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Revista de estudios histórico-jurídicos

versión impresa ISSN 0716-5455

Rev. estud. hist.-juríd.  n.28 Valparaíso  2006

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552006000100019 

 

Revista de Estudios Histórico–Jurídicos 2006, XXVIII, 613 – 625

HISTORIA DEL DERECHO EUROPEO

 

Historia del derecho de minas en el Rosellón, Andorra y Cataluña (1ª parte)

 

Patricia Zambrana Moral*, Manuel J. Peláez**

Universidad de Málaga
España

Dirección para correspondencia


RESUMEN

El artículo realiza un repaso de la legislación histórica de minas en el Rosellón, Andorra y Cataluña, desde sus más remotos precedentes hasta la difusión del derecho castellano a partir del siglo XVIII en el territorio del antiguo Principado. El examen se centra en el principal problema, que es el de la propiedad de las minas; y se extiende a la constante necesidad de dar en concesión la explotación minera en la legislación del Sur de Francia y de los territorios a que se refiere el trabajo.

Palabras clave: Derecho histórico de minas – Propiedad de las minas – Concesión administrativa – Explotación minera.


ABSTRACT

This is a review of the historic mining legislation in Rosellón, Andorra and Catalonia, from its remotest precedents until the dissemination of the Castilian law from the XVIII century in the ancient Principality’s territory. The analysis focuses on the main problem: the ownership of mines and is broadened to address the ever–lasting need for franchising mining exploitation in the legislation of the South of France and in that of the territories to which this article refers.

Key words: Historic mining law – Ownership of mines – Administrative franchise – Mining exploitation.


El problema básico que plantea la legislación histórica de minas concierne a la propiedad de éstas: ¿de quién son las minas? Las posibilidades son varias: la atribución por ley del dominio al propietario del terreno, al descubridor del yacimiento, al primer ocupante o al Estado; sin olvidar el sistema de concesiones. Veremos cómo la necesidad de concesión es una constante en la legislación del Sur de Francia y de los territorios concretos que nos interesan1, mientras que el principio que ha inspirado la normativa española ha sido el del dominio del monarca y más tarde del Estado con la posibilidad de concesión administrativa a los particulares2.

A modo de introducción –y sin ánimo de remontarnos a la más remota antigüedad3– es de interés reseñar que los romanos explotaron gran cantidad de yacimientos mineros dentro del Imperio y, lógicamente, en España, un país caracterizado por su tradicional riqueza minera. Cataluña no permaneció al margen de las explotaciones mineras romanas. En Roma las minas pertenecían, en principio, al propietario del terreno y estaba prohibido buscar metales en propiedad ajena4.

En los últimos tiempos se establecía una autorización del emperador romano para llevar a cabo la explotación y la décima parte de los rendimientos iban destinados al Fisco, exigiéndose, a veces, el pago de un canon. Los que desarrollaban el trabajo eran los esclavos, propiedad de los concesionarios aunque también cabía la posibilidad de que la fuerza laboral estuviese integrada por los condenados a trabajos forzosos por la comisión de algún delito. El control de la buena realización de los mismos estaba en manos de un comes metallorum. Se tienen noticias de que gran parte de la plata obtenida por los romanos en España procedía del tratamiento de los cobres grises en los criaderos de la Bética y de la Tarraconense, siendo de gran producción los yacimientos de cobre de Aragón. Gran parte del ordenamiento minero romano se contiene en las Leges metalli Vipascensis5,referidas al distrito minero de Vipasca, donde se contiene la jerarquía administrativa relacionada con la actividad minera.

Igualmente creemos necesario apuntar que el primer intento de reglamentación de las minas en España –que marcaría la línea legislativa posterior– se encuentra en el Fuero Viejo de Castiella. Así, se establecía que en el señorío del Rey nadie tenía derecho a trabajar en las minas de oro, plata y plomo sin una orden formal del monarca.

En las Partidas (que fueron derecho aplicado en Cataluña a partir del siglo XVIII) encontramos también algunas disposiciones relativas a la minería6 de donde podemos extraer la conclusión –siguiendo los comentarios de Gregorio López7, aunque la norma no sea del todo explícita– de que las minas son propiedad real siempre y cuando se encontrasen en tierras que pertenecían al rey. En sentido contrario, si se encontraba en tierras que lo eran de un particular, sería la mina propiedad de dicho sujeto que, entendemos, debía pagar un tributo al Fisco.

En el "Ordenamiento del Alcalá"8 se recoge un derecho exclusivo del monarca en cuanto a las minas, precisando que la totalidad de las minas de oro, plata, plomo, o de cualquier otra clase pertenecen al rey y nadie puede explotarlas sin mandato suyo. Como no se solía hacer uso de este derecho y las minas quedaban abandonadas o resultaban poco productivas, Juan I modificó la legislación en las Cortes de Briviesca de 1387 estableciendo principios como la distinción de la propiedad superficial de la subterránea al permitirse explotar terrenos ajenos con la autorización del propietario. La normativa además establecía que el que extraía un mineral debía hacer frente a todos los gastos derivados de la extracción con el producto obtenido, siendo para él la tercera parte de los beneficios mientras que las dos terceras partes de los productos líquidos iban a parar al rey9. De este modo, se introduce la libertad en la explotación con una activa participación del monarca.

Alfonso V el Magnánimo, rey de Aragón, de Cataluña, del Rosellón y de la Cerdaña, daría una disposición reglamentando la extracción del mineral en el Rosellón el 28 de junio de 1427, en concreto en Arles, Montbolo, Corsavi, Prats de Mollo y Puig de Notre–Dame du Coral.

En la comarca del Vallespir había un inspector de minas en el siglo XIV; en algún momento correspondería el cargo a Arnau dez Volo10. En dicho territorio estaban reglamentadas las sociedades para la explotación de minas. En alguna ocasión Nicolàs Arnau sería admitido como miembro de dicha sociedad, corriendo la presentación a cargo de Pere Comelles, quien previamente había obtenido autorización para explotar minas de oro, plata y metales diversos en sus propias viñas11. En concreto, el 20 de febrero de 1499 se constituiría una sociedad para la explotación minera en el territorio de la Bastida entre Bernat Vilafranca, natural de Codalet y Jean Baptiste Ferrer de Arles12.

En 1559 la reina gobernadora doña Juana de Austria ordenaría la reincorporación de las rentas a la Corona13. Las Ordenanzas de Felipe II de 22 de abril de 1584 constituyen el primer cuerpo legislativo referente a las actividades mineras en suelo hispánico como intento de controlar los abusos ocasionados a consecuencia de la dispar legislación minera existente hasta el momento. Se sigue el tradicional principio regalista ratificando la incorporación de todas las minas a la Corona española, confirmándose también la ley de Juan I. La institución de la regalía minera separaba la propiedad del suelo de la del subsuelo y asignaba esta última a la Corona, limitando los derechos del propietario del suelo a la superficie del mismo. Había algunas minas que eran administradas directamente por la Hacienda Real mientras que las restantes podían ser explotadas por los particulares siempre que hubiesen obtenido la correspondiente Licencia Real y se hubieran sometido a todos los requisitos establecidos en las referidas Ordenanzas. Establecían además que, mediante la llamada concesión de minas, quedaban autorizados todos los habitantes del Reino tanto nacionales como franceses o alemanes que la hubieran obtenido a descubrir y sacar provecho de las minas, quedándose con la posesión y la propiedad plena de lo obtenido. Se fijaba un canon a pagar al propietario de la superficie y otro al rey que variaba en virtud de la riqueza del mineral obtenido y del valor que éste pudiera alcanzar en el mercado. Asimismo, se obligaba al descubridor a realizar la inscripción de la mina en un plazo de 20 días, requisito éste indispensable para que posteriormente le fuese otorgada la concesión. Igualmente se recoge el procedimiento que había de seguirse para presentar la denuncia por la no explotación de una mina existente14.

Felipe III, por Real Cédula de 18 de agosto de 1607 modificó las anteriores Ordenanzas, siendo ahora la normativa aún más beneficiosa para el explotador.

A fines del siglo XVII la situación de la industria minera en España dejaba mucho que desear. En Aragón los mineros solían regirse por sus usos y costumbres y junto a los catalanes eran prácticamente los únicos que sostenían un activo comercio minero –solían exportar los minerales por Barcelona– siendo productivas las salinas de Gerri, Tragó y Cardona. Durante el siglo XVIII había minas en plena explotación de cobre en los actuales territorios de la provincia de Barcelona, de hierro y de carbón en Lérida y de plomo en Barcelona.

En 1783 Carlos III dicta las Reales Ordenanzas para la dirección, régimen y gobierno del importante cuerpo de la Minería en Nueva España y de su Real tribunal general. Carlos IV, en 1792 –tras una serie de normas oscilantes– declara que todo tipo de mina pertenece a la Corona, restableciendo, en consecuencia, el sistema de la regalía, típico español, aunque existe libre aprovechamiento. Esta normativa se mantuvo sin modificaciones sustanciales hasta la entrada en vigor del Decreto de 4 de julio de 1825 que marcaría una nueva etapa en la explotación del subsuelo español al declarar, en términos generales, que todas las minas del reino eran propiedad de la Corona con independencia de a quién perteneciese el suelo en el que se encontraban. Asimismo, sólo la Corona era la capacitada para otorgar la concesión de una mina. Además, en esta ley se establecía la obligación de mantener las minas operativas con un mínimo de cuatro personas (aspecto éste ya contenido en la Ordenanza de 1584) y se exigía también el trabajo continuado en las mismas durante ocho meses ininterrumpidos en el periodo de un año. Se prohíbe la acumulación de la concesión de más de dos minas en una misma persona. La ley de 1825 tenía muchas deficiencias y por ello en 1848 se presenta al Congreso un nuevo proyecto, que sería sancionado el 11 de abril de 1849 con un Reglamento de 31 de julio del mismo año. Introduce una significativa modificación propia del cambio de régimen político al aparecer el Estado, en lugar del rey, como propietario de las minas y como encargado de otorgar la concesión a los particulares para la explotación de los yacimientos. Supuso la primera intervención de las Cámaras legislativas en el régimen minero. Se crea el Cuerpo de Ingenieros de Minas y la Escuela de Minas. Las concesiones solían otorgarse a los descubridores de las minas con independencia de que se encontrasen o no en suelo de su propiedad. Sin embargo, si el suelo en que estaba situada la mina no era propio, el propietario del mismo tenía derecho a asociarse con el descubridor en la explotación del yacimiento así como a la obtención mínima de un diez por ciento de lo extraído. Era requisito para otorgar una concesión la justificación previa de la existencia del mineral en el yacimiento15.

Posteriormente una Real Orden de 15 de agosto de 1854 nombró una Comisión encargada de elaborar un nuevo Proyecto de Ley de Minas que acabaría siendo aprobado el 6 de julio de 1859. Para su cumplimiento se publicó un Reglamento. Confirmaba la propiedad de las minas para el Estado y regulaba las concesiones.

El 4 de marzo de 1868 se publica una nueva ley que reformó parcialmente la anterior. Tras la Revolución de septiembre de 1868 apareció un Decreto–ley de bases generales para la nueva legislación de minas de 29 de diciembre de 1868 que configuraba con carácter perpetuo las concesiones a los particulares sin otra condición que el pago de un canon. Con esto se transformaba a los concesionarios prácticamente en los propietarios de las minas, reduciendo el Estado al máximo su intervención. En el artículo 6 de esta ley de bases queda establecido que el suelo podrá ser de propiedad particular o de dominio público y que el dueño nunca perdería el derecho sobre él salvo en casos de expropiación. El subsuelo quedaba originariamente bajo dominio del Estado pero éste podía abandonarlo en beneficio del aprovechamiento común, cederlo gratuitamente al dueño o enajenarlo mediante un canon a los particulares que lo solicitasen.

}El Decreto es muy explícito a la hora de regular cómo han de realizarse los aprovechamientos según se tratase de un tipo de sustancia o de otra. Si se trataban de sustancias recogidas en la sección 1ª del decreto el Estado cedía el aprovechamiento al dueño del suelo, si por el contrario se refería a aquellas que se encontraban recogidas en la sección 2ª del decreto, podía cederlas a quien lo solicitase si el dueño del suelo no quería explotarlas por sí mismo. En el caso de las sustancias de que hablaba la sección 3ª de la ley sólo podían explotarse mediante concesión otorgada por el Gobierno con arreglo a las disposiciones establecidas en el Decreto16.

La ley de bases de 1868 quedó derogada por la Ley de minas de 19 de julio de 1944, caracterizada por una vuelta al control de las minas por parte del Estado. El objeto al que afecta la ley (art. 1) son todas las sustancias minerales orgánicas e inorgánicas cualesquiera que fuese su estado físico, su origen o la forma del yacimiento. Sienta el principio de que las sustancias minerales son bienes de la nación que el Estado podía explotar directamente o ceder su explotación a españoles o a sociedades y personas jurídicas legalmente constituidas y domiciliadas en España. La posibilidad de la explotación por el propio Estado es una novedad en esta ley. Dicha explotación la puede realizar por sí mismo o mediante empresa de carácter estatal. Con ello se da respuesta a la necesidad de extracciones mineras de sustancias de interés excepcional para la economía o la defensa nacional en aquellos casos en que los particulares no querían explotar. Diferencia dicha norma en su art. 6 entre la propiedad del suelo y del subsuelo.

En el siglo XX se acentúa la política intervencionista del Estado español para todos los territorios y, en particular, en Cataluña con el Decreto de 1914, las leyes de 1918 y 1938 y el Decreto de 1940 hasta llegar la Ley de minas de 19 de julio de 1944 –desarrollada por Reglamento de 9 de agosto de 1946– que situaba éstas como bienes de la nación y la Ley de minas de 21 de julio de 1973 que ratifica la consideración de las minas como bienes de dominio público cuya investigación y aprovechamiento puede asumir directamente el Estado o ceder en la forma y condiciones establecidas por ley su explotación a terceros en calidad de concesionarios (art. 2.1). Introduce esta ley una nueva figura jurídica denominada "permiso de exploración" y la novedad de distinguir entre éste y el permiso de explotación. Esta norma ha sido modificada por Ley 54/1980 en relación a los recursos minerales energéticos y en cuanto a la titularidad de los derechos mineros, por el Real Decreto Legislativo 1303/1986 de 28 de junio que adaptó el título VIII al derecho de las Comunidades Europeas.

Por su parte, nuestro vigente Código Civil español en el art. 334.8 sitúa las minas entre los bienes inmuebles "mientras su materia permanece unida al yacimiento" (más tajante es el Código minero francés de 1956 que, en su art. 24, califica sin más a las minas de inmuebles), declarándolas de dominio público en el art. 339.2, "mientras no se otorgue su concesión". Se incluyen dentro de la categoría de bienes de dominio público que pertenecen de forma privativa al Estado y están destinados al fomento de la riqueza nacional, sin ser de uso común. De todas formas, al Derecho civil tan solo interesa la materia de minas desde la perspectiva de su propiedad –que es el enfoque que hemos otorgado a este trabajo– ya que lo referente a la concesión y explotación se rige por las particulares reglas del derecho administrativo17. Así el art. 350 declara al propietario de un terreno dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella, pudiendo hacer las obras, plantaciones y excavaciones que convenga con sujeción siempre a lo dispuesto en la legislación especial de minas. Más específicos son los artículos 426 y 427 que permiten excavaciones que no excedan de diez metros de profundidad con objeto de descubrir minerales, precisando, en los terrenos de dominio público de un previo aviso a la autoridad local y en los privados de un permiso del dueño. En cuanto a las particularidades del ejercicio de este derecho se remite, de nuevo, a la legislación de minas.

En el primitivo derecho francés se sigue el derecho romano y a partir del siglo VI se generaliza la separación entre subsuelo y superficie18. En Francia se consagraría el principio de la libertad en las explotaciones mineras por Carlos VI en 1413, a cambio de indemnizar al propietario del terreno y pagar al rey una décima parte19. Por las lettres patentes (mantenemos en su denominación original, ya que verter al castellano por "cartas abiertas" no tiene mucho sentido) de 30 de mayo de 1413, Carlos VI suprime todos los derechos de los señores sobre los cánones mineros para atribuirlos en exclusiva al monarca. El Edicto de 1413 fue confirmado por una Ordenanza de Carlos VII de 1 de julio de 1437. Luis XI en la Ordenanza de 27 de julio de 147120 y Francisco I en la Declaración de 17 de octubre de 1520 sustituye el sistema anterior por el de concesiones21. Con Enrique II desaparece el principio de propiedad privada y las minas pasan a disposición del poder real22. Enrique IV conjugaría el sistema de libertad en la investigación y explotación con el régimen de regalías23. Una ley de 28 de julio de 1791 utilizaba el criterio de los pies de profundidad para marcar los límites del dominio24 y proclama el principio de la propiedad pública25. Así, hasta 100 pies la explotación correspondía al propietario del suelo y por debajo era objeto de concesión, gozando de derecho preferente el propietario. A partir de la Ley de 21 de abril de 1810 las minas se conciben con carácter inmobiliario y patrimonial desde el punto de vista de su naturaleza jurídica (artículo 6) y se intentan conjugar los derechos del propietario del suelo con el interés general. El artículo 5 permite solamente la explotación en virtud de concesión que se regula con detalle en los artículos 22–31. Para efectuar las exploraciones necesarias con el fin de descubrir una mina, se exige una autorización del propietario del suelo (artículo 10)26. Posteriormente, se concibe la concesión como el otorgamiento de un derecho inmobiliario distinto del que posee el titular de la superficie27. La ley de 9 de septiembre de 1919 consagraba el carácter administrativo de la explotación. El denominado Código minero de 1956 reuniría la mayoría de los textos relacionados con la explotación minera28. Sobre la duración del trabajo en las minas se distinguen el Decreto de 3 de enero de 1813, la Ley de 22 de marzo de 1841, la Ley de 19 de mayo de 1874, el Decreto de 12 de mayo de 1875, la Ley de 2 de noviembre de 1892, el Decreto de 3 de mayo de 1893, la Ley de 30 de marzo de 1900 y la Ley de 29 de junio de 190529.

El descubrimiento de fraudes en las mezclas de los minerales de Sahorra motivó la decisión de transportarlos a las fraguas de Gotmar y Sainte–Colombe. Esto daría lugar a cuantiosas pérdidas y daños para los arrendatarios del derecho sobre los mismos, siendo necesario fijar una indemnización30. Existen concesiones concretas como las otorgadas a Guillem Cerdà de Collioure para buscar las minas de oro, plata y otros metales en todos los lugares del Rosellón y Cerdaña31, o la concedida a Mathias dez Puig para la búsqueda y explotación en idéntica zona de las minas que se localizasen con la obligación de dar la décimo quinta parte de la producción al propietario del terreno, salvo en el caso de oro, plata o piedras preciosas en que se debía entregar la mitad32. Hubo autorizaciones para explotar minas, también en el Rosellón, en favor, entre otros, de un médico de Ripoll, Antoni Teuler, de Jacques Vicens de Ginebra, de un mercader de Sant Joan de les Abadesses, Francesc Vives, y de un armero de Barcelona llamado Raimon Fort33, así como la de Martí Sartre34 o la procedente de la reina María de Aragón en favor de Antoni Pinya, burgués de Perpignan35. Otras concesiones se otorgaron al gobernador Bernard Albert, al procurador real Carles d’Oms y a los ciudadanos de Barcelona Francesc Pujades y Antoni Cases36. De interés, pese a no tener demasiada extensión, son los expedientes de las diferentes concesiones concernientes a minas, procedentes de los procuradores reales del Rosellón y Cerdaña37. Se dictaría una normativa concreta para regular la explotación de minas concretas. Se trata del Reglamento sobre la búsqueda, extracción y derechos sobre las minas de oro, plata y otros metales en Arles, Montbaulo, Cortsavi, Prats de Mollo, le Puig de Motre–Dame du Coral y otros lugares38. Hubo también una solicitud dirigida a todas las comunidades o particulares que poseyesen minas de cualquier clase con el fin de que indicasen los respectivos títulos o concesiones y el estado de las explotaciones39. Miguel Ros, natural de Sant Joan de les Abadesses, obtendría la autorización para explotar una mina descubierta por él mismo cerca de Coll de Prunet40. El abad de Cuixà, Bernard Boyl se opondría a la extracción de minerales en las minas de Batera, alegando la pertenencia de las mismas41. Más explícito es el privilegio concedido a Yñigo de Vitoria autorizándole la búsqueda de las minas de oro, plata, estaño, plomo y otros metales, no sólo en el Rosellón y la Cerdaña, sino también en las montañas y territorios de los valles de Prats de Mollo, Conat, Arles, Montbaulo y la Bastida; así como para continuar la explotación de aquellas ya descubiertas, con tal que los trabajos hubiesen estado paralizados al menos un año y un día. Estaba obligado a indemnizar a los propietarios de los terrenos en las minas que descubriese, antes de proceder a la explotación, con la quinta parte del oro, la décima de la plata y la quinceava de los restantes metales y, en las ya descubiertas, debía dar al dueño, la tercera parte del oro, la quinta de la plata, la décima del mercurio, plomo, estaño y cobre, una vez hecha deducción de todos los gastos42. Además de concesiones diversas a la viuda de Gaudérique Pagès o al noble de Perpignan, Ferran Albert, nos interesa una declaración de Joan Llàtzer Borràs, profesor de medicina, también en Perpignan, relativa a una mina de plata que él descubriría en Arles junto a Tomàs de Lupia y Galcerà Vallgornera43. El 20 de enero de 1581 hubo una concesión concreta para explotar minas en Prats de Mollo y en las restantes posesiones reales en el Rosellón y Cerdaña44 y otra el 1 de junio de 1622 otorgada a Pere Benet Carbonell45.

Tanto la legislación antigua como el derecho moderno en Cataluña y Francia atribuyen la propiedad de las minas al señor o al monarca. En el siglo XIX y principios del XX, el derecho demanial en Andorra estaba marcado por la particular configuración del Estado. Las concesiones sobre las minas eran otorgadas por las parroquias bajo el control del Consejo General de los Valles o directamente por este órgano cuando encontraban su enclave en varias parroquias. Hay quien sostiene que estas costumbres estaban en contradicción con los principios que inspiraban el derecho vigente en Europa occidental y con los que se derivan de la misma historia local46 y ello porque, tanto las parroquias como el mismo Consejo General no son más que órganos municipales y no poseen por sí mismos ni por delegación, ni poder señorial, ni soberano y las autoridades andorranas han afirmado siempre tener la suprema potestad sobre todo tipo de concesiones. Así, no es infrecuente encontrar demandas de concesiones al Gobierno francés o a la Mitra de Urgel, pudiendo incluso considerarse nulas las concesiones de aguas, minas o carreteras realizadas por las autoridades locales andorranas en los últimos años47. De todas formas, a veces, las concesiones otorgadas por las parroquias o el Consejo General adoptaban la forma de censo enfitéutico, citando como ejemplo una concesión proyectada por este últimoa modo de censo enfitéutico sobre las explotaciones mineras de la localidad de Sant Julià de Lòria el 21 de abril de 188348. En una concesión de minas de 1875 se contenía la prohibición de transmitirla a un extranjero y la reserva, por el Consejo General, de reclamar una parte de los beneficios49. La costumbre andorrana no rodea al dominio público de las garantías que lo protegen en las legislaciones más completas pudiendo llegar a ser objeto de hipotecas. Se trata de un derecho demanial dirigido, sobre todo, al beneficio de los andorranos y se basa en títulos particulares, más que en teorías generales o principios jurídicos. Por ello, las dificultades que se plantean deben resolverse con la concesión misma y con la letra del documento que debe ser lo suficientemente preciso como para poner solución a cualquier problema50.

Un total de tres años (1838–1841) se prolongaría la resolución del expediente de concesión de explotación de una mina de hierro y otra de plomo en Andorra a dos franceses y un andorrano51. El notario Tomàs Palmitjavila i Areny certificó la copia del acta de concesión de la municipalidad de Encamp en favor de Josep Costes y Policarp Remaury de Cabannes y de Antoni Rosell, natural de Encamp el día 19 de agosto de 1838. El 2 de agosto de 1839, los dos concesionarios franceses remitieron al Prefecto de l’Ariège una copia del acta de concesión, aprovechando la ocasión para solicitarle que obtuviese del Ministro de Asuntos Extranjeros el permiso de explotación. El prefecto enviaría una carta (con fecha 9 de agosto de 1839) al Ministro de Obras Públicas informando de la concesión. A su vez, el 16 de septiembre de 1839, el ministro envió la respuesta obtenida del ministro de Asuntos Extranjeros (12 de septiembre de 1839) en la que se especificaba de forma contundente que en la concesión de minas en Andorra no tienen competencia ni España, ni Francia. Los concesionarios demandaron al Prefecto de l’Ariège una copia de la misiva recibida por éste para remitirla al síndico que sería enviada directamente por el Prefecto, adjuntándole la copia de la carta enviada por el Ministro de Asuntos Extranjeros sobre las concesiones de Encamp de 23 de septiembre de 1839 e informando a los concesionarios que había tramitado la solicitud al Ministro de Obras Públicas. Finalmente Josep Costes pone en conocimiento del Prefecto –el 24 de noviembre de 1841– que el Consejo General va a demorar la autorización para la explotación de las minas y le solicita, al mismo tiempo, que intervenga.

Una decisión ministerial confirmaría que la autorización del Gobierno francés no era necesaria para declarar válida y ejecutoria la concesión de una mina en Andorra52. El 2 de octubre de 1857, el Prefecto de l’Ariège informaría al Ministro de Asuntos Extranjeros que había dado trámite de la problemática al Veguer y al Copríncipe. La respuesta del Ministerio no se hizo esperar, en el sentido de que ni Francia, ni España, ni el Copríncipe episcopal pueden intervenir en la concesión de minas, solicitando, a su vez, que el Veguer francés vigile directamente si hay alguna intervención española o del Copríncipe para que, en todo caso, lo tengan al corriente.

La necesidad de la referida autorización por el Consejo General de los Valles se pone de manifiesto en un caso concreto. Se trata de Mr. Guedon, de Burdeos, quien tras obtener la correspondiente concesión de una mina, se vio obligado a dirigirse al Prefecto de l’Ariège con la finalidad de comunicarle que tenía a su disposición un contrato de explotación de minas y que tan sólo requería, para proceder a la misma de la autorización del Consejo General.Por ello aprovechaba este momento para demandar la ayuda del Prefecto para que mediara en su consecución53.

En la Andorra del siglo XIX el hierro desempeñará un papel trascendente en la economía del Coprincipado al margen de otras fuentes de riqueza a las que tradicionalmente se ha dedicado una mayor atención54.

Para concluir, podemos decir que en el derecho histórico francés, cuatros sistemas gozaron del favor del legislador de forma alternativa: i) el sistema de la ocupación o del descubrimiento por el que las minas sin dueño son propiedad del primer ocupante; ii) el sistema de la accesión por el que el propietario del suelo es también el propietario del subsuelo; iii) el sistema de concesiones a particulares; y iv) un cuarto sistema por el que las minas res nullius son propiedad del Estado.

 

NOTAS

1 De la redacción de las páginas sobre Cataluña y Andorra y difusión del derecho castellano a partir del siglo XVIII en el territorio del antiguo Principado se ha encargado Patricia Zambrana. Lo referente al Rosellón y la Cerdaña es de Manuel J. Peláez.

2 Ver PUYUELO, Carlos, Derecho Minero. Doctrina, legislación y Jurisprudencia (Madrid, 1954), p. 25         [ Links ]y QUEVEDO VEGA, Florentino, Derecho español de minas. Tratado teórico–práctico (Madrid, 1964), I, p. 94.         [ Links ] Para una bibliografía general podemos acudir a SÁNCHEZ–ROMÁN Y GALLIFA, Felipe, Estudios de derecho civil según los principios, los precedentes y los cuerpos legales del antiguo derecho de Castilla, las leyes civiles generales, las especialidades de las legislaciones forales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Código Civil e Historia General de la Legislación española (Madrid, 1900), III, pp. 357–375;         [ Links ] OYNELAS, R., Código minero (Madrid, 1903);         [ Links ] GARCÍA MORENO, Alejo y LA IGLESIA, Gustavo, Manual de Legislación y Jurisprudencia Minera (Madrid, 1901).         [ Links ] Sobre los diferentes sistemas, cfr. JAYEZ, Albert, La législation des mines en France (exposé critique et projets de réforme) (tesis, Université de Bordeaux, Bordeaux, 1910), pp. 9–29.         [ Links ]

3 Sobre las minas en Grecia, ver JAYEZ, Albert, La législation des mines en France (exposé critique et projets de réforme), pp. 31–34.         [ Links ]

4 Cfr. CHAVANNE, F., De la propriété et de l'exploitation des mines chez les Romains (tesis, Université de Lyon, 1895, Clermont–Ferrand, 1895), 71 pp.;         [ Links ] DUBOIS, Charles, Étude sur l'administration et l'exploitation des carrières (marbres, porphyre, granit, etc.) dans le monde romain (tesis, Université de Paris, Paris, 1908), 178 pp.;         [ Links ] GUASCO, Irénée, De la propriété du sous–sol et des mines en droit romain et en droit français (tesis, Université de Dijon, 1867), pp. 9–24;         [ Links ] MISPOULET, J. B., Le régime des mines à l'èpoque romaine et au moyen âge, d'après les tables d'Ajustrel, en Nouvelle Revue historique de droit français et étranger 31 (1885), pp. 344 y ss.;         [ Links ] KRUG–BASSE, L., Étude sur la propriété des mines dans le droit romain et dans le droit français (tesis, Université de Nancy, 1888), pp. 27–73;         [ Links ] SENGENSSE, Marie–Pierre–Octave, De la propriété des mines en droit romain et en droit français (tesis, Université de Caen, Paris, 1880), pp. 25–61,         [ Links ] en cuanto al derecho romano y sobre el derecho chino, indio, egipcio o persa, pp. 8–9; DITTE, H., De la propriété des mines en droit romain et en droit français (tesis, Université de Paris, Paris, 1875), pp. 29–94;         [ Links ] DUGAS, F., De la propriété et de l'exploitation des mines chez les Romains (tesis, Université de Paris, Paris, 1878), 60 pp.;         [ Links ] JAYEZ, Albert, La législation des mines en France (exposé critique et projets de réforme), pp. 34–40; GAILLARD, Paul, Étude historique et critique sur la législation des mines (tesis, Université de Bordeaux, Bordeaux, 1895), pp. 6–15;         [ Links ] HÉRARD, Jean, Législation minière d'hier et de demain (tesis, Université de Paris, Angers, 1918), pp. 4–5         [ Links ]y BOUDET, Georges, De la propriété des mines et de leur exploitation (tesis, Université de Toulouse, Toulouse, 1889).         [ Links ]

5 Consultar CAPANELLI, Danielle, Para un nuevo examen de las "Leges metalli Vipascensi", en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid 72 (1958), pp. 575–584         [ Links ]y, asimismo, de CAPANELLI, Alcune note relative alle "Leges metalli Vipascensis", en Bulletino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja" 86–87 (1984), pp. 121–146         [ Links ]y VERGARA, Alejandro, Contribución a la Historia del Derecho minero, I: Fuentes y principios del Derecho Minero Romano, en REHJ. 12 (1987–1988), pp. 23–24.         [ Links ] Ver su tesis Reconstrucción histórica y dogmática del derecho minero (Pamplona, Universidad de Navarra, 1988), 848 pp.         [ Links ] Ver también las tesis de LE GUAY, A., Législation des mines (Paris, Université de Paris, 1853)         [ Links ] y NAUDIER, F., Des mines et des carrières en droit romain (Paris, Université de Toulouse, 1877), 48 pp.         [ Links ] Es de interés GAILLARD, Paul, Étude historique et critique sur la législation des mines, pp. 13–14.

6 Partidas, III, 28, 11. En esta norma se recoge el señorío de los reyes y emperadores sobre las rentas derivadas de las explotaciones mineras.

7 Glosa De las Salinas ad Part., III, 28, 11.

8 Ordenamiento de Alcalá, 32, 47.

9 Novísima Recopilación, IX, 18, 2.

10 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 234, años 966–1431.         [ Links ]

11 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 234, años 966–1431.         [ Links ]

12 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 415, años 1494–1501 (20 de febrero de 1499).         [ Links ]

13 Cfr. PUYUELO, Carlos, Derecho Minero. Doctrina, Legislación y Jurisprudencia, p. 27.         [ Links ]

14 Sobre los elementos y los aspectos históricos de esta Ordenanza, ver PUYUELO, Carlos, Derecho Minero. Doctrina, Legislación y Jurisprudencia, p. 27.         [ Links ]

15 Para nuestro interés, esta disposición ha sido comentada por PUYUELO, Carlos, Derecho Minero. Doctrina, Legislación y Jurisprudencia, p. 28.         [ Links ] Véase también, SÁNCHEZ ROMÁN, Felipe, Estudios de Derecho civil, p. 361.         [ Links ]

16 Sobre esta norma, consultar SÁNCHEZ ROMÁN, Felipe, Estudios de Derecho civil, pp. 361–363.         [ Links ]

17 SÁNCHEZ ROMÁN, Felipe, Estudios de Derecho civil, p. 362.         [ Links ]

18 Ver la corrección y elegancia en las páginas de DUREAULT, H., Les mines de fer au Moyen Âge, en Revue d'histoire de la sidérurgie 3 (1961), pp. 159–170.         [ Links ] Sobre la influencia del derecho romano en el antiguo derecho francés, SENGENSSE, Marie–Pierre–Octave, De la propriété des mines en droit romain et en droit français, p. 101 y HÉRARD, Jean, Législation minière d'hier et de demain, p. 5. Para JAYEZ, Albert, "el primer texto que poseemos se refiere al reinado de Dagoberto I. Se menciona en una vida de este monarca que en el 635, habiendo construido un templo a San Dionisio, él concedió para recubrirlo 8000 libras de plomo que se deducían del censo en especie que él percibía cada dos años de las explotaciones de este metal" [La législation des mines en France (exposé critique et projets de réforme), p. 41]. En torno a este texto, ver también

Guasco, Irénée, De la propriété du sous–sol et des mines en droit romain et en droit français, pp. 25–26.         [ Links ] El origen de la legislación francesa lo precisa Gaillard, Paul, Étude historique et critique sur la législation des mines,pp. 16–36.         [ Links ]

19 Sengensse, Marie–Pierre–Octave diría: "Hasta 1413, no contamos con otras disposiciones relativas a las minas que: 1º una concesión del emperador Luis I, otorgada en Reims el quinto año de su reinado en favor de una iglesia [...]; 2º un texto de los Établissements de saint Louis, bajo el epígrafe fortune d’or trouvée en terre appartient au roi, fortune d’argent au baron, es decir, el diezmo sobre las minas de oro pertenece al rey y el diezmo sobre la minas de plata al señor. [...]. Sin embargo, se puede admitir que la palabra fortune quiere decir mina, en vez de asignarle su significado más natural que es el de tesoro, lo cual hace que este texto sea completamente ajeno a nuestra materia; 3º una ordenanza de Felipe el Largo, de 1321, que se considera debe aplicarse al derecho de minas" (De la propriété des mines en droit romain et en droit français, pp. 103–104). Sobre la Ordenanza de Carlos VI de 30 de mayo de 1413, ver pp. 104–105. Consultar, Jayez, Albert, La législation des mines en France (exposé critique et projets de réforme),pp. 42–43         [ Links ]y Guasco, Irénée, De la propriété du sous–sol et des mines en droit romain et en droit français, pp. 27–28.         [ Links ]

20 Sengensse, Marie–Pierre–Octave, indica que "esta ordenanza abre un camino totalmente novedoso dentro de la legislación minera. Se reconoce la propiedad privada, pero aparece ya disminuida, limitada, amenazada desde ese momento en su existencia por el crecimiento de la importancia otorgada al interés general, pues el gran beneficio que debe extraer un pueblo de sus riquezas subterráneas pasó completamente desapercibido a la inteligente visión política de Luis XI" (De la propriété des mines en droit romain et en droit français, p. 106). Para Guasco, Irénée, la disposición permitiría "un gran desarrollo a la explotación de las minas" (De la propriété du sous–sol et des mines en droit romain et en droit français, p. 31). Para más detalles, Jayez, Albert, La législation des mines en France (exposé critique et projets de réforme),pp. 43–45         [ Links ]y Plinchon, P., De la législation des mines dans ses rapports avec le Code civil et de l’importance économique des mines de houille (tesis, Université de Paris, Paris, 1895), p. 5.         [ Links ]

21 Jayez, Albert, La législation des mines en France (exposé critique et projets de réforme),p. 46 y Quevedo Vega, Florentino, Derecho español de minas. Tratado teórico–práctico, I, p. 68.         [ Links ]

22 Jacomy, R. M., Législation sur les mines en droit français (tesis, Université de Paris, Paris, 1877), p. 37;         [ Links ] Guasco, Irénée, De la propriété du sous–sol et des mines en droit romain et en droit français,pp. 32–33;         [ Links ] Jayez, Albert, La législation des mines en France (exposé critique et projets de réforme),pp. 46–47 y Sengensse, Marie–Pierre–Octave, De la propriété des mines en droit romain et en droit français,pp. 108–110.         [ Links ]

23 Sobre el periodo entre 1601 y 1791, Sengensse, Marie–Pierre–Octave, De la propriété des mines en droit romain et en droit français,pp. 112–119;         [ Links ] Guasco, Irénée, De la propriété du sous–sol et des mines en droit romain et en droit français, pp. 33–37         [ Links ]y Jayez, Albert, La législation des mines en France (exposé critique et projets de réforme),pp. 46–47.

24 Ver NISSE, R., L'attribution des mines. Les travaux du parlement français de 1789 à 1931 (tesis, Université de Paris, Maubeuge, 1931), 207 pp.         [ Links ]

25 JACOMY, R. M, Législation sur les mines en droit français, pp. 38–39;         [ Links ] JAYEZ, Albert, La législation des mines en France (exposé critique et projets de réforme), pp. 58–62; PLINCHON, P., De la législation des mines dans ses rapports avec le Code civil et de l'importance économique des mines de houille, pp. 8–11;         [ Links ] HÉRARD, Jean, Législation minière d'hier et de demain, pp. 8–10         [ Links ]y GUASCO, Irénée, De la propriété du sous–sol et des mines en droit romain et en droit français, pp. 38–45.         [ Links ]

26 Sobre la Ley de 1810 y sus críticas, JACOMY, R. M, Législation sur les mines en droit français, pp. 9–11.         [ Links ] En cuanto a esta ley y el principio de propiedad mineral, cfr. JAYEZ, Albert, La législation des mines en France (exposé critique et projets de réforme), pp. 63–67, y respecto a los diversos proyectos de reforma anteriores al de 17 de noviembre de 1908, pp. 170–176. Ver también sobre el artículo 552 del Code civil y la ley de 1810, PLINCHON, P., De la législation des mines dans ses rapports avec le Code civil et de l'importance économique des mines de houille, pp. V–VI y HÉRARD, Jean, Législation minière d'hier et de demain, pp. 11–12.         [ Links ] Las características generales de la Ley de 1810 y sus críticas son establecidas por BOLIFRAUD, De l'évolution du régime minier en France de 1810 à 1920 (tesis, Université de Paris, Paris, 1920), pp. 17–19.         [ Links ]

27 BOLIFRAUD, De l'évolution du régime minier en France de 1810 à 1920, pp. 79–85;         [ Links ] QUEVEDO VEGA, Florentino, Derecho español de minas. Tratado teórico–práctico, I, pp. 8–9.         [ Links ] Este último desconoce la tesis de Bolifraud.

28 Sobre este Código y sus principios, más allá de nuestros propósitos, ver QUEVEDO VEGA, Florentino, Derecho español de minas. Tratado teórico–práctico, I, pp. 72–75; ROUZAD, Henri, Histoire d'une mine au mineur. La mine de Rancié depuis le moyen âge jusqu'à la Révolution (tesis, Université de Toulouse, Toulouse, 1908, 144 pp).         [ Links ] En cuanto al análisis de una explotación durante un periodo de tiempo, cfr. GUILLAUME, Paul, Les débuts de la grande industrie houillère dans la Loire: les mines de Roche–la Molière et de Firminy sous la Restauration, en Cahiers d'histoire 4 (1959), pp. 147–166;         [ Links ] PELLAT, C., Le charbon en Provence au XVIIIe siècle (tesis, Université de Aix–en–Provence, 1959), 223 pp.         [ Links ] o GANDILHON, René, Une mine d'argent dans la baronnie de Brugny, découverte par le baron de Baeausoleil (1932), en Histoire des entreprises 12 (1963), pp. 95–99.         [ Links ] Para el estudio de las explotaciones mineras, atendiendo a su consideración social, TREMPÉ, Roland, Les administrateurs des mines de Carmaux: étude de psychologie patronale (1856–1914), en Le mouvement social, 1963, pp. 53–91; Travaux français sur la mine et les mineurs parus depuis 1945, en Le mouvement social, 1963, pp. 147–150; GARMI, René, Un mythe: "La mine aux mineurs" de Rancié (Ariège), de 1805 à 1848, en Le mouvement social, 1963, pp. 19–52 y GUILLAUME, Paul, Grèves et organisations ouvrières chez les mineurs de la Loire au milieu du XIXe siècle, en Le mouvement social, 1963, pp. 5–18.

29 Cfr. BÈS DE BERC, René, La loi du 29 juin 1905 sur la durée du travail dans les mines (tesis, Université de Paris, Paris, 1906), pp. 7–37.         [ Links ]

30 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 152, años 1390–1393.         [ Links ]

31 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 192, años 1277–1411.         [ Links ]

32 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 217, años 1275–1422.         [ Links ]

33 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 254, años 1212–1440.         [ Links ]

34 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 265, años 1317–1445.         [ Links ]

35 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 267, años 1126–1447.         [ Links ]

36 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 350, años 942–1520.         [ Links ]

37 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 351, años 1345–1520.         [ Links ]

38 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 367, años 1126–1562.         [ Links ]

39 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 375, años 1231–1593.         [ Links ]

40 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 415, años 1494–1501 (18 de septiembre de 1493).         [ Links ]

41 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 416, 1315–1505 (22 de junio de 1503).         [ Links ]

42 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 418, años 1487–1512 (5 de febrero de 1510).         [ Links ]

43 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 430, años 1558–1564.         [ Links ]

44 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 433, años 1575–1582 (20 de enero de 1581).         [ Links ]

45 Archives Départementales des Pyrénées–Orientales, Perpignan, Serie B, registro 442, años 1622–1625 (1 de junio de 1622).         [ Links ]

46 BRUTAILS, Jean–Auguste, La coutume d'Andorra (2ª ed., Andorra la Vella, 1965), p. 166.         [ Links ]

47 BRUTAILS, Jean–Auguste, La coutume d'Andorra, pp. 166–167.         [ Links ] Indica como diferente la situación de los pastos porque, pese a ser bienes de uso público, son susceptibles de apropiación y las parroquias pueden convertirse en propietarios y disponer consecuentemente de ellos gozando de plena independencia en este sector (p. 167 y nota 5).

48 BRUTAILS, Jean–Auguste, La coutume d'Andorra, pp. 167–168.         [ Links ]

49 BRUTAILS, Jean–Auguste, La coutume d'Andorra, p. 168, nota 1.         [ Links ]

50 BRUTAILS, Jean–Auguste, La coutume d'Andorra, p. 168.

51 Archives Départementales de l'Ariège, Foix, 6R, 1–Z–82. Sobre la explotación de las minas del Principado de Andorra, llama la atención el artículo de DURAN, Francesc, Les affaires d'Andorra, en L'Union du midi, 31 de agosto de 1882 donde, además de recogerse la oposición del Síndico a las reformas administrativas que no garanticen la independencia, se contiene una proposición relativa a la posibilidad de explotación de dichas minas [Archives Départementales de l'Ariège, Foix, 6R, 1–Z–101, documento 12].

52 Archives Départementales de l'Ariège, Foix, 6R, 1–Z–83.

53 Archives Départementales de l'Ariège, Foix, 6R, 1–Z–84.

54 Ver LÓPEZ MONTANYA, E., PERUGA GUERRERO, J. y TUDEL FILLAT, C., L'Andorra del segle XIX. (De la Nova Reforma a la Revolució del 1881) (Andorra la Vella, 1988), p. 77.         [ Links ] Ver, asimismo, la reseña de este libro de ROMERO GONZÁLEZ, Elías, en Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación 12–13 (junio–1990), pp. 3199–3202.         [ Links ]

 

Dirección para correspondencia

Profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Dirección postal: Boulevard Louis Pasteur, 26, Campus de Teatinos, 29071 Málaga, España. Correo electrónico: pzambrana@uma.es

Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Dirección postal: Boulevard Louis Pasteur, 26, Campus de Teatinos, 29071 Málaga, España. Correo electrónico: mjpelaez@uma.es.

Recibido: 17 de abril Aceptado: 20 de agosto de 2006

 

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