para siempre de un lugar sólo se imponía en ocasiones a los esclavos o a los libertos; cfr. la parte final de D. 40, 4, 44: "Modestinus respondit neque contextum verborum totius scripturae neque mentem testatricis eam esse, ut libertas sub condicione suspensa sit".

58 La condición de colono sí se podía adquirir por prescripción: Véase M. DE DOMINCIS, I coloni adscripticii nella legislazione di Giustiniano, en Studi Betti (Milano, 1962), III, pp. 90 ss.

        [ Links ]

59 Política, cit. (n. 37), II, IV, 25 n. 26: D. 9, 2, 13; CI. 7, 16, 6; D. 40, 12, 37.

60 Política, cit. (n. 37), II, IV, 28 n. 28: D. 41, 3, 9; Inst. 2, 6, 1, Partidas, 3, 5, 4 i.f., Partidas, 6, 19, 6.

61 Política, cit. (n. 37), II, IV, 29–30 n. 30: D. 7, 8, 23; D. 7, 1, 8; la formulación más usual de la regula iuris aquí invocada es invito beneficium non datur (D. 50, 17, 69; D. 50, 17, 156, 4).

62 Política, cit. (n. 37), II, IV, 17–18; en la n. 15 del núm. 17 se cita la ley imperial que dispuso la extensión del colonato con vinculación a la tierra a Palestina exemplo aliarum provinciarum: CI. 11, 51, 1, cfr. CI. 11, 52, 1; también D. 1, 3, 10, donde se advierte de la imposibilidad de que las leyes y senado consultos recojan en su texto todos los casos que se presentan de vez en cuando. La idea que Solórzano quiere expresar ("leges de similibus ad similia porrigi solent") queda más sólidamente fundamentada en De Indiarum iure, cit. (n. 29), I, III, 39, con la alegación, además de D. 1, 3, 10, de D. 1, 3, 12 y 13, Partidas, 7, 38, 1 (glosa final) y CI. 11, 48, 7 pr.

63 Que esto es algo más que una conjetura se deduce de otro párrafo en el que se argumenta en favor del yanaconazgo a base de equipararlo con el reparto de indios para "los servicios y ministerios precisos y necesarios a la república" y se dice que el servicio de los yanaconas "redunda en utilidad de todos, pues de él resulta el común sustento": Política, cit. (n. 37), II, IV, 8; en la n. 4 de este párrafo se citan ciertos textos de los que un intérprete avezado podría extraer la legitimidad de la extensión de las leyes a lo equivalente, en especial cuando por esa extensión se respeta y aun se mejora la intención del legislador: D. 32, 11, 1; D. 17, 1, 5; D. 17, 1, 62, 1. Para el significado de la alegación de ejemplos de libertad condicionada de diferentes Imperios, en la línea de lo dicho en el texto, cfr. Escalona y Agüero, Gazophilacium cit. (n. 26), II, II, 19, 8: "porque para la conservacion de algunas Provincias, ha sido util, y necessaria, e inescusable la introducion deste modo de govierno, y estado de hombres, etc.";Escalona se refiere –en la n.I– a los propios adscripticios (CI. 11, 48, CI. 11, 51, CI. 11, 52 y CI. 1, 12, 6, 9), los metallarii (CI. 11, 7) y los mendicantes (CI. 11, 26).

64 Política, cit. (n. 37), II, IV, 31 n.31, con la cita de un texto (D. 13, 7, 18, 1: "Si nuda proprietas pignori data sit, usus fructos, qui postea adcreverit, pignori erit: eadem causa est alluvionis") cuya oportunidad no es ni mucho menos evidente; se aclara algo su pertinencia en De Indiarum iure cit. (n. 29), I, III, 66, lugar paralelo del de la Política, donde se afirma que las provincias de las lndias se deben regir por las leyes de España "cum eius dominio accesserint". Dando todavía una oportunidad más bien teórica al argumento de la guerra como causa y ocasión para sujetar a los indios al servicio de yanaconas, Solórzano recuerda de todos modos que las leyes de las guerras, aun entre los mismos que las establecieron, no deben durar más que las causas que motivaron su introducción: Política, cit. (n. 37), II, IV, 31 n.32: CI. 6, 51, 1 pr.

65 Política, cit. (n. 37), II, IV, 21 y 34; veinte años más tarde, Avendaño, Thesaurus Indicus I, cit. (n. 6), tít. 1º, cap. 14º, núm. 155, defiende ya la necesidad absoluta de suprimir el yanaconazgo.

66 Política, cit. (n. 37), II, IV, 39 y n. 43, donde cita una ley del Volumen que según él se expresa en términos semejantes sobre los colonos y adscripticios: CI. 11, 48, 15. En realidad, en esta constitución se indica a los recaudadores que no demanden nunca a los colonos por deudas fiscales a fin de no separarlos ni un solo momento de la gleba a la que están unidos.

67 Véase CI. 11, 48, 8, 1 (a. 371), CI. 11, 50, 2, 2–3 (Arcadio y Honorio), CI. 1, 3, 20, 1 (a. 434), CI. 11, 48, 19 (Anastasio), Nov. 162, c. 2. 1 (a. 539).

68 Cfr. CI. 11, 48, 19 (Anastasio), Nov. 162, c. 2.1 (a. 539). Sobre los liberi coloni, Véase A. H. M. JONES, The Later Roman Empire (284–602) (Oxford, 1964), II, p. 802;         [ Links ] B. SIRKS, Reconsidering the Roman Colonate, en ZSS. Rom. Abt. 110 (1993) pp. 351–358.

        [ Links ]

69 DÍAZ REMENTERÍA, cit. (n. 7), p. 216 y n. 163.

70 De hecho, tanto las soluciones respectivas como los motivos a los que responde cada una de ellas son completamente distintos. La ordenanza del virrey Toledo disponía la desvinculación del yanacona como consecuencia de su matrimonio (II, X, 10: "el yanacona que se casare con india de repartimiento se reduzca a él con su mujer"), y su finalidad era evitar la despoblación de los repartimientos: cfr. DÍAZ REMENTERÍA, cit. (n. 7), p. 215. La ley justinianea (CI. 11., 8, 24 [a. 531–534]), cuyo contenido es mucho más complejo, se refiere al matrimonio entre adscripticios y personas libres y a la condición jurídica de la prole nacida de esas uniones; en el § 1 se concede al propietario la facultad de separar al adscripticio de la mujer libre con la que se ha casado, lo que se hace con la finalidad de impedir la disminución paulatina de los adscripticios: "ne [...] paulatim huiusmodi hominum condicio decrescat". Abundando en el tema del matrimonio, las leyes romanas muestran una prevención indudable por las uniones mixtas, caracterizadas en el plano terminológico como uniones entre adscripticios y personas "libres": cfr. por ejemplo CI. 11, 48, 16 (a. 419), CI. 11, 48, 21 pr. (a. 530), CI. 11, 48, 24, CI. 7, 24, 1 = CI. 11, 48, 24, 1, Nov. 22, c. 17 (a. 536), Nov. 54 pr. (a. 537), Nov. 162, c. 2 pr. (a. 539); en CI.. 11, 69, 1 pr. (Zenón) la unión entre colonos libres y tamiaci (colonos pertenecientes a los dominios imperiales) recibe el nombre de matrimonium pero también el de contubernium; la unión (¿matrimonio?) entre adscripticios y esclavos aparece en CI. 11, 48, 21. Nada de esto tiene equivalente en el régimen que se aplicaba a los yanaconas.

71 Sobre esto, Véase DE MARTINO, cit. (n. 35), pp. 76 ss.; esas regulaciones no siempre son fieles a los principios tradicionales del derecho romano en materia de filiación legítima: cfr. DE DOMINICIS, cit. (n. 58), pp. 94 ss.

72 Cfr. CI. 11, 48, 8, 1 (Valentiniano, Valente y Graciano), CI. 11, 54, 1 (a. 468), CI. 11, 48, 22 pr. (a. 531); sobre la adquisición voluntaria de la adscripticia condicio, Véase DE DOMINICIS, cit. (n. 58), pp. 88 ss.; con otra perspectiva, SIRKS, cit. (n. 68), pp. 345 ss.

73 Véase DÍAZ REMENTERÍA, cit. (n. 7), pp. 204 ss.

74 A. H. M. JONES, The Roman Colonate, en EL MISMO, The Roman Economy (Oxford, 1974), pp. 293 ss.;         [ Links ] ID., The Later Roman Empire, cit. (n. 68), II, pp. 796 ss.; de los varios escritos sobre el colonato de J. M. CARRIÉ, Véase recientemente 'Colonato del Basso Impero': la resistenza del mito, en E. LO CASCIO (a cura di), Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico (Roma, 1997), pp. 96 ss.

        [ Links ]

75 Diocleciano extendió a todo el Imperio el tributum capitis y unió el impuesto personal y el territorial (iugatio–capitatio). A partir de esa reforma, en el impuesto territorial (iugatio terrena) cada propietario tributaba anualmente por el número de iuga que poseía; los iuga eran unidades de valor fiscal uniforme que incluyan además de la tierra los trabajadores agrícolas y los animales situados en cada finca; de acuerdo con este sistema, los colonos debían ser inscritos en el censo junto con las tierras en las que trabajaban y bajo el nombre del propietario de éstas: censibus adscripti, adscripticii; los mismos registros servían de base para el cobro del impuesto personal (capitatio humana), que los propietarios de los fundos pagaban por sus propios colonos. La idea de Jones (véase la nota anterior) es que la vinculación de los colonos a la tierra se debió a los censos que Diocleciano y sus sucesores inmediatos llevaron a cabo con el fin de facilitar el cálculo y la recaudación de estos impuestos; esta tesis es rechazada por DE MARTINO, cit. (n. 35), pp. 88 ss., que atribuye a Constantino (Véase CTh. 5, 17, 1 [a. 332]) la introducción de aquel vínculo obligatorio como medida para combatir el abandono de tierras; cfr. también SIRKS, cit. (n. 68), pp. 342 ss., 358 ss., que matiza la tesis de Jones a la luz de sus propias ideas sobre el carácter contractual de la adscripticia condicio.

76 Política, cit. (n. 37), II, IV, 36–39; Recopilación de Leyes de Indias, 6, 6, 5 y 6; Véase DÍAZ REMENTERÍA, cit. (n. 7), pp. 183 s., 214 s.

77 CI. 11, 48, 4 (a. 366); Ordenanzas del virrey Francisco de Toledo, II, X, 14.

78 Todavía a finales del siglo XVIII, un jurista mejicano consideraba oportuno pronunciarse sobre esta cuestión y lo hacía para negar, apoyándose en el capítulo 5 de la cédula del servicio personal de 24 de noviembre de 1601, la equiparación de los yanaconas con los colonos y adscripticios: Eusebio BUENAVENTURA BELEÑA, Elucidationes ad quattuor libros Institutionum Imperatoris Justiniani locupletatae legibus, decisionibusque juris Hispaniae a Doctore Domino Jacopo Magro (México, 1787), I, p. 97: "         [ Links ]Valde disimiles sunt à colonis, & adscriptitijs Indi, qui in America Septentrionali Gañanes, vel Naborios, & in Meridionali Janaconas appellantur"; p. 99: "Regia Schedula 24 Novembris 1561 (sic) quae de servitio personali vocatur, Cap. 5 relicta fuit Indis facultas in praedia, quae vellent eundi, & prohibitum, ne in illis vi detineantur. Ibi: "Y con que vayan de su voluntad á las Chacaras, que quisieren, y no sean detenidas en ellas por fuerza con paga, ni sin ella. Sequitur igitur Janaconas, & Naborios, seu Gañanes, non servos adscriptitios, sed conductitios famulos esse" (cit. por BANAJI, cit. [n. 36], p. 271 n. 75).

79 Para ahorrar otras citas, baste con transcribir la última frase de CI. 11, 48, 21 (a. 530): "quae etenim differentia inter servos et adscriptitios intellegetur, cum uterque in domini sui positus est in potestate, et possit servum cum peculio manumittere et adscripticium cum terra suo dominio expellere?"



Dirección para correspondencia: Catedrático de Derecho Romano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santander. Dirección postal: Avda. de Los Castros s/n, 39005 Santander, España. Correo electrónico: cuenafj@unican.es

Recibido: 6 de marzo Aceptado: 31 de marzo de 2006

 

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